De licenciado a licenciado

Por Juan Bolívar Díaz
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A finales de aquellos ardorosos años sesenta cuando inicié la carrera periodística y todavía en los setenta, al hablar por teléfono con mis amigos de la izquierda (Rafael Chaljub Mejía Carlos Pimentel, Rafael Carvajal, Fafa Taveras entre otros), asumí llamarles licenciado, sin identificarlos por sus nombres, lo que ellos reciprocaban conscientes de que los espías del Gobierno podían estar interceptando nuestros teléfonos.

Sabíamos que la discreción no nos libraba de que fuéramos identificados, pero que por lo menos tuvieran el trabajo de hacerlo, hablábamos de “licenciado a licenciado”. Traje la titulación de México, donde los profesionales no eran doctores como aquí, sino licenciados. Y al que no le llamaban licenciado era un don nadie. Tanto que trabajando en el Centro Nacional de Comunicación Social dejé caer a los oídos de una secretaria que yo no era licenciado, pero sí ingeniero. Pocos días después un superior me preguntó por qué yo no había reportado mi profesión, y tuve que aclarar que lo de ingeniero era por haber nacido en un ingenio azucarero.

Todavía ahora, con Chaljub y Fafa nos saludamos con la exclamación de ¡licenciado! Nos quedó también la habilidad de iniciar las conversaciones con banalidades y claves improvisadas para distraer la atención de los interventores telefónicos. Me río de aquellos que dicen por teléfono hasta lo obvio y peor los que anuncian su ruta. Hace par de años en México un colega que ha escrito seis libros sobre el narcotráfico y debería cuidarse me llamó por teléfono para anunciar el tiempo en que pasaría a buscarme y ratificar la dirección de la casa donde me hospedaba. Cuando abordé su auto media hora más tarde le manifesté extrañeza de su falta de discreción telefónica en un país donde matan un periodista cada mes. Pensé que hasta corría peligro andando con él.

El anecdotario viene a cuento por la impúdica revelación del Ministro de Interior y Policía, de que ellos saben lo que los activistas de la Marcha Verde hablan por teléfono. Carlos Amarante Baret intentó rectificar cuando Huchi Lora le recordó los derechos constitucionales, pero como aquí “to e to y na e na”, se borra el pecado si una introducción de extremidad inferior es retirada ipso facto, como recitaba el exvicepresidente Carlos Goico Morales, quien exhortaba a los jóvenes reporteros a no pasar como “caprino satisfecho de frutas tropicales” (chivito harto de jobos).

El espionaje telefónico es una de las expresiones más crónicas de la anomia social dominicana. Infundió terror en los años de las dictaduras y ha proseguido campante en el período de intento democrático. Con agentes oficiales y extraoficiales, y empresas privadas de espionaje, como si fueran de seguridad o relaciones públicas. Cuando los presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía ganaron las elecciones, una de sus primeras visitas fue a Frank Cabral, pionero civil del oficio de interceptor, que en una de las primeras emisiones de Jornada Extra hace justo 25 años se auto definió como un “experto en comunicaciones”.

El abuso descarado de la intervención telefónica, violatorio del artículo 44 de la Constitución de la República que proclama el “Derecho a la intimidad y el honor personal”, llegó al extremo en la campaña electoral del 2012, cuando el entonces Procurador General de la República Radhamés Jiménez participó en una rueda de prensa de carácter político, en la que se reprodujo una conversación telefónica del jefe de seguridad del principal candidato opositor a la presidencia Hipólito Mejía.

En cuanto a mí, hace mucho que he sabido de intervenciones a mis teléfonos, pero me burlo de ellos, y comienzo a hablar enviando saludos a los amigos, Frank, Pepe, o Sigfrido. Evado que se enteren de asuntos personales, y en cuanto a los políticos, no tengo nada que ocultar, porque he sido un periodista tan libre, y tan afecto a la ética, que todo lo que hablo por teléfono puedo sostenerlo en la televisión o en este periódico. Y lo saben todos mis amigos, especialmente los licenciados.

El difícil tránsito de una ley

Por Juan Bolívar Díaz
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Dos meses después de promulgada la ley, asistimos a un insólito debate sobre si está o no en vigencia, y autoridades del sector, como el director general de Tránsito Terrestre, Luis Estrella, consideran que para que empiece a regir habrá que aprobar los 30 reglamentos que la misma contempla, un verdadero exceso que desconoce la lentitud reglamentaria que caracteriza al Estado dominicano. Duplica los 16 reglamentos de la nueva ley de la Policía Nacional que, promulgada el 15 de julio pasado, todavía no estrena el primero.

La Ley de Defensa de la Competencia 42-08, lleva más de 8 años esperando su reglamento, por lo cual no se ha podido aplicar plenamente. Michel Cohén, primera presidenta de Pro-Competencia terminó su gestión el año pasado sin haber logrado la reglamentación que reclamó sistemáticamente.

