Legislando para beneficio propio

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque esta vez no hay cambio en el presidencia y la vicepresidencia de la República, ni en más del 80 por ciento de los integrantes del Senado ni de dos tercios de la Cámara de Diputados, una vez más el período de “transición” se está convirtiendo en tiempo de repartos impúdicos a la vista impotente de toda la sociedad.

En los mayores municipios, como el Distrito Nacional y Santiago, los regidores y alcaldes tratan de atribuirse pensiones improcedentes o se elevan sus sueldos, y en el Congreso Nacional se adelantan legislaciones para beneficio propio de los legisladores, sin que ningún poder pueda alcanzar a establecerles límites, ya que desde hace algún tiempo se ha extendido hasta la iniquidad el concepto de autonomía estatal.

Los mismos legisladores que crearon el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que instituye un seguro de salud y un sistema de pensiones, definido como universal para los empleados públicos y privados, legislaron en su propio beneficio, creando, por separado un Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, con niveles privilegiados de beneficios.

En este período de transición, el Senado y ahora acaba de refrendarlo la Cámara de Diputados, ha ampliado los beneficios de su plan de pensiones, pero también están creando el Instituto de Desarrollo Parlamentario y Capacitación Legislativa. Para colmo, diputados que pasan a ser alcaldes, apresuran una modificación de la Ley 176-06 sobre Municipios y el Distrito Nacional, en búsqueda de un mayor margen de autonomía administrativa.

Bajo el paragua de que aumentan del 10 al 12 por ciento, es decir en un 20 por ciento, los aportes al plan de pensiones de los pocos nuevos senadores y diputados a partir del próximo período constitucional, se incrementa en 67 por ciento el aporte para pensiones que han de extraer del presupuesto del Poder Legislativo, que pasaría del 6 al 10 por ciento del total. Eso no tiene otro nombre que legislar para beneficio propio.

Como si nada, los diputados aprobaron esta semana y a toda velocidad, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de creación del Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa. Puede parecer un buen propósito promover la formación de los legisladores, pero es otro privilegio a ser financiado con los dineros públicos. El Instituto impartiría diplomados y maestrías en técnicas legislativas y derecho parlamentario, con pretensión de reconocimiento como entidad de educación superior. Por supuesto con financiamiento estatal privilegiado, al margen de la Universidad del Estado y de tres docenas de academias privadas.

El otro desaguisado legislativo es la modificación de la Ley 176-07 sobre Municipios y el Distrito Nacional, para beneficio de varios diputados que pasarán el 16 de agosto a ejercer como alcaldes, relevantemente el actual presidente de la Cámara Abel Martínez, quien se juramentará como alcalde de Santiago.

Se pretende reducir el papel de las salas capitulares, en beneficio de los alcaldes, y modificar la distribución de los ingresos de los municipios, que según el artículo 21 de la Ley 176-07, sólo se puede puede erogar hasta el 25 por ciento en gastos de personal, y 31 por ciento para actividades y servicios municipales, reservando 40 por ciento para obras de infraestructura y adquisición de muebles, y el 4 por ciento restante para programas educativos, de género y de salud. También se pretende otorgar discrecionalidad al cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Vale recordar que la Ley 176-07 fue fruto de una larga década de concertaciones y asesorías nacionales e internacionales, y ahora se pretende una modificación al vapor. Por suerte a la actual legislatura sólo le quedan seis días hábiles, pues concluye el lunes 25.
Una vez más resalta la miseria de institucionalidad democrática que se gasta este país, con seres privilegiados que legislan para su propio beneficio, que se apropian de recursos estatales para “planes de asistencia social”, pero que no cumplen su función de fiscalizar y se pasan años y hasta décadas acariciando proyectos fundamentales como la ley del Régimen Electoral, la de Partidos, o el proyecto de ley de tránsito, transporte y seguridad vial.

Reinado de la incertidumbre

Por Juan Bolívar Díaz
26_06_2016 HOY_DOMINGO_260616_ Opinión9 A

La decisión del retiro del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE) en el referendo del jueves, rebasa con mucho el límite de la mayor concertación de Estados de la historia y se inscribe en las incertidumbres generadas por un desorden económico internacional fundado en una concentración de la riqueza insostenible, que implica la degradación de los avances logrados en casi siete décadas de esfuerzos por una nueva civilización, de bienestar compartido, como fundamento de la paz.

