Los jóvenes deben empoderarse

02_08_2018 HOY_JUEVES_020818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La poca participación de la juventud dominicana en las actividades sociales y políticas es un elemento altamente preocupante  para el futuro de un país que como el nuestro precisa de tantas transformaciones y energías constructivas para superar sus atavismos primitivos, ofrecer mayores oportunidades a los sectores sociales mayoritarios de bajos niveles educativos y de vida, y para insertarse en un mundo cada vez más competitivo.

Las investigaciones sociales y las observaciones indican que los jóvenes dominicanos están cada vez más ausentes de las actividades comunitarias, de las asociaciones estudiantiles y sindicales, de las organizaciones no gubernamentales y de las iniciativas políticas, tal vez con la excepción del movimiento verde, donde han participado segmentos juveniles de clases medias, y no tanto de los segmentos populares.

Un estudio del que ha informado esta semana el periódico El Caribe, de la Asociación Internacional para Evaluación del Logro Educativo ha mostrado que el 88 por ciento de los estudiantes dominicanos de 14  años, en una muestra de 3 mil 937 de 141 escuelas, muestran los niveles más bajos entre 24 países evaluados en conocimiento y comprensión sobre las instituciones, la democracia, ciudadanía e institucionalidad.

Resulta alarmante que sólo el 1 por ciento alcanzó el nivel A de la evaluación, el 11 por ciento el nivel B y el 30 el nivel C, y que hasta un 73 por ciento justica la dictadura si traen orden y seguridad, que el 56 por ciento justifica las prácticas clientelares y corruptivas y el 55 por ciento los gobiernos autoritarios.

Las franjas adultas se quejan frecuentemente de la ausencia de los jóvenes en las actividades sociales y políticas, sin buscar explicaciones, que en gran medida no son de su responsabilidad, sino del deterioro en que cayó la educación nacional con décadas de atraso, por el abandono de la educación cívica, la frustrante desintegración familiar y por el bombardeo consumista que han recibido por todos los medios de comunicación, incentivando la evasión y los botes salvavidas individuales.

La tercera parte de nuestros jóvenes no tienen acceso a un empleo y otro tercio apenas logra ingresos de sobrevivencia, la mitad abandona la educación escolar en el nivel secundario y casi una cuarta parte ni estudia ni trabaja, conformando una perspectiva de pobreza y de incremento de la delincuencia y la inseguridad.

Es indiscutible que ese panorama requiere cambios estructurales, políticos y sociales profundos, pero que serán imposibles si los jóvenes mismos no se empoderan y se fajan a unir esfuerzos por lograrlos. Ninguna sociedad se transforma ni alcanza  niveles importantes de bienestar integral sin la decidida participación de la juventud.

Las investigaciones sociales, como Barómetro de las Américas y Latinobarómetro arrojan datos extremadamente preocupantes sobre la escasa confianza de los jóvenes dominicanos en su porvenir, con tasas de hasta 60 por ciento en la franja de entre 18 y 25 años que sueñan con irse del país, y 48 por ciento en la de 26 a 35 años. Muchos de ellos deslumbrados por el mejoramiento de la calidad de vida de gran proporción del más del millón y medio que emigraron en las últimas seis décadas.

Esos sueños terminarán en pesadilla para una alta proporción, porque las fronteras migratorias se están cerrando progresivamente tanto en Estados Unidos como en Europa, donde fue a parar gran parte de nuestra diáspora. Y los nuevos destinos de Sudamérica no tienen mucha capacidad para absorber las demandas. Habrá que convencer a nuestros jóvenes que es aquí donde tendrán que guayar la yuca y que eso no será posible leyendo y enviando mensajitos por las redes sociales, ni mucho menos  en la evasión del colmadón, de las drogas y el alcohol.

La situación es para declararnos en emergencia. Urge que los adultos abran mayores espacios a la participación de los jóvenes  en todos los sectores, y que los exhortemos a empoderarse, a asumir las riendas de este pobre país tan precisado de nuevas energías.-

El predominio de la imposición

26_07_2018 HOY_JUEVES_260718_ Opinión10 A      

Por Juan Bolívar Díaz

La imposición sin reparar en el nivel de violencia que fuere necesario, el arrebato y el despojo quedaron marcados como huella indeleble desde la conquista española de esta isla y más de cinco siglos después, siguen marcando el comportamiento político y social de las élites de la sociedad dominicana, incapaces de aceptar las consecuencias de los resultados del debate de las ideas y de los procedimientos democráticos.

Se trata de toda una cultura según la cual el poder no se cede y hay que mantenerlo sin reparar en el costo, en cualquier nivel organizativo de la sociedad, sobre todo cuando se trata de las máximas instancias de la administración del Estado, por lo que todos los presidentes tan pronto se afianzan en el poder, llegan a la conclusión de que lo imperativo es quedarse ejerciéndolo hasta que la muerte los separe. En consecuencia, no hay juego democrático ni respeto a los textos que lo proclaman, no importa que sean reglamentos, leyes o Constitución.

Esa cultura de la imposición es la que ha impedido por dos décadas la aprobación de una ley que paute el comportamiento democrático en las agrupaciones políticas, aún a su interior, es decir entre sus propios miembros, lo que parece haber llegado al paroxismo en los últimos tiempos, pues gran parte de nuestro máximo liderazgo confiesa sin ruborizarse que no son capaces ni siquiera de establecer el listado o empadronamiento de sus miembros ni mucho menos de regirse por procedimientos democráticos. Y no les da pena ni vergüenza pretender administrar el Estado y regir toda la sociedad, lo que se debe asumir muchas veces más complejo.

