Con Venezuela en el corazón

Por más vueltas que se le dé, no hay forma de justificar el silencio ante el rumbo ya abiertamente dictatorial del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y mucho menos para los dominicanos que tenemos una antigua deuda de gratitud y solidaridad con el pueblo venezolano, que se inicia con el exilio del fundador de la República Juan Pablo Duarte, y luego de muchos otros patriotas, especialmente durante la larga tiranía de Trujillo, cuando se llegó al extremo del atentado contra la vida del presidente Rómulo Betancourt, cuya firmeza fue determinante para el aislamiento y liquidación del trujillismo.

Catorce venezolanos, el mayor contingente no dominicano, ofrendaron sus vidas en las expediciones contra la tiranía en 1959. Venezuela fue solidaria cuando la invasión de Estados Unidos en 1965 y defendió la incipiente democracia dominicana ante el intento golpista del 1978. Fue solidario el Pacto de San José, del presidente Carlos Andrés Pérez, renovado y ampliado por el presidente Hugo Chávez. Más de cincuenta mil dominicanos encontraron acogida migratoria tras el apogeo petrolero iniciado en los setenta.

Obligados estamos a ser solidarios con miles de venezolanos que en los últimos años han llegado al país, expatriados por las calamidades políticas y económicas por las que ahora atraviesan. Pero también estamos en el deber de contribuir activamente a lograr una salida a la grave crisis institucional y política que puede derivar en una guerra civil.

La realidad insoslayable es que los venezolanos llevan dos meses de confrontación callejera, con un balance de 55 muertos y cientos de heridos y apresados, y que en los últimos años otros tantos han perdido la libertad o se han visto compelidos al exilio. La crisis alcanzó su máxima expresión cuando la Suprema Corte despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales, con una sentencia tan insólita que tuvo que ser revocada de inmediato.

En medio de una creciente descomposición económica, con devaluación e inflación de tres dígitos, desabastecimiento, creciente desempleo y pobreza, y una de las más altas tasas de homicidio y delincuencia del continente, el régimen de Nicolás Maduro hace aguas, y en vez de conciliar con la oposición política, aumenta la represión y la agresividad.

No se puede ignorar que la crisis tiene raíces profundas, abonadas por sectores políticos y empresariales, ahora enfrentados al Gobierno de Maduro, que durante décadas fueron extractores y malversadores de la riqueza venezolana, cuya legendaria corrupción y desacierto determinó el colapso del sistema político y dejó a esa riquísima nación atada al modelo petrolero que se ha desplomado con la caída de los precios.

El chavismo fue una esperanza de rescate y en su primera fase implicó importantes reivindicaciones sociales, pero sin desatar el nudo petrolero, hasta aterrizar en el actual desastre económico, social y político. Hugo Chávez fue autoritario y caudillista, pero no se le puede negar su tremendo carisma, por lo cual ganó unas siete consultas populares, a hasta con dos tercios de los votos, en lo que residía su fuerza e invulnerabilidad.

Nicolás Maduro fue su heredero político y apenas superó en un punto porcentual al candidato de la oposición en las presidenciales del 2013, y dos años después ya perdió abrumadoramente el respaldo popular, cuando la oposición consiguió dos tercios de los escaños legislativos. Es lo que explica que el Gobierno, con el control de las cortes judiciales y del organismo electoral haya evadido las elecciones de alcaldes y gobernadores que debieron celebrarse al final del año pasado y el referéndum que reclamó la oposición.

El proyecto de una nueva asamblea constituyente, atando de antemano un tercio de sus integrantes, en medio de esta crisis, sin el mínimo intento de concertación con una oposición que las urnas certificaron mayoritaria, es un intento de distracción que solo conduce a la violencia y la disolución institucional. Desde fuera hay que contribuir a reencauzar el sistema político, abogando por el respeto a la institucionalidad democrática, y los dominicanos, incluyendo al Gobierno, tienen que abandonar el silencio y una neutralidad ya insostenible. Nadie que crea en los valores democráticos puede ignorar la realidad ni olvidar la solidaridad venezolana cuando los dominicanos la necesitaron.