Esta decisión ultranacionalista pone en jaque a la UE, agobiada por las consecuencias de la crisis financiera internacional que comenzó en el 2008 y no acaba de ser superada, amenazando ahora con una nueva recesión, y por el desmadre de la inmigración de cientos de miles de africanos y asiáticos que tocan las puertas de Europa, impulsados por las degradaciones económicas y políticas autogeneradas en sus propios países, pero con muchísima responsabilidad de las naciones del llamado mundo occidental.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, lo ha expresado de forma dramática: “temo que el Brexit pueda marcar no solo el comienzo de la destrucción de la Unión Europea, sino también el de la civilización occidental”. Aunque lo primero que está en peligro es la unidad misma del RU, ya que líderes de dos de sus estados federados, Escocia e Irlanda del Norte, donde el voto por la permanencia alcanzó 62 y 56 por ciento, están solicitando sus propios referendos para determinar si permanecen en la UE. Lo mismo demandan partidos ultranacionalistas de Francia, Italia y Holanda, tres de los más importantes fundadores de la UE, alentados por el resultado del jueves.

Lo único claro es el reinado de la incertidumbre, que se traslada a Estados Unidos, donde, ya no se puede descartar que pueda alcanzar el poder el señor Donald Trump, quien hasta hace pocos meses no era tomado muy en serio, pero ha logrado convertirse en candidato presidencial de uno de los dos partidos dominantes, reivindicando las políticas de exclusión y aislamiento ultranacionalista.

Tampoco en Europa se creía que el electorado del RU se decantaría mayoritariamente por el aislacionismo. Mucho menos después de esa ofensiva final donde no solo el primer ministro hizo campaña para evitarlo, sino dos de sus antecesores, al igual que gran parte de sus fuerzas vivas, como las universidades, el mundo financiero, el empresariado, científicos, artistas, escritores, deportistas y grandes medios de comunicación sustentaron la permanencia. Y tuvieron el respaldo de los gobernantes y la opinión pública de casi toda Europa y de Estados Unidos.
Tiene que ser muy grande la incertidumbre y el desconcierto económico social para que la mayoría de los habitantes del RU se hayan manifestado contra la UE, desoyendo las advertencias, hasta de la mayoría de sus empleadores, sobre las consecuencias negativas que para ellos mismos puede tener el aislamiento.

Todo nos remite a la crisis del orden económico internacional, que no ha perdonado ni al estado de bienestar logrado por los europeos y norteamericanos tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial y por los retos del comunismo que obligó a moderar la voracidad del capitalismo salvaje.

El aislacionismo, la ruptura de la concertación internacional, el predominio del nacionalismo no resolverán la crisis del capitalismo, y en vez de generar conciliación y paz, agudizarán las confrontaciones, los odios, fanatismos y exclusiones que sustentan el terrorismo internacional.

Es que resulta insostenible un desorden mundial en el que 62 personas concentran la misma cantidad de riqueza que 3,600 millones, la mitad de la humanidad, y que el 1 por ciento, es decir 72 millones de personas, usufructúan tanta riqueza como el 99 por ciento, es decir 7,127 millones de seres humanos. Nos acecha una inmensa tragedia.

Por una cultura democrática

Por Juan Bolívar Díaz
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Resulta impresionante la resignación con que ciudadanos y ciudadanas de nivel educativo y responsabilidades sociales aceptan como normales, tradicionales o irremediables las prácticas políticas del abuso de lo público, de la imposición autoritaria, del engaño y la mentira, y hasta de la marrullería y el fraude. Y lo que es peor, llegan a considerar radicales a quienes luchan por una cultura democrática.

Abundan los que sólo se rebelan cuando los afectan directamente, aunque vean el crimen o el robo y la malversación de lo público, tratando de ignorar que la corrupción de arriba se refleja necesariamente en todos los estratos sociales, repercutiendo en la delincuencia y la inseguridad.

Las castas políticas se reproducen con la expropiación de los recursos que son necesarios para pagar a los guardias y policías, a los maestros, médicos, enfermeras y agrónomos, incentivados a buscarse la vida con los medios a su alcance, unos reduciendo sus jornadas y la calidad de sus servicios, otros utilizando las armas puestas a su cargo para incorporarse a bandas criminales.

Mucha gente buena se resigna a que ahora tenemos que pagar la “fiesta democrática”, que dejó un déficit fiscal de más de 50 mil millones de pesos en cinco meses, muchos de ellos contando con que no les podrán cobrar la proporción que le debía corresponder de esa deuda, más la incuantificable de varios años de precampaña y campaña electoral, sin el menor control ni rendición de cuentas.

Se cree que la cultura política del reparto en las campañas electorales, la compra directa o indirecta de conciencias y votos son irremediables, ignorando que en la mayoría de las democracias se han tejido normativas por lo menos para reducirlas, y cuando quedan al descubierto se procesan los responsables. Algunos presumen que sólo los más pobres reclaman pesos para votar, como si en importantes segmentos de las clases medias y altas no cotizaran en el altar del reparto.

