¿Ya me lanzo para presidente?

27_09_2018 HOY_JUEVES_270918_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

            A pesar de que he transcurrido gran parte de mi vida bordeando la política sin haberme procurado militancia partidista, todavía es muy frecuente que me pregunten cuándo me voy a lanzar a la búsqueda de la presidencia de la República, por la tendencia a creer que tener alguna relevancia pública es suficiente para enfrentar y vencer a los políticos profesionales en un país donde una considerable proporción de la población vive o espera de ellos.

A esa pregunta suelo responder que no caeré nunca en el gancho a que fueron empujados notables y meritorios ciudadanos que a lo largo de las últimas décadas de procesos electorales crearon un partido para postularse a la presidencia, para no alcanzar siquiera el uno por ciento de la votación, con la excepción del doctor Guillermo Moreno, un extraordinario jurista, excelente ciudadano, de probidad y ética a toda prueba, de magnífico discurso hablado y escrito, a quien le ha costado tres torneos electorales aproximare al 2 por ciento.

Sólo la quiebra del sistema político, que ha ocurrido ya en muchos países, permite la emergencia de candidatos triunfantes sin haber hecho carrera política ni estar cimentados en un partido de real alcance nacional, y aquí eso no ha ocurrido. Está en vías del descalabro, pero todavía esta sociedad es muy conservadora y se aferra a la falsa estabilidad que brinda.

En el caso dominicano aún la alternabilidad política es difícil por el entramado de dominación social que ha impuesto el partido gobernante, utilizando sin el menor escrúpulo el presupuesto nacional para comprar arriba, en el medio y abajo, a todo el que esté en disposición de venderse. Y no se ha salvado el mismo sistema partidista, porque los aliados ya han sobrepasado la docena, más incontables grupos informales. Tampoco se han salvado muchos de los sindicalistas, de los profesionales -incluyendo los periodistas-, de los intelectuales, de los empresarios, y de los religiosos.

En los estratos sociales bajos se han repartido dos millones de tarjetas en programas contra la pobreza que sólo sirven para estabilizarla, pero sus posesionarios son objeto de seguimiento y manipulación electoral, por barrios y colegios electorales. Entre unos y otros, por lo menos la cuarta parte de los electores reciben sueldos y subsidios del Estado. Y muchos lo agradecen como privilegio o como si saliera del bolsillo del político que se lo otorgó.

Todo el sistema electoral está concebido como embudo para mantener la dominación de los que controlan e integran en grado significativo los poderes del Estado, precisándose de una profunda reforma política para cambiarlo, no para ratificarlo como ha ocurrido recientemente con la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Mientras eso no ocurra, la competencia será cuesta arriba para todos los que no dispongan de fortuna, ni del patrocinio de los poderes económicos, y que se rijan por preceptos éticos, hasta en los niveles municipales y congresuales, y ni hablar de la presidencia de la nación.

Pero si por algún lado debe comenzarse es en los gobiernos locales y las candidaturas legislativas, aun luchando contra baulitos y cofrecitos, contra los abusos de los recursos estatales, incluyendo los municipales, y contra el monopolio del financiamiento público. Pero esa tarea es casi imposible en la dispersión en que se encuentra la oposición, dividida en una docena de partidos y numerosos grupos y proyectos. Ni siquiera han podido concertar candidaturas aquellos que tienen posiciones políticas similares. Los presidencialismos y personalismos están por encima de toda racionalidad.

La próxima coyuntura electoral volverá a desafiar la inteligencia y capacidad de toda la oposición, llamada a una gran concertación política y social que todos reconocen como imprescindible para por lo menos empezar a romper el monopolio del poder. Eso sólo será posible bajo un programa fundamental de un gobierno de transición democrática que siente las bases para un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

Esa concertación tiene que comenzar por importantizar los gobiernos locales y los cargos congresuales desde los cuales se puedan garantizar los cambios políticos e institucionales que requiere la restauración democrática. Sólo entonces se justificarán los alegres lanzamientos de múltiples candidaturas presidenciales.-

Un incierto régimen electoral

20_09_2018 HOY_JUEVES_200918_ Opinión10 A

 

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque la Junta Central  Electoral (JCE) hizo público el calendario de actividades encaminadas a la organización de las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales, en febrero y mayo del 2020, un manto de incertidumbre planea sobre el proceso, por las impugnaciones a la Ley de Partidos y las dificultades de lograr consenso para la imprescindible democratización del Régimen Electoral.

En el Congreso se anuncian avances en los aspectos elementales hace tiempo establecidos en la legislación, pero todos saben que las dificultades comenzarán cuando se aborden las previsiones para evitar  los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, para que no se repitan las inequidades e iniquidades que se vieron en los últimos comicios.

