Tenemos que afinar la puntería

22_11_2018 HOY_JUEVES_221118_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) celebró anteayer un interesante foro sobre el derecho ciudadano a la participación, concentrando la atención en el derecho a la iniciativa popular y el referendo aprobatorio, instituidos en la Constitución promulgada por el presidente Leonel Fernández en el 2010.

La recién electa directiva de la ANJE, presidida por Guillermo Julián, siguió una ya larga  contribución de la entidad al debate de los temas de interés, no sólo empresarial, sino integralmente social, que en muchas ocasiones ha pasado de lo retórico académico a la concertación y movilización junto a otras organizaciones de la sociedad civil para alcanzar avances significativos.

Junto a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Bonó, Educa y otras organizaciones ha estado a la cabeza en la promoción de jornadas como la que originó en 1997 la Suprema Corte de Justicia más independiente de nuestra historia, la lucha por la sanción de los fraudes bancarios del 2003, por el cumplimiento de la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la Educación, y en la promoción de las reformas políticas e institucionales. Es justo consignar que en ocasiones han participado otras importantes instituciones empresariales.

Tal como argumenté, invitado al foro del martes, la preocupación por la vigencia de las iniciativas constitucionales de participación ciudadana es válida, pero tropieza con la escasa voluntad de aplicarlas por parte de quienes han ensamblado una estructura de dominación casi completa del Estado y muchas entidades sociales. Pareciera que las pusieron en la carta magna como adorno para bautizarla como la máxima expresión del Estado Democrático de Derecho, de la era de la Información y del conocimiento, de la postmodernidad y otros orgasmos discursivos.

De hecho, la iniciativa legislativa popular establecida en el artículo 97 de la Constitución, fue natimuerta al establecer el requisito del 2 por ciento del padrón electoral para una simple introducción al Congreso, sin ninguna garantía de que siquiera sería considerada. Con el padrón actual que la Junta Central Electoral proyecta sobre 8.1 millones para el 2020, habría que reunir unas 160 mil firmas, lo que desaliente hasta las mejores iniciativas.

Ahí están también el artículo 203, que establece el Referendo, Plebiscito e Iniciativa Normativa Municipal, “con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local”, el 210 sobre Referendos, o consultas populares, y el 272 que condiciona la reforma constitucional en aspectos fundamentales a un referendo aprobatorio. Todos tienen en común el no haber sido objeto de las leyes orgánicas o reglamentarias correspondientes, y nadie ha apelado a ellos, aunque se intentó con la reforma constitucional del 2015, para posibilitar la reelección de su promotor Danilo Medina, pero se sostuvo que no caía en la categoría. Aunque si algo debería ser dificultado en la Constitución dominicana es la reforma sobre la reelección presidencial por cuanto han motivado la mayoría de sus 139 modificaciones.

Como estamos viviendo los prolegómenos de la reforma 140, en vez de ocuparnos de unas iniciativas populares que precisarán leyes que las hagan viables, cuando haya voluntad política, la sociedad dominicana debe concentrar su atención en rechazar firme y decididamente una tercera reforma reeleccionista en 9 años, que sería realizada por casi todos los mismos legisladores, de la misma corporación político-empresarial dominante, lo que constituiría un récord mundial.

Con hasta 71 por ciento de los ciudadanos opuestos a otra reforma reeleccionista, con el 40 por ciento de los legisladores de su propio partido rechazándola, además de los de la oposición, sólo el abuso del poder del Estado, y la reedición de un impúdico mercado de compra y corrupción de legisladores y políticos podría hacerlo posible, como de hecho ocurrió en el 2015 cuando, según denuncias nunca investigadas, recibió hasta financiamiento de la Odebrecht.

El otro foco de atención que señalé en el foro de ANJE es la reforma del Régimen Electoral también imperativo por la Constitución del 2010. Nos encaminamos a unas cuartas elecciones consecutivas sin haber adaptado las normativas electorales a los mandatos de la “Constitución del siglo 21” cuyo artículo 208 consagra el voto “personal, libre, directo y secreto”, el 211 dispone “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, y el 212 sujeta las campañas electorales “a los principios de libertad y equidad”.

Todo el esfuerzo de la sociedad debe encaminarse ahora a la reforma del régimen electoral,  antes que una crisis termine por reventar el anacrónico y vulnerable sistema donde los gobernantes hacen irrumpir todo el poder del Estado para prolongarse. Hay que afinar la puntería.

Un país realmente inverosímil

15_11_2018 HOY_JUEVES_151118_ Opinión12 A

Por Juan Bolívar Díaz

            Hace más de seis décadas que el poeta nacional Pedro Mir escribió el más preciado de todos los poemas dominicanos, “Hay un País en el Mundo”, quejándose de que “este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro, hueco o sepultura…país inverosímil donde la tierra brota, cruje y se derrama como una vena rota, donde alcanza la estatura del vértigo”…

            Tanto tiempo ha transcurrido y los dominicanos seguimos siendo un amasijo humano que no sale de una garata, incapaces de aceptar el imperio de la Constitución y de cumplir el ordenamiento legal que nos damos una y otra vez, renegadores de los compromisos y pactos, desconocedores de consensos y propósitos, saltipanquis impostores de la ley de la conveniencia, cínicos desvergonzados.

