Sembrar cemento y cosechar inundaciones

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Por Juan Bolívar Díaz

            No podemos culpar a María de todas estas inundaciones, que han arrojado  26 mil damnificados, un millar de viviendas destruidas o averiadas, una treintena de comunidades incomunicadas, puentes y carreteras dañadas, 27 acueductos fuera de servicio con casi medio millón de personas sin agua potable ni electricidad y pérdidas multimillonarias en la producción agrícola. Después de todo ese monstruoso huracán evadió golpear de lleno el país, como hizo con Dominica y Puerto Rico, convertidos en ruinas.

Dos semanas antes también nos pasó de lado Irma, otro monstruo atmosférico, que acabó con Bermudas y San Martín y dejó graves daños en Cuba y La Florida,  resultado de las descomunales agresiones contra la naturaleza en que se ha empeñado esta civilización depredadora. Con el agravante de que las peores catástrofes afectan a los más pobres, a los países más vulnerables por su posición geográfica y sus condiciones de vida.

Aquí hace tiempo que ya  no precisamos de un huracán para ver los resultados de esta última semana. En octubre y noviembre del año pasado, sendas vaguadas causaron tanto daño como ahora, En años anteriores, tormentas fuera de la temporada ciclónica resultaron devastadoras, como las denominadas Olga y Noel en el 2007.

Y así seguirá ocurriendo, ya que hemos destruido los lechos de los ríos, extrayendo sus agregados para levantar las edificaciones que tanto enorgullecen a los dominicanos, como signo de progreso y modernidad. Buscar los agregados en las minas terrestres identificadas hace tiempo costaba mucho más porque están más distantes  y hay que triturarlos, y para qué si los ríos están ahí a orillas de nuestras grandes urbes. Hemos sembrado abundante cemento y estamos cosechando inundaciones.

Un dramático ejemplo de esas depredaciones son los ríos y arroyos de San Cristóbal, que aunque fundamentales para dar agua a más del 40 por ciento de la población dominicana, han sido sistemáticamente saqueados a la vista de todos. Durante años los grupos ecologistas y los expertos han venido advirtiendo de las consecuencias, pero ha podido más el poder de los traficantes y constructores.

Todavía el mes pasado se denunciaba que persistía el saqueo del hace tiempo degradado río Nigua. En marzo el senador Tommy Galán emplazó al Ministerio de Medio Ambiente a detener la depredación de esa importante fuente fluvial. Una y cien veces se anuncia que se terminó la explotación abusiva de los lechos fluviales, pero no hay manera de hacerlo cumplir.

Y así seguimos de tormenta en tormento, sin que podamos asistir a los damnificados. Menos de la mitad de los que perdieron sus viviendas o sufrieron graves daños en octubre-noviembre del año pasado, han recibido el auxilio gubernamental. De 41 mil millones de pesos en que fueron evaluados, sólo se les ha podido destinar 20 mil millones, según la versión más optimista.

Mientras tanto, el fulgor del cemento y la concentración de la riqueza siguen impulsando a los dominicanos a emigrar al borde de la modernidad, incentivados por las persistentes pérdidas en los pequeños cultivos, generadas por las inundaciones, para sobrevivir en condiciones extremas de vulnerabilidad. .

No culpemos de nuestras imprevisiones, inequidades e iniquidades a los huracanes Irma y María. Mejor será que nos vayamos preparando para la catástrofe a que nos conduce nuestra creciente vulnerabilidad, cuando nos toque un monstruo de la categoría de los que apenas nos han rozado en este mes. Entre 1930 y 1998 nos destrozaron 4 grandes huracanes, San Zenón, Inés, los gemelos David y Federico, y George, por lo menos uno cada 17 años, y del último ya han pasado 19. Nuestra pobreza y miseria no necesitan ser desnudadas, es que sus intimidades están a la vista de todos.-

 

 

 

Limpieza a fondo en Educación

Por Juan Bolivar Diaz
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Una lucha de muy largo aliento

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Por Juan Bolívar Díaz

Pueden recoger y volver al cómodo individualismo y las agendas particulares todos los que crean que la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad alcanzará su objetivo de manera fácil y a corto plazo, pues se trata de una batalla de muy largo aliento, en la que hay que renovar la consigna de que “en la lucha del pueblo nadie se cansa”.