Por esa resignación, que en algunos alcanza la categoría de cinismo, es que en el país hemos celebrado dos elecciones sin adaptar la legislación electoral al marco establecido en la Constitución promulgada en el 2010. Por eso llevamos dos décadas discutiendo lo que todos los países del continente han hecho para reducir el costo de la política, para transparentar lo más posible su financiamiento y evitar la depredación de lo público y la incursión del dinero lavado en la elección de los conductores nacionales.

El atraso no se justifica en el bajo nivel de la mayoría de la población, sino en la complicidad de las élites sociales, empresariales, sindicales, religiosas y comunicativas, que se lavan las manos, para seguir recibiendo las cuotas que doblegan conciencias. Son las élites las que tienen que imponer cambios y promover una nueva cultura democrática.

El Perú es otro país con altas tasas de exclusión y atrasos sociales, donde también se manifiesta la corrupción, pero los medios de comunicación y sus élites la combaten, razón por la que el año pasado hubo miles de procesados ante la justicia, y en el proceso electoral que hoy culmina allí dos candidatos presidenciales fueron eliminados por violar la ley que prohíbe la compra de conciencias y de votos. En cada período el pueblo cobra a los mandatarios que no cumplen sus compromisos, como ha ocurrido sucesivamente con Belaúnde, Alan García, Fujimori, Toledo, otra vez Alan y ahora con Humala. Los partidos de los dos últimos presidentes ni siquiera han podido llevar candidaturas presidenciales.

Es obvio que las transformaciones culturales son de largo aliento, pero para ello necesitamos más firmeza, vehemencia y decisión de todas las élites sociales, superando el autoritarismo, la subordinación, la imposición, la violencia y la corrupción que han caracterizado la gestión pública desde el origen de la República.

Diagnóstico y recomendaciones

Por Juan Bolívar Díaz
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El Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del pasado domingo constituye un valioso diagnóstico de la adolescencia del sistema electoral y de la fragilidad que aún exhibe la democracia dominicana, pese a décadas de luchas por su mejoría.

A la vez contiene las recomendaciones fundamentales de los pasos que debemos dar para que algún día nuestros comicios lleguen a ser democráticos y no una burla de los principios elementales de equidad, transparencia, ordenamiento jurídico, proscribiendo todo el atropello, el abuso del poder del Estado y las imposiciones anti democráticas que caracterizaron todo el proceso electoral.

Y no es que la misión de la OEA descubriera un nuevo mundo, seguro tomó en cuenta los cinco informes sobre la campaña electoral presentados por Participación Ciudadana que documentaron los enormes vicios que acusan los procesos comiciales en el país, desde el reparto y tráfico de candidaturas hasta el abuso del poder, el financiamiento turbio, la compra de voluntades y de votos y los atrasos de las normativas legales.

Esas recomendaciones han sido sostenidas firmemente por otras instituciones nacionales y algunos medios y comunicadores, a menudo sometidos a las burlas y estigmatizaciones de los que probablemente aducirán que forman parte del paquete de intromisiones en los asuntos internos dominicanos.

Sobre las votaciones del domingo, el informe de la OEA, como el de la Unión Interamericana de Organismos Electorales y PC, fue bien concreto: “desorden e incertidumbre generados por la instalación de las máquinas de apoyo al proceso”, por lo que el conteo manual “terminó siendo indispensable”, que todo cambio tecnológico “debe tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”. Que recibieron denuncias de compras de votos, pudieron observar proselitismo en los colegios y “altos niveles de inequidad” en el acceso de los partidos a los medios de comunicación.

Vamos a resumir las recomendaciones que contiene el informe, con la esperanza de que esta vez la sociedad dominicana se empodere de ellas, que las enarbole como fundamentales para la convivencia democrática y la legitimidad de los gobernantes:

– Reitera la importancia de una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral que defina con mayor claridad lo concerniente al conteo de los votos, como elemento fundamental que no debe depender de reglamentaciones y que los cambios tecnológicos sean paulatinos para que sean asimilados por las autoridades, los partidos y toda la sociedad. También que se separen de nuevo las elecciones.

-“Que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público directo. Asimismo, se deberían establecer límites a los fondos provenientes del sector privado”.

-Fortalecer la capacidad de fiscalización, control y sanción para las violaciones a las normativas en coordinación entre las instituciones involucradas en el manejo de recursos, encabezados por la Cámara de Cuentas, JCE, Banco Central…

-Un marco jurídico de regulación para el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, que garantice el derecho a la información de partidos y candidatos y de la ciudadanía a estar bien informada.

Todas esas y otras importantes regulaciones se han consensuado repetidas veces en las últimas dos décadas, sin que el liderazgo político haya mostrado voluntad. Y no renunciarán al ventajismo hasta que la sociedad, incluyendo a los empresarios y obispos, den mayores muestras de cultura democrática.

