Nostalgias y disquisiciones navideñas

      Por Juan Bolívar Díaz

28_12_2017 HOY_JUEVES_281217_ Opinión10 A

            En estos días de Navidad con aguaceros, indicio irrefutable de los cambios climáticos que la devastadora voracidad humana provoca, la nostalgia puede apoderarse fácilmente de los seres sensibles echando de menos los villancicos y hasta los encendidos merengues que se apoderaban de las ondas radiofónicas para esta temporada del año. Nos han quitado hasta “el martiniqueño” y “Navidad que vuelve”.

Pareciera que hasta la televisión se ha negado a la tradición, con el agravante de que este año no se puede arrancar para Puerto Rico, el país más navideño del universo, en aportes musicales, luces, festividades, y hasta en la prolongación porque después de los Reyes se celebran las octavitas, con las cuales se llega casi hasta la mitad del primer mes del año nuevo.  Pero esta vez las navidades son fallidas en la tierra del edén destrozada por un huracán que llevó el nombre de la madre de Jesús, tanto que tres meses después el 40 por ciento todavía no dispone de electricidad ni suministro seguro de agua potables.

Nostalgia se siente también de aquellas serenatas o parrandas nocturnas y de los aguinaldos madrugadores, del jengibre y el ponche que revitalizaba la solidaridad del vecindario. Ni hablar de la Misa del Gallo a la medianoche, porque la inseguridad generada por la extrema desigualdad clausuró esas manifestaciones de aquellos tiempos que, como todos los pasados, siempre fueron mejores. Para los que entramos en la decadencia, porque el horizonte se va estrechando irremisiblemente. Porque  “ahora el tiempo vuela y los años pasan muy rápido”. Aunque lo que vuela y pasa son nuestros hálitos de vida.

La siembra hacia arriba de la varilla y el cemento, la migración campesina y pueblerina que masifica las ciudades donde se concentra el progreso material, han fragmentado el tejido social solidario pero aún así todavía muchos dominicanos procuran volver a sus orígenes para las celebraciones de la Nochebuena y la Navidad.

Los migrantes más notables en estos días son los provenientes de decenas de países donde se dispersaron los dominicanos en las últimas seis décadas. Se les encuentra en el medio y lejano oriente, en la Europa hasta oriental, y en los últimos años cuando han descubierto que “el sur también existe”, en Ushuaia, la ciudad más sureña del mundo, donde ni los incentivos de apartamentos provocan la población argentina. Allí ya hay una colonia dominicana que se busca la vida hasta a quince bajo cero la mitad del año. En Alaska, al extremo norte,  los dominicanos se cuentan por miles.

La diáspora dominicana, expulsada por nuestra falta de oportunidades de vida, se ha convertido en sostén fundamental de la relativa estabilidad económica, al ritmo de más de 5 mil millones de dólares anuales, 240 mil millones de pesos, sin nada incluido, sin los cuales ni los seis mil millones de dólares del turismo nos hubiesen salvado de la ruina. Ese aporte equivale a la mitad de los ingresos fiscales nacionales.

Llegan alborozados a los aeropuertos, y se hacen sentir en los lugares de esparcimientos, en los barrios y hasta en las iglesias, exhibiendo su mejoría, pero también reafirmando su dominicanidad y exigiendo el reconocimiento que muchos quieren negarles, considerándolos narcotraficantes y trabajadoras sexuales, cuando en realidad el 95 por ciento se faja de campana a campana para ganarse el pan y la esperanza, mejorar sus viviendas y asegurar su vida y la de los suyos, soñando eternamente con el regreso.

Ellos son parte de nuestra Navidad, del reencuentro de estos días, de la solidaridad y de la humanidad de los migrantes, por quienes el papa Francisco ha vuelto a pedir respeto en su mensaje navideño “Urbis et Orbe”, en que de nuevo clama por la paz entre los seres humanos y los pueblos, rechazando este mundo “en que soplan vientos de guerra y un modelo ya caduco sigue provocando degradación humana, social y ambiental”. Mundo donde los dominantes volvieron este año a espantar las celebraciones en Belén, donde nació el humilde rabit de Galilea, que nos legó el amor y la solidaridad humana.-

 

 

Dejen a Bosch descansar en paz

Por Juan Bolívar Díaz

001

Los que creemos en la trascendencia y supremacía de lo espiritual sobre lo material, tenemos derecho a imaginarnos al profesor Juan Bosch como alma en pena, deambulando por sus círculos de estudio y desparramando con furor las cenizas en que una gran parte de su discipulado ha convertido sus toneladas de reflexiones y teorías políticas sobre la sociedad que se propuso construir para completar la obra de Juan Pablo Duarte.

