¡Que pena Lula, que pena!

A1Por Juan Bolívar Díaz

Ya para muchos y para la historia quedará la sensación de que el carismático expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido víctima de un linchamiento político, por las debilidades de las pruebas de corrupción por la que se le condenó, apenas el testimonio de un imputado que negoció una “delación premiada”. Incluso es posible que esta condena con mínimo fundamento reste mérito al histórico papel de los fiscales brasileños que han documentado la corrupción del empresariado y los políticos, extendida por el continente.

Es muy probable, que en el caso de Lula las motivaciones políticas, el interés de liquidar su posible retornase al poder hayan predominado sobre la justicia. Aún asumiendo el testimonio de que el apartamento de  Sao Paolo fuera comprado para Lula, han faltado elementos probatorios exigidos en toda buena justicia, aún en caso de los peores y reincidentes delincuentes. No ha aparecido un título de propiedad, ni prueba de que Lula o sus familiares lo hayan habitado.

El caso es más triste cuando se recuerda que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue destituida en juicio político del Congreso en el 2016, año y medio después de ser reelecta,sin acusación . No la acusaron de corrupción, sino de haber maquillado cifras fiscales, cosa común en el mundo. En ambos casos parece haber predominado el interés de poderosos sectores que querían destruir el mito Lula y sus perspectivas. Fue sustituida por Michel Temer, sobre quien pesan graves indicios de corrupción, pero sigue en el poder.

Más amargo que comprobar los pujos de los grupos dominantes preocupados por la caída del gran crecimiento  de los esplendorosos años del poder de Lula, es saber que éste, como Dilma y gran parte del liderazgo de su partido, son responsables del desastre de corrupción en que devino Brasil, ampliamente documentado en el mensalao, em los contratos multimillonarios de Petrobras y en el entramado de Odebrecht exportado a  una docena de países, incluyendo la República Dominicana, su sede alternativa.

Ningún argumento político ni conmiseración ante los humildes orígenes de Lula y Dilma pueden convencernos de que ellos desconocían los niveles de corrupción que quedaron patentes desde que en noviembre del 2012 recibió una primera condena de 12 años de cárcel José Dirceu, quien fuera jefe del gabinete de Lula y presidente del Partido de los Trabajadores. En este caso abundaron las pruebas de que él dirigía el Mensalao de Petrobras, por lo que luego en el 2016 sus condenas se extendieron a 30 años de cárcel.

Hasta prueba en contrario, Lula ni Dilma se enriquecieron, pero es difícil creer que eran tan distraídos para no enterarse cómo se financiaba a los partidos, líderes políticos y congresistas de todos los colores, porque estúpidos no son. Al menos pecaron de corrupción pasiva, sin olvidar que ambos estuvieron vinculados a operaciones de Odebrecht y premiaron al presidente Danilo Medina con Joao Santana y Mónica Moura los asesores operadores del financiamiento político de la constructora, ampliamente documentado.

Lula vino al país promoviendo las contrataciones de Odebrecht y Dilma apoyó las plantas de Punta Catalina, adjudicadas bajo compromiso de financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil, que no pudo cumplir por los escándalos que la salpicaron.

Un informe de la comisión del congreso peruano que investigó las operaciones de Odebrecht documentó que tres empresas asociadas transfirieron 4.5 millones de dólares en 16 depósitos a la firma Cine&Art 2013, creada en Santo Domingo por los hijos de Joao y Mónica. Hace un año cuatro entidades sociales entregaron a la Procuraduría hasta el número de la cuenta bancaria de los depósitos, sin ninguna reacción.

Yo figuré entre tantos que ponderaron la gestión de Lula, que concluyó con aprobación del 80%, la substancia social que regeneró de la pobreza a unos 30 millones de brasileños. Lo aprecié personalmente cuando compartimos tres días como oradores invitados a un seminario en Berlín en 1997 y en Teleantillas donde lo entrevistamos por casi una hora. Pero no puedo tapar el sol con mis preferencias. Si no se corrompió personalmente, Lula patrocinó la corrupción en la política brasileña y más allá. Y eso merece por lo menos una sanción moral, si no se presentan pruebas contundentes.

Me quedo con la memoria de Nelson Mandela y José Mujica, a quienes el poder no logró obnubilar. ¡Que pena Lula, el limpiabotas, el obrero superado, que pena!

