Deuda con la niñez dominicana

A1Por Juan Bolívar Díaz

            Las penalidades de la crisis política e institucional originada en las revelaciones del escándalo Odebrecht, que aún no cesan a más de siete meses de su estallido,  no deben impedir que se ponga atención al Informe sobre la Niñez en el Mundo del 2017 publicado la semana pasada por la reconocida organización internacional Save the Children, dadas las fuertes implicaciones que contiene para la sociedad dominicana.

Save the Children es una prestigiosa organización no gubernamental fundada en Londres en 1919, hace casi un siglo, para ayudar a la niñez víctima de la Primera Guerra Mundial, extendida ahora a 120 países. Tuvo el mérito de elaborar en 1924 la primera declaración sobre los derechos de la niñez, precursora de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 65 años después por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El informe de este año bajo el título “En deuda con la niñez”, revela que  por lo menos 700 millones de niños, la décima parte de la población mundial, han dejado de disfrutar de su niñez demasiado temprano, debido a diversas causas, como enfermedades, conflictos, violencia extrema, matrimonio prematuro, maternidad precoz, malnutrición, exclusión de la educación y el trabajo infantil.

Constriñe el espíritu saber que 8 millones de niños y niñas mueren al año por esas causas, tres cuartas partes antes de los 5 años de edad, y que más de 75 mil fueron asesinados tan sólo en el 2015, mientras el mundo gastaba 1,750,000 millones de dólares en armamento, la tercera parte sólo por la superpotencia dominante, y que hasta en los países pobres crece la inversión en armamentismo.

Para los dominicanos debe ser profundamente doloroso que esta nación aparezca en el escalón 120 de 172 evaluadas en el informe sobre las condiciones de la niñez, y entre las seis  peores del continente americano, apenas por encima de Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, curiosamente todas de la región centroamericana y de esta isla.

Entre los peores indicadores hay dos que debieron ser superados con campañas educativas que no requieren alta inversión económica, como son el matrimonio infantil y el embarazo de adolescentes. El 27.5 por ciento de las niñas contraen matrimonio o tienen pareja antes de los 19 años, casi 5 por ciento por encima de la tasa regional promedio. Y lideramos el continente, junto con Haití, en natalidad de adolescentes, con 97.3 por cada mil niñas de entre 15 y 19 años.

Más complejas de superar son las rémoras de nuestras altas tasas de muerte y trabajo infantil. Todavía registramos 30.9 muertes antes de los cinco años por cada mil nacidos vivos, y 13 por ciento de nuestros niños, más de 300 mil, tienen que trabajar para subsistir, aún con 15 por ciento que no asisten a la escuela, la mitad cuando llegan a la educación secundaria. Y todavía hay más vergüenza, pues figuramos entre los 10 países del continente con las más altas tasas de homicidios infantiles.

No existe la menor justificación para estos datos vergonzosos en un país que según las estadísticas oficiales lleva 6 décadas de crecimiento económico, en los últimos años entre los más altos del continente, con una “modernización” que para algunos remite al Nueva York chiquito o al Miami o el Mónaco caribeño.

Sólo la mayor inequidad y la concentración de la riqueza, la corrupción y la malversación pueden explicar esas iniquidades que deberían obligar a una profunda revisión. Eso seguirá ocurriendo mientras cualquier político  o funcionario pueda disponer de los bienes públicos a su antojo y conveniencia sin la menor consecuencia. Como acaba de documentar el periodista santiagués Esteban Rosario, al dar cuenta de que el presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2010-16, Abel Martínez, gastó 7  mil 380 millones de pesos en donaciones sociales, bonos navideños y publicidad. Con esa suma se habrían hecho dos proyectos habitacionales modelos como La Nueva Barquita.-

           

Para salvar el Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz

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Tal como advertíamos en el análisis del pasado sábado en HOY, el Consejo Nacional de Migración reunido este martes no tuvo más opción que prolongar por otro año la vigencia de los 230,065 permisos provisionales de trabajo en el país, lo que constituye el tercer esfuerzo por salvar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) dispuesto por el Decreto 327-13 del presidente Danilo Medina, en retardado acato de la Ley General de Migración 285-04 promulgada 9 años antes por el presidente Hipólito Mejía.