De ahí los esfuerzos inauditos por una ley que decline a la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de organizar la elección de las candidaturas nacionales, sin la menor racionalidad para entender que se trataría de un proceso casi imposible de materializar en una sola jornada, pues implicaría a decenas de miles de personas. No pueden explicar porqué razón la JCE no ha podido computar sin traumas los votos preferenciales a unos 1,500 candidatos a las 190 curules de diputados. Y muchos que se han opuesto al voto preferencial por los regidores, porque lo consideran inmanejable con un solo candidato por partido, pretenden que se le cuente a tres o cuatro precandidatos por partido, y hasta con métodos diversos, padrón abierto o cerrado, semi-abierto o mediante asamblea de delegados, al mismo tiempo, en los mismos colegios y con los mismos ciudadanos.

No termina el debate sobre padrón para las elecciones primarias, porque el grupo que hegemoniza el poder ha querido imponer a todos el abierto, sin tener consenso ni siquiera en su propio partido, al borde de la división. Después del fracaso de innumerables maniobras, e intento de cooptación, han propuesto que la ley establezca tanto el padrón abierto como el cerrado, para sobreponerla a los estatutos que en todos los partidos, establecen que son sus militantes o miembros quienes escogen sus candidatos, como sus dirigentes, con el voto democrático de todos, o a través de asambleas constituidas por delegados.

Es el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos estatutos establecen en su artículo 43 que todos sus candidatos se escogen “mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto”, y bajo responsabilidad de una comisión de sus miembros. A la última propuesta del grupo que controla el Estado, el mayor partido opositor respondió formulando que cada partido escoja libremente el método y padrón de elección que prefiera.

Pero la ley sigue empantanada, porque la parte dominante del PLD quiere ahora que se agregue que la decisión sea de los organismos, bajo su control, y la contestataria que “según los estatutos”, cuando en limpia lógica y respeto institucional, debería ser el mismo resultado. Esto así porque en ninguna institución social o política, se puede asumir honradamente que un órgano o un dirigente actúe contrario a lo claramente establecido en sus estatutos. Parece demasiado esperar en una nación cuya Constitución sigue siendo un simple pedazo de papel a 174 años de su proclamación. Los contestatarios de ocasión temen que si no se precisa que es “de acuerdo a los estatutos”, estos se puedan vulnerar. Se acaba, una vez más la legislatura y los detentadores del poder siguen maquinando para ver si logran imponer el padrón abierto que les permita mayores posibilidades de eternizarse, aún al costo de aplastar a sus antiguos compañeros.-

Este Estado es una mojiganga

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Por Juan Bolívar Díaz

            El intento de reducir a 430 millones de pesos los más de mil 300 millones que el gobierno del presidente Danilo Medina otorgó en contratos a los asesores políticos y brazos ejecutivos de Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en diversos países, no puede reducir la gravedad de la denuncia, fundamentada en documentos oficiales entregados por la Contraloría General de la República a requerimiento de 4 diputados del Partido Revolucionario Moderno.

La revelación de la diputada Faride Raful y los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, constituye otra escandalosa muestra de la mojiganga en que ha sido convertido el Estado dominicano por una corporación que se apropia impunemente del patrimonio público y se niega a la menor rendición de cuentas. De ahí el desplante con que fue recibida la propuesta de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar los alcances de esas contrataciones, fundada en los artículos 93 y 246 de la Constitución de la República, el último de los cuales dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”.

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el Secretario Administrativo de la Presidencia y el titular de la Dirección de Comunicaciones sostienen que los pagos a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura sólo ascendieron a 430.5 millones de pesos, en vez de los casi mil cuatrocientos millones denunciados por los diputados. Y niegan que se les siguiera pagando después que ambos delincuentes internacionales tuvieran que abandonar la campaña reeleccionista del presidente Medina para caer presos y ser procesados en Brasil por corrupción pasiva y lavado de activos.

La extensa carta de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, cargada de consideraciones políticas,  queda corta en el abordaje de los documentos hechos públicos por los diputados. No se refieren a once contratos entregados por la Contraloría, que ellos suscribieron con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013, de los esposos Santana-Moura, para “asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas”, que fue precisamente lo que estos hicieron para las campañas electorales del presidente Medina en el 2012 y 2016, hasta su apresamiento el 22 de febrero de ese año, a tres meses de las elecciones.

Las copias de los registros de esas contrataciones, entregadas a requerimiento de los cuatro diputados, tienen el logo, los sellos y las firmas del Contralor Rafael A. Germosén Andújar, además de las de Elvida Margarita Hidalgo, directora de Certificación de Contratos, o alternativamente de Juana Vélez, Consultora Jurídica del organismo. La Secretaría Administrativa aparece como responsable de 8 de los contratos, 4 por un millón 200 mil dólares cada uno, el último de los cuales tiene vigencia del 3 de diciembre del 2015, al 3 de diciembre del 2016, rebasando el período electoral. Entre los otros 4 hay 2 por 480 millones de pesos cada uno, que ellos solos suman 960 millones, más del doble de lo que admiten haber pagado los funcionarios, y los dos restantes suman 58 millones de pesos. Sólo la Secretaría habría firmado contratos por mil 255 millones de pesos, casi el triple de lo admitido como pagado.

Por su parte la DICOM aparece como responsable de 3 contratos que totalizan 91.6 millones de pesos, lo que genera un gran total de mil 346 millones de pesos contratados, según los registros de la Contraloría. Es bien extraño que la carta ignore los contratos y desperdicie la oportunidad de ganar credibilidad, por ejemplo documentando si fueron modificados o rescindidos, o si el registro es falso, o si se trata de una falsificación, que sería delito penal.