Las reformas políticas necesarias

A1Por Juan Bolívar DíazFue satisfactorio dialogar el miércoles en Uno+Uno con el presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que pondera los proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, quien fue enfático en sostener que esta vez va en serio la reforma del sistema político electoral que se viene discutiendo durante dos décadas.El senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, reconoce que es a los partidos a quien más conviene establecer normativas para garantizar su democracia interna y la institucionalidad democrática nacional, cuya crisis está siendo patentizada por el auge de las protestas sociales y políticas encarnadas principalmente en la Marcha Verde.

Aunque se ponderan por separado dos proyectos de leyes sometidos por la Junta Central Electoral, Victoria Yeb coincide con quienes creen que deberían ser unificados, ya que muchas de las normativas democráticas que se demandan se refieren tanto al régimen de partidos como al electoral. Eso implicaría reconocer que las reformas no se imponen solamente en el accionar del sistema partidista, sino también en las garantías para una plena democracia. Lo referente a los partidos seria sólo un capítulo del código electoral.

Los planteamientos de Arístides Victoria renuevan la esperanza de que por lo menos los legisladores comprendan la responsabilidad que les enfrenta a un vigoroso movimiento social exigiendo el fin a la corrupción y la impunidad, lo que implica reformas que rebasan el ámbito electoral y se internan en la institucionalidad general, particularmente en la independencia y operatividad de las cortes judiciales y los organismos de control.

La circunstancia de que el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a la renovación del Tribunal Superior Electoral y parcialmente la Suprema Corte de Justicia, programándose para fin de año la del Tribunal Constitucional, es una oportunidad para que los gobernantes den claras señalas de receptividad frente al inmenso clamor nacional.
Victoria Yeb desestima la “reforma posible”, enarbolada por los que plantean que el poder acumulado no se cede, y se inscribe entre los que hablan de la “reforma necesaria”.

Asumiendo la sinceridad de su planteamiento, habría que formular votos porque se extienda a los demás comisionados y a las cúpulas políticas aferradas al pragmatismo salvaje, que se imponen a un poder legislativo tan débil como el judicial.

En el Congreso, como en los partidos, son muchos los que entienden la necesidad de profundas reformas para garantizar la elección democrática de dirigentes y candidatos, la transparencia y rendición de cuentas de los partidos y a la instauración de mecanismos que garanticen la plena libertad ciudadana para elegir sus autoridades y representantes.

Saben de sobra que urge reducir el alto costo de la política en el país, con rígidas limitaciones al tiempo, el financiamiento y el gasto de campañas, para reducir la corrupción y el abuso de los bienes y recursos del Estado y de todo género de dinero ilegítimo, que los principios de equidad que pregona la Constitución obligan a prohibir y sancionar el abuso de los poderes estatales en las campañas electorales, con límites a la propaganda gubernamental, al tradicional desbordamiento del gasto fiscal, a los repartos clientelistas, a las inauguraciones de obras, a menudo sin terminar, y al incremento del empleo en los organismos estatales.

Una reforma no puede ser para restringir derechos adquiridos, como el del voto preferencial, sino para ampliarlos a fin de que el elector pueda escoger senador y diputados por separado, y por igual alcaldes y regidores, más aún cuando desde el 2020 las elecciones municipales antecederán por varias semanas las presidenciales y legislativas.

Las demandas son viejas, pero nunca como ahora la sociedad dominicana las había formulado con tanto vigor, esperando respuestas rápidas y efectivas.

RD: todas las posibilidades

Por Juan Bolívar Díaz

14_05_2017 HOY_DOMINGO_140517_ Opinión9 A

Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.

Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.