La resolución fue adoptada por este Consejo de Migración del que forman parte 8 ministros y otros tantos funcionarios del Estado, quienes han encargado a la Dirección de Migración que en un plazo de 30 días presente un protocolo para tratar de lograr que quienes no han podido completar los requerimientos del PNRE alcancen la meta y declarar la caducidad de los permisos a quienes no lo puedan hacer en un año.

En el citado análisis también advertimos que sin atacar los escollos que impiden completar la regularización, el Estado seguirá indefinidamente “de renovación a renovación”, a menos que considere que con 8 o 10 mil es suficiente para las labores productivas y de servicios que realizan los inmigrantes, particularmente ese 97.7 por ciento que son haitianos, casi todos muy pobres.

Si ya en el 2012 el país cargaba con 485 mil inmigrantes haitianos, seguramente  más de 550 mil tres años después, y con más razón si fueren uno o dos millones, como reiteran los radicales, lograr una regularización de 230 mil sería un gran éxito, porque separando la paja del trigo, haría más fácil la tarea de deportar los excedentes que no porten el carnet de regularizados.

Lo primero que no sólo el Consejo Nacional de Migración, sino todo el gobierno y la sociedad dominicana debería decidir, es si necesitamos o no los inmigrantes haitianos y en qué cuantía, y establecerle requisitos que esa proporción pueda cumplir, y si no los necesitamos, si estamos en capacidad de pagar el costo de deportarlos a todos y sellar la frontera por completo, muro incluido, para liquidar también el centenario negocio de los traficantes de haitianos.

Si se entiende que necesitamos inmigrantes, hay que salvar definitivamente el PNRE, que con el de ahora lleva tres intentos frustrados. El primero fue días antes de vencer el plazo para el registro, el 17 de junio del 2015, cuando apenas el 1.8 por ciento de los 239,368 solicitantes habían completado el exigente pliego de requisitos. Decidieron aceptar provisionalmente  a todos los que iniciaran el proceso, por lo que se produjo la avalancha de la última semana y subieron a 288,467. Como 38,226 no calificaron, mayormente por no tener documento de identidad o de tiempo en el país, quedaron 250,241 que fueron los regularizados  provisionalmente por uno o dos años. Como 20,176 no se presentaron a recibir la autorización provisional, quedaron en los 230,065 que nos ocupan.

Pero resulta que el 1.8 por ciento que había cumplido los requisitos se elevó hace un año apenas al 2 por ciento, lo que determinó el segundo salvataje que lo llevó al 3 por ciento, totalizando apenas  7 mil 834 regularizados. Ello obligaría a sincerar la realidad, simplificar y abaratar los costos del proceso, pero nos vamos con un tercer plazo de un año que obviamente no resolverá.

Si en realidad queremos la regularización, procede modificar el decreto y reducir los requisitos a las cuestiones esenciales, como la identificación personal  y haber ingresado al país antes de octubre del 2011, que ya llenaron los 230 mil provisionales. Sería suficiente que agregaran certificado de no delincuencia, constancia de trabajo y de vivienda y arraigo social. Inútil seguir pidiéndoles cuentas bancarias, propiedades muebles e inmuebles, etc.

Como varios requisitos básicos dependen de dominicanos, es fundamental que el Estado los promueva con decisión y valentía para que la población entienda que colaborar a regularizar a un empleado, inquilino  o vecino trabajador y de buena conducta, no equivale a vender la patria, como se ha inculcado. De lo contrario, tendremos que afrontar el punto final o seguir de renovación a renovación.-

Graves desafíos ambientales

Por Juan Bolívar Díaz
30_04_2017 HOY_DOMINGO_300417_ Opinión9 A

El diagnóstico presentado esta semana en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio sobre el manejo de los residuos sólidos representa otro de los grandes desafíos para la sostenibilidad de un país que persiste en dar vuelta sobre sus problemas ancestrales, que dilata hasta lo infinito la aprobación de estrategias y normativas y que luego se hace de la vista gorda para no cumplirlas. Subyace una sensación de impotencia, como si no pudiéramos invertir los recursos y las energías que demandan nuestros graves problemas.

El ministro de Medio Ambiente y los principales ejecutivos de la Federación Dominicana de Municipios y de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo más el director de Programas Especiales de la Presidencia coincidieron en que en disposición de los desechos sólidos el país vive en etapa primitiva, solo que ahora genera cada día 14 mil toneladas, con abundante material no degradable y contaminantes, y que apenas una ínfima parte se recicla en condiciones prehistóricas.

