El indoblegable Randolfo Núñez

Por Juan Bolívar Díaz
2587Como a todos los heroicos soldados de la Revolución Constitucionalista, al coronel Randolfo Núñez Vargas la vida se le va agotando más de medio siglo después de esa gesta, sobreviviendo modestamente, pero con la dignidad y la honorabilidad que le han caracterizado en todas sus circunstancias. En las últimas semanas libra intensa batalla contra un mal renal que lo ha colocado a la defensiva y en retaguardia, vigilado estrechamente por Mariana Brito, su compañera de toda la vida.Lo conocí y aquilaté a partir de 1966 cuando llegó al México donde yo estudiaba, exiliado como agregado militar a la embajada dominicana, como ocurrió en diferentes países con Francisco Alberto Caamaño Deñó, Montes Arache, Peña Taveras, Héctor Lachapelle y otros de los más relevantes soldados que reivindicaron el honor de las Fuerzas Armadas con la restauración del orden constitucional y se jugaron la vida enfrentando la descomunal invasión militar norteamericana.

El entonces capitán Núñez Vargas se quedaría exiliado en México hasta 1973 y después otros dos años en Guatemala, y en ambos países fue ejemplo de decoro como militar y diplomático. Se vinculó a los dominicanos que cursábamos estudios de grado y postgrado en la capital azteca, a los que procuró ayudar en todo lo que podía, y más tarde a los exiliados que llegaron en los años 1969-71.

Randolfo fue para muchos una revelación. No concebíamos tanta integridad y generosidad en un oficial militar, ni tanto empeño en superarse, aún en circunstancias de adversidad. Como le gustaba la literatura y la escritura alguna vez intenté llevármelo para la escuela de periodismo donde yo fui docente al volver a México a finales de 1970, entonces yo también auto exiliado. Pero se transó por un diplomado en mercadeo.

En el apartamento de Randolfo y Mariana estudiantes y exiliados encontrábamos de todo, incluyendo el contacto con intelectuales y personalidades de diversos ámbitos, como la pareja de sociólogos haitianos Gerard Pierre-Charles y Susy Castor, catedráticos de la UNAM, que nos enseñarían a reivindicar la fraternidad en la isla.

Núñez Vargas era solo teniente del Ejército en abril de 1965, pero de servicio en el Palacio Nacional, lo que le permitió convertirse en clave para la captura de ese bastión fundamental y la destitución del espurio gobierno golpista horas después de la proclama constitucionalista. Sus doblegados superiores, salvados luego por la invasión extranjera, nunca le perdonaron y por eso lo marginaron y extrañaron del país al final de la contienda.

De retorno en 1975, evadió ser reintegrado a las fuerzas armadas al servicio del general Beauchamps Javier y de la Cruzada del Amor de doña Emma Balaguer. Y cuando el propio presidente Balaguer le manifestó su disposición de ayudarlo “en lo que quisiera”, el orgulloso militar respondió que todo lo que quería era su reintegración plena al Ejército en el que se había formado. El mandatario adujo que tenía enemigos que se oponían, aconsejándole: no sea terco capitán Núñez. Fue retirado con un sueldo de 278 pesos.

Tras la transición democrática fue designado en la Dirección General de Migración, donde sería subdirector con asiento en Santiago, director de Extranjería y fundador de una escuela donde se formaron más de un millar de agentes. Algunas veces me tocó asistir de expositor ante su alumnado. Hace algunos años se le revaluó su pensión con el grado de coronel y 21 mil pesos, mucho menor que la de cientos que nunca han servido al Estado, pero de lo que su dignidad no le permite quejarse.

En su natal Bonao lleva varios años retirado de funciones públicas, no así de sus otras grandes pasiones, el cultivo de seres humanos, de plantas frutales y florales, nacionales y exóticas, y la defensa del medioambiente. Allí Colombo y yo lo hemos sorprendido varias veces para recordar los años fraternales del México lindo y querido y para hacerle un “saludo militar” al grito de ¡salve soldado de la patria!

