Un absurdo anular la Ley 169-14

A1
Por Juan Bolívar Díaz
Desde el pasado fin de semana circula en ámbitos judiciales, gubernamentales y diplomáticos la versión de que el Tribunal Constitucional (TC) se apresta a declarar inconstitucional la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad dominicana a gran parte de las personas dejadas en la apatridia por su sentencia 168-13 que había ocasionado el más grave escándalo internacional que haya afectado a la nación.Ha trascendido que la mayoría de los miembros del tribunal se inclinan por la anulación y tendrían redactado un proyecto para consideración del pleno, donde se sabe que no alcanzarán unanimidad debido a que sus integrantes Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez consignaron votos disidentes cuando el 22 de septiembre del 2013 se emitió la sentencia de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes indocumentados que habían sido documentados como dominicanos durante décadas.

Una fuente judicial vinculada al TC confirmó la versión, al igual que otra relacionada con organismos internacionales, y una tercera de alto nivel gubernamental no sólo la validó sino que además aseguró que en la casa presidencial habría consternación por la posibilidad de la ocurrencia, porque devolvería al Estado dominicano al torbellino nacional e internacional que comenzó a conjurar con la esa ley.

Para quienes insisten en confundir la desnacionalización de los nacidos en el país con la regularización de los inmigrantes, conviene recordar que la Ley 169-14, promulgada por el presidente Danilo Medina el 23 de mayo del 2014 dice en su artículo primero que “tiene por objeto exclusivo establecer: a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.

El texto legal dispuso que la Junta Central Electoral “procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior” y que luego “los acreditará como nacionales dominicanos”.

Para los del grupo b), los nacidos en el país en similares circunstancias pero que nunca llegaron a ser registrados como ciudadanos, se instituyó que se inscribieran en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y que dos años después tuvieran derecho a optar por la naturalización ordinaria.

Esa ley fue un imperativo de justicia y sentido humanitario para corregir un despojo retroactivo, que afectó a decenas de miles de personas, rechazado a unanimidad por los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Debe ser la ley más consensuada en la historia de la nación, para la cual el presidente Medina consultó y logró el respaldo de los líderes políticos de la oposición, de las iglesias y sectores sociales, y los organismos internacionales, siendo aprobada a unanimidad por las cámaras legislativas.
Su anulación sería un acto de soberbia y grave desafío a un gran acuerdo nacional de imperativo humanitario y diplomático que sacó al Estado dominicano del candelero en que había quedado.

Aunque persisten reclamos a favor de los del grupo b, en gran proporción sumido en la apatridia, con absurdos tan graves que en una misma familia unos hijos quedaron como dominicanos y otros como extranjeros.

El daño que ocasionaría a la nación la anulación de esa ley es incalculable y crearía un grave problema al gobierno del presidente Medina, con distracción de energías en la segunda mitad de su mandato constitucional. El propósito es tan difícil de creer que ya hay quienes lo atribuyen a las querellas que sacuden al propio partido gobernante. En cualquier caso la advertencia pública es válida, porque ya el TC llegó al extremo de desconocer la adscripción de la nación dominicana a las competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque su propia ley orgánica la consigna, y después de hasta haber firmado acuerdos de cooperación con la misma.

El valor de los pactos y palabras

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que tantos incentivan al presidente Danilo Medina, para que prosiga la senda del viejo camino continuista prolongador de miserias institucionales, como si algún mandatario lo necesitara,  y cuando muchos otros dan por irremediable que el poder es una droga que no se cede ni abandona, conviene apelar al valor de los pactos y las palabras empeñadas con cara seria y discursos ante el pueblo dominicano.

Se que estos párrafos apenas lograrán una sonrisa de conmiseración de aquellos que los considerarán sueños de idealistas o necio reclamo de opositores impenitentes, pero prefiero correr ese riesgo y aferrarme al Danilo Medina que traté en los años 2007-12, cuando luchó valientemente contra el viejo camino lacerante  de la institucionalidad democrática que encarnaba entonces su compañero Leonel Fernández, sobre todo después que en el 2008 proclamó “me venció el Estado”. Lo sentí tan humilde que me permití darle consejos estimulantes de la perseverancia y la racionalidad que lo llevó al poder en el 2012.

Creo que ha llegado el momento de apelar al compromiso que contrajo a nivel personal y nacional de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. Si Danilo concluye su obra gubernamental dentro de dos años, como es su compromiso institucional, podría reivindicar el valor de su palabra y terminar con algunos logros importantes, sobre todo su inversión en educación, aunque con serias deficiencias institucionales, pocas soluciones estructurales, en corrupción y profundización del clientelismo.

