Nuestra capacidad de aguante

A1Por Juan Bolívar Díaz

El adormecimiento anestésico a que ha sido sometido el pueblo dominicano parece que no tiene límites y cada semana se descubre un nuevo abuso sin que la gran mayoría se dé ni por enterada, aún los perjudicados directamente. Parece que hemos perdido la capacidad de asombrarnos.

Desde el sábado asistimos a un atropello colectivo, después que el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Jorge Luis Pérez,  evacuó –vale el verbo- una sentencia que “suspende provisionalmente la transmisión de los partidos de Beisbol Profesional de Grandes Ligas (MLB), que sean televisados o transmitidos o retransmitidos en la República Dominicana por Altice, CDN, CDN Radio y CDN Sports Max, hasta tanto la tercera sala del juzgado decida la demanda sometida por la Corporación de Televisión  y Microonda Rafa C.por A. (Telemicro) el 11 de abril del 2018”.

Así de un solo mazazo se privó a los dominicanos y dominicanas de una de sus entretenimientos preferidos en la televisión comercial, y no por algunos días, porque una demanda de esa naturaleza se toma meses y años en los “diligentes” tribunales nacionales. La consulta a destacados juristas indica que el juez se ha excedido abusiva y penosamente.  El impetrante escogió la vía del referimiento,  que sólo es válida en casos de urgencia, para proteger derechos que no puedan recuperarse.

El caso se resume en que la MLB rompió el contrato que tenía Telemicro para transmitir  un juego por día, alegando enormes atrasos de pago,  a pesar de reiterados esfuerzos de cobro, tras lo cual firmó otro contrato con Altice, la que a su vez subcontrató la CDN para un juego diario, y colocó un paquete especial en su propio servicio de telecable ofertando una decena de juegos por día, como venía haciendo por años.

Es válido que si la empresa local se sintió perjudicada, apele  a un tribunal y si allí se la da razón, entonces tendría derecho a demandar una reparación de la MLB, Pero la suspensión total de las transmisiones del beisbol no protege ningún derecho y en cambio perjudica el de decenas y probablemente cientos de miles de radioyentes y televidentes.

El exceso es mayor si se toma en cuenta que Telemicro sólo contrataba la transmisión de un juego por día, y que los paquetes de juegos, ahora también suspendidos, es una contratación separada que pagan varias empresas de telecable. Muchos aficionados pagan por adelantado los seis meses de la temporada, aprovechando ofertas más baratas que la mensualidad. Ahora mismo están lesionados  al no poder recibir el servicio contratado.

Es realmente inconcebible que un juez pueda tomar una decisión de esa magnitud, innecesaria porque en caso de ganancia del demandante su única reparación tendría que ser económica. No podrá transmitir los juegos que hayan pasado, en meses o años. A lo más que podría haberse  llegado sería a congelar el pago de Altice a la MLB hasta una decisión judicial definitiva.

Se impone preguntar  quién defiende el interés público,  por qué razón hay tanto silencio, incluyendo el de la inmensa legión de los comentaristas deportivos y sus asociaciones, y cómo es posible que una disputa empresarial, que eso es, prive a gran parte de la población dominicana del acceso a su mayor entretenimiento.

Por lo menos yo apelé a Proconsumidor para que ejerza la responsabilidad  que le otorga la Ley 358 de Protección del Consumidor o Usuario, cuyo artículo 22 la faculta “para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que sean requeridos”.

Por demás, el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil proclama que “Una parte perjudicada en sus derechos por una sentencia en la que ni ella ni las personas que ella represente, hayan sido citadas, puede deducir tercería contra dicha sentencia”. ¿Se animará Proconsumidor, o algún jurista a defender el interés colectivo?

La división en el PLD sigue bloqueando la Ley de Partidos

02_06_2018 HOY_SABADO_020618_ El País11 AYa los danilistas aceptan que no sea obligatorio el padrón abierto para elección de los candidatos y lo quieren opcional, pero los leonelistas insisten en que sea el partidario, y hay consenso en que la organice simultáneamente la Junta Central Electoral                                                 

 Por Juan Bolívar Díaz

            Los dirigentes de las cámaras y los bloques legislativos que negocian el proyecto de Ley de Partidos han avanzado en dos de sus aspectos conflictivos, que no sea obligatorio el padrón universal o abierto para la elección de los candidatos a los cargos electivos y que sea simultánea bajo organización de la Junta Central Electoral (ICE).

Pero persiste la división entre las dos corrientes que se disputan el control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues los danilistas quieren mantener el padrón abierto como opcional y los leonelistas insisten en que ya eso fue declarado inconstitucional y que sólo los miembros de cada partido deben elegir sus candidatos.

Un avance importante

Luego de dos semanas en la nueva ronda de negociaciones sobre el proyecto de Ley de Partidos Políticos, entre los presidentes de las dos cámaras legislativas y los voceros de los bloques partidarios, persisten diferencias, aunque han superado el mayor obstáculo que era la persistencia de los seguidores del presidente Danilo Medina de imponer el padrón abierto en la elección de las candidaturas de todos los partidos.