La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina

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Aunque asoma el gusanillo de la reelección, las perspectivas dificultan otra reforma constitucional para posibilitarla, por lo que contemplan un relevo alternativo al “vengativo  Leonel Fernández”, más posible si eligen  candidato con padrón abierto.  

Por Juan Bolívar Díaz

Prosiguiendo la constante historia nacional, el presidente Danilo Medina acariciará mientras pueda la posibilidad de prolongarse en el poder, aunque sus perspectivas lucen desfavorables, por lo que el realismo político le está aconsejando buscarse alguna alternativa para evitar que pueda volver “un vengativo Leonel Fernández”.

Como advirtió esta semana el dirigente del PLD Monchy Rodríguez, para los suyos Medina sigue siendo el mejor activo de cara a las elecciones del 2020, pero el eficiente superministro Gustavo Montalvo adelantó hace un mes la opción alternativa: promover caras nuevas para el relevo, gente “comprometida con los cambios profundos en marcha”.

Una constante histórica

            Como ha sido constante en la historia nacional, todos los presidentes que concluyen siquiera un período, y Medina va agotando el segundo, se consideran imprescindibles y gobiernan con el interés primario de continuar en el poder. Las excepciones fueron los perredeístas Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, porque tenían como líder del partido a un antireeleccionista de la categoría de José F. Peña Gómez, y aún así el primero lo intentó. Desaparecido el carismático líder popular, otro perredeísta, Hipólito Mejía, no resistió la tentación de abandonar el “principio peñagomista” y modificó la Constitución, para inscribirse como el único que ha fracasado en el intento.

Heureaux, Trujillo y Balaguer han sido los mayores reeleccionistas de la historia dominicana, con elecciones controladas, y le sigue Leonel Fernández, quien logró tres períodos en la aún incipiente democracia. Sus seguidores los proclamaban regalo divino  imprescindible. Repercute el que “mientras Balaguer respire, que nadie aspire”, como predominó en su partido hasta su muerte en 2002, tras agotar seis períodos de gobierno , aunque fracasó buscando  el séptimo, a los 94 años, ciego y discapacitado físicamente.

La consigna balaguerista retumbó hace dos semanas cuando el director de Etica del gobierno, refiriéndose a Medina planteó: “aprovechemos a este hombre mientras Dios le tenga el aliento en el cuerpo”. Lidio Cadet aseguró luego que no estaba promoviendo la reelección, pero su recomendación quedó flotando en el viento. Otros, como Monchy Rodríguez, Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Lucía Medina, Radhamés Camacho y Domingo Contreras, han expresado  su preferencia por la continuidad de Danilo, pero con prudencia han advertido que “todavía no es tiempo para hablar de eso”.

Leonel no pudo en 2012

            Los que se aferran al determinismo histórico deberían tomar en cuenta que Leonel Fernández fracasó en el intento de buscar un tercer período consecutivo  para el 2012, aunque sus fervientes “ingenieros constitucionalistas”, sostenían que era posible recién proclamada  la Constitución del 2010, que modificó el dos períodos y nunca jamás para establecer la reelección sin límites pero alternada. De nada valieron los “dos millones de firmas” que entregaron en carretillas al presidente Fernández en el Palacio de los Deportes..

Entonces a Leonel no le faltaba liderazgo en su partido y apoyo popular y le seguía sobrando carisma y recursos económicos para comprar todo lo que fuere necesario, como en efecto hizo a lo largo de la campaña incurriendo en un histórico déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos para que en mayo del 2012 su compañero de partido Danilo Medina pudiera ganar las elecciones

De los más diversos sectores sociales, incluyendo a los conservadores y reverentes del poder, como los empresariales y eclesiales, se levantaron voces pidiendo  respeto a la recentina Constitución. Los reeleccionistas quedaron atrapados, pues no podían alegar que a Leonel no se le podía aplicar la nueva carta magna, del período alternativo, porque entonces le tocaba la anterior del nunca jamás.

