Duras contradicciones dominicanas

01_11_2018 HOY_JUEVES_011118_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

Con más de una década de un crecimiento económico promedio alrededor del 6 por ciento, sin duda entre los más altos del mundo, pocos pueden entender que la República Dominicana siga resultando quemada en casi todas las evaluaciones internacionales, como se ha repetido recientemente con el Indice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial, y en informes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la revista The Economist.

La incidencia ha sido tan reiterada que ya se acabaron las impugnaciones basadas en una supuesta campaña internacional de descrédito o en manipulaciones de los competidores. Los defensores del “enorme progreso” nacional han tenido que apelar a manipulaciones, ignorando hasta cambios de metodologías, para argumentar avances significativos. Los más profesionales reconocen que tenemos rémoras institucionales y retrasos tan arraigados que requieren mucho tiempo para ser superados.

En el caso del ICG 2018-19 queda de manifiesto que el fardo más pesado se encuentra en los indicadores de institucionalidad, donde quedamos ahora en el escalón 97, con puntuación de 48.5, aunque en el índice global estamos en la 82 con puntuación de 57.4, entre 140 países evaluados, con apenas mínimos avances `sobre los anteriores.

Cuando se busca por renglones, se encuentran explicaciones, por ejemplo en “incidencia de la corrupción”, posición 113, lo que implica que apenas hay 27 peores en todo el mundo. Como la corrupción tiende a carcomerlo todo, se explica que en confianza en la policía tengamos la posición 131, en tasa de homicidios la 127, en independencia judicial 125, y en otros ocho renglones sobre el escalón 100.

Que el crecimiento económico no se traduce en desarrollo y eficiencia es la mayor contradicción y remite a la calidad del gasto, a la malversación y la ineficiencia, que en reciente estudio publicado por el BID se calcula en el equivalente al 3.8 por ciento del PIB, es decir unos 163 mil millones de pesos anuales. En gasto de inversión y desarrollo el ICG nos deja en el escalón 138, con 0.3, es decir en el antepenúltimo lugar.

También la semana pasada se publicó el Indice de Capital Humano  del Banco Mundial, en el cual la RD ocupa el mismo antepenúltimo lugar, junto a Honduras, y apenas por encima de Guatemala y Haití entre los países latinoamericanos. En el contexto mundial se nos otorga el escalón 101 de 157 naciones evaluadas. Ese pobre resultado se relaciona con la pobre inversión en salud y todavía en educación, y la enorme desigualdad salarial.

El BID diagnostica que seguimos el patrón predominante en la región de una alta brecha en los salarios del sector público, con funcionarios que reciben hasta 20 mil dólares mensuales. Contrasta con el salario mínimo que  prevalece en el Estado de 5 mil 117 pesos, misma suma que recibe más del 80 por ciento de sus cien mil pensionados.

Por su parte, el prestigioso grupo The Economist coloca al país en la posición 71 de 84 evaluados en su reciente Indice del Entorno Global del Comercio Ilícito, señalando un incremento del comercio ilícito impulsado por una “deficiente gobernanza e instituciones débiles”, con altos niveles de informalidad y corrupción en las fuerzas militares y de seguridad.

Estas recientes evaluaciones son una reiteración  de las múltiples de los últimos años, donde nos queman en calidad de la educación, en los servicios sanitarios, en feminicidios, embarazos de adolescentes, en muertes por accidentes de tránsito y materno-infantiles, y trabajo infantil, en apatridia, descrédito del Congreso y los partidos, en transparencia, ética empresarial y en déficit democrático.

No se trata de ninguna conspiración, sino de evidencias contundentes de que la mayor pobreza de la nación es la calidad de su gestión, que durante gran parte de nuestra historia hemos malversado un fuerte potencial, muy mal administrado por el predominio del más salvaje pragmatismo político.-

 

Las nueve vidas de Bill Wipfler

11_10_2018 HOY_JUEVES_111018_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

Acaba de partir hacia la región infinita de los seres superiores el reverendo William L. Wipfler, un sacerdote episcopal que empezó su ministerio en la República Dominicana en plena Era de Trujillo y quedó atado a nosotros para siempre, pero cuyos méritos traspasan el inmenso territorio de Estados Unidos, y recorren todo el continente, hasta la Tierra del Fuego, donde no hubo dolor humano que no hiciera propio.

            Por toda América hay gente que celebra en estos días la vida de este inmenso personaje que encarnó como pocos las virtudes y los mandamientos cristianos de buscar a Dios a través del amor al prójimo. Y tanto amó que no es posible llorarlo, sino celebrar sus nueve vidas, como le contaron hace justo tres años, en un homenaje que le rindieran en el Seminario de Nueva York donde fue ordenado en 1955.

Bill Wipfler llegó como misionero de la Iglesia Episcopal a La Romana en 1955, y allí nutrió su espíritu cristiano en la solidaridad con los trabajadores, generando tensiones con la tiranía trujillista, junto a su compañero de ministerio Phill Wheaton, Ambos sobrevivieron a la tiranía que ya había cobrado la vida de otro episcopal, el reverendo Charles Raymond Barnes. Luego se convertirían en dos personajes de las iglesias norteamericanas. En 1967 Wipfler comenzó a dirigir el Departamento para América Latina del poderoso Concilio Nacional de Iglesias, el organismo cúpula de las iglesias protestantes de Estados Unidos. Desde 1977 y hasta el 88, dirigió el Departamento de Derechos Humanos del concilio.

