El cinismo del ministro Fadul

A1

Por Juan Bolívar Díaz

            Como en este caso no se le puede atribuir ignorancia habría que convenir en que el Ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, ha roto los parámetros del cinismo al anunciar que enviará al Congreso Nacional una propuesta para endurecer las sanciones a las empresas que violen el código laboral en la limitación al 20 por ciento en el empleo de extranjeros.

Hay tres razones fundamentales para estimar como cínica tal propuesta: que todavía no han aplicado las sanciones que él considera benignas, que habría que comenzar por su mismo gobierno y que hace tiempo que se hizo tarde para conseguir que los dominicanos integren siquiera el cincuenta por ciento de la mano de obra en la agropecuaria y la industria de la construcción, dos de los mayores empleadores.

El planteamiento del también miembro del Comité Político del partido gobernante es otra expresión de la hipocresía y la ineficiencia con que se afronta el desorden inmigratorio, responsabilidad de quienes han gestionado el Estado durante el último siglo, y en especial en lo que va de este cuando alcanzó dimensiones irritantes y conflictivas.

Para fundamentar su proyecto, Fadul debió informarle al país cuántos empresarios, grandes, medianos o pequeños, han sido procesados y condenados por violar el límite del 20 por ciento en la contratación de extranjeros, y si alguno ha pagado sanción económica. Si hubo algún caso, se trató de una discriminación, porque hace muchos años que los productores agropecuarios reconocen que dependen en más de un 70 por ciento del trabajo de los haitianos, y los de la Construcción en más de un 60 por ciento. En muchos renglones y casos la proporción es inversa: 80 por ciento extranjeros y 20 dominicanos.

Fadul sabe que el primero y uno de los mayores empleadores de haitianos, sin ningún límite, ha sido y sigue siendo el Estado. No sólo cuando concentraba la mayor parte de la producción de azúcar, sino para todas las obras públicas, fueren tan grandes como el acueducto y el metro capitalino, o los proyectos modelos de viviendas de La Nueva Barquita y Boca de Cachón, este último construido por el gobierno de Danilo Medina  con 90 por ciento de mano de obra haitiana.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Promotores y Constructores de Vivienda, Susi Gatón, ha dicho responsablemente que si se pone en vigencia la amenaza de Fadul se paralizará la industria de la construcción, porque depende de la mano de obra haitiana. Y precisó que no sólo la privada, sino también la pública y la mixta, poniendo de ejemplo la tan manoseada “Ciudad Juan Bosch” en construcción.

En el gobierno del presidente Leonel Fernández fue igual y cuando se publicó que eran haitianos los que ampliaban las edificaciones de la cancillería de la República,  Diandino Peña dijo que si la querían concluir no había alternativa. En otra ocasión declaró con admirable sinceridad que sin el trabajo de los haitianos no habría metro.

Antes que Fadul pierda su tiempo apelando al Congreso, como es el ministro de Trabajo, lo que debe hacer es una prueba aplicando las actuales sanciones benignas, sometiendo a la justicia a todos los violadores del límite del 20  por ciento. Pero sin discriminación, lo que implica a las obras públicas o donde haya incentivos estatales.

Pero él sólo trata de calmar  las tribunas alarmadas por la incontrolada inmigración haitiana. Y sabe que el problema es complejo, porque miles de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, constructores, y operadores de redes de vendedores ambulantes y ciudadanos prefieren, hasta en el trabajo doméstico, una mano de obra excedentaria, sin capacidad para reclamar, generalmente con menores salarios, sin pagársele la seguridad social ni dejarle  acumular prestaciones, sin límites de horarios ni días laborables.

Hace muchos años que ya debimos controlar la inmigración, pero sin hipocresía ni engaños, comenzando por el negociazo del tráfico humano en la frontera y aplicando sin algarabía, sin odio ni abusos, todo el régimen legal que nos hemos dado.-

Ofensivo sofisma de Reinaldo Pared

A1Por Juan Bolívar Díaz

El discurso del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, sirvió para demostrar que lo que le interesa al sector políticamente dominante del poder, en la discutida Ley de Partidos Políticos, es imponer el padrón electoral universal, o abierto,  como único método para elegir los candidatos a cargos electivos de todos los partidos.