No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario administrativo de la Presidencia, luego secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el Metro de Santo Domingo, con inversión de unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos, pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.

El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “El Métrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.

Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.

Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que solo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.

Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.

Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.

Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de Gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vinculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario, que Alicia Ortega advirtió sería “sobre el Metro y su trayectoria empresarial”, a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.

Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.

 

De licenciado a licenciado

Por Juan Bolívar Díaz
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A finales de aquellos ardorosos años sesenta cuando inicié la carrera periodística y todavía en los setenta, al hablar por teléfono con mis amigos de la izquierda (Rafael Chaljub Mejía Carlos Pimentel, Rafael Carvajal, Fafa Taveras entre otros), asumí llamarles licenciado, sin identificarlos por sus nombres, lo que ellos reciprocaban conscientes de que los espías del Gobierno podían estar interceptando nuestros teléfonos.

Sabíamos que la discreción no nos libraba de que fuéramos identificados, pero que por lo menos tuvieran el trabajo de hacerlo, hablábamos de “licenciado a licenciado”. Traje la titulación de México, donde los profesionales no eran doctores como aquí, sino licenciados. Y al que no le llamaban licenciado era un don nadie. Tanto que trabajando en el Centro Nacional de Comunicación Social dejé caer a los oídos de una secretaria que yo no era licenciado, pero sí ingeniero. Pocos días después un superior me preguntó por qué yo no había reportado mi profesión, y tuve que aclarar que lo de ingeniero era por haber nacido en un ingenio azucarero.

Todavía ahora, con Chaljub y Fafa nos saludamos con la exclamación de ¡licenciado! Nos quedó también la habilidad de iniciar las conversaciones con banalidades y claves improvisadas para distraer la atención de los interventores telefónicos. Me río de aquellos que dicen por teléfono hasta lo obvio y peor los que anuncian su ruta. Hace par de años en México un colega que ha escrito seis libros sobre el narcotráfico y debería cuidarse me llamó por teléfono para anunciar el tiempo en que pasaría a buscarme y ratificar la dirección de la casa donde me hospedaba. Cuando abordé su auto media hora más tarde le manifesté extrañeza de su falta de discreción telefónica en un país donde matan un periodista cada mes. Pensé que hasta corría peligro andando con él.

El anecdotario viene a cuento por la impúdica revelación del Ministro de Interior y Policía, de que ellos saben lo que los activistas de la Marcha Verde hablan por teléfono. Carlos Amarante Baret intentó rectificar cuando Huchi Lora le recordó los derechos constitucionales, pero como aquí “to e to y na e na”, se borra el pecado si una introducción de extremidad inferior es retirada ipso facto, como recitaba el exvicepresidente Carlos Goico Morales, quien exhortaba a los jóvenes reporteros a no pasar como “caprino satisfecho de frutas tropicales” (chivito harto de jobos).

El espionaje telefónico es una de las expresiones más crónicas de la anomia social dominicana. Infundió terror en los años de las dictaduras y ha proseguido campante en el período de intento democrático. Con agentes oficiales y extraoficiales, y empresas privadas de espionaje, como si fueran de seguridad o relaciones públicas. Cuando los presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía ganaron las elecciones, una de sus primeras visitas fue a Frank Cabral, pionero civil del oficio de interceptor, que en una de las primeras emisiones de Jornada Extra hace justo 25 años se auto definió como un “experto en comunicaciones”.

El abuso descarado de la intervención telefónica, violatorio del artículo 44 de la Constitución de la República que proclama el “Derecho a la intimidad y el honor personal”, llegó al extremo en la campaña electoral del 2012, cuando el entonces Procurador General de la República Radhamés Jiménez participó en una rueda de prensa de carácter político, en la que se reprodujo una conversación telefónica del jefe de seguridad del principal candidato opositor a la presidencia Hipólito Mejía.