Pero desconocer los pactos y las palabras que lo atan a este último período gubernamental conllevaría un alto costo de ruptura democrática institucional, comenzando por su propio partido, de una mayor corrupción política, de imposición, con riesgos de desatar fuerzas adormecidas y cosechar un tropiezo como el de Joaquín Balaguer en 1978 o el de Hipólito Mejía en el 2004.

Desconocer su propia Constitución, la del 2015 que él auspició para buscarse un segundo y último período de gobierno, degradará a Medina al nivel de los más ambiciosos de nuestra historia, dejando su palabra profundamente devaluada. Ya el 17 de junio de ese año, en un discurso a la nación, aceptó que estaba cambiando su posición, pero bajo el compromiso de que si era reelecto en el 2016, “no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República”.

Así quedó consignado en la vigésima disposición transitoria de su Constitución: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período  constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”, Reiteró ese compromiso en la campaña electoral y al comienzo del actual período.

Me cuento entre quienes mantienen la esperanza de que Danilo Medina no renegará otra vez de las convicciones que expresó reiteradamente entre el 2007 y el 2015,  y que no pretende desconocer el gran pacto nacional de la Constitución, ni el que suscribió en el Comité Político de su partido. No puede desconocer su propia Constitución ni volver a modificarla con los mismos actores y para exclusivo beneficio personal.

Si alguna duda tenía el ciudadano Danilo Medina debe quedar edificado con el resultado de la acreditada encuesta Gallup-Hoy publicada esta semana, donde dos tercios de la población, el 67 por ciento,  manifiesta oposición a que modifique la Constitución para seguir reeligiéndose. Vale recordarle que la misma encuesta recogió un 61 por ciento favorable a la reforma que se ejecuto hace tres años, como apareció en HOY del 9 de febrero del 2015.

Si es cuestión de honor cumplir la palabra repetidas veces empeñada, hay que recordarle al ciudadano Medina que es mil veces superior la obligación de acatar los supremos mandatos de la Constitución, y en este caso la suya. Si ningún pretexto.

Y que me perdonen los pragmáticos y realistas.-

 

,

Gran desafío para el PRM

A1

 Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene a partir del próximo domingo un gran desafío, interno y nacional, de cuyo éxito puede depender su afianzamiento como alternativa de oposición o su adscripción al descrédito de donde viene la mayoría de su dirección y militancia, y que afecta a todos los partidos que han dominado el escenario nacional en el último medio siglo.

La primera prueba será para el padrón de miembros que ha elaborado desde mediados del año pasado, registrado esta semana ante la Junta Central Electoral con una matrícula de 524 mil 675 ciudadanos, que será puesto a prueba con el voto de todos sus integrantes para elegir sus dirigentes nacionales, municipales, distritales y zonales,  lo que hace muchos años no realiza ninguno de los partidos tradicionales.

Los dirigentes y organizadores de la convención electiva del PRM se han empeñado en corregir los errores naturales en una labor tan compleja, como el empadronamiento dc más de medio millón de ciudadanos, una suma superior a los militantes de partidos de naciones de mucho mayor población. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, que data de 1879, tiene un registro de 190 mil militantes en una población española de 46.5 millones.

El desafío organizativo es mayor  por cuanto implica la elección de 7 mil 680 dirigentes, en tres boletas separadas, algunas de las cuales con excesivo número de  cargos, por ejemplo los 21 vicepresidentes e igual número de subsecretarios generales nacionales, con una cantidad todavía más desproporcionada de candidatos, que según se ha informado supera los 85 mil.

Los organizadores esperan informar la misma noche del domingo 18 sobre la elección de los dirigentes nacionales, lo que ya es otro reto, y seguro que pasarán varios días para lograr computar los votos de todos los demás candidatos. Podrían tener éxito si concluyen en cuestión de una semana, la mitad del tiempo que tomó el partido  gobernante en el 2015 cuando escogió a cerca de 4 mil candidatos a cargos municipales y diputados.

El primer impacto positivo para el PRM sería demostrar que los partidos pueden hacer un padrón de miembros sin mayores errores ni exclusiones y lograr que una alta proporción acuda a votar. Por lo menos el promedio del 50 por ciento que sufragó en los cuatro comicios nacionales congresuales y municipales que se realizaron entre 1998 y 2010, separados de los presidenciales, yn cosecharían un gran éxito si participa el promedio del 70 por ciento que registran las elecciones presidenciales.