Son muchas las jornadas de lucha de la sociedad dominicana, pero debe ser enarbolada como ejemplo de concertación y persistencia la que de la Coalición por una Educación Digna hasta que obligó a cumplir la ley general de Educación de 1997 que dispuso la inversión del 4 por ciento del producto bruto interno en la educación básica.

Durante 15 años múltiples organizaciones sociales, como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Educa, Participación Ciudadana y el Centro Bonó, con apoyo de los medios y comunicadores independientes, se mantuvieron promoviendo el cumplimiento de una ley que ya había sido fruto de años de concertaciones  por la educación, para que más de 363 niños pudieran ir a la escuela y los que asistían encontraran butacas para sentarse. Luchamos por el desayuno escolar y para que construyeran 10 mil nuevas aulas y reparáramos miles deterioradas. Se impartía docencia bajo árboles y en enramadas y los padres y maestros tenían que llevar hasta tizas y borradores.

En 2008, la ADP, presidida entonces por la maestra María Teresa Cabrera, ahora entre las líderes de la Marcha Verde, lanzó la campaña nacional de “Un millón de firmas por la educación”,  alcanzando en noviembre 535 mil. Fue el germen de la Coalición por una Educación Digna lanzada el año siguiente por decenas de entidades sociales,  y constituida formalmente en el 2010.

Los paraguas amarillos fueron elementos escenográficos en  programas de televisión. En el 2010 se fracasó en lograr que el gobierno del PLD  incluyera  el 4% para la educación en el presupuesto del 2011. Destinábamos apenas el 2%, mientras América Latina promediaba 4.8%, pero la lucha continuó. Los distintivos amarillos llegaron a ser objeto de agresiones, como la sufrida por el padre Mario Serrano en una de las vigilias ante el Palacio Nacional. Hubo que hacer que el Tribunal Contencioso Administrativo dictaminara  que la policía no podía impedir las manifestaciones ciudadanas.

El 2011 fue el año de mayores movilizaciones, con “caminatas por la educación” en diversas ciudades del país. El 2 de octubre fue la mayor cuando unas diez mil personas marcharon desde la Universidad Autónoma hasta el parque Independencia. La  Coalición aprovechó la campaña electoral del 2011-12 para forzar a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de acatar la ley del 4% del PIB para educación, que ha cumplido el gobierno de Danilo Medina, que lo enarbola como su obra maestra.

Este recuento vale para ser tomado en cuenta por los que dentro de la Marcha Verde se impacientan porque a 8 meses de su inicio no alcanzan a ver logrado el objetivo, y para los que desde el PLD y el gobierno juegan al paso del tiempo y el cansancio. Es más difícil el fin a la impunidad para contener la corrupción, que lo que fue alcanzar el 4% del PIB para la educación. Es muchas veces más complejo revocar los niveles de enriquecimiento ilícito, de rentismo y clientelismo, así como el patrimonialismo del Estado.

La Marcha Verde tendrá mayores posibilidades en la  medida en que se acerquen las próximas elecciones generales, en el 2020, y si persiste hasta entonces podría alcanzar niveles apreciables de éxito. Si los actuales gobernantes no responden al clamor nacional, y si los partidos opositores no son capaces de asumir con nitidez  la urgencia del cambio, habrá posibilidad de que emerja una alternativa política, como ha ocurrido en  los últimos años en toda la región centroamericana y antes en Sudamérica.

