Recurrente hipocresía nacionalista

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            En medio de un sórdido debate provocado por la desmesura de grupos corporativistas que se quieren mantener en el poder por encima de la Constitución y la ambición de retornar de otros que pretenden retenerlo hasta el bicentenario de la República, es decir por 25 años más, asistimos a un nuevo capítulo de la eterna recurrencia al nacionalismo hipócrita y de circunstancias.

Ahora las huestes del presidente Danilo Medina reaccionan indignadas rechazando la “injerencia” del senador norteamericano Bob Meléndez, por haber dirigido una carta a su secretario de Estado solicitándole poner en juego los mecanismos diplomáticos para evitar que el actual mandatario vuelva a reformar su propia Constitución para mantenerse en el poder.

La extrema reacción nacionalista ya le ganó el respaldo del congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, quien además se adscribió a la defensa de la democracia, diciendo que la Constitución “es un documento sagrado donde quedan plasmadas no sólo las leyes de la nación, sino también las aspiraciones de un pueblo, por lo que siempre debe ser respetada”.

Pero resulta que la iniciativa de Meléndez, rechazada por los nacionalistas de ahora, es defendida por  los líderes de la Fuerza Nacional Progresista, persistentes protagonistas del más acendrado nacionalismo, que han alegado soberanía hasta para despojar de la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos dominicanos.

Los soberanistas nacionalistas de ayer, como los de hoy están equivocados, porque hace muchos años que la tradicional concepción de soberanía quedó subordinada a la defensa y vigencia de los derechos humanos fundamentales y a los preceptos democráticos. Ahí están los numerosos tratados y convenciones internacionales que han relativizado los viejos conceptos de soberanía defendidos a conveniencia desde  las extremas izquierdas a las extremas derechas.

Además de los tratados internacionales, en este continente tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos y más recientemente la Carta Democrática Interamericana, y de ambas la República Dominicana es suscriptora. Estamos obligados con la defensa de los derechos humanos y democráticos por encima de todas las fronteras, lo que no incluye el uso de la fuerza en que tantas veces ha incurrido Estados Unidos. Pero es hipócrita alegar nacionalismo ante cualquier pronunciamiento en defensa de principios democráticos.

En nuestra historia contemporánea abundan las gestiones de apoyo y solidaridad internacional en defensa de la libertad y la democracia, desde posiciones de izquierda, centro y derecha, desde 1961 cuando se aplaudieron las sanciones impuestas por la Organización de Estados Americanos bajo hegemonía norteamericana al régimen de Trujillo. Y 6 meses después de ajusticiado el tirano, una delegación política viajo a Washington para pedir a Estados Unidos que mantuviera las sanciones y retuviera el pago de la cuota azucarera dominicana hasta que se garantizara la democracia. La encabezaron los líderes de la conservadora Unión Cívica y del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio Viriato Fiallo y Manolo Tavarez Justo, éste último consagrado antiimperialista. Eso nada tiene de parecido a la actitud vergonzante de los que en 1965 pidieron la invasión militar norteamericana, la defendieron o la toleraron.

Después de eso sobran los ejemplos: José Francisco Peña Gómez y Milagros Ortiz Bosch, a nombre del PRD, fueron a Washington y a los cenáculos de la Internacional Socialista en los años 70, reclamando y obteniendo solidaridad con las luchas democráticas. En 1978 el entonces primer ministro de Portugal, Mario Soares, desfiló en una manifestación perredeísta en la campaña electoral, y la “injerencia” de Estados Unidos, Venezuela  y la Internacional Socialista impidió que Balaguer desconociera la voluntad popular en ese año.

Leonel Fernández, a nombre del PLD, buscó solidaridad en Estados Unidos en ocasión de los fraudulentos comicios de 1990, y lo repitieron los perredeístas en el curso del trauma electoral de 1994. Ambos partidos han solicitado reiteradas veces activos observadores internacionales para las elecciones. En la noche  del 16 de mayo del 2004 el PLD llevó al cuerpo diplomático a la Junta Central Electoral bajo la falsa versión de que el coronel Pepe Goico se estaba robando las urnas y que había un golpe de Estado en marcha. Y para colmo el expresidente Lula de Silva vino al país para apoyar la reelección de Danilo Medina en el 2016, y este utilizó el respaldo de la entonces presidenta del Brasil Dilma Rousseff.

Lo ideal es que nunca fuera necesaria esa “injerencia” internacional.-

Pobre país de clase media

16_05_2019 HOY_JUEVES_160519_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

            Ya es habitual que funcionarios y propagandistas gubernamentales se rasguen las vestiduras ante cualquier informe internacional que presente nuestra persistente pobreza, ya sea monetaria, social o de la institucionalidad democrática, como acaba de ocurrir con el de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que sitúa el país entre cinco de América Latina y el Caribe donde las profundas brechas urbanos-rurales y desigualdades arrojan pobreza y hambre.