Los mismos que después de dos años de incontables consultas aprobaron la Constitución de la postmodernidad para el siglo 21, empezaron de inmediato a renegarla, y que poco después compraron una modificación para auspiciar una reelección bajo el juramento de nunca jamás, ya están empeñados en convencernos de que tal predicamento es discriminatorio, buscando una cuadragésima reforma constitucional en aras del continuismo en el poder.

En esa Constitución del Estado de Derechos instituimos que a partir del 2020 la elección de las autoridades municipales estaría separada por tres meses de las congresuales y presidenciales. Pero antes de la primera prueba ya sus mismos propulsores se empeñan en  reunificarlas, bajo el argumento de que serían complicadas. Se trata de un pretexto para abrir la posibilidad de colar otras reformas constitucionales acomodaticias.

Todas las mediciones, nacionales o internacionales, revelan el descrédito de la democracia dominicana, que en la muy reciente de Latinobarómetro, cayó del 60 al 44 por ciento en sólo dos años. Pero el liderazgo político sigue convencido de que la sociedad dominicana le otorga un gran aval para continuar por la senda del despeñadero.

Nos pasamos año y medio discutiendo sobre cómo elegir los candidatos hasta imponer por mandato presidencial que pudiera ser con padrón abierto o cerrado, indistintamente para todos los partidos, simultáneamente y bajo organización y escrutinio de la Junta Central Electoral. Nos hemos negado a reconocer que estamos abriendo una caja de pandora, porque si antes fue tres veces imposible contar, ni en dos semanas, los votos preferenciales para 190 diputados, con un candidato por partido, ahora imponemos contar los votos individuales para 10 o 12 mil precandidatos por partido, unos con padrón universal y otros con el propio, no se sabe con cuántas urnas. Ya dos partidos decidieron que van con el padrón abierto y un tercero con el propio o cerrado.

Pero apenas promulgada la ley 33-18, llamada a producir un pandemónium político si no revalidamos un voto electrónico que ni a medias pudimos implementar hace dos años, estamos descubriendo que no se puede cumplir otra ley, la 157-13, que instituye el voto preferencial en la elección de las autoridades municipales, porque el escrutinio sería complejo, aunque en esta sólo serían 3 mil 800 candidatos por partido.

Después de años de discusión de la Ley de Partidos parimos un adefesio con claros indicios de inconstitucionalidades, pero seguimos dando largas a la más importante Ley del Régimen Electoral que debería auspiciar una real competencia, con la equidad, transparencia y justicia que manda el ordenamiento constitucional. No se encuentra explicación a que no se discutiera una reforma integral del sistema político-electoral.

En vez de auspiciar más democracia, separando el arrastre en la elección de los diputados y el senador y de los regidores y el alcalde, pretendemos dar un salto hacia atrás eliminando el voto preferencial.

Oh Dios! Por qué nos diste un país tan inverosímil, tan reiterativo en sus miserias institucionales y en manipulaciones.-

Compasión por los emigrantes

08_11_2018 HOY_JUEVES_081118_ Opinión10 APor Juan Bolivar Diaz

Constriñe el alma y mueven a compasión y solidaridad esas inmensas multitudes humanas que se desplazan en caminatas de miles de kilómetros o se juegan la vida en frágiles embarcaciones tratando de llegar a países donde podrían mejorar sus expectativas de vida, aunque lo hagan desafiando el derecho que estos tienen a establecer límites de acogida.

Es sobrecogedor que miles de centroamericanos estén marchando por más de dos mil kilómetros, en condiciones infrahumanas, empeñados en llegar a territorio de los Estados Unidos.  Como también los muchos más que siguen jugándose la vida cruzando el mar Mediterráneo convertido en inmenso cementerio, para tocar las puertas de Europa.

No están haciendo otra cosa que repetir la historia de la humanidad, desde sus orígenes, trashumantes somos y sobre cordilleras, desiertos y océanos seguiremos la marcha, agobiados por la pobreza, las persecuciones políticas o religiosas, sin importar el costo a pagar por la sobrevivencia y la imperiosa necesidad de crear nuevas expectativas de vida para nuestros descendientes.

Las caravanas de emigrantes que han partido de Honduras y Guatemala han conmovido al mundo en los últimos días, pero no son muy diferentes a las que en los últimos años han protagonizado una invasión de Europa, por cientos de miles. Aunque este año han disminuido, hasta el 15 de septiembre último eran 82 mil los que se la jugaron en el Mediterráneo, logrando llegar a la tierra de promisión, mientras 1,719 perdieron la vida.

En muchos casos se trata de una migración en dirección inversa a lo que ocurrió durante siglos, cuando los europeos invadieron inmensos territorios africanos, americanos y asiáticos, quedándose unos para siempre, y otros extrayendo inmensas riquezas y explotando tantos recursos naturales que destruyeron sistemas ecológicos y sembraron la miseria y el hambre.

Muchos de los países emisores de migrantes han sido víctimas durante décadas y siglos de la más cruel explotación de sus recursos y riquezas, o víctimas de las guerras cada vez más exterminadoras y degradadoras como consecuencia de las armas enviadas o traficadas por los más desarrollados que recurrieron hasta a la esclavitud.