Un absurdo anular la Ley 169-14

A1
Por Juan Bolívar Díaz
Desde el pasado fin de semana circula en ámbitos judiciales, gubernamentales y diplomáticos la versión de que el Tribunal Constitucional (TC) se apresta a declarar inconstitucional la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad dominicana a gran parte de las personas dejadas en la apatridia por su sentencia 168-13 que había ocasionado el más grave escándalo internacional que haya afectado a la nación.Ha trascendido que la mayoría de los miembros del tribunal se inclinan por la anulación y tendrían redactado un proyecto para consideración del pleno, donde se sabe que no alcanzarán unanimidad debido a que sus integrantes Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez consignaron votos disidentes cuando el 22 de septiembre del 2013 se emitió la sentencia de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes indocumentados que habían sido documentados como dominicanos durante décadas.

Una fuente judicial vinculada al TC confirmó la versión, al igual que otra relacionada con organismos internacionales, y una tercera de alto nivel gubernamental no sólo la validó sino que además aseguró que en la casa presidencial habría consternación por la posibilidad de la ocurrencia, porque devolvería al Estado dominicano al torbellino nacional e internacional que comenzó a conjurar con la esa ley.

Para quienes insisten en confundir la desnacionalización de los nacidos en el país con la regularización de los inmigrantes, conviene recordar que la Ley 169-14, promulgada por el presidente Danilo Medina el 23 de mayo del 2014 dice en su artículo primero que “tiene por objeto exclusivo establecer: a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.

El texto legal dispuso que la Junta Central Electoral “procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior” y que luego “los acreditará como nacionales dominicanos”.

Para los del grupo b), los nacidos en el país en similares circunstancias pero que nunca llegaron a ser registrados como ciudadanos, se instituyó que se inscribieran en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y que dos años después tuvieran derecho a optar por la naturalización ordinaria.

Esa ley fue un imperativo de justicia y sentido humanitario para corregir un despojo retroactivo, que afectó a decenas de miles de personas, rechazado a unanimidad por los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Debe ser la ley más consensuada en la historia de la nación, para la cual el presidente Medina consultó y logró el respaldo de los líderes políticos de la oposición, de las iglesias y sectores sociales, y los organismos internacionales, siendo aprobada a unanimidad por las cámaras legislativas.
Su anulación sería un acto de soberbia y grave desafío a un gran acuerdo nacional de imperativo humanitario y diplomático que sacó al Estado dominicano del candelero en que había quedado.

Aunque persisten reclamos a favor de los del grupo b, en gran proporción sumido en la apatridia, con absurdos tan graves que en una misma familia unos hijos quedaron como dominicanos y otros como extranjeros.

El daño que ocasionaría a la nación la anulación de esa ley es incalculable y crearía un grave problema al gobierno del presidente Medina, con distracción de energías en la segunda mitad de su mandato constitucional. El propósito es tan difícil de creer que ya hay quienes lo atribuyen a las querellas que sacuden al propio partido gobernante. En cualquier caso la advertencia pública es válida, porque ya el TC llegó al extremo de desconocer la adscripción de la nación dominicana a las competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque su propia ley orgánica la consigna, y después de hasta haber firmado acuerdos de cooperación con la misma.

El valor de los pactos y palabras

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que tantos incentivan al presidente Danilo Medina, para que prosiga la senda del viejo camino continuista prolongador de miserias institucionales, como si algún mandatario lo necesitara,  y cuando muchos otros dan por irremediable que el poder es una droga que no se cede ni abandona, conviene apelar al valor de los pactos y las palabras empeñadas con cara seria y discursos ante el pueblo dominicano.

Se que estos párrafos apenas lograrán una sonrisa de conmiseración de aquellos que los considerarán sueños de idealistas o necio reclamo de opositores impenitentes, pero prefiero correr ese riesgo y aferrarme al Danilo Medina que traté en los años 2007-12, cuando luchó valientemente contra el viejo camino lacerante  de la institucionalidad democrática que encarnaba entonces su compañero Leonel Fernández, sobre todo después que en el 2008 proclamó “me venció el Estado”. Lo sentí tan humilde que me permití darle consejos estimulantes de la perseverancia y la racionalidad que lo llevó al poder en el 2012.