Aunque sólo pagaran fueran 430 millones de pesos, se trata de contrataciones grado a grado, que ignoran las regulaciones de la Ley de Compras y Contrataciones, sin concursos licitaciones o sorteos, a extranjeros, en una materia donde hay mucha competitividad nacional. Y que por “coincidencia” los beneficiarios fueran los asesores de las campañas electorales del presidente de la nación. Y que el primer contrato arrancara el día mismo de su juramentación. Y que el último alcanzara hasta 7 meses después de su segunda elección. Por demás queda aclarar si hubo pagos adicionales por otros organismos estatales, como por ejemplo el de 16 millones 800 mil pesos a Cine&Art 2013, que aparece en una relación de pagos del Ministerio de Educación en noviembre del 2014.

En cualquier democracia de mediana intensidad, el Congreso tendría que investigar y rendir cuenta, pero no en esta mojiganga de Estado como la que sufrimos.-

 

Los partidos: renovarse o morir

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Por Juan Bolívar Díaz

He sostenido por convicción un rechazo sistemático al discurso de descalificación  absoluta de los partidos, generalmente enarbolado por ciudadanos profundamente decepcionados y hasta indignados por la degeneración que ha sufrido el sistema político nacional, y por los altos niveles de corrupción e impunidad que nos colocan entre los peores del universo, como han certificado persistentemente el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y las evaluaciones de Transparencia Internacional.

Sobran las razones para rechazar a los que han dominado el escenario político nacional durante las últimas décadas, sin haber logrado fortalecer la institucionalidad democrática, ni resolver siquiera problemas que como el energético y del agua potable fueron reivindicaciones universales hasta mediados del siglo pasado. Todavía destinamos a salud pública menos de la mitad del promedio latinoamericano, y apenas hemos comenzado a invertir en educación gracias a que durante dos décadas la ciudadanía se empoderó y lo exigió hasta vencer.

Pero el discurso anti-partido no es correcto por varias razones, preponderantemente porque no todas las organizaciones políticas tienen igual responsabilidad en la descomposición institucional y la corrupción, pero también porque la degeneración no es patrimonio exclusivo del partidarismo, y se extiende por casi todo el cuerpo social dominicano. Cuando la sociedad se sacuda y grite basta ya, esos partidos tendrán que renovarse o morir, más probablemente lo segundo, que es lo que viene ocurriendo por todo el continente. Pero en última instancia tendrán que emerger otros, porque no hay democracia sin partidos políticos.

La renuencia en aprobar una Ley de Partidos que fortalezca esas instituciones es la mejor demostración de la miserable postración en que se encuentra el liderazgo político nacional. Ya es demasiado tiempo, son más de dos décadas de reclamos y 16 años dando tumbos en el Congreso, una responsabilidad que corresponde en mayor grado a quienes durante ese período han controlado la gestión legislativa, especialmente en los últimos 12 años cuando el control ha sido absoluto por los actuales gobernantes.

La realidad es que la mayoría de nuestros partidos se declaran incapacitados para gestionar su democracia interna, para elegir sus dirigentes y algunos llevan más de una década sin poder hacerlo. Tampoco pueden rendir cuentas del subsidio que se le otorga de los insuficientes ingresos nacionales. Y en el debate de la Ley de Partidos han proclamado sin ruborizarse que están incapacitados para elegir sus candidatos a los puestos electivos. Apelan a que sea la Junta Central Electoral que les organice los procesos electivos, que les monte la logística y el cómputo y financie todo con el dinero de los contribuyentes.

Se ha escuchado a dirigentes políticos proclamar impúdicamente que sus partidos no están capacitados ni para celebrar sus asambleas, y que deberían también quedar bajo control de la Junta Central Electoral, porque sus dirigentes no pueden garantizar equidad, transparencia ni honestidad en el proceso y la computación de resultados.

Ese sí que es un discurso anti-partido. Porque si el sistema partidista no puede regirse así mismo, será imposible que pueda gestionar las mayores complejidades del Estado y de la sociedad en su conjunto. Si se confiesa que son incapaces de actuar con honestidad en las competencias internas, entre compañeros de partidos, está implícito que serán despiadados, abusivos y corruptos frente a los más diversos sectores de la sociedad. Ellos mismos están gritando que hay que sustituirlos.

Durante los últimos años hemos asistido al empeño de imponer a la JCE el cómputo de los votos a decenas de miles de precandidatos en una sola jornada, bajo el argumento de que los partidos no pueden garantizarlo a 8 o 12 mil aspirantes. Como si el organismo electoral no tendría que apelar a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas para que hagan la gestión de los colegios. En otras palabras, que la ciudadanía puede sustituir los partidos.

Lo peor de todo es que están tan obsesionados, tratando de preservar inequidades e iniquidades, que no caen en cuenta que se están descalificando ellos mismos. Ojalá que pronto la ciudadanía lo haga entender.-

La frontera se nos cae a pedazos

A2Por Juan Bolívar Diaz

            Cada vez que he podido caminar por las provincias fronterizas tengo la misma sensación de descubrir un mundo realmente macondiano, donde no alcanzan los adjetivos para describir el inmenso drama de pobreza y abandono, de donde huyen todos los que pueden, relevantemente la población más joven que escucha decir que este ya es un país de clase media, lo que por cierto se traduce en reducción de los programas asistenciales internacionales.

Llego siempre a la misma conclusión: que los políticos, comentaristas y  periodistas viven muy alejados de la realidad nacional, y lo vacío que es el discurso antihaitiano, y los ímpetus ultranacionalistas que buscan tras la frontera explicaciones pueriles a nuestras carencias, irresponsabilidades y hasta miserias y que pretenden que la contención de la inmigración es asunto de arengas radiofónicas y televisivas.