Voceros de los diferentes bloques parlamentarios concuerdan en que ya los danilistas desistieron de imponer el padrón de la JCE, pero quieren mantenerlo opcional a decisión de los organismos directivos de cada partido. A ello se oponen de forma radical los seguidores de Leonel Fernández, quienes insisten en que ya el padrón abierto fue declarado inconstitucional en el 2005 y que generaría conflictos intrapartidarios y en el Tribunal Constitucional, postulando que sólo los miembros de cada partido elijan sus candidaturas.

Al concluir la reunión de ayer viernes, quedó claro que hay consenso en que las elecciones primarias sean simultáneas para todos los partidos y organizadas y procesadas por la JCE. Pero las mantenían para todos, que hasta ahora son 26, lo que implicaría graves desafíos logísticos, y sobre todo para contar los votos individuales a por lo menos decenas de miles de candidatos en boletas separadas,

El PRM no se opondría

            Un vocero autorizado del principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM) confió que sus legisladores no se opondrían a dejar la opción del padrón abierto, pero advirtió que será la Dirección Ejecutiva la que tendrá que decidir, y en consulta con las demás organizaciones partidistas que vienen accionando de conjunto en post de las reformas político-electorales que requiere la institucionalidad democrática.

Todavía el jueves el bloque de 11 partidos opositores, que incluye al PRM, planteó que “son las organizaciones políticas las que deben escoger el método de selección de sus candidatos, y que en caso de optar por el método de las elecciones primarias, estas deben ser cerradas, simultáneas y vinculantes, con la supervisión y apoyo logístico de la JCE”. Sostuvieron que su posición fue consensuada hace más de seis meses y se hizo constar en un documento impreso depositado en el Congreso Nacional.

Al plantear la “supervisión y apoyo logístico de la JCE”, se deduce que cada partido organizaría su proceso electivo y el cómputo de la votación, lo que eliminaría la congestión en caso de que los operadores de cada mesa electoral tuvieran que contar sus votos a decenas de miles de candidatos a los 4 mil 106 cargos electivos y en boletas por partidos.

La ley sigue en el limbo

El comunicado de los 11 partidos opositores indica que, además de corregir las “incongruencias y errores” del proyecto aprobado por el Senado,  todavía faltan otros “puntos fundamentales” para que la de partidos “no sea una ley insípida”, señalando “los topes de gastos, las alianzas de partidos, las cuotas, la laceración de la democracia interna, el régimen de sanciones, la regulación de la propaganda, así como las causas de extinción de la personería jurídica de los partidos”.

Consideran “excesivos e inaceptables” los topes de gastos aprobados por los senadores, que mantendrían los costos de la actividad política “en niveles sólo al alcance de los narcos, funcionarios corruptos y lavadores de dinero”. Estiman estiman “completamente inaceptable la modificación de la legislación vigente para permitir el financiamiento electoral de parte de las empresas extranjeras”. También reclaman que se incluya “un régimen para la donación de personas físicas y jurídicas que sean proveedores del Estado”.Y que las sanciones establecidas por el Senado sean reforzadas “ya que hay ilícitos que deben ser tratados como crímenes”.

Varios de esos reclamos estaban consignados en el proyecto de ley de Partidos sometido por la JCE tras consultas, pero fueron omitidos en la aprobación senatorial, ejecutada por dos tercios de danilistas, lo que implica que aún si se superan las diferencias intra PLD, quedaría mucho trecho para alcanzar un consenso con la oposición externa.

Amenaza unidad del PLD

            La explicación más lógica de que teniendo los danilistas más de dos tercios de los integrantes del Comité Político del PLD no impusieran allí las primarias abiertas, parece ser el temor a abrir la compuerta a la división del partido que ha dominado el escenario político desde el 2004 y que ya acumula cinco de los últimos seis períodos gubernamentales.

Esa compuerta persistiría si el padrón abierto lo determine sólo el PLD, lo que implicaría un agrio debate interno, incluyendo la modificación de los estatutos que establecen como exclusivo de los miembros del partido la elección de sus candidaturas. Pasaría por un recurso de inconstitucionalidad que sacudiría el Tribunal Constitucional cuyos titulares fueron seleccionados por Leonel Fernández.

Pero aún si pasara esas pruebas los danilistas todavía tendrían que derrotar al tres veces Presidente de la República y actual presidente del partido, lo cual resultaría muy difícil, a menos que Danilo Medina mismo se lance de precandidato. Eso no es descartable en la tradición nacional reeleccionista. Sería más viable si las primarias fueran organizadas por los partidos, porque en este caso apostarían por el hecho cumplido y forzar a todos los peledeístas a una nueva reforma constitucional. Si la organiza la JCE no podría aceptar la precandidatura de Medina sin previa reforma de la Constitución que la prohíbe.