No importa que ese método no haya podido ser aprobado durante más de dos años de discusión ni siquiera en el seno del mismo partido de gobierno, y que cuente con el rechazo de casi todos los partidos, y de las instituciones sociales que dan seguimiento a los asuntos políticos e institucionales, por alguna razón hay que mantener el empeño. Se cree que se persigue un mecanismo que permita la compra masiva de votos y el influjo del poder estatal en la elección de las candidaturas del partido oficial y hasta de los opositores.

Pared Pérez, también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana,  abusó del escenario en que formuló su alegato, con amplísima retransmisión,  y pecó de irreflexivo al confrontar hasta el criterio del presidente de su propio partido que se cuenta entre quienes sostienen que sería inconstitucional imponer que los candidatos de todos los partidos tengan que ser electos por ciudadanos que no sean miembros de los mismos. Con ventajismo llevó a la Asamblea Nacional la lucha interna que sacude a su partido.

Peor aún, el declarado aspirante a la candidatura presidencial, ofendió la inteligencia  de todos con el sofisma de que siempre ha existido un único método de elección de candidatos, que es la asamblea de delegados instituida en la ley electoral, cuando en la práctica generalizada esa sólo ha sido la última instancia de aprobación de las candidaturas.

.          Desde 1981 el Partido Revolucionario Dominicano estableció un mecanismo de elección de candidaturas con votación de todos sus comités de base, los cuales  remitían el resultado  a la Convención Nacional establecida por ley. Después se impusieron varios métodos más directos de votación universal de los inscritos en padrones partidarios, o en el universal, cuyos resultados siempre fueron avalados por la asamblea de delegados.

Con el voto de los empadronados en el PLD fue electo candidato presidencial el doctor Leonel Fernández para los comicios de 1996, Danilo Medina para el 2000, y para el los comicios sucesivos, tanto presidenciales como  congresuales y municipales, se generalizó en los partidos mayoritarios la votación de sus miembros, con padrón partidario o universal. Y nunca chocó con la asamblea de delgados, que es la instancia validadora.

Pared Pérez desconoció la sentencia de la Suprema Corte del 2005, que   declaró inconstitucional la Ley 286-04 que instituyó las primarias simultáneas con padrón universal para la escogencia de los candidatos, e ignoró también el artículo 216 de la Constitución  del 2010 que él mismo aprobó, el cual declara que “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre”, y que “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto de la democracia interna”, o lo que es lo  mismo en lo que establezcan sus normas o estatutos democráticamente aprobados.

Llama la atención que el único aspecto del debatido proyecto de ley de partidos reivindicado por el presidente del Senado haya sido el de la imposición del padrón abierto para elegir candidatos, cuando el proyecto pretende cuestiones más fundamentales como  garantizar la democracia interna, la transparencia del financiamiento y rendición de cuentas, la igualdad de género,  los límites del gasto y de las campañas internas, la sanción del financiamiento ilícito y del abuso de los recursos del Estado.

Tampoco se refirió al otro proyecto que viene siendo discutido hace dos años en una comisión bicameral, y más trascendente, que es el del Régimen Electoral, llamado a garantizar elecciones generales equitativas, democráticas y justas. Y ahora plantea una nueva comisión exclusivamente de senadores, para afrontar sólo el proyecto de la Ley de Partidos. La burla no pudo ser más descarada, aunque ya en el 2014 y en el mismo escenario Pared había dicho que no había razón para que no hubiese sido aprobada esa ley.