Ecumenista de primera línea no aceptaba límites ni horizonte, su campo visual era el universo de los seres humanos. Estuvo en primera línea en la lucha por los derechos civiles de los norteamericanos, contra la guerra de Vietnam y fue un crítico del dominio de las empresas transnacionales. Se vinculó a la teología de la liberación que blandieron las vanguardias católicas latinoamericanas hace 50 años, tras la Conferencia del Episcopado en Medellín.

Wipfler se multiplicaba y se ganaba declaraciones de no grato por los dictadores de Brasil, Argentina, Nicaragua y El Salvador. Nos contó que fue el último en recibir la comunión de manos del arzobispo Romero en la víspera de que éste fuera asesinado en plena misa el 24 de marzo de 1980, y hace un par de años se apersonó a su beatificación en San Salvador.

Conocí a Wipfler en 1971 en Nueva York, cuando me tocó trabajar en el área de comunicaciones del Departamento para América Latina de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Con él y Wheaton he estado desde entonces en comunión humana. Fueron denunciantes de la intervención militar norteamericana a República Dominicana en 1965 y apoyaron política y financieramente al Comité Dominicano de Derechos que desde Nueva York denunció los asesinatos, cárceles y exilios políticos de la cuasi dictadura de Balaguer. En 1979 su influencia sobre accionistas de la Gulf & Western ayudó a presionar para conseguir que esa empresa devolviera al país 38 millones de dólares que nos correspondían por ventas futuras de azúcar del CEA. Tras una campaña de denuncias desde el diario El Sol la Gulf entregó esa suma a un patronato creado para obras en la región oriental.

Wipfler quiso entrañablemente a nuestro país y sus gentes y vino de visita repetidas veces. Le entrevistamos en Uno+Uno y en Jornada Extra y disfrutamos de sus afectos aquí y en Nueva York. Tuvo otro vínculo importante con el país al haber escrito su tesis doctoral sobre la Iglesia dominicana. Cepae la publicó como libro en 1980: “Poder, Influencia e Impotencia; La Iglesia como Factor Socio-Político en la República Dominicana”.

Amó tanto el país que ya cerca de los 90 años quería venir a despedirse, y a principio de este año me llamó para coordinar su visita y para poner en circulación una reedición de su libro en abril, pidiéndome que hiciera la presentación. Pero su cardiólogo no le autorizó tomar avión y le sugirió que lo dejara para fin del año. La semana pasada viajó al infinito. Todo lo que nos queda es celebrar las nueve vidas que el reverendo John Collins le atribuyó el 10 de octubre del 2015, cuando se despidió del ministerio activo en el seminario de Nueva York de donde partió hace 63 años para dar testimonio de inmenso pastor cristiano.-

 

                                                                                          

¿Y mis cuartos, dónde están?

13_09_2018 HOY_JUEVES_130918_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

La pregunta en que se fundamentaba aquel popular anuncio financiero de los años setenta cobra de nuevo vida cuando se trata sobre los fondos de pensiones acumulados durante quince años por los aportes de las empresas y los trabajadores dominicanos, que al cerrar el primer semestre de este año ascendían a 559.7 mil millones de pesos, y que por irresponsabilidad, complicidad o ignorancia han quedado cubriendo los déficits fiscales consecutivos de la última década del gobierno y de más de dos décadas del Banco Central.

La fundamentada preocupación del presidente de la Asociación de Empresas de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, una excepción ante el silencio generalizado al respecto, ha puesto sobre el tapete la incertidumbre en que va quedado ese inmenso patrimonio de los trabajadores dominicanos. No cabe la menor duda, de 504 mil millones de pesos invertidos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), el 45.39 por ciento está en manos del Banco Central, y el 29.97 del Ministerio de Hacienda. Lo que suma 75.36 por ciento. Pero el también estatal Banco de Reservas, agrega el 5.72, totalizando 81.08 por ciento.

Lo más impresionante es que hasta los líderes de las centrales sindicales parecen ignorar las graves implicaciones, cuando se leen sus reacciones ante la denuncia de Taveras Guzmán, recogidas por el diario El Nacional del 4 de Septiembre. El veterano Pepe Abréu llegó al extremo de calificarla de “temeraria y peligrosa”, mientras Jacobo Ramos y el eterno Gabriel del Río pedían explicaciones al gobierno, como si no leyeran los informes trimestrales de la Superintendencia de Pensiones y los de la Tesorería de la Seguridad Social.

A diferencia de lo que se plantea como conveniente, que los fondos de pensiones se inviertan en instrumentos financieros que generen racional rentabilidad, que promuevan desarrollo económico social y empleo, con una existencia real en el mercado, han servido para cubrir déficits del Estado y convertidos en simples papeles o números de contabilidad, con la excepción del 5 por ciento en Banreservas que, por el momento, mantiene solvencia. Pero la rentabilidad real de los fondos cayó en el primer semestre del 2018 del 6.45 al 5.42 por ciento, es decir un 16 por ciento.