Un Voto por la Esperanza

Por Juan Bolívar Díaz
15_05_2016 HOY_DOMINGO_150516_ Opinión8 B

Me cuento entre los que suscribieron el manifiesto “Un voto por la Esperanza” pretendiendo incentivar a la ciudadanía a que, aunque caigan aguaceros y lluvias de papeletas en este domingo 15, concurra a las urnas con un sufragio “útil, consciente y comprometido para favorecer las candidaturas que rompan el monopolio del poder y/o puedan encarnar los cambios que esta sociedad necesita, las que representan la tradición de lucha por la democracia, la libertad y la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad de creencias y opciones de vida individual”.

Sabemos que es muy difícil tocar la conciencia de las masas, en gran parte víctimas de la ignorancia y la manipulación que les mantiene domesticadas con las dádivas clientelistas y la compra de conciencias. Pero podemos apelar a esa mayoría de la ciudadanía que sueña con una sociedad mejor organizada, donde se respete la dignidad de las personas y en la que la Constitución y las leyes no sean simples sugerencias.

Estas elecciones representan un fuerte desafío a la conciencia de mujeres y hombres libres que rechazan las groseras manipulaciones y saturaciones propagandísticas con que se nos ha bombardeado durante meses, en un derroche de recursos que ofende la pobreza de las mayorías, sobre todo porque en gran proporción son extracciones de las escasas rentas nacionales y provienen del lavado de dinero ilegítimo.

Un voto consciente y comprometido es el que se otorga a quienes se lo han ganado por la calidad de sus propuestas para corregir los graves diseños de la sociedad dominicana, como la perversa distribución de la riqueza que mantiene la pobreza, la precariedad de los servicios básicos, la exclusión y la desigualdad. Y a quienes proponen enfrentar los graves índices de corrupción, descomposición social y descarada impunidad, generadores de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Esta consulta popular representa un retroceso en múltiples aspectos. Primero porque después de 22 años de una reforma política, volvemos a elegir al por mayor nuestros representantes congresuales y autoridades municipales conjuntamente con el presidente y vicepresidente, lo que en vez de incitar a la selección, estimula el arrastre, con escasa distinción de los méritos individuales y de las propuestas programáticas.

En segundo lugar, porque después que al final del siglo pasado y en la primera década del presente los partidos dieron pasos hacia la democratización en la selección de candidatos, han vuelto a los peores períodos de la mera distribución en las cúpulas, en muchos casos con una repostulación total que confunde a los meritorios con los traficantes.

Hemos sido testigos de un transfuguismo sin precedente, sin mayor base que la ley de la oferta y la demanda, y casi siempre a costa de los recursos del Estado.

La extensión de las campañas y el gasto desorbitado de recursos de origen ilegítimo han encarecido enormemente el costo de la adolescente democracia dominicana, lo que a su vez saca de competencia a muchos ciudadanos y ciudadanas honorables que no tienen recursos para competir en condiciones de extrema desigualdad.

Que nadie se deje vencer por el pesimismo, la resignación o por la frustración frente al más atrasado sistema político del continente, que lleva dos décadas discutiendo una ley de partidos que imponga normas democráticas, y que durante seis años se ha negado a conciliar la Ley Electoral con el ordenamiento derivado de una nueva Constitución. La abstención o la indiferencia son la peor inversión. Hay que votar y hacerlo por los que siquiera dejen margen a los sueños, aferrados a las utopías que, como han dicho los poetas, aunque parezca que se alejan, nos incitan a seguir caminando.

Hace cuatro años escribíamos “sueños de un domingo de mayo”, cuya conclusión sigue con igual vigencia: “Tengo muchos otros sueños que algún día se realizarán, pero no caben en esta cama en el amanecer de este 20 de mayo. Como dijo el recién fallecido cantor José A. Labordeta: También será posible que esa hermosa mañana/ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver/pero habrá que empujarla para que pueda ser”.

Hemos ayudado a Danilo

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Llegó como una tromba cuando ya se agotaban las preguntas tras una exposición sobre las perspectivas para las elecciones de mayo 15, y con furor y en el más elevado tono de voz impugnó a la parroquia por haber invitado a un político parcializado, sin méritos para dirigirse a la comunidad católica de Villa Duarte.

Confieso que me impresionó el enojo con que hablaba aquel joven que se identificó como profesor. El párroco y los laicos que habían organizado la charla lo dejaron desahogarse, hasta que empezaron a hacerle señas de que terminara y tras agotar su rosario de descalificaciones se marchó con el mismo furor con que había llegado hasta el podio.

Los organizadores se extendieron en reconocimientos al periodista y charlista, apenados por el incidente y le obsequiaron la Agenda Latinoamericana, que desde hace 25 años editan los teólogos liberacionistas y defensores de derechos humanos José María Vigil y Pedro Casaldáliga, el obispo emérito de Sao Félix de Araguaia en Matto Groso, Brasil.