La República se nos está derrumbando en la zona fronteriza, más parecida a Haití que a las prosperas regiones del Cibao y, desde luego, muy distante del Nueva York chiquito del polígono central de Santo Domingo. Quien quiera comprobar la enorme disparidad tiene que darse un viaje por el tramo fronterizo que integran Pedernales, Independencia, Bahoruco y Elias Piña, donde muchos pueblos y parajes parecen arrancados de la madre patria Africa.

Entre el 30 de abril y el 7 de mayo la exquisita periodista Leonora Ramírez publicó una serie de reportajes sobre las provincias fronterizas, que seguramente pasó desapercibida para gran proporción de los lectores de este diario HOY, y otros no lograron hacerse una clara representación de sus alcances.

Las cifras oficiales establecen que en la provincia Elías Piña el 83% de la población vive en la pobreza, la mitad en pobreza extrema, con 63 % desocupados, y que tiene municipios como Guananico y Juan Santiago, donde 9 de cada 10 habitantes viven bajo el agobio de la pobreza. En Bahoruco y Pedernales los niveles de pobreza con del 75%, y del 73% en Independencia, con poblaciones como Boca de Cachón con 80% de pobres, o Cabeza del Toro donde el 62% vive en extrema pobreza.

Escapa un poco a esos niveles de miseria la provincia de Dajabón, dónde “sólo la mitad de la población es pobre”, por tener el mayor mercado fronterizo, ese que algunos desaprensivos gritan que deben cerrar cada vez que se presenta algún incidente con los vecinos. A lo largo de la franja fronteriza el intercambio binacional es fundamental, tanto que en Pedernales hubo que apresurare a levantar el cierre del mercado binacional hace par de meses tras graves incidentes.

Pero las cifras no son suficientes. El que quiera conocer la honda y golpeante realidad tiene que caminar por esos poblados fronterizos, más allá de las cinco o seis grandes poblaciones, para ver cómo se le caen las alas del alma. Los colmaditos con algunos productos imprescindibles, sin energía eléctrica la mayor parte del tiempo, sin que les llegue agua potable, y las escuelitas casi deshabitadas.

Viendo ese submundo se puede explicar que los jóvenes lo abandonen y lo dejen dependiendo de la mano de obra haitiana para cualquier pequeño o mediano emplazamiento agrícola, casi de subsistencia todos. En Oviedo hace 8 años levantaron un liceo secundario que no ha podido ser utilizado porque sus vicios de construcción no garantizan seguridad. Nadie ha salido responsable ni parece que haya prisa en sustituirlo. Total, que la mayoría de sus potenciales alumnos ya levantaron vuelo hacia la civilización.

En Boca de Cachón el actual gobierno desarrolló un proyecto habitacional modelo para albergar a 600 familias damnificadas de la crecida del Lago Enriquillo, pero no les han entregado  las tierras y animales para producir, lejos de las otras poblaciones, sobreviven en sus estanques de miseria, con viviendas de bloques y edificaciones comunitarias, pasando hambre, sin energía ni agua potable, a la buena de Dios y por obra y gracia del Espíritu Santo.

A la frontera alguna vez el verdadero nacionalismo, la racionalidad y la sensibilidad tendrán que echarle una mirada, cuando dejemos de pasarnos la vida discutiendo miserias políticas y exhibiendo impúdicamente las carencias institucionales. Ojalá que sea pronto que dejemos de hablar tantas pendejadas y nos ocupemos de los problemas fundamentales.-

¡Ay Nicaragua, Nicaraguita!

A1     Por Juan Bolívar Díaz

“Ay, Nicaragua, Nicaraguita/ Mi cogollito de pijibay/Mi pasión se enterró/en el surco de tu querencia/como un granito de maíz”.
Los versos del cantor Carlos Mejía Godoy, el más grande de los folcloristas vivos de América Latina,  vuelven a la memoria de cuantos apoyamos hace cuatro décadas la lucha del pueblo nicaragüense para liberarse de una de nuestras más largas dictaduras. Fue una solidaridad universal que a coro cantó “Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de verguenza y de valor, de un pueblo que es poeta y que sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre rabia y sudor”.

Van a contarse casi cuatro décadas desde que el Ejército Popular Sandinista derribó la dictadura, con unánime aplauso de los seres humanos libres, con la ilusión de que los nicaragüenses habían enterrado el oprobio  político y procedían a levantar una nueva sociedad. Es cierto que la guerra fría y las intolerancias imperialistas los envolvieron en un remolino de odio que prolongó la guerra y generó radicalismos y fundamentalismos.

Restaurada la paz, todo se podía esperar menos que la cúpula del sandinismo traicionara tan arteramente los sueños de héroes y mártires, corrompiéndose hasta el alma, aliándose con sus contradictores de la más corrupta  derecha política, arrodillándose ante el cardenal Obando, formando una alianza corporativa con un empresariado sin mínima vocación democrática, a cambio de reeditar la historia para atornillarse en el poder.

Con el dinero de Petrocaribe repartido por el chavismo y madurismo venezolano a cambio de apoyo internacional, el presidente Daniel Ortega compró todo lo que encontró en venta, doblegó las instituciones y adormeció la conciencia de amplios segmentos de pobres, salpicados con migajas denigrantes. La noche de la dominación volvió a aplastar las energías del pueblo nicaragüense.

El hombre que encarnó el gobierno revolucionario a partir del 1979, comenzó a degenerar en el poder hasta ser expulsado del mismo en 1990, cuando la cúpula sandinista protagonizó una piñata, quedándose con buena parte de las propiedades que habían expropiado a los Somoza. Volvió al poder en el 2006 para reelegirse en el 2011 y en el 2016, en comicios similares a los de la dictadura somocista.

