JCE convoca partidos por financiamiento primarias

Miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, convocan a partidos para el próximo lunes.

En medio de las críticas de diversos sectores que se oponen a que el Gobierno financie las primarias simultáneas de los partidos políticos, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) decidió ayer convocar para el próximo lunes a los cincos partidos políticos que acogieron esa modalidad para tratar el tema.

En su reunión de ayer el Pleno de la JCE decidió convocar a los partidos políticos PLD, PRM, PRD, ALPAIS y OD, a los fines de analizar el presupuesto de Primarias Simultáneas, a la luz del artículo 47 de la Ley Número 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, referente a la apropiación de fondos de la contribución que los partidos políticos reciben del Estado.

Además, con el objetivo de consolidar los elementos de un acuerdo previo que debe ser suscrito entre las partes conforme a dicha ley.

Dicha reunión tendrá lugar el próximo lunes 11 de febrero, a las 10:00 horas de la mañana, en el Salón de Partidos Políticos de la sede de la JCE.

El artículo 47 de la Ley 33-18 dispone que “los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.

Por otro lado, los cinco partidos políticos que notificaron su decisión de acogerse al método de Primarias Simultáneas para la selección de sus candidatos a las elecciones del 2020, concluyeron ayer la firma del documento que corresponde al consenso sobre la plataforma de Voto Automatizado desarrollada por la Junta Central Electoral (JCE) y que será utilizada en el proceso de Primarias Simultáneas que tendrá lugar el próximo 6 de octubre de 2019.

Dicho documento fue suscrito por el equipo técnico de la JCE, encabezado por el Director Nacional de Informática, Miguel Ángel García, y el Director Nacional de Elecciones, Mario Núñez, así como por los delegados técnicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (ALPAIS) y Opción Democrática (OD).

El documento recoge los acuerdos alcanzados en cuatro reuniones de trabajo con los delegados.

La puntería de la Cámara de Cuentas

Juan Bolívar Díaz. Fuente externa.

Por Juan Bolívar Díaz

Con un comunicado publicado el lunes 4, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha pretendido desmeritar una evaluación de su pobre trabajo publicada el 30 de enero último por el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), apelando a los clásicos calificativos de “erróneas y malintencionadas”, alegando que las informaciones que contiene están “distorsionadas y alejadas de la realidad”.

Sólo en el reinado de la impunidad y del analfabetismo interpretativo puede un órgano de esa categoría manipular datos y evadir cuestionamientos tan contundentes como los presentados en el informe de PC, extraídos de la página web de la institución oficial, después que ésta respondió una petición escrita sobre sus auditorías, remitiendo a ese medio de comunicación. La respuesta evade casi todos los cuestionamientos derivados del análisis de sus informes, como veremos a continuación.

Primero lo que la CCRD rebate parcialmente del informe de PC el cual precisa que en el período 2006-18, realizó 798 auditorías, con promedio anual de 66, apenas el 4 por ciento de las 1,500 instituciones estatales, que en los últimos cuatro años cayó notablemente; 18 en el 2015, 22 en el 2016, sólo 4 en el 2017 y ninguna fue terminada en el 2018. La respuesta fue que en el 2018 trabajó 283 auditorías en sus distintas etapas, correspondientes a diferentes períodos, iniciándose en el mismo año 51 auditorías. Se encuentran concluidas y publicadas en la página web 34 informes correspondientes a auditorías e investigaciones especiales realizadas.

No se especifica cuántas son auditorías y cuántas corresponden a “investigaciones especiales”, y PC argumenta que en su plan de trabajo la CCRD se comprometió para el 2018 a realizar auditorías a 196 instituciones que en el 2017 y 18 gastaron la suma de mil 124 mil millones de pesos. Pero hasta ahí es parcialmente aceptable la labor del año pasado.

PC se quejó de que la Cámara guarda silencio sobre las auditorías que debió hacer a las obras de Odebrecht, y la respuesta es que “ya concluyeron los trabajos de campo y se encuentran en la fase de preparación de los informes provisionales”, que tendrán que pasar por un largo proceso que incluye someterlas a consideración de las entidades ejecutoras. A más de dos años del estallido del escándalo Odebrecht y con un proceso judicial en marcha es obvio que la CCRD debió priorizar hace tiempo esas auditorías, sobre todo porque los ejecutivos de la constructora brasileña confesaron un patrón de 22 por ciento de sobrevaluaciones en sus cotizaciones para los sobornos. ¿Terminarán las auditorías después que concluya el burlesco juicio en marcha?

