Rechacemos el discurso del odio

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Por Juan Bolívar Díaz

El discurso cargado de odio y xenofobia que grupos minúsculos de fanáticos y comunicadores irresponsables difunden hace varios años ha calado tanto en algunos sectores que ya hasta consideran herético que los oradores de las Siete Palabras del Viernes Santo hayan reclamado una actitud compasiva y respetuosa hacia los inmigrantes de la vecina y desafortunada nación haitiana.

El fanatismo y la irracionalidad llegan al extremo de que, aunque se dicen cristianos, reniegan del supremo mandato del cristianismo, de amor y solidaridad entre los seres humanos, y desconocen los numerosos pronunciamientos del Papa Francisco, de los obispos dominicanos y de su Pastoral para los Inmigrantes y Refugiados, que insisten en el respeto a los derechos humanos y la necesidad de promover encuentros y concertaciones para la convivencia y el bienestar de los dos pueblos de la isla.

Debemos celebrar que varios de los oradores, como el vicario de la pastoral de adolescencia y juventud, Miguel Ángel Amarante, y el párroco de la Iglesia Santo Cura de Ars, Nelson Acevedo, aprovecharan el gran escenario para rechazar con firmeza y sin temor el discurso del odio y la xenofobia y el tráfico y la explotación de seres humanos, reclamando respeto para los inmigrantes, sin dejar de reconocer las imprescindibles regulaciones y limitaciones. No hicieron más que seguir las decenas de llamamientos del Papa Francisco sobre la misericordia y solidaridad y tratamiento de seres humanos con que deben ser acogidos los inmigrantes y refugiados.

Los que impugnan a esos sacerdotes, olvidan ex profeso la exhortación del Papa Francisco a los obispos dominicanos en ocasión de su visita “Ad Límina Apostolorum” del 28 de mayo del 2015: “La atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”. Y refiriéndose a los desnacionalizados descendientes de extranjeros nacidos en el país: “Es necesario seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”.

Esa firmeza debe ser imitada por las autoridades y todos los participantes en el debate nacional, para asumir las relaciones con los haitianos “con una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza”, como también expresó el Papa Francisco el 16 de enero del 2017.

El discurso constructivo incluye el abogar sistemáticamente por la adopción y aplicación de las normativas necesarias para limitar el excesivo flujo de haitianos, incentivado por el mismo Estado y los empresarios que se lucran con una mano de obra excedente, de baja retribución, sin seguridad social ni capacidad para reclamar límites de horarios o de días laborables, y que degrada el salario nacional.

Debemos reclamar al gobierno que prohíba la contratación de obreros en las obras públicas y que se cumpla el límite del 20% de trabajadores extranjeros al menos en la agricultura y la construcción financiada o con incentivos, que reduzca los 56 funcionarios consulares y 46 diplomáticos designados en Haití, mucho de ellos dedicados a tráficos indecorosos, y que controle el tráfico humano por la frontera.

Hay que exigir a los empleadores que faciliten la regularización de los trabajadores que necesiten, y luego sancionar severamente a quienes empleen indocumentados, promover que dejemos de buscar haitianos y haitianas para trabajo doméstico, vigilantes y chiriperos. Todo esto para establecer una racional política de control migratorio.

Lo que no debemos es proseguir el sendero del odio que acaba de reproducir en Pedernales el tenebroso ku-klux-klan, cuando encapuchados quemaron casuchas de haitianos. El mismo odio que ha generado primitivismos en la línea noroeste y el nordeste y que hace tres años colgó en un parque de Santiago a un joven limpiabotas haitiano, sin que hasta ahora ninguna autoridad haya expresado siquiera una sanción verbal.

¿Por qué nos evalúan tan mal?

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Por Juan Bolívar Díaz

Hemos lanzado la pregunta una y otra vez en distintos escenarios, ¿por qué nos evalúan internacionalmente tan mal?, cosechando muy diversas respuestas e interpretaciones, desde la más simple, “porque andamos mal”; la interpretativa, “porque nos empeñamos en cerrar los ojos a la realidad y no resolver los problemas que tenemos”; o las radicales que ven una conspiración internacional contra el país, “al que no le reconocen nada bueno”.
Dos evaluaciones publicadas esta semana colocan a la República Dominicana en posiciones críticas y hasta de retroceso, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) y en el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre mortalidad de recién nacidos.

En el índice de TI, entregado ayer miércoles por su capítulo Nacional, Participación Ciudadana, RD descendió en puntuación de 31 a 29 sobre 100, colocada en la posición 135 de 180 naciones evaluadas; en el tercio de los más corruptos, que quedaron por debajo de los 50 puntos, y lejos del promedio de estos que fue de 43.

