Caminante, se hace camino al andar

16_08_2018 HOY_JUEVES_160818_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

“Yo he andado muchos caminos/he abierto muchas veredas/he navegado en cien mares/y atracado en cien riberas…”

Lo más emocionante de la inolvidable marcha verde del domingo 12 fue el entusiasmo con que la inmensa multitud de caminantes cogió velocidad cuando un aguacero hizo acto de  presencia y fue recibido bajo el grito “que llueva, que llueva, contra la corrupción”. En la memoria de los mayores flotaron caminatas, como aquellas de 1964-65 desde la Universidad contra el gobierno golpista, que se equivocaba lanzando chorros de agua desde carros bombas diseñados para otros climas, pretendiendo dispersar estudiantes bajo los ardorosos rayos del sol caribeño. Cuando asomaban empezábamos a danzar bajo la consigna “que la tiren, que la tiren”.

Agua fresca para aplacar la insolencia del sol a media mañana de julio y la firmeza de una multitud que se ensanchaba en cada esquina, con la determinación y la convicción de quienes “no conocen la priesa/ ni aún en los días de fiesta/ donde hay vino, beben vino/donde no hay vino, agua fresca”, asumiendo que hay que marchar sin cansancio, porque no hay avance social ni conquista que no cueste desgarrones del alma, que para obligar a un sistema político a reducir la corrupción y escuchar el clamor popular, se requiere mucho coraje, enorme determinación, persistencia infinita, multitudes que presionen y hagan entrar en pánico a los protagonistas del robo y la malversación.

Es bien reciente la experiencia de la lucha por el 4 por ciento para la educación. Al frente de la Marcha Verde caminan los mismos protagonistas de aquellas jornadas. Comenzamos a exigir priorizar la inversión en educación a finales de los ochenta, cuando los maestros eran mendigos y en las escuelas no había ni tizas ni borradores y el atraso sentó su imperio sobre nuestros niños y jóvenes. Vino el primer Plan Decenal en el 92 y seguíamos sin recursos. Aprobamos la Ley de Educación en el 97 instituyendo el anhelado 4 por ciento, y tuvimos que marchar durante 15 años más, entonces bajo paraguas amarillos, integrados hasta a las escenografías televisivas.

En la campaña electoral del 2012 el empoderamiento ciudadano obligó a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de cumplir la ley, hasta el del mismo partido que durante tres períodos de gobierno había ignorado tan justa demanda. Gracias a todo eso ahora enarbolan como máxima realización la construcción de miles de aulas, estancias infantiles, jornada escolar extendida, desayuno y almuerzo en las escuelas y dignificación de la condición de los docentes.

Era mucho más fácil convencer de lo que ya se había generalizado en el mundo, y en América Latina, donde el promedio destinado a educación era del 5.5 por ciento del PIB. Eso no quiere decir que necesitemos otros 15 años de marcha, porque ahora el empoderamiento ciudadano es muchas veces superior. La mayor marcha por el 4% congregó en el 2011 apenas 10 mil personas, la del domingo la superó más de veinte veces.

Hay que seguir marchando sin detenernos, mantener la salud física y mental y vencer la resistencia de quienes llegan al extremo de coger nuestro dinero para intentar tapar las portadas de todos los diarios en un vano intento de ocultar las imágenes que las redes sociales y la televisión habían mandado a millones de dominicanos y dominicanas y a todas partes del mundo.

La próxima coyuntura electoral será para el movimiento verde lo que fue la del 2012 para el 4 por ciento, si no nos cansamos de marchar, cada mes en alguna ciudad, que en Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Moca, San Pedro, Azua, Cotuí, reproduzcan las multitudinarias marchas del año pasado. Si seguimos sumando miles de todos los sectores y condiciones sociales, como el domingo, alguien tendrá que demostrar un firme compromiso contra la corrupción y la impunidad para conseguir legitimidad de gobierno.

No venceremos con las armas ni el disturbio, ni podremos tumbar el gobierno, pero sí obligar a un cambio de curso para ahorrarnos los 96 mil millones de pesos que Oxfam documentó como costo para este año de la corrupción, la malversación y el clientelismo. Luchar sin desesperación, pero con firmeza por rescatar las instituciones judiciales, el ministerio público, y los organismos de control y fiscalización secuestrados por la política del enriquecimiento infinito y la perpetuidad del dominio político.

Marchemos cantando a Antonio Machado: “Son buenas gentes que viven/
laboran, pasan y sueñan/y en un día como tantos/descansan bajo la tierra”., convencidos de que “caminante, no hay camino/se hace camino al andar/ que son tus huellas el camino y nada más/caminante no hay camino, sino estelas en la mar…”.

