El regalo de Los Tres Brazos

Por Juan Bolívar Díaz
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La venta de todo un barrio de la parte oriental de Santo Domingo, en un tráfico de clara manufactura política, con unas 13 mil familias y población estimada sobre las 70 mil personas, a precio de vaca muerta, pasará a la historia dominicana como una de las mayores iniquidades, a menos que el Presidente de la República intervenga para anularla.

No fue aprobada por el Congreso ni respetó la Ley 141-97 de capitalización de las empresas públicas, ni el espíritu de decretos de los presidentes Antonio Guzmán y Leonel Fernández.

La venta del barrio Los Tres Brazos es tan despreciable como la estafa de Bahía de las Águilas que el presidente Danilo Medina logró detener, hace un par de años, porque involucra un voraz negocio con el habitáculo de decenas de miles de seres humanos, en gran proporción pobres, que merecen el amparo del Estado.

El asunto ha saltado a los medios de comunicación en las últimas semanas con las denuncias de un comité de lucha de Los Tres Brazos, respaldado por Ciudad Alternativa y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales, que se han dirigido al presidente Danilo Medina para que impida que continúe la intimación a que son sometidas esas familias para que paguen por terrenos estatales donde se asentaron desde finales de los años setenta.

Fue una ignominia que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) comercializara un millón 213 mil 861 metros cuadrados por 80 millones de pesos, a una empresa creada ad hoc. Los primeros 188 mil 659 metros de la parcela 153-A1 fueron vendidos el 25 de febrero del 2010 por 4 millones de pesos, es decir apenas a 21 pesos por metro cuadrado. El regalo era tan descomunal que apenas mes y medio después, por los mismos 4 millones de pesos, le vendieron 115 mil 148, parcela 155, y el metro cuadrado subió a 34.7 pesos. Dos meses después se produjo la mayor venta, de 910 mil 54 metros cuadrados, por 72 millones de pesos, ya entonces a 79 pesos por metro cuadrado.

Fue así que la empresa Inversiones Fernández Parache y Asociados (INFEPA) adquirió todo un barrio a precio de vaca muerta. Y no tuvo que desembolsar de inmediato todo el costo. La mayor operación, la de 72 millones de pesos, se inició con un pago de sólo 3 millones 600 mil pesos, la misma suma 90 días después, 75 días más tarde pagaría 28 millones 800 mil pesos, y 120 días más para saldar con 36 millones de pesos, según reza el contrato. Los propietarios crearon la comercializadora Titulatec, que es la que ahora presiona a los habitantes de Los Tres Brazos a pagar por los terrenos a precios por encima de sus posibilidades, que arrojarían beneficios estimados entre 2 y 3 mil millones de pesos.

Como era de esperarse, tanta generosidad no era inocente, pues el principal ejecutivo de la comercializadora, José de Pool Dominici, es gerente financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular Miguel Vargas Maldonado, es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien lo había llevado al mismo cargo cuando fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Hipólito Mejía. Por cierto que Vargas tiene un récord impresionante en negocios hipotecarios con el Estado, que han involucrado cuestionadas operaciones como la del hotel Hispaniola, la del edificio de Aduanas, una parcela excluida de un área protegida en Samaná y un financiamiento estatal de 15 millones de dólares, saldado mediante permuta de otra propiedad.

No se puede explicar que CORDE, bajo gestión del dirigente político Leoncio Almánzar, vendiera un barrio entero, urbanizado, con calles, sistemas eléctrico y de acueducto, escuela y centro de salud, por 80 millones de pesos, suma ínfima para el salto social que representaba incorporar a 13 mil familias a un plan de titulación del Estado. Pudieron haber ofertado los solares a los mismos ocupantes. Al promedio vendido, de 66 pesos por metro cuadrado, la mayoría hubiese podido comprar por cinco o seis mil pesos.

Ante el escándalo, se impone que el gobierno tome cartas en el asunto y en tanto ningún morador debe pagar para ver si es posible desalojar a miles de familias.

Alguien debería dar explicaciones

Por Juan Bolívar Díaz
11_12_2016 HOY_DOMINGO_111216_ Opinión9 A

De inmediato me saltó a la cabeza la inquietud por saber qué pasó con los aviones Súper Tucano que compramos en el 2010, objetos de un escándalo internacional de soborno confesado por los vendedores y de sobreprecio sospechado y denunciado persistentemente. Se sabe que una de esas naves sufrió graves daños irreversibles el año pasado al salirse de la pista de aterrizaje de la base aérea de San Isidro. Pero como eran ocho, todavía deberían quedarnos los otros siete.

Dadas las circunstancias escandalosas envueltas en la compra de los 8 Súper Tucano, las autoridades debieron explicar de inmediato la justificación de la compra de otro avión para la misma tarea, apenas 6 años después que invirtiéramos para eso 93 millones 697,887 dólares, y de que se hubiese dicho muchas veces que con eso se logró reducir en gran medida las operaciones aéreas de narcotráfico sobre el territorio nacional.