 

 

Hay que extirpar el continuismo

A1Por Juan Bolívar Díaz

Que un reformista balaguerista de la vieja guardia escriba un artículo proclamando que todo el que llegue a la presidencia de la República debe aferrarse al cargo hasta la muerte a cualquier precio, no puede ocasionar sorpresa, pues él mismo se encargó de recordar que su líder histórico ocupó el cargo durante siete ocasiones y persiguió una octava a los 94 años, ciego y sin poder caminar.

No le importa cómo Balaguer logró ser tantas veces  presidente, desde la primera vez ganada por haber sido uno de los más fieles y dedicados cortesanos de la más férrea tiranía de la historia continental. Tampoco que volviera al poder en hombros de los 42 mil soldados norteamericanos que invadieron el país en 1965 para evitar el imperio de la Constitución. Mucho menos importa que se reeligiera en 1970 y 1974 en un clima de persecución e intolerancia que imposibilitara la competencia democrática. Ni siquiera importa que sus “triunfos electorales”, como los de 1990 y 1994, tuvieran que ser entrecomillados aún por alguno de sus serviles.

Lo que no puede pasar desapercibido es que alguien pagara cientos de miles de pesos para reproducir en páginas de periódicos  un artículo donde se proclama que si a un presidente, como Rafael Correa en Ecuador, después de agotar dos períodos constitucionales se le impide volver a ser postulado,  “simplemente no existe, no vive, no respira, técnicamente es un cadáver”.

El articulista llega al extremo de reivindicar la obsesión por el poder de los sultanes del imperio Otomano, y su “ley del fratricidio” que daba facultad al gobernante para asesinar a hermanos y parientes que pudieran disputarle el trono, citando a Mehmet III que en el siglo XV hizo estrangular preventivamente a 19 hermanos, a 20 hermanas y hasta a las concubinas que pudieran quedar embarazadas.

Y no se queda en el caso de Correa, sino que se extiende a los de mandatarios regionales que han sido objeto de persecución por vinculárseles a la corrupción, citando a Lula da Silva, Cristina Kirchner, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli y hasta Alvaro Uribe.

El mensaje del articulista y quienes pagan su reproducción va dirigido, obviamente, al presidente Danilo Medina, en momentos en que hay grupos empeñados en encontrarle un “bajadero” para que pueda optar otra vez por la presidencia en el 2020, aunque se lo prohíbe su propia Constitución, la que resultó de una estigmatizada reforma que le permitió la reelección en el 2016.

No es cierto que todos los que llegan al poder utilizan los recursos estatales  para prolongarse indefinidamente, al menos en la etapa de la actual civilización política, y en el intento de construcción democrática. Por el contrario, el 90 por ciento de los presidentes electos no han pasado de dos periodos y una gran proporción de uno solo. Y algunos son tan paradigmáticos como Nelson Mandela.

En Estados Unidos, donde la democracia ha alcanzado mayor estabilidad, sólo un presidente llegó a tres períodos, en circunstancias de una guerra mundial.  En Europa grandes estadistas demócratas como Charles de Gaulle, Willy Brandt y Konrad Adenauer, se retiraron a tiempo y en plenitud de facultades y hoy son leyendas democráticas. En España lo hicieron Felipe González y José Aznar. Más cerca de nosotros, Luis Muñoz Marín, Rómulo Bethancourt y Oscar Arias.

Pretendieron permanecer eternamente en el poder, en el país no sólo Balaguer, sino también Trujillo, Horacio, Lilís, Báez, Santana y más recientemente Leonel. En América Latina sobran los eternos amantes del poder, que han frenado el desarrollo democrático y muchas veces sembrado tragedias.

En nuestro país lo que necesitamos es siquiera dos o tres décadas sin reelección, para ver si podemos extirpar el negativo continuismo histórico, fortalecer las instituciones democráticas y afrontar los graves problemas ancestrales que el afán continuista relega sistemáticamente.-

Pero Arias dijo que no, que nadie es indispensable en una democracia; que no puede pensar en los próximos cuatro años para su país, sino por lo menos en los 40 venideros; que “una de las principales obligaciones de un líder político es propiciar nuevos liderazgos”; que “hay que darle espacio a los que vienen”; que hay muchas formas de trabajar por el pueblo; porque “el que sólo sirve para Presidente, ni siquiera para Presidente sirve”.