Pero la paciencia de los nicaraguenses parece haberse agotado nuevamente después que la dictadura afrontó a sangre y fuego las primeras protestas populares, con un saldo de más de 170 muertos y centenares de heridos. El volcán popular se ha apoderado nuevamente de las calles y carreteras, erigiendo barricadas en Managua, Masaya y Estelí, y en las legendarias barriadas de Monimbó y Niquinhomo, con grandes pérdidas económicas.

Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional  no dejan dudas sobre la represión criminal desatada contra las protestas pacíficas. Condena las muertes y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua y urgen al Estado al cese de la represión, a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, a desmantelar dichos grupos y buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta el país.

Todo parece haber estallado en Nicaragua desde el 18 de abril, con tanta resolución que son pocos los que se conforman con una mediación restauradora del orden, y exigen la salida del poder del dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El legendario sacerdote Ernesto Cardenal, a sus 93 años lo ha expresado dramáticamente, rescatando un verso de su militancia antisandinista: “levántense todos, hasta los muertos”.

Hay que ponerle atención de nuevo a Nicaragua y esperar que los viejos militantes de la libertad se levanten del silencio y se reagrupen con los que han mantenido la resistencia, en el Movimiento de Renovación Sandinista, evocando a Carlos Fonseca, aquel “tayacán vencedor de la muerte”, de quien Mejía Godoy cantó que “viene derribando los muros de la noche, nítido, inmenso, tus ojos azules generosos apuntando firmes hacia el futuro, con tu carabina disparando auroras”.-

 

 

Un genio llamado Tommy

A2Por Juan Bolívar Díaz

            A decir verdad merece toda la admiración de la fanaticada la genialidad del senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien sin presidir el Senado, ni ser siquiera vocero de su bloque legislativo, tampoco secretario general del glorioso Partido de la Liberación Dominicana (PLD), logró durante por lo menos diez años que se aprobaran casi todos los contratos del Estado con Odebrecht, causantes de un inmenso escándalo, que esta sociedad corrompida hasta la médula no tiene manera de enmendar, reparar o sancionar.

Fueron contrataciones por más de cinco mil millones de dólares, que implicaron una treintena de adendas para elevar hasta tres veces los costos originales contratados, en una fina labor, sin dejar huellas. El solito sobornado por Odebrecht, como un verdadero mago del ritmo, lograba que los 24 y 31 senadores, de 32, que tuvo su partido en los períodos 2006-10 y 2010-16, aprobaran sin mayores trámites, muchas veces declarándolos de urgencias, cuantos contratos  y renegociaciones firmaran los altos funcionarios del gobierno y enviaran al Congreso los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

Desde luego, hubo una excepción en su currículum, las plantas de Punta Catalina, obra emblemática del presidente Danilo Medina, para la cual no fue necesaria su convincente eficacia, aunque involucraba poco más de dos mil millones de dólares. Como era muy extenso el contrato de 3 mil páginas, más de 700 sin traducir del inglés, fue exonerado de lectura y aprobado, aunque el poder presidencial a un tal Rubén Jiménez Bichara, para firmar tal contrato, fue emitido el 16 de mayo del 2014, un mes después de ser suscrito el 14 de abril.

Con apellido de Galán, Tommy Alberto se comportaba sin mayores ostentaciones, a diferencia de otros legisladores y dirigentes de su partido, pero detrás de esa carita engalanada de yo no fui, se ocultaba un verdadero genio de la manipulación política, generador de un lodazal que obligó al Rey de la selva a vivir de salto en salto para no enlodarse, como hubo de confesar cuando comenzó el drama hace un año.

Su trabajo fue tan fenomenal que rebasó los límites senatoriales para abarcar a la Cámara de Diputados, donde él había estado en el periodo 2002-06, y allí tuvo que emplearse a fondo, porque eran cinco veces más que los senadores, para que aprobaran todos los contratos y adendas, aunque en esa cámara había cierta proporción de opositores, entre ellos algunos tan extraños como los Tolentino, Arnauld  y Paliza, o tan díscolas como las Minou y Guadalupe. A los diputados no hubo que sobornarlos , o fueron más geniales aún que Galán y no han sido localizados ni por los nuevos Sherlock Holmes.

Para atrapar a Tommy tuvieron  que caerle atrás “más de 50 personas dedicadas por más de un año” del tremendo Alain con todo y la lámpara de Aladino, en una minuciosa labor contabilizada en “más de 130 mil horas, que examinaron más de 800 mil transacciones y operaciones financieras, que resultaron en más de mil páginas de documentos traducidos desde diversos idiomas”, como parte de una investigación que “contiene mil 711 pruebas” contra él y otros seis acusados.

Pero por su genialidad, Tommy tiene que tener bien ocultos gran parte de los 83.2 millones de dólares que Odebrecht le mandó para sobornos a su Angel repartidor entre el 2007 y el 2015, cuando el senador era el único sobornado en el Congreso Nacional, para contratar y aprobar contratos por más de 4 mil millones de dólares. Porque  Alain sólo logra documentarle un inmueble de 4 milloncitos de pesos, una parcela de 6 mil metros cuadrados en Jarabacoa, que debió costarle 2 millones de pesos,  y acciones sin cuantificar en la empresa Galán, Grullón y Montás.