Llegan a asumir que los organismos internacionales tienen prejuicio contra esta próspera nación y optan por ignorar los diagnósticos y recomendaciones, y pasan consignas de no referirse a los mismos, como ocurrió muy recientemente con el informe sobre Calidad Democrática en la República Dominicana, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde el país queda entre los últimos cinco de 24 de la región evaluados. La reacción en altos niveles del gobierno fue de incredulidad y hasta indignación, según ha trascendido.

En materia de pobreza la hipersensibilidad gubernamental es mucho mayor, porque el presidente Danilo Medina y sus más cercanos funcionarios están convencidos de que  casi barrieron la pobreza y que ya somos un país de clase media, como acaba de ratificar el mandatario hace unos días. Eso es cierto  en el polígono central capitalino.

Baste recordar el Mapa de Desarrollo Humano del PNUD, donde sólo el Distrito Nacional aparece como la jurisdicción de alto desarrollo, y las provincias Duarte, Nouel, Mirabal y Ocoa con desarrollo medio alto, mientras 22 provincias que concentran el 80 por ciento de la población nacional, registran desarrollo medio bajo. Cinco provincias quedaron en simple bajo desarrollo humano. Ellas son Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Pedernales y El Seibo, donde la población bajo nivel de pobreza supera el 70 por ciento.

Pero amparados en nuevas metodologías que evalúan generosamente los avances sociales, en los círculos de poder crece la convicción de que estamos ganando la batalla a la pobreza, aunque los indicadores objetivos lo desmienten de forma hasta dramática. El mapa del PNUD diagnostica que hemos reducido significativamente la pobreza, sobre todo cuando se compara con el desastre generado por los fraudes bancarios del 2003, pero al mismo tiempo indica que la población en situación vulnerable creció desde entonces 18 por ciento, afectando a 80 mil familias. Es decir que muchos pasaron de pobres a la nueva categoría de vulnerables.

Tiene que haber bajado la pobreza con un crecimiento del 5 por ciento en la última década, denunciado como concentrado  y generador de mayor desigualdad. Todavía la Encuesta Enhogar 2018, un amplio y acreditado estudio de la Oficina Nacional de Estadística, con una muestra científica de 37 mil 800 hogares, nos echa en cara la gran pobreza nacional.

Llámenle vulnerable, no de clase media, a una sociedad donde el 47.5 por ciento de las viviendas no disponen de agua dentro, que del 76 por ciento que la reciben de acueductos, sólo la tercera parte la obtenga permanentemente y que el 55  por ciento del total la recibe tres o menos días por semana. Que el 52 por ciento sufre apagones eléctricos por más de cuatro horas diarias, el 26 por ciento entre 10 y 14 horas y 13 por ciento entre 15 y 23 horas por día, según Enhogar.

Una población con esos indicadores y sin alcantarillados pluviales ni sanitarios, no cataloga como de clase media en el siglo 21. Menos cuando más de la mitad de los empleados formales reciben salarios menores al costo de la canasta familiar del quintil más pobre. Y si tienen que trabajar 12 y hasta 16 horas diarias para sobrevivir, son muy pobres seres humanos. Aún estamos entre los 10 países de más bajo desarrollo humano entre los 35 del continente.

La enorme inversión en propaganda de un gobierno que se ha constituido en el mayor anunciante, con gasto diario de 11.6 millones de pesos y con miles de comentaristas, periodistas y bocinas en la nómina pública trata de convencernos de que ascendimos a país de clase media gracias a unas “visitas sorpresas” y subsidios sociales, que en conjunto apenas  alcanzan el 10 por ciento del monto de las remesas de los dominicanos emigrantes, que el año pasado totalizaron 6 mil 500 millones de dólares, es decir 325 mil millones de pesos. Eso sí creció en los últimos 8 años, un 77 por ciento, según las cifras oficiales, y ahí es que radica el mejoramiento del ingreso familiar, pero los propagandistas gubernamentales se roban el mérito.-

 

 

 

 

Penosa línea blanda en la JCE

09_05_2019 HOY_JUEVES_090519_ Opinión10 A

Con el padre Regino en el corazón

02_05_2019 HOY_JUEVES_020519_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

            Siempre presente hermano Regino: reservé para mis lecturas de semana santa los tres sublimes reportajes que al inicio de abril publicó en HOY la querida compañera Minerva Isa sobre tu vida enterita en la frontera, compartiendo el jengibre, el plátano, el cazabe y la esperanza con los preferidos de Jesús: los más pobres, olvidados y desamparados.

Te reviví en Dajabón y Loma de Cabrera, en El Manguito y Sanché, compartiendo el rudo trabajo y sus privaciones, el calvario de los pobres, hasta hacerte uno de ellos, durmiendo en una listera, y arañando la tierra desde las madrugadas para exprimirle el mínimo sustento cotidiano. Tu un hijo de clase media pueblerina, orgulloso de seguir “lo enseñado por Jesús, que en la práctica se torna espinoso y subversivo, el que se hace solidario y sufre con los desposeídos”, y denuncia con voz profética los abusos fronterizos.