En otros aspectos el informe de PC deja al desnudo la ineficiencia, parcialidad e insustancialidad de las auditorías en aspectos fundamentales que el comunicado de la CCRD pasa por alto. Es cierto que sus actuales titulares no tienen responsabilidad de las deficiencias de los anteriores, pero debieron contestarlos. Por ejemplo, que de las 798 auditorías de 12 años apenas 270, el 33 por ciento, correspondieron a instituciones del gobierno central que manejan el 90 por ciento del gasto. Mientras a los gobiernos locales, con un gasto menor del 5 por ciento nacional, le hicieron 242 auditorías, el 30 por ciento.

Llama la atención que a las distribuidoras de energía, Edenorte y Edesur, sólo les hicieran una auditoría a cada una en esos 12 años, al igual que a Bienes Nacionales, entidades que manejan miles de millones de pesos, y que los cuantiosos recursos provenientes del 4% del PIB entregados al Ministerio de Educación desde el 2013, nunca hayan sido auditados.

Hay más en el informe de PC: que en 12 años sólo se han hecho 54 auditorías a los partidos, 4.5 por año, aunque 32 han recibido subsidio estatal. La discriminación política es evidente, pues al PLD sólo una en ese apso, al PRD cinco, y al PRM cuatro, a razón de una por año. Sólo auditaron 8 organizaciones no gubernamentales, aunque pasan de 900 las que reciben fondos públicos.

Es una pena que los actuales titulares de la CCRD, que pueden aducir que no son responsables de las gestiones anteriores, descalificaran el informe y las peticiones de PC de que las instituciones que manejan la mayor parte del presupuesto, apenas unas decenas, sean auditadas cada año para una eficiente rendición de cuentas. Podrían contribuir de esa manera a uno de los objetivos fundamentales del movimiento cívico, la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad.-

¡Por fin brillaron Las Estrellas!

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Por Juan Bolívar Díaz

Hace unos años cuando veíamos a profesores universitarios dejar aflorar lágrimas en una derrota de las Aguilas, aunque habían ganado 4 de los últimos 10 torneos, vaticinamos con tristeza: a llorar vamos en Macorís el día que vuelvan a ganar Las Estrellas. La victoria se escapó durante más de medio siglo, especialmente en 12 ocasiones que fueron a la final, con tan mala suerte que a veces se desplomaban inexplicablemente después de todo el torneo en la cima, o cuando en la serie final los dos lanzadores estelares sufrieron lesiones en un accidente automovilístico. EDn el 2000 pelearon con las Aguilas hasta el hálito 27. En el 2015 brillaron de primeras en la serie regular y en la seminal, pero se apagaron después de hacer 24 carreras en los dos primeros de la ronda definitiva.

No valió en alguna final ni el incienso del obispo, porque “el fucú” reaparecía una y otra vez para frustrar a los aficionados beisboleros más leales, con un equipo que data del 1910, al que sólo se le acreditaban tres coronas, en 1936, 1954 y 1968. La frustración y el sufrimiento parecían patrimonio de Macorís, la jurisdicción que más estrellas ha aportado al beisbol.

Cada año se nos prometía el año verde, hasta que resultó ahora, con una impresionante determinación de directivos, entrenadores, jugadores y aficionados, que comenzaron a celebrar desde que el equipo concluyó la semi final en primer lugar. La noche del miércoles 23 de enero se rompió el maleficio y los macorisanos lloraron repasando el largo calvario, algunos evocando a Domínguez Charro cuando cantó al viejo negro del que fuera principal puerto del país: embárcate en la leve piragua imaginaria de tu inconsciente mártir y llora inconsolable en esta noche lánguida, sólo un millar de estrellas verán correr tus lágrimas”.

Macorís, la ciudad más pluricultural, de aportes españoles, africanos, árabes, cocolos y haitianos, celebró acompañada de casi todos los aficionados del beisbol dominicano, vitoreando a los Mallén y los Tatis, a Lake y Sirí y a esos lanzadores nativos y cubanos que no permitieron carrera a los Toros en sus últimas 24 entradas. Y recordó a su legión de estrellas, desde Tetelo Vargas, Chico Conton, Walter James, el Mulo Jiménez, Vidal Nicolás, Bell Arias, Ricardo Carty, Rafael Batista, Rafaelín Ramírez, Alfredo Griffin, Félix José, Silvano Quesada, Radhamés Liz…

Los petromacorisanos han celebrado durante 4 noches y tres días, como si el pueblo se hubiese levantado para recuperar el esplendor de la danza de la caña y del azúcar, o si su puerto recuperaba la dinámica y se remozaban sus vetustos edificios y sus calles se vacunaban contra las inundaciones. Por allí asomaba Pedro Mir con su Son del Ingenio, en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, y que siguiendo el carril de la carreta un boyero se extingue con la tarde.