Como es tradición en el país, la ciudadanía responde con civismo a las convocatorias democráticas. El mayor desafío radica en que entre los dirigentes, delegados y candidatos primen los valores democráticos, sin ningún género de marrullería, en el escrutinio y proclama de los ganadores, y que quienes no resulten electos  acaten sin mayores ruidos el dictamen democrático.

La convocatoria democrática del domingo puede significar el entierro definitivo de los intentos por imponer el padrón electoral universal a todos los partidos bajo el pretexto de que no tienen capacidad para organizar su propio padrón de miembros, algo que retrata de cuerpo entero las dramáticas adolescencias y miserias del sistema partidista nacional, y deja desnudos a los que pretenden organizar y desarrollar la sociedad dominicana.

Los perremeistas podrían estarse jugando en este desafío su futuro como partido, especialmente sus posibilidades para las elecciones del 2020 cuando tendrán que enfrentar a una maquinaria política curtida en el ejercicio y abuso del poder  en los procesos electorales,  lo que le ha permitido imponer  una estructura de dominación que conspira contra la institucionalidad democrática de la nación.

Hasta por saneamiento emocional y por mantener la esperanza de los dominicanos  en que se puede renovar el partidarismo político, el PRM tiene el gran desafío de salir adelante en su proceso convencional. –

 

El cinismo del ministro Fadul

A1

Por Juan Bolívar Díaz

            Como en este caso no se le puede atribuir ignorancia habría que convenir en que el Ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, ha roto los parámetros del cinismo al anunciar que enviará al Congreso Nacional una propuesta para endurecer las sanciones a las empresas que violen el código laboral en la limitación al 20 por ciento en el empleo de extranjeros.

Hay tres razones fundamentales para estimar como cínica tal propuesta: que todavía no han aplicado las sanciones que él considera benignas, que habría que comenzar por su mismo gobierno y que hace tiempo que se hizo tarde para conseguir que los dominicanos integren siquiera el cincuenta por ciento de la mano de obra en la agropecuaria y la industria de la construcción, dos de los mayores empleadores.

El planteamiento del también miembro del Comité Político del partido gobernante es otra expresión de la hipocresía y la ineficiencia con que se afronta el desorden inmigratorio, responsabilidad de quienes han gestionado el Estado durante el último siglo, y en especial en lo que va de este cuando alcanzó dimensiones irritantes y conflictivas.

Para fundamentar su proyecto, Fadul debió informarle al país cuántos empresarios, grandes, medianos o pequeños, han sido procesados y condenados por violar el límite del 20 por ciento en la contratación de extranjeros, y si alguno ha pagado sanción económica. Si hubo algún caso, se trató de una discriminación, porque hace muchos años que los productores agropecuarios reconocen que dependen en más de un 70 por ciento del trabajo de los haitianos, y los de la Construcción en más de un 60 por ciento. En muchos renglones y casos la proporción es inversa: 80 por ciento extranjeros y 20 dominicanos.

Fadul sabe que el primero y uno de los mayores empleadores de haitianos, sin ningún límite, ha sido y sigue siendo el Estado. No sólo cuando concentraba la mayor parte de la producción de azúcar, sino para todas las obras públicas, fueren tan grandes como el acueducto y el metro capitalino, o los proyectos modelos de viviendas de La Nueva Barquita y Boca de Cachón, este último construido por el gobierno de Danilo Medina  con 90 por ciento de mano de obra haitiana.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Promotores y Constructores de Vivienda, Susi Gatón, ha dicho responsablemente que si se pone en vigencia la amenaza de Fadul se paralizará la industria de la construcción, porque depende de la mano de obra haitiana. Y precisó que no sólo la privada, sino también la pública y la mixta, poniendo de ejemplo la tan manoseada “Ciudad Juan Bosch” en construcción.

En el gobierno del presidente Leonel Fernández fue igual y cuando se publicó que eran haitianos los que ampliaban las edificaciones de la cancillería de la República,  Diandino Peña dijo que si la querían concluir no había alternativa. En otra ocasión declaró con admirable sinceridad que sin el trabajo de los haitianos no habría metro.

Antes que Fadul pierda su tiempo apelando al Congreso, como es el ministro de Trabajo, lo que debe hacer es una prueba aplicando las actuales sanciones benignas, sometiendo a la justicia a todos los violadores del límite del 20  por ciento. Pero sin discriminación, lo que implica a las obras públicas o donde haya incentivos estatales.

Pero él sólo trata de calmar  las tribunas alarmadas por la incontrolada inmigración haitiana. Y sabe que el problema es complejo, porque miles de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, constructores, y operadores de redes de vendedores ambulantes y ciudadanos prefieren, hasta en el trabajo doméstico, una mano de obra excedentaria, sin capacidad para reclamar, generalmente con menores salarios, sin pagársele la seguridad social ni dejarle  acumular prestaciones, sin límites de horarios ni días laborables.