Para democratizar las elecciones será imprescindible impedir que los altos funcionarios públicos sean a la vez directores de campañas  que involucran inevitablemente el uso de empleados, vehículos, dietas, combustibles, secretarias y servicios de telecomunicaciones del Estado. También evitar que se designen decenas de miles de activistas partidarios como empleados temporeros, que se duplique la publicidad gubernamental y se conviertan las inauguraciones de obras públicas en actos partidistas durante las campañas. En el 2016 el candidato a la reelección “puso en servicio” la segunda línea del metro, con un enorme séquito político social, lo que vino a ocurrir en realidad dos años y cuatro meses después, dejando al descubierto una grosera manipulación.

Obviamente que la pendiente Ley del Régimen Electoral es más trascendente que la de Partidos y Agrupaciones Políticas para los fines democráticos e institucionales, razones por las que debió ser abordada con anticipación y en una sola negociación.  En cualquier caso hay que desearle mayor ponderación para evitar contradicciones como las aprobadas en la Ley de Partidos, que establece primarias con padrón abierto, es decir participación de toda la ciudadanía en la elección de candidatos, pero al mismo tiempo restringe la propaganda sólo al interior de los partidos, en locales cerrados; y que niega a los residentes en el exterior su facultad de elegir candidatos a representarlos en la Cámara de Diputados, establecidos en la Constitución. Su artículo 2 establece como ámbito de aplicación “todo el territorio nacional”.

Las contradicciones y nebulosidades de ley de partidos son significativas, y son varios los aspectos que están siendo impugnados ante el Tribunal Constitucional, comenzando por las primarias simultáneas con padrón abierto, ya declaradas inconstitucionales cuando se establecieron en una ley del 2004.  El párrafo II del artículo 26 establece los estatutos como “la norma fundamental de los partidos”, y luego el párrafo III del 45 faculta a los comités cúpulas para decidir el tipo de primarias. Ni hablar de la sanción con cárcel a quien difunda información que afecte a un candidato, que no se establece para los fraudes ni el uso de dinero sucio.

Se impugna la imposición de la condición de un tiempo de militancia en un partido para ser postulado a cargos electivos, contradictoria con la posibilidad de que los no miembros elijan los candidatos. También la prohibición a los nuevos partidos de la posibilidad de aliarse a otros en su primera participación electoral, pues se trata de una discriminación en relación a otros que llevan décadas sobreviviendo adheridos a las organizaciones dominantes. Es casi abusivo cuando la ley da plazo a la JCE hasta cuatro meses antes de los comicios para responder las solicitudes de reconocimientos.

Y lo peor es que el proyecto de reglamento de aplicación de la JCE crea una figura no contemplada en la Ley de Partidos, el llamado “Período Previo de Precampaña”, con extensión de un año, el doble del tiempo de precampaña y campaña electoral, abriendo de par en par las puertas a que persista el dispendio y encarecimiento de las campañas electorales contra el que tanto ha clamado la sociedad.

Es deprimente que después de dos décadas de debate persistan tantas incertidumbres en la institucionalidad democrática y electoral.-

Violación de la Ley de Partidos

30_08_2018 HOY_JUEVES_300818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Es realmente impresionante la presteza con que varios dirigentes políticos se han dispuesto a ignorar aspectos fundamentales de la recién aprobada Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, en un aspecto capital y claramente definido como el período en que se puede realizar campaña por las candidaturas y es más relevante porque esa violación es la más explícita y contundentemente sancionada en la normativa.

Los artículos 40, 41, 43 y 44 de la Ley 33-18 ya han sido ignorados por varios de los aspirantes a cargos electivos del Partido de la Liberación Dominicana y por lo menos uno del Partido Revolucionario Moderno se apresta a hacerlo el próximo fin de semana, y si la Junta Central Electoral (JCE) no se apresura a imponer su autoridad, pronto la Ley de Partidos habrá quedado como otro manojo más de sugerencias o buenas intenciones, como tantas otras.

No es cierto que se precise ninguna reglamentación para que se cumplan los artículo 40-41, que definen el “Período de la campaña interna”, precisando que “será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos”. Un defecto de la ley es que ahí no precisa de qué julio se trata, aunque luego en el artículo 46 se establece que la escogencia de los candidatos será, mediante primarias a más tardar el primer domingo de octubre del año preelectoral, y los partidos que escojan otras modalidades, tendrán que elegir a más tardar el último domingo del mismo mes y año.

El artículo 78 establece las penalidades correspondientes a las violaciones de la Ley 33-18, y llama la atención que la única que es taxativa y contundente, y sin que medie una sentencia judicial definitiva, es precisamente la violación del límite de campaña. Su numeral 8 dice que “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”.

Vale tomar en cuenta que el 21 de agosto, ocho días después de promulgada la Ley de Partidos, la JCE emitió su Resolución 03/2018, relativa a los plazos legales para organizar las elecciones primarias de acuerdo con la Ley 33-18, en cuya letra c se ratifica “La Precampaña inicia el primer domingo de julio, 7 de julio del 2019 (artículo 41)”.

Más aún, el 20 de junio del 2018, antes de promulgarse la ley, el Pleno de la JCE otorgó  un plazo de 5 días para que cesaran todas las actividades de promoción de candidaturas, planteando que “trasgreden las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales”.