Regino Martínez, cultor de tierras y de almas, promotor de dignidad, del respeto a la madre tierra y el medio ambiente, de justicia y equidad, a través de juntas de vecinos, comanditas para la micro producción, de centros de madres y clubes juveniles, como los mejores surcos para la catequesis, que parte de los seres humanos y termina siempre en ellos. Te ví en Solidaridad Fronteriza, tratando de mitigar la indigencia de los inmigrantes, pero también denunciando el tráfico humano que enriquece autoridades civiles y militares y a políticos hipócritas que después te quieren responsabilizar de “la invasión haitiana”.

En las trazas de Minerva te he vuelto a descubrir como el muchacho siempre alegre y fraternal que remedaba al padre Tejedor cuando en las clases de latín, con su susurro de voz de ocho décadas me animaba al grito de ¡Bolivita, Bolivita, que te duermes! Porque mientras ustedes venían de la espléndida siesta de 45 minutos yo estaba escuchando las charlas radiofónicas de Juan Bosch, lo que se difundiría como un baldón en aquellos meses de 1962 por todo el seminario Santo Tomás, hasta ganarme un cerco profiláctico por boschista.

Compartíamos aulas y ensoñación religiosa en aquel grupo de “vocaciones tardías”, porque llegamos al seminario cuando terminábamos el bachillerato, y no éramos ni del seminario menor ni del mayor, teníendo que movernos en ambas riberas, pero viviendo con los filósofos y teólogos.

Me habitan aquellos sueños de misioneros, que se potenciaban en las misas cantadas, las vísperas y laudes gregorianos, marchitados por mi vocación contestataria. Recuerdo tu estentórea risa cuando te advertía mi aversión por el rezo del rosario, convencido de que la Virgen no podía ser tan sorda para que tuviéramos que repetirle 50 avemarías de un solo tirón. Hasta que el protector espiritual, el padre Roque, me persuadió de que no podía seguir sufriendo las exclusiones y acosos de muchos convencidos de que yo allí era un peligroso infiltrado del comunismo internacional, traidor, ateo y disociador.

Ahora, en este domingo de la resurrección, que según San Pablo es lo que da fundamento a nuestra fé cristiana, te evoco Regino y quisiera estar cerca para decirte que tú si fuiste persistente devoto de Jesús, un discípulo testamentario del amor y la solidaridad entre los seres humanos. Y recuerdo cuando estuve más cerca del paraíso en aquella semana santa en que compartí con una comunidad de monjes en la diócesis de Cuernavaca de Sergio Méndez Arceo.

Aquí, extendido en el entorno de una piscina, cenicienta en mano, leyendo a Minerva Isa te evoco Regino y me pregunto si yo no debería estar junto a ti, con más de cuatro décadas viviendo y trabajando  junto a los relegados, desafiando a los que profanan el templo de Dios, reivindicando que somos  simples piedras del camino, que al polvo hemos de volver, sin apelación ni casación.

Por lo menos quisiera invitarte a acompañarme un fin de semana profano, en una pausa de tus votos de pobreza y solidaridad, para recordar a tantos que nos precedieron ante el Señor y nos enseñaron la coherencia y la autenticidad. Aunque sea para amortiguar mi carga de conciencia por no estar cerca de ti y estar aquí en “la buena vida”, aunque habitante de distancias y caminos.-

¡Qué pena, Alan, qué pena!

25_04_2019 HOY_JUEVES_250419_ Opinión10 A

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

A Alan García lo traté recién llegado a Lima en 1984 como embajador dominicano, cuando empezaba a deslumbrar como candidato presidencial de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) que Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en 1930. A mediados de 1985, con tan solo 36 años, reivindicó a su padrino y líder a quien nunca se le permitió acceder a la presidencia del Perú, cuando su principal oponente fue el brillante alcalde de Lima Alfonso Barrantes, sustentado por un frente mezcla de marxismo y cristianismo.

Frente a la Izquierda Unida, el APRA se convirtió en mal menor, con la Alianza Popular de Belaúnde Terry en desbandada y los democristianos de Luis Bedoya degradados. El verbo se encarnó en aquellos comicios con los potentes discursos de Alan García y Barrantes que prometían redimir al Perú de sus males ancestrales. Al primero le faltaron pocos puntos para la mayoría absoluta, pero al segundo le sobraba nobleza y se negó a someter a su país a una segunda vuelta, consciente de que no tenía posibilidad de conseguir los votos de la derecha.

En la transición tuve el privilegio de estar par de veces con Alan, que tuvo empatía conmigo y con Mauricio Cuadra, embajador del triunfante sandinismo, por visiones políticas y porque ninguno de los tres acabábamos de anclar en los cuarenta. También porque él había sido compañero de apartamento de Hatuey de Camps en Francia, y era un fervoroso admirador de José Francisco Peña Gómez, por cuya suerte siempre indagaba.