Ese porcentaje de reducción es casi el mismo 15.7 en que se incrementaron las comisiones recibidas por las AFP, de junio del 2017 a igual mes de este 2018. Dicho sea de paso para las administradoras sí que los fondos de las pensiones han sido un gran negocio, del que derivan rentabilidad anual, mientras la de los contribuyentes está en veremos.

Es que los expertos proyectan la tasa de reemplazo, o los beneficios de los pensionados, apenas entre un 23 y un 30 por ciento de lo que devengarán como salario cuando les llegue la hora del retiro. Para los “ignorantes” hay que recordar que las cotizaciones mínimas para la jubilación son de 30 años y que quienes las iniciaron al mismo tiempo ya cumplieron la mitad, lo que implica que dentro de 15 años más de un millón de personas podrían estar reclamándola.

Es difícil que aparezca un economista, un empresario, un sindicalista o un analista serio que no tenga dudas de si ese año, al paso que vamos, el gobierno de turno tendrá de dónde sacar para pagar las pensiones, por miserables que resulten, sin emitir dinero inorgánico que devaluaría más su poder adquisitivo, o si seguirá encontrando quien le preste; si el mantenimiento  del ritmo del endeudamiento total del Estado, duplicado en esta década, no llevará a una insostenibilidad financiera que volvería sal y agua los fondos de pensiones; o si quedarían en un corralito, como ocurrió en varios países; o si multarían a toda la población con un impuesto para pagarlas.

Para algunos irresponsables estas advertencias son simples malos augurios. Aunque las advertencias de los riesgos de insostenibilidad fiscal ya salen hasta de organismos tan prudentes y diplomáticos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que sitúan la deuda estatal sobre el 50 por ciento del producto interno bruto. Fuentes dominicanas como el empresarial Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) la llevan al 54, y el experto financiero internacional Apolinar Veloz hasta 60 por ciento.

Ojalá que los augurios resulten infundados y que nuestras finanzas generen desarrollo y sostenibilidad para que dentro de quince años la población envejeciente no tenga que lanzar el grito lacerante de ¿y mis cuartos dónde están?

¡Ya es tiempo de gritar salud!

06_09_2018 HOY_JUEVES_060918_ Opinión12 A
Por Juan Bolívar Díaz

El orgullo triunfal con que el actual gobierno reivindica el haber empezado a cumplir el mandato de la Ley General de Educación de 1997 de destinar por lo menos el 4 por ciento del producto bruto interno (PBI) a la educación fundamental, tras quince años de presión social, debería determinar que hiciera lo mismo con la inversión en salud pública, que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo debería alcanzar el 3.76 por ciento del gasto en el presupuesto del próximo año, al que se deben estar dando ahora los toques finales.

Eso implicaría duplicar el gasto en salud, para el que este año se presupuestó 79 mil 785 millones de pesos, apenas el 1.9 por ciento del PIB, llevándolo a 162 millones de pesos, como acaba de demandar la Alianza por del Derecho a la Salud (ADESA), que aglutina a varias decenas de organizaciones sociales y entidades vinculadas al sector.

Si es rigurosamente cierto que el país ha crecido en promedio de 4.6 por ciento del PIB entre el año 2000 y el 2017, constituye una verdadera vergüenza, demostrativa de una descomunal ausencia de prioridades, que en ese período el gasto en salud se redujera del 11.7 al 10.4 por ciento anual, y que estemos en los últimos escalones de gasto en salud pública entre las naciones latinoamericanas, solo por encima de Haití, de Guatemala y de la desmantelada Venezuela. Porque la salud es, junto a la educación, el centro de atención de los seres humanos bajo cualquier circunstancia o régimen de gobierno.

Ahí están los indicadores que acusan nuestra irresponsabilidad planificadora. Al bajo gasto público en salud tiene que atribuirse que lideremos el continente en muertes materno- infantiles, en embarazos de adolescentes, en muertes por accidentes automovilísticos, y que mantengamos altas tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles.

Pero no sólo nos acusa la baja proporción destinada a salud pública, sino la pobre calidad del gasto. La ADESA advierte que “se invierte más en estructuras físicas que en las personas, se dedican más recursos a curar enfermedades que a prevenirlas. Y como si todo esto fuera poco para entender la inequidad del sistema público de salud, una parte significativa de la inversión estatal va a parar a manos privadas”. Realmente, el sector salud es un claro exponente del clientelismo, duplicación y dispersión, de la malversación y la corrupción que han disparado la alarma de la sociedad dominicana.

Por eso la alianza postula que “aumentar el presupuesto de salud no basta. También es necesario establecer prioridades de inversión, garantizar transparencia y honradez en el manejo de los fondos, erradicar la corrupción y la politiquería de las instituciones del sector salud, especialmente en los hospitales. La prioridad de inversión debe ser el primer y el segundo nivel de atención”.