Aunque siempre he rehuido todo fanatismo, durante toda la vida mantuve mi afición por las Estrellas, concurriendo a sus juegos apenas 4 o 5 veces por año, prevenido contra las mil frustraciones y decepciones, empuñando los retazos de aquel domingo 29 de agosto de 1954, cuando a los 9 años mi padre, el estrellita impenitente don Nico Díaz, me llevó al viejo estadio para ver el triunfo de las Estrellas Orientales, y desfilar con los guloyas en carnaval de ramos verdes, vitoreando a Tetelo, a Papito Mateo y Manolete Cáceres, al Carrao Bracho, Wenceslao González y Valentín Arévalo, con Ramón Bragaña de mánager, cubano como Tony Pacheco que las llevaría a la victoria del 1968.

Seguros de que esta vez saldrían victoriosos, los directivos orientales confeccionaron miles de banderas para que no sacrificaron los árboles, y las telas verdes escasearon. De los ingenios quebrados, de todos los rincones orientales, y de los más diversos sectores sociales llegaron los danzantes para la celebración que duró hasta la noche del sábado.

Y resucitó René del Risco cuando sentado en el parque Salvador, frente al Bebe y Vete esculpía la figura central de Ahora que Vuelvo Ton, evocando los años que van cayendo con todo su peso sobre los recuerdos, sobre la vida vivida, y el pasado comienza a enterrarse en algún desconocido lugar, en una región del corazón y de los sueños en donde permanecerán, intactos tal vez, pero cubiertos por la mugre de los días…

 

Solidaridad con Puerto Rico

24_01_2019 HOY_JUEVES_240119_ Opinión8 APor Juan Bolívar Díaz

Gracias a la convocatoria de las intelectuales Chiqui Vicioso y Verónica Sención, se acaba de constituir el Comité Dominicano de Solidaridad con Puerto Rico, hermano país antillano declarado en quiebra económica, golpeado inclementemente por el huracán María a finales del 2017, y en proceso de desintegración, por la huida masiva de sus pobladores, por mala gestión de sus gobernantes y por el proceso de desculturización a que ha sido sometido.

Nunca Puerto Rico había atravesado por una situación tan lastimosa. De repente como que le cayeron todas las desgracias tras las elecciones de noviembre del 2016 que produjeron el fenómeno Donald Trump. A principios del 2017 el gobernador Rosselló pedía a la junta federal de supervisión fiscal que su país pudiera acogerse a la ley de quiebra, al no tener cómo afrontar el acoso de los acreedores por una deuda sobre los 73 mil millones de dólares.

A fin de ese año el huracán María, uno de los fenómenos atmosféricos más letales de la historia, deja a Borínquen en la ruina. La indiferencia y la discriminación, cuando no la burla, ha sido la respuesta del gobernante que predica el aislamiento y la supremacía norteamericana.

Los puertorriqueños no han podido recuperarse de la devastación del huracán, cuyo costo supera el nivel de su impagable deuda, y el trauma general fue tan grande que pasaron meses antes que pudiéramos enterarnos de que las pérdidas incluían tres mil vidas humanas. Todavía 16 meses después quedan comunidades que no han recuperado el servicio de energía eléctrica y el agua potable y los niveles de pobreza han alcanzado los dominicanos, hasta 40 por ciento.

Por cierto, llama la atención que mientras tres o cuatrocientos mil puertorriqueños han huido en ese lapso hacia territorio de Estados Unidos, escapando del desempleo y las precariedades, millares de dominicanos hayan seguido arriesgando la vida, cruzando el canal de la Mona para llegar a Borínquen. La Armada Dominicana acaba de informar que sólo en los últimos cinco meses decomisó 154 embarcaciones, una cada día, que serían utilizadas para esos viajes clandestinos y que rescató o detuvo a 911 personas. Ya Efe había informado que en sólo 48 horas de la segunda semana del 2019, las autoridades frustraron 7 de esos viajes ilegales.

Al justificar la expresión de la solidaridad dominicana, Chiqui Vicioso resaltó como grave peligro para la puertorriqueñidad que ya más boricuas viven en Estados Unidos, 5.4 millones, mientras en la isla sólo quedan 3 millones. Las medidas de constreñimiento del gasto impuestas por interventores federales han incluido el cierre de 179 escuelas y la reducción del estudiantado en una tercera parte. Así las cosas, la lengua hispánica y la cultura, que con tanta fiereza han defendido los borinqueños durante un siglo, pueden estar más que nunca en peligro, una vigorosa razón para que se exprese la hermandad y solidaridad de los dominicanos.

