La difícil competitividad nacional

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Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el presidente Danilo Medina reunió por primera vez y juramentó el Comité Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad, integrado por una gran representación del alto empresariado, debe esperarse que se implementarán en breve plazo, las políticas imprescindibles para que el país pueda colocare en el exigente escenario de competitividad global, donde sólo competimos con ventajas comerciales frente a Haití.

En esa dirección de inmediato se dieron a conocer dos decretos presidenciales, uno creando un Comité Nacional de Facilitación del Comercio, y otro que reglamenta el funcionamiento del Consejo, éste último con años de retraso, como tantos otros reglamentos pendientes de múltiples leyes de  los últimos años como, por ejemplo, el de la Comisión Nacional para Defensa de la Libre Competencia, de la ley de salarios del sector público o  la ley de la Policía Nacional.

Hay que celebrar que el presidente Danilo Medina dijera que se trabaja con el sector privado “para que haya empresas productivas, servicios públicos más eficientes y puestos de trabajo bien remunerados para todos”, aunque queden dudas por el hecho de que algunos no son demasiado amigos de la libre competencia. También es positiva la promesa de enviar al Congreso un proyecto de ley para simplificar los procesos para  la formación de empresas, aunque luce exagerado, y hasta podría ser conflictivo, que se le pretenda con capital cero, como se anunció.

Instituido en el 2006 como un órgano con participación del sector privado, el Consejo de Competitividad ha sido relegado, a pesar de las urgencias y reclamos nacionales, tanto como la Comisión para Defensa de la Libre Competencia, creada por otra ley dos años después.

En hora buena, pues, aunque se necesita muchísimo más que lo realizado, y que numerosos organismos de cogestión pública-privada no han pasado del papel o de las fotografías para publicitar una supuesta apertura, en gobernantes que se han caracterizado por tendencias autoritarias y por sólo disponer políticas oportunistas perseguidoras de popularidad o de votos. Aparecer rodeado del alto empresariado pudo ser una  pose repuesta del presidente Medina a la contundente crítica expresada recientemente por el encargo de negocios de la embajada de Estados Unidos, especialmente sobre la pobre competitividad nacional, la inseguridad y el hartazgo de la corrupción.

Por cierto que el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano de la Universidad Católica Madre y Maestra ha entregado muy oportunamente un “Informe Especial: Instituciones y Competitividad”, que podría ser muy útil tanto para el gobierno como para su comité Consultor empresarial. Se trata de un análisis de 17 páginas que pondera la evolución del país en los últimos 11 informes del Indice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial, comprendidos en el período 2007-17. Aunque casi todos incluyen más de 130 países, 137 el del 2017-18, esta evaluación incluye sólo a los 114 que han estado en todo el período, entre ellos RD.

El resumen es que RD ha perdido 5 escalones, “debido a males como la corrupción, la ineficiente burocracia gubernamental, las tasas impositivas, una fuerza de trabajo inadecuada y la inseguridad provocada por crímenes y robos”, y que 87 de los 114 tuvieron mejor desempeño. En entorno institucional el país registra un descenso progresivo en los últimos 4 IGC, cuando 92 países han mejorado.

Merece particular atención la ponderación del pilar Etica y Corrupción, donde el país ha desmejorado también en los últimos 4 índices para ocupar el escalón 112 de esos 114 permanentes. Pero no se crea que ese alarmante nivel es sólo patrimonio del sector público, ya que en ética corporatiova o empresarial, quedamos con una pequeña diferencia de dos escalones, en el 110 de 114, el quinto peor.

Ojalá que tanto los funcionarios del Consejo como los consultores empresariales se animen a ponderar el coincidente aporte de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.-

 

 

 

Buen aporte al periodismo

A1    Por Juan Bolívar Díaz

El Análisis del Desarrollo Mediático en la República Dominicana publicado la semana pasada por el Colegio Dominicano de Periodistas, auspiciado por el Programa  Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la Unesco, constituye un importante aporte para la comprensión de los factores que degradan progresivamente el ejercicio del periodismo en el país.