Hace muchos años que ya debimos controlar la inmigración, pero sin hipocresía ni engaños, comenzando por el negociazo del tráfico humano en la frontera y aplicando sin algarabía, sin odio ni abusos, todo el régimen legal que nos hemos dado.-

Ofensivo sofisma de Reinaldo Pared

A1Por Juan Bolívar Díaz

El discurso del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, sirvió para demostrar que lo que le interesa al sector políticamente dominante del poder, en la discutida Ley de Partidos Políticos, es imponer el padrón electoral universal, o abierto,  como único método para elegir los candidatos a cargos electivos de todos los partidos.

No importa que ese método no haya podido ser aprobado durante más de dos años de discusión ni siquiera en el seno del mismo partido de gobierno, y que cuente con el rechazo de casi todos los partidos, y de las instituciones sociales que dan seguimiento a los asuntos políticos e institucionales, por alguna razón hay que mantener el empeño. Se cree que se persigue un mecanismo que permita la compra masiva de votos y el influjo del poder estatal en la elección de las candidaturas del partido oficial y hasta de los opositores.

Pared Pérez, también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana,  abusó del escenario en que formuló su alegato, con amplísima retransmisión,  y pecó de irreflexivo al confrontar hasta el criterio del presidente de su propio partido que se cuenta entre quienes sostienen que sería inconstitucional imponer que los candidatos de todos los partidos tengan que ser electos por ciudadanos que no sean miembros de los mismos. Con ventajismo llevó a la Asamblea Nacional la lucha interna que sacude a su partido.

Peor aún, el declarado aspirante a la candidatura presidencial, ofendió la inteligencia  de todos con el sofisma de que siempre ha existido un único método de elección de candidatos, que es la asamblea de delegados instituida en la ley electoral, cuando en la práctica generalizada esa sólo ha sido la última instancia de aprobación de las candidaturas.

.          Desde 1981 el Partido Revolucionario Dominicano estableció un mecanismo de elección de candidaturas con votación de todos sus comités de base, los cuales  remitían el resultado  a la Convención Nacional establecida por ley. Después se impusieron varios métodos más directos de votación universal de los inscritos en padrones partidarios, o en el universal, cuyos resultados siempre fueron avalados por la asamblea de delegados.

Con el voto de los empadronados en el PLD fue electo candidato presidencial el doctor Leonel Fernández para los comicios de 1996, Danilo Medina para el 2000, y para el los comicios sucesivos, tanto presidenciales como  congresuales y municipales, se generalizó en los partidos mayoritarios la votación de sus miembros, con padrón partidario o universal. Y nunca chocó con la asamblea de delgados, que es la instancia validadora.

Pared Pérez desconoció la sentencia de la Suprema Corte del 2005, que   declaró inconstitucional la Ley 286-04 que instituyó las primarias simultáneas con padrón universal para la escogencia de los candidatos, e ignoró también el artículo 216 de la Constitución  del 2010 que él mismo aprobó, el cual declara que “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre”, y que “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto de la democracia interna”, o lo que es lo  mismo en lo que establezcan sus normas o estatutos democráticamente aprobados.

Llama la atención que el único aspecto del debatido proyecto de ley de partidos reivindicado por el presidente del Senado haya sido el de la imposición del padrón abierto para elegir candidatos, cuando el proyecto pretende cuestiones más fundamentales como  garantizar la democracia interna, la transparencia del financiamiento y rendición de cuentas, la igualdad de género,  los límites del gasto y de las campañas internas, la sanción del financiamiento ilícito y del abuso de los recursos del Estado.

Tampoco se refirió al otro proyecto que viene siendo discutido hace dos años en una comisión bicameral, y más trascendente, que es el del Régimen Electoral, llamado a garantizar elecciones generales equitativas, democráticas y justas. Y ahora plantea una nueva comisión exclusivamente de senadores, para afrontar sólo el proyecto de la Ley de Partidos. La burla no pudo ser más descarada, aunque ya en el 2014 y en el mismo escenario Pared había dicho que no había razón para que no hubiese sido aprobada esa ley.

 

 

¿Por qué nos evalúan tan mal?