Creo que ha llegado el momento de apelar al compromiso que contrajo a nivel personal y nacional de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. Si Danilo concluye su obra gubernamental dentro de dos años, como es su compromiso institucional, podría reivindicar el valor de su palabra y terminar con algunos logros importantes, sobre todo su inversión en educación, aunque con serias deficiencias institucionales, pocas soluciones estructurales, en corrupción y profundización del clientelismo.

Pero desconocer los pactos y las palabras que lo atan a este último período gubernamental conllevaría un alto costo de ruptura democrática institucional, comenzando por su propio partido, de una mayor corrupción política, de imposición, con riesgos de desatar fuerzas adormecidas y cosechar un tropiezo como el de Joaquín Balaguer en 1978 o el de Hipólito Mejía en el 2004.

Desconocer su propia Constitución, la del 2015 que él auspició para buscarse un segundo y último período de gobierno, degradará a Medina al nivel de los más ambiciosos de nuestra historia, dejando su palabra profundamente devaluada. Ya el 17 de junio de ese año, en un discurso a la nación, aceptó que estaba cambiando su posición, pero bajo el compromiso de que si era reelecto en el 2016, “no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República”.

Así quedó consignado en la vigésima disposición transitoria de su Constitución: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período  constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”, Reiteró ese compromiso en la campaña electoral y al comienzo del actual período.

Me cuento entre quienes mantienen la esperanza de que Danilo Medina no renegará otra vez de las convicciones que expresó reiteradamente entre el 2007 y el 2015,  y que no pretende desconocer el gran pacto nacional de la Constitución, ni el que suscribió en el Comité Político de su partido. No puede desconocer su propia Constitución ni volver a modificarla con los mismos actores y para exclusivo beneficio personal.

Si alguna duda tenía el ciudadano Danilo Medina debe quedar edificado con el resultado de la acreditada encuesta Gallup-Hoy publicada esta semana, donde dos tercios de la población, el 67 por ciento,  manifiesta oposición a que modifique la Constitución para seguir reeligiéndose. Vale recordarle que la misma encuesta recogió un 61 por ciento favorable a la reforma que se ejecuto hace tres años, como apareció en HOY del 9 de febrero del 2015.

Si es cuestión de honor cumplir la palabra repetidas veces empeñada, hay que recordarle al ciudadano Medina que es mil veces superior la obligación de acatar los supremos mandatos de la Constitución, y en este caso la suya. Si ningún pretexto.

Y que me perdonen los pragmáticos y realistas.-

 

,

Gran desafío para el PRM

A1

 Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene a partir del próximo domingo un gran desafío, interno y nacional, de cuyo éxito puede depender su afianzamiento como alternativa de oposición o su adscripción al descrédito de donde viene la mayoría de su dirección y militancia, y que afecta a todos los partidos que han dominado el escenario nacional en el último medio siglo.

La primera prueba será para el padrón de miembros que ha elaborado desde mediados del año pasado, registrado esta semana ante la Junta Central Electoral con una matrícula de 524 mil 675 ciudadanos, que será puesto a prueba con el voto de todos sus integrantes para elegir sus dirigentes nacionales, municipales, distritales y zonales,  lo que hace muchos años no realiza ninguno de los partidos tradicionales.

Los dirigentes y organizadores de la convención electiva del PRM se han empeñado en corregir los errores naturales en una labor tan compleja, como el empadronamiento dc más de medio millón de ciudadanos, una suma superior a los militantes de partidos de naciones de mucho mayor población. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, que data de 1879, tiene un registro de 190 mil militantes en una población española de 46.5 millones.

El desafío organizativo es mayor  por cuanto implica la elección de 7 mil 680 dirigentes, en tres boletas separadas, algunas de las cuales con excesivo número de  cargos, por ejemplo los 21 vicepresidentes e igual número de subsecretarios generales nacionales, con una cantidad todavía más desproporcionada de candidatos, que según se ha informado supera los 85 mil.

Los organizadores esperan informar la misma noche del domingo 18 sobre la elección de los dirigentes nacionales, lo que ya es otro reto, y seguro que pasarán varios días para lograr computar los votos de todos los demás candidatos. Podrían tener éxito si concluyen en cuestión de una semana, la mitad del tiempo que tomó el partido  gobernante en el 2015 cuando escogió a cerca de 4 mil candidatos a cargos municipales y diputados.