El cuadro presentado no podía ser más dramático: tenemos 358 vertederos de basura a cielo abierto, uno por cada 135 kilómetros cuadrados, sin ningún control, en una maraña de intereses, tráfico y corrupción, como ha quedado evidente una y otra vez en el de Duquesa, que recibe más de la mitad de los desechos sólidos del país, con un desorden tan grande que abarca hasta la propiedad de los predios donde se asienta. Y además la empresa que lo gestiona se dio el lujo de poner en jaque la mayor urbe del país, dejándola saturar de basura para buscarse un desproporcionado incremento de sus tarifas.

En múltiples casos la ubicación de esos vertederos contamina las aguas de ríos, arroyos. cañadas y costas, constituyéndose en otra calamidad para la salubridad pública en un país que tiene el turismo como su principal industria.

Ayuntamientos en mendicidad financiera frente a un Gobierno que le sustrae dos terceras partes del presupuesto que le asigna una ley, sin transparencia, mucho clientelismo y dispendio, confiesan su incapacidad para enfrentar el reto de los desechos sólidos. Gestores municipales se han aliado a buscadores de oportunidad para usufructuar contratos de simple recogida de basura, y aún esto con evidenciada y alarmante ineficiencia.

En muchos lugares del mundo, incluyendo a países con menor crecimiento económico, los desechos sólidos han sido convertidos en fuente de energía, con adecuadas clasificaciones y reciclaje, derivando de ellos riquezas en vez de fomentar la insalubridad y la suciedad.
Desde hace cuatro años cursa en el Congreso un proyecto de ley que constituiría el marco jurídico y gerencial para el manejo de los residuos sólidos y según el ministro Francisco Domínguez Brito falta poco para su aprobación. No parece mucho tiempo de ponderación, si se compara con el proyecto de ley de aguas, que lleva dos décadas de estudios técnicos y discusiones.

Por supuesto que la ley no será suficiente y después habrá que pasar años discutiendo su reglamentación y más tarde desarrollar jornadas de oración para que se acaten las normativas y aparezcan los recursos necesarios para las inversiones, con unos ingresos fiscales que apenas alcanzan ya para cubrir gastos corrientes, para pagar la creciente deuda, para el reparto y el enriquecimiento ilícito.

El próximo mes de junio hará un año que se proclamó la Estrategia Nacional de Saneamiento, derivada de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y fruto del esfuerzo de la Comisión Nacional de Saneamiento y del patrocinio de la cooperación española. Pero los responsables de su implementación se empeñan en el silencio, aparentemente a la espera de los recursos que demanda.

Ojalá que los dominicanos podamos superar las intensas querellas y dolencias que nos paralizan y comencemos a enfrentar desafíos como los del saneamiento ambiental, dentro de los cuales resalta el manejo de los desechos sólidos.

 

Inmensa gratitud comprometida

Por Juan Bolívar Díaz

02_04_2017 HOY_DOMINGO_020417_ Opinión9 A
Permítaseme ocupar este espacio semanal para expresar inmensa gratitud por las verdaderamente innumerables muestras de reconocimiento y estímulo que hemos recibido en ocasión de la celebración del 30 aniversario del telediario Uno+Uno que fundáramos junto a Luis González Fabra y Luis Concepción el 17 de marzo de 1987, con el invaluable apoyo de Teleantillas y la familia Corripio, del que todavía disfrutamos.

 

Hasta hace poco esos reconocimientos se hubiesen limitado a algunas decenas de cartas y arreglos florales entregados por mensajería, y a un par de editoriales y artículos en los periódicos, pero ahora son miles las expresiones a través del correo electrónico y las redes sociales, por lo que resulta imposible responderlas y hacer saber cuánto nos comprometen a proseguir una profesión que marca 49 años, haciendo honor a los principios fundamentales de la comunicación, hacer común los sueños, aspiraciones, demandas y necesidades de los seres humanos, defender derechos y dar voz a los que no la tienen, enlazar la convivencia humana.