Orador impetuoso como Peña Gómez, Alan sacudió la región desde su discurso inaugural, desafiando las políticas fondomonetaristas que en aquella “década perdida latinoamericana” imponía condiciones asfixiantes a los intentos democráticos y populares. Sus primeros dos años del quinquenio 85-90 fueron bastante buenos en términos generales, incluyendo una cierta recuperación de la crisis económica que había heredado de Belaúnde. Pero se derrumbó al tercero para terminar pagando el desafío al FMI con el desastre de la insostenibilidad, por caída de los precios de las materias primas, tasas de intereses hasta el 18 por ciento, altísima inflación y devaluación. Le cobró también la barbarie de Sendero Luminoso que trasladó el terrorismo más irracional desde la sierra andina hasta la Lima imperial.

Su legado no pudo ser peor, permitiendo que el autoritarismo de Ernesto Fujimori restaurara una vez más la dictadura, pero lo peor fue que junto a los suyos transitara el viejo camino de la corrupción y la descomposición en el poder. La inconclusa primera línea del tren aéreo, mostraba las huellas y Alan voló a Europa para evadir la justicia. Volvería para una segunda oportunidad (2006-11) cuando Perú registró alto crecimiento económico, favorecido por muy buenos precios de sus metales.

Esta vez su gestión fue aceptable, pero manchada por la corrupción. Convertido en caudillo, fracasó en fraguar sucesión y al terminar su gobierno el APRA ni siquiera pudo presentar candidatura presidencial. Tras la caída del fujimorismo los fiscales y los jueces  se habían empoderado en Perú, con miles de sentencias por corrupción, de la que no pudieron escapar Fujimori, ministros de las fuerzas armadas, jueces de altas cortes, legisladores, periodistas y grandes empresarios, incluyendo magnates de periódicos y la televisión dominante.

La justicia peruana ha operado como ninguna en la región, y el escándalo Odebrecht la encontró en todo su esplendor. De ahí las prisiones de los expresidentes Ollanta y Kuczynski, de Keiko Fujimori, la orden de arresto contra el huidizo Toledo y la que disparó la semana pasada el dramático suicidio de Alan García, quien no se redime con una pretensiosa carta de inocencia.

Tremenda pena que Alan García no haya tenido el valor de defenderse, pretendiendo que una “cárcel política” fuera humillante, cuando sus antecesores del APRA conocieron hasta la saciedad de prisiones, asesinatos, exilios y clandestinidades. La realidad es que, como tantos que alcanzan el arrogante solio presidencial latinoamericano, se creyó por encima de las instituciones. La corrupción lo ha podrido casi todo en nuestra región, alentada por la impunidad, que por fortuna no está prevaleciendo en Perú.

Alan García se suma a las profundas penas que ha dejado la descomposición de Lula, de los Ortega, los Maduro, de Leonel y los Danilo. Llegaron abominando del pasado y prometiendo regenerar nuestra sociedad, y se han hundido en el pantano de lo indefendible. Y Alan pagó su vergüenza de manera dramática. ¡Qué Pena Alan, qué pena!

 

 

 

En juego el Estado de Derecho

 

                                                       Por Juan Bolívar Díaz

            Alienta la seriedad con que voces del episcopado católico y las iglesias evangélicas, así como de importantes sectores sociales y políticos y de los medios de comunicación han tomado las recientes presiones, calumnias, hechos agresivos y amenazas contra la independencia de las altas cortes judiciales provenientes de quienes controlan el poder y parecen empeñados en socavar la institucionalidad democrática, probablemente alentados por la constante histórica de “la maldita reelección” por encima del orden constitucional.

             El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, marcó la pauta al deplorar  la embestida contra el Poder Judicial por parte de quienes controlan el Estado, advirtiendo que si no despertamos terminaremos en una dictadura. Mientras el Obispo de Baní, Víctor Masalles, alertaba que cuando la democracia se agrieta, por sus intersticios “puede colarse una odiosa dictadura”. Y el Obispo de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, deploró la falta de independencia de la justicia y “el apabullamiento de los políticos que quieren controlarlo todo”.

             Es significativa la relevancia que han dado los periódicos nacionales a la reciente ofensiva contra la independencia del Tribunal Superior Electoral, y que los principales, HOY y Listín Diario, hayan publicado dos editoriales cada uno, rechazando la presión gubernamental sobre el tribunal encargado de dirimir conflictos electorales y políticos. El primero lo deploró el sábado “En la inminencia de un proceso electoral ya crispado por premoniciones de súbitas reformas a las reglas del juego para extraer de sepultura la históricamente perjudicial reelección.” estallen presiones sobre ese órgano fundamental, como editorializó el primero el sábado. Y El lunes se refirió a los “riesgos para la democracia” que implican “los actos y líneas de propósito que enrarecen el panorama”.