Los jóvenes deben empoderarse

02_08_2018 HOY_JUEVES_020818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La poca participación de la juventud dominicana en las actividades sociales y políticas es un elemento altamente preocupante  para el futuro de un país que como el nuestro precisa de tantas transformaciones y energías constructivas para superar sus atavismos primitivos, ofrecer mayores oportunidades a los sectores sociales mayoritarios de bajos niveles educativos y de vida, y para insertarse en un mundo cada vez más competitivo.

Las investigaciones sociales y las observaciones indican que los jóvenes dominicanos están cada vez más ausentes de las actividades comunitarias, de las asociaciones estudiantiles y sindicales, de las organizaciones no gubernamentales y de las iniciativas políticas, tal vez con la excepción del movimiento verde, donde han participado segmentos juveniles de clases medias, y no tanto de los segmentos populares.

Un estudio del que ha informado esta semana el periódico El Caribe, de la Asociación Internacional para Evaluación del Logro Educativo ha mostrado que el 88 por ciento de los estudiantes dominicanos de 14  años, en una muestra de 3 mil 937 de 141 escuelas, muestran los niveles más bajos entre 24 países evaluados en conocimiento y comprensión sobre las instituciones, la democracia, ciudadanía e institucionalidad.

Resulta alarmante que sólo el 1 por ciento alcanzó el nivel A de la evaluación, el 11 por ciento el nivel B y el 30 el nivel C, y que hasta un 73 por ciento justica la dictadura si traen orden y seguridad, que el 56 por ciento justifica las prácticas clientelares y corruptivas y el 55 por ciento los gobiernos autoritarios.

Las franjas adultas se quejan frecuentemente de la ausencia de los jóvenes en las actividades sociales y políticas, sin buscar explicaciones, que en gran medida no son de su responsabilidad, sino del deterioro en que cayó la educación nacional con décadas de atraso, por el abandono de la educación cívica, la frustrante desintegración familiar y por el bombardeo consumista que han recibido por todos los medios de comunicación, incentivando la evasión y los botes salvavidas individuales.

La tercera parte de nuestros jóvenes no tienen acceso a un empleo y otro tercio apenas logra ingresos de sobrevivencia, la mitad abandona la educación escolar en el nivel secundario y casi una cuarta parte ni estudia ni trabaja, conformando una perspectiva de pobreza y de incremento de la delincuencia y la inseguridad.

Es indiscutible que ese panorama requiere cambios estructurales, políticos y sociales profundos, pero que serán imposibles si los jóvenes mismos no se empoderan y se fajan a unir esfuerzos por lograrlos. Ninguna sociedad se transforma ni alcanza  niveles importantes de bienestar integral sin la decidida participación de la juventud.

Las investigaciones sociales, como Barómetro de las Américas y Latinobarómetro arrojan datos extremadamente preocupantes sobre la escasa confianza de los jóvenes dominicanos en su porvenir, con tasas de hasta 60 por ciento en la franja de entre 18 y 25 años que sueñan con irse del país, y 48 por ciento en la de 26 a 35 años. Muchos de ellos deslumbrados por el mejoramiento de la calidad de vida de gran proporción del más del millón y medio que emigraron en las últimas seis décadas.

Esos sueños terminarán en pesadilla para una alta proporción, porque las fronteras migratorias se están cerrando progresivamente tanto en Estados Unidos como en Europa, donde fue a parar gran parte de nuestra diáspora. Y los nuevos destinos de Sudamérica no tienen mucha capacidad para absorber las demandas. Habrá que convencer a nuestros jóvenes que es aquí donde tendrán que guayar la yuca y que eso no será posible leyendo y enviando mensajitos por las redes sociales, ni mucho menos  en la evasión del colmadón, de las drogas y el alcohol.

La situación es para declararnos en emergencia. Urge que los adultos abran mayores espacios a la participación de los jóvenes  en todos los sectores, y que los exhortemos a empoderarse, a asumir las riendas de este pobre país tan precisado de nuevas energías.-

Masiva violación de derechos

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Por Juan Bolívar Díaz

Sólo una sociedad desestructurada, atomizada, en mendicidad institucional y con valores extrapolados puede aceptar como válido el persistente recurso al patrullaje policíaco-militar como mecanismo para enfrentar el incremento de la delincuencia, con el agravante de que deriva en extorsiones y una masiva violación de los derechos humanos de los más pobres y desprotegidos con el consiguiente y contraproducente resentimiento que agrava la inseguridad.

Es más que vergonzoso, degradante socialmente, que la Policía Nacional informe como muestra del éxito de su patrullaje junto a miles de efectivos militares, que en sus primeros cuatro días detuvo para fines de investigación a 4 mil 959 personas, es decir mil 240 en cada jornada, de las cuales apenas “39 fueron sorprendidas en flagrante delito”. En realidad lo flagrante es la confesión de una masiva violación de derechos humanos, ya que el código procesal establece que a ningún ciudadano se le puede privar de su libertad a no ser que sea sorprendido “en flagrante delito”, o mediante una disposición judicial motivada.