Fue un inmenso entramado de obras para la formación política y la organización partidaria, de interpretación de la historia nacional, caribeña y hasta universal, tan  notable como su obra literaria, signada por una inmensa sensibilidad humana y social, que de haberse quedado en esta, su espíritu  no vagaría hoy escandalizado estrellándose contra el muro que sus discípulos han levantado de espaldas al clamor de la sociedad.

Imagínense al Bosch que hace 44 años se levantó del liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano, increpando a la mayoría de sus dirigentes de no ambicionar más que poder y riqueza en su condición de burgueses y pequeños burgueses. Y eso fue en 1973, cuando ese partido sólo había estado en el poder los 7 meses en que él gobernó  aferrado a una escrupulosidad y una austeridad más que franciscanas.

Ciertamente que su abrupta salida del PRD estuvo marcada, en buena parte, por lo que fue su mayor debilidad como líder político: su dificultad para administrar las lógicas  disensiones y las derivadas de las debilidades y carencias de la naturaleza humana, como el individualismo y las ambiciones desproporcionadas en aras de acumular los bienes y espacios colectivos. Desde joven en las luchas del exilio antitrujillista, el profesor Bosch tuvo dificultades en el manejo de las contradicciones.

Pero por encima de esa debilidad, que a veces lo hacía aparecer como intemperante, palpitaba un ser humano embargado por sueños de bienestar colectivo, de avances sociales y de edificaciones institucionales, y sobre todo de justicia e inclusión social, desafiante de cualquier poder que encontrara en medio del camino.

Durante el último tercio de su vida, Bosch se dedicó a hilvanar la organización que soñaba, a imagen y semejanza de su alma portentosa, e inculcó a su discipulado la noción de entrega total, de servir al partido para servir a la nación, al pueblo, a los más carentes de fortuna, a los excluidos del pan, de la educación y la seguridad.

Cuando ya comenzaba a declinar su enorme intelecto, en 1991, escribió una carta renuncia al nuevo partido, impugnando el surgimiento de las debilidades pequeño-burguesas que tanto había combatido, y la recogió acosado por promesas de enmiendas, sin sospechar que vendría la negación del credo boschista.

De aquella obra arquitectónica hoy sólo queda el recuerdo, y para tratar de ocultar la inmensa traición y espiar sus pecados capitales los renegados bautizan  puentes, escuelas, carreteras, barios y hasta ciudades con su nombre. Mientras se tapan ojos, oídos y nariz para no ver, escuchar ni respirar el clamor nacional contra un entramado de corrupción que infecta el cuerpo social dominicano y expulsa pus por donde quiera que lo pinchan.

No, el profesor Juan Bosch no merecía la vergüenza en que han convertido su PLD, con más millonarios que todos los otros, ripiado en grupos que se enfrentan por el poder, acuciados por inmensos colectores de fortunas mal habidas, temerosos hasta de ellos mismos, espoleados por proyectos sin límites, fundados en la corrosión de las instituciones y los seres humanos. Con un cierto progreso material, pero edificado sobre un inmenso pantano de control social y político y de compra de conciencias.

Ya que han perdido la sensibilidad siquiera para interpretar los gritos que se plasman en plazas y calles, en las redes sociales, periódicos y medios audiovisuales, esos miles de nuevos empresarios peledeístas deberían renunciar a profanar la memoria de Juan Bosch y dejarlo descansar en paz, con la frugalidad en que siempre vivió, ligero de equipaje, con sus eternos sueños de redención humana y social.-

 

 

 

Crisis continuista en Honduras

001Por Juan Bolívar Díaz

            Ahora que a dos años y medio de las próximas elecciones nacionales, grupos de poder comienzan a pregonar la “necesidad” de una nueva reelección del presidente Danilo Medina, a pesar de tener una doble prohibición constitucional, es muy conveniente que miremos hacia Honduras  y apreciemos la profundidad de la crisis institucional y política a que ha sido conducida la hermana nación por la imposición del continuismo por encima de la Constitución y las normas democráticas.

A casi tres semanas de las elecciones, la sociedad hondureña se mantiene en la incertidumbre, con violentas protestas y una convicción generalizada de que el presidente Juan Orlando Hernández  ha manipulado no sólo la campaña electoral y las votaciones, sino también el cómputo cuando arrojaba considerable ventaja a la oposición, que fue revertida tras un apagón informativo de tres días.

La situación llegó al extremo de la instauración de un estado de excepción, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, decretado por dos semanas, como parte del esfuerzo represivo de las masivas manifestaciones de protestas que no cesan y que han cobrado unas 8 vidas, decenas de heridos, cientos de detenidos y daños y asaltos a establecimientos públicos y privados. Mientras sectores productivos, incluyendo el turístico, denuncian considerables pérdidas generadas por la incertidumbre y la violencia.