Recogido en un libro de 200 páginas, se fundamenta en estudios anteriores, en una encuesta sectorial que abarcó a 331 periodistas, una encuesta nacional de credibilidad con una muestra de 1,200 hogares y entrevistas a ejecutivos, así como grupos focales, bajo la coordinación del reconocido periodista y profesor Adalberto Grullón, y con un amplio y representativo consejo consultivo.

Periodistas, propietarios, ejecutivos de los medios, académicos y dirigentes gremiales, deben echarle una mirada profunda a este estudio para tratar de entender las serias limitaciones con que se ejerce el periodismo en el país, derivadas básicamente de muy pobres condiciones salariales y laborales que han reducido el margen de independencia de los periodistas y generado su cooptación por los poderes públicos.

El problema comienza por lo que pareciera una ventaja, el enorme aparato mediático dominicano, desproporcionado para ser sustentado por la publicidad de un mercado de consumidores de 10 millones y medio de personas, la mitad de escaso  poder de compra. Son 8 periódicos diarios, 46 canales de televisión, 379  radioemisoras comerciales y 92 comunitarias y 90 compañías de televisión por cable, cada una de las cuales oferta decenas o cientos de canales nacionales e internacionales. Más cientos de periódicos y blocks digitales

El estudio no cuantifica la cantidad de programas de radio y televisión diarios o semanales producidos a nivel nacional, ni las revistas y otros impresos que también compiten por un pastel publicitario que se divide en miles de fragmentos, pero que se concentra en pocos medios, especialmente de la televisión, que capta el 70 por ciento, dejando a la mayoría cada vez más débil y expuesta a las manipulaciones y cooptaciones del poder político y económico, en detrimento de la hipoteca social del periodismo.

Directamente vinculado al minifundio mediático está el bajo salario promedio de los periodistas, de apenas 25 mil 730 pesos mensuales, estimado en apenas algo más del 50 por ciento del prevaleciente en América Latina y el Caribe. Consecuencia directa es que 53% de los periodistas tienen al menos dos empleos, de los cuales sólo el 23% en  otro medio de comunicación como segunda fuente de ingreso y se ven forzados a jornadas laborales muy extensas que degradan sus vidas y la calidad de su trabajo. El 27.8% al menos 10 horas, y el 27.4% entre 10 y 15 horas diarias. Resalta que todavía el 43% carece de estudios universitarios de comunicación, y 11 por ciento apenas completó la educación secundaria.

En esas circunstancias  los periodistas han sido presa fácil de los políticos y funcionarios que los ponen en nómina, una parte sin mayor compromiso de horario, con salarios que en promedio duplican los de las empresas periodísticas. Como una alta proporción vive de programas propios de radio y televisión y de publicaciones digitales, se convierten en vendedores de publicidad, en detrimento de su independencia, sobre todo porque también tienen que cobrarla. La confusión ética y la dependencia son innegables.

No es sorprendente entonces la baja valoración de la profesión por parte de la sociedad, registrada en el estudio. El 60% cree que el periodismo dominicano no se ejerce con independencia, el 69% que no guarda distancia de las fuentes informativas y el 70% que no está libre de la corrupción.

La situación del periodismo nacional es muy preocupante. El estudio formula recomendaciones, pero es obvio que no hay soluciones fáciles. Pero por lo menos debería obligar a reflexiones y debates en los gremios, las academias y las empresas.-

        

Sembrar cemento y cosechar inundaciones

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Por Juan Bolívar Díaz

            No podemos culpar a María de todas estas inundaciones, que han arrojado  26 mil damnificados, un millar de viviendas destruidas o averiadas, una treintena de comunidades incomunicadas, puentes y carreteras dañadas, 27 acueductos fuera de servicio con casi medio millón de personas sin agua potable ni electricidad y pérdidas multimillonarias en la producción agrícola. Después de todo ese monstruoso huracán evadió golpear de lleno el país, como hizo con Dominica y Puerto Rico, convertidos en ruinas.