El primer impacto positivo para el PRM sería demostrar que los partidos pueden hacer un padrón de miembros sin mayores errores ni exclusiones y lograr que una alta proporción acuda a votar. Por lo menos el promedio del 50 por ciento que sufragó en los cuatro comicios nacionales congresuales y municipales que se realizaron entre 1998 y 2010, separados de los presidenciales, yn cosecharían un gran éxito si participa el promedio del 70 por ciento que registran las elecciones presidenciales.

Como es tradición en el país, la ciudadanía responde con civismo a las convocatorias democráticas. El mayor desafío radica en que entre los dirigentes, delegados y candidatos primen los valores democráticos, sin ningún género de marrullería, en el escrutinio y proclama de los ganadores, y que quienes no resulten electos  acaten sin mayores ruidos el dictamen democrático.

La convocatoria democrática del domingo puede significar el entierro definitivo de los intentos por imponer el padrón electoral universal a todos los partidos bajo el pretexto de que no tienen capacidad para organizar su propio padrón de miembros, algo que retrata de cuerpo entero las dramáticas adolescencias y miserias del sistema partidista nacional, y deja desnudos a los que pretenden organizar y desarrollar la sociedad dominicana.

Los perremeistas podrían estarse jugando en este desafío su futuro como partido, especialmente sus posibilidades para las elecciones del 2020 cuando tendrán que enfrentar a una maquinaria política curtida en el ejercicio y abuso del poder  en los procesos electorales,  lo que le ha permitido imponer  una estructura de dominación que conspira contra la institucionalidad democrática de la nación.

Hasta por saneamiento emocional y por mantener la esperanza de los dominicanos  en que se puede renovar el partidarismo político, el PRM tiene el gran desafío de salir adelante en su proceso convencional. –

 

El cinismo del ministro Fadul

A1

Por Juan Bolívar Díaz

            Como en este caso no se le puede atribuir ignorancia habría que convenir en que el Ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, ha roto los parámetros del cinismo al anunciar que enviará al Congreso Nacional una propuesta para endurecer las sanciones a las empresas que violen el código laboral en la limitación al 20 por ciento en el empleo de extranjeros.

Hay tres razones fundamentales para estimar como cínica tal propuesta: que todavía no han aplicado las sanciones que él considera benignas, que habría que comenzar por su mismo gobierno y que hace tiempo que se hizo tarde para conseguir que los dominicanos integren siquiera el cincuenta por ciento de la mano de obra en la agropecuaria y la industria de la construcción, dos de los mayores empleadores.

El planteamiento del también miembro del Comité Político del partido gobernante es otra expresión de la hipocresía y la ineficiencia con que se afronta el desorden inmigratorio, responsabilidad de quienes han gestionado el Estado durante el último siglo, y en especial en lo que va de este cuando alcanzó dimensiones irritantes y conflictivas.

Para fundamentar su proyecto, Fadul debió informarle al país cuántos empresarios, grandes, medianos o pequeños, han sido procesados y condenados por violar el límite del 20 por ciento en la contratación de extranjeros, y si alguno ha pagado sanción económica. Si hubo algún caso, se trató de una discriminación, porque hace muchos años que los productores agropecuarios reconocen que dependen en más de un 70 por ciento del trabajo de los haitianos, y los de la Construcción en más de un 60 por ciento. En muchos renglones y casos la proporción es inversa: 80 por ciento extranjeros y 20 dominicanos.

Fadul sabe que el primero y uno de los mayores empleadores de haitianos, sin ningún límite, ha sido y sigue siendo el Estado. No sólo cuando concentraba la mayor parte de la producción de azúcar, sino para todas las obras públicas, fueren tan grandes como el acueducto y el metro capitalino, o los proyectos modelos de viviendas de La Nueva Barquita y Boca de Cachón, este último construido por el gobierno de Danilo Medina  con 90 por ciento de mano de obra haitiana.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Promotores y Constructores de Vivienda, Susi Gatón, ha dicho responsablemente que si se pone en vigencia la amenaza de Fadul se paralizará la industria de la construcción, porque depende de la mano de obra haitiana. Y precisó que no sólo la privada, sino también la pública y la mixta, poniendo de ejemplo la tan manoseada “Ciudad Juan Bosch” en construcción.

En el gobierno del presidente Leonel Fernández fue igual y cuando se publicó que eran haitianos los que ampliaban las edificaciones de la cancillería de la República,  Diandino Peña dijo que si la querían concluir no había alternativa. En otra ocasión declaró con admirable sinceridad que sin el trabajo de los haitianos no habría metro.