Resulta difícil entender qué puede hacerse en materia de patrullaje aéreo con un avión de 975 mil dólares, que no pudiera hacerse con siete que costaron 11 millones 712,235 dólares por unidad. Más aún si tomamos en cuenta que el nuevo avión, Tecnam P2006T, solo costaba 443,900 dólares, en 2011, meses después de la adquisición de los Tucano, según el catálogo de venta del fabricante, consultado por el periódico digital Acento. Y es notable que su precio subiera más de un cien por ciento en solo cinco años.

Una hipótesis es que el nuevo avión vuela bajito y es eficiente para detectar naves marítimas. Pero se cae ante las preguntas de qué se puede hacer con uno solo, si lo volarán las 24 horas, y si no tiene más sentido atenernos a la multiplicidad de aviones de que dispone Estados Unidos para el patrullaje de los mares circundantes. Y cabe entonces otra interrogante, ¿cuál es la prioridad de esa inversión en un país con tantos hospitales carentes de equipos elementales como tomógrafos o rayos equis?

Aunque ese no fuera el propósito, uno de los efectos de esta nueva compra ha sido resaltar la barbaridad histórica de haber invertido aquellos 93 millones de dólares, de haber pagado hace 6 años 12 veces más por avión Súper Tucano, en relación al Tecnam de ahora. Pero 26 veces más si se calcula en base al costo de este último en 2011.

Aunque la transparencia, la rendición de cuentas y las respuestas a las interrogantes de la prensa son cada vez más escasas en el país, alguien del Gobierno debería dar explicaciones y justificaciones de esta compra. Mientras tanto, parece que ha sido inoportuna y hasta ofensiva, cuando la sociedad espera que se esclarezcan y sancionen las responsabilidades por lo menos de la recepción de 3.5 millones de dólares a un “alto oficial dominicano” para que el Congreso Nacional aprobara la compra de los 9 Súper-Tucano.

El soborno fue admitido por la empresa brasileña Embraer, por lo cual ya acordó pagar una multa de 205 millones de dólares ante la justicia de Estados Unidos. Aquí no se ha podido llegar a los legisladores sobornados. Mucho más difícil será que podamos disipar la duda de cuánto fue la sobrevaluación y a quién benefició. Porque eso no se dilucidó en la justicia, que no sanciona el que alguien quiera pagar demás por cualquier producto.

Pero es lógico pensar que si hubo corrupción en la aprobación, mayor debió ser en la negociación. En el 2006 Colombia compró Súper-Tucano a 2.5 millones de dólares menos. Y por cierto, nadie desmintió la reiterada información de que en Estados Unidos nos ofrecían diez aviones patrulleros por solo 25 millones de dólares.

PC: un cuarto de siglo después

Por Juan Bolívar Díaz

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Hace ya 25 años que un grupo de profesionales sin militancia partidista, mujeres y hombres, iniciamos un proceso de reflexión sobre las miserias institucionales, políticas, sociales y económicas del país, convencidos de que nuestras responsabilidades iban más allá de la satisfacción de necesidades, lo que ya nos habíamos garantizado por el trabajo.

Primero fueron reflexiones derivadas de la experiencia que nos dejó la participación en una comisión de verificación de los resultados de las elecciones generales de 1990, manchadas por el abuso del poder, fraudes y manipulaciones que caracterizaron los procesos electorales en los que Joaquín Balaguer se impuso como presidente. No se pudieron reunir las pruebas tangibles del fraude, aunque los indicios saltaban por doquier y con abstención del 40%. Balaguer “ganó” con 35% del sufragio, equivalente al 20% del padrón electoral. Juan Bosch recibió 34%, J. F Peña Gómez 23 y Jacobo Majluta el 7%.

Las reflexiones se fueron transformando en consultas a grupos capitalinos y de Santiago, luego en encuentros en los que se discutieron las reformas fundamentales que requería la sociedad dominicana, especialmente para borrar el pasado de imposiciones caudillistas, y culminarían casi dos años después en la creación del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), impulsado por unas doscientas personas vinculadas a entidades académicas y organizaciones sociales. .

Los pesimistas y los manipuladores no le daban ni un año de existencia y apostaban a que sería un partido político para buscar posiciones en el Estado. PC inició el 31 de octubre su vigésimo cuarto año de existencia sin tregua, sin haber pasado ninguna crisis institucional y sin haber quebrado su naturaleza apartidista y pluralista.

La supervivencia y éxito de PC, con amplio reconocimiento nacional e internacional, se deben en primer lugar a la coherencia con las prácticas democráticas, con operatividad de sus organismos y estatutos, y en segundo lugar a la honestidad, dedicación e integridad de sus dirigentes y militantes que han ofrendado su tiempo en aras de la institucionalidad democrática, de la educación para la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y de la concertación social y política.

Aunque la maledicencia de los objetores ha pretendido que los dirigentes del movimiento cívico recibimos paga de organismos internacionales, es lo contrario, pues siempre hemos pagado cuotas mensuales y aportes coyunturales, y dispuesto de nuestros automóviles, sin reclamar combustibles ni dietas en los viajes por todo el país. Sólo un limitado personal técnico y administrativo es remunerado, y estatutariamente no forma parte de los organismos decisivos, integrados sólo por voluntarios.