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Hemos lanzado la pregunta una y otra vez en distintos escenarios, ¿por qué nos evalúan internacionalmente tan mal?, cosechando muy diversas respuestas e interpretaciones, desde la más simple, “porque andamos mal”; la interpretativa, “porque nos empeñamos en cerrar los ojos a la realidad y no resolver los problemas que tenemos”; o las radicales que ven una conspiración internacional contra el país, “al que no le reconocen nada bueno”.
Dos evaluaciones publicadas esta semana colocan a la República Dominicana en posiciones críticas y hasta de retroceso, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) y en el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre mortalidad de recién nacidos.

En el índice de TI, entregado ayer miércoles por su capítulo Nacional, Participación Ciudadana, RD descendió en puntuación de 31 a 29 sobre 100, colocada en la posición 135 de 180 naciones evaluadas; en el tercio de los más corruptos, que quedaron por debajo de los 50 puntos, y lejos del promedio de estos que fue de 43.

Cuando se verifica la tabla continental, la tristeza es mayor, por cuanto el país sólo registra mejor puntuación que Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, que oscilan entre 28 y 18 puntos. Eso significa que en corrupción superamos a todas las naciones de la región caribeña y a casi una treintena de América. Participación Ciudadana atribuye el declive en este índice al escándalo Odebrecht, incluyendo el hecho de que los principales ejecutivos de esa trama mudaron sus operaciones al país cuando los cercó la justicia brasileña, considerando que era el lugar ideal para continuar sus “operaciones estructuradas”.

El informe de UNICEF no es menos lacerante, al colocar la RD en el lugar 51 en mayor proporción de muertes en el primer mes de nacimiento, entre 184 países analizados, con una tasa de 21.8 por cada mil nacidos, el cuarto peor entre 51 considerados de “ingresos medianos altos”, por debajo de otros 16 latinoamericanos y caribeños incluidos en el grupo.

Nadie puede explicar cómo es posible que mantengamos esa tasa de muertes de recién nacidos, tan alta como también la de muertes maternas, con un crecimiento económico líder en la región en los últimos cincuenta años, según los mismos diagnósticos internacionales. Y cuando hemos invertido tanto en infraestructuras hospitalarias.

Algunos aducen que se debe a que cargamos con una parte del peso de los haitianos inmigrantes, lo que es parcialmente cierto, pero sigue sin justificar una tasa de mortalidad infantil nueve veces superior a la de 2.4 que registra Cuba, pero son tantas las evaluaciones negativas que recibe el país de los organismos e instituciones internacionales que acaban cuestionando las más positivas, como las que reconocen el crecimiento económico y el mejoramiento de las infraestructuras urbanas, demostrativas de que no es cierto que haya interés en perjudicarnos, como algunos creen.

Una de las conclusiones obligadas es que nuestro desarrollo es un tremendo fiasco por la concentración de la riqueza, por una perversa distribución del ingreso que genera más pobreza de la que reconocen los estándares internacionales. Y desde luego, por los escandalosos niveles de corrupción que distraen con toda impunidad lo que debería invertirse en bienestar social.

Hay que extirpar el continuismo

A1Por Juan Bolívar Díaz

Que un reformista balaguerista de la vieja guardia escriba un artículo proclamando que todo el que llegue a la presidencia de la República debe aferrarse al cargo hasta la muerte a cualquier precio, no puede ocasionar sorpresa, pues él mismo se encargó de recordar que su líder histórico ocupó el cargo durante siete ocasiones y persiguió una octava a los 94 años, ciego y sin poder caminar.

No le importa cómo Balaguer logró ser tantas veces  presidente, desde la primera vez ganada por haber sido uno de los más fieles y dedicados cortesanos de la más férrea tiranía de la historia continental. Tampoco que volviera al poder en hombros de los 42 mil soldados norteamericanos que invadieron el país en 1965 para evitar el imperio de la Constitución. Mucho menos importa que se reeligiera en 1970 y 1974 en un clima de persecución e intolerancia que imposibilitara la competencia democrática. Ni siquiera importa que sus “triunfos electorales”, como los de 1990 y 1994, tuvieran que ser entrecomillados aún por alguno de sus serviles.

Lo que no puede pasar desapercibido es que alguien pagara cientos de miles de pesos para reproducir en páginas de periódicos  un artículo donde se proclama que si a un presidente, como Rafael Correa en Ecuador, después de agotar dos períodos constitucionales se le impide volver a ser postulado,  “simplemente no existe, no vive, no respira, técnicamente es un cadáver”.

El articulista llega al extremo de reivindicar la obsesión por el poder de los sultanes del imperio Otomano, y su “ley del fratricidio” que daba facultad al gobernante para asesinar a hermanos y parientes que pudieran disputarle el trono, citando a Mehmet III que en el siglo XV hizo estrangular preventivamente a 19 hermanos, a 20 hermanas y hasta a las concubinas que pudieran quedar embarazadas.