Hay muchos otros ejemplos, pero baste señalar la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, que arriba a su quinto año, y la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado, en camino a su cuarto año, esperando un reglamento que según la misma, debió promulgarse en seis meses, plazo que cumplió el Ministerio de Administración Pública, para tropezar con una gaveta de la Presidencia de la República. Tras varios años de estudios, consultorías nacionales e internacionales y consensos, ahora se dice que no hay recursos para aplicarla.

Si quieren irse más lejos, por ahí anda la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dispone los pactos eléctrico y fiscal, el primero con dos años de discusiones y el segundo relegado por soberana decisión de la máxima autoridad responsables de las aplicación de la leyes y del ordenamiento institucional.

Peor aún es que la Constitución del 2010 dispuso una veintena de leyes orgánicas para su aterrizaje, la mayoría de las cuales no se han abordado siete años después, algunas tan urgentes y manoseadas como las del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos.

La ley de Movilidad, Transporte y Tránsito es lo que podríamos denominar un desafío de vida o muerte, si tomamos en cuenta que la República Dominicana es el segundo país de mayor mortalidad por accidente de tránsito en el mundo, después de una minúscula isla del Pacífico conocida como Niue, de unos 5 mil habitantes. Nuestra tasa de 41.7 muertos por accidentes vehiculares por cada 100 mil habitantes, es mucho más del doble que el promedio americano que es 16.l. Los datos no son un invento para “desacreditar” el paraíso nacional, sino de la Organización Mundial de la Salud.

La pregunta obligada es cuántos años nos tomará aprobar los 30 reglamentos de la nueva ley de tránsito y cuántas personas más morirán antes de que comencemos a afrontar el caos del transporte terrestre y la peor epidemia nacional.

Puede entenderse que sean necesarios reglamentos para poner en vigencia el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, llamado a refundir unos ocho organismos de la materia sobrepuestos. Pero en otra parte del mundo se pensaría que rigen aspectos como la normativa de transporte en motocicletas, que originan más de la mitad de las muertes que conforman una auténtica epidemia nacional. Menos aún se puede entender que más de dos meses después de una ley tan esperada, el presidente de la nación no haya comenzado su “revolución” del transporte designando el director del instituto que tendrá las misión de elaborar los reglamentos.

A Dios que reparta suerte con la trascendente ley, cuyo nombre es tan largo como el calvario que le espera.

Grave e inexplicado deterioro

Por Juan Bolívar Díaz
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La amenaza del huracán Trump

Por Juan Bolívar Díaz

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Pero ahora, y muy probablemente por varias temporadas, nos amenaza un huracán de otra naturaleza que podría afectar severamente el curso del desarrollo económico-social de los dominicanos, tal como documentó el experto en derecho y política internacional y ex embajador ante la OEA Roberto Álvarez en una serie de ocho extensos artículos que acaba de publicar en el periódico digital Acento.

La lectura de esos bien fundamentados artículos deja la interrogante de si estará el país preparándose para afrontar la situación, como ya están haciendo México y otras naciones de la región que, como la República Dominicana, han dependido excesivamente de la migración hacia Estados Unidos y de las remesas de los nacionales.

Sabemos que alrededor de 2 millones de dominicanos emigraron en el último medio siglo, quitando presión demográfica y al desempleo y la desesperanza generadores de inseguridad. Y que esa población ya remesa formalmente alrededor de 5 mil millones de dólares anuales, 8 por ciento del producto interno bruto, el doble del 4 que con tanto orgullo estamos recién dedicando a educación.

Según las estadísticas oficiales recabadas por Roberto Álvarez, sólo entre 1970 y el 2015, Estados Unidos otorgó un millón 304 mil 989 residencias permanentes a ciudadanos dominicanos, a los que habría que adicionar los indocumentados, que diversas fuentes estiman entre 114 y 148 mil. Estos últimos están entre los amenazados por los vientos anti inmigrantes del presidente Donald Trump y auxiliares como el fiscal general Jef Sessions, que ya en el 2006 se expresó denigrantemente contra los de origen dominicano.

Ante el escenario norteamericano y las crecientes restricciones europeas, lo primero que tenemos que considerar es que se nos está cerrando la puerta de escape a las presiones sociales que ha representado la migración. Segundo que una parte de nuestros indocumentados podría ser deportados y no parecemos preparados para recibirlos adecuadamente. Y tercero, que se reducirán o al menos congelarán las remesas.

Como los demás países de la región, y como lo hicieron voceros de la Asociación de Estados del Caribe reunidos esta semana en Cuba, deberíamos rechazar las políticas excluyentes y discriminatorias del equipo de Trump, y poner en práctica mecanismos de defensa de los nuestros. Por ejemplo, poniendo a trabajar a nuestros centenares de cónsules, vicecónsules, ayudantes consulares y diplomáticos que pagamos en el exterior.