Dos semanas antes también nos pasó de lado Irma, otro monstruo atmosférico, que acabó con Bermudas y San Martín y dejó graves daños en Cuba y La Florida,  resultado de las descomunales agresiones contra la naturaleza en que se ha empeñado esta civilización depredadora. Con el agravante de que las peores catástrofes afectan a los más pobres, a los países más vulnerables por su posición geográfica y sus condiciones de vida.

Aquí hace tiempo que ya  no precisamos de un huracán para ver los resultados de esta última semana. En octubre y noviembre del año pasado, sendas vaguadas causaron tanto daño como ahora, En años anteriores, tormentas fuera de la temporada ciclónica resultaron devastadoras, como las denominadas Olga y Noel en el 2007.

Y así seguirá ocurriendo, ya que hemos destruido los lechos de los ríos, extrayendo sus agregados para levantar las edificaciones que tanto enorgullecen a los dominicanos, como signo de progreso y modernidad. Buscar los agregados en las minas terrestres identificadas hace tiempo costaba mucho más porque están más distantes  y hay que triturarlos, y para qué si los ríos están ahí a orillas de nuestras grandes urbes. Hemos sembrado abundante cemento y estamos cosechando inundaciones.

Un dramático ejemplo de esas depredaciones son los ríos y arroyos de San Cristóbal, que aunque fundamentales para dar agua a más del 40 por ciento de la población dominicana, han sido sistemáticamente saqueados a la vista de todos. Durante años los grupos ecologistas y los expertos han venido advirtiendo de las consecuencias, pero ha podido más el poder de los traficantes y constructores.

Todavía el mes pasado se denunciaba que persistía el saqueo del hace tiempo degradado río Nigua. En marzo el senador Tommy Galán emplazó al Ministerio de Medio Ambiente a detener la depredación de esa importante fuente fluvial. Una y cien veces se anuncia que se terminó la explotación abusiva de los lechos fluviales, pero no hay manera de hacerlo cumplir.

Y así seguimos de tormenta en tormento, sin que podamos asistir a los damnificados. Menos de la mitad de los que perdieron sus viviendas o sufrieron graves daños en octubre-noviembre del año pasado, han recibido el auxilio gubernamental. De 41 mil millones de pesos en que fueron evaluados, sólo se les ha podido destinar 20 mil millones, según la versión más optimista.

Mientras tanto, el fulgor del cemento y la concentración de la riqueza siguen impulsando a los dominicanos a emigrar al borde de la modernidad, incentivados por las persistentes pérdidas en los pequeños cultivos, generadas por las inundaciones, para sobrevivir en condiciones extremas de vulnerabilidad. .

No culpemos de nuestras imprevisiones, inequidades e iniquidades a los huracanes Irma y María. Mejor será que nos vayamos preparando para la catástrofe a que nos conduce nuestra creciente vulnerabilidad, cuando nos toque un monstruo de la categoría de los que apenas nos han rozado en este mes. Entre 1930 y 1998 nos destrozaron 4 grandes huracanes, San Zenón, Inés, los gemelos David y Federico, y George, por lo menos uno cada 17 años, y del último ya han pasado 19. Nuestra pobreza y miseria no necesitan ser desnudadas, es que sus intimidades están a la vista de todos.-

 

 

 

Limpieza a fondo en Educación

Por Juan Bolivar Diaz
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Una lucha de muy largo aliento

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Por Juan Bolívar Díaz

Pueden recoger y volver al cómodo individualismo y las agendas particulares todos los que crean que la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad alcanzará su objetivo de manera fácil y a corto plazo, pues se trata de una batalla de muy largo aliento, en la que hay que renovar la consigna de que “en la lucha del pueblo nadie se cansa”.