El último informe, tras el recuento de 1,006 actas, otorga al presidente Hernández una ventaja de 1.56 por ciento, al atribuírsele  42.98 por ciento, contra 41.39 de su contendor Salvador Nasralla, un candidato emergente por un amplio frente opositor. Aún si ese fuere el resultado real, la forma en que la ambición continuista manejó todo el proceso, con el control de los órganos judiciales y electorales, y el apagón informático e informativo cuando perdía por cinco puntos, dejan a Honduras en profunda crisis de gobernabilidad.

Baste dar una lectura al minucioso comunicado emitido el 6 de diciembre por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, que por su naturaleza, tiende a ser muy cauta en medio de crisis que afectan a cualquiera de sus estados miembros. Comienza dando cuenta “sobre la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral, en su etapa previa, jornada electoral y etapa postelectoral, que como corolario no permiten a esta Misión tener certeza sobre los resultados”.

A seguidas sostiene que “no es posible, sin un proceso exhaustivo y minucioso de verificación que determine la existencia o no de un fraude electoral -como ha denunciado parte de la oposición-  restituir la confianza de la población en el proceso”. Al respecto, la Misión de la OEA reclama no sólo la verificación de las 1,006 actas que acaban de revisar, sino también las 5,174 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección, y “La revisión de la participación en la votación de los municipios de Lempira, Intibucá y La Paz tomando el 100 por ciento de las Mesas Electorales Receptoras”.

Esos minuciosos reclamos no son fortuitos, pues fueron esas actas, y en particular en esos municipios, donde se anuló la ventaja de 5 puntos que llevaba el candidato opositor con el 70 por ciento del cómputo, cuando éste fue detenido por tres días.

La ocurrencia de Honduras es una repetición de las marrullerías, fraudes e imposiciones que han caracterizado la endeble democracia centroamericana y caribeña, donde el apego de los gobernantes al poder y sus esfuerzos continuistas destruyen la institucionalidad y generan atraso integral. Todo comenzó allí cuando un tribunal adicto al continuismo se tomó la licencia de declarar inconstitucional la constitución que prohíbe la reelección presidencial en Honduras.

Y !Oh ironía! el impostor de ahora fue de los que promovió la destitución del presidente Manuel Zelaya en el 2009 simplemente porque planteaba un referéndum para que el pueblo hondureño dijera si respaldaba una asamblea constituyente que reformara  la Constitución para que él pudiera buscar reelegirse.

¡Pobres pueblos sumidos en el atraso y la imposición!

La difícil competitividad nacional

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el presidente Danilo Medina reunió por primera vez y juramentó el Comité Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad, integrado por una gran representación del alto empresariado, debe esperarse que se implementarán en breve plazo, las políticas imprescindibles para que el país pueda colocare en el exigente escenario de competitividad global, donde sólo competimos con ventajas comerciales frente a Haití.

En esa dirección de inmediato se dieron a conocer dos decretos presidenciales, uno creando un Comité Nacional de Facilitación del Comercio, y otro que reglamenta el funcionamiento del Consejo, éste último con años de retraso, como tantos otros reglamentos pendientes de múltiples leyes de  los últimos años como, por ejemplo, el de la Comisión Nacional para Defensa de la Libre Competencia, de la ley de salarios del sector público o  la ley de la Policía Nacional.

Hay que celebrar que el presidente Danilo Medina dijera que se trabaja con el sector privado “para que haya empresas productivas, servicios públicos más eficientes y puestos de trabajo bien remunerados para todos”, aunque queden dudas por el hecho de que algunos no son demasiado amigos de la libre competencia. También es positiva la promesa de enviar al Congreso un proyecto de ley para simplificar los procesos para  la formación de empresas, aunque luce exagerado, y hasta podría ser conflictivo, que se le pretenda con capital cero, como se anunció.

Instituido en el 2006 como un órgano con participación del sector privado, el Consejo de Competitividad ha sido relegado, a pesar de las urgencias y reclamos nacionales, tanto como la Comisión para Defensa de la Libre Competencia, creada por otra ley dos años después.

En hora buena, pues, aunque se necesita muchísimo más que lo realizado, y que numerosos organismos de cogestión pública-privada no han pasado del papel o de las fotografías para publicitar una supuesta apertura, en gobernantes que se han caracterizado por tendencias autoritarias y por sólo disponer políticas oportunistas perseguidoras de popularidad o de votos. Aparecer rodeado del alto empresariado pudo ser una  pose repuesta del presidente Medina a la contundente crítica expresada recientemente por el encargo de negocios de la embajada de Estados Unidos, especialmente sobre la pobre competitividad nacional, la inseguridad y el hartazgo de la corrupción.

Por cierto que el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano de la Universidad Católica Madre y Maestra ha entregado muy oportunamente un “Informe Especial: Instituciones y Competitividad”, que podría ser muy útil tanto para el gobierno como para su comité Consultor empresarial. Se trata de un análisis de 17 páginas que pondera la evolución del país en los últimos 11 informes del Indice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial, comprendidos en el período 2007-17. Aunque casi todos incluyen más de 130 países, 137 el del 2017-18, esta evaluación incluye sólo a los 114 que han estado en todo el período, entre ellos RD.