En otras palabras, que el vocero oficial de la PN ha confesado el delito de violación de derechos a casi cinco mil ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes pobres, de los barrios populares, quienes no tienen quién los defienda de la arbitrariedad. Se trata de parias, del montón salidos, sospechosos de llevar la intranquilidad y la inseguridad a la gran familia dominicana.

Entre las víctimas propiciatorias de la PN están relevantemente los motoristas, pues el informe indica que “fueron depuradas” nada menos que 25 mil 289 motocicletas, de las cuales 5 mil 543 fueron retenidas. Y lo más probable es que muchos de los que han leído el informe justifiquen esa redada contra los motoristas, porque es frecuente que se utilicen esos vehículos para asaltos y otros actos delictivos.

Pero resulta que según la Dirección General de Impuestos Internos, al terminar el pasado año 2017 había en el país 2 millones 238 mil 671 motocicletas, el 54.6 por ciento de nuestro parque vehicular. Y hay quienes creen que son muchas más, sumadas las que ingresan como piezas y son ensambladas aquí, evadiendo el registro correspondiente. En cualquier caso, los propietarios son aproximadamente el 23 por ciento de la población nacional. Hombres y mujeres comunes que las adquieren para transportarse a sus trabajos y lugares de estudio, llevando a esposas e hijos, a vecinos y compañeros de labores, en un país donde el transporte público es pésimo, y consume entre el 20 y 25 por ciento del salario de los trabajadores pobres.

Pueden los lectores estar seguros que para pasar la “depuración” una alta proporción de los propietarios de las 25 mil motocicletas sospechosas tuvieron que pagar sumas considerables y que los de las más de 5 mil retenidas la están pasando mal para recuperar su medio de transporte o de ganarse la vida, porque entre 400 y 500 mil, según estimados, corresponden a dominicanos comunes que trabajan  en el llamado motoconcho, que en el gran Santo Domingo mueve más pasajeros que el metro y el flamante teleférico juntos.

La policía ha precisado que de los casi 5 mil apresados para investigación, 65 resultaron “reconocidos delincuentes”, por lo que se puede deducir que el 98 por ciento son personas en  plenitud de derechos. Y ya hubo un ciudadano, Manuel Merán Maldonado, que pagó con su vida el costo del operativo policíaco-militar. Irónicamente era un miembro de la misma policía, quien vestido de civil conducía una motocicleta.

No hay que tener un doctorado en seguridad ciudadana para concluir que el patrullaje mixto es contraproducente, que se traduce en rechazo de la comunidad barrial, convertida en víctima, que en vez de generar confianza, produce animadversión y resentimientos.

Ese patrullaje mixto al que se apela cada seis o siete meses, es otra iniquidad de nuestro sistema político  social, expresión cínica de la incapacidad para instaurar políticas de seguridad ciudadana, confesión de incapacidad para atacar de raíz la estructura que genera tanta delincuencia e inseguridad.

Lo peor de todo es que estamos tan adormecidos, domesticados y alienados que aceptamos cualquier receta para nuestros males, aunque estén envenenadas o sean fruto de la incapacidad, del cinismo, del allante y la insensibilidad social y humana.-

 

La frontera se nos cae a pedazos

A2Por Juan Bolívar Diaz

            Cada vez que he podido caminar por las provincias fronterizas tengo la misma sensación de descubrir un mundo realmente macondiano, donde no alcanzan los adjetivos para describir el inmenso drama de pobreza y abandono, de donde huyen todos los que pueden, relevantemente la población más joven que escucha decir que este ya es un país de clase media, lo que por cierto se traduce en reducción de los programas asistenciales internacionales.

Llego siempre a la misma conclusión: que los políticos, comentaristas y  periodistas viven muy alejados de la realidad nacional, y lo vacío que es el discurso antihaitiano, y los ímpetus ultranacionalistas que buscan tras la frontera explicaciones pueriles a nuestras carencias, irresponsabilidades y hasta miserias y que pretenden que la contención de la inmigración es asunto de arengas radiofónicas y televisivas.

La República se nos está derrumbando en la zona fronteriza, más parecida a Haití que a las prosperas regiones del Cibao y, desde luego, muy distante del Nueva York chiquito del polígono central de Santo Domingo. Quien quiera comprobar la enorme disparidad tiene que darse un viaje por el tramo fronterizo que integran Pedernales, Independencia, Bahoruco y Elias Piña, donde muchos pueblos y parajes parecen arrancados de la madre patria Africa.

Entre el 30 de abril y el 7 de mayo la exquisita periodista Leonora Ramírez publicó una serie de reportajes sobre las provincias fronterizas, que seguramente pasó desapercibida para gran proporción de los lectores de este diario HOY, y otros no lograron hacerse una clara representación de sus alcances.