Fernández lo entendió para optar por el continuismo partidista a través de Medina. Fue lo que no pudo hacer Antonio Guzmán, quien acarició la ilusión de la reelección sin contemplar a tiempo el continuismo a través de su vicepresidente Jacobo Majluta para los comicios de 1982. Cuando llegaron a apoyar  su precandidatura presidencial, resultó tarde para evitar el triunfo de su contrincante Jorge Blanco.

Muy difícil para Danilo

            Imposible no es en un país tan presidencialista y sin institucionalidad democrática, pero será muy difícil que Danilo Medina pueda repostularse en el 2020, sin un alto costo   en su propio partido y en el electorado, tanto que podría generar el relevo total, por cansancio de un peledeísmo que no respeta mínimamente ni sus propias normas. Son muchos los que en el PLD y en el mismo entorno del presidente lo entienden, razón por la que se contempla el continuismo indirecto, con un relevo grupal.

Danilo mismo es menos propenso a las decisiones bajo emotividad que Leonel. Y atravezará por el mismo reto de ignorar su propia Constitución, la que él reformó para posibilitar su reelección del 2016, bajo el argumento de que merecía una segunda oportunidad, la que se pactó a duras pruebas después del discurso de mayo del 2015 de Leonel Fernández donde advirtió el peligro de un Trujillo del siglo 21.

La división del PLD y la repostulación de Medina fue posible con el pacto de en el Comité Político para volver la Constitución a los dos períodos consecutivos y nunca jamás, con la adición de una disposición transitoria de que en caso de que el mandatario de turno se postulara y ganara la presidencia para el período 2016-20, no podría ser candidato para el siguiente ni nunca más, ni siquiera a la vicepresidencia.

Resultará muy riesgoso para la unidad partidaria proponerse otra reforma constitucional para desconocer lo pactado hace 4 años. En el ámbito nacional podría encontrarse tanta oposición, por la misma causa, como la que venció a Leonel en el 2011. El escenario ahora parece más difícil por la emergencia de la Marcha Verde, como  expresión de la generalizada indignación generada por la corrupción y la impunidad,  además de que el crecimiento económico empieza a reducirse aunque el endeudamiento del gobierno central haya alcanzado a 12 millones de dólares (571 millones de pesos) cada día entre abril del 2016 y abril del 2017,

La fórmula Montalvo

En el danilismo es difícil encontrar un funcionario más eficiente, frío y honesto que el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, pero también alguien más renuente al debate público. Por eso hay que tener en cuenta que el 12 de agosto declaró tajantemente, sin hablar de esperar tiempo ni circunstancias, que el presidente Medina sólo estará en el gobierno hasta el 16 de agosto del 2020  “y ni un día más”. Añadió que el próximo candidato del PLD “debe estar comprometido con los cambios profundos en marcha y ofrecer nuevas medidas para el progreso”, y abundó que “en mi humilde opinión, el PLD debe reciclarse y mostrar caras nuevas en el 2020”.

El planteamiento no podía ser más claro y apunta en la dirección de aquel danilista que el año pasado advirtió en privado que “en el 2020 no podemos permitir el retorno de un Leonel vengativo. Los leonelistas descifraron el mensaje y le salieron al paso, encabezados por Franklin Almeyda, quien llegaría a sostener que Montalvo y otros ministros relevantes de Danilo son “políticos análogos, porque no están al ritmo del desarrollo”, al tiempo que proclamó que quien está en la era digital es Leonel Fernández.

Quieren el padrón abierto

            La persistencia de los danilistas por establecer en la ley de partidos que las elecciones primarias deben ser con el padrón universal abierto, para que todo ciudadano pueda votar en la elección de candidatos, estaría relacionada con la línea de las caras nuevas. Parten de la convicción de que sin Danilo de candidato no asoma nadie que pueda vencer a Leonel si es sólo con el voto de los peledeístas. Descartan a Montalvo porque los adictos a la corrupción lo consideran peligroso; “no tiene seguidores”, dicen abiertamente. En el danilismo se señalan como alternativas a los ministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Andrés Navarro, pero se cree que quedarían muy cortos frente a Leonel.