¿Cómo entender que después de promulgada la ley y las dos resoluciones de la JCE el señor Carlos Amarante Baret haya realizado un encuentro regional en Santiago con miles de partidarios de su precandidatura, y que el expresiente Leonel Fernández realizara otro acto con millares de seguidores el domingo último y que allí proclamara el inicio de su campaña por la candidatura de su partido, y adelantara que recorrerá los 158 municipios porque “es pa/lante que vamos”? ¿Cómo entender que el también expresidente Hipólito Mejía anuncie una actividad para dejar iniciada el próximo domingo la carrera por la candidatura presidencial de su partido y que su vocero anticipe que ahí comenzará un recorrido sin pausa por todo el país?

Varios precandidatos han mantenido vallas en vías públicas, desafiando la disposición del 20 de junio y el plazo de 5 días para retirarlas. Se transmiten los actos por radio y televisión, medios que están vedados hasta en el período mismo de la precampaña, como se establece en los artículos 43 y 44 de la ley.

Es obvio que la JCE tendrá que hacer muy pronto un máximo esfuerzo para que la ley de partidos no sea un simple pedazo de papel más. Lo ocurrido hasta ahora lacera el ánimo de la ciudadanía después de tantos años de reclamo de una ley de partidos, y siembra el mayor pesimismo sobre la vocación de gran parte del sistema partidista por la ley de la selva, o por vivir como el chivo sin ley, por el desorden y la prepotencia que lastran la institucionalidad democrática nacional.-

Preguntas al Presidente Medina

23_08_2018 HOY_JUEVES_230818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

El pasado 1 de julio se cumplieron 50 años de la rueda de prensa ofrecida por el presidente Joaquín Balaguer en ocasión del segundo aniversario de su gobierno, que desde su inicio se había caracterizado por la represión violenta y sangrienta contra los que habían participado en la revolución constitucionalista de 1965. Yo acababa de retornar de México graduado de periodista y representé allí a la cadena Radio Noticias, que ya dirigía.

Cuando me tocó el turno de preguntar, le recordé al presidente Balaguer que él había ganado las elecciones de 1966 en base a dos promesas fundamentales, que devolvería la paz al país y que reduciría el costo de la vida, indicándole que la persistencia de actos terroristas, “en perjuicio de civiles y militares, de diversas ideologías”, y el encarecimiento de los productos básicos, parecían indicar que no las había logrado. Entonces le pregunté si esperaba concretarlas en los dos años que le quedaban.

Aún en los tiempos más difíciles, y de mayor represión de su gobierno, Balaguer acostumbraba ofrecer ruedas de prensa, en los primeros años tras las reuniones del Consejo Nacional de Desarrollo, los miércoles, y luego en sus caminatas en el parque Mirador del Sur y hasta en la tumba de su madre. Pocas veces rehuía las preguntas y casi nunca perdía la paciencia, excepto ante mi cuestionamiento. René Fortunato recogió parte de mi pregunta y de la respuesta en su documental La Violencia del Poder, y alguien subió a youtube ese fragmento, que aún muchos siguen viéndolo y me lo refieren.

El incidente fue más extenso y duro de lo que quedó archivado en la televisora oficial, sintetizado aún más por Fortunato. Tal vez el presidente Balaguer se molestó más conmigo aquella noche, porque era una transmisión en vivo, conmemorativa de su segundo año en el poder, y porque hasta ese momento las preguntas eran bolas suaves para que él las bateara, lanzadas casi todas por periodistas extranjeros invitados de su gobierno. O quizás porque él no conocía a ese muchacho de 23 años, y quiso aplastarlo, pegando gritos y golpeando la mesa. Sin quererlo, me declaró novato del año en el periodismo, pues todavía al día siguiente muchos averiguaban “quién es el carajito que sacó de quicio al presidente”.

Al ver la entrevista que concedió el presidente Danilo Medina a la presentadora y productora de televisión Jatnna Tavarez, a la mitad de su segundo período gubernamental, lamenté que tantos años después fuera menos abierto que Balaguer, y no se sometiera a una libre rueda de prensa, como se acostumbra en las democracias. En esa materia es indiscutible que  él y su antecesor Leonel Fernández retrasaron el reloj democrático.

De haber habido otros entrevistadores, cuando Medina afirmó que ha reducido la pobreza al 25 por ciento y que ya la clase media es mayor, el 30 por ciento, alguno le habría preguntado donde dejaba al 45 por ciento restante. Cuando prometió decir en marzo, o a mediados del año próximo, si buscaría otra reelección, le habrían preguntado si no fue él mismo quien auspició, pactó y proclamó la reforma constitucional del 2015 que le prohíbe por siempre volver a ser candidato presidencial. O si ya olvidó el juramento que hizo el 30 de agosto del 2015, en discurso al país y poniendo a Dios por testigo, de que estaba asumiendo su última candidatura a la presidencia de la República.

Cuando negó el peso de la corrupción se le habría preguntado si no debería pedir perdón a la sociedad dominicana por haber tenido como asesor político, y despachando en el mismo Palacio Nacional, al delincuente confeso Joao Santana y su esposa Mónica Moura, hasta el día que la justicia brasileña los reclamó para recibirlos esposados.