PC ha desarrollado decenas de proyectos educativos, de investigaciones, participativos, de publicaciones, servicios como sus 9 Casas Comunitarias de Justicia, o su docena de observaciones electorales, incluidos conteos rápidos de asombrosa rigurosidad técnica y acierto, que involucraron a más de 60 mil ciudadanos, mayoritariamente jóvenes.

El movimiento cívico no fue concebido para convertirse en una organización de masas, y desde el principio se autodefinió como un órgano de presión, concertación y vinculación con los poderes públicos y políticos, y la sociedad civil para promover la institucionalidad democrática y la participación social.

PC ha recibido mucho apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, de la Unión Europea, Banco Mundial, BID, OEA, Instituto Nacional Demócrata de EU, del gobierno de Canadá, del Reino Unido, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su CAPEL. Ha sostenido acuerdos con organismos y comisiones estatales, como el Congreso, la Suprema Corte, Procuraduría y Contraloría, JCE, Cámara de Cuentas, ayuntamientos, y con los partidos políticos. Sus auditorías e informes están en la internet.
Reconocimiento a sus fundadores, a sus dirigentes y técnicos, a sus colaboradores y voluntarios que siguen soñando mientras caminan, con la convicción de que es posible una mejor nación dominicana.

La trascendencia de Fidel Castro

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Por Juan Bolívar Díaz

La desaparición de Fidel Castro Ruz, fallecido la noche del viernes en su residencia de La Habana, es un acontecimiento de carácter universal, pues se trata del más trascendente líder latinoamericano del último siglo y de los más relevantes de todo el mundo.

Nadie como Fidel despertó tantas pasiones, entre sus seguidores incondicionales como en sus críticos implacables que lo desearon muerto durante décadas, y ninguno mantuvo una vigencia en el poder por más de cinco décadas, sobreviviendo en pleno patio, al implacable determinismo norteamericano del último siglo.

Se justifican muchos reparos al liderazgo y al legado del comandante de la revolución cubana de 1959, pero resulta indiscutible que él encarnó la lucha por la independencia de su pueblo cuando era poco menos que un satélite del imperio dominante, y que constituyó un liderazgo y una maquinaria política que le permitió sobrevivir a todos los intentos por derrocarlo o eliminarlo.

Fidel Castro fue el líder y héroe del tercer mundo en la batalla contra las peores manifestaciones del imperialismo político que no respetó fronteras por más distantes que fueran en África, Asia o América, y que acabó con las vidas de contradictores de la dimensión de Lumumba, Cabral, Allende, Hussein o Kadaffi. Sólo se le puede comparar con el legendario vietnamita Ho-Chi-Minh, arquitecto de la única derrota militar de Estados Unidos.

Castro Ruz no sólo mantuvo su proyecto socialista en Cuba a 90 millas de las costas de Estados Unidos, sino que envió más de 300 mil soldados a las luchas independentistas de África, a miles de médicos y personal de salud a múltiples países, y se le relacionó con innumerables movimientos políticos en el escenario universal.

La revolución de 1959 impactó en toda América Latina e influyó la vida política de la región durante décadas, por su arrojo, por haber desafiado la dominación internacional, por haberse realizado contra la corrupción y la depredación, y porque pretendió un régimen menos desigual en la repartición y usufructo de las riquezas.

Para los dominicanos de los años sesenta, Fidel Castro es símbolo de la solidaridad en la lucha contra la tiranía de Trujillo y luego contra la invasión militar norteamericana de 1965, lo que le ganó gratitud, incluso por encima de sus errores y los fracasos de las utopías del comunismo, en las que militó hasta el último aliento.

Para Cuba el legado de Fidel Castro es limitado porque no pudo garantizar el desarrollo y la prosperidad económica, ni la pluralidad y el respeto a la diversidad política. No obstante, alcanzó grandes avances en renglones fundamentales del desarrollo humano, como educación, salubridad, habilidades deportivas y autoestima. Pudo haber sido diferente sin la agresividad y el bloqueo del implacable vecino del norte, por lo cual muchos críticos han sido indulgentes, pero el balance objetivo lo remite al ámbito de las utopías frustradas.

Aunque deja una estructura política fuertemente arraigada y sobrados aspirantes de continuar su legado, Fidel es insustituible. Su muerte abre una nueva etapa en Cuba que la llevará a insertarse significativamente en la pluralidad democrática de la región, aunque debe mantenerse la esperanza de que con mucho menos rémoras de las predominantes en este conjunto de países muy lejos aún del bienestar, la independencia, la fortaleza institucional y la justicia social.

Más allá de terquedades y actitudes implacables, Fidel Castro Ruz es parte de nuestra historia. Uno de los líderes más trascendentes de la etapa contemporánea, que no deja cuentas bancarias ni riquezas a sus descendientes. Sus errores, como sus aciertos, fueron esencialmente políticos, parte del errante devenir de la humanidad.

Donald Trump:la incertidumbre

Por Juan Bolívar Díaz

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La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se inscribe dentro del “reinado de la incertidumbre” al que atribuimos en este mismo espacio, el 26 de junio pasado, el voto de la mayoría de los concurrentes al referendo que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Escribimos entonces que el imperio de la incertidumbre “se traslada a Estados Unidos, donde ya no se puede descartar que pueda alcanzar el poder el señor Donald Trump”, y lo atribuíamos al desconcierto que ha producido la crisis del orden económico internacional “que no ha perdonado ni al estado de bienestar logrado por los europeos y norteamericanos tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial”.