Todo depende de que la Marcha Verde mantenga el crecimiento sostenido y el vigor que registra y sus características fundamentales como movimiento cívico-social, no partidista, plural, participativo y de dirección horizontal, que ha promovido cientos de nuevos dirigentes sociales y de actores políticos.-

 

 

 

 

 

 

Este país del amagar y no dar

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Todas las víctimas del terror

Por Juan Bolívar Díaz  

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A todo ser humano con un mínimo de sensibilidad se le debe constreñir o marchitar el alma ante acciones terroristas tan bárbaras como los registradas el jueves 17 en Barcelona, que costaron 15 vidas y medio centenar de heridos, sembrando pánico y estupor en el corazón de esa hermosa y acogedora urbe. No sólo fue una agresión a los catalanes y los españoles, sino también a los más de 75 millones de turistas que visitan cada año esa nación, y por extensión a todo el universo.

Cuando se ven las fotografías de la docena de involucrados en el atraque a Barcelona, casi todos muchachos entre 18 y 25 años de edad, resulta más difícil de entender cómo es posible acumular y desbordar tanto odio y resentimiento, peor aún cuando se invoca un patriarca y un credo religioso. Difícil es también vislumbrar cómo podrá detenerse  la creciente ofensiva terrorista de fundamentalistas religiosos, que no desembarcan ni aterrizan en los países agredidos, sino que nacieron en los mismos. Y son muchos millones los descendientes de inmigrantes en las naciones occidentales, entre los que crece el resentimiento, pues su discriminación y exclusión crece con cada acto de terror que involucra alguno de ellos.

El terrible círculo vicioso de la violencia terrorista es más complejo de lo que la gran mayoría cree en los países occidentales y de lo que reflejan sus medios de comunicación. La primera página internacional de HOY del sábado 19 estaba encabezada por el estupor de Barcelona. Al medio un titular a las 6 columnas: “Un joven mata a 2 y hiere 6 con un cuchillo en Finlandia”, y abajo a una sola columna “Mueren 24 civiles en ataque contra yihadistas en Raga”. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que 24 civiles, incluyendo 8 menores y 7 mujeres, murieron por un ataque aéreo de la coalición que encabeza Estados Unidos contra el Grupo Terrorista Estado Islámico en Siria.

Muchos en nuestros países creen que los muertos de Raga son daños colaterales de una “guerra justa” contra los bárbaros del EI, y que el bombardeo aéreo no fue un acto terrorista. Sobre todo si a esos 15 niños y mujeres las bombas no les dieron tiempo para sentirse aterrorizados, como los que huyeron despavoridos en la Rambla de Barcelona.

Pero lo de Raga es pequeño. El 23 de junio pasado, la Agencia Francesa de Prensa reportó que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, radicado en Londres, informó que en el último mes los bombardeos de la coalición, mataron 472 civiles, y que desde su inicio han cobrado la vida de 1953 civiles, entre ellos 456 niños y 333 mujeres.

Duele más saber que el terrorismo estatal es sistemático en nuestro mundo. En el 2014 la aviación israelí bombardeo 142 escuelas, incluyendo 80 auspiciadas por ACNUR, matando 392 niños y dejando 2,502 heridos, según reportó UNICEF, en el pequeñito territorio de Gaza. Y esas cifras parecen insignificantes cuando se conocen estudios como el del Physicians for Social Responsability de Washington DC, 2015, que cuantifican los muertos por la “guerra contra el terrorismo” en Irak, Afganistán y Pakistán en al menos un millón 300 mil personas, tras los actos también terroristas del 2001 contra Estados Unidos. Los civiles muertos por la guerra de Estados Unidos contra Irak se estimaron sobre 650 mil.

Todos esos muertos, los millones de heridos y desplazados de esos países de Asia, y del norte de Africa, la destrucción de ciudades enteras, con participación de Estados Unidos y aliados europeos, como Gran Bretaña, España e Italia, sin irnos más atrás a las atrocidades coloniales y reparticiones territoriales,  son generadores del resentimiento y el odio que brota y hiere profundamente el ánimo de los seres humanos de todo el mundo.