Otra pregunta para Danilo: si su procurador general Jean Alain Rodríguez no le ha informado del expediente que se le entregó demostrativo de que su asesor político recibió entre 2013-14 diez y seis transferencias de empresas de Odebrecht en Lima por 4 millones 396 mil 796 dólares a su empresa Cine&Art 2013, una de las dos que a su vez obtuvieron contratos de asesoría a su gobierno por casi mil 400 millones de pesos.

Muchas otras preguntas de interés nacional podrían formulársele al presidente Medina, pero es obvio que él no está dispuesto a correr ese riesgo y prefiere mantener distancia, aunue tengamos que añorar la valentía del presidente Joaquín Balaguer.-

 

Los jóvenes deben empoderarse

02_08_2018 HOY_JUEVES_020818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La poca participación de la juventud dominicana en las actividades sociales y políticas es un elemento altamente preocupante  para el futuro de un país que como el nuestro precisa de tantas transformaciones y energías constructivas para superar sus atavismos primitivos, ofrecer mayores oportunidades a los sectores sociales mayoritarios de bajos niveles educativos y de vida, y para insertarse en un mundo cada vez más competitivo.

Las investigaciones sociales y las observaciones indican que los jóvenes dominicanos están cada vez más ausentes de las actividades comunitarias, de las asociaciones estudiantiles y sindicales, de las organizaciones no gubernamentales y de las iniciativas políticas, tal vez con la excepción del movimiento verde, donde han participado segmentos juveniles de clases medias, y no tanto de los segmentos populares.

Un estudio del que ha informado esta semana el periódico El Caribe, de la Asociación Internacional para Evaluación del Logro Educativo ha mostrado que el 88 por ciento de los estudiantes dominicanos de 14  años, en una muestra de 3 mil 937 de 141 escuelas, muestran los niveles más bajos entre 24 países evaluados en conocimiento y comprensión sobre las instituciones, la democracia, ciudadanía e institucionalidad.

Resulta alarmante que sólo el 1 por ciento alcanzó el nivel A de la evaluación, el 11 por ciento el nivel B y el 30 el nivel C, y que hasta un 73 por ciento justica la dictadura si traen orden y seguridad, que el 56 por ciento justifica las prácticas clientelares y corruptivas y el 55 por ciento los gobiernos autoritarios.

Las franjas adultas se quejan frecuentemente de la ausencia de los jóvenes en las actividades sociales y políticas, sin buscar explicaciones, que en gran medida no son de su responsabilidad, sino del deterioro en que cayó la educación nacional con décadas de atraso, por el abandono de la educación cívica, la frustrante desintegración familiar y por el bombardeo consumista que han recibido por todos los medios de comunicación, incentivando la evasión y los botes salvavidas individuales.

La tercera parte de nuestros jóvenes no tienen acceso a un empleo y otro tercio apenas logra ingresos de sobrevivencia, la mitad abandona la educación escolar en el nivel secundario y casi una cuarta parte ni estudia ni trabaja, conformando una perspectiva de pobreza y de incremento de la delincuencia y la inseguridad.

Es indiscutible que ese panorama requiere cambios estructurales, políticos y sociales profundos, pero que serán imposibles si los jóvenes mismos no se empoderan y se fajan a unir esfuerzos por lograrlos. Ninguna sociedad se transforma ni alcanza  niveles importantes de bienestar integral sin la decidida participación de la juventud.

Las investigaciones sociales, como Barómetro de las Américas y Latinobarómetro arrojan datos extremadamente preocupantes sobre la escasa confianza de los jóvenes dominicanos en su porvenir, con tasas de hasta 60 por ciento en la franja de entre 18 y 25 años que sueñan con irse del país, y 48 por ciento en la de 26 a 35 años. Muchos de ellos deslumbrados por el mejoramiento de la calidad de vida de gran proporción del más del millón y medio que emigraron en las últimas seis décadas.

Esos sueños terminarán en pesadilla para una alta proporción, porque las fronteras migratorias se están cerrando progresivamente tanto en Estados Unidos como en Europa, donde fue a parar gran parte de nuestra diáspora. Y los nuevos destinos de Sudamérica no tienen mucha capacidad para absorber las demandas. Habrá que convencer a nuestros jóvenes que es aquí donde tendrán que guayar la yuca y que eso no será posible leyendo y enviando mensajitos por las redes sociales, ni mucho menos  en la evasión del colmadón, de las drogas y el alcohol.

La situación es para declararnos en emergencia. Urge que los adultos abran mayores espacios a la participación de los jóvenes  en todos los sectores, y que los exhortemos a empoderarse, a asumir las riendas de este pobre país tan precisado de nuevas energías.-

El predominio de la imposición

26_07_2018 HOY_JUEVES_260718_ Opinión10 A      

Por Juan Bolívar Díaz

La imposición sin reparar en el nivel de violencia que fuere necesario, el arrebato y el despojo quedaron marcados como huella indeleble desde la conquista española de esta isla y más de cinco siglos después, siguen marcando el comportamiento político y social de las élites de la sociedad dominicana, incapaces de aceptar las consecuencias de los resultados del debate de las ideas y de los procedimientos democráticos.