Y no se queda en el caso de Correa, sino que se extiende a los de mandatarios regionales que han sido objeto de persecución por vinculárseles a la corrupción, citando a Lula da Silva, Cristina Kirchner, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli y hasta Alvaro Uribe.

El mensaje del articulista y quienes pagan su reproducción va dirigido, obviamente, al presidente Danilo Medina, en momentos en que hay grupos empeñados en encontrarle un “bajadero” para que pueda optar otra vez por la presidencia en el 2020, aunque se lo prohíbe su propia Constitución, la que resultó de una estigmatizada reforma que le permitió la reelección en el 2016.

No es cierto que todos los que llegan al poder utilizan los recursos estatales  para prolongarse indefinidamente, al menos en la etapa de la actual civilización política, y en el intento de construcción democrática. Por el contrario, el 90 por ciento de los presidentes electos no han pasado de dos periodos y una gran proporción de uno solo. Y algunos son tan paradigmáticos como Nelson Mandela.

En Estados Unidos, donde la democracia ha alcanzado mayor estabilidad, sólo un presidente llegó a tres períodos, en circunstancias de una guerra mundial.  En Europa grandes estadistas demócratas como Charles de Gaulle, Willy Brandt y Konrad Adenauer, se retiraron a tiempo y en plenitud de facultades y hoy son leyendas democráticas. En España lo hicieron Felipe González y José Aznar. Más cerca de nosotros, Luis Muñoz Marín, Rómulo Bethancourt y Oscar Arias.

Pretendieron permanecer eternamente en el poder, en el país no sólo Balaguer, sino también Trujillo, Horacio, Lilís, Báez, Santana y más recientemente Leonel. En América Latina sobran los eternos amantes del poder, que han frenado el desarrollo democrático y muchas veces sembrado tragedias.

En nuestro país lo que necesitamos es siquiera dos o tres décadas sin reelección, para ver si podemos extirpar el negativo continuismo histórico, fortalecer las instituciones democráticas y afrontar los graves problemas ancestrales que el afán continuista relega sistemáticamente.-

Pero Arias dijo que no, que nadie es indispensable en una democracia; que no puede pensar en los próximos cuatro años para su país, sino por lo menos en los 40 venideros; que “una de las principales obligaciones de un líder político es propiciar nuevos liderazgos”; que “hay que darle espacio a los que vienen”; que hay muchas formas de trabajar por el pueblo; porque “el que sólo sirve para Presidente, ni siquiera para Presidente sirve”.

Preguntas que ameritan respuestas

A1Por Juan Bolívar Díaz

1.- Ahora que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana desistió del propósito de imponer el padrón universal para la elección de los candidatos de todos los partidos, se impone  preguntar si finalmente será aprobada la Ley de Partidos que se viene discutiendo desde hace justamente 20 años.

La decisión implica un revés para el sector peledeísta del presidente Danilo Medina, que trató durante un año de imponer el padrón abierto y ahora falta por verse si los legisladores harán uso de la facultad que se les ha reconocido para votar en conciencia, o si seguirán dándole vueltas a la noria para evadir los asuntos de fondo del proyecto, como los límites al gasto y al tiempo de las campañas, la rendición de cuentas financieras, la cuota de las mujeres en los cargos directivos,  y reales sanciones a la compra de votos y abusos de recursos estatales.

El asunto de la Ley de Partidos ya harta, pero todavía hay que vigilar para que no se apruebe una mojiganga, como ya hizo la Cámara de Diputados en marzo del 2015, que fue un relajo tan grande que se ganó un rechazo universal y tuvieron que dar marcha atrás.

2.- ¿Será verdead que la Procuraduría General de la República no había tenido suficiente tiempo para reclamar al sistema financiero los movimientos de las cuentas de las empresas de Angel Rondón y demás implicados en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht?

Por ahí debió comenzar la investigación a Rondón hace 13 meses cuando la justicia norteamericana lo identificó  como la correa de transmisión  de sobornos de la constructora brasileña por 92 millones de dólares, en lo que constituyó el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia. Eso si hubiese habido interés de saber la verdad y no temor de tropezarse conn ella. Pasarán otros meses, que de seguro se le concederán y la Procuraduría seguirá dando palos de invidentes, sin reclamar a l Odebrecht que cumpla el acuerdo de impunidad que se le otorgó, según el cual tenía que identificar en 60 días los sobornados, con cuentas, montos y obras, sus cómplices y todos los mecanismos de pago y traspaso de dinero.