La errática política del gasto queda de manifiesto en que las estructuras hospitalarias han ocupado la mayor atención, y en esa materia estamos por encima del promedio de la región, sin que haya sido suficiente para revertir los atrasos en calidad de los servicios, en equipos y medicamentos.

Parece que ha llegado la hora de gritar por la salud, con la esperanza de que los gobernantes no necesiten dos décadas para escuchar el clamor, como ocurrió con la educación, pendiente aún de generar una calidad que nos permita salir de los últimos escalones que también en esa materia ocupamos en el concierto latinoamericano.
Pero mientras tanto, hay que saludar el vigor con que ha nacido este año la ADESA y ofrecerle el mayor respaldo, uniendo gritos por el derecho a la salud, precario todavía para la mayor parte de la población que invierte más que el Estado en salubridad, a través del cada vez más ineficiente sistema de seguridad social.-

Caminante, se hace camino al andar

16_08_2018 HOY_JUEVES_160818_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

“Yo he andado muchos caminos/he abierto muchas veredas/he navegado en cien mares/y atracado en cien riberas…”

Lo más emocionante de la inolvidable marcha verde del domingo 12 fue el entusiasmo con que la inmensa multitud de caminantes cogió velocidad cuando un aguacero hizo acto de  presencia y fue recibido bajo el grito “que llueva, que llueva, contra la corrupción”. En la memoria de los mayores flotaron caminatas, como aquellas de 1964-65 desde la Universidad contra el gobierno golpista, que se equivocaba lanzando chorros de agua desde carros bombas diseñados para otros climas, pretendiendo dispersar estudiantes bajo los ardorosos rayos del sol caribeño. Cuando asomaban empezábamos a danzar bajo la consigna “que la tiren, que la tiren”.

Agua fresca para aplacar la insolencia del sol a media mañana de julio y la firmeza de una multitud que se ensanchaba en cada esquina, con la determinación y la convicción de quienes “no conocen la priesa/ ni aún en los días de fiesta/ donde hay vino, beben vino/donde no hay vino, agua fresca”, asumiendo que hay que marchar sin cansancio, porque no hay avance social ni conquista que no cueste desgarrones del alma, que para obligar a un sistema político a reducir la corrupción y escuchar el clamor popular, se requiere mucho coraje, enorme determinación, persistencia infinita, multitudes que presionen y hagan entrar en pánico a los protagonistas del robo y la malversación.

Es bien reciente la experiencia de la lucha por el 4 por ciento para la educación. Al frente de la Marcha Verde caminan los mismos protagonistas de aquellas jornadas. Comenzamos a exigir priorizar la inversión en educación a finales de los ochenta, cuando los maestros eran mendigos y en las escuelas no había ni tizas ni borradores y el atraso sentó su imperio sobre nuestros niños y jóvenes. Vino el primer Plan Decenal en el 92 y seguíamos sin recursos. Aprobamos la Ley de Educación en el 97 instituyendo el anhelado 4 por ciento, y tuvimos que marchar durante 15 años más, entonces bajo paraguas amarillos, integrados hasta a las escenografías televisivas.

En la campaña electoral del 2012 el empoderamiento ciudadano obligó a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de cumplir la ley, hasta el del mismo partido que durante tres períodos de gobierno había ignorado tan justa demanda. Gracias a todo eso ahora enarbolan como máxima realización la construcción de miles de aulas, estancias infantiles, jornada escolar extendida, desayuno y almuerzo en las escuelas y dignificación de la condición de los docentes.

Era mucho más fácil convencer de lo que ya se había generalizado en el mundo, y en América Latina, donde el promedio destinado a educación era del 5.5 por ciento del PIB. Eso no quiere decir que necesitemos otros 15 años de marcha, porque ahora el empoderamiento ciudadano es muchas veces superior. La mayor marcha por el 4% congregó en el 2011 apenas 10 mil personas, la del domingo la superó más de veinte veces.

Hay que seguir marchando sin detenernos, mantener la salud física y mental y vencer la resistencia de quienes llegan al extremo de coger nuestro dinero para intentar tapar las portadas de todos los diarios en un vano intento de ocultar las imágenes que las redes sociales y la televisión habían mandado a millones de dominicanos y dominicanas y a todas partes del mundo.

La próxima coyuntura electoral será para el movimiento verde lo que fue la del 2012 para el 4 por ciento, si no nos cansamos de marchar, cada mes en alguna ciudad, que en Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Moca, San Pedro, Azua, Cotuí, reproduzcan las multitudinarias marchas del año pasado. Si seguimos sumando miles de todos los sectores y condiciones sociales, como el domingo, alguien tendrá que demostrar un firme compromiso contra la corrupción y la impunidad para conseguir legitimidad de gobierno.

No venceremos con las armas ni el disturbio, ni podremos tumbar el gobierno, pero sí obligar a un cambio de curso para ahorrarnos los 96 mil millones de pesos que Oxfam documentó como costo para este año de la corrupción, la malversación y el clientelismo. Luchar sin desesperación, pero con firmeza por rescatar las instituciones judiciales, el ministerio público, y los organismos de control y fiscalización secuestrados por la política del enriquecimiento infinito y la perpetuidad del dominio político.