Lo más grave es que no somos capaces de buscar las raíces de esta barbarie, y la reacción más generalizada es descalificar y discriminar a los musulmanes e islamitas en general, como si las barbaries occidentales fueran atribuibles al cristianismo predominante.

Si algo paree claro es que cada vez más frecuentemente aparecen extremistas capaces de inmolarse matando cruelmente a inocentes en las ciudades europeas, mientras se sigue abonando con sangre el nacimiento de nuevos suicidas que se creen mártires.

Una oración por todas las víctimas del terror.-

 

           

Deuda con la niñez dominicana

A1Por Juan Bolívar Díaz

            Las penalidades de la crisis política e institucional originada en las revelaciones del escándalo Odebrecht, que aún no cesan a más de siete meses de su estallido,  no deben impedir que se ponga atención al Informe sobre la Niñez en el Mundo del 2017 publicado la semana pasada por la reconocida organización internacional Save the Children, dadas las fuertes implicaciones que contiene para la sociedad dominicana.

Save the Children es una prestigiosa organización no gubernamental fundada en Londres en 1919, hace casi un siglo, para ayudar a la niñez víctima de la Primera Guerra Mundial, extendida ahora a 120 países. Tuvo el mérito de elaborar en 1924 la primera declaración sobre los derechos de la niñez, precursora de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 65 años después por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El informe de este año bajo el título “En deuda con la niñez”, revela que  por lo menos 700 millones de niños, la décima parte de la población mundial, han dejado de disfrutar de su niñez demasiado temprano, debido a diversas causas, como enfermedades, conflictos, violencia extrema, matrimonio prematuro, maternidad precoz, malnutrición, exclusión de la educación y el trabajo infantil.

Constriñe el espíritu saber que 8 millones de niños y niñas mueren al año por esas causas, tres cuartas partes antes de los 5 años de edad, y que más de 75 mil fueron asesinados tan sólo en el 2015, mientras el mundo gastaba 1,750,000 millones de dólares en armamento, la tercera parte sólo por la superpotencia dominante, y que hasta en los países pobres crece la inversión en armamentismo.

Para los dominicanos debe ser profundamente doloroso que esta nación aparezca en el escalón 120 de 172 evaluadas en el informe sobre las condiciones de la niñez, y entre las seis  peores del continente americano, apenas por encima de Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, curiosamente todas de la región centroamericana y de esta isla.

Entre los peores indicadores hay dos que debieron ser superados con campañas educativas que no requieren alta inversión económica, como son el matrimonio infantil y el embarazo de adolescentes. El 27.5 por ciento de las niñas contraen matrimonio o tienen pareja antes de los 19 años, casi 5 por ciento por encima de la tasa regional promedio. Y lideramos el continente, junto con Haití, en natalidad de adolescentes, con 97.3 por cada mil niñas de entre 15 y 19 años.

Más complejas de superar son las rémoras de nuestras altas tasas de muerte y trabajo infantil. Todavía registramos 30.9 muertes antes de los cinco años por cada mil nacidos vivos, y 13 por ciento de nuestros niños, más de 300 mil, tienen que trabajar para subsistir, aún con 15 por ciento que no asisten a la escuela, la mitad cuando llegan a la educación secundaria. Y todavía hay más vergüenza, pues figuramos entre los 10 países del continente con las más altas tasas de homicidios infantiles.

No existe la menor justificación para estos datos vergonzosos en un país que según las estadísticas oficiales lleva 6 décadas de crecimiento económico, en los últimos años entre los más altos del continente, con una “modernización” que para algunos remite al Nueva York chiquito o al Miami o el Mónaco caribeño.