El resumen es que RD ha perdido 5 escalones, “debido a males como la corrupción, la ineficiente burocracia gubernamental, las tasas impositivas, una fuerza de trabajo inadecuada y la inseguridad provocada por crímenes y robos”, y que 87 de los 114 tuvieron mejor desempeño. En entorno institucional el país registra un descenso progresivo en los últimos 4 IGC, cuando 92 países han mejorado.

Merece particular atención la ponderación del pilar Etica y Corrupción, donde el país ha desmejorado también en los últimos 4 índices para ocupar el escalón 112 de esos 114 permanentes. Pero no se crea que ese alarmante nivel es sólo patrimonio del sector público, ya que en ética corporatiova o empresarial, quedamos con una pequeña diferencia de dos escalones, en el 110 de 114, el quinto peor.

Ojalá que tanto los funcionarios del Consejo como los consultores empresariales se animen a ponderar el coincidente aporte de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.-

 

 

 

El acuerdo Procuraduría-Odebrecht

A1

            Si la Procuraduría General de la República (PGR) hubiese demandado a la constructora brasileña Odebrecht el cumplimiento del acuerdo de cooperación firmado entre ambas, ya estaría en condiciones de formular un poderoso expediente acusatorio por lo menos sobre los responsables de haber recibido los 92 millones de dólares  que la empresa confesó haber pagado de sobornos en el país.

De haber habido intención de llegar a las últimas consecuencias sobre las implicaciones en el país  del mayúsculo escándalo transnacional, hasta se hubiese obtenido información específica de Odebrecht sobre las obras sobrevaluadas, y quién sabe si hasta detalles sobre los financiamientos de campañas electorales también confesados.

            Debe recordarse que en virtud del acuerdo la PGR se comprometió a  no iniciar ninguna acción judicial contra Odebrecht ni sus ejecutivos, a cambio de lo cual la empresa entregaría toda la información sobre sus operaciones ilegales en el país, con detalles y exactitudes y pagaría una multa equivalente al doble de los sobornos, en un cómodo plazo de 8 años.

También conviene actualizar que un párrafo del artículo 3 del documento establece que “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al MP a dar por terminado el presente acuerdo, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas, y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito”.

El compromiso de la sobornadora fue, “a título enunciativo y no limitativo, a suministrar toda documentación e información que posea, conozca y conserve de los hechos vinculados a la República Dominicana y toda información útil que obtenga en relación a los mismos, que permita al MP: i) Identificar los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana, y toda la información que conduzca a determinar co-autores y cómplices; ii) Identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados; iii) Identificar las personas físicas y jurídicas que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar los sobornos; iv) Indicar los montos de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado para hacerlos llegar a los sobornados, intermediarios o personas interpósitas, debiendo suministrar en ese sentido las cuentas bancarias, registros contables y cualquier otra información relevante a tales fines”. Eso entre otros enunciados.

Cumplidos ya diez meses del acuerdo, precipitado el 20 de enero, y siete de su homologación por un juez, el 19 de abril, todavía la PGR no ha reclamado su cumplimiento, y nadie cree que se haya avanzado en las investigaciones, faltando apenas diez semanas para el plazo de 8 meses en que debe fundamentar las imputaciones presentadas ante el juez instructor, que dictó medidas de coerción el 7 de junio.

Muchos piensan que si no se hubiese firmado tan generoso acuerdo o si se hubiese exigido su cumplimiento, la Odebrecht no estaría en condiciones de exigir otros 708 millones de dólares para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina, lo que mantiene en zozobra al gobierno de Danilo Medina, que hizo de esa obra su buque insignia de inversión y hasta corre el riesgo de no poder terminarla en su último período de gobierno.

La única explicación lógica para la precipitación en la firma del acuerdo con Odebrecht y que no se haya exigido su cumplimiento es un pacto implícito para que los ejecutivos de la constructora no dejaran escapar detalles que pudieran comprometer la actual gestión gubernamental, ya suficientemente salpicada por la asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, convictos de la justicia brasileña por haber sido instrumento de Odebrech en financiamientos de campañas electorales, tanto en Brasil como en otros países.

Con el reclamo de los 7087 millones de dólares a adicionales para concluir las plantas eléctricas, Odebrecht le saca la lengua al gobierno de Danilo Medina.-

 

 

Los desastres tecnológicos en la JCE

      Por Juan Bolívar Díaz

Si este país no fuera el paraíso de la impunidad y la malversación de los recursos públicos, no se estuviera cuestionando ahora las responsabilidades por el desastre de la inversión de casi 40 millones de dólares en la tecnología con que se pretendió la automatización del proceso electoral del año pasado, cosechando un rotundo fracaso.