La repostulación del presidente Medina sin previa reforma constitucional sería una maroma política demasiado costosa, no sólo al interior del PLD, sino para la conciencia institucional de la sociedad, por lo que muchos se inclinen por el padrón abierto para buscar que “venza el Estado” una vez más como adujo Danilo cuando perdió de Leonel en el 2007.

Pueden subestimar a Leonel

La opción de los danilistas de cerrar el paso a Leonel Fernández con un candidato nuevo, auspiciado por el poder, puede estar determinada por una subestimación del liderazgo y la decisión del expresidente, y porque éste ya cedió dos veces para respaldar a Medina, en el 2012 y para el 2016. Pero esta última vez para salvar la unidad del partido, previo acuerdo, llevado a la Constitución, de que sería el último período de Medina.

Si a Leonel no lo pueden vencer con el voto de los peledeistas, no será fácil hacerlo con el universo, a no ser que el Estado se vuelque masivamente a comprar votos externos, en cantidades que montarían el temido escenario de la división. Porque en tal circunstancia a Fernández, humillado, no le quedaría nada por buscar en su partido.

Hay quienes olvidan que los peledeístas deben su prosperidad política, económica y social a Fernández, cuyos excesos hasta hicieron posible la entronización de Danilo Medina en el 2012. Tiene inmensas lealtades en todos los niveles del partido, en la mayoría de los aliados y hasta en la ciudadanía, aunque también amplio rechazo.

El problema es más  difícil cuando se pasa revista a los resultados de las encuestas y se comprueba que quoienes se han lanzado como precandidatos para competir con Leonel, no han alcanzado nunca más del 2 por ciento en las encuestas, tanto para el 2016 como posteriormente, excepto su esposa Margarita Cedeño y su seguidor el alcalde de Santiago Abel Martínez.

Las dos últimas Gallup-.HOY de octubre del 2017 y Marzo 2018, y la Asisa de este mismo mes, indican que Reinaldo Pared y Francisco Domínguez Brito no llegan al 2 por ciento ni en el universo de preferencias ni entre los que se confiesan peledeístas. Amarante Baret no aparee, y los que suenan como emergentes tampoco han llegado ni al 1 por ciento. No se han lanzado Radhamés Segura ni Temístocles Montás, ambos que tenían más  posibilidades de ser alternativa entre Danilo y Leonel, fueron puestos en difícil perspectiva con su imputación en el escándalo Odebrecht.

Por eso sería que en su análisis en perspectiva de esta semana The Economist apostó a la candidatura de Leonel Fernández, y un influyente miembro del Comité Político del PLD, nada favorecedor del expresidente, confió su convicción de que éste será el candidato peledeísta del 2020. Porque temen que una imposición divida el partido y los saque del poder.-

Es falta de cultura democrática

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Tanto el largo debate de 20 años sobre el proyecto de Ley de Partidos como el del último año por imponer en ella el padrón electoral abierto para la elección de los candidatos de todos los partidos, lo que ratifican es la ausencia de cultura democrática, en la sociedad dominicana, pero sobre de los que aspiran a administrar el Estado y representar a la ciudadanía.

No es que en la base social haya prendido la cultura democrática, sino que es practicada de forma implacable en los altos niveles, donde no se aceptan reglas que garanticen igualdad de oportunidades, incluyendo la dirección de organizaciones profesionales, sindicales, en las academias, en los clubes de todas las categorías y hasta en las juntas de vecinos. Ojalá fuera sólo en los partidos, porque ya hubiesen sido sustituidos, aunque en ellos el arrebato es más grave puesto que aspiran a regir el Estado y la sociedad.

Sobran los ejemplos de incapacidad para regirse democráticamente en los partidos de todas las corrientes ideológicas, y en instituciones tan respetables como el Country Club y la Asociación Médica Dominicana que llegaron a tener dos directivas paralelas, el Colegio de Abogados que pasó varios años sin elegir dirigentes, la Academia de la Lengua, donde se cuestiona su funcionamiento, al igual que en centrales sindicales y entidades sociales.

Ahora mismo está penosamente dividida la federación de fundaciones patrióticas.
Se habla de diálogo y búsqueda de consenso, pero de lo que se trata casi siempre es de imponer la voluntad de los gobernantes, que son los responsables de que no se haya aprobado una ley que rija democráticamente los partidos, que los obligue a rendir cuentas y que establezca límites a la desmesura con que se ejerce la política atropellando derechos.

Pero lo del padrón abierto es el extremo. Se ha demostrado que no unifica ni al partido de quienes lo promueven, que lo rechazan casi todas las organizaciones políticas, sociales, empresariales y las iglesias y que después de un año en que una Comisión Bicameral consensuó todo el proyecto de Ley de Partidos, excepto lo del padrón abierto, ahora se plantea volver a ese escenario, lo que sólo se explica en empeño de ganar tiempo.