Durante demasiado tiempo las naciones dominantes desataron o auspiciaron guerras., tiranías y dictaduras acordes con sus intereses que socavaron culturas y promovieron servidumbre, mientras los invadían de predicadores que pedían resignación bajo la promesa de mejor vida en el paraíso más allá de la vida conocida.

Ciertamente que el mundo se reordena, pero con una concentración tan espantosa de la riqueza, está creando condiciones insostenibles que seguirán compeliendo a inmensas masas humanas a forzar las puertas de la migración. Pero más allá del legítimo derecho de las naciones en ordenar su propia casa y limitar los ingresos, queda la compasión y la solidaridad con los migrantes que el Papa Francisco ha predicado con tesonera sistematicidad. Es lo que está haciendo en estos días el pueblo de México, que comparte su pobreza con los caravaneros que pretenden llegar a Estados Unidos.

Lo que no corresponde son las estigmatizaciones, los insultos, y las amenazas hasta de responder a balazos con que los enfrenta el presidente Donald Trump, ignorando la responsabilidad que ha tenido su país que por más de un siglo impuso sus dominios políticos, económicos y militares sobre la región. Los europeos no han respondido con balazos y han rescatados del naufragio a decenas de miles, asumiendo la responsabilidad de absorberlos. Sólo a las costas españolas habían llegado 43,467 entre enero y septiembre. Mientras la Unión Europea invierte recursos en los países de emisión y tránsito, tratando de disuadir las corrientes migratorias, Trump los amenaza con suprimir programas de ayuda y financiamiento.

Los dominicanos deberíamos tener más sensibilidad para entender los problemas migratorios, ya que más de dos millones de los nuestros llegaron y se quedaron irregularmente en múltiples naciones en poco más del último medio siglo. No sólo en países ricos, sino hasta en pequeñas islas caribeña donde alcanzamos cotas tan altas como la quinta parte de la población local. Y nunca sabremos cuántos miles perdieron la vida en el mar Caribe en la aventura migratoria.

Duras contradicciones dominicanas

01_11_2018 HOY_JUEVES_011118_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

Con más de una década de un crecimiento económico promedio alrededor del 6 por ciento, sin duda entre los más altos del mundo, pocos pueden entender que la República Dominicana siga resultando quemada en casi todas las evaluaciones internacionales, como se ha repetido recientemente con el Indice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial, y en informes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la revista The Economist.

La incidencia ha sido tan reiterada que ya se acabaron las impugnaciones basadas en una supuesta campaña internacional de descrédito o en manipulaciones de los competidores. Los defensores del “enorme progreso” nacional han tenido que apelar a manipulaciones, ignorando hasta cambios de metodologías, para argumentar avances significativos. Los más profesionales reconocen que tenemos rémoras institucionales y retrasos tan arraigados que requieren mucho tiempo para ser superados.

En el caso del ICG 2018-19 queda de manifiesto que el fardo más pesado se encuentra en los indicadores de institucionalidad, donde quedamos ahora en el escalón 97, con puntuación de 48.5, aunque en el índice global estamos en la 82 con puntuación de 57.4, entre 140 países evaluados, con apenas mínimos avances `sobre los anteriores.

Cuando se busca por renglones, se encuentran explicaciones, por ejemplo en “incidencia de la corrupción”, posición 113, lo que implica que apenas hay 27 peores en todo el mundo. Como la corrupción tiende a carcomerlo todo, se explica que en confianza en la policía tengamos la posición 131, en tasa de homicidios la 127, en independencia judicial 125, y en otros ocho renglones sobre el escalón 100.

Que el crecimiento económico no se traduce en desarrollo y eficiencia es la mayor contradicción y remite a la calidad del gasto, a la malversación y la ineficiencia, que en reciente estudio publicado por el BID se calcula en el equivalente al 3.8 por ciento del PIB, es decir unos 163 mil millones de pesos anuales. En gasto de inversión y desarrollo el ICG nos deja en el escalón 138, con 0.3, es decir en el antepenúltimo lugar.

También la semana pasada se publicó el Indice de Capital Humano  del Banco Mundial, en el cual la RD ocupa el mismo antepenúltimo lugar, junto a Honduras, y apenas por encima de Guatemala y Haití entre los países latinoamericanos. En el contexto mundial se nos otorga el escalón 101 de 157 naciones evaluadas. Ese pobre resultado se relaciona con la pobre inversión en salud y todavía en educación, y la enorme desigualdad salarial.

El BID diagnostica que seguimos el patrón predominante en la región de una alta brecha en los salarios del sector público, con funcionarios que reciben hasta 20 mil dólares mensuales. Contrasta con el salario mínimo que  prevalece en el Estado de 5 mil 117 pesos, misma suma que recibe más del 80 por ciento de sus cien mil pensionados.

Por su parte, el prestigioso grupo The Economist coloca al país en la posición 71 de 84 evaluados en su reciente Indice del Entorno Global del Comercio Ilícito, señalando un incremento del comercio ilícito impulsado por una “deficiente gobernanza e instituciones débiles”, con altos niveles de informalidad y corrupción en las fuerzas militares y de seguridad.