            El Listín ya había advertido el jueves “el inadmisible abuso de poder”, contra el TSE, y este martes se asoció al pronunciamiento del Arzobispo Ozoria con el título editorial “La Dictadura no puede pasar”, invitando a toda la sociedad a rechazar intentos que debiliten cualquiera de los poderes del Estado. El Día y Diario Libre también han manifestado seria preocupación.

             Toda la sociedad, incluidos los que aún guardan silencio, tiene que rechazar esta desmesura, más significativa por ser muy reciente la ejecutada en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se violentaron principios constitucionales, legales y reglamentarios  para sustituir a jueces de la Suprema Corte sin la correspondiente evaluación, y se montó un paredón moral contra el mayor símbolo de la independencia y la transparencia judicial. Hay que dar especial seguimiento a la integridad del presidente del TSE y su esposa, la doctora Karina Concepción, fiscal  subordinada de uno de los que se atrevieron a presionar al TSE.    

             Lo que está en juego es el Estado Democrático de Derecho que proclama la Constitución, pues el gobierno ni siquiera se ha molestado en explicar o desmentir las versiones de que cuatro ministros, incluido el Administrativo de la Presidencia, y el Procurador General llamaron al presidente del TSE, doctor Román Jáquez Liranzo, para reclamarle la anulación de una sentencia antes de ser publicada, que le quitaron la escolta militar durante tres días, que cambiaron al jefe de seguridad del edificio del tribunal, y que lo amenazaron en términos groseros.

          Y todavía el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante llegó al extremo de pedir una investigación para iniciar un juicio político y destituir a los tres jueces responsables de la sentencia que anuló una convención de un partido aliado del gobierno.   

            La alarma por la ofensiva contra el TSE está más que justificada porque las innumerables bocinas gubernamentales, sin molestarse en leer  han persistido en denostar a los jueces, la gran mayoría sin molestarse en leer la sentencia. De haberlo revisado, no estarían difundiendo que desafía un dictamen del Tribunal Constitucional sobre el mismo conflicto Porque expresamente se consigna y justifica su acatamiento, y porque la nueva anulación de la convención fue determinada por otra falencia democrática: la documentada falta de más de un centenar de asistentes para completar el quorum reglamentario en el organismo correspondiente. En última instancia, los que por encima de toda racionalidad entiendan que el dictamen anulatorio fue inconstitucional o infundado, que recurran otra vez por los canales de rigor.

              Mientras tanto, hay que contener el socavamiento de la institucionalidad democrática.-

 

El debate sobre el salario mínimo

11_04_2019 HOY_JUEVES_110419_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

            Como cada dos años asistimos en estos meses a un miserable debate sobre los salarios mínimos, donde predomina la irracionalidad y mezquindad entre dirigentes empresariales y sindicales, con un arbitraje estatal atado al oportunismo político, sin voluntad de promover algo que provoque disgusto a cualquiera de los dos sectores.

En los últimos dramas todo comienza igual, los sindicalistas demandando un incremento del salario mínimo del 30 por ciento y los empresarios la reclasificación de las empresas para estos fines, mientras funcionarios públicos y algunas voces patronales proclaman  la necesidad de un mejoramiento importante de los salarios mínimos, que luego arrastrarían al resto. Al final todo queda en un incremento alrededor del 10 o 15 por ciento y con apenas una pequeña nivelación hacia arriba en la mayoría de las empresas.

Las estadísticas oficiales indican que el poder adquisitivo de los asalariados dominicanos se mantiene a niveles de los años 90, es decir con más de 20 años de retraso, en grave contraste con el alto crecimiento de la economía nacional, excepto en los dos años de la crisis bancaria. De ahí que todos los estudios indican que se incrementa la brecha entre la minoría privilegiada y la gran masa de los trabajadores, con cerca del 60 por ciento en actividades informales. Por eso muchos plantean que el pregonado crecimiento económico se queda en pocas manos.

La experiencia indica que la discusión sobre los salarios se inicia en enero y viene a ejecutarse a la mitad del año, y esta vez ya vamos transitando el cuarto mes, sin que se haya avanzado. Los sindicalistas tienen su cuota de responsabilidad por no sacar de la mesa el asunto de la reclasificación de las empresas atendiendo al capital invertido, lo que no se ha hecho durante una década.

El árbitro, el Estado, a través del Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo, debe tomar la iniciativa, con toda responsabilidad, de reclasificar las empresas, en las categorías de grandes, medianas y pequeñas, como dispone la Ley 187-17, que modificó la 488-04. Nadie puede discutir que una década de devaluación ha impactado no sólo los salarios, sino también el valor de la inversión empresarial.

Hasta tácticamente los sindicalistas deberían aceptar que se reclasifiquen las empresas de inmediato, con criterios de racionalidad y equidad, sincerando el hecho de que lo que antes era una inversión de gran empresa, puede estar hoy en la tercera categoría, la de pequeña, dejando atrás inclusive la segunda, que es la mediana.