No es que declaremos la guerra al tronante gobierno de Trump, sino que nos asociemos al resto de la región para tratar de influir y moderar las embestidas que según los medios comunicativos norteamericanos están sembrando pánico. A los inmigrantes indocumentados en EU, unos 12 millones, y hasta a los residentes con infracciones menores, se les está recomendando que no anden por las calles más de lo necesario, que si llegan los agentes de inmigración no digan ni firmen nada, y hasta que nombren un tutor legal para sus hijos ante la posibilidad, ya anunciada oficialmente, de ser separados de ellos.

Hace una semana que la salvadoreña Sara Beltrán fue sacada esposada de un hospital de Dallas donde recibía atenciones por un tumor cerebral. Y el mexicano Rómulo  González, con 25 años viviendo indocumentado en Los Angeles, fue detenido para ser deportado tras llevar sus cuatro hijas a la escuela. Ellas son ciudadanas americanas  por nacimiento. Ojalá que a un tribunal  no se le ocurra reinterpretar la constitución  para determinar retroactivamente que a los hijos de indocumentados no les corresponde la nacionalidad. Tal vez el huracán Trump no llegue a esa aberración e impida la separación de esa familia. Pero debemos estar preparados.-

Sin callos en el alma

Por Juan Bolívar Díaz
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Tres víctimas de la impunidad

Por Juan Bolívar Díaz
19_02_2017 HOY_DOMINGO_190217_ Opinión9 A

El asesinato de dos acreditados periodistas comentaristas en pleno ejercicio en una estación radiofónica en una plaza comercial de San Pedro de Macorís, a media mañana del día de San Valentín, se ha constituido en una inmensa tragedia que conmociona a la sociedad dominicana y afecta el ejercicio del periodismo en el país, con repercusión internacional.

Más trágica aún es la versión de que la irracional y arbitraria muerte de los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina tuvo origen en otro escándalo de corrupción estatal y de la ya intolerable impunidad que campea en la sociedad dominicana, porque habría sido la impotencia ante una vulgar estafa lo que disparó el arrebato del victimario José Rodríguez, quien a su vez también ha perdido la vida.

Las sombras que proyecta esta tragedia son tan ominosas que el Poder Ejecutivo designó el viernes una comisión, para que en el plazo de una semana rinda un informe sobre la venta y compra de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que la habrían originado, de acuerdo a testimonios que circulan en San Pedro desde el mismo día de la ocurrencia. Los comisionados son los mismos que hicieron un trabajo honesto en el escándalo de Los Tres Brazos, por lo que debe esperarse un informe sin contemplaciones. Aunque en ese caso se adoptaron algunas recomendaciones, aún prevalece la impunidad.

El CEA ya confirmó que vendió una parcela a José Rodríguez, en agosto del 2015, con un adelanto de 119, 500 pesos, el 35 por ciento, y que le devolvió esa suma el mes pasado, tras su reclamo de meses, porque no le habían entregado el terreno contratado. Pero Rodríguez quería que le devolvieran “todos sus cuartos”, lo que implica que habría pagado el peaje que hace años, es secreto a voces, engrosa fortunas por la venta a precio de vaca muerta de las tierras de lo que fuera la próspera industria azucarera estatal, la cual llegó a disponer de 2,200 kilómetros cuadrados, el 4.5 por ciento del territorio nacional.

Según los testimonios, Rodríguez había llegado a amenazar con hacerse justicia violentamente si no le devolvían todos sus cuartos, lo que originó una intervención mediadora de los dos periodistas victimados. Cuando el día 14 Leo Martínez le habría dicho que ya no podía hacer más para que le devolvieran todo su dinero, Rodríguez, definido como un caso de bipolaridad, con tendencia a la violencia y drogadicto, tuvo el arrebato contra los mediadores y de paso contra la secretaria Dayanina García, gravemente herida. Requiere explicación la versión de que el mismo terreno había sido vendido o asignado a un hijo de Martínez, lo que sería otro ingrediente de la tragedia.

Todos los indicios son de que esta es una de las centenares o miles de operaciones mafiosas que se han realizado con los terrenos del CEA, algunas tan monumentales como la venta en el 2010 a “Cleopatra Caro Cruz”! de un millón 593,257 metros cuadrados por 10 millones 134 mil pesos, es decir a 6 pesos el metro. O el arrendamiento de grandes extensiones del ingenio Porvenir a una empresa española en el 2011, que también fueron asignadas a dominicanos, lo que llegó a originar incidentes, dos muertes violentas y protestas de la embajada de España.