Estas recientes evaluaciones son una reiteración  de las múltiples de los últimos años, donde nos queman en calidad de la educación, en los servicios sanitarios, en feminicidios, embarazos de adolescentes, en muertes por accidentes de tránsito y materno-infantiles, y trabajo infantil, en apatridia, descrédito del Congreso y los partidos, en transparencia, ética empresarial y en déficit democrático.

No se trata de ninguna conspiración, sino de evidencias contundentes de que la mayor pobreza de la nación es la calidad de su gestión, que durante gran parte de nuestra historia hemos malversado un fuerte potencial, muy mal administrado por el predominio del más salvaje pragmatismo político.-

 

Las nueve vidas de Bill Wipfler

11_10_2018 HOY_JUEVES_111018_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

Acaba de partir hacia la región infinita de los seres superiores el reverendo William L. Wipfler, un sacerdote episcopal que empezó su ministerio en la República Dominicana en plena Era de Trujillo y quedó atado a nosotros para siempre, pero cuyos méritos traspasan el inmenso territorio de Estados Unidos, y recorren todo el continente, hasta la Tierra del Fuego, donde no hubo dolor humano que no hiciera propio.

            Por toda América hay gente que celebra en estos días la vida de este inmenso personaje que encarnó como pocos las virtudes y los mandamientos cristianos de buscar a Dios a través del amor al prójimo. Y tanto amó que no es posible llorarlo, sino celebrar sus nueve vidas, como le contaron hace justo tres años, en un homenaje que le rindieran en el Seminario de Nueva York donde fue ordenado en 1955.

Bill Wipfler llegó como misionero de la Iglesia Episcopal a La Romana en 1955, y allí nutrió su espíritu cristiano en la solidaridad con los trabajadores, generando tensiones con la tiranía trujillista, junto a su compañero de ministerio Phill Wheaton, Ambos sobrevivieron a la tiranía que ya había cobrado la vida de otro episcopal, el reverendo Charles Raymond Barnes. Luego se convertirían en dos personajes de las iglesias norteamericanas. En 1967 Wipfler comenzó a dirigir el Departamento para América Latina del poderoso Concilio Nacional de Iglesias, el organismo cúpula de las iglesias protestantes de Estados Unidos. Desde 1977 y hasta el 88, dirigió el Departamento de Derechos Humanos del concilio.

Ecumenista de primera línea no aceptaba límites ni horizonte, su campo visual era el universo de los seres humanos. Estuvo en primera línea en la lucha por los derechos civiles de los norteamericanos, contra la guerra de Vietnam y fue un crítico del dominio de las empresas transnacionales. Se vinculó a la teología de la liberación que blandieron las vanguardias católicas latinoamericanas hace 50 años, tras la Conferencia del Episcopado en Medellín.

Wipfler se multiplicaba y se ganaba declaraciones de no grato por los dictadores de Brasil, Argentina, Nicaragua y El Salvador. Nos contó que fue el último en recibir la comunión de manos del arzobispo Romero en la víspera de que éste fuera asesinado en plena misa el 24 de marzo de 1980, y hace un par de años se apersonó a su beatificación en San Salvador.

Conocí a Wipfler en 1971 en Nueva York, cuando me tocó trabajar en el área de comunicaciones del Departamento para América Latina de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Con él y Wheaton he estado desde entonces en comunión humana. Fueron denunciantes de la intervención militar norteamericana a República Dominicana en 1965 y apoyaron política y financieramente al Comité Dominicano de Derechos que desde Nueva York denunció los asesinatos, cárceles y exilios políticos de la cuasi dictadura de Balaguer. En 1979 su influencia sobre accionistas de la Gulf & Western ayudó a presionar para conseguir que esa empresa devolviera al país 38 millones de dólares que nos correspondían por ventas futuras de azúcar del CEA. Tras una campaña de denuncias desde el diario El Sol la Gulf entregó esa suma a un patronato creado para obras en la región oriental.

Wipfler quiso entrañablemente a nuestro país y sus gentes y vino de visita repetidas veces. Le entrevistamos en Uno+Uno y en Jornada Extra y disfrutamos de sus afectos aquí y en Nueva York. Tuvo otro vínculo importante con el país al haber escrito su tesis doctoral sobre la Iglesia dominicana. Cepae la publicó como libro en 1980: “Poder, Influencia e Impotencia; La Iglesia como Factor Socio-Político en la República Dominicana”.

Amó tanto el país que ya cerca de los 90 años quería venir a despedirse, y a principio de este año me llamó para coordinar su visita y para poner en circulación una reedición de su libro en abril, pidiéndome que hiciera la presentación. Pero su cardiólogo no le autorizó tomar avión y le sugirió que lo dejara para fin del año. La semana pasada viajó al infinito. Todo lo que nos queda es celebrar las nueve vidas que el reverendo John Collins le atribuyó el 10 de octubre del 2015, cuando se despidió del ministerio activo en el seminario de Nueva York de donde partió hace 63 años para dar testimonio de inmenso pastor cristiano.-

 

                                                                                          

¿Y mis cuartos, dónde están?