En cuanto a mí, hace mucho que he sabido de intervenciones a mis teléfonos, pero me burlo de ellos, y comienzo a hablar enviando saludos a los amigos, Frank, Pepe, o Sigfrido. Evado que se enteren de asuntos personales, y en cuanto a los políticos, no tengo nada que ocultar, porque he sido un periodista tan libre, y tan afecto a la ética, que todo lo que hablo por teléfono puedo sostenerlo en la televisión o en este periódico. Y lo saben todos mis amigos, especialmente los licenciados.

El difícil tránsito de una ley

Por Juan Bolívar Díaz
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Dos meses después de promulgada la ley, asistimos a un insólito debate sobre si está o no en vigencia, y autoridades del sector, como el director general de Tránsito Terrestre, Luis Estrella, consideran que para que empiece a regir habrá que aprobar los 30 reglamentos que la misma contempla, un verdadero exceso que desconoce la lentitud reglamentaria que caracteriza al Estado dominicano. Duplica los 16 reglamentos de la nueva ley de la Policía Nacional que, promulgada el 15 de julio pasado, todavía no estrena el primero.

La Ley de Defensa de la Competencia 42-08, lleva más de 8 años esperando su reglamento, por lo cual no se ha podido aplicar plenamente. Michel Cohén, primera presidenta de Pro-Competencia terminó su gestión el año pasado sin haber logrado la reglamentación que reclamó sistemáticamente.

Hay muchos otros ejemplos, pero baste señalar la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, que arriba a su quinto año, y la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado, en camino a su cuarto año, esperando un reglamento que según la misma, debió promulgarse en seis meses, plazo que cumplió el Ministerio de Administración Pública, para tropezar con una gaveta de la Presidencia de la República. Tras varios años de estudios, consultorías nacionales e internacionales y consensos, ahora se dice que no hay recursos para aplicarla.

Si quieren irse más lejos, por ahí anda la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dispone los pactos eléctrico y fiscal, el primero con dos años de discusiones y el segundo relegado por soberana decisión de la máxima autoridad responsables de las aplicación de la leyes y del ordenamiento institucional.

Peor aún es que la Constitución del 2010 dispuso una veintena de leyes orgánicas para su aterrizaje, la mayoría de las cuales no se han abordado siete años después, algunas tan urgentes y manoseadas como las del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos.

La ley de Movilidad, Transporte y Tránsito es lo que podríamos denominar un desafío de vida o muerte, si tomamos en cuenta que la República Dominicana es el segundo país de mayor mortalidad por accidente de tránsito en el mundo, después de una minúscula isla del Pacífico conocida como Niue, de unos 5 mil habitantes. Nuestra tasa de 41.7 muertos por accidentes vehiculares por cada 100 mil habitantes, es mucho más del doble que el promedio americano que es 16.l. Los datos no son un invento para “desacreditar” el paraíso nacional, sino de la Organización Mundial de la Salud.

La pregunta obligada es cuántos años nos tomará aprobar los 30 reglamentos de la nueva ley de tránsito y cuántas personas más morirán antes de que comencemos a afrontar el caos del transporte terrestre y la peor epidemia nacional.

Puede entenderse que sean necesarios reglamentos para poner en vigencia el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, llamado a refundir unos ocho organismos de la materia sobrepuestos. Pero en otra parte del mundo se pensaría que rigen aspectos como la normativa de transporte en motocicletas, que originan más de la mitad de las muertes que conforman una auténtica epidemia nacional. Menos aún se puede entender que más de dos meses después de una ley tan esperada, el presidente de la nación no haya comenzado su “revolución” del transporte designando el director del instituto que tendrá las misión de elaborar los reglamentos.

A Dios que reparta suerte con la trascendente ley, cuyo nombre es tan largo como el calvario que le espera.