Es que hubo otro escándalo peor, que involucró una suma mucho mayor, de 62.6 millones de dólares, firmado por la JCE antes de las elecciones del 2008 con el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO), revestido de graves irregularidades desde su licitación hasta su pago, y los equipos comprados en gran proporción terminaron abandonados en un almacén, El fracaso fue tan evidente que no pudieron procesar los datos biométricos de la ciudadanía. Y la indolencia es tan grande que todavía nadie en la JCE ha dado una explicación pública de por qué tuvimos los dominicanos que someternos de nuevo al registro biométrico antes de los comicios del 2016.Y peor aún, casi nadie la exigió.

El pleno de la JCE hizo lo correcto al remitir a la Cámara de Cuentas el informe de su Dirección de Informática que ratifica el tollo tecnológico en que concluyó el proceso electoral del año pasado con la alta inversión que pretendió la automatización del registro de concurrentes, el cómputo y la transmisión de los resultados de las elecciones. Ese  informe agrega dos novedades, la primera que el procesamiento de los resultados quedó en manos de la empresa suplidora, no del departamento informático de la JCE como es de ley, y segundo, que no recomienda volver a utilizar los equipos comprados.

Sin embargo, como en la actual JCE hay personas que conocen el desastre tecnológico anterior, debieron aprovechar para pedir una auditoría de las dos compras que en conjunto superan los 100 millones de dólares, casi 5 mil millones de pesos, pero podríamos quedar satisfechos si se investiga a fondo siquiera la última, si establecen responsabilidades y de ponen en marcha los procedimientos judiciales que correspondan.

Atrás queda también el manejo financiero irresponsable de la JCE que Roberto Rosario manipuló como llanero solitario, por encima del pleno, despilfarrando hasta dejar al 2016 una deuda de 2,400 millones de pesos, que gastó sin apropiación presupuestal, ni  autorización de la Contraloría General. Solo por eso debería ser procesado.

El tollo del año pasado fue advertido repetidas veces por el movimiento cívico Participación Ciudadana, que en tres de sus seis informes de observación electoral reclamó transparencia y racionalidad en la aplicación de la automatización. Ya en febrero, tres meses antes de las elecciones solicitó formalmente a la JCE una auditoría de los equipos comprados, y que se realizara un conteo paralelo manual por muestreo. En su tercero y cuarto informe fue agregando detalles, incluyendo la tardía contratación de equipos a 6 semanas de los comicios y la falta de entrenamiento del personal. El quinto informe (del día de la votación) y el sexto y final documentan el tollo tecnológico que ahora reconoce la dirección de Informática de la propia JCE, el cual también registran los informes de las misiones internacionales de observación electoral.

El primer desastre tecnológico, propulsado por Roberto Rosario cuando presidía la Cámara Administrativa de la JCE, es una historia larga cuyos detalles no caben en este espacio. Las irregularidades, desde la licitación, fueron documentadas por dos auditorías, la primera de la Cámara de Cuentas en el 2006 y la otra de un consorcio de auditores privados, entre los cuales estaba Pellerano y Herrera en el 2008.

Entre las irregularidades documentadas se cuenta que se otorgó el contrato a una empresa cuya experiencia era en recogida de basura e instalación de semáforos, la cual se comprometió a gestionar un financiamiento que luego no aportó; que entre la licitación y la firma del contrato hubo un incremento de costo de 4 millones de dólares; que la JCE comprometió deuda externa sin aprobación congresual. Y finalmente los equipos fueron un fiasco. Todo eso y más lo denunció Participación Ciudadana, y fue lo que le generó la hostilidad de Roberto Rosario desde la JCE.

Ante la nueva denuncia, cabe preguntar, una vez más, quién le pone el cascabel al gato.-

 

Buen aporte al periodismo

A1    Por Juan Bolívar Díaz

El Análisis del Desarrollo Mediático en la República Dominicana publicado la semana pasada por el Colegio Dominicano de Periodistas, auspiciado por el Programa  Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la Unesco, constituye un importante aporte para la comprensión de los factores que degradan progresivamente el ejercicio del periodismo en el país.

Recogido en un libro de 200 páginas, se fundamenta en estudios anteriores, en una encuesta sectorial que abarcó a 331 periodistas, una encuesta nacional de credibilidad con una muestra de 1,200 hogares y entrevistas a ejecutivos, así como grupos focales, bajo la coordinación del reconocido periodista y profesor Adalberto Grullón, y con un amplio y representativo consejo consultivo.

Periodistas, propietarios, ejecutivos de los medios, académicos y dirigentes gremiales, deben echarle una mirada profunda a este estudio para tratar de entender las serias limitaciones con que se ejerce el periodismo en el país, derivadas básicamente de muy pobres condiciones salariales y laborales que han reducido el margen de independencia de los periodistas y generado su cooptación por los poderes públicos.

