Cuestión de dignidad nacional

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Por Juan Bolívar Díaz

Hay que darle crédito al presidente Danilo Medina por la decisión de reconocer la realidad de la República Popular China, (RPCH) evadida por los gobiernos dominicanos  durante casi medio siglo, desde que en 1971 la mayoría  de los Estados integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Resolución 2758 que restituyó a esa nación el reconocimiento que, como fruto de la guerra fría, ostentaba la República de China en Taiwán.

Desde los años setenta la mayoría de las naciones del mundo se adhirieron a la resolución reconociendo la realidad de que Taiwán es apenas el 0.4 por ciento del territorio chino y el 2 por ciento de su población. República Dominicana evadía la realidad junto a 21 naciones,  el 11 por ciento de los Estados miembros de la ONU,  en una compañía que para nada nos acreditaba, 5 centroamericanas, Paraguay, Belice, Haití, tres islas del Caribe y 6 del Pacífico y Oceanía, así como dos países africanos y el Vaticano.

Durante años se ha dado la paradoja de que hemos querido formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU sin reconocer la nación de mayor población, 1,380 millones,  el quinto de mayor extensión, 200 veces el territorio dominicano,  segunda potencia mundial disputando el primer lugar, y por todo ello con influjo en el concierto diplomático internacional. Se podía explicar la posición dominicana por la dependencia de los Estados Unidos, pero este país reconoció la RPCH en 1979.

Sólo los esfuerzos de Taiwán invirtiendo una apreciable cantidad de dinero para mantener el reconocimiento de una veintena de países, podía explicar que los gobernantes dominicanos persistieran en el absurdo aunque el intercambio comercial, muy favorable para la RPCH alcanzara los 2 mil millones de dólares anuales. Pero nadie debería fundar nuestra decisión  en que nos va a proporcionar mayor asistencia técnica o financiera. Porque eso rebaja la dignidad nacional y nos proyecta como una nación mercantilista. Ya el senador norteamericano Marco Rubio, ignorando la realidad universal,  nos acusó de dejarnos sobornar por China, cuando sólo hicimos lo que su país decidió hace 39 años.

Nos ha costado mucho esta decisión de soberanía y dignidad nacional, adoptada desde mediados del año pasado, (cuando la publicamos), tras lo cual Taiwán desarrolló una ofensiva desesperada buscando revocarla. En julio envió al país a su canciller, que no fue recibido por su homólogo Miguel Vargas ni por el presidente Medina. En agosto vino el ministro de Defensa, y en noviembre el vice canciller. En Octubre la presidenta de Taiwán cursaba invitación al presidente Medina para una visita oficial, y hace apenas semanas tres buques de las fuerzas navales taiwanenses visitaron el país.

No dejaba de ser penosa la decisión de desconocer a Taiwán, después de décadas de cooperación, pero era cuestión de dignidad. En el comunicado en que anuncia su retiro total del país se expresa que “condenamos enérgicamente  la decisión de China Popular de utilizar la diplomacia del dólar para comprar los aliados diplomáticos de Taiwán”. Eso implica una acusación de que nos vendimos y una desproporcionada reacción, tal vez motivada porque todavía en febrero estábamos firmando un acuerdo de cooperación, y recibimos una contribución de 3 millones de dólares para microempresas, y cientos de ambulancias y motocicletas, cuando ya habíamos decidido un divorcio que debió ser más conciliado.

Más allá del agradecimiento por la asistencia técnica y la amplia ayuda financiera de Taiwán durante décadas, hay que reconocer la tremenda laboriosidad de ese pueblo de 23 millones de seres humanos, que levantó un emporio económico en una isla un tercio menor que el territorio dominicano, favorecido por haber sido convertida en frontera de contención del comunismo chino. Fue un error estratégico no haberse declarado independiente en plena guerra fría cuando habrían conseguido reconocimiento, en vez de seguir proclamándose como la nación china. Con todo, merecen la mejor de la suerte, que la peor sea un estatus semejante al de Hong Kong, que ha mantenido relativa autonomía y su gran prosperidad económica.-

¡Que pena Lula, que pena!

A1Por Juan Bolívar Díaz

Ya para muchos y para la historia quedará la sensación de que el carismático expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido víctima de un linchamiento político, por las debilidades de las pruebas de corrupción por la que se le condenó, apenas el testimonio de un imputado que negoció una “delación premiada”. Incluso es posible que esta condena con mínimo fundamento reste mérito al histórico papel de los fiscales brasileños que han documentado la corrupción del empresariado y los políticos, extendida por el continente.

Es muy probable, que en el caso de Lula las motivaciones políticas, el interés de liquidar su posible retornase al poder hayan predominado sobre la justicia. Aún asumiendo el testimonio de que el apartamento de  Sao Paolo fuera comprado para Lula, han faltado elementos probatorios exigidos en toda buena justicia, aún en caso de los peores y reincidentes delincuentes. No ha aparecido un título de propiedad, ni prueba de que Lula o sus familiares lo hayan habitado.