El presidente Medina no puede alegar que quiere un consenso que hace tiempo existe, excepto en su preferencia, y que se debe buscar ahora en la Cámara de Diputados, tras la aprobación del Senado. El debe honrar su investidura acogiendo el proyecto original de la Junta Central Electoral, fruto del consenso, que propone un padrón actualizado y que cada partido, elija la modalidad, según sus estatutos.

El padrón abierto es objetable porque divide a los partidos, porque promovería otra campaña electoral nacional y la compra de votos que convertiría la política en un inmenso mercado de dinero sucio hasta en el último municipio, y porque es inmanejable en elecciones simultáneas de todos los partidos, al margen de su dudoso carácter constitucional.

Lo curioso es que el único dirigente político fuera de los seguidores del presidente Medina, que comparte el padrón abierto, sea Miguel Vargas, porque cuando perdió la candidatura presidencial del viejo PRD, 46.57% a 53.44% de Hipólito Mejía para el 2012 él comenzó su desguañangue bajo el alegato de que “200 mil peledeístas fueron llevados a votar”, ante una Comisión Organizadora integrada por Enmanuel Esquea, Milagros Ortiz, Hugo Tolentino, Ivelisse Prats y Quico Tabar, cinco de los más honestos ciudadanos que han ejercido la política en toda la historia nacional, quienes le negaron razón.

De ahí en adelante, nada pudo detener el desmembramiento del PRD, hasta su reducción del 47% que sacó en las elecciones del 2012, al menos del 6% cuatro años después. Y aquello fue un padrón sólo “semi-abierto”, el mismo que se había utilizado en el 2007 cuando Vargas le ganó la candidatura a Milagros Ortiz Bosch. Tomaban el padrón nacional de la JCE y le excluían los de los otros partidos. Si aún así se sostuvo que votaron 200 mil peledeístas, imagínense cuántos se hubiesen alegado con un padrón totalmente abierto como el que él y Danilo Medina quieren ahora.

La post-verdad y las fake news

A1

Por Juan Bolívar Díaz

            Post-verdad y fake news son de las terminologías que dominan hoy el mundo de las comunicaciones, tanto que pareciera que quien no las emplea está fuera de la era cibernética y digital, que no está en nada, que es un desfasado o desfasada, y la emplean los comunicadores, como los políticos y los intelectuales y hasta el Papa Francisco las ha referido en su reciente mensaje con motivo de la “52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Las fake news, que fue a lo que aludió el pontífice no es otra cosa que la noticia falsa. La post-verdad tiene una connotación más amplia o diversa, pero se puede resumir en una falsificación o alteración de la realidad, apelando a las emociones, prescindiendo de la objetividad  y se incuba en las desorientaciones que caracterizan el convulso mundo de esta segunda década del siglo 21, que de tanto ser difundidas instantáneamente por las redes sociales son convertidas y aceptadas como realidad.

No deja de provocar hilaridad que tanta gente crea que las noticias falsas y la manipulación son un fenómeno nuevo, fruto de la era digital. En realidad han existido siempre, y durante la segunda mitad del siglo pasado, fueron objeto de intensos debates académicos y profesionales.

La gran novedad es la diversidad de fuentes; antes las noticias falsas y la manipulación eran producidas por un sistema comunicativo concentrado en unas cuantas agencias informativas internacionales, y las propias de las naciones dominantes que a menudo se confundían,  y los periódicos, radio y televisión concentrados en los grandes poderes económicos. Ahora, las nuevas tecnologías de la comunicación han diversificado y multiplicado las posibilidades de la manipulación de las emociones y hasta de las conciencias de millones de personas, de forma instantánea. Lo pueden hacer hasta los individuos, pero los consorcios políticos y económicos siguen liderándolo.

Nos vienen a la memoria infinidad de casos de lo que hoy llaman post-verdad, como aquella película ítalo-norteamericana “El Monstruo en Primera Plana”, cuyo argumento discurría en un joven dirigente del Partido Comunista italiano acusado falsamente de un crimen de violación convertido por periódicos en un mayúsculo escándalo de repercusiones políticas en una campaña electoral.

Al gobierno de Salvador Allende lo convirtieron en un estrangulador de las libertades en Chile, aunque cayó sin haber reducido ningún derecho; de la revolución constitucionalista dominicana de 1965 se tejieron historias hasta de violación de las monjas para  tratar de justificar la invasión de Estados Unidos. Y todavía al comienzo de este siglo el sistema comunicativo justificó la inmensa destrucción de Irak con la consigna de que Sadan Hussein tenía unas armas de destrucción masiva que todavía no han aparecido.

Lo que el Papa Francisco nos ha dicho esta semana es que “El drama de la desinformación es desacreditar al otro, presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes intolerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender el peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce, en último análisis, la falsedad”.

En los años setenta y ochenta cuando la UNESCO recogió las preocupaciones académicas y de los profesionales de la comunicación por los monopolios de la información fue satanizada, y al igual que quienes promovían la profesionalización del periodismo, convertidos en enemigos mortales de la libertad de prensa, lo que muchos llegaron a creer.  Era la post-.verdad.