Las cifras oficiales establecen que en la provincia Elías Piña el 83% de la población vive en la pobreza, la mitad en pobreza extrema, con 63 % desocupados, y que tiene municipios como Guananico y Juan Santiago, donde 9 de cada 10 habitantes viven bajo el agobio de la pobreza. En Bahoruco y Pedernales los niveles de pobreza con del 75%, y del 73% en Independencia, con poblaciones como Boca de Cachón con 80% de pobres, o Cabeza del Toro donde el 62% vive en extrema pobreza.

Escapa un poco a esos niveles de miseria la provincia de Dajabón, dónde “sólo la mitad de la población es pobre”, por tener el mayor mercado fronterizo, ese que algunos desaprensivos gritan que deben cerrar cada vez que se presenta algún incidente con los vecinos. A lo largo de la franja fronteriza el intercambio binacional es fundamental, tanto que en Pedernales hubo que apresurare a levantar el cierre del mercado binacional hace par de meses tras graves incidentes.

Pero las cifras no son suficientes. El que quiera conocer la honda y golpeante realidad tiene que caminar por esos poblados fronterizos, más allá de las cinco o seis grandes poblaciones, para ver cómo se le caen las alas del alma. Los colmaditos con algunos productos imprescindibles, sin energía eléctrica la mayor parte del tiempo, sin que les llegue agua potable, y las escuelitas casi deshabitadas.

Viendo ese submundo se puede explicar que los jóvenes lo abandonen y lo dejen dependiendo de la mano de obra haitiana para cualquier pequeño o mediano emplazamiento agrícola, casi de subsistencia todos. En Oviedo hace 8 años levantaron un liceo secundario que no ha podido ser utilizado porque sus vicios de construcción no garantizan seguridad. Nadie ha salido responsable ni parece que haya prisa en sustituirlo. Total, que la mayoría de sus potenciales alumnos ya levantaron vuelo hacia la civilización.

En Boca de Cachón el actual gobierno desarrolló un proyecto habitacional modelo para albergar a 600 familias damnificadas de la crecida del Lago Enriquillo, pero no les han entregado  las tierras y animales para producir, lejos de las otras poblaciones, sobreviven en sus estanques de miseria, con viviendas de bloques y edificaciones comunitarias, pasando hambre, sin energía ni agua potable, a la buena de Dios y por obra y gracia del Espíritu Santo.

A la frontera alguna vez el verdadero nacionalismo, la racionalidad y la sensibilidad tendrán que echarle una mirada, cuando dejemos de pasarnos la vida discutiendo miserias políticas y exhibiendo impúdicamente las carencias institucionales. Ojalá que sea pronto que dejemos de hablar tantas pendejadas y nos ocupemos de los problemas fundamentales.-

¡Ay Nicaragua, Nicaraguita!

A1     Por Juan Bolívar Díaz

“Ay, Nicaragua, Nicaraguita/ Mi cogollito de pijibay/Mi pasión se enterró/en el surco de tu querencia/como un granito de maíz”.
Los versos del cantor Carlos Mejía Godoy, el más grande de los folcloristas vivos de América Latina,  vuelven a la memoria de cuantos apoyamos hace cuatro décadas la lucha del pueblo nicaragüense para liberarse de una de nuestras más largas dictaduras. Fue una solidaridad universal que a coro cantó “Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de verguenza y de valor, de un pueblo que es poeta y que sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre rabia y sudor”.

Van a contarse casi cuatro décadas desde que el Ejército Popular Sandinista derribó la dictadura, con unánime aplauso de los seres humanos libres, con la ilusión de que los nicaragüenses habían enterrado el oprobio  político y procedían a levantar una nueva sociedad. Es cierto que la guerra fría y las intolerancias imperialistas los envolvieron en un remolino de odio que prolongó la guerra y generó radicalismos y fundamentalismos.

Restaurada la paz, todo se podía esperar menos que la cúpula del sandinismo traicionara tan arteramente los sueños de héroes y mártires, corrompiéndose hasta el alma, aliándose con sus contradictores de la más corrupta  derecha política, arrodillándose ante el cardenal Obando, formando una alianza corporativa con un empresariado sin mínima vocación democrática, a cambio de reeditar la historia para atornillarse en el poder.

Con el dinero de Petrocaribe repartido por el chavismo y madurismo venezolano a cambio de apoyo internacional, el presidente Daniel Ortega compró todo lo que encontró en venta, doblegó las instituciones y adormeció la conciencia de amplios segmentos de pobres, salpicados con migajas denigrantes. La noche de la dominación volvió a aplastar las energías del pueblo nicaragüense.

El hombre que encarnó el gobierno revolucionario a partir del 1979, comenzó a degenerar en el poder hasta ser expulsado del mismo en 1990, cuando la cúpula sandinista protagonizó una piñata, quedándose con buena parte de las propiedades que habían expropiado a los Somoza. Volvió al poder en el 2006 para reelegirse en el 2011 y en el 2016, en comicios similares a los de la dictadura somocista.