Estados Unidos ahora, como el Reino Unido en junio, quedó dividido en dos mitades, y en ambos casos el resultado fue contradictorio al voto de las grandes urbes y los centros del poder, como si fuera el campo y las zonas menos desarrolladas contra las ciudades concentradoras de la riqueza y el bienestar, y los jóvenes pierden de los mayores.

En el caso norteamericano es más significativo, ya que Hillary Clinton superó en 430 mil votos a Trump, con porcentajes de 47.7 a 47.4, aunque el republicano consiguió la presidencia gracias al sistema de delegados estatales. Ella ganó con amplias ventajas en los estados más modernos e influyentes y en todas las grandes ciudades: Más del 60% en California, Massachusetts y Maryland, con más del 55% en Nueva York (59%), Nueva Jersey, Connecticut y Washington. Perdió Florida 48 a 49 %, pero arrasó en la ciudad de Miami, en el condado Miami Dade 64%. Y en el Distrito de Columbia, donde está la capital Washington, Trump apenas alcanzó un increíble 4%.

Por estratificación de edades el resultado también es relevante: Clinton ganó 55 a 47% en el segmento de 18-29 años, y 50 a 42% en el de 30-44%. Trump alcanzó 53% en la población mayor de 45 años.

En Estados Unidos, como en Europa la crisis económica del capitalismo ha cobrado sus costos a las clases medias, sobre todo fuera de los grandes centros del poder, mientras las riquezas se concentran cada vez más en el 1 por ciento de la humanidad, 72 millones de personas. La población más afectada reacciona contra el “establishment”, responsable de la reducción o congelación de su bienestar.

Como adelantan las protestas juveniles en las urbes, y hasta el resurgimiento de un movimiento separatista en California, y como ha quedado dividido Estados Unidos, Trump no tendrá un camino florido, y por más que controle el Congreso, no llegará muy lejos en sus radicalismos y tendrá que aterrizar.

Las reacciones de los mandatarios de Alemania y Francia y de las agencias de las Naciones Unidas indican el reconocimiento del triunfo de Trump pero también las advertencias de respeto a la diversidad universal y a los principios y compromisos de las relaciones internacionales.

Probablemente no llegue a haber un muro en la frontera con México, y mucho menos que este país tenga que pagarlo. Más difícil será deshacer los tratados comerciales internacionales que afectarían al establishment norteamericano, o romper con la OTAN, pero como Trump tendrá que hacer algo de lo prometido, los inmigrantes latinoamericanos, incluyendo los dominicanos, pagarán los platos rotos, sin desestabilizar al vecino México y serán revocados los deshielos con Cuba.

Todo apunta al incremento del reinado de la incertidumbre en el mundo. El desorden económico no garantiza seguridad para nadie. Por suerte tenemos al Papa Francisco, que se empeña en remozar a la Iglesia y llega a pedir perdón por los católicos que dan la espalda a los pobres. Algo es algo en esta desolación.

​​La escurridiza paz de los colombianos ​​​​

Por Juan Bolívar Díaz

Nuestra primera reacción televisiva, tras el rechazo del domingo 2 al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue encomendar este mundo del siglo 21 a la frecuentemente ausente divina providencia. Pues después del resultado del refrendo colombiano y del que dispuso la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sólo nos falta que las mayorías norteamericanas elijan presidente a Donald Trump el próximo mes.

La sociedad colombiana se dividió casi en dos mitades, con una diferencia ínfima del 50.2 al 48.8 por ciento. Pero suficiente para que el nuevo intento de paz en Colombia, haya quedado en la incertidumbre, generada por múltiples factores, relevantemente porque el expresidente Alvaro Uribe lo convirtió en instrumento político. La diferencia la puso con mucho el casi 70 por ciento que alcanzó el No en sus predios de Antioquia, con su capital Medellín.

El rechazo al acuerdo pactado no pudo ser más sorpresivo para todos. Ninguna encuesta lo previó, y el mundo entero lo había celebrado con anticipación y a posteriori, incluyendo el Premio Nobel de la Paz que se otorgó días después al presidente Juan Manuel Santos, el exministro de Defensa de Uribe, que conoció muy bien de la guerra y la violencia ancestral y endémica de los colombianos. Hasta las víctimas de la violencia de las FARC habían perdonado y pedido la aprobación.

Fue relevante que en las zonas donde se concentró la guerra de los últimos 52 años, donde saben lo que es la muerte atroz, el secuestro, las masacres, los desplazamientos de millones de personas, el voto por la paz resultó ampliamente mayoritario. Las grandes zonas urbanas y las clases medias, excepto los bogotanos, negaron la oportunidad a la paz.

Por insistir en recordar los 52 años de violencia de las FARC, alentada por la degeneración y las atrocidades que cometió esa guerrilla en lo que va de este siglo, se nos han olvidado las masacres de campesinos y su despojo por los terratenientes, que la originaron. El intelectual Ricardo Silva Romero ha recordado, en El País de Madrid, esa Colombia capaz de engendrar una guerrilla que dura medio siglo.