Fueron los años del Informe MacBride “Un Solo Mundo, Voces Múltiples” proclamando que “con el establecimiento de un nuevo orden mundial de la comunicación, cada pueblo debe poder aprender de los demás, informándoles al mismo tiempo de cómo concibe su propia condición y de la visión que tiene de los asuntos mundiales. Cuando ello se logre, la humanidad habrá dado un paso decisivo hacia la libertad, la democracia y la solidaridad”.-

Cuestión de dignidad nacional

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Hay que darle crédito al presidente Danilo Medina por la decisión de reconocer la realidad de la República Popular China, (RPCH) evadida por los gobiernos dominicanos  durante casi medio siglo, desde que en 1971 la mayoría  de los Estados integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Resolución 2758 que restituyó a esa nación el reconocimiento que, como fruto de la guerra fría, ostentaba la República de China en Taiwán.

Desde los años setenta la mayoría de las naciones del mundo se adhirieron a la resolución reconociendo la realidad de que Taiwán es apenas el 0.4 por ciento del territorio chino y el 2 por ciento de su población. República Dominicana evadía la realidad junto a 21 naciones,  el 11 por ciento de los Estados miembros de la ONU,  en una compañía que para nada nos acreditaba, 5 centroamericanas, Paraguay, Belice, Haití, tres islas del Caribe y 6 del Pacífico y Oceanía, así como dos países africanos y el Vaticano.

Durante años se ha dado la paradoja de que hemos querido formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU sin reconocer la nación de mayor población, 1,380 millones,  el quinto de mayor extensión, 200 veces el territorio dominicano,  segunda potencia mundial disputando el primer lugar, y por todo ello con influjo en el concierto diplomático internacional. Se podía explicar la posición dominicana por la dependencia de los Estados Unidos, pero este país reconoció la RPCH en 1979.

Sólo los esfuerzos de Taiwán invirtiendo una apreciable cantidad de dinero para mantener el reconocimiento de una veintena de países, podía explicar que los gobernantes dominicanos persistieran en el absurdo aunque el intercambio comercial, muy favorable para la RPCH alcanzara los 2 mil millones de dólares anuales. Pero nadie debería fundar nuestra decisión  en que nos va a proporcionar mayor asistencia técnica o financiera. Porque eso rebaja la dignidad nacional y nos proyecta como una nación mercantilista. Ya el senador norteamericano Marco Rubio, ignorando la realidad universal,  nos acusó de dejarnos sobornar por China, cuando sólo hicimos lo que su país decidió hace 39 años.

Nos ha costado mucho esta decisión de soberanía y dignidad nacional, adoptada desde mediados del año pasado, (cuando la publicamos), tras lo cual Taiwán desarrolló una ofensiva desesperada buscando revocarla. En julio envió al país a su canciller, que no fue recibido por su homólogo Miguel Vargas ni por el presidente Medina. En agosto vino el ministro de Defensa, y en noviembre el vice canciller. En Octubre la presidenta de Taiwán cursaba invitación al presidente Medina para una visita oficial, y hace apenas semanas tres buques de las fuerzas navales taiwanenses visitaron el país.

No dejaba de ser penosa la decisión de desconocer a Taiwán, después de décadas de cooperación, pero era cuestión de dignidad. En el comunicado en que anuncia su retiro total del país se expresa que “condenamos enérgicamente  la decisión de China Popular de utilizar la diplomacia del dólar para comprar los aliados diplomáticos de Taiwán”. Eso implica una acusación de que nos vendimos y una desproporcionada reacción, tal vez motivada porque todavía en febrero estábamos firmando un acuerdo de cooperación, y recibimos una contribución de 3 millones de dólares para microempresas, y cientos de ambulancias y motocicletas, cuando ya habíamos decidido un divorcio que debió ser más conciliado.

Más allá del agradecimiento por la asistencia técnica y la amplia ayuda financiera de Taiwán durante décadas, hay que reconocer la tremenda laboriosidad de ese pueblo de 23 millones de seres humanos, que levantó un emporio económico en una isla un tercio menor que el territorio dominicano, favorecido por haber sido convertida en frontera de contención del comunismo chino. Fue un error estratégico no haberse declarado independiente en plena guerra fría cuando habrían conseguido reconocimiento, en vez de seguir proclamándose como la nación china. Con todo, merecen la mejor de la suerte, que la peor sea un estatus semejante al de Hong Kong, que ha mantenido relativa autonomía y su gran prosperidad económica.-

Los pobres partidos opositores

Por Juan Bolívar Díaz

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Con mucha frecuencia y en todos los sectores de la sociedad dominicana se escucha el lamento sobre la pobreza, la incapacidad y falta de propuestas de los partidos dominicanos de oposición. En unos por interesada conveniencia, en otros por complicidad y también por ignorancia. Muchos porque quisieran otro resultado de la actividad política.