Se trata de toda una cultura según la cual el poder no se cede y hay que mantenerlo sin reparar en el costo, en cualquier nivel organizativo de la sociedad, sobre todo cuando se trata de las máximas instancias de la administración del Estado, por lo que todos los presidentes tan pronto se afianzan en el poder, llegan a la conclusión de que lo imperativo es quedarse ejerciéndolo hasta que la muerte los separe. En consecuencia, no hay juego democrático ni respeto a los textos que lo proclaman, no importa que sean reglamentos, leyes o Constitución.

Esa cultura de la imposición es la que ha impedido por dos décadas la aprobación de una ley que paute el comportamiento democrático en las agrupaciones políticas, aún a su interior, es decir entre sus propios miembros, lo que parece haber llegado al paroxismo en los últimos tiempos, pues gran parte de nuestro máximo liderazgo confiesa sin ruborizarse que no son capaces ni siquiera de establecer el listado o empadronamiento de sus miembros ni mucho menos de regirse por procedimientos democráticos. Y no les da pena ni vergüenza pretender administrar el Estado y regir toda la sociedad, lo que se debe asumir muchas veces más complejo.

De ahí los esfuerzos inauditos por una ley que decline a la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de organizar la elección de las candidaturas nacionales, sin la menor racionalidad para entender que se trataría de un proceso casi imposible de materializar en una sola jornada, pues implicaría a decenas de miles de personas. No pueden explicar porqué razón la JCE no ha podido computar sin traumas los votos preferenciales a unos 1,500 candidatos a las 190 curules de diputados. Y muchos que se han opuesto al voto preferencial por los regidores, porque lo consideran inmanejable con un solo candidato por partido, pretenden que se le cuente a tres o cuatro precandidatos por partido, y hasta con métodos diversos, padrón abierto o cerrado, semi-abierto o mediante asamblea de delegados, al mismo tiempo, en los mismos colegios y con los mismos ciudadanos.

No termina el debate sobre padrón para las elecciones primarias, porque el grupo que hegemoniza el poder ha querido imponer a todos el abierto, sin tener consenso ni siquiera en su propio partido, al borde de la división. Después del fracaso de innumerables maniobras, e intento de cooptación, han propuesto que la ley establezca tanto el padrón abierto como el cerrado, para sobreponerla a los estatutos que en todos los partidos, establecen que son sus militantes o miembros quienes escogen sus candidatos, como sus dirigentes, con el voto democrático de todos, o a través de asambleas constituidas por delegados.

Es el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos estatutos establecen en su artículo 43 que todos sus candidatos se escogen “mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto”, y bajo responsabilidad de una comisión de sus miembros. A la última propuesta del grupo que controla el Estado, el mayor partido opositor respondió formulando que cada partido escoja libremente el método y padrón de elección que prefiera.

Pero la ley sigue empantanada, porque la parte dominante del PLD quiere ahora que se agregue que la decisión sea de los organismos, bajo su control, y la contestataria que “según los estatutos”, cuando en limpia lógica y respeto institucional, debería ser el mismo resultado. Esto así porque en ninguna institución social o política, se puede asumir honradamente que un órgano o un dirigente actúe contrario a lo claramente establecido en sus estatutos. Parece demasiado esperar en una nación cuya Constitución sigue siendo un simple pedazo de papel a 174 años de su proclamación. Los contestatarios de ocasión temen que si no se precisa que es “de acuerdo a los estatutos”, estos se puedan vulnerar. Se acaba, una vez más la legislatura y los detentadores del poder siguen maquinando para ver si logran imponer el padrón abierto que les permita mayores posibilidades de eternizarse, aún al costo de aplastar a sus antiguos compañeros.-

Este Estado es una mojiganga

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Por Juan Bolívar Díaz

            El intento de reducir a 430 millones de pesos los más de mil 300 millones que el gobierno del presidente Danilo Medina otorgó en contratos a los asesores políticos y brazos ejecutivos de Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en diversos países, no puede reducir la gravedad de la denuncia, fundamentada en documentos oficiales entregados por la Contraloría General de la República a requerimiento de 4 diputados del Partido Revolucionario Moderno.

La revelación de la diputada Faride Raful y los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, constituye otra escandalosa muestra de la mojiganga en que ha sido convertido el Estado dominicano por una corporación que se apropia impunemente del patrimonio público y se niega a la menor rendición de cuentas. De ahí el desplante con que fue recibida la propuesta de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar los alcances de esas contrataciones, fundada en los artículos 93 y 246 de la Constitución de la República, el último de los cuales dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”.