En sus memorias “Vivir para Contarla” el ilustre Gabriel García Márquez recuerda dos siglos de violencia en su país, las guerras de los mil días, más de un siglo de lucha armada, y no sólo de los marxistas, sino sobre todo y mucho antes de los liberales y conservadores. En un amplio recorrido por el “bogotazo” producido por el asesinato del líder popular liberal Jorge Eliécer Gaitán, del que fue testigo privilegiado, García Márquez sostiene que “los muertos en las calles de Bogotá, y por la represión oficial en los años siguientes, debieron ser más de un millón, además de la miseria y el exilio de tantos”. Al conservadurismo en el poder le atribuye no menos de 300 mil muertos, más que los 220 mil que se cuentan en los 52 años de la guerrilla de las FARC.

A muchos también se les ha olvidado cómo terminó la paz firmada con las mismas FARC, el M-19 y el EPL por el presidente Belisario Betancurt entre 1984 y 86, tras la que miles se acogieron a la legalidad y fundaron la Unión Patriótica (UP). Concluido el gobierno de Betancurt militares y las milicias paramilitares de los terratenientes desataron una cacería, 15 masacres y 20 atentados a los locales de la UP. En pocos años le asesinaron unos 3 mil dirigentes y militantes, y otro millar fueron desaparecidos. Le mataron 2 candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 69 concejales.

Después de esa frustración de la paz, a finales de los 90 y principios del siglo, fue que las FARC alcanzó su máximo nivel, llegando a contar con cerca de 20 mil combatientes y controlando un territorio casi del tamaño de la República Dominicana. Y vino lo peor de los paramilitares, los “falsos positivos” del Ejército, y la degeneración de la guerrilla, aislada y obsoleta por el discurrir internacional, que dependió cada vez más del narcotráfico y la extorsión.

Quiera Dios que esta vez la paz no vuelva a escapársele a la sociedad colombiana y que pronto encuentren mecanismos para que prevalezca la vocación fraterna de sus hijos más iluminados. Con múltiples concesiones sí, como todos los tratados de paz universales.-

Es urgente abaratar la política

Por Juan Bolívar Díaz

Una de las mayores urgencias que confronta la sociedad dominicana es abaratar el costo de la política, que no sólo consume altos niveles del ingreso nacional, sino que prostituye las instituciones y margina a gran parte de los que no pueden o no quieren asumirlo para no correr el riesgo de fracasar ante el ventajismo de los depredadores de los bienes públicos o sucumbir a la  corruptela, el rentismo y el clientelismo.

            El alza desmesurada de los salarios de los altos funcionarios del gobierno central y las instituciones autónomas, que ganan hasta 800 mil pesos, y los del Congreso Nacional y los ayuntamientos, son una iniquidad ante los bajísimos niveles de los salarios públicos y privados de las mayorías, y son consecuencia de la alta inversión que hay que hacer para alcanzar hasta un cargo de regidor, y de la necesidad de acumular vertiginosamente para mantenerse en la competencia política y elevar sus niveles sociales.

            Gran parte de la sociedad se sintió ofendida por la decisión de los legisladores  de elevarse sus sueldos básicos entre 40 y 60  por ciento, y una senadora llegó al extremo de proclamar que sus ingresos no le alcanzan ni para comprar agua, ocasionando una avalancha de burlas. Hay que acreditar a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, por haber proclamado que mientras mantenga ese cargo no permitirá la violación de la Constitución que prohíbe legislar en beneficio propio, lo que no ha hecho el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez.

            Los senadores alegan que ganan una miseria, aunque sus ingresos son inmensamente desproporcionados en relación al salario nacional promedio de 22 mil pesos,  al mínimo del gobierno central de  5 mil 117 pesos y al promedio  de los salarios mínimos del sector privado, que apenas alcanza los 8 mil pesos.

            A su salario nominal de 125 mil pesos, hay que adicionarle 50 mil para gastos de representación, 25 mil de viáticos y otros  25 mil para hospedaje, lo que suma 225 mil. Y además 3 mil 500 pesos por cada sesión a que asistan y 2,400 pesos por reuniones de comisiones, con lo que su ingresos promedio se acerca a los 300 mil pesos mensuales. Súmesele el “barrilito de asistencia social”, entre 400 mil y 900 mil pesos mensuales, y el pago de una veintena de empleados en sus oficinas del Congreso y las provincias.

            Los diputados parten de un salario nominal más alto, de 175 mil pesos, dietas por 45 mil pesos, 35 mil de gastos de representación, 18 mil pesos para combustibles y 3,500 por asistir a sesiones, más un fondo social o “cofrecito” de 50 mil pesos, estimándosele un promedio de 342 mil pesos mensuales, y asignaciones para repartos en Navidad, Reyes, día de las madres, habichuelas de semana santa y para útiles al comienzo del año escolar.

            Además de todo eso, senadores y diputados disfrutan  de privilegios como seguro de salud internacional, plan  especial de pensiones, más dos exoneraciones de impuestos para importar vehículos, que la mayoría vende, apropiándose de lo que debía recaudar el Estado. Son responsables de gran parte de los  vehículos de lujo, de hasta 450 mil dólares, que el director de Impuestos Internos denunció esta semana, como expresión de inequidad social.