Pero la paciencia de los nicaraguenses parece haberse agotado nuevamente después que la dictadura afrontó a sangre y fuego las primeras protestas populares, con un saldo de más de 170 muertos y centenares de heridos. El volcán popular se ha apoderado nuevamente de las calles y carreteras, erigiendo barricadas en Managua, Masaya y Estelí, y en las legendarias barriadas de Monimbó y Niquinhomo, con grandes pérdidas económicas.

Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional  no dejan dudas sobre la represión criminal desatada contra las protestas pacíficas. Condena las muertes y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua y urgen al Estado al cese de la represión, a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, a desmantelar dichos grupos y buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta el país.

Todo parece haber estallado en Nicaragua desde el 18 de abril, con tanta resolución que son pocos los que se conforman con una mediación restauradora del orden, y exigen la salida del poder del dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El legendario sacerdote Ernesto Cardenal, a sus 93 años lo ha expresado dramáticamente, rescatando un verso de su militancia antisandinista: “levántense todos, hasta los muertos”.

Hay que ponerle atención de nuevo a Nicaragua y esperar que los viejos militantes de la libertad se levanten del silencio y se reagrupen con los que han mantenido la resistencia, en el Movimiento de Renovación Sandinista, evocando a Carlos Fonseca, aquel “tayacán vencedor de la muerte”, de quien Mejía Godoy cantó que “viene derribando los muros de la noche, nítido, inmenso, tus ojos azules generosos apuntando firmes hacia el futuro, con tu carabina disparando auroras”.-

 

 

Nuestra capacidad de aguante

A1Por Juan Bolívar Díaz

El adormecimiento anestésico a que ha sido sometido el pueblo dominicano parece que no tiene límites y cada semana se descubre un nuevo abuso sin que la gran mayoría se dé ni por enterada, aún los perjudicados directamente. Parece que hemos perdido la capacidad de asombrarnos.

Desde el sábado asistimos a un atropello colectivo, después que el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Jorge Luis Pérez,  evacuó –vale el verbo- una sentencia que “suspende provisionalmente la transmisión de los partidos de Beisbol Profesional de Grandes Ligas (MLB), que sean televisados o transmitidos o retransmitidos en la República Dominicana por Altice, CDN, CDN Radio y CDN Sports Max, hasta tanto la tercera sala del juzgado decida la demanda sometida por la Corporación de Televisión  y Microonda Rafa C.por A. (Telemicro) el 11 de abril del 2018”.

Así de un solo mazazo se privó a los dominicanos y dominicanas de una de sus entretenimientos preferidos en la televisión comercial, y no por algunos días, porque una demanda de esa naturaleza se toma meses y años en los “diligentes” tribunales nacionales. La consulta a destacados juristas indica que el juez se ha excedido abusiva y penosamente.  El impetrante escogió la vía del referimiento,  que sólo es válida en casos de urgencia, para proteger derechos que no puedan recuperarse.

El caso se resume en que la MLB rompió el contrato que tenía Telemicro para transmitir  un juego por día, alegando enormes atrasos de pago,  a pesar de reiterados esfuerzos de cobro, tras lo cual firmó otro contrato con Altice, la que a su vez subcontrató la CDN para un juego diario, y colocó un paquete especial en su propio servicio de telecable ofertando una decena de juegos por día, como venía haciendo por años.

Es válido que si la empresa local se sintió perjudicada, apele  a un tribunal y si allí se la da razón, entonces tendría derecho a demandar una reparación de la MLB, Pero la suspensión total de las transmisiones del beisbol no protege ningún derecho y en cambio perjudica el de decenas y probablemente cientos de miles de radioyentes y televidentes.

El exceso es mayor si se toma en cuenta que Telemicro sólo contrataba la transmisión de un juego por día, y que los paquetes de juegos, ahora también suspendidos, es una contratación separada que pagan varias empresas de telecable. Muchos aficionados pagan por adelantado los seis meses de la temporada, aprovechando ofertas más baratas que la mensualidad. Ahora mismo están lesionados  al no poder recibir el servicio contratado.

Es realmente inconcebible que un juez pueda tomar una decisión de esa magnitud, innecesaria porque en caso de ganancia del demandante su única reparación tendría que ser económica. No podrá transmitir los juegos que hayan pasado, en meses o años. A lo más que podría haberse  llegado sería a congelar el pago de Altice a la MLB hasta una decisión judicial definitiva.

Se impone preguntar  quién defiende el interés público,  por qué razón hay tanto silencio, incluyendo el de la inmensa legión de los comentaristas deportivos y sus asociaciones, y cómo es posible que una disputa empresarial, que eso es, prive a gran parte de la población dominicana del acceso a su mayor entretenimiento.