Cuando se verifica la tabla continental, la tristeza es mayor, por cuanto el país sólo registra mejor puntuación que Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, que oscilan entre 28 y 18 puntos. Eso significa que en corrupción superamos a todas las naciones de la región caribeña y a casi una treintena de América. Participación Ciudadana atribuye el declive en este índice al escándalo Odebrecht, incluyendo el hecho de que los principales ejecutivos de esa trama mudaron sus operaciones al país cuando los cercó la justicia brasileña, considerando que era el lugar ideal para continuar sus “operaciones estructuradas”.

El informe de UNICEF no es menos lacerante, al colocar la RD en el lugar 51 en mayor proporción de muertes en el primer mes de nacimiento, entre 184 países analizados, con una tasa de 21.8 por cada mil nacidos, el cuarto peor entre 51 considerados de “ingresos medianos altos”, por debajo de otros 16 latinoamericanos y caribeños incluidos en el grupo.

Nadie puede explicar cómo es posible que mantengamos esa tasa de muertes de recién nacidos, tan alta como también la de muertes maternas, con un crecimiento económico líder en la región en los últimos cincuenta años, según los mismos diagnósticos internacionales. Y cuando hemos invertido tanto en infraestructuras hospitalarias.

Algunos aducen que se debe a que cargamos con una parte del peso de los haitianos inmigrantes, lo que es parcialmente cierto, pero sigue sin justificar una tasa de mortalidad infantil nueve veces superior a la de 2.4 que registra Cuba, pero son tantas las evaluaciones negativas que recibe el país de los organismos e instituciones internacionales que acaban cuestionando las más positivas, como las que reconocen el crecimiento económico y el mejoramiento de las infraestructuras urbanas, demostrativas de que no es cierto que haya interés en perjudicarnos, como algunos creen.

Una de las conclusiones obligadas es que nuestro desarrollo es un tremendo fiasco por la concentración de la riqueza, por una perversa distribución del ingreso que genera más pobreza de la que reconocen los estándares internacionales. Y desde luego, por los escandalosos niveles de corrupción que distraen con toda impunidad lo que debería invertirse en bienestar social.

Preguntas que ameritan respuestas

A1Por Juan Bolívar Díaz

1.- Ahora que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana desistió del propósito de imponer el padrón universal para la elección de los candidatos de todos los partidos, se impone  preguntar si finalmente será aprobada la Ley de Partidos que se viene discutiendo desde hace justamente 20 años.

La decisión implica un revés para el sector peledeísta del presidente Danilo Medina, que trató durante un año de imponer el padrón abierto y ahora falta por verse si los legisladores harán uso de la facultad que se les ha reconocido para votar en conciencia, o si seguirán dándole vueltas a la noria para evadir los asuntos de fondo del proyecto, como los límites al gasto y al tiempo de las campañas, la rendición de cuentas financieras, la cuota de las mujeres en los cargos directivos,  y reales sanciones a la compra de votos y abusos de recursos estatales.

El asunto de la Ley de Partidos ya harta, pero todavía hay que vigilar para que no se apruebe una mojiganga, como ya hizo la Cámara de Diputados en marzo del 2015, que fue un relajo tan grande que se ganó un rechazo universal y tuvieron que dar marcha atrás.

2.- ¿Será verdead que la Procuraduría General de la República no había tenido suficiente tiempo para reclamar al sistema financiero los movimientos de las cuentas de las empresas de Angel Rondón y demás implicados en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht?

Por ahí debió comenzar la investigación a Rondón hace 13 meses cuando la justicia norteamericana lo identificó  como la correa de transmisión  de sobornos de la constructora brasileña por 92 millones de dólares, en lo que constituyó el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia. Eso si hubiese habido interés de saber la verdad y no temor de tropezarse conn ella. Pasarán otros meses, que de seguro se le concederán y la Procuraduría seguirá dando palos de invidentes, sin reclamar a l Odebrecht que cumpla el acuerdo de impunidad que se le otorgó, según el cual tenía que identificar en 60 días los sobornados, con cuentas, montos y obras, sus cómplices y todos los mecanismos de pago y traspaso de dinero.

3- ¿Cuándo será que los “organismos de inteligencia” del Estado pondrá en juego toda su capacidad investigativa para determinar y procesar judicialmente a los responsables del cargamento de 109 mil galones de gasoil que llegaron por el puerto de Manzanillo?

Hace tres semanas que fue incautado el cargamento y sometidos a la justicia los tripulantes de la embarcación que lo trajo, pero no hay que ser un sabueso para preguntar y determinar para quién venía consignada la carga, y quién la iba a recibir, porque se necesitaban varios camiones tanqueros para retirarla, y en ese pequeño puerto no hay tantas operaciones como para que no se sepa quién es quién. ¿O es que cien mil galones de gasoil pueden tirarse en un puerto y ocultarse hasta que el propietario los retire sigilosamente?