Sólo la mayor inequidad y la concentración de la riqueza, la corrupción y la malversación pueden explicar esas iniquidades que deberían obligar a una profunda revisión. Eso seguirá ocurriendo mientras cualquier político  o funcionario pueda disponer de los bienes públicos a su antojo y conveniencia sin la menor consecuencia. Como acaba de documentar el periodista santiagués Esteban Rosario, al dar cuenta de que el presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2010-16, Abel Martínez, gastó 7  mil 380 millones de pesos en donaciones sociales, bonos navideños y publicidad. Con esa suma se habrían hecho dos proyectos habitacionales modelos como La Nueva Barquita.-

           

Para salvar el Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz

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Tal como advertíamos en el análisis del pasado sábado en HOY, el Consejo Nacional de Migración reunido este martes no tuvo más opción que prolongar por otro año la vigencia de los 230,065 permisos provisionales de trabajo en el país, lo que constituye el tercer esfuerzo por salvar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) dispuesto por el Decreto 327-13 del presidente Danilo Medina, en retardado acato de la Ley General de Migración 285-04 promulgada 9 años antes por el presidente Hipólito Mejía.

La resolución fue adoptada por este Consejo de Migración del que forman parte 8 ministros y otros tantos funcionarios del Estado, quienes han encargado a la Dirección de Migración que en un plazo de 30 días presente un protocolo para tratar de lograr que quienes no han podido completar los requerimientos del PNRE alcancen la meta y declarar la caducidad de los permisos a quienes no lo puedan hacer en un año.

En el citado análisis también advertimos que sin atacar los escollos que impiden completar la regularización, el Estado seguirá indefinidamente “de renovación a renovación”, a menos que considere que con 8 o 10 mil es suficiente para las labores productivas y de servicios que realizan los inmigrantes, particularmente ese 97.7 por ciento que son haitianos, casi todos muy pobres.

Si ya en el 2012 el país cargaba con 485 mil inmigrantes haitianos, seguramente  más de 550 mil tres años después, y con más razón si fueren uno o dos millones, como reiteran los radicales, lograr una regularización de 230 mil sería un gran éxito, porque separando la paja del trigo, haría más fácil la tarea de deportar los excedentes que no porten el carnet de regularizados.

Lo primero que no sólo el Consejo Nacional de Migración, sino todo el gobierno y la sociedad dominicana debería decidir, es si necesitamos o no los inmigrantes haitianos y en qué cuantía, y establecerle requisitos que esa proporción pueda cumplir, y si no los necesitamos, si estamos en capacidad de pagar el costo de deportarlos a todos y sellar la frontera por completo, muro incluido, para liquidar también el centenario negocio de los traficantes de haitianos.

Si se entiende que necesitamos inmigrantes, hay que salvar definitivamente el PNRE, que con el de ahora lleva tres intentos frustrados. El primero fue días antes de vencer el plazo para el registro, el 17 de junio del 2015, cuando apenas el 1.8 por ciento de los 239,368 solicitantes habían completado el exigente pliego de requisitos. Decidieron aceptar provisionalmente  a todos los que iniciaran el proceso, por lo que se produjo la avalancha de la última semana y subieron a 288,467. Como 38,226 no calificaron, mayormente por no tener documento de identidad o de tiempo en el país, quedaron 250,241 que fueron los regularizados  provisionalmente por uno o dos años. Como 20,176 no se presentaron a recibir la autorización provisional, quedaron en los 230,065 que nos ocupan.

Pero resulta que el 1.8 por ciento que había cumplido los requisitos se elevó hace un año apenas al 2 por ciento, lo que determinó el segundo salvataje que lo llevó al 3 por ciento, totalizando apenas  7 mil 834 regularizados. Ello obligaría a sincerar la realidad, simplificar y abaratar los costos del proceso, pero nos vamos con un tercer plazo de un año que obviamente no resolverá.

Si en realidad queremos la regularización, procede modificar el decreto y reducir los requisitos a las cuestiones esenciales, como la identificación personal  y haber ingresado al país antes de octubre del 2011, que ya llenaron los 230 mil provisionales. Sería suficiente que agregaran certificado de no delincuencia, constancia de trabajo y de vivienda y arraigo social. Inútil seguir pidiéndoles cuentas bancarias, propiedades muebles e inmuebles, etc.