Grave e inexplicado deterioro

Por Juan Bolívar Díaz
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La amenaza del huracán Trump

Por Juan Bolívar Díaz

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Pero ahora, y muy probablemente por varias temporadas, nos amenaza un huracán de otra naturaleza que podría afectar severamente el curso del desarrollo económico-social de los dominicanos, tal como documentó el experto en derecho y política internacional y ex embajador ante la OEA Roberto Álvarez en una serie de ocho extensos artículos que acaba de publicar en el periódico digital Acento.

La lectura de esos bien fundamentados artículos deja la interrogante de si estará el país preparándose para afrontar la situación, como ya están haciendo México y otras naciones de la región que, como la República Dominicana, han dependido excesivamente de la migración hacia Estados Unidos y de las remesas de los nacionales.

Sabemos que alrededor de 2 millones de dominicanos emigraron en el último medio siglo, quitando presión demográfica y al desempleo y la desesperanza generadores de inseguridad. Y que esa población ya remesa formalmente alrededor de 5 mil millones de dólares anuales, 8 por ciento del producto interno bruto, el doble del 4 que con tanto orgullo estamos recién dedicando a educación.

Según las estadísticas oficiales recabadas por Roberto Álvarez, sólo entre 1970 y el 2015, Estados Unidos otorgó un millón 304 mil 989 residencias permanentes a ciudadanos dominicanos, a los que habría que adicionar los indocumentados, que diversas fuentes estiman entre 114 y 148 mil. Estos últimos están entre los amenazados por los vientos anti inmigrantes del presidente Donald Trump y auxiliares como el fiscal general Jef Sessions, que ya en el 2006 se expresó denigrantemente contra los de origen dominicano.

Ante el escenario norteamericano y las crecientes restricciones europeas, lo primero que tenemos que considerar es que se nos está cerrando la puerta de escape a las presiones sociales que ha representado la migración. Segundo que una parte de nuestros indocumentados podría ser deportados y no parecemos preparados para recibirlos adecuadamente. Y tercero, que se reducirán o al menos congelarán las remesas.

Como los demás países de la región, y como lo hicieron voceros de la Asociación de Estados del Caribe reunidos esta semana en Cuba, deberíamos rechazar las políticas excluyentes y discriminatorias del equipo de Trump, y poner en práctica mecanismos de defensa de los nuestros. Por ejemplo, poniendo a trabajar a nuestros centenares de cónsules, vicecónsules, ayudantes consulares y diplomáticos que pagamos en el exterior.

No es que declaremos la guerra al tronante gobierno de Trump, sino que nos asociemos al resto de la región para tratar de influir y moderar las embestidas que según los medios comunicativos norteamericanos están sembrando pánico. A los inmigrantes indocumentados en EU, unos 12 millones, y hasta a los residentes con infracciones menores, se les está recomendando que no anden por las calles más de lo necesario, que si llegan los agentes de inmigración no digan ni firmen nada, y hasta que nombren un tutor legal para sus hijos ante la posibilidad, ya anunciada oficialmente, de ser separados de ellos.

Hace una semana que la salvadoreña Sara Beltrán fue sacada esposada de un hospital de Dallas donde recibía atenciones por un tumor cerebral. Y el mexicano Rómulo  González, con 25 años viviendo indocumentado en Los Angeles, fue detenido para ser deportado tras llevar sus cuatro hijas a la escuela. Ellas son ciudadanas americanas  por nacimiento. Ojalá que a un tribunal  no se le ocurra reinterpretar la constitución  para determinar retroactivamente que a los hijos de indocumentados no les corresponde la nacionalidad. Tal vez el huracán Trump no llegue a esa aberración e impida la separación de esa familia. Pero debemos estar preparados.-

Sin callos en el alma

Por Juan Bolívar Díaz
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Tres víctimas de la impunidad

Por Juan Bolívar Díaz
19_02_2017 HOY_DOMINGO_190217_ Opinión9 A

El asesinato de dos acreditados periodistas comentaristas en pleno ejercicio en una estación radiofónica en una plaza comercial de San Pedro de Macorís, a media mañana del día de San Valentín, se ha constituido en una inmensa tragedia que conmociona a la sociedad dominicana y afecta el ejercicio del periodismo en el país, con repercusión internacional.