Cualquiera de ellos, con el apoyo del presidente y del poder, tendría más posibilidades si el candidato se escoge con voto universal. Podría operar  la magia del control de las tarjetas de los programas sociales y otros incentivos para llevar gente a las primarias. Permitirían mayor margen de maniobras desde la infinitamente poderosa fuerza de la presidencia de la nación.

Todo eso podría estar sobre el tapete este fin de semana cuando el Comité Político del PLD tiene una cita para decidir si apoyan el padrón abierto en la Ley de Partidos.-

 

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De la Constitución del 2015

            Artículo 124: …”El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Vigésima disposición transitoria: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ninguno otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”

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Hace rato comenzaron a cultivar la ilusiónj de continuar, Recon0ocen que en las actuales circunstancias, con gobierno y Danilo a la defensiva por Odebrech. Catalna-Marcha Verde, no es tiempo apropiado.

Parece una consiugna que Monchy Rodríguez repitió, aunque acariciándola.

Pronunciamientos como el de Lidio Cadet.

Ni Danilo ni Leonel

Expectativas de la primaria con padrón universal abierto

Si no es Danjilo, nadie le gana a LF en el PLD.

Transferrir apoyo externo a un candidato emergente: Nvarro, Glonzalo Castillo, José Ramón Peralta…

La macabra danza de la impunidad

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Deuda con la niñez dominicana

A1Por Juan Bolívar Díaz

            Las penalidades de la crisis política e institucional originada en las revelaciones del escándalo Odebrecht, que aún no cesan a más de siete meses de su estallido,  no deben impedir que se ponga atención al Informe sobre la Niñez en el Mundo del 2017 publicado la semana pasada por la reconocida organización internacional Save the Children, dadas las fuertes implicaciones que contiene para la sociedad dominicana.

Save the Children es una prestigiosa organización no gubernamental fundada en Londres en 1919, hace casi un siglo, para ayudar a la niñez víctima de la Primera Guerra Mundial, extendida ahora a 120 países. Tuvo el mérito de elaborar en 1924 la primera declaración sobre los derechos de la niñez, precursora de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 65 años después por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El informe de este año bajo el título “En deuda con la niñez”, revela que  por lo menos 700 millones de niños, la décima parte de la población mundial, han dejado de disfrutar de su niñez demasiado temprano, debido a diversas causas, como enfermedades, conflictos, violencia extrema, matrimonio prematuro, maternidad precoz, malnutrición, exclusión de la educación y el trabajo infantil.

Constriñe el espíritu saber que 8 millones de niños y niñas mueren al año por esas causas, tres cuartas partes antes de los 5 años de edad, y que más de 75 mil fueron asesinados tan sólo en el 2015, mientras el mundo gastaba 1,750,000 millones de dólares en armamento, la tercera parte sólo por la superpotencia dominante, y que hasta en los países pobres crece la inversión en armamentismo.

Para los dominicanos debe ser profundamente doloroso que esta nación aparezca en el escalón 120 de 172 evaluadas en el informe sobre las condiciones de la niñez, y entre las seis  peores del continente americano, apenas por encima de Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, curiosamente todas de la región centroamericana y de esta isla.

Entre los peores indicadores hay dos que debieron ser superados con campañas educativas que no requieren alta inversión económica, como son el matrimonio infantil y el embarazo de adolescentes. El 27.5 por ciento de las niñas contraen matrimonio o tienen pareja antes de los 19 años, casi 5 por ciento por encima de la tasa regional promedio. Y lideramos el continente, junto con Haití, en natalidad de adolescentes, con 97.3 por cada mil niñas de entre 15 y 19 años.

Más complejas de superar son las rémoras de nuestras altas tasas de muerte y trabajo infantil. Todavía registramos 30.9 muertes antes de los cinco años por cada mil nacidos vivos, y 13 por ciento de nuestros niños, más de 300 mil, tienen que trabajar para subsistir, aún con 15 por ciento que no asisten a la escuela, la mitad cuando llegan a la educación secundaria. Y todavía hay más vergüenza, pues figuramos entre los 10 países del continente con las más altas tasas de homicidios infantiles.