Como varios requisitos básicos dependen de dominicanos, es fundamental que el Estado los promueva con decisión y valentía para que la población entienda que colaborar a regularizar a un empleado, inquilino  o vecino trabajador y de buena conducta, no equivale a vender la patria, como se ha inculcado. De lo contrario, tendremos que afrontar el punto final o seguir de renovación a renovación.-

Graves desafíos ambientales

Por Juan Bolívar Díaz
30_04_2017 HOY_DOMINGO_300417_ Opinión9 A

El diagnóstico presentado esta semana en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio sobre el manejo de los residuos sólidos representa otro de los grandes desafíos para la sostenibilidad de un país que persiste en dar vuelta sobre sus problemas ancestrales, que dilata hasta lo infinito la aprobación de estrategias y normativas y que luego se hace de la vista gorda para no cumplirlas. Subyace una sensación de impotencia, como si no pudiéramos invertir los recursos y las energías que demandan nuestros graves problemas.

El ministro de Medio Ambiente y los principales ejecutivos de la Federación Dominicana de Municipios y de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo más el director de Programas Especiales de la Presidencia coincidieron en que en disposición de los desechos sólidos el país vive en etapa primitiva, solo que ahora genera cada día 14 mil toneladas, con abundante material no degradable y contaminantes, y que apenas una ínfima parte se recicla en condiciones prehistóricas.

El cuadro presentado no podía ser más dramático: tenemos 358 vertederos de basura a cielo abierto, uno por cada 135 kilómetros cuadrados, sin ningún control, en una maraña de intereses, tráfico y corrupción, como ha quedado evidente una y otra vez en el de Duquesa, que recibe más de la mitad de los desechos sólidos del país, con un desorden tan grande que abarca hasta la propiedad de los predios donde se asienta. Y además la empresa que lo gestiona se dio el lujo de poner en jaque la mayor urbe del país, dejándola saturar de basura para buscarse un desproporcionado incremento de sus tarifas.

En múltiples casos la ubicación de esos vertederos contamina las aguas de ríos, arroyos. cañadas y costas, constituyéndose en otra calamidad para la salubridad pública en un país que tiene el turismo como su principal industria.

Ayuntamientos en mendicidad financiera frente a un Gobierno que le sustrae dos terceras partes del presupuesto que le asigna una ley, sin transparencia, mucho clientelismo y dispendio, confiesan su incapacidad para enfrentar el reto de los desechos sólidos. Gestores municipales se han aliado a buscadores de oportunidad para usufructuar contratos de simple recogida de basura, y aún esto con evidenciada y alarmante ineficiencia.

En muchos lugares del mundo, incluyendo a países con menor crecimiento económico, los desechos sólidos han sido convertidos en fuente de energía, con adecuadas clasificaciones y reciclaje, derivando de ellos riquezas en vez de fomentar la insalubridad y la suciedad.
Desde hace cuatro años cursa en el Congreso un proyecto de ley que constituiría el marco jurídico y gerencial para el manejo de los residuos sólidos y según el ministro Francisco Domínguez Brito falta poco para su aprobación. No parece mucho tiempo de ponderación, si se compara con el proyecto de ley de aguas, que lleva dos décadas de estudios técnicos y discusiones.

Por supuesto que la ley no será suficiente y después habrá que pasar años discutiendo su reglamentación y más tarde desarrollar jornadas de oración para que se acaten las normativas y aparezcan los recursos necesarios para las inversiones, con unos ingresos fiscales que apenas alcanzan ya para cubrir gastos corrientes, para pagar la creciente deuda, para el reparto y el enriquecimiento ilícito.

El próximo mes de junio hará un año que se proclamó la Estrategia Nacional de Saneamiento, derivada de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y fruto del esfuerzo de la Comisión Nacional de Saneamiento y del patrocinio de la cooperación española. Pero los responsables de su implementación se empeñan en el silencio, aparentemente a la espera de los recursos que demanda.