Fue genial este Tommy, pues engañó a dos presidentes de la República y embaucó a todos sus compañeros senadores y a todo el liderazgo del PLD, tanto que todavía ni siquiera le han reprobado ni suspendido como miembro de su Comité Central. Hay que erigirle un monumento por sus geniales capacidades para bañarse y guardar las ropas, lo que aparentemente no supo hacer su compañero el tesorero del partido, tampoco descalificado por la exitosa y gloriosa institución política.-

La división en el PLD sigue bloqueando la Ley de Partidos

02_06_2018 HOY_SABADO_020618_ El País11 AYa los danilistas aceptan que no sea obligatorio el padrón abierto para elección de los candidatos y lo quieren opcional, pero los leonelistas insisten en que sea el partidario, y hay consenso en que la organice simultáneamente la Junta Central Electoral                                                 

 Por Juan Bolívar Díaz

            Los dirigentes de las cámaras y los bloques legislativos que negocian el proyecto de Ley de Partidos han avanzado en dos de sus aspectos conflictivos, que no sea obligatorio el padrón universal o abierto para la elección de los candidatos a los cargos electivos y que sea simultánea bajo organización de la Junta Central Electoral (ICE).

Pero persiste la división entre las dos corrientes que se disputan el control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues los danilistas quieren mantener el padrón abierto como opcional y los leonelistas insisten en que ya eso fue declarado inconstitucional y que sólo los miembros de cada partido deben elegir sus candidatos.

Un avance importante

Luego de dos semanas en la nueva ronda de negociaciones sobre el proyecto de Ley de Partidos Políticos, entre los presidentes de las dos cámaras legislativas y los voceros de los bloques partidarios, persisten diferencias, aunque han superado el mayor obstáculo que era la persistencia de los seguidores del presidente Danilo Medina de imponer el padrón abierto en la elección de las candidaturas de todos los partidos.

Voceros de los diferentes bloques parlamentarios concuerdan en que ya los danilistas desistieron de imponer el padrón de la JCE, pero quieren mantenerlo opcional a decisión de los organismos directivos de cada partido. A ello se oponen de forma radical los seguidores de Leonel Fernández, quienes insisten en que ya el padrón abierto fue declarado inconstitucional en el 2005 y que generaría conflictos intrapartidarios y en el Tribunal Constitucional, postulando que sólo los miembros de cada partido elijan sus candidaturas.

Al concluir la reunión de ayer viernes, quedó claro que hay consenso en que las elecciones primarias sean simultáneas para todos los partidos y organizadas y procesadas por la JCE. Pero las mantenían para todos, que hasta ahora son 26, lo que implicaría graves desafíos logísticos, y sobre todo para contar los votos individuales a por lo menos decenas de miles de candidatos en boletas separadas,

El PRM no se opondría

            Un vocero autorizado del principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM) confió que sus legisladores no se opondrían a dejar la opción del padrón abierto, pero advirtió que será la Dirección Ejecutiva la que tendrá que decidir, y en consulta con las demás organizaciones partidistas que vienen accionando de conjunto en post de las reformas político-electorales que requiere la institucionalidad democrática.

Todavía el jueves el bloque de 11 partidos opositores, que incluye al PRM, planteó que “son las organizaciones políticas las que deben escoger el método de selección de sus candidatos, y que en caso de optar por el método de las elecciones primarias, estas deben ser cerradas, simultáneas y vinculantes, con la supervisión y apoyo logístico de la JCE”. Sostuvieron que su posición fue consensuada hace más de seis meses y se hizo constar en un documento impreso depositado en el Congreso Nacional.

Al plantear la “supervisión y apoyo logístico de la JCE”, se deduce que cada partido organizaría su proceso electivo y el cómputo de la votación, lo que eliminaría la congestión en caso de que los operadores de cada mesa electoral tuvieran que contar sus votos a decenas de miles de candidatos a los 4 mil 106 cargos electivos y en boletas por partidos.

La ley sigue en el limbo

El comunicado de los 11 partidos opositores indica que, además de corregir las “incongruencias y errores” del proyecto aprobado por el Senado,  todavía faltan otros “puntos fundamentales” para que la de partidos “no sea una ley insípida”, señalando “los topes de gastos, las alianzas de partidos, las cuotas, la laceración de la democracia interna, el régimen de sanciones, la regulación de la propaganda, así como las causas de extinción de la personería jurídica de los partidos”.

Consideran “excesivos e inaceptables” los topes de gastos aprobados por los senadores, que mantendrían los costos de la actividad política “en niveles sólo al alcance de los narcos, funcionarios corruptos y lavadores de dinero”. Estiman estiman “completamente inaceptable la modificación de la legislación vigente para permitir el financiamiento electoral de parte de las empresas extranjeras”. También reclaman que se incluya “un régimen para la donación de personas físicas y jurídicas que sean proveedores del Estado”.Y que las sanciones establecidas por el Senado sean reforzadas “ya que hay ilícitos que deben ser tratados como crímenes”.

Varios de esos reclamos estaban consignados en el proyecto de ley de Partidos sometido por la JCE tras consultas, pero fueron omitidos en la aprobación senatorial, ejecutada por dos tercios de danilistas, lo que implica que aún si se superan las diferencias intra PLD, quedaría mucho trecho para alcanzar un consenso con la oposición externa.

Amenaza unidad del PLD

            La explicación más lógica de que teniendo los danilistas más de dos tercios de los integrantes del Comité Político del PLD no impusieran allí las primarias abiertas, parece ser el temor a abrir la compuerta a la división del partido que ha dominado el escenario político desde el 2004 y que ya acumula cinco de los últimos seis períodos gubernamentales.

Esa compuerta persistiría si el padrón abierto lo determine sólo el PLD, lo que implicaría un agrio debate interno, incluyendo la modificación de los estatutos que establecen como exclusivo de los miembros del partido la elección de sus candidaturas. Pasaría por un recurso de inconstitucionalidad que sacudiría el Tribunal Constitucional cuyos titulares fueron seleccionados por Leonel Fernández.