Son muchas las jornadas de lucha de la sociedad dominicana, pero debe ser enarbolada como ejemplo de concertación y persistencia la que de la Coalición por una Educación Digna hasta que obligó a cumplir la ley general de Educación de 1997 que dispuso la inversión del 4 por ciento del producto bruto interno en la educación básica.

Durante 15 años múltiples organizaciones sociales, como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Educa, Participación Ciudadana y el Centro Bonó, con apoyo de los medios y comunicadores independientes, se mantuvieron promoviendo el cumplimiento de una ley que ya había sido fruto de años de concertaciones  por la educación, para que más de 363 niños pudieran ir a la escuela y los que asistían encontraran butacas para sentarse. Luchamos por el desayuno escolar y para que construyeran 10 mil nuevas aulas y reparáramos miles deterioradas. Se impartía docencia bajo árboles y en enramadas y los padres y maestros tenían que llevar hasta tizas y borradores.

En 2008, la ADP, presidida entonces por la maestra María Teresa Cabrera, ahora entre las líderes de la Marcha Verde, lanzó la campaña nacional de “Un millón de firmas por la educación”,  alcanzando en noviembre 535 mil. Fue el germen de la Coalición por una Educación Digna lanzada el año siguiente por decenas de entidades sociales,  y constituida formalmente en el 2010.

Los paraguas amarillos fueron elementos escenográficos en  programas de televisión. En el 2010 se fracasó en lograr que el gobierno del PLD  incluyera  el 4% para la educación en el presupuesto del 2011. Destinábamos apenas el 2%, mientras América Latina promediaba 4.8%, pero la lucha continuó. Los distintivos amarillos llegaron a ser objeto de agresiones, como la sufrida por el padre Mario Serrano en una de las vigilias ante el Palacio Nacional. Hubo que hacer que el Tribunal Contencioso Administrativo dictaminara  que la policía no podía impedir las manifestaciones ciudadanas.

El 2011 fue el año de mayores movilizaciones, con “caminatas por la educación” en diversas ciudades del país. El 2 de octubre fue la mayor cuando unas diez mil personas marcharon desde la Universidad Autónoma hasta el parque Independencia. La  Coalición aprovechó la campaña electoral del 2011-12 para forzar a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de acatar la ley del 4% del PIB para educación, que ha cumplido el gobierno de Danilo Medina, que lo enarbola como su obra maestra.

Este recuento vale para ser tomado en cuenta por los que dentro de la Marcha Verde se impacientan porque a 8 meses de su inicio no alcanzan a ver logrado el objetivo, y para los que desde el PLD y el gobierno juegan al paso del tiempo y el cansancio. Es más difícil el fin a la impunidad para contener la corrupción, que lo que fue alcanzar el 4% del PIB para la educación. Es muchas veces más complejo revocar los niveles de enriquecimiento ilícito, de rentismo y clientelismo, así como el patrimonialismo del Estado.

La Marcha Verde tendrá mayores posibilidades en la  medida en que se acerquen las próximas elecciones generales, en el 2020, y si persiste hasta entonces podría alcanzar niveles apreciables de éxito. Si los actuales gobernantes no responden al clamor nacional, y si los partidos opositores no son capaces de asumir con nitidez  la urgencia del cambio, habrá posibilidad de que emerja una alternativa política, como ha ocurrido en  los últimos años en toda la región centroamericana y antes en Sudamérica.

Todo depende de que la Marcha Verde mantenga el crecimiento sostenido y el vigor que registra y sus características fundamentales como movimiento cívico-social, no partidista, plural, participativo y de dirección horizontal, que ha promovido cientos de nuevos dirigentes sociales y de actores políticos.-

 

 

 

 

 

 

Este país del amagar y no dar

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Todas las víctimas del terror

Por Juan Bolívar Díaz  

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A todo ser humano con un mínimo de sensibilidad se le debe constreñir o marchitar el alma ante acciones terroristas tan bárbaras como los registradas el jueves 17 en Barcelona, que costaron 15 vidas y medio centenar de heridos, sembrando pánico y estupor en el corazón de esa hermosa y acogedora urbe. No sólo fue una agresión a los catalanes y los españoles, sino también a los más de 75 millones de turistas que visitan cada año esa nación, y por extensión a todo el universo.