Sin que se lo propusieran las convocantes, la reunión donde quedó constituido el Comité de Solidaridad con Puerto Rico se produjo el 11 de enero, cuando se cumplían 180 años del nacimiento del antillanista Eugenio María de Hostos, uno de los más firmes eslabones de la fraternidad entre nuestros dos pueblos.

Hay que agradecer a Chiqui y a Fidelio Despradel, los anfitriones, y celebrar la presencia de Danny Rivera y su compañera Raquelita, puertorriqueños y dominicanos de entrega y convicciones, y de una treintena de intelectuales, artistas, escritores y comunicadores que animan la solidaridad, que en este caso es mucho más espiritual y cultural que material.

Pronto deberemos proclamar aquí ese comité de solidaridad, rescatando los nexos históricos entre nuestros pueblos, y realizar una visita a Puerto Rico, esta vez no por yolas, para expresar gratitud por los tantos de los nuestros que durante décadas han sido acogidos en esa tierra del edén y perla de los mares, como también nosotros recibimos a cientos de ellos cuando vinieron tras la danza de la caña y el azúcar a comienzos del siglo pasado. –

Responsabilidad del Gobierno

17_01_2019 HOY_JUEVES_170119_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina tiene tanta suerte que todavía los partidos de oposición no le han exigido que explique al país su política de combate al narcotráfico y los esfuerzos que hace su gobierno para esclarecer acontecimientos tan graves como el asesinato del coronel Daniel Ramos Alvarez, comandante de la policía preventiva en Bani a manos de un grupo pandillero y el silencio que rodea la incautación de mil kilogramos de cocaína hace dos meses en el puerto de Haina.

Se generaliza la percepción de impune incremento del narcotráfico en el país, y una evidencia es que el año pasado las autoridades incautaron cerca de 6 mil kilogramos de cocaína, casi la mitad en el último trimestre. Para los entendido, el incremento de las incautaciones implica mayor tráfico, y se trafica más por las rutas donde se abren mejores facilidades para transportar una de las mercancías más lucrativas, que según la ONU genero US$320 mil millones en el 2017.

Expertos internacionales estiman que apenas entre 10 y 20 por ciento de las drogas ilegales caen en manos de las autoridades, y que la isla de Santo Domingo es uno de los puentes para su traslado, especialmente de cocaína, hacia los insaciables mercados de Estados Unidos y Europa.

El 16 de noviembre pasado fue incautado un cargamento de mil kilos de cocaína traídos a Haina Oriental por el buque San Amérigo, pero extrañamente se le permitió la partida ese mismo día con su capitán y sus 21 tripulantes libres, sin que hasta la fecha se haya informado quién era el destinatario de la mercancía, aunque desde el primer momento se dijo que había oficiales de la DNCD involucrados. Lo informó el 29 de noviembre el presidente de la DNCD, mayor general Eugenio Matos de la Cruz, quien lo reiteró el 5 de diciembre, precisando que había oficiales bajo arresto e investigación. Cumplidos dos meses, el caso es de misteriosa impunidad.

Lo ocurrido en el barrio Santa Cruz de Baní el 8 de enero no estremecerá tanto como aquella ejecución de siete narcotraficantes colombianos y la desaparición de un cargamento de cocaína, ocurrida en el 2008 en Paya, también Baní, que involucró a oficiales de la Marina de Guerra dominicana, pero también tiene ribetes escandalosos y desafía la capacidad, honestidad y credibilidad de los investigadores. HOY ha dado cuenta de contrariedad entre una comisión de alto nivel policial y el Procurador fiscal, que investigan el caso.

Son muchas las explicaciones que se necesitan para esclarecer este asesinato, por ejemplo: por qué el coronel Ramos, quien no era agente anticarcóticos, fue quien acudió al lugar donde operaba un negocio de drogas que ahora la DNCD dice que había sido intervenido 20 veces y su principal operador, Rafael Antonio Díaz, sometido en varias ocasiones a la justicia, pero permanecía en libertad. En vez de aligerar la carga de las autoridades, esa explicación la complica.

Hay que despejar la responsabilidad de los dos oficiales acompañantes de la víctima en el operativo, sin tropa de respaldo, que lo abandonaron herido, ahora que el senador por la provincia, Wilton Guerrero, denunciara que “el coronel Ramos fue llevado a una emboscada”. Como se le consideraba un oficial honesto, cabe preguntar si lo asesinaron por tratar de imponer autoridad.