3- ¿Cuándo será que los “organismos de inteligencia” del Estado pondrá en juego toda su capacidad investigativa para determinar y procesar judicialmente a los responsables del cargamento de 109 mil galones de gasoil que llegaron por el puerto de Manzanillo?

Hace tres semanas que fue incautado el cargamento y sometidos a la justicia los tripulantes de la embarcación que lo trajo, pero no hay que ser un sabueso para preguntar y determinar para quién venía consignada la carga, y quién la iba a recibir, porque se necesitaban varios camiones tanqueros para retirarla, y en ese pequeño puerto no hay tantas operaciones como para que no se sepa quién es quién. ¿O es que cien mil galones de gasoil pueden tirarse en un puerto y ocultarse hasta que el propietario los retire sigilosamente?

Todo parece indicar que se trata de un negocio de buen patrocinio, como el de aquellos jóvenes contrabandistas  de Santiago atrapados por Aduanas con la masa en la mano, o como aquella incautación olvidada de mil kilos de cocaína en un avión privado que saldría del aeropuerto Joaquín Balaguer hace como ocho años. Nunca se pudo saber quién era el propietario de la nave.

4.- Y ¿será verdad que los “organismos de inteligencia” no pueden desmantelar y procesar a la mafia de traficantes que durante los últimos años trae cientos de mujeres haitianas embarazadas para que den a luz en el país  a cuenta del Estado?

La dirección de un hospital capitalino secreteó que muchas de esas parturientas no saben nada de español y que dan la misma dirección de presunta residencia. Pero la pregunta del millón es cómo entran al país tantas parturientas, y si vendrán con visas de 250 dólares.  La convicción general es que hay una trata de embarazadas que deja pingues beneficios, cargando su costo al Estado dominicano.-

 

 

Otras graves paradojas

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Cualquiera que se ponga a hurgar en la cotidianidad nacional tropezará con una inmensa cantidad de paradojas, mucha de ellas tan graves que obligan a rememorar al escritor y político Juan Isidro Jiménez Grullón y su planteamiento de que la República Dominicana es una ficción.

La más relevante de los últimos tiempos es que mientras por todo el continente la Odebrecht está a la defensiva, cancelados sus contratos y demandada por los Estados víctimas de sus maquinaciones, no sólo de sobornos, sino también de sobrevaluaciones de obras, aquí es al revés: la constructora ha demandado al Estado a un arbitraje internacional en Nueva York para que se le pague 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina.

Cuando nueve de cada diez dominicanos ya estaba convencidos de que en la contratación original de las plantas por 2,040 millones de dólares, ya había una gran sobrevaluación, un informe técnico recogido por la comisión presidencial que evaluó la contratación concluyó en que más bien estaban subvaluadas. Odebrecht se lo tomó en serio y quiere llevar el costo de las plantas sobre los 2 mil 700 millones de dólares, otro escándalo internacional. No deja de ser paradójico que aquí estemos construyendo plantas de carbón, cuando las existentes se están desmontand0o en gran parte del mundo.

Otra paradoja relacionada con Odebrecht es que el Procurador General Jean Alain Rodríguez ha pedido cuatro meses adicionales para reunir las pruebas de los sobornos de esa empresa, cuando se acerca al año el acuerdo que relevó de toda responsabilidad penal a la constructora a cambio de que entregara toda la documentación e información que posea sobre sus actividades delictivas en el país, en un plazo de 60 días

Se enumeraba concretamente que Odebrecht identificaría a los funcionarios sobornados, coautores y cómplices, las obras adjudicadas mediante sobornos, las personas o entidades que facilitaron los sobornos, los montos entregados y mecanismos financieros, incluyendo las cuentas bancarias, registros contables…Odebrecht demanda al Estado, pero la Procuraduría no anula el acuerdo, como estaba previsto en caso de incumplimiento.

En lo político sobran también las paradojas: el PRD y medio PLD que pretenden imponer el padrón abierto para elección primaria simultánea todos los candidatos  de todos los partidos, a cargo de la Junta Central Electoral, pero quieren quitar el voto preferencial para el nivel municipal por considerar que sería imposible de materializar al tratarse de 3,900 cargos. Aunque en la elección nacional habría que contarle sus votos a un candidato por cargo y partido, en la primaria serían el triple.

Una paradoja más: con todos los déficits en la distribución de la energía, que han implicado miles de millones de dólares de subsidio durante los últimos 15 años, en ese mismo período la estatal Edesur ha pagado 300 mil dólares mensuales, equivalentes a 3.6 millones anuales y a 54 millones de dólares en ese lapso por el alquiler de un edificio. Se ha renovado tres veces el contrato original, cuando desde el principio se debió tomar un préstamo -ese sí justificado- para construir las oficinas. Con esa suma las tres distribuidoras estatales de energía tendrían edificio propio. Ahora siguen pagando.