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el Secretario Administrativo de la Presidencia y el titular de la Dirección de Comunicaciones sostienen que los pagos a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura sólo ascendieron a 430.5 millones de pesos, en vez de los casi mil cuatrocientos millones denunciados por los diputados. Y niegan que se les siguiera pagando después que ambos delincuentes internacionales tuvieran que abandonar la campaña reeleccionista del presidente Medina para caer presos y ser procesados en Brasil por corrupción pasiva y lavado de activos.

La extensa carta de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, cargada de consideraciones políticas,  queda corta en el abordaje de los documentos hechos públicos por los diputados. No se refieren a once contratos entregados por la Contraloría, que ellos suscribieron con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013, de los esposos Santana-Moura, para “asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas”, que fue precisamente lo que estos hicieron para las campañas electorales del presidente Medina en el 2012 y 2016, hasta su apresamiento el 22 de febrero de ese año, a tres meses de las elecciones.

Las copias de los registros de esas contrataciones, entregadas a requerimiento de los cuatro diputados, tienen el logo, los sellos y las firmas del Contralor Rafael A. Germosén Andújar, además de las de Elvida Margarita Hidalgo, directora de Certificación de Contratos, o alternativamente de Juana Vélez, Consultora Jurídica del organismo. La Secretaría Administrativa aparece como responsable de 8 de los contratos, 4 por un millón 200 mil dólares cada uno, el último de los cuales tiene vigencia del 3 de diciembre del 2015, al 3 de diciembre del 2016, rebasando el período electoral. Entre los otros 4 hay 2 por 480 millones de pesos cada uno, que ellos solos suman 960 millones, más del doble de lo que admiten haber pagado los funcionarios, y los dos restantes suman 58 millones de pesos. Sólo la Secretaría habría firmado contratos por mil 255 millones de pesos, casi el triple de lo admitido como pagado.

Por su parte la DICOM aparece como responsable de 3 contratos que totalizan 91.6 millones de pesos, lo que genera un gran total de mil 346 millones de pesos contratados, según los registros de la Contraloría. Es bien extraño que la carta ignore los contratos y desperdicie la oportunidad de ganar credibilidad, por ejemplo documentando si fueron modificados o rescindidos, o si el registro es falso, o si se trata de una falsificación, que sería delito penal.

Aunque sólo pagaran fueran 430 millones de pesos, se trata de contrataciones grado a grado, que ignoran las regulaciones de la Ley de Compras y Contrataciones, sin concursos licitaciones o sorteos, a extranjeros, en una materia donde hay mucha competitividad nacional. Y que por “coincidencia” los beneficiarios fueran los asesores de las campañas electorales del presidente de la nación. Y que el primer contrato arrancara el día mismo de su juramentación. Y que el último alcanzara hasta 7 meses después de su segunda elección. Por demás queda aclarar si hubo pagos adicionales por otros organismos estatales, como por ejemplo el de 16 millones 800 mil pesos a Cine&Art 2013, que aparece en una relación de pagos del Ministerio de Educación en noviembre del 2014.

En cualquier democracia de mediana intensidad, el Congreso tendría que investigar y rendir cuenta, pero no en esta mojiganga de Estado como la que sufrimos.-

 

Los partidos: renovarse o morir

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Por Juan Bolívar Díaz

He sostenido por convicción un rechazo sistemático al discurso de descalificación  absoluta de los partidos, generalmente enarbolado por ciudadanos profundamente decepcionados y hasta indignados por la degeneración que ha sufrido el sistema político nacional, y por los altos niveles de corrupción e impunidad que nos colocan entre los peores del universo, como han certificado persistentemente el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y las evaluaciones de Transparencia Internacional.

Sobran las razones para rechazar a los que han dominado el escenario político nacional durante las últimas décadas, sin haber logrado fortalecer la institucionalidad democrática, ni resolver siquiera problemas que como el energético y del agua potable fueron reivindicaciones universales hasta mediados del siglo pasado. Todavía destinamos a salud pública menos de la mitad del promedio latinoamericano, y apenas hemos comenzado a invertir en educación gracias a que durante dos décadas la ciudadanía se empoderó y lo exigió hasta vencer.

Pero el discurso anti-partido no es correcto por varias razones, preponderantemente porque no todas las organizaciones políticas tienen igual responsabilidad en la descomposición institucional y la corrupción, pero también porque la degeneración no es patrimonio exclusivo del partidarismo, y se extiende por casi todo el cuerpo social dominicano. Cuando la sociedad se sacuda y grite basta ya, esos partidos tendrán que renovarse o morir, más probablemente lo segundo, que es lo que viene ocurriendo por todo el continente. Pero en última instancia tendrán que emerger otros, porque no hay democracia sin partidos políticos.

La renuencia en aprobar una Ley de Partidos que fortalezca esas instituciones es la mejor demostración de la miserable postración en que se encuentra el liderazgo político nacional. Ya es demasiado tiempo, son más de dos décadas de reclamos y 16 años dando tumbos en el Congreso, una responsabilidad que corresponde en mayor grado a quienes durante ese período han controlado la gestión legislativa, especialmente en los últimos 12 años cuando el control ha sido absoluto por los actuales gobernantes.