Por lo menos yo apelé a Proconsumidor para que ejerza la responsabilidad  que le otorga la Ley 358 de Protección del Consumidor o Usuario, cuyo artículo 22 la faculta “para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que sean requeridos”.

Por demás, el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil proclama que “Una parte perjudicada en sus derechos por una sentencia en la que ni ella ni las personas que ella represente, hayan sido citadas, puede deducir tercería contra dicha sentencia”. ¿Se animará Proconsumidor, o algún jurista a defender el interés colectivo?

La post-verdad y las fake news

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Por Juan Bolívar Díaz

            Post-verdad y fake news son de las terminologías que dominan hoy el mundo de las comunicaciones, tanto que pareciera que quien no las emplea está fuera de la era cibernética y digital, que no está en nada, que es un desfasado o desfasada, y la emplean los comunicadores, como los políticos y los intelectuales y hasta el Papa Francisco las ha referido en su reciente mensaje con motivo de la “52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Las fake news, que fue a lo que aludió el pontífice no es otra cosa que la noticia falsa. La post-verdad tiene una connotación más amplia o diversa, pero se puede resumir en una falsificación o alteración de la realidad, apelando a las emociones, prescindiendo de la objetividad  y se incuba en las desorientaciones que caracterizan el convulso mundo de esta segunda década del siglo 21, que de tanto ser difundidas instantáneamente por las redes sociales son convertidas y aceptadas como realidad.

No deja de provocar hilaridad que tanta gente crea que las noticias falsas y la manipulación son un fenómeno nuevo, fruto de la era digital. En realidad han existido siempre, y durante la segunda mitad del siglo pasado, fueron objeto de intensos debates académicos y profesionales.

La gran novedad es la diversidad de fuentes; antes las noticias falsas y la manipulación eran producidas por un sistema comunicativo concentrado en unas cuantas agencias informativas internacionales, y las propias de las naciones dominantes que a menudo se confundían,  y los periódicos, radio y televisión concentrados en los grandes poderes económicos. Ahora, las nuevas tecnologías de la comunicación han diversificado y multiplicado las posibilidades de la manipulación de las emociones y hasta de las conciencias de millones de personas, de forma instantánea. Lo pueden hacer hasta los individuos, pero los consorcios políticos y económicos siguen liderándolo.

Nos vienen a la memoria infinidad de casos de lo que hoy llaman post-verdad, como aquella película ítalo-norteamericana “El Monstruo en Primera Plana”, cuyo argumento discurría en un joven dirigente del Partido Comunista italiano acusado falsamente de un crimen de violación convertido por periódicos en un mayúsculo escándalo de repercusiones políticas en una campaña electoral.

Al gobierno de Salvador Allende lo convirtieron en un estrangulador de las libertades en Chile, aunque cayó sin haber reducido ningún derecho; de la revolución constitucionalista dominicana de 1965 se tejieron historias hasta de violación de las monjas para  tratar de justificar la invasión de Estados Unidos. Y todavía al comienzo de este siglo el sistema comunicativo justificó la inmensa destrucción de Irak con la consigna de que Sadan Hussein tenía unas armas de destrucción masiva que todavía no han aparecido.

Lo que el Papa Francisco nos ha dicho esta semana es que “El drama de la desinformación es desacreditar al otro, presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes intolerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender el peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce, en último análisis, la falsedad”.

En los años setenta y ochenta cuando la UNESCO recogió las preocupaciones académicas y de los profesionales de la comunicación por los monopolios de la información fue satanizada, y al igual que quienes promovían la profesionalización del periodismo, convertidos en enemigos mortales de la libertad de prensa, lo que muchos llegaron a creer.  Era la post-.verdad.

Fueron los años del Informe MacBride “Un Solo Mundo, Voces Múltiples” proclamando que “con el establecimiento de un nuevo orden mundial de la comunicación, cada pueblo debe poder aprender de los demás, informándoles al mismo tiempo de cómo concibe su propia condición y de la visión que tiene de los asuntos mundiales. Cuando ello se logre, la humanidad habrá dado un paso decisivo hacia la libertad, la democracia y la solidaridad”.-

Rechacemos el discurso del odio

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Por Juan Bolívar Díaz

El discurso cargado de odio y xenofobia que grupos minúsculos de fanáticos y comunicadores irresponsables difunden hace varios años ha calado tanto en algunos sectores que ya hasta consideran herético que los oradores de las Siete Palabras del Viernes Santo hayan reclamado una actitud compasiva y respetuosa hacia los inmigrantes de la vecina y desafortunada nación haitiana.

El fanatismo y la irracionalidad llegan al extremo de que, aunque se dicen cristianos, reniegan del supremo mandato del cristianismo, de amor y solidaridad entre los seres humanos, y desconocen los numerosos pronunciamientos del Papa Francisco, de los obispos dominicanos y de su Pastoral para los Inmigrantes y Refugiados, que insisten en el respeto a los derechos humanos y la necesidad de promover encuentros y concertaciones para la convivencia y el bienestar de los dos pueblos de la isla.