            Los dominicanos tenemos el Congreso más caro y abultado de la región, único bicameral, con 222 miembros, casi 4 veces los 57 de Costa Rica, triple que los 71 de Panamá,  más del doble que los 84 de El Salvador y los 92 de Nicaragua,  casi duplica los 128 de Honduras, y 40 por ciento más que los 158 de Guatemala. Y hacia el sur también somos líderes, por ejemplo frente al Perú, que sólo tiene 130 legisladores, aunque triplica la población dominicana y es 26 veces mayor en territorio.

            En menor grado, pero abuso también, son los salarios de entre 150 y 200 mil pesos que ya se atribuyen los regidores en los mayores municipios, por dos sesiones al mes.

            Toda esa iniquidad no encuentra valladar, porque se asume como el costo de la política, que no se reducirá si no se controla la extensión de las campañas electorales, el gasto de los partidos y candidatos, con transparencia de su financiamiento y régimen efectivo de sanciones, para que los recaudadores, como Magín Díaz, no tengan que deplorar la prevalencia de niveles ofensivos de exenciones, tributos de la política. Son las leyes de partidos y electoral que se discuten desde el consenso de la Fundación Siglo 21 en 1994.-

Sueños de noches de verano

Por Juan Bolívar Díaz
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Todos tenemos derecho a sustentar utopías, que como dijera Galeano, es la forma de impulsar los cambios, proponiéndonos metas que, aunque se alejen cada vez que creemos alcanzarlas, nos mantengan en movimiento, siempre detrás de los sueños.

Y en estas calurosas noches de agosto, próximo al inicio de un nuevo período de gobierno, tenemos más derecho que nunca a soñar, aunque sea con lo que nunca se ha hecho en la historia del país.

Lo primero que podemos soñar es que el presidente Danilo Medina no haga muchas promesas más, sino que anuncie cambios importantes, no bailoteando funcionarios de un lado a otro, ni aumentando la nómina de asesorías compensatorias, sino cambiando el curso del Gobierno.

Esta vez los cambios son más necesarios que nunca, ya que se juramentan casi los mismos que hace cuatro años, no sólo el Presidente y la vicepresidenta de la República, sino también el 90 por ciento de los senadores, tres cuartas partes de los diputados y más de la mitad de los alcaldes y regidores.

Podemos soñar con ver la reedición del hombre humilde y conciliador que trabajó arduamente durante años para alcanzar la presidencia de la nación y materializar los sueños liberacionistas del fundador de su partido, el profesor Juan Bosch. Debería asumir que 16 años después de gobernar su partido, esos sueños están muy lejos de materializarse.

Sabemos que es muy difícil liberar a las mayorías de la ignorancia, de la pobreza y la exclusión, pero hay que hacer los máximos esfuerzos por reducirlas a mediano y largo plazos. Lo que sí se puede alcanzar en corto tiempo es detener los muy elevados niveles de descomposición social, de corrupción, malversación, clientelismo político y manipulación que corroen las instituciones estatales y democráticas.

El discurso de juramentación del licenciado Medina debe asumir las preocupaciones que se expresan por la sostenibilidad económica del país, cuya economía se ha sustentado en un desproporcionado endeudamiento, a consecuencia de déficits incontrolables, cuya prolongación implica graves riesgos.

Asumimos también que el Estado requiere mayores recursos para sustituir el crédito, pero que la sociedad no está presta a pagarlos, sin cambios trascendentes en la forma y prioridades del gasto, sin contención de la evasión y la corrupción, sin establecer límites al clientelismo político.

Aunque basados en la historia nacional, son muchos los que creen que Danilo Medina intentará prolongarse de nuevo en el poder, utilizando “sus” diputados y senadores para otra reforma constitucional, tenemos derecho a soñar que no volverá a faltar a su palabra y que esta vez no habrá quien lo convenza de seguir ingiriendo tiburón podrido.

El discurso del martes y las acciones que Medina emprenda de inmediato serán indicio y pauta del curso que seguirá lo que debe ser su último período gubernamental, atendiendo a su Constitución que instituye dos períodos y nunca más. Tiene la oportunidad de acoger la propuesta de un pacto político-social para rescatar la institucionalidad democrática y por el Estado de derechos económicos y sociales que proclama la Constitución.

Una alianza con los sectores más activos de la sociedad, le permitirá concluir el pacto eléctrico y emprender el pacto fiscal, imprescindibles para garantizar la sostenibilidad económica y completar una obra de gobierno que puede ser trascendente. Sobre todo si cumple su promesa de hacer lo que nunca se ha hecho: poner el interés nacional por encima del continuismo y la dominación política. Y no padecería el síndrome de la “soledad del poder”, siempre caldo de cultivo del continuismo.

La incredulidad y la desconfianza son tan grandes que seguro muchos se reirán de estos sueños de verano.

En 16 años de Gobierno el PLD ha resuelto poco

Por Juan Bolívar Díaz
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Al cumplir 16 años de Gobierno, con un interregno de 4, la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha tenido como mayor mérito la estabilidad y el crecimiento económico, basado en enorme endeudamiento, mal redistribuido y con gran corrupción, pero arroja un apreciable legado en infraestructuras viales, hospitalarias y escolares.