Aunque siempre hemos tratado de que los reconocimientos no produzcan arterioescrelosis cerebrales, también nos hemos negado a incurrir en la hipocresía muy común de que no los necesitamos ni los merecemos. Los necesitamos porque la pelea cotidiana por los derechos integrales de los seres humanos, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la convivencia, por la honestidad y la transparencia, es bien cuesta arriba, a menudo desgastante, y porque nos obliga a repetirnos y dar vueltas a la noria de nuestras debilidades. Y quizás también porque hay muchos que quisieran nuestro silencio, el que nada ha podido comprar.

Esos reconocimientos los merecemos por cuanto nuestro ejercicio profesional nunca ha sido fruto de un llanero solitario, sino de la conjunción de múltiples esfuerzos humanos, en la radio, en los periódicos y en la televisión, como en las aulas universitarias y en el gremialismo al que dedicamos dos tercios de nuestra vida profesional. Por eso en el reciente discurso de celebración repetimos que hubiésemos sido polvo pasajero de no habernos ligado siempre a una gran legión de compañeros y compañeras que comparten sueños y esperanzas. E incluso de no haber tenido la comprensión y el estímulo de muchos empresarios, de los medios donde laboramos y algunos muy relevantes del ámbito nacional, los que personifiqué en Pepín Corripio, Alejandro Grullón, José León y Rafael Perelló.

Entre todas las gratitudes que nos han comprometido en estos días no es posible pasar por alto la de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, quien tuvo la inmensa generosidad de dedicarnos su columna En Plural del domingo 26 en el Listín Diario. Ella, que fue atrevida llama iluminante de los que fuimos sus alumnos antes que cayera fulminado el tirano de 31 años, a quien en el 2001 definimos como “madre y maestra sin tregua ni plazos, merecedora en vida de los mayores reconocimientos como forjadora de hombres y mujeres libres, a través de un ministerio del nivel medio y universitario, por ser militante de la política límpida y trascendente y del gremialismo llamado a ennoblecer la vida y el trabajo de los maestros”.

La profesora Ivelisse, quien se mantiene impertérrita tras más de ocho décadas de luchas sin tregua, recordó un debate en su aula del Liceo nocturno Eugenio María de Hostos, con aquel alumnado tan variopinto, como ella indica, y nos atribuyó haberle dado una lección, a los 16 años. Fue un exceso de generosidad de ella, pero me impresionó que recordara detalles que no percibimos y apenas palpadean en nuestro disco duro. Ella, la hija de un presidente del Partido Dominicano de Trujillo, nos enseñó el camino de la libertad y lo ha transitado junto a sus alumnos por los años de los años.

¡Por la salud de la patria!

Por Juan Bolívar Díaz
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Me cuento entre los que irán a Santiago este domingo para acompañar a los cibaeños en el nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción y la impunidad que cada día se fortalece con la incorporación de los más variados segmentos de la población dominicana.

Después de tantos años escuchando que predicábamos en el desierto los que enarbolábamos la necesidad de una reacción colectiva frente a los niveles de descomposición social generados por la corrupción e impunidad, que se reproducen en delincuencia, arriba, por abajo y en todas las direcciones, tenemos que celebrar el sacudimiento que se produce actualmente en la conciencia social de los dominicanos.

Es muy alentador comprobar que las nuevas generaciones, especialmente de las clases medias más conscientes y menos dependientes de la ignorancia, las migajas del reparto y del temor, se están levantando para exigir un reordenamiento de este terruño, que es el único lugar donde no seremos nunca extranjeros, y porque las puertas de la emigración se están cerrando progresivamente.

Hay que repetirlo una vez más: ya no podremos enviar al exterior los dos millones de dominicanos que emigraron en el último medio siglo; ya Estados Unidos no volverá a otorgar residencia a un millón 305 mil dominicanos, como ocurrió entre el 1970 y el 2015, y la inseguridad no podrá ser contenida si no comenzamos una gran batida contra el robo del patrimonio colectivo, que al exhibirse impunemente se convierte en un patrón cultural de vida y un incentivo para que cualquiera salga a “buscarse lo suyo” sin respetar la menor normativa.

El ritmo ascendente en que se mantiene la demanda de poner fin a la impunidad es indiscutible y ya lo perciben hasta los mayores beneficiarios de la corrupción que por lo mismo hacen mayores esfuerzos por estigmatizar la movilización social, atribuyéndola a intereses empresariales y otorgándole un carácter sedicioso. Intentan intimidar con la amenaza de soltar paleros, pero saben que ese intento de remedio podría alimentar exponencialmente la llama verde que recorre el país.