Cuando se ven las fotografías de la docena de involucrados en el atraque a Barcelona, casi todos muchachos entre 18 y 25 años de edad, resulta más difícil de entender cómo es posible acumular y desbordar tanto odio y resentimiento, peor aún cuando se invoca un patriarca y un credo religioso. Difícil es también vislumbrar cómo podrá detenerse  la creciente ofensiva terrorista de fundamentalistas religiosos, que no desembarcan ni aterrizan en los países agredidos, sino que nacieron en los mismos. Y son muchos millones los descendientes de inmigrantes en las naciones occidentales, entre los que crece el resentimiento, pues su discriminación y exclusión crece con cada acto de terror que involucra alguno de ellos.

El terrible círculo vicioso de la violencia terrorista es más complejo de lo que la gran mayoría cree en los países occidentales y de lo que reflejan sus medios de comunicación. La primera página internacional de HOY del sábado 19 estaba encabezada por el estupor de Barcelona. Al medio un titular a las 6 columnas: “Un joven mata a 2 y hiere 6 con un cuchillo en Finlandia”, y abajo a una sola columna “Mueren 24 civiles en ataque contra yihadistas en Raga”. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que 24 civiles, incluyendo 8 menores y 7 mujeres, murieron por un ataque aéreo de la coalición que encabeza Estados Unidos contra el Grupo Terrorista Estado Islámico en Siria.

Muchos en nuestros países creen que los muertos de Raga son daños colaterales de una “guerra justa” contra los bárbaros del EI, y que el bombardeo aéreo no fue un acto terrorista. Sobre todo si a esos 15 niños y mujeres las bombas no les dieron tiempo para sentirse aterrorizados, como los que huyeron despavoridos en la Rambla de Barcelona.

Pero lo de Raga es pequeño. El 23 de junio pasado, la Agencia Francesa de Prensa reportó que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, radicado en Londres, informó que en el último mes los bombardeos de la coalición, mataron 472 civiles, y que desde su inicio han cobrado la vida de 1953 civiles, entre ellos 456 niños y 333 mujeres.

Duele más saber que el terrorismo estatal es sistemático en nuestro mundo. En el 2014 la aviación israelí bombardeo 142 escuelas, incluyendo 80 auspiciadas por ACNUR, matando 392 niños y dejando 2,502 heridos, según reportó UNICEF, en el pequeñito territorio de Gaza. Y esas cifras parecen insignificantes cuando se conocen estudios como el del Physicians for Social Responsability de Washington DC, 2015, que cuantifican los muertos por la “guerra contra el terrorismo” en Irak, Afganistán y Pakistán en al menos un millón 300 mil personas, tras los actos también terroristas del 2001 contra Estados Unidos. Los civiles muertos por la guerra de Estados Unidos contra Irak se estimaron sobre 650 mil.

Todos esos muertos, los millones de heridos y desplazados de esos países de Asia, y del norte de Africa, la destrucción de ciudades enteras, con participación de Estados Unidos y aliados europeos, como Gran Bretaña, España e Italia, sin irnos más atrás a las atrocidades coloniales y reparticiones territoriales,  son generadores del resentimiento y el odio que brota y hiere profundamente el ánimo de los seres humanos de todo el mundo.

Lo más grave es que no somos capaces de buscar las raíces de esta barbarie, y la reacción más generalizada es descalificar y discriminar a los musulmanes e islamitas en general, como si las barbaries occidentales fueran atribuibles al cristianismo predominante.