Preguntas que ameritan respuestas

A1Por Juan Bolívar Díaz

1.- Ahora que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana desistió del propósito de imponer el padrón universal para la elección de los candidatos de todos los partidos, se impone  preguntar si finalmente será aprobada la Ley de Partidos que se viene discutiendo desde hace justamente 20 años.

La decisión implica un revés para el sector peledeísta del presidente Danilo Medina, que trató durante un año de imponer el padrón abierto y ahora falta por verse si los legisladores harán uso de la facultad que se les ha reconocido para votar en conciencia, o si seguirán dándole vueltas a la noria para evadir los asuntos de fondo del proyecto, como los límites al gasto y al tiempo de las campañas, la rendición de cuentas financieras, la cuota de las mujeres en los cargos directivos,  y reales sanciones a la compra de votos y abusos de recursos estatales.

El asunto de la Ley de Partidos ya harta, pero todavía hay que vigilar para que no se apruebe una mojiganga, como ya hizo la Cámara de Diputados en marzo del 2015, que fue un relajo tan grande que se ganó un rechazo universal y tuvieron que dar marcha atrás.

2.- ¿Será verdead que la Procuraduría General de la República no había tenido suficiente tiempo para reclamar al sistema financiero los movimientos de las cuentas de las empresas de Angel Rondón y demás implicados en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht?

Por ahí debió comenzar la investigación a Rondón hace 13 meses cuando la justicia norteamericana lo identificó  como la correa de transmisión  de sobornos de la constructora brasileña por 92 millones de dólares, en lo que constituyó el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia. Eso si hubiese habido interés de saber la verdad y no temor de tropezarse conn ella. Pasarán otros meses, que de seguro se le concederán y la Procuraduría seguirá dando palos de invidentes, sin reclamar a l Odebrecht que cumpla el acuerdo de impunidad que se le otorgó, según el cual tenía que identificar en 60 días los sobornados, con cuentas, montos y obras, sus cómplices y todos los mecanismos de pago y traspaso de dinero.

3- ¿Cuándo será que los “organismos de inteligencia” del Estado pondrá en juego toda su capacidad investigativa para determinar y procesar judicialmente a los responsables del cargamento de 109 mil galones de gasoil que llegaron por el puerto de Manzanillo?

Hace tres semanas que fue incautado el cargamento y sometidos a la justicia los tripulantes de la embarcación que lo trajo, pero no hay que ser un sabueso para preguntar y determinar para quién venía consignada la carga, y quién la iba a recibir, porque se necesitaban varios camiones tanqueros para retirarla, y en ese pequeño puerto no hay tantas operaciones como para que no se sepa quién es quién. ¿O es que cien mil galones de gasoil pueden tirarse en un puerto y ocultarse hasta que el propietario los retire sigilosamente?

Todo parece indicar que se trata de un negocio de buen patrocinio, como el de aquellos jóvenes contrabandistas  de Santiago atrapados por Aduanas con la masa en la mano, o como aquella incautación olvidada de mil kilos de cocaína en un avión privado que saldría del aeropuerto Joaquín Balaguer hace como ocho años. Nunca se pudo saber quién era el propietario de la nave.

4.- Y ¿será verdad que los “organismos de inteligencia” no pueden desmantelar y procesar a la mafia de traficantes que durante los últimos años trae cientos de mujeres haitianas embarazadas para que den a luz en el país  a cuenta del Estado?

La dirección de un hospital capitalino secreteó que muchas de esas parturientas no saben nada de español y que dan la misma dirección de presunta residencia. Pero la pregunta del millón es cómo entran al país tantas parturientas, y si vendrán con visas de 250 dólares.  La convicción general es que hay una trata de embarazadas que deja pingues beneficios, cargando su costo al Estado dominicano.-