El problema comienza por lo que pareciera una ventaja, el enorme aparato mediático dominicano, desproporcionado para ser sustentado por la publicidad de un mercado de consumidores de 10 millones y medio de personas, la mitad de escaso  poder de compra. Son 8 periódicos diarios, 46 canales de televisión, 379  radioemisoras comerciales y 92 comunitarias y 90 compañías de televisión por cable, cada una de las cuales oferta decenas o cientos de canales nacionales e internacionales. Más cientos de periódicos y blocks digitales

El estudio no cuantifica la cantidad de programas de radio y televisión diarios o semanales producidos a nivel nacional, ni las revistas y otros impresos que también compiten por un pastel publicitario que se divide en miles de fragmentos, pero que se concentra en pocos medios, especialmente de la televisión, que capta el 70 por ciento, dejando a la mayoría cada vez más débil y expuesta a las manipulaciones y cooptaciones del poder político y económico, en detrimento de la hipoteca social del periodismo.

Directamente vinculado al minifundio mediático está el bajo salario promedio de los periodistas, de apenas 25 mil 730 pesos mensuales, estimado en apenas algo más del 50 por ciento del prevaleciente en América Latina y el Caribe. Consecuencia directa es que 53% de los periodistas tienen al menos dos empleos, de los cuales sólo el 23% en  otro medio de comunicación como segunda fuente de ingreso y se ven forzados a jornadas laborales muy extensas que degradan sus vidas y la calidad de su trabajo. El 27.8% al menos 10 horas, y el 27.4% entre 10 y 15 horas diarias. Resalta que todavía el 43% carece de estudios universitarios de comunicación, y 11 por ciento apenas completó la educación secundaria.

En esas circunstancias  los periodistas han sido presa fácil de los políticos y funcionarios que los ponen en nómina, una parte sin mayor compromiso de horario, con salarios que en promedio duplican los de las empresas periodísticas. Como una alta proporción vive de programas propios de radio y televisión y de publicaciones digitales, se convierten en vendedores de publicidad, en detrimento de su independencia, sobre todo porque también tienen que cobrarla. La confusión ética y la dependencia son innegables.

No es sorprendente entonces la baja valoración de la profesión por parte de la sociedad, registrada en el estudio. El 60% cree que el periodismo dominicano no se ejerce con independencia, el 69% que no guarda distancia de las fuentes informativas y el 70% que no está libre de la corrupción.

La situación del periodismo nacional es muy preocupante. El estudio formula recomendaciones, pero es obvio que no hay soluciones fáciles. Pero por lo menos debería obligar a reflexiones y debates en los gremios, las academias y las empresas.-

        

Gran oportunidad para el PRM

Por Juan Bolívar Díaz

Desde su fundación hace tres años sobre las ruinas del edificio político que durante décadas fuera el Partido Revolucionario Dominicano, se ha estado esperando que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se constituya en un nueva esperanza que impulse el rescate del partidarismo y la actividad política democrática en el país y represente una nueva opción de poder.

En las encuestas de los últimos años Los partidos políticos y el Congreso Nacional aparecen sistemáticamente como las instituciones de menor credibilidad, con 23 y 15 por ciento en el Latinobarómetro de este año, y en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial la confianza de los dominicanos en la política ocupa el escalón 136 entre 137 países del mundo, sólo peor en Brasil.

Lo más relevante es que nuestros partidos y dirigentes políticos siguen tratando de ignorar las señales que le viene dando la ciudadanía, sin dar los pasos precisos para contener el deterioro, como ha quedado mostrado durante casi un cuarto de siglo que se discute la necesidad de una profunda reforma electoral que revitalice el partidarismo y rescate la actividad política. En el debate sobre la ley de partidos ha quedado de manifiesto que el liderazgo político ni siquiera confía que tenga capacidad para presentar padrones de militantes, por lo que algunos quieren imponer a toda costa la votación universal de los ciudadanos en la elección de candidatos a todos los niveles.

El PRM figura entre las organizaciones que propugna porque sean los miembros de cada partido los que elijan sus candidatos en votaciones primarias democráticas y está culminando un proceso de empadronamiento para de inmediato renovar su dirección nacional el 26 del mes en curso. Después volverían a abrirlo para ampliar la membrecía antes de escoger candidaturas para los comicios del 2020.

Cuando corrían rumores sobre supuestos intentos por frenar el proceso, la dirección ejecutiva de ese partido reafirmó el cierre del plazo de inscripción en el país el 31 de octubre y en el exterior el 6 de noviembre. Ahora enfrentan el desafío de elegir democráticamente sus dirigentes, lo que no ocurre en los grandes partidos desde hace casi dos décadas.