El senador Guerrero, como su colega de Pedernales Dionis Sánchez, no sólo denunciaron la proliferación del narcotráfico en la región sur, sino la complicidad de las autoridades, hasta con detalles de sobornos por semana. La posibilidad de involucramiento de oficiales anticarcóticos, no sería ninguna novedad, pues ya en el 2013 se extraditó a Estados Unidos al ex contralmirante Francisco Hiraldo Guerrero, condenado allí por asociarse al narcotráfico siendo nada menos que jefe de operaciones de la DNCD.

Por cierto, los dos senadores denunciantes no son de la oposición, sino figuras relevantes del partido gobernante, lo que agrava el desafío de las autoridades judiciales y policiales, pero también del Gobierno, que debería enfrentar la proliferación del tráfico interno, por pagos en especies, y las matanzas de las bandas de narcotraficantes, antes que sea demasiado tarde. Hay varios casos de matanzas con signos del narcotráfico sin esclarecer, como la triple de anteayer en La Romana, una doble en julio también en Baní, y la cuádruple del 28 de diciembre en Guerra.-

 

Por el rescate de la justicia

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Por Juan Bolívar Díaz

Si algo quedó claro a propósito de la celebración el 7 de enero del “Día del Poder Judicial”, fue el generalizado clamor porque sean desatados definitivamente los nudos que postergan y envilecen el tercer poder del Estado, con graves repercusiones sobre la institucionalidad democrática, más contundente por encontrarnos en vísperas de una renovación de las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

La responsabilidad de elegir a 12 nuevos titulares de la Suprema Corte recae en particular sobre el presidente Danilo Medina quien, además de presidir también el Consejo Nacional de la Magistratura, dispone de los votos de seis de sus ocho integrantes, por lo que los reclamos le aluden directamente, con la esperanza de que se coloque sobre el interés partidista y contribuya a rescatar el órgano superior del Poder Judicial del secuestro político en que lo sumió su antecesor.

La expectativa se nutre del reconocimiento de que las decisiones del Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Medina mejoraron la composición de los órganos concernidos, como en la renovación parcial de la Suprema Corte, posteriormente del Tribunal Superior Electoral y recientemente de una parte del Tribunal Constitucional.

Sin duda que el clamor de la sociedad civil, en sus múltiples expresiones, ha sido fundamental para que comenzara a reducirse el secuestro político de las altas cortes, lo que se renovó el pasado lunes por parte de la Fundación Institucionalidad y Justicia, del Colegio de Abogados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los arzobispos de Santo Domingo y Santiago en sus respectivas homilías, e innumerables articulistas y comentaristas. Lo reclamaron también recientemente otras instituciones especializadas como Participación Ciudadana, y entidades empresariales como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Industrias y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera.

Hay suficientes indicadores de generalización de la percepción de que la justicia dominicana no se corresponde con las luchas de las últimas décadas por elevar la institucionalidad democrática. Las encuestas nacionales y hasta las internacionales, como la reciente Latinobarómetro, establecen que la credibilidad de la justicia dominicana apenas alcanza el 21 por ciento. En los últimos dos índices de competitividad global del Foro Económico Mundial, la independencia judicial ha quedado relegada a las posiciones 130 y 125 entre 137 y 140 países.

La escasa independencia e integridad del poder judicial está determinado no sólo por la politización de los organismos superiores, al servicio de la impunidad, sino también por su postergación económica, pues apenas se le entrega la mitad de l que establece la ley. En contraste con lo que se le atribuye al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a quienes les sobren los recursos para repartir a discreción y para malversar.

Al referirse a la coyuntura, la FINJUS ha reclamado que “el proceso de evaluación de 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia que manda la Constitución y la Ley se realice asumiendo todas las garantías y profesionalidad requeridas”, y que “a la luz de las necesidades de un mejor servicio de justicia, más imparcial, eficiente  e independiente, la ciudadanía debe unirse para reclamar al Consejo Nacional de la Magistratura que tome sus decisiones con un sentido de Nación, cerrando toda posibilidad de beneficiar intereses particulares de cualquier tipo”.

Por su parte el arzobispo Francisco Ozoria enarboló el desafío de rescatar la credibilidad de la justicia, mientras el arzobispo Freddy Bretón especificaba que el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas la justicia, juega un rol determinante para garantizar la paz, la confianza y la estabilidad.

El rescate de la justicia es fundamental para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Ahí está la responsabilidad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente del ciudadano presidente Danilo Medina.-