La masacre de San Valentín en Macorís debe abonar la decisión de luchar contra la corrupción y la impunidad. Es un nuevo grave desafío para el Gobierno, que no solo deberá poner punto final a estas operaciones mafiosas y disolver ya el CEA, como hizo con la CORDE por Los Tres Brazos, sino también las consiguientes acciones judiciales. Tal vez tras este escándalo la comisión creada por el decreto 268-16 de septiembre pasado, agilice su encomienda de inventariar y auditar todas las operaciones con los terrenos del CEA, desde el 2000, aunque hay mínimas expectativas de que no se incline ante la impunidad.

Hay que deplorar que José Rodríguez se suicidara o lo suicidaran, como es creencia generalizada, abonada porque la Policía no dejó que sus familiares abrieran su ataúd ni que los periodistas se acercaran al mismo. Si solo tenía un disparo suicida, debieron mostrarlo para no dejar las dudas acostumbradas. Su testimonio en estos momentos hubiese sido muy importante. De todas formas recuerda el suicidio del arquitecto David Rodríguez, víctima de la mafia de la OISOE hace 17 meses, aún en la impunidad.

Un peligroso llanero solitario

Por Juan Bolívar Díaz
22_01_2017 HOY_DOMINGO_220117_ Opinión9 A
No solo el contenido, sino también el lenguaje corporal, ese rostro adusto, casi sostenidamente enojado, demuestran por qué Trump no fue el candidato de las academias, de los científicos, de los grandes centros del pensamiento y de la comunicación, ni de las élites políticas y sociales que han hecho grande a su país, con sus aciertos y errores, y por qué llega a la presidencia con aprobación de apenas 40 por ciento y rechazo histórico del 55 por ciento de sus compatriotas. Su antecesor Barak Obama se juramentó por primera vez con 78 por ciento de aprobación y ha concluido con 60 por ciento.
El mundo y la conciencia civilista de Estados Unidos tienen razón para estar preocupados por el ascenso de este llanero solitario, que pretende cambiar de un plumazo el curso de la historia, despreciando hasta a sus aliados, y pretendiendo borrar la globalización en gran medida fruto de sus propios éxitos, para lo cual se ha comprometido a ignorar y deshacer tratados internacionales y por lo menos un siglo de la humanidad.
Contrario a lo que todo el mundo entiende, el discurso de Donald Trump presenta unos Estados Unidos al borde del colapso, víctima del resto del mundo, obligado a encerrarse en sus compras y contrataciones, como si su vasta industria pudiera sobrevivir dentro de sus fronteras, como si sus riquezas no estuvieran teñidas por el sudor y hasta la sangre de los trabajadores malpagados por los capitales transnacionales predominantemente norteamericanos. Lo ve perdido en el crimen cuando este disminuyó drásticamente en las últimas tres décadas.
Con una fortuna personal de 10 mil millones de dólares y un gabinete predominantemente de millonarios, blancos y casi todos hombres, pretende redimir el empleo que le ha arrebatado la globalización y la inmigración, ignorando los efectos de la automatización de un régimen que ha concentrado la riqueza en el uno por ciento de la humanidad, que posee lo mismo que el restante 99 por ciento, donde 8 hombres, seis de ellos estadunidenses controlan la mitad de la riqueza universal, como acaba de mostrar Oxfam Internacional, al compás de un capitalismo salvaje que ha hecho una crisis de la que los norteamericanos son los menos afectados. Promete reducir los impuestos a los más ricos y comienza revocando la ampliación de programas de salubridad de los más pobres.
El discurso es equívoco y peligroso también al plantearse el solitario exterminio del radicalismo islámico, sin la menor consideración de sus aliados históricos, como si su ejército estuviera depauperado, aunque el gasto militar norteamericano, sobre los 600 mil millones de dólares anuales, supera el del conjunto de los siguientes seis países, como plantea Eric Schmitt, en un análisis para The New York Times.
Donald Trump ha prometido demagógicamente restringir al máximo la inmigración y hasta deportar a 11 millones de inmigrantes, pero sin decir si los estadounidenses están dispuestos a sembrar y recoger la agricultura del sur y el oeste y asumir los duros trabajos mal pagados de la limpieza urbana, del transporte y los servicios domésticos y de los edificios.
Habrá que esperar para ver si el choque con la realidad de los grandes intereses norteamericanos en todo el mundo y de las élites y las urbes hacen despertar a Trump de sus sueños redentoristas-fundamentalistas. Recuérdese que al fin de cuenta no ganó en una sola ciudad de más de un millón de habitantes y que sacó casi tres millones de votos menos que su principal contrincante en la elección.
Mientras tanto, hay motivos para preocuparse por la llegada del huracán Trump a este mundo con pocos líderes extraordinarios. Cualquiera se refugia en el humanismo y la renovación espiritual que empuja, casi solo, el Papa Francisco.