Por otro lado, hay quienes apuestan al cansancio, a que el movimiento se frustre, incluso meten cuñas tratando de alentar posiciones irreflexivas que puedan espantar a los sectores menos acostumbrados a las luchas político-sociales. Sobre esto tienen que mantenerse alerta los líderes y voceros de la movilización. Su multiplicidad, variedad y espontaneidad, es su fuerza y al mismo tiempo su peligro.

La presión social por la sanción de los últimos escándalos de corrupción -OISOE, Tucanos, Odebrecht, CORDE, CEA- no puede cesar y todavía espera la incorporación de muchos ciudadanos y ciudadanas. La ausencia de respuestas gubernamentales y judiciales se basa en que el tiempo los beneficia. Pero eso mismo determina que hasta los más conservadores estén llegando a la convicción de que sólo elevando la presión se logrará alguna sanción. Y sobre todo que se generarán las reformas políticas e institucionales para poner límite a la malversación y a la putrefacción de la política.

Odebrecht tiene que marcar un punto de inflexión. La República Dominicana fue -proporcionalmente- el mayor escenario del escándalo de corrupción internacional más sonado de la historia, incluyendo a Brasil. Y sin este, que fue el exportador de los sobornos, el país registró 56 por ciento sobre el promedio de los otros diez países involucrados.

Ya lo escribió el miércoles en El Nacional el profesor del periodismo santiagués Carlos Manuel Estrella: “El Movimiento Verde hará historia en Santiago este 26 (hoy) en acción ciudadana por el fin de la impunidad. ¡Caminemos por la salud de la patria! Aunque llueva, como está pronosticado. La lluvia no paró ni redujo el movimiento de la marcha verde el 5 de marzo en Puerto Plata.

Con los trabajadores cañeros

Por Juan Bolívar Díaz
19_03_2017 HOY_DOMINGO_190317_ Opinión9 A

Esta mañana sabatina del 18 de marzo he tenido que renovar mi compromiso con la suerte de los miles de afiliados de la Unión de Trabajadores Cañeros que me conminaron a aplazar la conclusión de mis artículos de HOY para asistir a un homenaje con motivo del trigésimo aniversario del telediario Uno+Uno, que dirijo desde su fundación.

Me extendí tratando de concluir el análisis semanal, considerando que la convocatoria para las 10 sería en realidad a las 11 como es casi normal en asambleas y actividades populares. Llegué a las 10:30 al auditorio de la Biblioteca Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ya el acto estaba comenzando, con cientos de trabajadores cañeros que ocuparon el millar de asientos.

Fue una increíble demostración de militancia organizada, con tambores y cornetas, repitiendo consignas con sus viejas reivindicaciones. No logro entender cómo no desfallecen estos seres humanos que llevan veinte años reclamando las pensiones para las que contribuyeron durante décadas de sudor al quebrado Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Aunque la muerte y las enfermedades dejan merman cada año a estos adalides de nuestra caña dulce y amarga.

Con admirable persistencia cada mes se han apersonado por centenares a las orillas del Palacio Nacional esperando la migaja de 5,117 pesos mensuales, que es el monto de las pensiones del 90 por ciento de los trabajadores del Estado.

Los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina han pensionado tres o cuatro mil con dos decretos, y ellos esperan un tercero y sin cuota, que los alcance a todos. Todo parece absurdo, pues muchos de los que han conseguido la pensión tienen que hacer maromas para cambiar el cheque al no disponer de un documento válido.

Allí escuchamos que el lunes 27 los cañeros van para la Junta Central Electoral a reclamar la cédula de residentes que les corresponde a la mayoría de los cañeros, los que llegaron desde Haití tras los desfiladeros de azúcar hace más de medio siglo. Se han cansado de peregrinar también ante la embajada de Haití para que les expidan las actas de nacimiento y pasaportes por los que en conjunto pagaron más de 4 millones de pesos, sustraídos a la miseria, cuando hace dos años los conminaron a la regularización como inmigrantes. Fue un despojo, porque los funcionarios del gobierno haitiano debían saber lo difícil que es encontrar las inscripciones de nacimiento de paupérrimos campesinos nacidos hace más de medio siglo, cuando la mayoría ni siquiera se registraba.