Me reconfortó el regalo, más todo cuando al salir del templo leí el mensaje de los editores: “85 personas tienen una riqueza equivalente al patrimonio de la mitad pobre de la humanidad. Y el 1% más rico de la población, en este año 2016, va a superar su propio récord patrimonial traspasando la barrera psicológica del 50% de la riqueza del mundo (y continúa creciendo). ¿A qué porcentaje de la tarta habrá de reducirnos la riqueza extrema para que despertemos y decidamos poner fin a esta situación indigna de la humanidad?

No me correspondía otra cosa que lamentar el enojo del profesor peledeísta y restarle importancia, señalando que nunca espero unanimidad, que la pluralidad y la diversidad son esencia de la libertad y de la democracia, y que todos deberíamos soportar criterios divergentes, sobre todo si se expresan sin faltarle el respeto y la consideración a los demás.
Aparte de la descalificación, el inquisidor se refirió a los grandes logros del gobierno del presidente Danilo Medina, especialmente a la inversión en educación, ya habíamos reconocido. Hice conciencia de cuánto habíamos contribuido los periodistas y activistas sociales, opositores, críticos y exigentes al mayor logro del cuarto gobierno del PLD.

Durante años reclamamos el cumplimiento de la ley general de educación promulgada en 1997 que destina el 4 por ciento del PIB a la educación. Pasaron tres gobiernos del PLD y uno del PRD, sin que se alcanzara la meta. Cargamos los paraguas amarillos por parques y calles, los abrimos en nuestros programas televisivos, escribimos cientos de artículos y en el 2012 hicimos que los candidatos presidenciales firmaran un compromiso de cumplir la ley.

Reconocemos que el presidente Medina está honrando ese compromiso, aunque la inversión se ha concentrado demasiado en edificaciones, y poco en otros elementos esenciales para la calidad de la educación. Y sentimos satisfacción de haber contribuido al mayor galardón que exhibe su gobierno.

Y no es la única contribución, los críticos rechazamos aquel decreto de Medina que reconocía los títulos usurpados de Bahía de las Águilas, y logramos que el mandatario lo rectificara. En su informe del pasado 27 de febrero lo celebró como gran logro. La pasada semana inauguraron la carretera Ocoa-Piedra Blanca, que une las regiones norte y sur del país, que los críticos promovimos cuando los fieles defendían una vía directa entre Santiago y San Juan, por el medio de la cordillera Central, que rompería tres parques nacionales, con altísimo costo ecológico y económico, y que tomaría años para inaugurar.

Algo similar ocurrió cuando el presidente Medina buscaba un paliativo al problema, de graves repercusiones internacionales, creado por la sentencia que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Contra una enorme confabulación que incluyó a gran parte de su partido y acólitos mediáticos, los críticos y defensores de derechos humanos ayudamos al presidente a desligarse de esa ignominia con la ley 169-14.

Es una pena que el presidente no se dejara ayudar en otras cosas, como por ejemplo en las reformas políticas, en el cumplimiento de las leyes, en el combate real a la corrupción y la inseguridad o en no haber comprado el Congreso para buscar la reelección.

Es realmente preocupante el terreno que ha ganado la intolerancia y los afanes concentradores en los ámbitos del partido gobernante. Tanto que se irritan y quieren acallar las cada vez menos voces disidentes.

Crisis de valores o cinismo

Por Juan Bolívar Díaz

01_05_2016 HOY_DOMINGO_010516_ Opinión9 A

    Servio Tulio Castaños, el dilecto vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia ha vuelto a deplorar que la sociedad dominicana refleje,  «de manera dramática, una crisis de valores que incluye el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de confianza en la eficiencia y transparencia en la gestión de los servicios públicos».

            Para otros la crisis es más profunda, fundada en una histórica devoción y sumisión al poder, sin importar el grado de corrupción, los niveles de represión, engaño y violencia, que pueden implicar el fusilamiento de héroes nacionales, como Francisco y María Trinidad Sánchez, Manolo Tavárez o Francis Caamaño, por haber desafiado a los gestores de la iniquidad.

            Es una sumisión tan acendrada, que comenzó frente a los exterminadores de la población indígena y siguió con la esclavitud y la exclusión, promovida hasta por las jerarquías eclesiales que nos impusieron como patrona la virgen a la que la ignominia oficial atribuye la protección de los poderosos conquistadores frente a los indefensos. No hay dudas que gran proporción de los religiosos de hoy, abominan de ese planteamiento y trabajan por la liberación espiritual, pero parece que es difícil desarraigar la ignominia.