Marchemos cantando a Antonio Machado: “Son buenas gentes que viven/
laboran, pasan y sueñan/y en un día como tantos/descansan bajo la tierra”., convencidos de que “caminante, no hay camino/se hace camino al andar/ que son tus huellas el camino y nada más/caminante no hay camino, sino estelas en la mar…”.

Los jóvenes deben empoderarse

02_08_2018 HOY_JUEVES_020818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La poca participación de la juventud dominicana en las actividades sociales y políticas es un elemento altamente preocupante  para el futuro de un país que como el nuestro precisa de tantas transformaciones y energías constructivas para superar sus atavismos primitivos, ofrecer mayores oportunidades a los sectores sociales mayoritarios de bajos niveles educativos y de vida, y para insertarse en un mundo cada vez más competitivo.

Las investigaciones sociales y las observaciones indican que los jóvenes dominicanos están cada vez más ausentes de las actividades comunitarias, de las asociaciones estudiantiles y sindicales, de las organizaciones no gubernamentales y de las iniciativas políticas, tal vez con la excepción del movimiento verde, donde han participado segmentos juveniles de clases medias, y no tanto de los segmentos populares.

Un estudio del que ha informado esta semana el periódico El Caribe, de la Asociación Internacional para Evaluación del Logro Educativo ha mostrado que el 88 por ciento de los estudiantes dominicanos de 14  años, en una muestra de 3 mil 937 de 141 escuelas, muestran los niveles más bajos entre 24 países evaluados en conocimiento y comprensión sobre las instituciones, la democracia, ciudadanía e institucionalidad.

Resulta alarmante que sólo el 1 por ciento alcanzó el nivel A de la evaluación, el 11 por ciento el nivel B y el 30 el nivel C, y que hasta un 73 por ciento justica la dictadura si traen orden y seguridad, que el 56 por ciento justifica las prácticas clientelares y corruptivas y el 55 por ciento los gobiernos autoritarios.

Las franjas adultas se quejan frecuentemente de la ausencia de los jóvenes en las actividades sociales y políticas, sin buscar explicaciones, que en gran medida no son de su responsabilidad, sino del deterioro en que cayó la educación nacional con décadas de atraso, por el abandono de la educación cívica, la frustrante desintegración familiar y por el bombardeo consumista que han recibido por todos los medios de comunicación, incentivando la evasión y los botes salvavidas individuales.

La tercera parte de nuestros jóvenes no tienen acceso a un empleo y otro tercio apenas logra ingresos de sobrevivencia, la mitad abandona la educación escolar en el nivel secundario y casi una cuarta parte ni estudia ni trabaja, conformando una perspectiva de pobreza y de incremento de la delincuencia y la inseguridad.

Es indiscutible que ese panorama requiere cambios estructurales, políticos y sociales profundos, pero que serán imposibles si los jóvenes mismos no se empoderan y se fajan a unir esfuerzos por lograrlos. Ninguna sociedad se transforma ni alcanza  niveles importantes de bienestar integral sin la decidida participación de la juventud.

Las investigaciones sociales, como Barómetro de las Américas y Latinobarómetro arrojan datos extremadamente preocupantes sobre la escasa confianza de los jóvenes dominicanos en su porvenir, con tasas de hasta 60 por ciento en la franja de entre 18 y 25 años que sueñan con irse del país, y 48 por ciento en la de 26 a 35 años. Muchos de ellos deslumbrados por el mejoramiento de la calidad de vida de gran proporción del más del millón y medio que emigraron en las últimas seis décadas.

Esos sueños terminarán en pesadilla para una alta proporción, porque las fronteras migratorias se están cerrando progresivamente tanto en Estados Unidos como en Europa, donde fue a parar gran parte de nuestra diáspora. Y los nuevos destinos de Sudamérica no tienen mucha capacidad para absorber las demandas. Habrá que convencer a nuestros jóvenes que es aquí donde tendrán que guayar la yuca y que eso no será posible leyendo y enviando mensajitos por las redes sociales, ni mucho menos  en la evasión del colmadón, de las drogas y el alcohol.

La situación es para declararnos en emergencia. Urge que los adultos abran mayores espacios a la participación de los jóvenes  en todos los sectores, y que los exhortemos a empoderarse, a asumir las riendas de este pobre país tan precisado de nuevas energías.-

Masiva violación de derechos

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Por Juan Bolívar Díaz

Sólo una sociedad desestructurada, atomizada, en mendicidad institucional y con valores extrapolados puede aceptar como válido el persistente recurso al patrullaje policíaco-militar como mecanismo para enfrentar el incremento de la delincuencia, con el agravante de que deriva en extorsiones y una masiva violación de los derechos humanos de los más pobres y desprotegidos con el consiguiente y contraproducente resentimiento que agrava la inseguridad.