Eso daría mayor fuerza moral a los representantes laborales para exigir justicia salarial, enrostrando a los empresarios que muchos están pagando salarios miserables, con promedio mínimo de 10 mil pesos, cuando la canasta familiar básica del quintil más pobre demanda 13 mil 800 pesos. Es dramático que el 48 por ciento de los asalariados reciba menos del salario mínimo mayor que es de 15 mil 448 pesos; que 40 de cada cien no obtengan lo necesario para cubrir el costo de la canasta familiar más baja y que apenas la tercera parte tengan ingresos sobre el promedio de las canastas familiares que era al 31 de diciembre pasado de 30 mil 334, según las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social y del Banco Central.

Así como es irracional negar la procedencia de la reclasificación del capital de las empresas, lo es también que todavía en las zonas francas se mantenga un salario mínimo de 9 mil pesos, similar al de las pequeñas empresas, y de 10 mil 355 pesos en los grandes hoteles y restaurantes, dos de los mayores empleadores, con nivel de las medianas empresas.

Ahora que el gobierno decidió un incremento del 98 por ciento al salario mínimo de 5 mil 117 pesos que había mantenido indolentemente durante dos décadas, el  empresariado está obligado a una revaluación salarial importante. Y que funcionarios, políticos y líderes empresariales dejen de hablar de reducción de la pobreza, mientras alrededor del 60 por ciento de todos los trabajadores no puedan cubrir el costo de la canasta familiar básica. A esa proporción se llega cuando se incluye a los empleados informales, que son la mayoría y con promedios de ingresos estimados en 25 por ciento menores. Así de dramático.-

¡Qué pena, León Felipe, qué pena!

04_04_2019 HOY_JUEVES_040419_ Opinión8 APor Juan Bolívar Díaz

Una de las imágenes que más recuerdo de mi infancia, más de casi siete décadas atrás, es la de mi padre Juan Díaz Hernández, casi encerrado en su habitación, sin presentarse en la bodega del batey Alejandro Bass, haciendo correr la voz de que estaba enfermo. Era su recurso para no atender la “cordial invitación” al mítin en el ingenio Consuelo donde se pediría una vez más al padre de la patria nueva que siguiera a caballo salvando y reconstruyendo la nación.

Don Nico no había completado el sexto grado, que en los bateyes de los cincuenta era sobresaliente, sin embargo tenía un doctorado en dignidad y no le gustaba que lo cogieran de mojiganga. Ni siquiera el Jefe, y creo que por eso todos sus hijos hemos militado siempre en la escuela de la rebeldía. Doña Juanita tampoco llegó muy lejos en la escolaridad, pero a ellos agradecemos que a los 13 años ya andábamos panfleteando contra la baba del tirano.

Antes de que clareara la primavera libertaria, merodeamos por la Duarte casi esquina Mella tentados de unirnos al MPD de Máximo López Molina, quien proclamaba el 1961 como “año de la libertad o de la muerte”, y a la primera convocatoria perredeísta del 16 de julio bajamos desde María Auxiliadora pancarta en mano, por la avenida Julia Molina, rumbo al Conde.

Como gran parte de la generación de los sesenta, acurrucamos todos los anhelos de un país libre y democrático, con el poeta Ayuso “abriendo surcos claros para que el sueño quepa”. Los caminos resultaron bien abruptos y cargados de repetidas encerronas, tantas que un día nos encontramos de frente con aquellas inmensas bestias de acero y fuego que los yanquis cruzaron en las calles por donde había corrido tanto sudor de  libertad.

Lo que entonces no previmos fue que 60 años después la historia sería la misma, acarreando empleados públicos y explotando la miseria y la ignorancia para la continuidad sin límites del coyuntural nuevo salvador de la patria. Pueblo por pueblo repitiendo las mismas alabanzas, que sin ti se hunde este país, que para que no se detenga el progreso, que no desperdiciemos el nuevo mesías… Y  casi todos los senadores y los alcaldes proclaman al nuevo benefactor, y uno sentenció en Monte Plata que “pasarán otros 500 años para que la República vuelva a tener un gobernante como Danilo”, aunque falte un cuarto de siglo para el bicentenario.

Es relevante que más de cien alcaldes estén a la cabeza de la procesión, cuando el nuevo santísimo ha reducido a menos de la tercera parte la asignación que la Ley de Municipios les acuerda de los ingresos  nacionales, convirtiéndolos en mendigos de la benevolencia patriarcal. Fueron 184 mil 622 millones de pesos que Danilo Medina dejó de entregar a los ayuntamientos  entre el 2013 y 18, del 10 por ciento asignado en la Ley. Para él repartirlo personalmente en visitas sorpresas y prebendas de todo género. Como se ha quedado también con más de 4 mil millones de pesos del 5 por ciento de los beneficios netos de la explotación del oro de Pueblo Viejo, establecidos por ley, mientras unas 300 familias de los alrededores llevan más de un año en un campamento reclamando ecológica reubicación.