La frustración es tan extendida que los partidos figuran entre las instituciones públicas de menor credibilidad en el país, con aprobación fluctuante entre 15 y 20 por ciento en las encuestas nacionales de las firmas Gallup, Penn o Asisa, o en las internacionales como Barómetro de las Américas o Latinobarómetro.

En realidad la crisis de los partidos es hoy universal, incluyendo a los viejos templos políticos europeos, socialistas, socialdemócratas, democristiano, y comunistas, tan malparados que muchos creen que las ideologías desaparecieron para siempre, un craso error, demostrado por el resurgimiento de los nazi fascistas. La crisis de los dos grandes partidos norteamericanos no hay que demostrarla, que para eso está ahí Donald Trump.

Si eso ocurre en las naciones donde más de desarrolló la cultura democrática, con instituciones centenarias, mayor explicación en las incipientes del tercer mundo. El caso dominicano es de los que acumula mayores tropiezos históricos en la creación de la cultura democrática, por el arraigo de la imposición, el exterminio, la exclusión y el caudillismo como forma de dominación política, desde la brutal colonización y el régimen esclavista, al reparto de la isla y el reinado de piratas, corsarios y filibusteros.

En ninguna otra nación latinoamericana los fundadores quedaron tan inmediatamente excluidos, aislados, exiliados y hasta fusilados, como en esta,  y la dominación prolongada y sistemática, al margen de todo derecho, apenas ha dado treguas signadas por la anarquía derivada de la falta de cultura democrática y participativa.

El actual dominio de todas las instituciones del Estado, con los poderes legislativo, judicial y municipal, con los organismos de control, incluyendo una alta proporción de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales de todo género, en especial las sindicales, es la nueva forma de expresión de la gobernanza antidemocrática. Parece la “dictadura con apoyo popular” que una vez postuló erráticamente el profesor Juan Bosch, pero sin las virtudes que él propugnaba en la actividad política.

Ello ha sido posible por el auto debilitamiento de los partidos que debieron encarnar la alternativa, por su incapacidad para la renovación, además de la crisis de propuestas ideológicas y programáticas. Pero también por el uso y abuso público del Estado para corromper y pervertir el liderazgo y destruir las posibilidades de alternativa, además de la manipulación de los órganos electorales y judiciales en manos de dirigentes partidistas.

Claro que no todos los partidos son exactamente iguales, y que incluso los hay donde predomina un discurso más democrático, con visión y propuestas. Pero son tan pobres de recursos y medios de comunicación que no pueden competir con los dominantes.

Todos debemos reconocer que la corrupción y la cooptación no es sólo del liderazgo político, sino que abarca fuertes estamentos del sindical, profesional, académico, empresarial, comunicacional, comunitario  y hasta religioso. Si las debilidades fueran sólo de los partidos, hace tiempo que la sociedad los hubiese sustituido.

Como no hay posibilidad de democracia sin partidos, hay urgencia de salir al rescate de la política. Para ello hay que comprender los procesos sociales y hacer conciencia de que la disolución de los partidos afianza la dominación y conduce a crisis sistémicas que la experiencia reciente ha demostrado que resultan remedios tan malos como la enfermedad.

Hay que abandonar el discursito de “los pobres partidos opositores” o alternativos. Son pobres todos, aunque los que están en el poder han acumulado una enorme riqueza a costa de toda la sociedad para afianzar la dominación comprando todo lo posible, y con gran indulgencia social. Ellos son los que merecen mayor atención y desaprobación.-

Otro desafío a la Procuraduría

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¡Que pena Lula, que pena!

A1Por Juan Bolívar Díaz

Ya para muchos y para la historia quedará la sensación de que el carismático expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido víctima de un linchamiento político, por las debilidades de las pruebas de corrupción por la que se le condenó, apenas el testimonio de un imputado que negoció una “delación premiada”. Incluso es posible que esta condena con mínimo fundamento reste mérito al histórico papel de los fiscales brasileños que han documentado la corrupción del empresariado y los políticos, extendida por el continente.

Es muy probable, que en el caso de Lula las motivaciones políticas, el interés de liquidar su posible retornase al poder hayan predominado sobre la justicia. Aún asumiendo el testimonio de que el apartamento de  Sao Paolo fuera comprado para Lula, han faltado elementos probatorios exigidos en toda buena justicia, aún en caso de los peores y reincidentes delincuentes. No ha aparecido un título de propiedad, ni prueba de que Lula o sus familiares lo hayan habitado.

El caso es más triste cuando se recuerda que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue destituida en juicio político del Congreso en el 2016, año y medio después de ser reelecta,sin acusación . No la acusaron de corrupción, sino de haber maquillado cifras fiscales, cosa común en el mundo. En ambos casos parece haber predominado el interés de poderosos sectores que querían destruir el mito Lula y sus perspectivas. Fue sustituida por Michel Temer, sobre quien pesan graves indicios de corrupción, pero sigue en el poder.