13_09_2018 HOY_JUEVES_130918_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

La pregunta en que se fundamentaba aquel popular anuncio financiero de los años setenta cobra de nuevo vida cuando se trata sobre los fondos de pensiones acumulados durante quince años por los aportes de las empresas y los trabajadores dominicanos, que al cerrar el primer semestre de este año ascendían a 559.7 mil millones de pesos, y que por irresponsabilidad, complicidad o ignorancia han quedado cubriendo los déficits fiscales consecutivos de la última década del gobierno y de más de dos décadas del Banco Central.

La fundamentada preocupación del presidente de la Asociación de Empresas de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, una excepción ante el silencio generalizado al respecto, ha puesto sobre el tapete la incertidumbre en que va quedado ese inmenso patrimonio de los trabajadores dominicanos. No cabe la menor duda, de 504 mil millones de pesos invertidos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), el 45.39 por ciento está en manos del Banco Central, y el 29.97 del Ministerio de Hacienda. Lo que suma 75.36 por ciento. Pero el también estatal Banco de Reservas, agrega el 5.72, totalizando 81.08 por ciento.

Lo más impresionante es que hasta los líderes de las centrales sindicales parecen ignorar las graves implicaciones, cuando se leen sus reacciones ante la denuncia de Taveras Guzmán, recogidas por el diario El Nacional del 4 de Septiembre. El veterano Pepe Abréu llegó al extremo de calificarla de “temeraria y peligrosa”, mientras Jacobo Ramos y el eterno Gabriel del Río pedían explicaciones al gobierno, como si no leyeran los informes trimestrales de la Superintendencia de Pensiones y los de la Tesorería de la Seguridad Social.

A diferencia de lo que se plantea como conveniente, que los fondos de pensiones se inviertan en instrumentos financieros que generen racional rentabilidad, que promuevan desarrollo económico social y empleo, con una existencia real en el mercado, han servido para cubrir déficits del Estado y convertidos en simples papeles o números de contabilidad, con la excepción del 5 por ciento en Banreservas que, por el momento, mantiene solvencia. Pero la rentabilidad real de los fondos cayó en el primer semestre del 2018 del 6.45 al 5.42 por ciento, es decir un 16 por ciento.

Ese porcentaje de reducción es casi el mismo 15.7 en que se incrementaron las comisiones recibidas por las AFP, de junio del 2017 a igual mes de este 2018. Dicho sea de paso para las administradoras sí que los fondos de las pensiones han sido un gran negocio, del que derivan rentabilidad anual, mientras la de los contribuyentes está en veremos.

Es que los expertos proyectan la tasa de reemplazo, o los beneficios de los pensionados, apenas entre un 23 y un 30 por ciento de lo que devengarán como salario cuando les llegue la hora del retiro. Para los “ignorantes” hay que recordar que las cotizaciones mínimas para la jubilación son de 30 años y que quienes las iniciaron al mismo tiempo ya cumplieron la mitad, lo que implica que dentro de 15 años más de un millón de personas podrían estar reclamándola.

Es difícil que aparezca un economista, un empresario, un sindicalista o un analista serio que no tenga dudas de si ese año, al paso que vamos, el gobierno de turno tendrá de dónde sacar para pagar las pensiones, por miserables que resulten, sin emitir dinero inorgánico que devaluaría más su poder adquisitivo, o si seguirá encontrando quien le preste; si el mantenimiento  del ritmo del endeudamiento total del Estado, duplicado en esta década, no llevará a una insostenibilidad financiera que volvería sal y agua los fondos de pensiones; o si quedarían en un corralito, como ocurrió en varios países; o si multarían a toda la población con un impuesto para pagarlas.

Para algunos irresponsables estas advertencias son simples malos augurios. Aunque las advertencias de los riesgos de insostenibilidad fiscal ya salen hasta de organismos tan prudentes y diplomáticos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que sitúan la deuda estatal sobre el 50 por ciento del producto interno bruto. Fuentes dominicanas como el empresarial Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) la llevan al 54, y el experto financiero internacional Apolinar Veloz hasta 60 por ciento.

Ojalá que los augurios resulten infundados y que nuestras finanzas generen desarrollo y sostenibilidad para que dentro de quince años la población envejeciente no tenga que lanzar el grito lacerante de ¿y mis cuartos dónde están?

¡Ya es tiempo de gritar salud!

06_09_2018 HOY_JUEVES_060918_ Opinión12 A
Por Juan Bolívar Díaz

El orgullo triunfal con que el actual gobierno reivindica el haber empezado a cumplir el mandato de la Ley General de Educación de 1997 de destinar por lo menos el 4 por ciento del producto bruto interno (PBI) a la educación fundamental, tras quince años de presión social, debería determinar que hiciera lo mismo con la inversión en salud pública, que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo debería alcanzar el 3.76 por ciento del gasto en el presupuesto del próximo año, al que se deben estar dando ahora los toques finales.

Eso implicaría duplicar el gasto en salud, para el que este año se presupuestó 79 mil 785 millones de pesos, apenas el 1.9 por ciento del PIB, llevándolo a 162 millones de pesos, como acaba de demandar la Alianza por del Derecho a la Salud (ADESA), que aglutina a varias decenas de organizaciones sociales y entidades vinculadas al sector.