No existe la menor justificación para estos datos vergonzosos en un país que según las estadísticas oficiales lleva 6 décadas de crecimiento económico, en los últimos años entre los más altos del continente, con una “modernización” que para algunos remite al Nueva York chiquito o al Miami o el Mónaco caribeño.

Sólo la mayor inequidad y la concentración de la riqueza, la corrupción y la malversación pueden explicar esas iniquidades que deberían obligar a una profunda revisión. Eso seguirá ocurriendo mientras cualquier político  o funcionario pueda disponer de los bienes públicos a su antojo y conveniencia sin la menor consecuencia. Como acaba de documentar el periodista santiagués Esteban Rosario, al dar cuenta de que el presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2010-16, Abel Martínez, gastó 7  mil 380 millones de pesos en donaciones sociales, bonos navideños y publicidad. Con esa suma se habrían hecho dos proyectos habitacionales modelos como La Nueva Barquita.-

           

Con Venezuela en el corazón

Por más vueltas que se le dé, no hay forma de justificar el silencio ante el rumbo ya abiertamente dictatorial del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y mucho menos para los dominicanos que tenemos una antigua deuda de gratitud y solidaridad con el pueblo venezolano, que se inicia con el exilio del fundador de la República Juan Pablo Duarte, y luego de muchos otros patriotas, especialmente durante la larga tiranía de Trujillo, cuando se llegó al extremo del atentado contra la vida del presidente Rómulo Betancourt, cuya firmeza fue determinante para el aislamiento y liquidación del trujillismo.

Catorce venezolanos, el mayor contingente no dominicano, ofrendaron sus vidas en las expediciones contra la tiranía en 1959. Venezuela fue solidaria cuando la invasión de Estados Unidos en 1965 y defendió la incipiente democracia dominicana ante el intento golpista del 1978. Fue solidario el Pacto de San José, del presidente Carlos Andrés Pérez, renovado y ampliado por el presidente Hugo Chávez. Más de cincuenta mil dominicanos encontraron acogida migratoria tras el apogeo petrolero iniciado en los setenta.

Obligados estamos a ser solidarios con miles de venezolanos que en los últimos años han llegado al país, expatriados por las calamidades políticas y económicas por las que ahora atraviesan. Pero también estamos en el deber de contribuir activamente a lograr una salida a la grave crisis institucional y política que puede derivar en una guerra civil.

La realidad insoslayable es que los venezolanos llevan dos meses de confrontación callejera, con un balance de 55 muertos y cientos de heridos y apresados, y que en los últimos años otros tantos han perdido la libertad o se han visto compelidos al exilio. La crisis alcanzó su máxima expresión cuando la Suprema Corte despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales, con una sentencia tan insólita que tuvo que ser revocada de inmediato.

En medio de una creciente descomposición económica, con devaluación e inflación de tres dígitos, desabastecimiento, creciente desempleo y pobreza, y una de las más altas tasas de homicidio y delincuencia del continente, el régimen de Nicolás Maduro hace aguas, y en vez de conciliar con la oposición política, aumenta la represión y la agresividad.

No se puede ignorar que la crisis tiene raíces profundas, abonadas por sectores políticos y empresariales, ahora enfrentados al Gobierno de Maduro, que durante décadas fueron extractores y malversadores de la riqueza venezolana, cuya legendaria corrupción y desacierto determinó el colapso del sistema político y dejó a esa riquísima nación atada al modelo petrolero que se ha desplomado con la caída de los precios.

El chavismo fue una esperanza de rescate y en su primera fase implicó importantes reivindicaciones sociales, pero sin desatar el nudo petrolero, hasta aterrizar en el actual desastre económico, social y político. Hugo Chávez fue autoritario y caudillista, pero no se le puede negar su tremendo carisma, por lo cual ganó unas siete consultas populares, a hasta con dos tercios de los votos, en lo que residía su fuerza e invulnerabilidad.