Es más que vergonzoso, degradante socialmente, que la Policía Nacional informe como muestra del éxito de su patrullaje junto a miles de efectivos militares, que en sus primeros cuatro días detuvo para fines de investigación a 4 mil 959 personas, es decir mil 240 en cada jornada, de las cuales apenas “39 fueron sorprendidas en flagrante delito”. En realidad lo flagrante es la confesión de una masiva violación de derechos humanos, ya que el código procesal establece que a ningún ciudadano se le puede privar de su libertad a no ser que sea sorprendido “en flagrante delito”, o mediante una disposición judicial motivada.

En otras palabras, que el vocero oficial de la PN ha confesado el delito de violación de derechos a casi cinco mil ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes pobres, de los barrios populares, quienes no tienen quién los defienda de la arbitrariedad. Se trata de parias, del montón salidos, sospechosos de llevar la intranquilidad y la inseguridad a la gran familia dominicana.

Entre las víctimas propiciatorias de la PN están relevantemente los motoristas, pues el informe indica que “fueron depuradas” nada menos que 25 mil 289 motocicletas, de las cuales 5 mil 543 fueron retenidas. Y lo más probable es que muchos de los que han leído el informe justifiquen esa redada contra los motoristas, porque es frecuente que se utilicen esos vehículos para asaltos y otros actos delictivos.

Pero resulta que según la Dirección General de Impuestos Internos, al terminar el pasado año 2017 había en el país 2 millones 238 mil 671 motocicletas, el 54.6 por ciento de nuestro parque vehicular. Y hay quienes creen que son muchas más, sumadas las que ingresan como piezas y son ensambladas aquí, evadiendo el registro correspondiente. En cualquier caso, los propietarios son aproximadamente el 23 por ciento de la población nacional. Hombres y mujeres comunes que las adquieren para transportarse a sus trabajos y lugares de estudio, llevando a esposas e hijos, a vecinos y compañeros de labores, en un país donde el transporte público es pésimo, y consume entre el 20 y 25 por ciento del salario de los trabajadores pobres.

Pueden los lectores estar seguros que para pasar la “depuración” una alta proporción de los propietarios de las 25 mil motocicletas sospechosas tuvieron que pagar sumas considerables y que los de las más de 5 mil retenidas la están pasando mal para recuperar su medio de transporte o de ganarse la vida, porque entre 400 y 500 mil, según estimados, corresponden a dominicanos comunes que trabajan  en el llamado motoconcho, que en el gran Santo Domingo mueve más pasajeros que el metro y el flamante teleférico juntos.

La policía ha precisado que de los casi 5 mil apresados para investigación, 65 resultaron “reconocidos delincuentes”, por lo que se puede deducir que el 98 por ciento son personas en  plenitud de derechos. Y ya hubo un ciudadano, Manuel Merán Maldonado, que pagó con su vida el costo del operativo policíaco-militar. Irónicamente era un miembro de la misma policía, quien vestido de civil conducía una motocicleta.

No hay que tener un doctorado en seguridad ciudadana para concluir que el patrullaje mixto es contraproducente, que se traduce en rechazo de la comunidad barrial, convertida en víctima, que en vez de generar confianza, produce animadversión y resentimientos.

Ese patrullaje mixto al que se apela cada seis o siete meses, es otra iniquidad de nuestro sistema político  social, expresión cínica de la incapacidad para instaurar políticas de seguridad ciudadana, confesión de incapacidad para atacar de raíz la estructura que genera tanta delincuencia e inseguridad.

Lo peor de todo es que estamos tan adormecidos, domesticados y alienados que aceptamos cualquier receta para nuestros males, aunque estén envenenadas o sean fruto de la incapacidad, del cinismo, del allante y la insensibilidad social y humana.-

 

La frontera se nos cae a pedazos

A2Por Juan Bolívar Diaz

            Cada vez que he podido caminar por las provincias fronterizas tengo la misma sensación de descubrir un mundo realmente macondiano, donde no alcanzan los adjetivos para describir el inmenso drama de pobreza y abandono, de donde huyen todos los que pueden, relevantemente la población más joven que escucha decir que este ya es un país de clase media, lo que por cierto se traduce en reducción de los programas asistenciales internacionales.

Llego siempre a la misma conclusión: que los políticos, comentaristas y  periodistas viven muy alejados de la realidad nacional, y lo vacío que es el discurso antihaitiano, y los ímpetus ultranacionalistas que buscan tras la frontera explicaciones pueriles a nuestras carencias, irresponsabilidades y hasta miserias y que pretenden que la contención de la inmigración es asunto de arengas radiofónicas y televisivas.

La República se nos está derrumbando en la zona fronteriza, más parecida a Haití que a las prosperas regiones del Cibao y, desde luego, muy distante del Nueva York chiquito del polígono central de Santo Domingo. Quien quiera comprobar la enorme disparidad tiene que darse un viaje por el tramo fronterizo que integran Pedernales, Independencia, Bahoruco y Elias Piña, donde muchos pueblos y parajes parecen arrancados de la madre patria Africa.

Entre el 30 de abril y el 7 de mayo la exquisita periodista Leonora Ramírez publicó una serie de reportajes sobre las provincias fronterizas, que seguramente pasó desapercibida para gran proporción de los lectores de este diario HOY, y otros no lograron hacerse una clara representación de sus alcances.