Si el Gobierno incorporó otras 200 mil personas al programa Solidaridad durante el año pasado, no debería ser tan difícil hacerle justicia a 6 o 7 mil viejos cañeros que sueñan con su pensión. Aunque sean 5,117 pesos para pelear contra las enfermedades y asegurar la caja del sueño eterno.

No puedo evadir el compromiso de seguir uniendo mi voz al reclamo de los cañeros, que me regresan a los cañaverales de donde partí hace más de seis décadas. Vuelvo a ver sus manos encallecidas por la rudeza de la caña y de la mocha, a los cañaverales con las cicatrices que magistralmente describió el poeta nacional Pedro Mir, al grito de son del ingenio. Y me reencuentro con Norberto James, cuya alma vaga por Boston, sin haber terminado de escribir la historia de las congojas de los atraídos por la danza del azúcar.

Observando fijamente la pobreza de estos viejos trabajadores cañeros, escuchando sus voces lastimeras coreando que “sin cañeros no hay azúcar” a cualquiera se le constriñe el alma y con René del Risco en el parque central de San Pedro vuelve a reencontrar al Tom retozón condenado a la eterna pobreza y el abandono mientras otros nos incorporábamos a la sociedad del consumo y la modernidad.

Se me escaparon las lágrimas cuando vi subir a la tribuna, con extremas dificultades, para implorar de nuevo justicia, a la viuda de Andrés Charles, a quien escribí el réquiem el 15 de agosto del 2015 en este mismo espacio de HOY, definiéndolo como “perdido enamorado de la caña y aristócrata del sudor bajo el ardiente sol de los cañaverales”, en ofrenda de amor a los que sembraron los campos dominicanos.

La amenaza del huracán Trump

Por Juan Bolívar Díaz

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Pero ahora, y muy probablemente por varias temporadas, nos amenaza un huracán de otra naturaleza que podría afectar severamente el curso del desarrollo económico-social de los dominicanos, tal como documentó el experto en derecho y política internacional y ex embajador ante la OEA Roberto Álvarez en una serie de ocho extensos artículos que acaba de publicar en el periódico digital Acento.

La lectura de esos bien fundamentados artículos deja la interrogante de si estará el país preparándose para afrontar la situación, como ya están haciendo México y otras naciones de la región que, como la República Dominicana, han dependido excesivamente de la migración hacia Estados Unidos y de las remesas de los nacionales.

Sabemos que alrededor de 2 millones de dominicanos emigraron en el último medio siglo, quitando presión demográfica y al desempleo y la desesperanza generadores de inseguridad. Y que esa población ya remesa formalmente alrededor de 5 mil millones de dólares anuales, 8 por ciento del producto interno bruto, el doble del 4 que con tanto orgullo estamos recién dedicando a educación.

Según las estadísticas oficiales recabadas por Roberto Álvarez, sólo entre 1970 y el 2015, Estados Unidos otorgó un millón 304 mil 989 residencias permanentes a ciudadanos dominicanos, a los que habría que adicionar los indocumentados, que diversas fuentes estiman entre 114 y 148 mil. Estos últimos están entre los amenazados por los vientos anti inmigrantes del presidente Donald Trump y auxiliares como el fiscal general Jef Sessions, que ya en el 2006 se expresó denigrantemente contra los de origen dominicano.

Ante el escenario norteamericano y las crecientes restricciones europeas, lo primero que tenemos que considerar es que se nos está cerrando la puerta de escape a las presiones sociales que ha representado la migración. Segundo que una parte de nuestros indocumentados podría ser deportados y no parecemos preparados para recibirlos adecuadamente. Y tercero, que se reducirán o al menos congelarán las remesas.

Como los demás países de la región, y como lo hicieron voceros de la Asociación de Estados del Caribe reunidos esta semana en Cuba, deberíamos rechazar las políticas excluyentes y discriminatorias del equipo de Trump, y poner en práctica mecanismos de defensa de los nuestros. Por ejemplo, poniendo a trabajar a nuestros centenares de cónsules, vicecónsules, ayudantes consulares y diplomáticos que pagamos en el exterior.