Nicolás Maduro fue su heredero político y apenas superó en un punto porcentual al candidato de la oposición en las presidenciales del 2013, y dos años después ya perdió abrumadoramente el respaldo popular, cuando la oposición consiguió dos tercios de los escaños legislativos. Es lo que explica que el Gobierno, con el control de las cortes judiciales y del organismo electoral haya evadido las elecciones de alcaldes y gobernadores que debieron celebrarse al final del año pasado y el referéndum que reclamó la oposición.

El proyecto de una nueva asamblea constituyente, atando de antemano un tercio de sus integrantes, en medio de esta crisis, sin el mínimo intento de concertación con una oposición que las urnas certificaron mayoritaria, es un intento de distracción que solo conduce a la violencia y la disolución institucional. Desde fuera hay que contribuir a reencauzar el sistema político, abogando por el respeto a la institucionalidad democrática, y los dominicanos, incluyendo al Gobierno, tienen que abandonar el silencio y una neutralidad ya insostenible. Nadie que crea en los valores democráticos puede ignorar la realidad ni olvidar la solidaridad venezolana cuando los dominicanos la necesitaron.

Las reformas políticas necesarias

A1Por Juan Bolívar DíazFue satisfactorio dialogar el miércoles en Uno+Uno con el presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que pondera los proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, quien fue enfático en sostener que esta vez va en serio la reforma del sistema político electoral que se viene discutiendo durante dos décadas.El senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, reconoce que es a los partidos a quien más conviene establecer normativas para garantizar su democracia interna y la institucionalidad democrática nacional, cuya crisis está siendo patentizada por el auge de las protestas sociales y políticas encarnadas principalmente en la Marcha Verde.

Aunque se ponderan por separado dos proyectos de leyes sometidos por la Junta Central Electoral, Victoria Yeb coincide con quienes creen que deberían ser unificados, ya que muchas de las normativas democráticas que se demandan se refieren tanto al régimen de partidos como al electoral. Eso implicaría reconocer que las reformas no se imponen solamente en el accionar del sistema partidista, sino también en las garantías para una plena democracia. Lo referente a los partidos seria sólo un capítulo del código electoral.

Los planteamientos de Arístides Victoria renuevan la esperanza de que por lo menos los legisladores comprendan la responsabilidad que les enfrenta a un vigoroso movimiento social exigiendo el fin a la corrupción y la impunidad, lo que implica reformas que rebasan el ámbito electoral y se internan en la institucionalidad general, particularmente en la independencia y operatividad de las cortes judiciales y los organismos de control.

La circunstancia de que el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a la renovación del Tribunal Superior Electoral y parcialmente la Suprema Corte de Justicia, programándose para fin de año la del Tribunal Constitucional, es una oportunidad para que los gobernantes den claras señalas de receptividad frente al inmenso clamor nacional.
Victoria Yeb desestima la “reforma posible”, enarbolada por los que plantean que el poder acumulado no se cede, y se inscribe entre los que hablan de la “reforma necesaria”.

Asumiendo la sinceridad de su planteamiento, habría que formular votos porque se extienda a los demás comisionados y a las cúpulas políticas aferradas al pragmatismo salvaje, que se imponen a un poder legislativo tan débil como el judicial.

En el Congreso, como en los partidos, son muchos los que entienden la necesidad de profundas reformas para garantizar la elección democrática de dirigentes y candidatos, la transparencia y rendición de cuentas de los partidos y a la instauración de mecanismos que garanticen la plena libertad ciudadana para elegir sus autoridades y representantes.

Saben de sobra que urge reducir el alto costo de la política en el país, con rígidas limitaciones al tiempo, el financiamiento y el gasto de campañas, para reducir la corrupción y el abuso de los bienes y recursos del Estado y de todo género de dinero ilegítimo, que los principios de equidad que pregona la Constitución obligan a prohibir y sancionar el abuso de los poderes estatales en las campañas electorales, con límites a la propaganda gubernamental, al tradicional desbordamiento del gasto fiscal, a los repartos clientelistas, a las inauguraciones de obras, a menudo sin terminar, y al incremento del empleo en los organismos estatales.

Una reforma no puede ser para restringir derechos adquiridos, como el del voto preferencial, sino para ampliarlos a fin de que el elector pueda escoger senador y diputados por separado, y por igual alcaldes y regidores, más aún cuando desde el 2020 las elecciones municipales antecederán por varias semanas las presidenciales y legislativas.