Todo parece indicar que se trata de un negocio de buen patrocinio, como el de aquellos jóvenes contrabandistas  de Santiago atrapados por Aduanas con la masa en la mano, o como aquella incautación olvidada de mil kilos de cocaína en un avión privado que saldría del aeropuerto Joaquín Balaguer hace como ocho años. Nunca se pudo saber quién era el propietario de la nave.

4.- Y ¿será verdad que los “organismos de inteligencia” no pueden desmantelar y procesar a la mafia de traficantes que durante los últimos años trae cientos de mujeres haitianas embarazadas para que den a luz en el país  a cuenta del Estado?

La dirección de un hospital capitalino secreteó que muchas de esas parturientas no saben nada de español y que dan la misma dirección de presunta residencia. Pero la pregunta del millón es cómo entran al país tantas parturientas, y si vendrán con visas de 250 dólares.  La convicción general es que hay una trata de embarazadas que deja pingues beneficios, cargando su costo al Estado dominicano.-

 

 

Otras graves paradojas

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Por Juan Bolívar Díaz

Cualquiera que se ponga a hurgar en la cotidianidad nacional tropezará con una inmensa cantidad de paradojas, mucha de ellas tan graves que obligan a rememorar al escritor y político Juan Isidro Jiménez Grullón y su planteamiento de que la República Dominicana es una ficción.

La más relevante de los últimos tiempos es que mientras por todo el continente la Odebrecht está a la defensiva, cancelados sus contratos y demandada por los Estados víctimas de sus maquinaciones, no sólo de sobornos, sino también de sobrevaluaciones de obras, aquí es al revés: la constructora ha demandado al Estado a un arbitraje internacional en Nueva York para que se le pague 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina.

Cuando nueve de cada diez dominicanos ya estaba convencidos de que en la contratación original de las plantas por 2,040 millones de dólares, ya había una gran sobrevaluación, un informe técnico recogido por la comisión presidencial que evaluó la contratación concluyó en que más bien estaban subvaluadas. Odebrecht se lo tomó en serio y quiere llevar el costo de las plantas sobre los 2 mil 700 millones de dólares, otro escándalo internacional. No deja de ser paradójico que aquí estemos construyendo plantas de carbón, cuando las existentes se están desmontand0o en gran parte del mundo.

Otra paradoja relacionada con Odebrecht es que el Procurador General Jean Alain Rodríguez ha pedido cuatro meses adicionales para reunir las pruebas de los sobornos de esa empresa, cuando se acerca al año el acuerdo que relevó de toda responsabilidad penal a la constructora a cambio de que entregara toda la documentación e información que posea sobre sus actividades delictivas en el país, en un plazo de 60 días

Se enumeraba concretamente que Odebrecht identificaría a los funcionarios sobornados, coautores y cómplices, las obras adjudicadas mediante sobornos, las personas o entidades que facilitaron los sobornos, los montos entregados y mecanismos financieros, incluyendo las cuentas bancarias, registros contables…Odebrecht demanda al Estado, pero la Procuraduría no anula el acuerdo, como estaba previsto en caso de incumplimiento.

En lo político sobran también las paradojas: el PRD y medio PLD que pretenden imponer el padrón abierto para elección primaria simultánea todos los candidatos  de todos los partidos, a cargo de la Junta Central Electoral, pero quieren quitar el voto preferencial para el nivel municipal por considerar que sería imposible de materializar al tratarse de 3,900 cargos. Aunque en la elección nacional habría que contarle sus votos a un candidato por cargo y partido, en la primaria serían el triple.

Una paradoja más: con todos los déficits en la distribución de la energía, que han implicado miles de millones de dólares de subsidio durante los últimos 15 años, en ese mismo período la estatal Edesur ha pagado 300 mil dólares mensuales, equivalentes a 3.6 millones anuales y a 54 millones de dólares en ese lapso por el alquiler de un edificio. Se ha renovado tres veces el contrato original, cuando desde el principio se debió tomar un préstamo -ese sí justificado- para construir las oficinas. Con esa suma las tres distribuidoras estatales de energía tendrían edificio propio. Ahora siguen pagando.

Y la final: Con casi tres décadas de discurso anti haitiano, rebosante de odio y discriminación, con tanto canto soberanista, se sigue denunciando el incremento de la inmigración de los vecinos. Aunque la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012 demostró que el mayor flujo se produjo en los cinco años anteriores, cuando los adalides del ultra nacionalismo controlaban la dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras.

Más paradójico todavía es que se sigue proclamando que esos haitianos “despojan” a los dominicanos de los empleos, como si ellos mismos se auto contrataran, para no encarar la responsabilidad de los gobiernos, los empresarios y hasta las personas individuales que prefieren que hayan muchos disponibles, para sobreexplotarlos, con bajos salarios, sin seguridad social ni prestaciones laborales.-