El caso es más triste cuando se recuerda que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue destituida en juicio político del Congreso en el 2016, año y medio después de ser reelecta,sin acusación . No la acusaron de corrupción, sino de haber maquillado cifras fiscales, cosa común en el mundo. En ambos casos parece haber predominado el interés de poderosos sectores que querían destruir el mito Lula y sus perspectivas. Fue sustituida por Michel Temer, sobre quien pesan graves indicios de corrupción, pero sigue en el poder.

Más amargo que comprobar los pujos de los grupos dominantes preocupados por la caída del gran crecimiento  de los esplendorosos años del poder de Lula, es saber que éste, como Dilma y gran parte del liderazgo de su partido, son responsables del desastre de corrupción en que devino Brasil, ampliamente documentado en el mensalao, em los contratos multimillonarios de Petrobras y en el entramado de Odebrecht exportado a  una docena de países, incluyendo la República Dominicana, su sede alternativa.

Ningún argumento político ni conmiseración ante los humildes orígenes de Lula y Dilma pueden convencernos de que ellos desconocían los niveles de corrupción que quedaron patentes desde que en noviembre del 2012 recibió una primera condena de 12 años de cárcel José Dirceu, quien fuera jefe del gabinete de Lula y presidente del Partido de los Trabajadores. En este caso abundaron las pruebas de que él dirigía el Mensalao de Petrobras, por lo que luego en el 2016 sus condenas se extendieron a 30 años de cárcel.

Hasta prueba en contrario, Lula ni Dilma se enriquecieron, pero es difícil creer que eran tan distraídos para no enterarse cómo se financiaba a los partidos, líderes políticos y congresistas de todos los colores, porque estúpidos no son. Al menos pecaron de corrupción pasiva, sin olvidar que ambos estuvieron vinculados a operaciones de Odebrecht y premiaron al presidente Danilo Medina con Joao Santana y Mónica Moura los asesores operadores del financiamiento político de la constructora, ampliamente documentado.

Lula vino al país promoviendo las contrataciones de Odebrecht y Dilma apoyó las plantas de Punta Catalina, adjudicadas bajo compromiso de financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil, que no pudo cumplir por los escándalos que la salpicaron.

Un informe de la comisión del congreso peruano que investigó las operaciones de Odebrecht documentó que tres empresas asociadas transfirieron 4.5 millones de dólares en 16 depósitos a la firma Cine&Art 2013, creada en Santo Domingo por los hijos de Joao y Mónica. Hace un año cuatro entidades sociales entregaron a la Procuraduría hasta el número de la cuenta bancaria de los depósitos, sin ninguna reacción.

Yo figuré entre tantos que ponderaron la gestión de Lula, que concluyó con aprobación del 80%, la substancia social que regeneró de la pobreza a unos 30 millones de brasileños. Lo aprecié personalmente cuando compartimos tres días como oradores invitados a un seminario en Berlín en 1997 y en Teleantillas donde lo entrevistamos por casi una hora. Pero no puedo tapar el sol con mis preferencias. Si no se corrompió personalmente, Lula patrocinó la corrupción en la política brasileña y más allá. Y eso merece por lo menos una sanción moral, si no se presentan pruebas contundentes.

Me quedo con la memoria de Nelson Mandela y José Mujica, a quienes el poder no logró obnubilar. ¡Que pena Lula, el limpiabotas, el obrero superado, que pena!

Un absurdo anular la Ley 169-14

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Por Juan Bolívar Díaz
Desde el pasado fin de semana circula en ámbitos judiciales, gubernamentales y diplomáticos la versión de que el Tribunal Constitucional (TC) se apresta a declarar inconstitucional la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad dominicana a gran parte de las personas dejadas en la apatridia por su sentencia 168-13 que había ocasionado el más grave escándalo internacional que haya afectado a la nación.Ha trascendido que la mayoría de los miembros del tribunal se inclinan por la anulación y tendrían redactado un proyecto para consideración del pleno, donde se sabe que no alcanzarán unanimidad debido a que sus integrantes Ana Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez consignaron votos disidentes cuando el 22 de septiembre del 2013 se emitió la sentencia de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes indocumentados que habían sido documentados como dominicanos durante décadas.

Una fuente judicial vinculada al TC confirmó la versión, al igual que otra relacionada con organismos internacionales, y una tercera de alto nivel gubernamental no sólo la validó sino que además aseguró que en la casa presidencial habría consternación por la posibilidad de la ocurrencia, porque devolvería al Estado dominicano al torbellino nacional e internacional que comenzó a conjurar con la esa ley.

Para quienes insisten en confundir la desnacionalización de los nacidos en el país con la regularización de los inmigrantes, conviene recordar que la Ley 169-14, promulgada por el presidente Danilo Medina el 23 de mayo del 2014 dice en su artículo primero que “tiene por objeto exclusivo establecer: a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.