Los perremeistas están obligados a dar ejemplo de responsabilidad, organización y democracia interna, si quieren realmente constituirse en una alternativa para amplios segmentos de una ciudadanía que ha perdido la fe en sus organizaciones políticas. Ellos constituyen la principal alternativa al desgastado partido gobernante, y el año pasado lograron un 35 por ciento de los votos presidenciales, cuando apenas se habían constituido y en desventajas competitivas descomunales.

Hay quienes critican que más de un dirigente aspire y luche por la candidatura presidencial, lo que debería ser visto como expresión de democracia, pero se constituye en un elemento de desconfianza  por el canibalismo y la falta de respeto a los procedimientos democráticos que ha caracterizado la política nacional de las últimas dos décadas.

´Sería un paso trascendente que el PRM tenga éxito en sus propósitos de empadronamiento y elección de dirigentes. Pero es preciso mucho más, por ejemplo, que ese partido y sus legisladores demuestren fehacientemente que quieren cambiar el salvajismo político. Ahora mismo tienen otra oportunidad si respaldan el establecimiento de un límite de 100 mil dólares para los automóviles que exoneran a los congresistas.

No es sólo el privilegio de la exoneración de impuestos, sino el negocio ilegal, corrupción, de vender las exoneraciones, de defender el derecho a lucrarse a costa del fisco, para que otros puedan importar Lamborghini Huracán de 206 mil dólares, casi 10 millones de pesos; Ford GT de 250 mil dólares; Porche de 599 mil dólares; o hasta un Ferrari Enzo de 3.2 millones de dólares, o 152 millones de pesos.

El partido que empiece a predicar con el ejemplo, comenzará el rescate de la política y se convertirá en una institución respetable. A ver si se animan los perremeístas.-

 

.

De parrandas y juergas judiciales

Por Juan Bolívar Díaz

            Los que durante más de un mes abogamos, por diversos medios de comunicación porque se estableciera el paradero del convicto por asesinato Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito, tenemos que celebrar que finalmente la Procuraduría General de la República  haya podido establecer lo que era de dominio público: que no estaba muerto, sino que anda de parranda.

La circunstancia es propicia para que, así como todos los medios llevan dos semana entretenidos con los múltiples detalles  de la espectacular desaparición de Quirinito, ahora concentren atención en demandar a la misma Procuraduría General que presente todos los detalles de la juerga policíaco-judicial del 24 de septiembre que costó la vida al teniente de la fuerza aérea George Alberto Mateo Aquino.

Lo de Quirinito está en vías de esclarecimiento, aunque eso no sea garantía de que la justicia castigará a todos los responsables de la parranda. Quedan aún muchas dudas sobre cómo fue posible un concierto tan amplio de voluntades judiciales para ayudar a un convicto de asesinato, condenado definitivamente a 30 años de prisión, si todo fue por dinero  o en cumplimiento de una voluntad superior, o en pago de una deuda familiar con el meritísimo tío conocido como Quirino, que dejó a la defensiva al expresidenteLeonel Fernández.  .

Lo establecido es que el atento juez de ejecución de la pena, de San Cristóbal, trasladó al convicto a una cárcel de San Francisco de Macorís, donde piadosos  procuradores fiscales  solicitaron que le dieran el prisión domiciliaria para que se tratara un cáncer. Otra jueza generosamente aceptó que la garante de la condicionalidad fuera la propia esposa del interesado. Ha trascendido que “se basó” en un certificado médico expedido diez días después. Y un médico legista “certificó la muerte” de Castillo Paniagua, no por el cáncer, sino a causa de un infarto. Aunque luego no se ha podido establecer dónde está la sepultura y se ignora si la esposa, abogada y “garante” está siendo procesada por complicidad. Hubo antes otro trato exquisito cuando al prisionero le permitieron salir de la cárcel para contraer un matrimonio que debió efectuarse en el recinto..

El asesinato del teniente Mateo Ogando no genera tanta morbosidad como la parranda de Quirinito, pero es igualmente escandaloso. Las connotaciones parecen indicar  que es otra tragedia derivada de la repartición de los terrenos de lo que fuera el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), como la que el 14 de febrero originó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en pleno trabajo en San Pedro de Macorís y el alegado “suicidio” del matador de aquellos, una víctima de estafa que perdió todo juicio.

Fue una juerga policíaco-judicial, o quién sabe si también política. Tiene que haber muchos intereses en juego, para que un contingente policial realizara un desalojo de decenas de viviendas, alrededor de las tres de la madrugada de un domingo, sin previa notificación ni disposición judicial, ni acompañamiento  judicial.

Pudiera estar vinculado a la plusvalía de los predios de Cerros de las Américas, por su proximidad al gigantesco proyecto Ciudad Juan Bosch. El teniente, como muchas otras personas, con más de una docena de años ocupando esos predios, se levantó sobresaltado cuando las maquinarias demolían sus viviendas y sus reclamos originaron una balacera que le costó la vida y heridas a varios.