Las cifras oficiales establecen que en la provincia Elías Piña el 83% de la población vive en la pobreza, la mitad en pobreza extrema, con 63 % desocupados, y que tiene municipios como Guananico y Juan Santiago, donde 9 de cada 10 habitantes viven bajo el agobio de la pobreza. En Bahoruco y Pedernales los niveles de pobreza con del 75%, y del 73% en Independencia, con poblaciones como Boca de Cachón con 80% de pobres, o Cabeza del Toro donde el 62% vive en extrema pobreza.

Escapa un poco a esos niveles de miseria la provincia de Dajabón, dónde “sólo la mitad de la población es pobre”, por tener el mayor mercado fronterizo, ese que algunos desaprensivos gritan que deben cerrar cada vez que se presenta algún incidente con los vecinos. A lo largo de la franja fronteriza el intercambio binacional es fundamental, tanto que en Pedernales hubo que apresurare a levantar el cierre del mercado binacional hace par de meses tras graves incidentes.

Pero las cifras no son suficientes. El que quiera conocer la honda y golpeante realidad tiene que caminar por esos poblados fronterizos, más allá de las cinco o seis grandes poblaciones, para ver cómo se le caen las alas del alma. Los colmaditos con algunos productos imprescindibles, sin energía eléctrica la mayor parte del tiempo, sin que les llegue agua potable, y las escuelitas casi deshabitadas.

Viendo ese submundo se puede explicar que los jóvenes lo abandonen y lo dejen dependiendo de la mano de obra haitiana para cualquier pequeño o mediano emplazamiento agrícola, casi de subsistencia todos. En Oviedo hace 8 años levantaron un liceo secundario que no ha podido ser utilizado porque sus vicios de construcción no garantizan seguridad. Nadie ha salido responsable ni parece que haya prisa en sustituirlo. Total, que la mayoría de sus potenciales alumnos ya levantaron vuelo hacia la civilización.

En Boca de Cachón el actual gobierno desarrolló un proyecto habitacional modelo para albergar a 600 familias damnificadas de la crecida del Lago Enriquillo, pero no les han entregado  las tierras y animales para producir, lejos de las otras poblaciones, sobreviven en sus estanques de miseria, con viviendas de bloques y edificaciones comunitarias, pasando hambre, sin energía ni agua potable, a la buena de Dios y por obra y gracia del Espíritu Santo.

A la frontera alguna vez el verdadero nacionalismo, la racionalidad y la sensibilidad tendrán que echarle una mirada, cuando dejemos de pasarnos la vida discutiendo miserias políticas y exhibiendo impúdicamente las carencias institucionales. Ojalá que sea pronto que dejemos de hablar tantas pendejadas y nos ocupemos de los problemas fundamentales.-

¡Ay Nicaragua, Nicaraguita!

A1     Por Juan Bolívar Díaz

“Ay, Nicaragua, Nicaraguita/ Mi cogollito de pijibay/Mi pasión se enterró/en el surco de tu querencia/como un granito de maíz”.
Los versos del cantor Carlos Mejía Godoy, el más grande de los folcloristas vivos de América Latina,  vuelven a la memoria de cuantos apoyamos hace cuatro décadas la lucha del pueblo nicaragüense para liberarse de una de nuestras más largas dictaduras. Fue una solidaridad universal que a coro cantó “Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de verguenza y de valor, de un pueblo que es poeta y que sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre rabia y sudor”.

Van a contarse casi cuatro décadas desde que el Ejército Popular Sandinista derribó la dictadura, con unánime aplauso de los seres humanos libres, con la ilusión de que los nicaragüenses habían enterrado el oprobio  político y procedían a levantar una nueva sociedad. Es cierto que la guerra fría y las intolerancias imperialistas los envolvieron en un remolino de odio que prolongó la guerra y generó radicalismos y fundamentalismos.

Restaurada la paz, todo se podía esperar menos que la cúpula del sandinismo traicionara tan arteramente los sueños de héroes y mártires, corrompiéndose hasta el alma, aliándose con sus contradictores de la más corrupta  derecha política, arrodillándose ante el cardenal Obando, formando una alianza corporativa con un empresariado sin mínima vocación democrática, a cambio de reeditar la historia para atornillarse en el poder.

Con el dinero de Petrocaribe repartido por el chavismo y madurismo venezolano a cambio de apoyo internacional, el presidente Daniel Ortega compró todo lo que encontró en venta, doblegó las instituciones y adormeció la conciencia de amplios segmentos de pobres, salpicados con migajas denigrantes. La noche de la dominación volvió a aplastar las energías del pueblo nicaragüense.

El hombre que encarnó el gobierno revolucionario a partir del 1979, comenzó a degenerar en el poder hasta ser expulsado del mismo en 1990, cuando la cúpula sandinista protagonizó una piñata, quedándose con buena parte de las propiedades que habían expropiado a los Somoza. Volvió al poder en el 2006 para reelegirse en el 2011 y en el 2016, en comicios similares a los de la dictadura somocista.