Más amargo que comprobar los pujos de los grupos dominantes preocupados por la caída del gran crecimiento  de los esplendorosos años del poder de Lula, es saber que éste, como Dilma y gran parte del liderazgo de su partido, son responsables del desastre de corrupción en que devino Brasil, ampliamente documentado en el mensalao, em los contratos multimillonarios de Petrobras y en el entramado de Odebrecht exportado a  una docena de países, incluyendo la República Dominicana, su sede alternativa.

Ningún argumento político ni conmiseración ante los humildes orígenes de Lula y Dilma pueden convencernos de que ellos desconocían los niveles de corrupción que quedaron patentes desde que en noviembre del 2012 recibió una primera condena de 12 años de cárcel José Dirceu, quien fuera jefe del gabinete de Lula y presidente del Partido de los Trabajadores. En este caso abundaron las pruebas de que él dirigía el Mensalao de Petrobras, por lo que luego en el 2016 sus condenas se extendieron a 30 años de cárcel.

Hasta prueba en contrario, Lula ni Dilma se enriquecieron, pero es difícil creer que eran tan distraídos para no enterarse cómo se financiaba a los partidos, líderes políticos y congresistas de todos los colores, porque estúpidos no son. Al menos pecaron de corrupción pasiva, sin olvidar que ambos estuvieron vinculados a operaciones de Odebrecht y premiaron al presidente Danilo Medina con Joao Santana y Mónica Moura los asesores operadores del financiamiento político de la constructora, ampliamente documentado.

Lula vino al país promoviendo las contrataciones de Odebrecht y Dilma apoyó las plantas de Punta Catalina, adjudicadas bajo compromiso de financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil, que no pudo cumplir por los escándalos que la salpicaron.

Un informe de la comisión del congreso peruano que investigó las operaciones de Odebrecht documentó que tres empresas asociadas transfirieron 4.5 millones de dólares en 16 depósitos a la firma Cine&Art 2013, creada en Santo Domingo por los hijos de Joao y Mónica. Hace un año cuatro entidades sociales entregaron a la Procuraduría hasta el número de la cuenta bancaria de los depósitos, sin ninguna reacción.

Yo figuré entre tantos que ponderaron la gestión de Lula, que concluyó con aprobación del 80%, la substancia social que regeneró de la pobreza a unos 30 millones de brasileños. Lo aprecié personalmente cuando compartimos tres días como oradores invitados a un seminario en Berlín en 1997 y en Teleantillas donde lo entrevistamos por casi una hora. Pero no puedo tapar el sol con mis preferencias. Si no se corrompió personalmente, Lula patrocinó la corrupción en la política brasileña y más allá. Y eso merece por lo menos una sanción moral, si no se presentan pruebas contundentes.

Me quedo con la memoria de Nelson Mandela y José Mujica, a quienes el poder no logró obnubilar. ¡Que pena Lula, el limpiabotas, el obrero superado, que pena!

Rechacemos el discurso del odio

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Por Juan Bolívar Díaz

El discurso cargado de odio y xenofobia que grupos minúsculos de fanáticos y comunicadores irresponsables difunden hace varios años ha calado tanto en algunos sectores que ya hasta consideran herético que los oradores de las Siete Palabras del Viernes Santo hayan reclamado una actitud compasiva y respetuosa hacia los inmigrantes de la vecina y desafortunada nación haitiana.

El fanatismo y la irracionalidad llegan al extremo de que, aunque se dicen cristianos, reniegan del supremo mandato del cristianismo, de amor y solidaridad entre los seres humanos, y desconocen los numerosos pronunciamientos del Papa Francisco, de los obispos dominicanos y de su Pastoral para los Inmigrantes y Refugiados, que insisten en el respeto a los derechos humanos y la necesidad de promover encuentros y concertaciones para la convivencia y el bienestar de los dos pueblos de la isla.

Debemos celebrar que varios de los oradores, como el vicario de la pastoral de adolescencia y juventud, Miguel Ángel Amarante, y el párroco de la Iglesia Santo Cura de Ars, Nelson Acevedo, aprovecharan el gran escenario para rechazar con firmeza y sin temor el discurso del odio y la xenofobia y el tráfico y la explotación de seres humanos, reclamando respeto para los inmigrantes, sin dejar de reconocer las imprescindibles regulaciones y limitaciones. No hicieron más que seguir las decenas de llamamientos del Papa Francisco sobre la misericordia y solidaridad y tratamiento de seres humanos con que deben ser acogidos los inmigrantes y refugiados.

Los que impugnan a esos sacerdotes, olvidan ex profeso la exhortación del Papa Francisco a los obispos dominicanos en ocasión de su visita “Ad Límina Apostolorum” del 28 de mayo del 2015: “La atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”. Y refiriéndose a los desnacionalizados descendientes de extranjeros nacidos en el país: “Es necesario seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”.