Si es rigurosamente cierto que el país ha crecido en promedio de 4.6 por ciento del PIB entre el año 2000 y el 2017, constituye una verdadera vergüenza, demostrativa de una descomunal ausencia de prioridades, que en ese período el gasto en salud se redujera del 11.7 al 10.4 por ciento anual, y que estemos en los últimos escalones de gasto en salud pública entre las naciones latinoamericanas, solo por encima de Haití, de Guatemala y de la desmantelada Venezuela. Porque la salud es, junto a la educación, el centro de atención de los seres humanos bajo cualquier circunstancia o régimen de gobierno.

Ahí están los indicadores que acusan nuestra irresponsabilidad planificadora. Al bajo gasto público en salud tiene que atribuirse que lideremos el continente en muertes materno- infantiles, en embarazos de adolescentes, en muertes por accidentes automovilísticos, y que mantengamos altas tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles.

Pero no sólo nos acusa la baja proporción destinada a salud pública, sino la pobre calidad del gasto. La ADESA advierte que “se invierte más en estructuras físicas que en las personas, se dedican más recursos a curar enfermedades que a prevenirlas. Y como si todo esto fuera poco para entender la inequidad del sistema público de salud, una parte significativa de la inversión estatal va a parar a manos privadas”. Realmente, el sector salud es un claro exponente del clientelismo, duplicación y dispersión, de la malversación y la corrupción que han disparado la alarma de la sociedad dominicana.

Por eso la alianza postula que “aumentar el presupuesto de salud no basta. También es necesario establecer prioridades de inversión, garantizar transparencia y honradez en el manejo de los fondos, erradicar la corrupción y la politiquería de las instituciones del sector salud, especialmente en los hospitales. La prioridad de inversión debe ser el primer y el segundo nivel de atención”.

La errática política del gasto queda de manifiesto en que las estructuras hospitalarias han ocupado la mayor atención, y en esa materia estamos por encima del promedio de la región, sin que haya sido suficiente para revertir los atrasos en calidad de los servicios, en equipos y medicamentos.

Parece que ha llegado la hora de gritar por la salud, con la esperanza de que los gobernantes no necesiten dos décadas para escuchar el clamor, como ocurrió con la educación, pendiente aún de generar una calidad que nos permita salir de los últimos escalones que también en esa materia ocupamos en el concierto latinoamericano.
Pero mientras tanto, hay que saludar el vigor con que ha nacido este año la ADESA y ofrecerle el mayor respaldo, uniendo gritos por el derecho a la salud, precario todavía para la mayor parte de la población que invierte más que el Estado en salubridad, a través del cada vez más ineficiente sistema de seguridad social.-

Caminante, se hace camino al andar

16_08_2018 HOY_JUEVES_160818_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

“Yo he andado muchos caminos/he abierto muchas veredas/he navegado en cien mares/y atracado en cien riberas…”

Lo más emocionante de la inolvidable marcha verde del domingo 12 fue el entusiasmo con que la inmensa multitud de caminantes cogió velocidad cuando un aguacero hizo acto de  presencia y fue recibido bajo el grito “que llueva, que llueva, contra la corrupción”. En la memoria de los mayores flotaron caminatas, como aquellas de 1964-65 desde la Universidad contra el gobierno golpista, que se equivocaba lanzando chorros de agua desde carros bombas diseñados para otros climas, pretendiendo dispersar estudiantes bajo los ardorosos rayos del sol caribeño. Cuando asomaban empezábamos a danzar bajo la consigna “que la tiren, que la tiren”.

Agua fresca para aplacar la insolencia del sol a media mañana de julio y la firmeza de una multitud que se ensanchaba en cada esquina, con la determinación y la convicción de quienes “no conocen la priesa/ ni aún en los días de fiesta/ donde hay vino, beben vino/donde no hay vino, agua fresca”, asumiendo que hay que marchar sin cansancio, porque no hay avance social ni conquista que no cueste desgarrones del alma, que para obligar a un sistema político a reducir la corrupción y escuchar el clamor popular, se requiere mucho coraje, enorme determinación, persistencia infinita, multitudes que presionen y hagan entrar en pánico a los protagonistas del robo y la malversación.

Es bien reciente la experiencia de la lucha por el 4 por ciento para la educación. Al frente de la Marcha Verde caminan los mismos protagonistas de aquellas jornadas. Comenzamos a exigir priorizar la inversión en educación a finales de los ochenta, cuando los maestros eran mendigos y en las escuelas no había ni tizas ni borradores y el atraso sentó su imperio sobre nuestros niños y jóvenes. Vino el primer Plan Decenal en el 92 y seguíamos sin recursos. Aprobamos la Ley de Educación en el 97 instituyendo el anhelado 4 por ciento, y tuvimos que marchar durante 15 años más, entonces bajo paraguas amarillos, integrados hasta a las escenografías televisivas.

En la campaña electoral del 2012 el empoderamiento ciudadano obligó a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de cumplir la ley, hasta el del mismo partido que durante tres períodos de gobierno había ignorado tan justa demanda. Gracias a todo eso ahora enarbolan como máxima realización la construcción de miles de aulas, estancias infantiles, jornada escolar extendida, desayuno y almuerzo en las escuelas y dignificación de la condición de los docentes.