Pero aún si pasara esas pruebas los danilistas todavía tendrían que derrotar al tres veces Presidente de la República y actual presidente del partido, lo cual resultaría muy difícil, a menos que Danilo Medina mismo se lance de precandidato. Eso no es descartable en la tradición nacional reeleccionista. Sería más viable si las primarias fueran organizadas por los partidos, porque en este caso apostarían por el hecho cumplido y forzar a todos los peledeístas a una nueva reforma constitucional. Si la organiza la JCE no podría aceptar la precandidatura de Medina sin previa reforma de la Constitución que la prohíbe.

La repostulación del presidente Medina sin previa reforma constitucional sería una maroma política demasiado costosa, no sólo al interior del PLD, sino para la conciencia institucional de la sociedad, por lo que muchos se inclinen por el padrón abierto para buscar que “venza el Estado” una vez más como adujo Danilo cuando perdió de Leonel en el 2007.

Pueden subestimar a Leonel

La opción de los danilistas de cerrar el paso a Leonel Fernández con un candidato nuevo, auspiciado por el poder, puede estar determinada por una subestimación del liderazgo y la decisión del expresidente, y porque éste ya cedió dos veces para respaldar a Medina, en el 2012 y para el 2016. Pero esta última vez para salvar la unidad del partido, previo acuerdo, llevado a la Constitución, de que sería el último período de Medina.

Si a Leonel no lo pueden vencer con el voto de los peledeistas, no será fácil hacerlo con el universo, a no ser que el Estado se vuelque masivamente a comprar votos externos, en cantidades que montarían el temido escenario de la división. Porque en tal circunstancia a Fernández, humillado, no le quedaría nada por buscar en su partido.

Hay quienes olvidan que los peledeístas deben su prosperidad política, económica y social a Fernández, cuyos excesos hasta hicieron posible la entronización de Danilo Medina en el 2012. Tiene inmensas lealtades en todos los niveles del partido, en la mayoría de los aliados y hasta en la ciudadanía, aunque también amplio rechazo.

El problema es más  difícil cuando se pasa revista a los resultados de las encuestas y se comprueba que quoienes se han lanzado como precandidatos para competir con Leonel, no han alcanzado nunca más del 2 por ciento en las encuestas, tanto para el 2016 como posteriormente, excepto su esposa Margarita Cedeño y su seguidor el alcalde de Santiago Abel Martínez.

Las dos últimas Gallup-.HOY de octubre del 2017 y Marzo 2018, y la Asisa de este mismo mes, indican que Reinaldo Pared y Francisco Domínguez Brito no llegan al 2 por ciento ni en el universo de preferencias ni entre los que se confiesan peledeístas. Amarante Baret no aparee, y los que suenan como emergentes tampoco han llegado ni al 1 por ciento. No se han lanzado Radhamés Segura ni Temístocles Montás, ambos que tenían más  posibilidades de ser alternativa entre Danilo y Leonel, fueron puestos en difícil perspectiva con su imputación en el escándalo Odebrecht.

Por eso sería que en su análisis en perspectiva de esta semana The Economist apostó a la candidatura de Leonel Fernández, y un influyente miembro del Comité Político del PLD, nada favorecedor del expresidente, confió su convicción de que éste será el candidato peledeísta del 2020. Porque temen que una imposición divida el partido y los saque del poder.-

Es falta de cultura democrática

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Por Juan Bolívar Díaz

Tanto el largo debate de 20 años sobre el proyecto de Ley de Partidos como el del último año por imponer en ella el padrón electoral abierto para la elección de los candidatos de todos los partidos, lo que ratifican es la ausencia de cultura democrática, en la sociedad dominicana, pero sobre de los que aspiran a administrar el Estado y representar a la ciudadanía.

No es que en la base social haya prendido la cultura democrática, sino que es practicada de forma implacable en los altos niveles, donde no se aceptan reglas que garanticen igualdad de oportunidades, incluyendo la dirección de organizaciones profesionales, sindicales, en las academias, en los clubes de todas las categorías y hasta en las juntas de vecinos. Ojalá fuera sólo en los partidos, porque ya hubiesen sido sustituidos, aunque en ellos el arrebato es más grave puesto que aspiran a regir el Estado y la sociedad.

Sobran los ejemplos de incapacidad para regirse democráticamente en los partidos de todas las corrientes ideológicas, y en instituciones tan respetables como el Country Club y la Asociación Médica Dominicana que llegaron a tener dos directivas paralelas, el Colegio de Abogados que pasó varios años sin elegir dirigentes, la Academia de la Lengua, donde se cuestiona su funcionamiento, al igual que en centrales sindicales y entidades sociales.

Ahora mismo está penosamente dividida la federación de fundaciones patrióticas.
Se habla de diálogo y búsqueda de consenso, pero de lo que se trata casi siempre es de imponer la voluntad de los gobernantes, que son los responsables de que no se haya aprobado una ley que rija democráticamente los partidos, que los obligue a rendir cuentas y que establezca límites a la desmesura con que se ejerce la política atropellando derechos.

Pero lo del padrón abierto es el extremo. Se ha demostrado que no unifica ni al partido de quienes lo promueven, que lo rechazan casi todas las organizaciones políticas, sociales, empresariales y las iglesias y que después de un año en que una Comisión Bicameral consensuó todo el proyecto de Ley de Partidos, excepto lo del padrón abierto, ahora se plantea volver a ese escenario, lo que sólo se explica en empeño de ganar tiempo.

El presidente Medina no puede alegar que quiere un consenso que hace tiempo existe, excepto en su preferencia, y que se debe buscar ahora en la Cámara de Diputados, tras la aprobación del Senado. El debe honrar su investidura acogiendo el proyecto original de la Junta Central Electoral, fruto del consenso, que propone un padrón actualizado y que cada partido, elija la modalidad, según sus estatutos.