Antes que Fadul pierda su tiempo apelando al Congreso, como es el ministro de Trabajo, lo que debe hacer es una prueba aplicando las actuales sanciones benignas, sometiendo a la justicia a todos los violadores del límite del 20  por ciento. Pero sin discriminación, lo que implica a las obras públicas o donde haya incentivos estatales.

Pero él sólo trata de calmar  las tribunas alarmadas por la incontrolada inmigración haitiana. Y sabe que el problema es complejo, porque miles de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, constructores, y operadores de redes de vendedores ambulantes y ciudadanos prefieren, hasta en el trabajo doméstico, una mano de obra excedentaria, sin capacidad para reclamar, generalmente con menores salarios, sin pagársele la seguridad social ni dejarle  acumular prestaciones, sin límites de horarios ni días laborables.

Hace muchos años que ya debimos controlar la inmigración, pero sin hipocresía ni engaños, comenzando por el negociazo del tráfico humano en la frontera y aplicando sin algarabía, sin odio ni abusos, todo el régimen legal que nos hemos dado.-

Ofensivo sofisma de Reinaldo Pared

A1Por Juan Bolívar Díaz

El discurso del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, sirvió para demostrar que lo que le interesa al sector políticamente dominante del poder, en la discutida Ley de Partidos Políticos, es imponer el padrón electoral universal, o abierto,  como único método para elegir los candidatos a cargos electivos de todos los partidos.

No importa que ese método no haya podido ser aprobado durante más de dos años de discusión ni siquiera en el seno del mismo partido de gobierno, y que cuente con el rechazo de casi todos los partidos, y de las instituciones sociales que dan seguimiento a los asuntos políticos e institucionales, por alguna razón hay que mantener el empeño. Se cree que se persigue un mecanismo que permita la compra masiva de votos y el influjo del poder estatal en la elección de las candidaturas del partido oficial y hasta de los opositores.

Pared Pérez, también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana,  abusó del escenario en que formuló su alegato, con amplísima retransmisión,  y pecó de irreflexivo al confrontar hasta el criterio del presidente de su propio partido que se cuenta entre quienes sostienen que sería inconstitucional imponer que los candidatos de todos los partidos tengan que ser electos por ciudadanos que no sean miembros de los mismos. Con ventajismo llevó a la Asamblea Nacional la lucha interna que sacude a su partido.

Peor aún, el declarado aspirante a la candidatura presidencial, ofendió la inteligencia  de todos con el sofisma de que siempre ha existido un único método de elección de candidatos, que es la asamblea de delegados instituida en la ley electoral, cuando en la práctica generalizada esa sólo ha sido la última instancia de aprobación de las candidaturas.

.          Desde 1981 el Partido Revolucionario Dominicano estableció un mecanismo de elección de candidaturas con votación de todos sus comités de base, los cuales  remitían el resultado  a la Convención Nacional establecida por ley. Después se impusieron varios métodos más directos de votación universal de los inscritos en padrones partidarios, o en el universal, cuyos resultados siempre fueron avalados por la asamblea de delegados.

Con el voto de los empadronados en el PLD fue electo candidato presidencial el doctor Leonel Fernández para los comicios de 1996, Danilo Medina para el 2000, y para el los comicios sucesivos, tanto presidenciales como  congresuales y municipales, se generalizó en los partidos mayoritarios la votación de sus miembros, con padrón partidario o universal. Y nunca chocó con la asamblea de delgados, que es la instancia validadora.

Pared Pérez desconoció la sentencia de la Suprema Corte del 2005, que   declaró inconstitucional la Ley 286-04 que instituyó las primarias simultáneas con padrón universal para la escogencia de los candidatos, e ignoró también el artículo 216 de la Constitución  del 2010 que él mismo aprobó, el cual declara que “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre”, y que “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto de la democracia interna”, o lo que es lo  mismo en lo que establezcan sus normas o estatutos democráticamente aprobados.

Llama la atención que el único aspecto del debatido proyecto de ley de partidos reivindicado por el presidente del Senado haya sido el de la imposición del padrón abierto para elegir candidatos, cuando el proyecto pretende cuestiones más fundamentales como  garantizar la democracia interna, la transparencia del financiamiento y rendición de cuentas, la igualdad de género,  los límites del gasto y de las campañas internas, la sanción del financiamiento ilícito y del abuso de los recursos del Estado.