Tres semanas después se ignora quién fue el responsable de ese asesinato. Ni el reclamante del terreno, ni ningún detalle legal justificativo. Se cree que pudiera ser una empresa a la que el CEA le “vendió”  en el 2001 más de 13 millones 696 mil 987 metros cuadrados por 821 millones de pesos, de los cuales sólo adelantaría 20 millones, y que pagaría el resto con las ventas de la urbanización “Ciudad Ecológica de las Américas”, hasta ahora sólo soñada. Nadie se sorprenda si esos terrenos han sido revendidos o puestos en una nueva asociación lucrativa.

A ver si alguien se anima a exigir una explicación de esta sangrienta juerga, y si la Procuraduría General se adelanta esta vez al clamor de justicia, haciendo una pausa sobre sus investigaciones de la tragedia macorisana y la de Los Tres Brazos, para quedarnos sólo en terrenos del CEA.-

El indoblegable Randolfo Núñez

Por Juan Bolívar Díaz
2587Como a todos los heroicos soldados de la Revolución Constitucionalista, al coronel Randolfo Núñez Vargas la vida se le va agotando más de medio siglo después de esa gesta, sobreviviendo modestamente, pero con la dignidad y la honorabilidad que le han caracterizado en todas sus circunstancias. En las últimas semanas libra intensa batalla contra un mal renal que lo ha colocado a la defensiva y en retaguardia, vigilado estrechamente por Mariana Brito, su compañera de toda la vida.Lo conocí y aquilaté a partir de 1966 cuando llegó al México donde yo estudiaba, exiliado como agregado militar a la embajada dominicana, como ocurrió en diferentes países con Francisco Alberto Caamaño Deñó, Montes Arache, Peña Taveras, Héctor Lachapelle y otros de los más relevantes soldados que reivindicaron el honor de las Fuerzas Armadas con la restauración del orden constitucional y se jugaron la vida enfrentando la descomunal invasión militar norteamericana.

El entonces capitán Núñez Vargas se quedaría exiliado en México hasta 1973 y después otros dos años en Guatemala, y en ambos países fue ejemplo de decoro como militar y diplomático. Se vinculó a los dominicanos que cursábamos estudios de grado y postgrado en la capital azteca, a los que procuró ayudar en todo lo que podía, y más tarde a los exiliados que llegaron en los años 1969-71.

Randolfo fue para muchos una revelación. No concebíamos tanta integridad y generosidad en un oficial militar, ni tanto empeño en superarse, aún en circunstancias de adversidad. Como le gustaba la literatura y la escritura alguna vez intenté llevármelo para la escuela de periodismo donde yo fui docente al volver a México a finales de 1970, entonces yo también auto exiliado. Pero se transó por un diplomado en mercadeo.

En el apartamento de Randolfo y Mariana estudiantes y exiliados encontrábamos de todo, incluyendo el contacto con intelectuales y personalidades de diversos ámbitos, como la pareja de sociólogos haitianos Gerard Pierre-Charles y Susy Castor, catedráticos de la UNAM, que nos enseñarían a reivindicar la fraternidad en la isla.

Núñez Vargas era solo teniente del Ejército en abril de 1965, pero de servicio en el Palacio Nacional, lo que le permitió convertirse en clave para la captura de ese bastión fundamental y la destitución del espurio gobierno golpista horas después de la proclama constitucionalista. Sus doblegados superiores, salvados luego por la invasión extranjera, nunca le perdonaron y por eso lo marginaron y extrañaron del país al final de la contienda.

De retorno en 1975, evadió ser reintegrado a las fuerzas armadas al servicio del general Beauchamps Javier y de la Cruzada del Amor de doña Emma Balaguer. Y cuando el propio presidente Balaguer le manifestó su disposición de ayudarlo “en lo que quisiera”, el orgulloso militar respondió que todo lo que quería era su reintegración plena al Ejército en el que se había formado. El mandatario adujo que tenía enemigos que se oponían, aconsejándole: no sea terco capitán Núñez. Fue retirado con un sueldo de 278 pesos.

Tras la transición democrática fue designado en la Dirección General de Migración, donde sería subdirector con asiento en Santiago, director de Extranjería y fundador de una escuela donde se formaron más de un millar de agentes. Algunas veces me tocó asistir de expositor ante su alumnado. Hace algunos años se le revaluó su pensión con el grado de coronel y 21 mil pesos, mucho menor que la de cientos que nunca han servido al Estado, pero de lo que su dignidad no le permite quejarse.

En su natal Bonao lleva varios años retirado de funciones públicas, no así de sus otras grandes pasiones, el cultivo de seres humanos, de plantas frutales y florales, nacionales y exóticas, y la defensa del medioambiente. Allí Colombo y yo lo hemos sorprendido varias veces para recordar los años fraternales del México lindo y querido y para hacerle un “saludo militar” al grito de ¡salve soldado de la patria!