Si algo paree claro es que cada vez más frecuentemente aparecen extremistas capaces de inmolarse matando cruelmente a inocentes en las ciudades europeas, mientras se sigue abonando con sangre el nacimiento de nuevos suicidas que se creen mártires.

Una oración por todas las víctimas del terror.-

 

           

Deuda con la niñez dominicana

A1Por Juan Bolívar Díaz

            Las penalidades de la crisis política e institucional originada en las revelaciones del escándalo Odebrecht, que aún no cesan a más de siete meses de su estallido,  no deben impedir que se ponga atención al Informe sobre la Niñez en el Mundo del 2017 publicado la semana pasada por la reconocida organización internacional Save the Children, dadas las fuertes implicaciones que contiene para la sociedad dominicana.

Save the Children es una prestigiosa organización no gubernamental fundada en Londres en 1919, hace casi un siglo, para ayudar a la niñez víctima de la Primera Guerra Mundial, extendida ahora a 120 países. Tuvo el mérito de elaborar en 1924 la primera declaración sobre los derechos de la niñez, precursora de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 65 años después por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El informe de este año bajo el título “En deuda con la niñez”, revela que  por lo menos 700 millones de niños, la décima parte de la población mundial, han dejado de disfrutar de su niñez demasiado temprano, debido a diversas causas, como enfermedades, conflictos, violencia extrema, matrimonio prematuro, maternidad precoz, malnutrición, exclusión de la educación y el trabajo infantil.

Constriñe el espíritu saber que 8 millones de niños y niñas mueren al año por esas causas, tres cuartas partes antes de los 5 años de edad, y que más de 75 mil fueron asesinados tan sólo en el 2015, mientras el mundo gastaba 1,750,000 millones de dólares en armamento, la tercera parte sólo por la superpotencia dominante, y que hasta en los países pobres crece la inversión en armamentismo.

Para los dominicanos debe ser profundamente doloroso que esta nación aparezca en el escalón 120 de 172 evaluadas en el informe sobre las condiciones de la niñez, y entre las seis  peores del continente americano, apenas por encima de Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, curiosamente todas de la región centroamericana y de esta isla.

Entre los peores indicadores hay dos que debieron ser superados con campañas educativas que no requieren alta inversión económica, como son el matrimonio infantil y el embarazo de adolescentes. El 27.5 por ciento de las niñas contraen matrimonio o tienen pareja antes de los 19 años, casi 5 por ciento por encima de la tasa regional promedio. Y lideramos el continente, junto con Haití, en natalidad de adolescentes, con 97.3 por cada mil niñas de entre 15 y 19 años.

Más complejas de superar son las rémoras de nuestras altas tasas de muerte y trabajo infantil. Todavía registramos 30.9 muertes antes de los cinco años por cada mil nacidos vivos, y 13 por ciento de nuestros niños, más de 300 mil, tienen que trabajar para subsistir, aún con 15 por ciento que no asisten a la escuela, la mitad cuando llegan a la educación secundaria. Y todavía hay más vergüenza, pues figuramos entre los 10 países del continente con las más altas tasas de homicidios infantiles.

No existe la menor justificación para estos datos vergonzosos en un país que según las estadísticas oficiales lleva 6 décadas de crecimiento económico, en los últimos años entre los más altos del continente, con una “modernización” que para algunos remite al Nueva York chiquito o al Miami o el Mónaco caribeño.

Sólo la mayor inequidad y la concentración de la riqueza, la corrupción y la malversación pueden explicar esas iniquidades que deberían obligar a una profunda revisión. Eso seguirá ocurriendo mientras cualquier político  o funcionario pueda disponer de los bienes públicos a su antojo y conveniencia sin la menor consecuencia. Como acaba de documentar el periodista santiagués Esteban Rosario, al dar cuenta de que el presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2010-16, Abel Martínez, gastó 7  mil 380 millones de pesos en donaciones sociales, bonos navideños y publicidad. Con esa suma se habrían hecho dos proyectos habitacionales modelos como La Nueva Barquita.-

           

Para salvar el Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz

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Tal como advertíamos en el análisis del pasado sábado en HOY, el Consejo Nacional de Migración reunido este martes no tuvo más opción que prolongar por otro año la vigencia de los 230,065 permisos provisionales de trabajo en el país, lo que constituye el tercer esfuerzo por salvar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) dispuesto por el Decreto 327-13 del presidente Danilo Medina, en retardado acato de la Ley General de Migración 285-04 promulgada 9 años antes por el presidente Hipólito Mejía.