Las demandas son viejas, pero nunca como ahora la sociedad dominicana las había formulado con tanto vigor, esperando respuestas rápidas y efectivas.

RD: todas las posibilidades

Por Juan Bolívar Díaz

14_05_2017 HOY_DOMINGO_140517_ Opinión9 A

Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.

Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.

No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario administrativo de la Presidencia, luego secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el Metro de Santo Domingo, con inversión de unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos, pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.

El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “El Métrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.

Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.

Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que solo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.

Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.

Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.

Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de Gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vinculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario, que Alicia Ortega advirtió sería “sobre el Metro y su trayectoria empresarial”, a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.

Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.

 

De licenciado a licenciado

Por Juan Bolívar Díaz
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A finales de aquellos ardorosos años sesenta cuando inicié la carrera periodística y todavía en los setenta, al hablar por teléfono con mis amigos de la izquierda (Rafael Chaljub Mejía Carlos Pimentel, Rafael Carvajal, Fafa Taveras entre otros), asumí llamarles licenciado, sin identificarlos por sus nombres, lo que ellos reciprocaban conscientes de que los espías del Gobierno podían estar interceptando nuestros teléfonos.

Sabíamos que la discreción no nos libraba de que fuéramos identificados, pero que por lo menos tuvieran el trabajo de hacerlo, hablábamos de “licenciado a licenciado”. Traje la titulación de México, donde los profesionales no eran doctores como aquí, sino licenciados. Y al que no le llamaban licenciado era un don nadie. Tanto que trabajando en el Centro Nacional de Comunicación Social dejé caer a los oídos de una secretaria que yo no era licenciado, pero sí ingeniero. Pocos días después un superior me preguntó por qué yo no había reportado mi profesión, y tuve que aclarar que lo de ingeniero era por haber nacido en un ingenio azucarero.

Todavía ahora, con Chaljub y Fafa nos saludamos con la exclamación de ¡licenciado! Nos quedó también la habilidad de iniciar las conversaciones con banalidades y claves improvisadas para distraer la atención de los interventores telefónicos. Me río de aquellos que dicen por teléfono hasta lo obvio y peor los que anuncian su ruta. Hace par de años en México un colega que ha escrito seis libros sobre el narcotráfico y debería cuidarse me llamó por teléfono para anunciar el tiempo en que pasaría a buscarme y ratificar la dirección de la casa donde me hospedaba. Cuando abordé su auto media hora más tarde le manifesté extrañeza de su falta de discreción telefónica en un país donde matan un periodista cada mes. Pensé que hasta corría peligro andando con él.

El anecdotario viene a cuento por la impúdica revelación del Ministro de Interior y Policía, de que ellos saben lo que los activistas de la Marcha Verde hablan por teléfono. Carlos Amarante Baret intentó rectificar cuando Huchi Lora le recordó los derechos constitucionales, pero como aquí “to e to y na e na”, se borra el pecado si una introducción de extremidad inferior es retirada ipso facto, como recitaba el exvicepresidente Carlos Goico Morales, quien exhortaba a los jóvenes reporteros a no pasar como “caprino satisfecho de frutas tropicales” (chivito harto de jobos).

El espionaje telefónico es una de las expresiones más crónicas de la anomia social dominicana. Infundió terror en los años de las dictaduras y ha proseguido campante en el período de intento democrático. Con agentes oficiales y extraoficiales, y empresas privadas de espionaje, como si fueran de seguridad o relaciones públicas. Cuando los presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía ganaron las elecciones, una de sus primeras visitas fue a Frank Cabral, pionero civil del oficio de interceptor, que en una de las primeras emisiones de Jornada Extra hace justo 25 años se auto definió como un “experto en comunicaciones”.

El abuso descarado de la intervención telefónica, violatorio del artículo 44 de la Constitución de la República que proclama el “Derecho a la intimidad y el honor personal”, llegó al extremo en la campaña electoral del 2012, cuando el entonces Procurador General de la República Radhamés Jiménez participó en una rueda de prensa de carácter político, en la que se reprodujo una conversación telefónica del jefe de seguridad del principal candidato opositor a la presidencia Hipólito Mejía.