            Esa devoción por el poderoso explica que sólo siete caudillos hayan gobernado la República por más de dos tercios de su historia, reeligiéndose una y otra vez: Pedro Santana, Buenaventura Báez, Lilís Hereaux, Horacio Vásquez, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. Los dos  últimos también dos tercios del posttrujillismo.

            Danilo Medina va en camino de sumarse a ese exclusivo club, reproduciendo los mismos «valores»: completó la obra de su antecesor en la desarticulación de los partidos que le hacían «oposición», comprando sus dirigentes con los recursos del Estado, y de igual forma «conquistó» bloques enteros de diputados y senadores, como se ha hecho con todo el que ha querido acceder a riquezas rápidas y privilegios, no importa que sean jerarcas políticos, religiosos, sindicales, intelectuales o comunicadores sociales. Y a un millón de los pobres se les ha dejado  caer migajas de la mesa, con lo cual su atavismo cultural los deja satisfechos.

            Al dar cuenta de los resultados de la última encuesta Hallup-HOY el lunes 25 de abril, este periódico tituló arriba, en su página 8-A: «El 63% votaría por Danilo y ganaría en  primera vuelta». Al centro otro título expresaba:  «El 63% cree usan fondos públicos a favor de DM». La Gallup-HOY de julio 2015, días después de la última reforma constitucional para la reelección, registraba el mismo 63% de preferencias electorales a favor de Danilo, con 64% aprobando la burla de la Constitución, aunque el 52% de los mismos encuestados estuvo de acuerdo que para lograrlo «había corrido el dinero», con sólo 26% en desacuerdo.

            En esta  última Gallup-HOY, el  33% considera que la corrupción es mayor que antes y otro 31% que es igual, para sumar 64%, el 82% señaló la delincuencia, o el robo, asalto y sicariato, como principales preocupaciones.

            Algunos analistas estiman que la aprobación del gobierno se debe al crecimiento económico, pero los encuestados no lo aprecian así: 46%  señaló el desempleo como principal problema, 58% ve la situación económica del país mala o muy mala, (sólo 15% buena o muy buena), 45% estima mala o muy mala su situación económica personal, (sólo 20% buena o muy buena) y 53% considera que al final del gobierno la situación económica será igual o peor, contra un 26% que ls espera mejor.

            ¿Cómo se explican todas estas contradicciones? Cinismo, en las capas sociales más educadas y mejor situadas económicamente, especialmente de los beneficiarios de la corrupción y distribución del patrimonio público. Alienación y sumisión de las masas ignorantes que agradecen felices hasta un pollo, y resignación y frustración en muchísima gente que quisiera vivir en un país mucho mejor. Finalmente, hay un segmento social que rechaza la alienación, no concilia con la corrupción, ni se resigna ni se deja frustrar, ¿En cuál grupo se sitúa usted, señor o señora lectora?

 

Más equidad y transparencia

Por Juan Bolívar Díaz
03_04_2016 HOY_DOMINGO_030416_ Opinión9 A

Si el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están tan convencidos de que obtendrán hasta más del 60 por ciento de los votos en los comicios del mes próximo, como pregonan, y de frente a siete candidaturas de oposición, no deberían economizarse ni el menor esfuerzo por revestir de mayor equidad y total transparencia todo el proceso para, como dijo esta semana el ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, evitar dar justificación a las objeciones.

Por igual, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, debería dejar de ver conspiraciones en las legítimas preocupaciones que han expresado instituciones sociales y contados periodistas sobre la procedencia de auditorías técnicas tanto al padrón electoral como a los equipos que sostendrán el novísimo sistema de escaneo automático de los votos. Aunque sea también para no dar justificación a posibles objeciones. Con más razón si las hubiese anunciado antes de que se lo plantearan. Tampoco debería ofenderse con la sugerencia de hacer también un conteo manual de los votos en el 3 por ciento de los colegios para que no queden dudas de que el resultado ha sido igual al electrónico.

El Gobierno ha dado algunos pasos acogiendo varias de las objeciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, como instruir para evitar el uso de vehículos oficiales en el proselitismo, y el más significativo de suspender la desproporcionada publicidad política gubernamental, que es una forma indirecta de promover la reelección.

Por cierto que esas iniciativas las tomó después de las denuncias de instituciones sociales, como en el caso de Participación Ciudadana, que documentó un incremento sobre el cien por ciento de la publicidad gubernamental en el primer bimestre del año, incluyendo el 300 por ciento en el gasto publicitario de la propia Presidencia de la República. Ya antes había denunciado que el año pasado el gobierno se constituyó en el mayor anunciante del país, por encima de todo género de actividades comerciales, tras incrementar en 37 por ciento el gasto publicitario en relación al 2014.