La realidad es que la mayoría de nuestros partidos se declaran incapacitados para gestionar su democracia interna, para elegir sus dirigentes y algunos llevan más de una década sin poder hacerlo. Tampoco pueden rendir cuentas del subsidio que se le otorga de los insuficientes ingresos nacionales. Y en el debate de la Ley de Partidos han proclamado sin ruborizarse que están incapacitados para elegir sus candidatos a los puestos electivos. Apelan a que sea la Junta Central Electoral que les organice los procesos electivos, que les monte la logística y el cómputo y financie todo con el dinero de los contribuyentes.

Se ha escuchado a dirigentes políticos proclamar impúdicamente que sus partidos no están capacitados ni para celebrar sus asambleas, y que deberían también quedar bajo control de la Junta Central Electoral, porque sus dirigentes no pueden garantizar equidad, transparencia ni honestidad en el proceso y la computación de resultados.

Ese sí que es un discurso anti-partido. Porque si el sistema partidista no puede regirse así mismo, será imposible que pueda gestionar las mayores complejidades del Estado y de la sociedad en su conjunto. Si se confiesa que son incapaces de actuar con honestidad en las competencias internas, entre compañeros de partidos, está implícito que serán despiadados, abusivos y corruptos frente a los más diversos sectores de la sociedad. Ellos mismos están gritando que hay que sustituirlos.

Durante los últimos años hemos asistido al empeño de imponer a la JCE el cómputo de los votos a decenas de miles de precandidatos en una sola jornada, bajo el argumento de que los partidos no pueden garantizarlo a 8 o 12 mil aspirantes. Como si el organismo electoral no tendría que apelar a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas para que hagan la gestión de los colegios. En otras palabras, que la ciudadanía puede sustituir los partidos.

Lo peor de todo es que están tan obsesionados, tratando de preservar inequidades e iniquidades, que no caen en cuenta que se están descalificando ellos mismos. Ojalá que pronto la ciudadanía lo haga entender.-

La frontera se nos cae a pedazos

A2Por Juan Bolívar Diaz

            Cada vez que he podido caminar por las provincias fronterizas tengo la misma sensación de descubrir un mundo realmente macondiano, donde no alcanzan los adjetivos para describir el inmenso drama de pobreza y abandono, de donde huyen todos los que pueden, relevantemente la población más joven que escucha decir que este ya es un país de clase media, lo que por cierto se traduce en reducción de los programas asistenciales internacionales.

Llego siempre a la misma conclusión: que los políticos, comentaristas y  periodistas viven muy alejados de la realidad nacional, y lo vacío que es el discurso antihaitiano, y los ímpetus ultranacionalistas que buscan tras la frontera explicaciones pueriles a nuestras carencias, irresponsabilidades y hasta miserias y que pretenden que la contención de la inmigración es asunto de arengas radiofónicas y televisivas.

La República se nos está derrumbando en la zona fronteriza, más parecida a Haití que a las prosperas regiones del Cibao y, desde luego, muy distante del Nueva York chiquito del polígono central de Santo Domingo. Quien quiera comprobar la enorme disparidad tiene que darse un viaje por el tramo fronterizo que integran Pedernales, Independencia, Bahoruco y Elias Piña, donde muchos pueblos y parajes parecen arrancados de la madre patria Africa.

Entre el 30 de abril y el 7 de mayo la exquisita periodista Leonora Ramírez publicó una serie de reportajes sobre las provincias fronterizas, que seguramente pasó desapercibida para gran proporción de los lectores de este diario HOY, y otros no lograron hacerse una clara representación de sus alcances.

Las cifras oficiales establecen que en la provincia Elías Piña el 83% de la población vive en la pobreza, la mitad en pobreza extrema, con 63 % desocupados, y que tiene municipios como Guananico y Juan Santiago, donde 9 de cada 10 habitantes viven bajo el agobio de la pobreza. En Bahoruco y Pedernales los niveles de pobreza con del 75%, y del 73% en Independencia, con poblaciones como Boca de Cachón con 80% de pobres, o Cabeza del Toro donde el 62% vive en extrema pobreza.

Escapa un poco a esos niveles de miseria la provincia de Dajabón, dónde “sólo la mitad de la población es pobre”, por tener el mayor mercado fronterizo, ese que algunos desaprensivos gritan que deben cerrar cada vez que se presenta algún incidente con los vecinos. A lo largo de la franja fronteriza el intercambio binacional es fundamental, tanto que en Pedernales hubo que apresurare a levantar el cierre del mercado binacional hace par de meses tras graves incidentes.

Pero las cifras no son suficientes. El que quiera conocer la honda y golpeante realidad tiene que caminar por esos poblados fronterizos, más allá de las cinco o seis grandes poblaciones, para ver cómo se le caen las alas del alma. Los colmaditos con algunos productos imprescindibles, sin energía eléctrica la mayor parte del tiempo, sin que les llegue agua potable, y las escuelitas casi deshabitadas.