Son las mismas babas, los eternos engaños y manipulaciones brutales de conciencias sobre los que se han montado todos los imprescindibles de nuestra historia, desde Pedro Santana, Buenventura Báez, Lilís Hereaux, Horacio Vásquez, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, y ahora Danilo Medina. Todos salvadores de la nación, en dos tercios de su historia, aunque 175 años después todavía la mitad de los dominicanos sueñan con energía eléctrica y agua potable permanentes, con viviendas decorosas, alcantarillados pluviales y sanitarios, y que no lideremos las tasas de muertes neonatales y maternas. También que no nos quemen en todas las pruebas de educación, que no encabecemos las tablas mundiales  de la corrupción y la impunidad, que tenga vigencia la separación e independencia de los poderes del Estado, que los presidentes sean los primeros en respetar la Constitución y las leyes.

¡Qué pena León Felipe, qué pena! Que este camino tuviera que ser tan abrupto “y siempre se repitieran las mismas cuestas,/las mismas praderas,/ los mismos rebaños,/ las mismas ventas” Poeta cómo soportar “ver las mismas cosas siempre/ con distintas fechas,/ los mismos hombres,/ las mismas guerras,/ los mismos tiranos,/ las mismas cadenas,/ los mismos esclavos,/las mismas protestas,/ los mismos farsantes,/ las mismas sectas/ y los mismos poetas! Qué pena que sea así todo siempre/ siempre de la misma manera!”

 

Sin arrastre de los senadores

28_03_2019 HOY_JUEVES_280319_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Es una buena iniciativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) su solicitud a la Junta Central Electoral (JCE) para que haga prevalecer el derecho a elegir de los ciudadanos en los comicios del año próximo respecto a los senadores, una demanda democrática de hace varias décadas, fundamentada en el principio constitucional del derecho a la elección directa, pero regateada cada vez que se planteaba alguna reforma al sistema electoral dominicano.

Me cuento entre quienes entendimos que el arrastre de los senadores por el voto a los diputados había prevalecido en la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19, en base al enunciado de su artículo 104, que en su párrafo IV autoriza a computar “en beneficio de los senadores todos los votos obtenidos por su partido en la provincia”, aunque refiriéndose a las circunscripciones electorales.

Sin embargo juristas y políticos habían advertido que la Ley 15-19 es contradictoria, fruto de la prisa con que fue sancochada aunque su modificación había quedado impelida por la Constitución del 2010, porque la nueva legislación establece sin ninguna duda que la elección del senador constituye un nivel diferente a la de los diputados, como figura claramente dos veces en el artículo 92 y se ratifica en el 130.

El numeral 5 del artículo 92, define el nivel de elecciones como “el que contiene candidaturas individuales indivisibles o no fraccionables en sí mismas, para en los numerales siguientes precisar cuatro niveles separados, primero el presidencial, luego el senatorial, después el de los diputados y finalmente el municipal.

La separación de las boletas para elegir los senadores y los diputados queda de nuevo ratificada en el párrafo I del mismo artículo 92, al instituirse que “En el caso de la elección de representantes ante parlamentos internacionales, serán escogidos en las mismas boletas utilizadas para la escogencia de los senadores”.

En el artículo 130 de la misma ley, referido a las modalidades de alianzas, vuelve a quedar manifiesta la intención del legislador de separar la elección del senador y los diputados. El texto reza que “Las alianzas o coaliciones de partidos pueden producirse sólo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para candidaturas de un mismo nivel”, señalando a continuación “para las candidaturas del nivel presidencial, para las candidaturas del nivel senatorial, para las candidaturas del nivel de diputados y para las candidaturas del nivel municipal”.

Dado que el nivel de senadores aparece tres veces en la ley, y tomando en cuenta el derecho a la elección directa, la JCE tendrá que decantarse por la prevalencia del principio constitucional, que a nadie ofende. En cambio irse por la excepción de contar todos los votos provinciales al candidato a senador, desconoce un derecho básico y resulta impracticable con la división de niveles de elección.

Será el reglamento de la ley que deberá dictaminar la JCE el instrumento para dilucidar el elemento contradictorio, evitando que los defensores del derecho a elegir puedan recurrirlo ante el Tribunal Superior Electoral y eventualmente ante el Tribunal Constitucional. En cambio, no se advierte quién pueda tener derecho a mantener que los senadores no deban ser electos por méritos propios, independientemente del diputado preferido. Es una contradicción flagrante que el elector pueda escoger el diputado preferido y no el senador. Algo indiscutible es que la ley 15-19 derogó la ley 157-13 sobre voto preferencial para los diputados, que establecía el arrastre de los senadores, al instituir el nivel de elección senatorial.

La JCE no puede irse por lo más fácil, de evitar colocar una boleta separada adicional, después de la institución de las elecciones primarias simultáneas y del voto preferencial por los regidores y vocales municipales, cuestiones mucho más complejas y que anteceden la elección presidencial y congresual.