Debemos celebrar que varios de los oradores, como el vicario de la pastoral de adolescencia y juventud, Miguel Ángel Amarante, y el párroco de la Iglesia Santo Cura de Ars, Nelson Acevedo, aprovecharan el gran escenario para rechazar con firmeza y sin temor el discurso del odio y la xenofobia y el tráfico y la explotación de seres humanos, reclamando respeto para los inmigrantes, sin dejar de reconocer las imprescindibles regulaciones y limitaciones. No hicieron más que seguir las decenas de llamamientos del Papa Francisco sobre la misericordia y solidaridad y tratamiento de seres humanos con que deben ser acogidos los inmigrantes y refugiados.

Los que impugnan a esos sacerdotes, olvidan ex profeso la exhortación del Papa Francisco a los obispos dominicanos en ocasión de su visita “Ad Límina Apostolorum” del 28 de mayo del 2015: “La atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”. Y refiriéndose a los desnacionalizados descendientes de extranjeros nacidos en el país: “Es necesario seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”.

Esa firmeza debe ser imitada por las autoridades y todos los participantes en el debate nacional, para asumir las relaciones con los haitianos “con una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza”, como también expresó el Papa Francisco el 16 de enero del 2017.

El discurso constructivo incluye el abogar sistemáticamente por la adopción y aplicación de las normativas necesarias para limitar el excesivo flujo de haitianos, incentivado por el mismo Estado y los empresarios que se lucran con una mano de obra excedente, de baja retribución, sin seguridad social ni capacidad para reclamar límites de horarios o de días laborables, y que degrada el salario nacional.

Debemos reclamar al gobierno que prohíba la contratación de obreros en las obras públicas y que se cumpla el límite del 20% de trabajadores extranjeros al menos en la agricultura y la construcción financiada o con incentivos, que reduzca los 56 funcionarios consulares y 46 diplomáticos designados en Haití, mucho de ellos dedicados a tráficos indecorosos, y que controle el tráfico humano por la frontera.

Hay que exigir a los empleadores que faciliten la regularización de los trabajadores que necesiten, y luego sancionar severamente a quienes empleen indocumentados, promover que dejemos de buscar haitianos y haitianas para trabajo doméstico, vigilantes y chiriperos. Todo esto para establecer una racional política de control migratorio.

Lo que no debemos es proseguir el sendero del odio que acaba de reproducir en Pedernales el tenebroso ku-klux-klan, cuando encapuchados quemaron casuchas de haitianos. El mismo odio que ha generado primitivismos en la línea noroeste y el nordeste y que hace tres años colgó en un parque de Santiago a un joven limpiabotas haitiano, sin que hasta ahora ninguna autoridad haya expresado siquiera una sanción verbal.

¿Por qué nos evalúan tan mal?

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Por Juan Bolívar Díaz

Hemos lanzado la pregunta una y otra vez en distintos escenarios, ¿por qué nos evalúan internacionalmente tan mal?, cosechando muy diversas respuestas e interpretaciones, desde la más simple, “porque andamos mal”; la interpretativa, “porque nos empeñamos en cerrar los ojos a la realidad y no resolver los problemas que tenemos”; o las radicales que ven una conspiración internacional contra el país, “al que no le reconocen nada bueno”.
Dos evaluaciones publicadas esta semana colocan a la República Dominicana en posiciones críticas y hasta de retroceso, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) y en el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre mortalidad de recién nacidos.

En el índice de TI, entregado ayer miércoles por su capítulo Nacional, Participación Ciudadana, RD descendió en puntuación de 31 a 29 sobre 100, colocada en la posición 135 de 180 naciones evaluadas; en el tercio de los más corruptos, que quedaron por debajo de los 50 puntos, y lejos del promedio de estos que fue de 43.

Cuando se verifica la tabla continental, la tristeza es mayor, por cuanto el país sólo registra mejor puntuación que Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, que oscilan entre 28 y 18 puntos. Eso significa que en corrupción superamos a todas las naciones de la región caribeña y a casi una treintena de América. Participación Ciudadana atribuye el declive en este índice al escándalo Odebrecht, incluyendo el hecho de que los principales ejecutivos de esa trama mudaron sus operaciones al país cuando los cercó la justicia brasileña, considerando que era el lugar ideal para continuar sus “operaciones estructuradas”.

El informe de UNICEF no es menos lacerante, al colocar la RD en el lugar 51 en mayor proporción de muertes en el primer mes de nacimiento, entre 184 países analizados, con una tasa de 21.8 por cada mil nacidos, el cuarto peor entre 51 considerados de “ingresos medianos altos”, por debajo de otros 16 latinoamericanos y caribeños incluidos en el grupo.