Viendo ese submundo se puede explicar que los jóvenes lo abandonen y lo dejen dependiendo de la mano de obra haitiana para cualquier pequeño o mediano emplazamiento agrícola, casi de subsistencia todos. En Oviedo hace 8 años levantaron un liceo secundario que no ha podido ser utilizado porque sus vicios de construcción no garantizan seguridad. Nadie ha salido responsable ni parece que haya prisa en sustituirlo. Total, que la mayoría de sus potenciales alumnos ya levantaron vuelo hacia la civilización.

En Boca de Cachón el actual gobierno desarrolló un proyecto habitacional modelo para albergar a 600 familias damnificadas de la crecida del Lago Enriquillo, pero no les han entregado  las tierras y animales para producir, lejos de las otras poblaciones, sobreviven en sus estanques de miseria, con viviendas de bloques y edificaciones comunitarias, pasando hambre, sin energía ni agua potable, a la buena de Dios y por obra y gracia del Espíritu Santo.

A la frontera alguna vez el verdadero nacionalismo, la racionalidad y la sensibilidad tendrán que echarle una mirada, cuando dejemos de pasarnos la vida discutiendo miserias políticas y exhibiendo impúdicamente las carencias institucionales. Ojalá que sea pronto que dejemos de hablar tantas pendejadas y nos ocupemos de los problemas fundamentales.-

¡Ay Nicaragua, Nicaraguita!

A1     Por Juan Bolívar Díaz

“Ay, Nicaragua, Nicaraguita/ Mi cogollito de pijibay/Mi pasión se enterró/en el surco de tu querencia/como un granito de maíz”.
Los versos del cantor Carlos Mejía Godoy, el más grande de los folcloristas vivos de América Latina,  vuelven a la memoria de cuantos apoyamos hace cuatro décadas la lucha del pueblo nicaragüense para liberarse de una de nuestras más largas dictaduras. Fue una solidaridad universal que a coro cantó “Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de verguenza y de valor, de un pueblo que es poeta y que sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre rabia y sudor”.

Van a contarse casi cuatro décadas desde que el Ejército Popular Sandinista derribó la dictadura, con unánime aplauso de los seres humanos libres, con la ilusión de que los nicaragüenses habían enterrado el oprobio  político y procedían a levantar una nueva sociedad. Es cierto que la guerra fría y las intolerancias imperialistas los envolvieron en un remolino de odio que prolongó la guerra y generó radicalismos y fundamentalismos.

Restaurada la paz, todo se podía esperar menos que la cúpula del sandinismo traicionara tan arteramente los sueños de héroes y mártires, corrompiéndose hasta el alma, aliándose con sus contradictores de la más corrupta  derecha política, arrodillándose ante el cardenal Obando, formando una alianza corporativa con un empresariado sin mínima vocación democrática, a cambio de reeditar la historia para atornillarse en el poder.

Con el dinero de Petrocaribe repartido por el chavismo y madurismo venezolano a cambio de apoyo internacional, el presidente Daniel Ortega compró todo lo que encontró en venta, doblegó las instituciones y adormeció la conciencia de amplios segmentos de pobres, salpicados con migajas denigrantes. La noche de la dominación volvió a aplastar las energías del pueblo nicaragüense.

El hombre que encarnó el gobierno revolucionario a partir del 1979, comenzó a degenerar en el poder hasta ser expulsado del mismo en 1990, cuando la cúpula sandinista protagonizó una piñata, quedándose con buena parte de las propiedades que habían expropiado a los Somoza. Volvió al poder en el 2006 para reelegirse en el 2011 y en el 2016, en comicios similares a los de la dictadura somocista.

Pero la paciencia de los nicaraguenses parece haberse agotado nuevamente después que la dictadura afrontó a sangre y fuego las primeras protestas populares, con un saldo de más de 170 muertos y centenares de heridos. El volcán popular se ha apoderado nuevamente de las calles y carreteras, erigiendo barricadas en Managua, Masaya y Estelí, y en las legendarias barriadas de Monimbó y Niquinhomo, con grandes pérdidas económicas.

Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional  no dejan dudas sobre la represión criminal desatada contra las protestas pacíficas. Condena las muertes y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua y urgen al Estado al cese de la represión, a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, a desmantelar dichos grupos y buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta el país.

Todo parece haber estallado en Nicaragua desde el 18 de abril, con tanta resolución que son pocos los que se conforman con una mediación restauradora del orden, y exigen la salida del poder del dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El legendario sacerdote Ernesto Cardenal, a sus 93 años lo ha expresado dramáticamente, rescatando un verso de su militancia antisandinista: “levántense todos, hasta los muertos”.

Hay que ponerle atención de nuevo a Nicaragua y esperar que los viejos militantes de la libertad se levanten del silencio y se reagrupen con los que han mantenido la resistencia, en el Movimiento de Renovación Sandinista, evocando a Carlos Fonseca, aquel “tayacán vencedor de la muerte”, de quien Mejía Godoy cantó que “viene derribando los muros de la noche, nítido, inmenso, tus ojos azules generosos apuntando firmes hacia el futuro, con tu carabina disparando auroras”.-