Pero la paciencia de los nicaraguenses parece haberse agotado nuevamente después que la dictadura afrontó a sangre y fuego las primeras protestas populares, con un saldo de más de 170 muertos y centenares de heridos. El volcán popular se ha apoderado nuevamente de las calles y carreteras, erigiendo barricadas en Managua, Masaya y Estelí, y en las legendarias barriadas de Monimbó y Niquinhomo, con grandes pérdidas económicas.

Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional  no dejan dudas sobre la represión criminal desatada contra las protestas pacíficas. Condena las muertes y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua y urgen al Estado al cese de la represión, a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, a desmantelar dichos grupos y buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta el país.

Todo parece haber estallado en Nicaragua desde el 18 de abril, con tanta resolución que son pocos los que se conforman con una mediación restauradora del orden, y exigen la salida del poder del dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El legendario sacerdote Ernesto Cardenal, a sus 93 años lo ha expresado dramáticamente, rescatando un verso de su militancia antisandinista: “levántense todos, hasta los muertos”.

Hay que ponerle atención de nuevo a Nicaragua y esperar que los viejos militantes de la libertad se levanten del silencio y se reagrupen con los que han mantenido la resistencia, en el Movimiento de Renovación Sandinista, evocando a Carlos Fonseca, aquel “tayacán vencedor de la muerte”, de quien Mejía Godoy cantó que “viene derribando los muros de la noche, nítido, inmenso, tus ojos azules generosos apuntando firmes hacia el futuro, con tu carabina disparando auroras”.-

 

 

Nuestra capacidad de aguante

A1Por Juan Bolívar Díaz

El adormecimiento anestésico a que ha sido sometido el pueblo dominicano parece que no tiene límites y cada semana se descubre un nuevo abuso sin que la gran mayoría se dé ni por enterada, aún los perjudicados directamente. Parece que hemos perdido la capacidad de asombrarnos.

Desde el sábado asistimos a un atropello colectivo, después que el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Jorge Luis Pérez,  evacuó –vale el verbo- una sentencia que “suspende provisionalmente la transmisión de los partidos de Beisbol Profesional de Grandes Ligas (MLB), que sean televisados o transmitidos o retransmitidos en la República Dominicana por Altice, CDN, CDN Radio y CDN Sports Max, hasta tanto la tercera sala del juzgado decida la demanda sometida por la Corporación de Televisión  y Microonda Rafa C.por A. (Telemicro) el 11 de abril del 2018”.

Así de un solo mazazo se privó a los dominicanos y dominicanas de una de sus entretenimientos preferidos en la televisión comercial, y no por algunos días, porque una demanda de esa naturaleza se toma meses y años en los “diligentes” tribunales nacionales. La consulta a destacados juristas indica que el juez se ha excedido abusiva y penosamente.  El impetrante escogió la vía del referimiento,  que sólo es válida en casos de urgencia, para proteger derechos que no puedan recuperarse.

El caso se resume en que la MLB rompió el contrato que tenía Telemicro para transmitir  un juego por día, alegando enormes atrasos de pago,  a pesar de reiterados esfuerzos de cobro, tras lo cual firmó otro contrato con Altice, la que a su vez subcontrató la CDN para un juego diario, y colocó un paquete especial en su propio servicio de telecable ofertando una decena de juegos por día, como venía haciendo por años.

Es válido que si la empresa local se sintió perjudicada, apele  a un tribunal y si allí se la da razón, entonces tendría derecho a demandar una reparación de la MLB, Pero la suspensión total de las transmisiones del beisbol no protege ningún derecho y en cambio perjudica el de decenas y probablemente cientos de miles de radioyentes y televidentes.

El exceso es mayor si se toma en cuenta que Telemicro sólo contrataba la transmisión de un juego por día, y que los paquetes de juegos, ahora también suspendidos, es una contratación separada que pagan varias empresas de telecable. Muchos aficionados pagan por adelantado los seis meses de la temporada, aprovechando ofertas más baratas que la mensualidad. Ahora mismo están lesionados  al no poder recibir el servicio contratado.

Es realmente inconcebible que un juez pueda tomar una decisión de esa magnitud, innecesaria porque en caso de ganancia del demandante su única reparación tendría que ser económica. No podrá transmitir los juegos que hayan pasado, en meses o años. A lo más que podría haberse  llegado sería a congelar el pago de Altice a la MLB hasta una decisión judicial definitiva.

Se impone preguntar  quién defiende el interés público,  por qué razón hay tanto silencio, incluyendo el de la inmensa legión de los comentaristas deportivos y sus asociaciones, y cómo es posible que una disputa empresarial, que eso es, prive a gran parte de la población dominicana del acceso a su mayor entretenimiento.

Por lo menos yo apelé a Proconsumidor para que ejerza la responsabilidad  que le otorga la Ley 358 de Protección del Consumidor o Usuario, cuyo artículo 22 la faculta “para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que sean requeridos”.

Por demás, el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil proclama que “Una parte perjudicada en sus derechos por una sentencia en la que ni ella ni las personas que ella represente, hayan sido citadas, puede deducir tercería contra dicha sentencia”. ¿Se animará Proconsumidor, o algún jurista a defender el interés colectivo?