Esa firmeza debe ser imitada por las autoridades y todos los participantes en el debate nacional, para asumir las relaciones con los haitianos “con una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza”, como también expresó el Papa Francisco el 16 de enero del 2017.

El discurso constructivo incluye el abogar sistemáticamente por la adopción y aplicación de las normativas necesarias para limitar el excesivo flujo de haitianos, incentivado por el mismo Estado y los empresarios que se lucran con una mano de obra excedente, de baja retribución, sin seguridad social ni capacidad para reclamar límites de horarios o de días laborables, y que degrada el salario nacional.

Debemos reclamar al gobierno que prohíba la contratación de obreros en las obras públicas y que se cumpla el límite del 20% de trabajadores extranjeros al menos en la agricultura y la construcción financiada o con incentivos, que reduzca los 56 funcionarios consulares y 46 diplomáticos designados en Haití, mucho de ellos dedicados a tráficos indecorosos, y que controle el tráfico humano por la frontera.

Hay que exigir a los empleadores que faciliten la regularización de los trabajadores que necesiten, y luego sancionar severamente a quienes empleen indocumentados, promover que dejemos de buscar haitianos y haitianas para trabajo doméstico, vigilantes y chiriperos. Todo esto para establecer una racional política de control migratorio.

Lo que no debemos es proseguir el sendero del odio que acaba de reproducir en Pedernales el tenebroso ku-klux-klan, cuando encapuchados quemaron casuchas de haitianos. El mismo odio que ha generado primitivismos en la línea noroeste y el nordeste y que hace tres años colgó en un parque de Santiago a un joven limpiabotas haitiano, sin que hasta ahora ninguna autoridad haya expresado siquiera una sanción verbal.

Un absurdo anular la Ley 169-14

A1
Por Juan Bolívar Díaz
Desde el pasado fin de semana circula en ámbitos judiciales, gubernamentales y diplomáticos la versión de que el Tribunal Constitucional (TC) se apresta a declarar inconstitucional la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad dominicana a gran parte de las personas dejadas en la apatridia por su sentencia 168-13 que había ocasionado el más grave escándalo internacional que haya afectado a la nación.Ha trascendido que la mayoría de los miembros del tribunal se inclinan por la anulación y tendrían redactado un proyecto para consideración del pleno, donde se sabe que no alcanzarán unanimidad debido a que sus integrantes Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez consignaron votos disidentes cuando el 22 de septiembre del 2013 se emitió la sentencia de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes indocumentados que habían sido documentados como dominicanos durante décadas.

Una fuente judicial vinculada al TC confirmó la versión, al igual que otra relacionada con organismos internacionales, y una tercera de alto nivel gubernamental no sólo la validó sino que además aseguró que en la casa presidencial habría consternación por la posibilidad de la ocurrencia, porque devolvería al Estado dominicano al torbellino nacional e internacional que comenzó a conjurar con la esa ley.

Para quienes insisten en confundir la desnacionalización de los nacidos en el país con la regularización de los inmigrantes, conviene recordar que la Ley 169-14, promulgada por el presidente Danilo Medina el 23 de mayo del 2014 dice en su artículo primero que “tiene por objeto exclusivo establecer: a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.

El texto legal dispuso que la Junta Central Electoral “procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior” y que luego “los acreditará como nacionales dominicanos”.

Para los del grupo b), los nacidos en el país en similares circunstancias pero que nunca llegaron a ser registrados como ciudadanos, se instituyó que se inscribieran en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y que dos años después tuvieran derecho a optar por la naturalización ordinaria.

Esa ley fue un imperativo de justicia y sentido humanitario para corregir un despojo retroactivo, que afectó a decenas de miles de personas, rechazado a unanimidad por los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Debe ser la ley más consensuada en la historia de la nación, para la cual el presidente Medina consultó y logró el respaldo de los líderes políticos de la oposición, de las iglesias y sectores sociales, y los organismos internacionales, siendo aprobada a unanimidad por las cámaras legislativas.
Su anulación sería un acto de soberbia y grave desafío a un gran acuerdo nacional de imperativo humanitario y diplomático que sacó al Estado dominicano del candelero en que había quedado.

Aunque persisten reclamos a favor de los del grupo b, en gran proporción sumido en la apatridia, con absurdos tan graves que en una misma familia unos hijos quedaron como dominicanos y otros como extranjeros.

El daño que ocasionaría a la nación la anulación de esa ley es incalculable y crearía un grave problema al gobierno del presidente Medina, con distracción de energías en la segunda mitad de su mandato constitucional. El propósito es tan difícil de creer que ya hay quienes lo atribuyen a las querellas que sacuden al propio partido gobernante. En cualquier caso la advertencia pública es válida, porque ya el TC llegó al extremo de desconocer la adscripción de la nación dominicana a las competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque su propia ley orgánica la consigna, y después de hasta haber firmado acuerdos de cooperación con la misma.