Por demás son varias las objeciones pendientes de dictámenes del Tribunal Constitucional, declaradas en enero de urgencia, y que según fuentes bien informadas son de inminente publicación, algunas de gazapos aparatosos, como el condicionar la postulación a cargos públicos a una previa militancia en un partido, o la sanción hasta con dos años de cárcel a quien “empañe la imagen de un candidato”, para dejarlo en las más grotescas.-

Son las remesas, compadre

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Por Juan Bolívar Díaz

            El Centro de Investigación Económica y Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que honra el nombre del inolvidable sacerdote jesuita José Luis Alemán, acaba de dar un garrotazo al sostenido cuento propagandístico que busca fundamentar la eternización en el poder del presidente Danilo Medina, de que con sus llamadas visitas sorpresas ha reducido la pobreza rural a la mitad en apenas seis años, y que casi alcanzamos la autonomía alimentaria.

Las “Reflexiones sobre el impacto de las visitas sorpresas”, publicadas bajo la firma del economista Pedro Juan del Rosario, investigador asociado de ese centro, documentadas en estadísticas oficiales, liquidan los mayores elementos propagandísticos del régimen, sin llegar a cuestionar la validez de una práctica que, si bien implica un acercamiento del presidente Medina a los pequeños productores agropecuarios, ratifica el providencialismo y el paternalismo presidencialista que sostiene la pobreza institucional y la mascarada democrática nacional.

El análisis concluye en que es bajo el impacto positivo de las “visitas sorpresas” en la reducción de la pobreza y la desigualdad, debido a que el factor principal que la explica es el incremento del ingreso laboral, pero que éste está determinado principalmente por ingresos no agrícolas que se generan en actividades urbanas, que la creación neta de empleos en el área agropecuaria resulta negativa en el período 2012-18, y que la producción alimentaria queda lejos  del 85 por ciento de las demanda, como sostuvo Medina en su discurso del 27 de febrero pasado.

Basado en las encuestas nacionales de fuerza de trabajo del Banco Central, el estudio muestra que la desigualdad en la zona rural creció de 0.398 a 0.413 entre el 2012 y 2016, y se redujo de 0.399 a 0.387 entre 2016-17, por lo que no se puede sostener que las “visitas sorpresas” hayan tenido una causalidad positiva, “porque ha predominado un efecto distribución negativo respecto a la reducción de la pobreza”. Hay que recordar que el informe de la CEPAL de enero pasado se basa en los mismos datos para sostener que la República Dominicana fue el país de mayor incremento de la desigualdad entre 2012-16, entre 16 países analizados.

El estudio de la PUCAMAIMA evidencia que la desigualdad rural tuvo mayor incidencia que la urbana, que la mayoría de los ingresos de los residentes rurales se genera en actividades no agrícolas, que el sector agropecuario tiene el peor índice de productividad, que entre 2012 y 15, los agricultores residentes en zonas urbanas crecieron del 22 al 36 por ciento, que los datos oficiales no revelan un dinamismo extraordinario de la agropecuaria desde el 2012 que pueda asociarse a la reducción de la pobreza rural ni en términos de crecimiento ni de empleos.

Fundado en datos del Banco Central, de la Dirección de Aduanas, del BID y de la FAO, el estudio concluye que la autonomía alimenticia está lejos del 85 por ciento en que la cifró Danilo Medina, quedando en 60.6 por ciento ya que en el 2017 las importaciones  representaron el 39.4 por ciento del gasto en alimentos estimado en 281mil millones 878 mil pesos.

La propaganda de que las “visitas sorpresas” son la varita mágica de Medina pretende fundamentar “la necesidad” de su prolongación en el poder, con una inversión de 98 mil millones de pesos. Si con eso ha logrado reducir la pobreza rural a la mitad en sólo 6 años, bien vale que se le deje gobernar otros tantos para que acabe de una vez y para siempre con ese lastre nacional. Bastaría con sólo otros 2 mil millones de dólares en bonos.

Si algo ha reducido la pobreza en el país en la última década, son las remesas de los dominicanos que se fajan en el exterior, que en los últimos 8 años crecieron en 77 por ciento, y en 42 por ciento en los últimos 5, alcanzando 6 mil 500 millones de dólares en 2018. Entre el 2014 y 2018 las remesas registradas sumaron 27 mil 230 millones de dólares, que si les suman las informales, personales y por paquetes de bienes superan los 32 mil millones de dólares, es decir 16 veces la inversión de las visitas de Danilo.

El aporte de las remesas es una enorme contribución al ingreso monetario de las familias rurales y urbanas de clases bajas y medio bajas, sin el cual el país estaría en la prángana total. Los 6 mil quinientos millones de dólares del año pasado equivalen a 325 mil millones de pesos, más de la mitad de los ingresos nacionales y mucho más que los 262 mil 400 millones de pesos gastados en salarios del gobierno nacional y de los organismos autónomos y la seguridad social.-