Y la final: Con casi tres décadas de discurso anti haitiano, rebosante de odio y discriminación, con tanto canto soberanista, se sigue denunciando el incremento de la inmigración de los vecinos. Aunque la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012 demostró que el mayor flujo se produjo en los cinco años anteriores, cuando los adalides del ultra nacionalismo controlaban la dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras.

Más paradójico todavía es que se sigue proclamando que esos haitianos “despojan” a los dominicanos de los empleos, como si ellos mismos se auto contrataran, para no encarar la responsabilidad de los gobiernos, los empresarios y hasta las personas individuales que prefieren que hayan muchos disponibles, para sobreexplotarlos, con bajos salarios, sin seguridad social ni prestaciones laborales.-

                                               

Alianza por el derecho a la salud

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Resulta positivo que una treintena de organizaciones sociales y personalidades públicas hayan constituido una Alianza Por el Derecho a la Salud (ADESA), respondiendo a los persistentes problemas de la salubridad nacional, que durante el año recién concluido registró un vergonzoso incremento de las muertes maternas e infantiles, en las que el país ya ocupaba el cuarto y segundo lugar, respectivamente en América Latina y el Caribe.

Esa preocupación debe conectar con el anuncio de la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, de que a mediados del año estará listo un Plan Decenal de Salud y con el llamado del director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH-SIDA, Víctor Terrero, a una jornada nacional permanente contra la mortalidad materna, que a su juicio debe incluir no sólo a los organismos estatales y los gremios sectoriales, sino también a las organizaciones sociales.

Las estadísticas indican que el año pasado el esfuerzo oficial logró reducir significativamente la incidencia de enfermedades contagiosas como el dengue, cólera, malaria y chikungunya, no así la leptospirosis, pero es relevante que no pudieran combatir eficazmente las muertes materno-.infantiles, aunque fue propósito anunciado por el ministerio de Salud al comienzo del 2017.

A mediados del año pasado, un informe de Unicef colocó al país como el segundo en mortalidad neonatal, y desde años anteriores es el cuarto en mortalidad materna en la Latinoamérica. Las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud, muestran que el año pasado hubo un crecimiento sobre el 10 por ciento en  muertes maternas e infantiles, Algo que debería avergonzarnos a todos en pleno siglo 21.

No hay manera de desligar esa ocurrencia del hecho de  que mil 400 médicos y 2 mil 500 enfermeras fueran pensionados sin que se hayan designado sus sustitutos, y de que cerca de medio centenar de hospitales de todo el país permanecen severamente afectados por la reconstrucción a que fueron sometidos al mismo tiempo hace al menos cinco años. Entre ellos los dos principales hospitales de maternidad del gran Santo Domingo y los dos mayores de Santiago, incluyendo al materno-infantil. Estamos pagando las consecuencias de la improvisación y el reparto alegre de obras, sin contar con los recursos necesarios. T en casi todos los costos contratados originalmente han sido superados con creces.

Hay que aferrarse a la esperanza de que esta vez, a diferencia del anterior, el Plan Decenal de Salud en proceso de elaboración, resulte lo que fueron programas similares puestos en vigencia para la educción, en cuanto crearon las condiciones que propiciaron el cumplimiento del mandato de la Ley General de Educación de 1997 que dispuso una inversión mínima del 4 por ciento del PIB para ese sector. Todos sabemos que en Salud Pública todavía estamos a menos de la mitad del 5-6 por ciento del PIB que recomiendan para el sector los organismos internacionales especializados y que en esa materia también nos encontramos en la cola regional.

Mientras tanto  se impone que el gobierno cumpla lo antes posible la promesa formulada por el presidente Danilo Medina en su informe del 27 de febrero pasado, de que concluirían las remodelaciones de 56 hospitales. Parece que apenas pudieron terminar unos ocho, y  que en muchos se avanzó muy poco. El gobierno se mostró satisfecho del aumento en las personas incorporadas al Servicio Nacional de Salud, pero de nada vale una tarjeta plástica, sino mejoran los servicios hospitalarios y se evitan los conflictos con los gremios generan frecuentes paralizaciones por asuntos como los salariales, sobre los que ahora se anuncian acuerdos.

Por todo eso resulta positiva la emergencia de la ADESA que el próximo domingo realizará una caminata en plena capital para reclamar los recursos que son urgentes para enfrentar lo que se ha considerado como colapso de los servicios hospitalarios de salud.-