Tampoco se refirió al otro proyecto que viene siendo discutido hace dos años en una comisión bicameral, y más trascendente, que es el del Régimen Electoral, llamado a garantizar elecciones generales equitativas, democráticas y justas. Y ahora plantea una nueva comisión exclusivamente de senadores, para afrontar sólo el proyecto de la Ley de Partidos. La burla no pudo ser más descarada, aunque ya en el 2014 y en el mismo escenario Pared había dicho que no había razón para que no hubiese sido aprobada esa ley.

 

 

Hay que extirpar el continuismo

A1Por Juan Bolívar Díaz

Que un reformista balaguerista de la vieja guardia escriba un artículo proclamando que todo el que llegue a la presidencia de la República debe aferrarse al cargo hasta la muerte a cualquier precio, no puede ocasionar sorpresa, pues él mismo se encargó de recordar que su líder histórico ocupó el cargo durante siete ocasiones y persiguió una octava a los 94 años, ciego y sin poder caminar.

No le importa cómo Balaguer logró ser tantas veces  presidente, desde la primera vez ganada por haber sido uno de los más fieles y dedicados cortesanos de la más férrea tiranía de la historia continental. Tampoco que volviera al poder en hombros de los 42 mil soldados norteamericanos que invadieron el país en 1965 para evitar el imperio de la Constitución. Mucho menos importa que se reeligiera en 1970 y 1974 en un clima de persecución e intolerancia que imposibilitara la competencia democrática. Ni siquiera importa que sus “triunfos electorales”, como los de 1990 y 1994, tuvieran que ser entrecomillados aún por alguno de sus serviles.

Lo que no puede pasar desapercibido es que alguien pagara cientos de miles de pesos para reproducir en páginas de periódicos  un artículo donde se proclama que si a un presidente, como Rafael Correa en Ecuador, después de agotar dos períodos constitucionales se le impide volver a ser postulado,  “simplemente no existe, no vive, no respira, técnicamente es un cadáver”.

El articulista llega al extremo de reivindicar la obsesión por el poder de los sultanes del imperio Otomano, y su “ley del fratricidio” que daba facultad al gobernante para asesinar a hermanos y parientes que pudieran disputarle el trono, citando a Mehmet III que en el siglo XV hizo estrangular preventivamente a 19 hermanos, a 20 hermanas y hasta a las concubinas que pudieran quedar embarazadas.

Y no se queda en el caso de Correa, sino que se extiende a los de mandatarios regionales que han sido objeto de persecución por vinculárseles a la corrupción, citando a Lula da Silva, Cristina Kirchner, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli y hasta Alvaro Uribe.

El mensaje del articulista y quienes pagan su reproducción va dirigido, obviamente, al presidente Danilo Medina, en momentos en que hay grupos empeñados en encontrarle un “bajadero” para que pueda optar otra vez por la presidencia en el 2020, aunque se lo prohíbe su propia Constitución, la que resultó de una estigmatizada reforma que le permitió la reelección en el 2016.

No es cierto que todos los que llegan al poder utilizan los recursos estatales  para prolongarse indefinidamente, al menos en la etapa de la actual civilización política, y en el intento de construcción democrática. Por el contrario, el 90 por ciento de los presidentes electos no han pasado de dos periodos y una gran proporción de uno solo. Y algunos son tan paradigmáticos como Nelson Mandela.

En Estados Unidos, donde la democracia ha alcanzado mayor estabilidad, sólo un presidente llegó a tres períodos, en circunstancias de una guerra mundial.  En Europa grandes estadistas demócratas como Charles de Gaulle, Willy Brandt y Konrad Adenauer, se retiraron a tiempo y en plenitud de facultades y hoy son leyendas democráticas. En España lo hicieron Felipe González y José Aznar. Más cerca de nosotros, Luis Muñoz Marín, Rómulo Bethancourt y Oscar Arias.

Pretendieron permanecer eternamente en el poder, en el país no sólo Balaguer, sino también Trujillo, Horacio, Lilís, Báez, Santana y más recientemente Leonel. En América Latina sobran los eternos amantes del poder, que han frenado el desarrollo democrático y muchas veces sembrado tragedias.