En cuanto a mí, hace mucho que he sabido de intervenciones a mis teléfonos, pero me burlo de ellos, y comienzo a hablar enviando saludos a los amigos, Frank, Pepe, o Sigfrido. Evado que se enteren de asuntos personales, y en cuanto a los políticos, no tengo nada que ocultar, porque he sido un periodista tan libre, y tan afecto a la ética, que todo lo que hablo por teléfono puedo sostenerlo en la televisión o en este periódico. Y lo saben todos mis amigos, especialmente los licenciados.

El difícil tránsito de una ley

Por Juan Bolívar Díaz
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Dos meses después de promulgada la ley, asistimos a un insólito debate sobre si está o no en vigencia, y autoridades del sector, como el director general de Tránsito Terrestre, Luis Estrella, consideran que para que empiece a regir habrá que aprobar los 30 reglamentos que la misma contempla, un verdadero exceso que desconoce la lentitud reglamentaria que caracteriza al Estado dominicano. Duplica los 16 reglamentos de la nueva ley de la Policía Nacional que, promulgada el 15 de julio pasado, todavía no estrena el primero.

La Ley de Defensa de la Competencia 42-08, lleva más de 8 años esperando su reglamento, por lo cual no se ha podido aplicar plenamente. Michel Cohén, primera presidenta de Pro-Competencia terminó su gestión el año pasado sin haber logrado la reglamentación que reclamó sistemáticamente.

Hay muchos otros ejemplos, pero baste señalar la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, que arriba a su quinto año, y la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado, en camino a su cuarto año, esperando un reglamento que según la misma, debió promulgarse en seis meses, plazo que cumplió el Ministerio de Administración Pública, para tropezar con una gaveta de la Presidencia de la República. Tras varios años de estudios, consultorías nacionales e internacionales y consensos, ahora se dice que no hay recursos para aplicarla.

Si quieren irse más lejos, por ahí anda la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dispone los pactos eléctrico y fiscal, el primero con dos años de discusiones y el segundo relegado por soberana decisión de la máxima autoridad responsables de las aplicación de la leyes y del ordenamiento institucional.

Peor aún es que la Constitución del 2010 dispuso una veintena de leyes orgánicas para su aterrizaje, la mayoría de las cuales no se han abordado siete años después, algunas tan urgentes y manoseadas como las del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos.

La ley de Movilidad, Transporte y Tránsito es lo que podríamos denominar un desafío de vida o muerte, si tomamos en cuenta que la República Dominicana es el segundo país de mayor mortalidad por accidente de tránsito en el mundo, después de una minúscula isla del Pacífico conocida como Niue, de unos 5 mil habitantes. Nuestra tasa de 41.7 muertos por accidentes vehiculares por cada 100 mil habitantes, es mucho más del doble que el promedio americano que es 16.l. Los datos no son un invento para “desacreditar” el paraíso nacional, sino de la Organización Mundial de la Salud.

La pregunta obligada es cuántos años nos tomará aprobar los 30 reglamentos de la nueva ley de tránsito y cuántas personas más morirán antes de que comencemos a afrontar el caos del transporte terrestre y la peor epidemia nacional.

Puede entenderse que sean necesarios reglamentos para poner en vigencia el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, llamado a refundir unos ocho organismos de la materia sobrepuestos. Pero en otra parte del mundo se pensaría que rigen aspectos como la normativa de transporte en motocicletas, que originan más de la mitad de las muertes que conforman una auténtica epidemia nacional. Menos aún se puede entender que más de dos meses después de una ley tan esperada, el presidente de la nación no haya comenzado su “revolución” del transporte designando el director del instituto que tendrá las misión de elaborar los reglamentos.

A Dios que reparta suerte con la trascendente ley, cuyo nombre es tan largo como el calvario que le espera.

Grave e inexplicado deterioro

Por Juan Bolívar Díaz
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