Más trágica aún es la versión de que la irracional y arbitraria muerte de los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina tuvo origen en otro escándalo de corrupción estatal y de la ya intolerable impunidad que campea en la sociedad dominicana, porque habría sido la impotencia ante una vulgar estafa lo que disparó el arrebato del victimario José Rodríguez, quien a su vez también ha perdido la vida.

Las sombras que proyecta esta tragedia son tan ominosas que el Poder Ejecutivo designó el viernes una comisión, para que en el plazo de una semana rinda un informe sobre la venta y compra de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que la habrían originado, de acuerdo a testimonios que circulan en San Pedro desde el mismo día de la ocurrencia. Los comisionados son los mismos que hicieron un trabajo honesto en el escándalo de Los Tres Brazos, por lo que debe esperarse un informe sin contemplaciones. Aunque en ese caso se adoptaron algunas recomendaciones, aún prevalece la impunidad.

El CEA ya confirmó que vendió una parcela a José Rodríguez, en agosto del 2015, con un adelanto de 119, 500 pesos, el 35 por ciento, y que le devolvió esa suma el mes pasado, tras su reclamo de meses, porque no le habían entregado el terreno contratado. Pero Rodríguez quería que le devolvieran “todos sus cuartos”, lo que implica que habría pagado el peaje que hace años, es secreto a voces, engrosa fortunas por la venta a precio de vaca muerta de las tierras de lo que fuera la próspera industria azucarera estatal, la cual llegó a disponer de 2,200 kilómetros cuadrados, el 4.5 por ciento del territorio nacional.

Según los testimonios, Rodríguez había llegado a amenazar con hacerse justicia violentamente si no le devolvían todos sus cuartos, lo que originó una intervención mediadora de los dos periodistas victimados. Cuando el día 14 Leo Martínez le habría dicho que ya no podía hacer más para que le devolvieran todo su dinero, Rodríguez, definido como un caso de bipolaridad, con tendencia a la violencia y drogadicto, tuvo el arrebato contra los mediadores y de paso contra la secretaria Dayanina García, gravemente herida. Requiere explicación la versión de que el mismo terreno había sido vendido o asignado a un hijo de Martínez, lo que sería otro ingrediente de la tragedia.

Todos los indicios son de que esta es una de las centenares o miles de operaciones mafiosas que se han realizado con los terrenos del CEA, algunas tan monumentales como la venta en el 2010 a “Cleopatra Caro Cruz”! de un millón 593,257 metros cuadrados por 10 millones 134 mil pesos, es decir a 6 pesos el metro. O el arrendamiento de grandes extensiones del ingenio Porvenir a una empresa española en el 2011, que también fueron asignadas a dominicanos, lo que llegó a originar incidentes, dos muertes violentas y protestas de la embajada de España.

La masacre de San Valentín en Macorís debe abonar la decisión de luchar contra la corrupción y la impunidad. Es un nuevo grave desafío para el Gobierno, que no solo deberá poner punto final a estas operaciones mafiosas y disolver ya el CEA, como hizo con la CORDE por Los Tres Brazos, sino también las consiguientes acciones judiciales. Tal vez tras este escándalo la comisión creada por el decreto 268-16 de septiembre pasado, agilice su encomienda de inventariar y auditar todas las operaciones con los terrenos del CEA, desde el 2000, aunque hay mínimas expectativas de que no se incline ante la impunidad.

Hay que deplorar que José Rodríguez se suicidara o lo suicidaran, como es creencia generalizada, abonada porque la Policía no dejó que sus familiares abrieran su ataúd ni que los periodistas se acercaran al mismo. Si solo tenía un disparo suicida, debieron mostrarlo para no dejar las dudas acostumbradas. Su testimonio en estos momentos hubiese sido muy importante. De todas formas recuerda el suicidio del arquitecto David Rodríguez, víctima de la mafia de la OISOE hace 17 meses, aún en la impunidad.