Sin embargo, no ha tenido éxito en reducir significativamente la pobreza, mejorar la calidad de la educación, de la salud o del transporte y seguridad vial, con fracaso en los servicios de electricidad, agua potable y seguridad ciudadana, mientras concentra el poder y debilita la institucionalidad democrática.

Grandes logros del PLD. El PLD ha gobernado el país en cuatro quintas partes de las dos décadas desde el final del Gobierno de Joaquín Balaguer en 1996, excepto el cuatrienio 2000-04, y su mayor éxito, reconocido por todos, ha sido la estabilidad económica, con crecimiento promedio de 6 por ciento del PIB, superior al regional.
Fue austero y mejoró la administración y la institucionalidad democrática en su primer período cuando no tenía mayoría congresual ni controlaba la justicia, pero involucionó esos logros desde el 2004.

Al cumplir 16 años de Gobierno el próximo 16 de agosto, incluyendo los últimos 12, a los peledeístas se les acredita un gran mejoramiento de la red de carreteras, elevados y túneles viales, con visible mejoramiento urbanístico, y muy especialmente la construcción y mejoramiento de unas 25 mil aulas, mérito de la lucha social y del presidente Danilo Medina, ya que su antecesor, Leonel Fernández, se negó sistemáticamente a cumplir la Ley de Educación de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para el sector.

Hay avances en la inversión estatal en viviendas, con proyectos modelos como el de los 1,800 apartamentos de La Nueva Barquita y 560 de Boca de Cachón, en Jimaní, y en múltiples pequeños proyectos en toda la geografía nacional, pero muy lejos de cubrir el creciente déficit estimado entre 25 y 30 mil por año, cuando el Censo del 2010-12 lo estimó en un millón de viviendas, 45 por ciento por construir y la mayoría para mejorar. En el último cuatrienio se incentiva la construcción privada, como el proyecto de Ciudad Juan Bosch a punto de concluir las primeras mil, de 25 mil viviendas proyectadas, que se suman a cientos de torres de apartamentos en Santo Domingo y Santiago para sectores de altos ingresos, como efecto del crecimiento económico.

Mérito económico relativizado. El mérito del crecimiento y la estabilidad económica es relativo, pues ha descansado en enormes déficits fiscales que el experto José Rijo ha computado: 427 mil millones de pesos entre 2004 y 2012, y 372 mil en el período 2013-16, incluyendo 112 mil que proyecta para este año. Eso implica un total de 799 mil millones de pesos, en 12 años, 17 mil 755 millones de dólares, a una tasa de 45 pesos.

Los déficits de la gestión peledeísta han determinado un endeudamiento estatal consolidado que ya pasa de los 36 mil millones de dólares, 24 mil del Gobierno central, y que ha despertado la alerta del empresariado, sus centros analísticos como el CREES, y reiteradas advertencias de insostenibilidad por parte del Fondo Monetario Internacional, que en marzo la estimó en 48.5 por ciento del PIB, proyectándola al 49.5 para fin de este año.

El desmesurado incremento del gasto corriente, con la duplicación de la nómina pública en los últimos 12 años, la escasa austeridad y altos niveles de dispendio y corrupción, han sido relacionados con los déficits. José Rijo documenta que el gasto en 2016, que los subsidios pasaron de 52 mil a 156 mil millones de pesos, y los intereses de la deuda de 17 mil a 103 mil millones de pesos, todo en el mismo período.

Se acusa escasa inversión en promover la producción, la productividad y la competitividad, con estancamiento de las exportaciones y pérdidas en el intercambio con Estados Unidos y los países centroamericanos. El turismo y las remesas mantienen en pie la economía nacional.

Los servicios fundamentales. Se acredita al último Gobierno del PLD receptividad ante la demanda nacional de mayor inversión en educación, en principio demasiado concentrada en la construcción de aulas, pero solventando su grave déficit, y extendiendo la tanda educativa con alimentación a los estudiantes. Tomará su tiempo transformar la formación de los maestros y los currículos que empujan la calidad de una educación que se deterioró durante décadas.

La salud pública es otro grave déficit de los gobiernos peledeístas y ahí tampoco ha faltado inversión, igual en infraestructura física, con la exageración de haber emprendido al mismo tiempo la remodelación de unos 56 hospitales, sin suficientes recursos, por lo que la mayoría sigue en proceso, con precariedad de servicios y pérdidas de inversión después de hasta 6 y 7 años de iniciadas.

Las tasas de muertes maternas e infantiles, epidemias como el dengue, los alarmantes niveles de embarazos de adolescentes, y la baja proporción de inversión en salubridad dejan el país en los últimos escalones en las mediciones continentales.

El agua potable sigue sin llegar en tubería a la mitad de las viviendas, y una parte de los afortunados, no la reciben permanentemente. Mientras se ha permitido el deterioro de las cuencas de los ríos para subsidiar la industria pública y privada de la construcción.

La seguridad ciudadana sigue en picada, con dificultades para reformar a fondo los organismos de seguridad y las políticas preventivas de la delincuencia, y aunque la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la criminalidad general aumenta y la población demanda una mayor inversión y eficiencia para contenerla.