Si el Gobierno gastó entre enero y febrero 1,113 millones de pesos en publicidad y propaganda, la JCE no debió esperar que la denunciara uno de esos grupos sociales que Roberto Rosario considera impertinentes y creadores de ruido, sino que le correspondía dictaminar que la publicidad oficial se limitara a la promoción de servicios o campañas educativas, que es lo que debería proceder todo el tiempo y no gastar el dinero público en auto-promoción política.

En cambio la Junta de Roberto, donde casi todas las decisiones se adoptan sin unanimidad, en tres a dos, y se rechazan todas las iniciativas de los dos, que son José Angel Aquino y Eddy Olivares Ortega, tomó la “heroica” decisión de suspender los barrilitos y cofrecitos de los legisladores hasta que pasen las elecciones. Los diputados y senadores actuales, la mayoría con diez años recibiendo hasta un millón de pesos mensuales para “asistencia social”, podrán tomar prestado el monto de estos dos meses para pagarlos cuando se les entregue después de los comicios. ¡Tremenda forma de promover la equidad!

Tampoco se entiende por qué Roberto Rosario no ha explicado a qué se debió que el crecimiento del padrón electoral para estas elecciones se redujera tan drásticamente, al 4 por ciento, cuando en los tres cuatrienios anteriores aumentó 12, 16 y hasta 17 por ciento. Y sobre todo por qué los nuevos electores en el 2016 suman solo 351 mil 44 cuando un informe oficial de la Junta Central Electoral de abril del 2015 ya los cuantificaba en 662 mil 313. Aclarar esas inconsistencias debería ser preferible a quejarse de ruidos y conspiraciones. Y solicitarlo e un acto de absoluta legitimidad y hasta deber ciudadano. Al menos en la democracia.

En cuanto al gobierno todavía debería dar otros pasos en aras de la equidad, como evitar que una gran proporción de los funcionarios se lancen cada tarde en caravanas, entorpeciendo gravemente la circulación en las vías públicas, así como las actividades normales y aumentando el consumo de combustibles.

No deberían aspirar a más del 60 por ciento de los voto y evitar justificar los temores de que el peledeísmo quiere el cien por ciento de los puestos electivos y del poder político.

¡Cuánta irresponsabilidad en Haití!

Por Juan Bolívar Díaz
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Causa profunda pena comprobar una vez más que Haití, la primera nación que se liberó de la esclavitud en el mundo y la primera en alcanzar la independencia en América Latina, sigue dando tumbos sin encontrar siquiera un camino de mínima estabilidad institucional, manteniendo una fragmentación propia de la época tribal, que ha tenido su última expresión en el fracasado proceso electoral que debió culminar en la instalación de un nuevo gobierno el próximo 7 de febrero.

Con algún esfuerzo puede entenderse que esa sociedad, originaria en gran medida de un continente que todavía hoy tiene escasas expresiones de instituciones democráticas, no haya podido encontrar el camino de la más elemental concertación en aras de los principios de la libertad, la fraternidad y la igualdad de los seres humanas legados por la revolución francesa que incentivó la emancipación haitiana a finales del siglo 18.

 Es cierto que toda América Latina, incluyendo relevantemente a la República Dominicana, ha dado mil tumbos, entre dictaduras, intervenciones militares y políticas externas y acendrados caudillismos tiránicos, y que todavía apenas la mitad pasaría una rigurosa prueba de institucionalidad democrática. Pero lo de Haití parece ser una desgracia infinita y sin tregua.

Sólo evaluar que cuando se convocó el recién frustrado proceso electoral se registró más de un centenar de partidos y 52 candidatos a la presidencia genera asombro e incredulidad. Porque a la minoría gobernante se le ocurrió establecer que bastaba el respaldo de una veintena de ciudadanos para registrar un partido. Fue una apuesta a la mayor fragmentación posible para reinar en medio del caos político-social.

La historia de Haití es una crónica de incapacidades y primitivismo político, pero también de graves irresponsabilidades y abusos de poderes transnacionales, como el de Estados Unidos que intervino militarmente tres veces ese país durante el siglo pasado, auspiciando tiranías a la medida de sus intereses. Y cada vez que el pueblo pareció recuperar el protagonismo, apareció el gendarme para restaurar la imposición.
Esa etapa ha venido siendo superada en la región, pero no en Haití, donde hace 22 años se produjo el último desembarco de tropas norteamericanas, y hace doce años opera una Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), creada por la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de la ONU, con la encomienda de ayudar a reestructurar la Policía Nacional, prestar asistencia mediante programas integrales y a largo plazo de desarme y reinserción, contribuir a mantener el estado de derecho y la seguridad pública, apoyar el proceso político y constitucional en la tarea de organizar, supervisar, y llevar a cabo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales libres y limpias, y proteger los derechos humanos.