Nadie puede explicar cómo es posible que mantengamos esa tasa de muertes de recién nacidos, tan alta como también la de muertes maternas, con un crecimiento económico líder en la región en los últimos cincuenta años, según los mismos diagnósticos internacionales. Y cuando hemos invertido tanto en infraestructuras hospitalarias.

Algunos aducen que se debe a que cargamos con una parte del peso de los haitianos inmigrantes, lo que es parcialmente cierto, pero sigue sin justificar una tasa de mortalidad infantil nueve veces superior a la de 2.4 que registra Cuba, pero son tantas las evaluaciones negativas que recibe el país de los organismos e instituciones internacionales que acaban cuestionando las más positivas, como las que reconocen el crecimiento económico y el mejoramiento de las infraestructuras urbanas, demostrativas de que no es cierto que haya interés en perjudicarnos, como algunos creen.

Una de las conclusiones obligadas es que nuestro desarrollo es un tremendo fiasco por la concentración de la riqueza, por una perversa distribución del ingreso que genera más pobreza de la que reconocen los estándares internacionales. Y desde luego, por los escandalosos niveles de corrupción que distraen con toda impunidad lo que debería invertirse en bienestar social.

Preguntas que ameritan respuestas

A1Por Juan Bolívar Díaz

1.- Ahora que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana desistió del propósito de imponer el padrón universal para la elección de los candidatos de todos los partidos, se impone  preguntar si finalmente será aprobada la Ley de Partidos que se viene discutiendo desde hace justamente 20 años.

La decisión implica un revés para el sector peledeísta del presidente Danilo Medina, que trató durante un año de imponer el padrón abierto y ahora falta por verse si los legisladores harán uso de la facultad que se les ha reconocido para votar en conciencia, o si seguirán dándole vueltas a la noria para evadir los asuntos de fondo del proyecto, como los límites al gasto y al tiempo de las campañas, la rendición de cuentas financieras, la cuota de las mujeres en los cargos directivos,  y reales sanciones a la compra de votos y abusos de recursos estatales.

El asunto de la Ley de Partidos ya harta, pero todavía hay que vigilar para que no se apruebe una mojiganga, como ya hizo la Cámara de Diputados en marzo del 2015, que fue un relajo tan grande que se ganó un rechazo universal y tuvieron que dar marcha atrás.

2.- ¿Será verdead que la Procuraduría General de la República no había tenido suficiente tiempo para reclamar al sistema financiero los movimientos de las cuentas de las empresas de Angel Rondón y demás implicados en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht?

Por ahí debió comenzar la investigación a Rondón hace 13 meses cuando la justicia norteamericana lo identificó  como la correa de transmisión  de sobornos de la constructora brasileña por 92 millones de dólares, en lo que constituyó el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia. Eso si hubiese habido interés de saber la verdad y no temor de tropezarse conn ella. Pasarán otros meses, que de seguro se le concederán y la Procuraduría seguirá dando palos de invidentes, sin reclamar a l Odebrecht que cumpla el acuerdo de impunidad que se le otorgó, según el cual tenía que identificar en 60 días los sobornados, con cuentas, montos y obras, sus cómplices y todos los mecanismos de pago y traspaso de dinero.

3- ¿Cuándo será que los “organismos de inteligencia” del Estado pondrá en juego toda su capacidad investigativa para determinar y procesar judicialmente a los responsables del cargamento de 109 mil galones de gasoil que llegaron por el puerto de Manzanillo?

Hace tres semanas que fue incautado el cargamento y sometidos a la justicia los tripulantes de la embarcación que lo trajo, pero no hay que ser un sabueso para preguntar y determinar para quién venía consignada la carga, y quién la iba a recibir, porque se necesitaban varios camiones tanqueros para retirarla, y en ese pequeño puerto no hay tantas operaciones como para que no se sepa quién es quién. ¿O es que cien mil galones de gasoil pueden tirarse en un puerto y ocultarse hasta que el propietario los retire sigilosamente?

Todo parece indicar que se trata de un negocio de buen patrocinio, como el de aquellos jóvenes contrabandistas  de Santiago atrapados por Aduanas con la masa en la mano, o como aquella incautación olvidada de mil kilos de cocaína en un avión privado que saldría del aeropuerto Joaquín Balaguer hace como ocho años. Nunca se pudo saber quién era el propietario de la nave.

4.- Y ¿será verdad que los “organismos de inteligencia” no pueden desmantelar y procesar a la mafia de traficantes que durante los últimos años trae cientos de mujeres haitianas embarazadas para que den a luz en el país  a cuenta del Estado?

La dirección de un hospital capitalino secreteó que muchas de esas parturientas no saben nada de español y que dan la misma dirección de presunta residencia. Pero la pregunta del millón es cómo entran al país tantas parturientas, y si vendrán con visas de 250 dólares.  La convicción general es que hay una trata de embarazadas que deja pingues beneficios, cargando su costo al Estado dominicano.-