Grave des-institucionalización. Entre los peores resultados de la gestión peledeísta está el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática, utilizando su control del Congreso, y con dos reformas constitucionales han afianzado un control total e instrumentalización de todos los organismos de la justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

La justicia, que en su primer período registró gran mejoría, ha sido partidarizada e inhabilitada para perseguir la corrupción, y el nuevo Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral utilizados para desarticulizar el sistema partidario, junto con el abuso de los recursos del poder, violentando o ignorando la propia Constitución y múltiples leyes, como las de control presupuestario, la de función pública, la de recapitalización del Banco Central, la de salarios públicos y las de transparencia. Y con repartos del Estado ha comprado lealtad o silencio en sectores empresariales, sindicales, sociales y comunicativos.

La posición que ocupa el país en las evaluaciones internacionales, como las de Transparencia Internacional y el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, justifican los recientes llamados del liderazgo empresarial y social para luchar por el rescate de la institucionalidad democrática.

Muestras de desorden institucional

Por Juan Bolívar Díaz
07_08_2016 HOY_DOMINGO_070816_ Opinión9 A

Resultan tan abrumadoras las demostraciones cotidianas del desorden institucional en la mayoría de los estamentos del Estado que hay razones para encomendarnos a la Virgen de la Altagracia y sus once mil colegas con la esperanza de que ocurra algún fenómeno que produzca una catarsis colectiva y esta sociedad se vea obligada a rectificar el derrumbadero por el que deambula.

Es muy difícil que pase un día sin que se conozca un indicio del abuso, reparto y apropiación del patrimonio público, de la inoperancia de los órganos estatales, la impunidad y el cinismo con que se maneja la cosa pública, desde las más altas instancias del Estado hasta los más pequeños distritos municipales, mientras la Cámara de Cuentas sigue reclamando la declaración jurada de bienes de más de 2 mil funcionarios.

El 18 de julio, HOY revela que los ocho consejos de administración del subdividido sector eléctrico estatal cuestan al año 125 millones de pesos. El día 28 informa que durante el 2015 el Gobierno dejó de transferir al Banco Central 39,444 millones de pesos, en violación de la Ley de Recapitalización 167-07.

El viernes 5, Diario Libre informó que un mes antes de las elecciones la Cámara de Diputados abrió una licitación para la adquisición de 120 mil mosquiteros y 20 mil canastillas para bebés, por más de 29 millones de pesos. Se sabía que los diputados tienen un cofrecito mensual de “promoción social” y que además reciben asignaciones para repartos navideños, del Día de las Madres, inicio del año escolar y para las habichuelas con dulce de la Semana Santa, pero no que reparten mosquiteros y canastillas. Dos semanas antes, al despedirse de la presidencia de esa cámara, Abel Martínez reveló que deja un excedente de 986.9 millones pesos, 753,5 millones en certificados financieros, especulando en Hacienda o el Banco Central, como cualquier empresa o persona.

Resalta la abundancia de los diputados, cuando el Gobierno central programó para este año un déficit de 76 mil millones de pesos, que ya se proyecta alrededor de 120 mil millones, mientras los jueces y funcionarios de la justicia se manifiestan públicamente demandando los recursos que asigna la ley al Poder Judicial, cuando en muchos hospitales públicos no hay recursos ni para comprar gasa, ni en INAPA para reparar la mitad de sus plantas de tratamiento de aguas fuera de operación.

Durante las últimas semanas se ha evidenciado un festival de incrementos de salarios, pensiones y liquidaciones en los ayuntamientos y el viernes el Concejo de Regidores del Distrito Nacional conocería una contratación de publicidad, a 11 días de una nueva administración.

Esta semana abundaron las exhortaciones para que alcaldes y regidores no lleven armas de fuego a la instalación de las nuevas autoridades municipales el 16 de agosto, temiéndose violencia en la elección de los directivos de los Concejos de Regidores. Eso, porque los principales partidos de oposición han desestimado la vieja práctica de elegir a quien el alcalde propusiera para presidente municipal, planteando que debe imperar la mayoría.

El jueves El Nacional dio cuenta de que en los organismos estatales están despidiendo a miles de los activistas políticos empleados en la campaña electoral, y que el líder de la principal central de trabajadores pidió que dejaran de aplicar una circular administrativa que disponía el cese, en vez de reclamar suministro a los hospitales.

El gasto en nominillas se elevó de 10.9 mil millones de pesos en enero a más de 12 mil millones en febrero, marzo y abril, y se mantuvo sobre 11.6 mil millones de pesos entre mayo y julio.

Se asume tan normal el abuso de lo público que el viernes un reportaje de Diario Libre indicó que “El PRM manejará cuota de más de 6 mil millones (de pesos por año) a partir del 16 de agosto”, pero equiparando los presupuestos de los municipios que controlaría, con la asignación propia del subsidio a los partidos. Resaltaba el “poder político” que eso representa, aunque sea apenas el 1 por ciento del Presupuesto Nacional.

Todo esto es solo un muestrario del mayúsculo desorden en un país de tantas precariedades de energía, agua potable, salubridad, transporte, empleo, salarios, pensiones y seguridad ciudadana.