Un peligroso llanero solitario

Por Juan Bolívar Díaz
22_01_2017 HOY_DOMINGO_220117_ Opinión9 A
No solo el contenido, sino también el lenguaje corporal, ese rostro adusto, casi sostenidamente enojado, demuestran por qué Trump no fue el candidato de las academias, de los científicos, de los grandes centros del pensamiento y de la comunicación, ni de las élites políticas y sociales que han hecho grande a su país, con sus aciertos y errores, y por qué llega a la presidencia con aprobación de apenas 40 por ciento y rechazo histórico del 55 por ciento de sus compatriotas. Su antecesor Barak Obama se juramentó por primera vez con 78 por ciento de aprobación y ha concluido con 60 por ciento.
El mundo y la conciencia civilista de Estados Unidos tienen razón para estar preocupados por el ascenso de este llanero solitario, que pretende cambiar de un plumazo el curso de la historia, despreciando hasta a sus aliados, y pretendiendo borrar la globalización en gran medida fruto de sus propios éxitos, para lo cual se ha comprometido a ignorar y deshacer tratados internacionales y por lo menos un siglo de la humanidad.
Contrario a lo que todo el mundo entiende, el discurso de Donald Trump presenta unos Estados Unidos al borde del colapso, víctima del resto del mundo, obligado a encerrarse en sus compras y contrataciones, como si su vasta industria pudiera sobrevivir dentro de sus fronteras, como si sus riquezas no estuvieran teñidas por el sudor y hasta la sangre de los trabajadores malpagados por los capitales transnacionales predominantemente norteamericanos. Lo ve perdido en el crimen cuando este disminuyó drásticamente en las últimas tres décadas.
Con una fortuna personal de 10 mil millones de dólares y un gabinete predominantemente de millonarios, blancos y casi todos hombres, pretende redimir el empleo que le ha arrebatado la globalización y la inmigración, ignorando los efectos de la automatización de un régimen que ha concentrado la riqueza en el uno por ciento de la humanidad, que posee lo mismo que el restante 99 por ciento, donde 8 hombres, seis de ellos estadunidenses controlan la mitad de la riqueza universal, como acaba de mostrar Oxfam Internacional, al compás de un capitalismo salvaje que ha hecho una crisis de la que los norteamericanos son los menos afectados. Promete reducir los impuestos a los más ricos y comienza revocando la ampliación de programas de salubridad de los más pobres.
El discurso es equívoco y peligroso también al plantearse el solitario exterminio del radicalismo islámico, sin la menor consideración de sus aliados históricos, como si su ejército estuviera depauperado, aunque el gasto militar norteamericano, sobre los 600 mil millones de dólares anuales, supera el del conjunto de los siguientes seis países, como plantea Eric Schmitt, en un análisis para The New York Times.
Donald Trump ha prometido demagógicamente restringir al máximo la inmigración y hasta deportar a 11 millones de inmigrantes, pero sin decir si los estadounidenses están dispuestos a sembrar y recoger la agricultura del sur y el oeste y asumir los duros trabajos mal pagados de la limpieza urbana, del transporte y los servicios domésticos y de los edificios.
Habrá que esperar para ver si el choque con la realidad de los grandes intereses norteamericanos en todo el mundo y de las élites y las urbes hacen despertar a Trump de sus sueños redentoristas-fundamentalistas. Recuérdese que al fin de cuenta no ganó en una sola ciudad de más de un millón de habitantes y que sacó casi tres millones de votos menos que su principal contrincante en la elección.
Mientras tanto, hay motivos para preocuparse por la llegada del huracán Trump a este mundo con pocos líderes extraordinarios. Cualquiera se refugia en el humanismo y la renovación espiritual que empuja, casi solo, el Papa Francisco.