Ojalá que los dominicanos podamos superar las intensas querellas y dolencias que nos paralizan y comencemos a enfrentar desafíos como los del saneamiento ambiental, dentro de los cuales resalta el manejo de los desechos sólidos.

 

Inmensa gratitud comprometida

Por Juan Bolívar Díaz

02_04_2017 HOY_DOMINGO_020417_ Opinión9 A
Permítaseme ocupar este espacio semanal para expresar inmensa gratitud por las verdaderamente innumerables muestras de reconocimiento y estímulo que hemos recibido en ocasión de la celebración del 30 aniversario del telediario Uno+Uno que fundáramos junto a Luis González Fabra y Luis Concepción el 17 de marzo de 1987, con el invaluable apoyo de Teleantillas y la familia Corripio, del que todavía disfrutamos.

 

Hasta hace poco esos reconocimientos se hubiesen limitado a algunas decenas de cartas y arreglos florales entregados por mensajería, y a un par de editoriales y artículos en los periódicos, pero ahora son miles las expresiones a través del correo electrónico y las redes sociales, por lo que resulta imposible responderlas y hacer saber cuánto nos comprometen a proseguir una profesión que marca 49 años, haciendo honor a los principios fundamentales de la comunicación, hacer común los sueños, aspiraciones, demandas y necesidades de los seres humanos, defender derechos y dar voz a los que no la tienen, enlazar la convivencia humana.

Aunque siempre hemos tratado de que los reconocimientos no produzcan arterioescrelosis cerebrales, también nos hemos negado a incurrir en la hipocresía muy común de que no los necesitamos ni los merecemos. Los necesitamos porque la pelea cotidiana por los derechos integrales de los seres humanos, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la convivencia, por la honestidad y la transparencia, es bien cuesta arriba, a menudo desgastante, y porque nos obliga a repetirnos y dar vueltas a la noria de nuestras debilidades. Y quizás también porque hay muchos que quisieran nuestro silencio, el que nada ha podido comprar.

Esos reconocimientos los merecemos por cuanto nuestro ejercicio profesional nunca ha sido fruto de un llanero solitario, sino de la conjunción de múltiples esfuerzos humanos, en la radio, en los periódicos y en la televisión, como en las aulas universitarias y en el gremialismo al que dedicamos dos tercios de nuestra vida profesional. Por eso en el reciente discurso de celebración repetimos que hubiésemos sido polvo pasajero de no habernos ligado siempre a una gran legión de compañeros y compañeras que comparten sueños y esperanzas. E incluso de no haber tenido la comprensión y el estímulo de muchos empresarios, de los medios donde laboramos y algunos muy relevantes del ámbito nacional, los que personifiqué en Pepín Corripio, Alejandro Grullón, José León y Rafael Perelló.

Entre todas las gratitudes que nos han comprometido en estos días no es posible pasar por alto la de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, quien tuvo la inmensa generosidad de dedicarnos su columna En Plural del domingo 26 en el Listín Diario. Ella, que fue atrevida llama iluminante de los que fuimos sus alumnos antes que cayera fulminado el tirano de 31 años, a quien en el 2001 definimos como “madre y maestra sin tregua ni plazos, merecedora en vida de los mayores reconocimientos como forjadora de hombres y mujeres libres, a través de un ministerio del nivel medio y universitario, por ser militante de la política límpida y trascendente y del gremialismo llamado a ennoblecer la vida y el trabajo de los maestros”.

La profesora Ivelisse, quien se mantiene impertérrita tras más de ocho décadas de luchas sin tregua, recordó un debate en su aula del Liceo nocturno Eugenio María de Hostos, con aquel alumnado tan variopinto, como ella indica, y nos atribuyó haberle dado una lección, a los 16 años. Fue un exceso de generosidad de ella, pero me impresionó que recordara detalles que no percibimos y apenas palpadean en nuestro disco duro. Ella, la hija de un presidente del Partido Dominicano de Trujillo, nos enseñó el camino de la libertad y lo ha transitado junto a sus alumnos por los años de los años.