La resolución fue adoptada por este Consejo de Migración del que forman parte 8 ministros y otros tantos funcionarios del Estado, quienes han encargado a la Dirección de Migración que en un plazo de 30 días presente un protocolo para tratar de lograr que quienes no han podido completar los requerimientos del PNRE alcancen la meta y declarar la caducidad de los permisos a quienes no lo puedan hacer en un año.

En el citado análisis también advertimos que sin atacar los escollos que impiden completar la regularización, el Estado seguirá indefinidamente “de renovación a renovación”, a menos que considere que con 8 o 10 mil es suficiente para las labores productivas y de servicios que realizan los inmigrantes, particularmente ese 97.7 por ciento que son haitianos, casi todos muy pobres.

Si ya en el 2012 el país cargaba con 485 mil inmigrantes haitianos, seguramente  más de 550 mil tres años después, y con más razón si fueren uno o dos millones, como reiteran los radicales, lograr una regularización de 230 mil sería un gran éxito, porque separando la paja del trigo, haría más fácil la tarea de deportar los excedentes que no porten el carnet de regularizados.

Lo primero que no sólo el Consejo Nacional de Migración, sino todo el gobierno y la sociedad dominicana debería decidir, es si necesitamos o no los inmigrantes haitianos y en qué cuantía, y establecerle requisitos que esa proporción pueda cumplir, y si no los necesitamos, si estamos en capacidad de pagar el costo de deportarlos a todos y sellar la frontera por completo, muro incluido, para liquidar también el centenario negocio de los traficantes de haitianos.

Si se entiende que necesitamos inmigrantes, hay que salvar definitivamente el PNRE, que con el de ahora lleva tres intentos frustrados. El primero fue días antes de vencer el plazo para el registro, el 17 de junio del 2015, cuando apenas el 1.8 por ciento de los 239,368 solicitantes habían completado el exigente pliego de requisitos. Decidieron aceptar provisionalmente  a todos los que iniciaran el proceso, por lo que se produjo la avalancha de la última semana y subieron a 288,467. Como 38,226 no calificaron, mayormente por no tener documento de identidad o de tiempo en el país, quedaron 250,241 que fueron los regularizados  provisionalmente por uno o dos años. Como 20,176 no se presentaron a recibir la autorización provisional, quedaron en los 230,065 que nos ocupan.

Pero resulta que el 1.8 por ciento que había cumplido los requisitos se elevó hace un año apenas al 2 por ciento, lo que determinó el segundo salvataje que lo llevó al 3 por ciento, totalizando apenas  7 mil 834 regularizados. Ello obligaría a sincerar la realidad, simplificar y abaratar los costos del proceso, pero nos vamos con un tercer plazo de un año que obviamente no resolverá.

Si en realidad queremos la regularización, procede modificar el decreto y reducir los requisitos a las cuestiones esenciales, como la identificación personal  y haber ingresado al país antes de octubre del 2011, que ya llenaron los 230 mil provisionales. Sería suficiente que agregaran certificado de no delincuencia, constancia de trabajo y de vivienda y arraigo social. Inútil seguir pidiéndoles cuentas bancarias, propiedades muebles e inmuebles, etc.