No es que declaremos la guerra al tronante gobierno de Trump, sino que nos asociemos al resto de la región para tratar de influir y moderar las embestidas que según los medios comunicativos norteamericanos están sembrando pánico. A los inmigrantes indocumentados en EU, unos 12 millones, y hasta a los residentes con infracciones menores, se les está recomendando que no anden por las calles más de lo necesario, que si llegan los agentes de inmigración no digan ni firmen nada, y hasta que nombren un tutor legal para sus hijos ante la posibilidad, ya anunciada oficialmente, de ser separados de ellos.

Hace una semana que la salvadoreña Sara Beltrán fue sacada esposada de un hospital de Dallas donde recibía atenciones por un tumor cerebral. Y el mexicano Rómulo  González, con 25 años viviendo indocumentado en Los Angeles, fue detenido para ser deportado tras llevar sus cuatro hijas a la escuela. Ellas son ciudadanas americanas  por nacimiento. Ojalá que a un tribunal  no se le ocurra reinterpretar la constitución  para determinar retroactivamente que a los hijos de indocumentados no les corresponde la nacionalidad. Tal vez el huracán Trump no llegue a esa aberración e impida la separación de esa familia. Pero debemos estar preparados.-

Sin callos en el alma

Por Juan Bolívar Díaz
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¡Ahora o nunca, dominicanos!

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Por Juan Bolívar Díaz

En amplios sectores de la sociedad dominicana existe hoy la convicción de que los niveles de anomia social, con burla sistemática de la Constitución y las leyes, de corrupción y descarada impunidad han tocado fondo, agrietando gravemente el funcionamiento institucional de la nación y reproduciéndose en la delincuencia general que amenaza la seguridad de la inmensa mayoría honrada y trabajadora.

A ese despertar de la por tanto tiempo adormecida conciencia ciudadana se atribuye el éxito del espontáneo movimiento social que proclama el fin de la impunidad, que reúne multitudes y logró en tres semanas el aval de más de 312 mil dominicanos, con muy limitados recursos financieros, sin pagar un peso ni prometer empleos o subsidios.

El grito generalizado es ¡ahora o nunca dominicanos!: nos levantamos de la indiferencia, la tibieza y la complicidad pasiva o nos sorprenderá una grave crisis de insostenibilidad financiera y el imperio de las bandas de traficantes de todo género, de delincuentes trajeados y barriales que impondrán un estado en el que no habrá seguridad para nadie.

Debemos empoderarnos definitivamente y romper los silencios de las academias, de los intelectuales, de los militantes políticos responsables, del liderazgo empresarial y religioso, convencidos de que este es el único lugar donde no somos extranjeros y de que las puertas de la migración se están cerrando. Que no podremos enviar otros casi dos millones de dominicanos hacia el exterior, como en el último medio siglo para que nos sostengan sus remesas.

¡Ahora o nunca! detener el robo público para financiar campañas millonarias de años hasta para ser regidor y que entrega parcelas del Estado a los grupos de traficantes políticos, y para que las decisiones gubernamentales dejen de estar determinadas por el rentismo empresarial y el clientelismo populista. Para que las leyes dejen de ser simples sugerencias, para que establecer la separación de poderes.

¡Ahora o Nunca! para que no tengamos decenas de vicecónsules en cada país, 12 embajadores en la ONU o 36 subdirectores en Bienes Nacionales, ni cuatro mil botellas en el CEA y dos mil en algo llamado INESPRE.

¡Ahora o nunca! para que las auditorías de la Cámara de Cuentas, la mayoría con documentación de la corrupción, se traduzcan en acciones judiciales. Para que los terrenos estatales no se repartan o vendan a precio de vaca muerta. Para que ningún funcionario pueda auto multiplicarse sus ingresos ni gastar más de lo que se presupuesta.

¡Ahora o nunca! para que obliguemos a aprobar una ley de partidos que llevamos 25 años discutiendo, no “la posible” que se nos quiere imponer, sino la que garantice la democracia interna y transparente el origen y el uso de los recursos, con sanciones operativas para el latrocinio y el abuso de lo público.

¡Ahora o nunca! para que sanciones la sobrevaluación, que ya llega hasta el 100% en las compras y contrataciones, para que no haya que pagar comisiones por obtener contratos y luego para cobrar, para que no vendan por cheles los terrenos, los parques ni los barrios ni las minas, y para que los políticos no se puedan convertir de la noche a la mañana en grandes empresarios que nos estrujan impúdicamente el fruto del robo público.