El texto legal dispuso que la Junta Central Electoral “procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior” y que luego “los acreditará como nacionales dominicanos”.

Para los del grupo b), los nacidos en el país en similares circunstancias pero que nunca llegaron a ser registrados como ciudadanos, se instituyó que se inscribieran en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y que dos años después tuvieran derecho a optar por la naturalización ordinaria.

Esa ley fue un imperativo de justicia y sentido humanitario para corregir un despojo retroactivo, que afectó a decenas de miles de personas, rechazado a unanimidad por los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Debe ser la ley más consensuada en la historia de la nación, para la cual el presidente Medina consultó y logró el respaldo de los líderes políticos de la oposición, de las iglesias y sectores sociales, y los organismos internacionales, siendo aprobada a unanimidad por las cámaras legislativas.
Su anulación sería un acto de soberbia y grave desafío a un gran acuerdo nacional de imperativo humanitario y diplomático que sacó al Estado dominicano del candelero en que había quedado.

Aunque persisten reclamos a favor de los del grupo b, en gran proporción sumido en la apatridia, con absurdos tan graves que en una misma familia unos hijos quedaron como dominicanos y otros como extranjeros.

El daño que ocasionaría a la nación la anulación de esa ley es incalculable y crearía un grave problema al gobierno del presidente Medina, con distracción de energías en la segunda mitad de su mandato constitucional. El propósito es tan difícil de creer que ya hay quienes lo atribuyen a las querellas que sacuden al propio partido gobernante. En cualquier caso la advertencia pública es válida, porque ya el TC llegó al extremo de desconocer la adscripción de la nación dominicana a las competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque su propia ley orgánica la consigna, y después de hasta haber firmado acuerdos de cooperación con la misma.

¿Por qué nos evalúan tan mal?

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Por Juan Bolívar Díaz

Hemos lanzado la pregunta una y otra vez en distintos escenarios, ¿por qué nos evalúan internacionalmente tan mal?, cosechando muy diversas respuestas e interpretaciones, desde la más simple, “porque andamos mal”; la interpretativa, “porque nos empeñamos en cerrar los ojos a la realidad y no resolver los problemas que tenemos”; o las radicales que ven una conspiración internacional contra el país, “al que no le reconocen nada bueno”.
Dos evaluaciones publicadas esta semana colocan a la República Dominicana en posiciones críticas y hasta de retroceso, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) y en el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre mortalidad de recién nacidos.

En el índice de TI, entregado ayer miércoles por su capítulo Nacional, Participación Ciudadana, RD descendió en puntuación de 31 a 29 sobre 100, colocada en la posición 135 de 180 naciones evaluadas; en el tercio de los más corruptos, que quedaron por debajo de los 50 puntos, y lejos del promedio de estos que fue de 43.

Cuando se verifica la tabla continental, la tristeza es mayor, por cuanto el país sólo registra mejor puntuación que Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, que oscilan entre 28 y 18 puntos. Eso significa que en corrupción superamos a todas las naciones de la región caribeña y a casi una treintena de América. Participación Ciudadana atribuye el declive en este índice al escándalo Odebrecht, incluyendo el hecho de que los principales ejecutivos de esa trama mudaron sus operaciones al país cuando los cercó la justicia brasileña, considerando que era el lugar ideal para continuar sus “operaciones estructuradas”.

El informe de UNICEF no es menos lacerante, al colocar la RD en el lugar 51 en mayor proporción de muertes en el primer mes de nacimiento, entre 184 países analizados, con una tasa de 21.8 por cada mil nacidos, el cuarto peor entre 51 considerados de “ingresos medianos altos”, por debajo de otros 16 latinoamericanos y caribeños incluidos en el grupo.

Nadie puede explicar cómo es posible que mantengamos esa tasa de muertes de recién nacidos, tan alta como también la de muertes maternas, con un crecimiento económico líder en la región en los últimos cincuenta años, según los mismos diagnósticos internacionales. Y cuando hemos invertido tanto en infraestructuras hospitalarias.

Algunos aducen que se debe a que cargamos con una parte del peso de los haitianos inmigrantes, lo que es parcialmente cierto, pero sigue sin justificar una tasa de mortalidad infantil nueve veces superior a la de 2.4 que registra Cuba, pero son tantas las evaluaciones negativas que recibe el país de los organismos e instituciones internacionales que acaban cuestionando las más positivas, como las que reconocen el crecimiento económico y el mejoramiento de las infraestructuras urbanas, demostrativas de que no es cierto que haya interés en perjudicarnos, como algunos creen.

Una de las conclusiones obligadas es que nuestro desarrollo es un tremendo fiasco por la concentración de la riqueza, por una perversa distribución del ingreso que genera más pobreza de la que reconocen los estándares internacionales. Y desde luego, por los escandalosos niveles de corrupción que distraen con toda impunidad lo que debería invertirse en bienestar social.