El padrón abierto es objetable porque divide a los partidos, porque promovería otra campaña electoral nacional y la compra de votos que convertiría la política en un inmenso mercado de dinero sucio hasta en el último municipio, y porque es inmanejable en elecciones simultáneas de todos los partidos, al margen de su dudoso carácter constitucional.

Lo curioso es que el único dirigente político fuera de los seguidores del presidente Medina, que comparte el padrón abierto, sea Miguel Vargas, porque cuando perdió la candidatura presidencial del viejo PRD, 46.57% a 53.44% de Hipólito Mejía para el 2012 él comenzó su desguañangue bajo el alegato de que “200 mil peledeístas fueron llevados a votar”, ante una Comisión Organizadora integrada por Enmanuel Esquea, Milagros Ortiz, Hugo Tolentino, Ivelisse Prats y Quico Tabar, cinco de los más honestos ciudadanos que han ejercido la política en toda la historia nacional, quienes le negaron razón.

De ahí en adelante, nada pudo detener el desmembramiento del PRD, hasta su reducción del 47% que sacó en las elecciones del 2012, al menos del 6% cuatro años después. Y aquello fue un padrón sólo “semi-abierto”, el mismo que se había utilizado en el 2007 cuando Vargas le ganó la candidatura a Milagros Ortiz Bosch. Tomaban el padrón nacional de la JCE y le excluían los de los otros partidos. Si aún así se sostuvo que votaron 200 mil peledeístas, imagínense cuántos se hubiesen alegado con un padrón totalmente abierto como el que él y Danilo Medina quieren ahora.

Cuestión de dignidad nacional

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Por Juan Bolívar Díaz

Hay que darle crédito al presidente Danilo Medina por la decisión de reconocer la realidad de la República Popular China, (RPCH) evadida por los gobiernos dominicanos  durante casi medio siglo, desde que en 1971 la mayoría  de los Estados integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Resolución 2758 que restituyó a esa nación el reconocimiento que, como fruto de la guerra fría, ostentaba la República de China en Taiwán.

Desde los años setenta la mayoría de las naciones del mundo se adhirieron a la resolución reconociendo la realidad de que Taiwán es apenas el 0.4 por ciento del territorio chino y el 2 por ciento de su población. República Dominicana evadía la realidad junto a 21 naciones,  el 11 por ciento de los Estados miembros de la ONU,  en una compañía que para nada nos acreditaba, 5 centroamericanas, Paraguay, Belice, Haití, tres islas del Caribe y 6 del Pacífico y Oceanía, así como dos países africanos y el Vaticano.

Durante años se ha dado la paradoja de que hemos querido formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU sin reconocer la nación de mayor población, 1,380 millones,  el quinto de mayor extensión, 200 veces el territorio dominicano,  segunda potencia mundial disputando el primer lugar, y por todo ello con influjo en el concierto diplomático internacional. Se podía explicar la posición dominicana por la dependencia de los Estados Unidos, pero este país reconoció la RPCH en 1979.

Sólo los esfuerzos de Taiwán invirtiendo una apreciable cantidad de dinero para mantener el reconocimiento de una veintena de países, podía explicar que los gobernantes dominicanos persistieran en el absurdo aunque el intercambio comercial, muy favorable para la RPCH alcanzara los 2 mil millones de dólares anuales. Pero nadie debería fundar nuestra decisión  en que nos va a proporcionar mayor asistencia técnica o financiera. Porque eso rebaja la dignidad nacional y nos proyecta como una nación mercantilista. Ya el senador norteamericano Marco Rubio, ignorando la realidad universal,  nos acusó de dejarnos sobornar por China, cuando sólo hicimos lo que su país decidió hace 39 años.

Nos ha costado mucho esta decisión de soberanía y dignidad nacional, adoptada desde mediados del año pasado, (cuando la publicamos), tras lo cual Taiwán desarrolló una ofensiva desesperada buscando revocarla. En julio envió al país a su canciller, que no fue recibido por su homólogo Miguel Vargas ni por el presidente Medina. En agosto vino el ministro de Defensa, y en noviembre el vice canciller. En Octubre la presidenta de Taiwán cursaba invitación al presidente Medina para una visita oficial, y hace apenas semanas tres buques de las fuerzas navales taiwanenses visitaron el país.

No dejaba de ser penosa la decisión de desconocer a Taiwán, después de décadas de cooperación, pero era cuestión de dignidad. En el comunicado en que anuncia su retiro total del país se expresa que “condenamos enérgicamente  la decisión de China Popular de utilizar la diplomacia del dólar para comprar los aliados diplomáticos de Taiwán”. Eso implica una acusación de que nos vendimos y una desproporcionada reacción, tal vez motivada porque todavía en febrero estábamos firmando un acuerdo de cooperación, y recibimos una contribución de 3 millones de dólares para microempresas, y cientos de ambulancias y motocicletas, cuando ya habíamos decidido un divorcio que debió ser más conciliado.

Más allá del agradecimiento por la asistencia técnica y la amplia ayuda financiera de Taiwán durante décadas, hay que reconocer la tremenda laboriosidad de ese pueblo de 23 millones de seres humanos, que levantó un emporio económico en una isla un tercio menor que el territorio dominicano, favorecido por haber sido convertida en frontera de contención del comunismo chino. Fue un error estratégico no haberse declarado independiente en plena guerra fría cuando habrían conseguido reconocimiento, en vez de seguir proclamándose como la nación china. Con todo, merecen la mejor de la suerte, que la peor sea un estatus semejante al de Hong Kong, que ha mantenido relativa autonomía y su gran prosperidad económica.-