En nuestro país lo que necesitamos es siquiera dos o tres décadas sin reelección, para ver si podemos extirpar el negativo continuismo histórico, fortalecer las instituciones democráticas y afrontar los graves problemas ancestrales que el afán continuista relega sistemáticamente.-

Pero Arias dijo que no, que nadie es indispensable en una democracia; que no puede pensar en los próximos cuatro años para su país, sino por lo menos en los 40 venideros; que “una de las principales obligaciones de un líder político es propiciar nuevos liderazgos”; que “hay que darle espacio a los que vienen”; que hay muchas formas de trabajar por el pueblo; porque “el que sólo sirve para Presidente, ni siquiera para Presidente sirve”.

Preguntas que ameritan respuestas

A1Por Juan Bolívar Díaz

1.- Ahora que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana desistió del propósito de imponer el padrón universal para la elección de los candidatos de todos los partidos, se impone  preguntar si finalmente será aprobada la Ley de Partidos que se viene discutiendo desde hace justamente 20 años.

La decisión implica un revés para el sector peledeísta del presidente Danilo Medina, que trató durante un año de imponer el padrón abierto y ahora falta por verse si los legisladores harán uso de la facultad que se les ha reconocido para votar en conciencia, o si seguirán dándole vueltas a la noria para evadir los asuntos de fondo del proyecto, como los límites al gasto y al tiempo de las campañas, la rendición de cuentas financieras, la cuota de las mujeres en los cargos directivos,  y reales sanciones a la compra de votos y abusos de recursos estatales.

El asunto de la Ley de Partidos ya harta, pero todavía hay que vigilar para que no se apruebe una mojiganga, como ya hizo la Cámara de Diputados en marzo del 2015, que fue un relajo tan grande que se ganó un rechazo universal y tuvieron que dar marcha atrás.

2.- ¿Será verdead que la Procuraduría General de la República no había tenido suficiente tiempo para reclamar al sistema financiero los movimientos de las cuentas de las empresas de Angel Rondón y demás implicados en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht?

Por ahí debió comenzar la investigación a Rondón hace 13 meses cuando la justicia norteamericana lo identificó  como la correa de transmisión  de sobornos de la constructora brasileña por 92 millones de dólares, en lo que constituyó el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia. Eso si hubiese habido interés de saber la verdad y no temor de tropezarse conn ella. Pasarán otros meses, que de seguro se le concederán y la Procuraduría seguirá dando palos de invidentes, sin reclamar a l Odebrecht que cumpla el acuerdo de impunidad que se le otorgó, según el cual tenía que identificar en 60 días los sobornados, con cuentas, montos y obras, sus cómplices y todos los mecanismos de pago y traspaso de dinero.

3- ¿Cuándo será que los “organismos de inteligencia” del Estado pondrá en juego toda su capacidad investigativa para determinar y procesar judicialmente a los responsables del cargamento de 109 mil galones de gasoil que llegaron por el puerto de Manzanillo?

Hace tres semanas que fue incautado el cargamento y sometidos a la justicia los tripulantes de la embarcación que lo trajo, pero no hay que ser un sabueso para preguntar y determinar para quién venía consignada la carga, y quién la iba a recibir, porque se necesitaban varios camiones tanqueros para retirarla, y en ese pequeño puerto no hay tantas operaciones como para que no se sepa quién es quién. ¿O es que cien mil galones de gasoil pueden tirarse en un puerto y ocultarse hasta que el propietario los retire sigilosamente?

Todo parece indicar que se trata de un negocio de buen patrocinio, como el de aquellos jóvenes contrabandistas  de Santiago atrapados por Aduanas con la masa en la mano, o como aquella incautación olvidada de mil kilos de cocaína en un avión privado que saldría del aeropuerto Joaquín Balaguer hace como ocho años. Nunca se pudo saber quién era el propietario de la nave.

4.- Y ¿será verdad que los “organismos de inteligencia” no pueden desmantelar y procesar a la mafia de traficantes que durante los últimos años trae cientos de mujeres haitianas embarazadas para que den a luz en el país  a cuenta del Estado?

La dirección de un hospital capitalino secreteó que muchas de esas parturientas no saben nada de español y que dan la misma dirección de presunta residencia. Pero la pregunta del millón es cómo entran al país tantas parturientas, y si vendrán con visas de 250 dólares.  La convicción general es que hay una trata de embarazadas que deja pingues beneficios, cargando su costo al Estado dominicano.-