Como varios requisitos básicos dependen de dominicanos, es fundamental que el Estado los promueva con decisión y valentía para que la población entienda que colaborar a regularizar a un empleado, inquilino  o vecino trabajador y de buena conducta, no equivale a vender la patria, como se ha inculcado. De lo contrario, tendremos que afrontar el punto final o seguir de renovación a renovación.-

Graves desafíos ambientales

Por Juan Bolívar Díaz
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El diagnóstico presentado esta semana en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio sobre el manejo de los residuos sólidos representa otro de los grandes desafíos para la sostenibilidad de un país que persiste en dar vuelta sobre sus problemas ancestrales, que dilata hasta lo infinito la aprobación de estrategias y normativas y que luego se hace de la vista gorda para no cumplirlas. Subyace una sensación de impotencia, como si no pudiéramos invertir los recursos y las energías que demandan nuestros graves problemas.

El ministro de Medio Ambiente y los principales ejecutivos de la Federación Dominicana de Municipios y de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo más el director de Programas Especiales de la Presidencia coincidieron en que en disposición de los desechos sólidos el país vive en etapa primitiva, solo que ahora genera cada día 14 mil toneladas, con abundante material no degradable y contaminantes, y que apenas una ínfima parte se recicla en condiciones prehistóricas.

El cuadro presentado no podía ser más dramático: tenemos 358 vertederos de basura a cielo abierto, uno por cada 135 kilómetros cuadrados, sin ningún control, en una maraña de intereses, tráfico y corrupción, como ha quedado evidente una y otra vez en el de Duquesa, que recibe más de la mitad de los desechos sólidos del país, con un desorden tan grande que abarca hasta la propiedad de los predios donde se asienta. Y además la empresa que lo gestiona se dio el lujo de poner en jaque la mayor urbe del país, dejándola saturar de basura para buscarse un desproporcionado incremento de sus tarifas.

En múltiples casos la ubicación de esos vertederos contamina las aguas de ríos, arroyos. cañadas y costas, constituyéndose en otra calamidad para la salubridad pública en un país que tiene el turismo como su principal industria.

Ayuntamientos en mendicidad financiera frente a un Gobierno que le sustrae dos terceras partes del presupuesto que le asigna una ley, sin transparencia, mucho clientelismo y dispendio, confiesan su incapacidad para enfrentar el reto de los desechos sólidos. Gestores municipales se han aliado a buscadores de oportunidad para usufructuar contratos de simple recogida de basura, y aún esto con evidenciada y alarmante ineficiencia.

En muchos lugares del mundo, incluyendo a países con menor crecimiento económico, los desechos sólidos han sido convertidos en fuente de energía, con adecuadas clasificaciones y reciclaje, derivando de ellos riquezas en vez de fomentar la insalubridad y la suciedad.
Desde hace cuatro años cursa en el Congreso un proyecto de ley que constituiría el marco jurídico y gerencial para el manejo de los residuos sólidos y según el ministro Francisco Domínguez Brito falta poco para su aprobación. No parece mucho tiempo de ponderación, si se compara con el proyecto de ley de aguas, que lleva dos décadas de estudios técnicos y discusiones.

Por supuesto que la ley no será suficiente y después habrá que pasar años discutiendo su reglamentación y más tarde desarrollar jornadas de oración para que se acaten las normativas y aparezcan los recursos necesarios para las inversiones, con unos ingresos fiscales que apenas alcanzan ya para cubrir gastos corrientes, para pagar la creciente deuda, para el reparto y el enriquecimiento ilícito.

El próximo mes de junio hará un año que se proclamó la Estrategia Nacional de Saneamiento, derivada de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y fruto del esfuerzo de la Comisión Nacional de Saneamiento y del patrocinio de la cooperación española. Pero los responsables de su implementación se empeñan en el silencio, aparentemente a la espera de los recursos que demanda.

Ojalá que los dominicanos podamos superar las intensas querellas y dolencias que nos paralizan y comencemos a enfrentar desafíos como los del saneamiento ambiental, dentro de los cuales resalta el manejo de los desechos sólidos.