¡Ahora o nunca! para que no se roben la electricidad, ni los cables eléctricos y telefónicos, ni las barandillas de puentes y verjas, ni los féretros recién sepultados, ni vendan las áreas protegidas. Y para que el dinero no logre absoluciones ni determine decenas de reenvíos judiciales o lleve grandes delincuentes a vivir en las clínicas.

¿Ahora o nunca! para que la anomia y la corrupción generalizada no sigan incentivando la delincuencia que mata a una niña para robarle u celular, o a un platanero para quitarle el beneficio de la jornada. Para que podamos restablecer la seguridad.

¡Ahora o nunca! no para deponer a ninguna autoridad, sino para que cumplan su responsabilidad o se vayan si no pueden. Es ahora o nunca, dominicanos!

Comprensibles demandas salariales

Por Juan Bolívar Díaz

12_02_2017 HOY_DOMINGO_120217_ Opinión9 A

Han hecho muy bien tanto el ministro de Educación, Andrés Navarro, como la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán, en llamar a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y a la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FEPROUASD) a sendos diálogos sobre sus demandas salariales y laborales.

El diálogo debe ser siempre la respuesta a todos los diferendos, más aún si tocan los deprimidos salarios de los trabajadores dominicanos, y especialmente si afectan las labores educativas en un país tan retrasado en esa materia fundamental del desarrollo humano y por tanto social y económico.

En el caso de la ADP la demanda tiene menos justificación porque el magisterio ha sido el sector que más ha visto revaluados sus ingresos en los últimos años y en el gobierno del presidente Danilo Medina, gracias a que éste acató el postergado mandato legal de invertir el 4 por ciento del producto interno en educación básica. Pero aún así, con esos maestros hay que dialogar y poner datos sobre la mesa, porque todavía no alcanzan lo justo para vivir con decoro, a lo que siguen teniendo derecho.

Los profesores de la UASD están en peor circunstancia, porque para alcanzar niveles de dignidad salarial tienen que asumir una carga hasta más del doble de las horas semanales de docencia consideradas razonables para su rendimiento, que hace unos años el estatuto orgánico las limitaba a 16 horas.

Con 225 mil estudiantes, gran parte de las aulas de la UASD son desproporcionados hacinamientos, insuficientes, con promedios de alumnos que no permiten el menor seguimiento académico, y la degradación es cada vez mayor por la precariedad de laboratorios, asientos, equipos tecnológicos y materiales docentes.

Se discute con cierta razón que la FEPROUASD haya impedido iniciar el primer semestre del año con la paralización de la docencia; lo que debe ser el primer elemento a dilucidar en el diálogo convocado, y lo lógico es que den una oportunidad a ponderar sus demandas.

El problema de la UASD rebasa con mucho el asunto salarial, y debe ser objeto del diálogo con las autoridades: es si el Estado le dará los recursos imprescindibles para mantener una matrícula tan alta con una razonable calidad educativa, pues es secreto a voces que gran parte de sus egresados arrojan graves deficiencias. La tentación inmediata es limitar el ingreso, pero al mismo tiempo debemos preguntarnos qué hacer con los que queden excluidos, cuándo tendremos suficientes alternativas en educación técnica, y si el mejor subsidio no es a la educación, cuando contamos unos 400 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, constituyéndose en una potencial bomba social.

Nadie debe alarmarse ni condenar a priori los reclamos salariales de los grupos organizados, cuando la mayor parte de los trabajadores dominicanos carecen de capacidad de presión para mejorar sus ingresos y muchos de ven obligados a in- humanas jornadas de hasta 16 horas laborales para poder sobrevivir. Y con un promedio salarial de 9 mil pesos cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre es de 13 mil pesos mensuales. Sobre todo con tan alta desigualdad salarial, especialmente en la desmesurada burocracia política estatal.

Suenan tambores reivindicativos. El viernes hubo una marcha en Santiago reclamando mejores condiciones laborales para los policías, los pensionados del Estado claman por algo más de los 5 mil 117 pesos que reciben por mes, miles de cañeros aspiran a esa miserable pensión, agrónomos, enfermeras, laboratoristas y militares también reclaman. Y la respuesta no puede ser las humillaciones y abusos que ha sufrido el teniente Raymundo Cabrera, por haber denunciado las precarias condiciones salariales y laborales del “glorioso Ejército Nacional”.