¡Por la salud de la patria!

Por Juan Bolívar Díaz
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Me cuento entre los que irán a Santiago este domingo para acompañar a los cibaeños en el nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción y la impunidad que cada día se fortalece con la incorporación de los más variados segmentos de la población dominicana.

Después de tantos años escuchando que predicábamos en el desierto los que enarbolábamos la necesidad de una reacción colectiva frente a los niveles de descomposición social generados por la corrupción e impunidad, que se reproducen en delincuencia, arriba, por abajo y en todas las direcciones, tenemos que celebrar el sacudimiento que se produce actualmente en la conciencia social de los dominicanos.

Es muy alentador comprobar que las nuevas generaciones, especialmente de las clases medias más conscientes y menos dependientes de la ignorancia, las migajas del reparto y del temor, se están levantando para exigir un reordenamiento de este terruño, que es el único lugar donde no seremos nunca extranjeros, y porque las puertas de la emigración se están cerrando progresivamente.

Hay que repetirlo una vez más: ya no podremos enviar al exterior los dos millones de dominicanos que emigraron en el último medio siglo; ya Estados Unidos no volverá a otorgar residencia a un millón 305 mil dominicanos, como ocurrió entre el 1970 y el 2015, y la inseguridad no podrá ser contenida si no comenzamos una gran batida contra el robo del patrimonio colectivo, que al exhibirse impunemente se convierte en un patrón cultural de vida y un incentivo para que cualquiera salga a “buscarse lo suyo” sin respetar la menor normativa.

El ritmo ascendente en que se mantiene la demanda de poner fin a la impunidad es indiscutible y ya lo perciben hasta los mayores beneficiarios de la corrupción que por lo mismo hacen mayores esfuerzos por estigmatizar la movilización social, atribuyéndola a intereses empresariales y otorgándole un carácter sedicioso. Intentan intimidar con la amenaza de soltar paleros, pero saben que ese intento de remedio podría alimentar exponencialmente la llama verde que recorre el país.

Por otro lado, hay quienes apuestan al cansancio, a que el movimiento se frustre, incluso meten cuñas tratando de alentar posiciones irreflexivas que puedan espantar a los sectores menos acostumbrados a las luchas político-sociales. Sobre esto tienen que mantenerse alerta los líderes y voceros de la movilización. Su multiplicidad, variedad y espontaneidad, es su fuerza y al mismo tiempo su peligro.

La presión social por la sanción de los últimos escándalos de corrupción -OISOE, Tucanos, Odebrecht, CORDE, CEA- no puede cesar y todavía espera la incorporación de muchos ciudadanos y ciudadanas. La ausencia de respuestas gubernamentales y judiciales se basa en que el tiempo los beneficia. Pero eso mismo determina que hasta los más conservadores estén llegando a la convicción de que sólo elevando la presión se logrará alguna sanción. Y sobre todo que se generarán las reformas políticas e institucionales para poner límite a la malversación y a la putrefacción de la política.

Odebrecht tiene que marcar un punto de inflexión. La República Dominicana fue -proporcionalmente- el mayor escenario del escándalo de corrupción internacional más sonado de la historia, incluyendo a Brasil. Y sin este, que fue el exportador de los sobornos, el país registró 56 por ciento sobre el promedio de los otros diez países involucrados.

Ya lo escribió el miércoles en El Nacional el profesor del periodismo santiagués Carlos Manuel Estrella: “El Movimiento Verde hará historia en Santiago este 26 (hoy) en acción ciudadana por el fin de la impunidad. ¡Caminemos por la salud de la patria! Aunque llueva, como está pronosticado. La lluvia no paró ni redujo el movimiento de la marcha verde el 5 de marzo en Puerto Plata.