Sería injusto pretender que no ha habido algunos logros, pero la MINUSTAH ha tenido que ser prorrogada en seis ocasiones, con más de ocho mil funcionarios militares, policiales y civiles de 14 países latinoamericanos y de otras 34 naciones de cuatro continentes, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Rusia.

 ¡Qué mala suerte la de Haití! Todos esos poderes y las Naciones Unidas no han podido todavía conseguir siquiera la conformación de una comisión electoral independiente del gobierno y las ambiciones continuistas que garantice la organización y celebración de unas elecciones mínimamente legítimas, frente a un gobierno que no tiene ejército, encabezado por alguien que hasta hace cuatro años era un cantante con la virtud de enseñar el trasero.

Ahora que las masas vuelven a adueñarse de las calles y se ha desintegrado la comisión electoral que auspició otro fraude electoral, los poderes interventores, incluyendo a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, se rasgan las vestiduras y apelan a una sensatez soñada. ¡Ojalá que algún día logren siquiera una elección transparente. O que la impongan! En este caso sería un mal menor. !Qué pena que los dominicanos no podamos ayudar a esta tarea, que tanto nos convendría!

El padrón electoral queda corto

Por Juan Bolívar Díaz
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Con los datos ofrecidos esta semana por la Junta Central Electoral (JCE) en vísperas de cierre del padrón de electores con miras a los comicios generales del 15 de mayo próximo, se puede concluir que entre 511 y 641 mil ciudadanos no han renovado su cédula de identidad y electoral, una cantidad significativa, que amerita explicaciones.

El documento “Datos Electorales Elecciones Generales 2016”, fechado 12 de enero, establece que hasta entonces el padrón de electores sumaba 6 millones 706 mil 416 ciudadanos, apenas 203 mil 448 más que el del 2012, para un anémico crecimiento del 3.13 por ciento, muy por debajo del 13 por ciento que se verificó en el cuatrienio anterior, y más lejos aún del 15 por ciento de incremento entre el 2004 y 2008 y del 18 por ciento entre el 2000 y el 2004. Como muy pocos estaban asistiendo a las oficinas expedidoras, no se esperaba mayor variación al cerrarse el plazo ayer sábado.

Con el mismo 13 por ciento de incremento en el cuatrienio 2008-12, el padrón del 2016 habría agregado 845 mil 386 electores, elevándose a 7 millones 348 mil 354, es decir 641 mil 938 sobre lo reportado ahora, y 511 mil si se baja el aumento al 11 por ciento. Durante los tres anteriores cuatrienios el padrón creció cada vez en 763 mil 485, en 743 mil 684 y en 738 mil 581 respectivamente, es decir en cada caso más de tres veces y media lo que se reporta entre 2012-16.

Todo parece indicar que el padrón se ha quedado corto no por nuevos electores, sino porque cientos de miles no han renovado la cédula. Lo extraño es que el informe de la JCE no indique cuántos son los nuevos electores ni cuántos ciudadanos han dejado de cambiar su cédula, con lo cual quedarían sin poder ejercer el derecho a elegir y ser elegidos. Sobra decir que ambos datos son de simples operaciones matemáticas.

Entre los que no han renovado la cédula habría algunos miles de fallecidos no reportados para sacarlos del padrón, y decenas de miles ausentes fuera del país, pero aún así quedarían más de medio millón sin explicación. Una parte serían los dominicanos que viven en extrema pobreza, sumidos en la exclusión social.
Pero también podría haber decenas de miles de los ciudadanos a quienes se les ha despojado de sus actas de nacimiento, incluso a muchos que ya tenían cédulas, pero a quienes se les ha negado la posibilidad de renovarlas, muy a pesar de la Ley 169-14, que hace año y medio dispuso que se les devolviera su documentación de dominicanos, sin ningún trámite adicional.

Para que nadie alegue ignorancia, en otras palabras, que una proporción significativa de los faltantes en el padrón electoral son los dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se les sigue negando sus derechos, como volvieron a denunciar el viernes por Teleantillas entidades y abogados que los representan.

Hay quienes sostienen que a esa población de excluidos les han dificultado la cedulación porque se teme que voten en contra de quienes han sido responsables del inmenso sufrimiento y privaciones inhumanas a que han sido sometidos. De ser así estaríamos ante una grave violación adicional de derechos ciudadanos y una mezquina maniobra electorera.

La JCE podría ayudar a disipar dudas, informando cuántos son los nuevos electores y cuántos los que no renovaron la cédula, datos que hemos requerido repetidas veces en las últimas semanas y por diversos canales, sin obtener respuesta. Penosamente ni los delegados de los partidos de oposición ni los reporteros han reparado en estos datos.

Más allá de las hipótesis enunciadas, queda esta pregunta: por qué tantos cientos de miles que tenían cédula ahora no la renuevan.