Era mucho más fácil convencer de lo que ya se había generalizado en el mundo, y en América Latina, donde el promedio destinado a educación era del 5.5 por ciento del PIB. Eso no quiere decir que necesitemos otros 15 años de marcha, porque ahora el empoderamiento ciudadano es muchas veces superior. La mayor marcha por el 4% congregó en el 2011 apenas 10 mil personas, la del domingo la superó más de veinte veces.

Hay que seguir marchando sin detenernos, mantener la salud física y mental y vencer la resistencia de quienes llegan al extremo de coger nuestro dinero para intentar tapar las portadas de todos los diarios en un vano intento de ocultar las imágenes que las redes sociales y la televisión habían mandado a millones de dominicanos y dominicanas y a todas partes del mundo.

La próxima coyuntura electoral será para el movimiento verde lo que fue la del 2012 para el 4 por ciento, si no nos cansamos de marchar, cada mes en alguna ciudad, que en Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Moca, San Pedro, Azua, Cotuí, reproduzcan las multitudinarias marchas del año pasado. Si seguimos sumando miles de todos los sectores y condiciones sociales, como el domingo, alguien tendrá que demostrar un firme compromiso contra la corrupción y la impunidad para conseguir legitimidad de gobierno.

No venceremos con las armas ni el disturbio, ni podremos tumbar el gobierno, pero sí obligar a un cambio de curso para ahorrarnos los 96 mil millones de pesos que Oxfam documentó como costo para este año de la corrupción, la malversación y el clientelismo. Luchar sin desesperación, pero con firmeza por rescatar las instituciones judiciales, el ministerio público, y los organismos de control y fiscalización secuestrados por la política del enriquecimiento infinito y la perpetuidad del dominio político.

Marchemos cantando a Antonio Machado: “Son buenas gentes que viven/
laboran, pasan y sueñan/y en un día como tantos/descansan bajo la tierra”., convencidos de que “caminante, no hay camino/se hace camino al andar/ que son tus huellas el camino y nada más/caminante no hay camino, sino estelas en la mar…”.

Los jóvenes deben empoderarse

02_08_2018 HOY_JUEVES_020818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La poca participación de la juventud dominicana en las actividades sociales y políticas es un elemento altamente preocupante  para el futuro de un país que como el nuestro precisa de tantas transformaciones y energías constructivas para superar sus atavismos primitivos, ofrecer mayores oportunidades a los sectores sociales mayoritarios de bajos niveles educativos y de vida, y para insertarse en un mundo cada vez más competitivo.

Las investigaciones sociales y las observaciones indican que los jóvenes dominicanos están cada vez más ausentes de las actividades comunitarias, de las asociaciones estudiantiles y sindicales, de las organizaciones no gubernamentales y de las iniciativas políticas, tal vez con la excepción del movimiento verde, donde han participado segmentos juveniles de clases medias, y no tanto de los segmentos populares.

Un estudio del que ha informado esta semana el periódico El Caribe, de la Asociación Internacional para Evaluación del Logro Educativo ha mostrado que el 88 por ciento de los estudiantes dominicanos de 14  años, en una muestra de 3 mil 937 de 141 escuelas, muestran los niveles más bajos entre 24 países evaluados en conocimiento y comprensión sobre las instituciones, la democracia, ciudadanía e institucionalidad.

Resulta alarmante que sólo el 1 por ciento alcanzó el nivel A de la evaluación, el 11 por ciento el nivel B y el 30 el nivel C, y que hasta un 73 por ciento justica la dictadura si traen orden y seguridad, que el 56 por ciento justifica las prácticas clientelares y corruptivas y el 55 por ciento los gobiernos autoritarios.

Las franjas adultas se quejan frecuentemente de la ausencia de los jóvenes en las actividades sociales y políticas, sin buscar explicaciones, que en gran medida no son de su responsabilidad, sino del deterioro en que cayó la educación nacional con décadas de atraso, por el abandono de la educación cívica, la frustrante desintegración familiar y por el bombardeo consumista que han recibido por todos los medios de comunicación, incentivando la evasión y los botes salvavidas individuales.

La tercera parte de nuestros jóvenes no tienen acceso a un empleo y otro tercio apenas logra ingresos de sobrevivencia, la mitad abandona la educación escolar en el nivel secundario y casi una cuarta parte ni estudia ni trabaja, conformando una perspectiva de pobreza y de incremento de la delincuencia y la inseguridad.

Es indiscutible que ese panorama requiere cambios estructurales, políticos y sociales profundos, pero que serán imposibles si los jóvenes mismos no se empoderan y se fajan a unir esfuerzos por lograrlos. Ninguna sociedad se transforma ni alcanza  niveles importantes de bienestar integral sin la decidida participación de la juventud.

Las investigaciones sociales, como Barómetro de las Américas y Latinobarómetro arrojan datos extremadamente preocupantes sobre la escasa confianza de los jóvenes dominicanos en su porvenir, con tasas de hasta 60 por ciento en la franja de entre 18 y 25 años que sueñan con irse del país, y 48 por ciento en la de 26 a 35 años. Muchos de ellos deslumbrados por el mejoramiento de la calidad de vida de gran proporción del más del millón y medio que emigraron en las últimas seis décadas.

Esos sueños terminarán en pesadilla para una alta proporción, porque las fronteras migratorias se están cerrando progresivamente tanto en Estados Unidos como en Europa, donde fue a parar gran parte de nuestra diáspora. Y los nuevos destinos de Sudamérica no tienen mucha capacidad para absorber las demandas. Habrá que convencer a nuestros jóvenes que es aquí donde tendrán que guayar la yuca y que eso no será posible leyendo y enviando mensajitos por las redes sociales, ni mucho menos  en la evasión del colmadón, de las drogas y el alcohol.

La situación es para declararnos en emergencia. Urge que los adultos abran mayores espacios a la participación de los jóvenes  en todos los sectores, y que los exhortemos a empoderarse, a asumir las riendas de este pobre país tan precisado de nuevas energías.-

Masiva violación de derechos

A222222222222222

Por Juan Bolívar Díaz

Sólo una sociedad desestructurada, atomizada, en mendicidad institucional y con valores extrapolados puede aceptar como válido el persistente recurso al patrullaje policíaco-militar como mecanismo para enfrentar el incremento de la delincuencia, con el agravante de que deriva en extorsiones y una masiva violación de los derechos humanos de los más pobres y desprotegidos con el consiguiente y contraproducente resentimiento que agrava la inseguridad.

Es más que vergonzoso, degradante socialmente, que la Policía Nacional informe como muestra del éxito de su patrullaje junto a miles de efectivos militares, que en sus primeros cuatro días detuvo para fines de investigación a 4 mil 959 personas, es decir mil 240 en cada jornada, de las cuales apenas “39 fueron sorprendidas en flagrante delito”. En realidad lo flagrante es la confesión de una masiva violación de derechos humanos, ya que el código procesal establece que a ningún ciudadano se le puede privar de su libertad a no ser que sea sorprendido “en flagrante delito”, o mediante una disposición judicial motivada.

En otras palabras, que el vocero oficial de la PN ha confesado el delito de violación de derechos a casi cinco mil ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes pobres, de los barrios populares, quienes no tienen quién los defienda de la arbitrariedad. Se trata de parias, del montón salidos, sospechosos de llevar la intranquilidad y la inseguridad a la gran familia dominicana.

Entre las víctimas propiciatorias de la PN están relevantemente los motoristas, pues el informe indica que “fueron depuradas” nada menos que 25 mil 289 motocicletas, de las cuales 5 mil 543 fueron retenidas. Y lo más probable es que muchos de los que han leído el informe justifiquen esa redada contra los motoristas, porque es frecuente que se utilicen esos vehículos para asaltos y otros actos delictivos.

Pero resulta que según la Dirección General de Impuestos Internos, al terminar el pasado año 2017 había en el país 2 millones 238 mil 671 motocicletas, el 54.6 por ciento de nuestro parque vehicular. Y hay quienes creen que son muchas más, sumadas las que ingresan como piezas y son ensambladas aquí, evadiendo el registro correspondiente. En cualquier caso, los propietarios son aproximadamente el 23 por ciento de la población nacional. Hombres y mujeres comunes que las adquieren para transportarse a sus trabajos y lugares de estudio, llevando a esposas e hijos, a vecinos y compañeros de labores, en un país donde el transporte público es pésimo, y consume entre el 20 y 25 por ciento del salario de los trabajadores pobres.

Pueden los lectores estar seguros que para pasar la “depuración” una alta proporción de los propietarios de las 25 mil motocicletas sospechosas tuvieron que pagar sumas considerables y que los de las más de 5 mil retenidas la están pasando mal para recuperar su medio de transporte o de ganarse la vida, porque entre 400 y 500 mil, según estimados, corresponden a dominicanos comunes que trabajan  en el llamado motoconcho, que en el gran Santo Domingo mueve más pasajeros que el metro y el flamante teleférico juntos.

La policía ha precisado que de los casi 5 mil apresados para investigación, 65 resultaron “reconocidos delincuentes”, por lo que se puede deducir que el 98 por ciento son personas en  plenitud de derechos. Y ya hubo un ciudadano, Manuel Merán Maldonado, que pagó con su vida el costo del operativo policíaco-militar. Irónicamente era un miembro de la misma policía, quien vestido de civil conducía una motocicleta.

No hay que tener un doctorado en seguridad ciudadana para concluir que el patrullaje mixto es contraproducente, que se traduce en rechazo de la comunidad barrial, convertida en víctima, que en vez de generar confianza, produce animadversión y resentimientos.

Ese patrullaje mixto al que se apela cada seis o siete meses, es otra iniquidad de nuestro sistema político  social, expresión cínica de la incapacidad para instaurar políticas de seguridad ciudadana, confesión de incapacidad para atacar de raíz la estructura que genera tanta delincuencia e inseguridad.

Lo peor de todo es que estamos tan adormecidos, domesticados y alienados que aceptamos cualquier receta para nuestros males, aunque estén envenenadas o sean fruto de la incapacidad, del cinismo, del allante y la insensibilidad social y humana.-