Absurdas propuestas de soluciones

Por Juan Bolívar Díaz
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Quedé impactado el martes 15 cuando leí en la página 12-A de HOY que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propone la eliminación de la tanda nocturna de la educación media, por la inseguridad que afecta a estudiantes y docentes, incluida la venta de drogas en los perímetros de esos centros educativos.

La propuesta del profesor Eduardo Hidalgo es tan absurda e improcedente como la que se viene formulando alegremente, acompañada de campañas en medios de comunicación, para que se prohíba el transporte de más de una persona en las motocicletas, porque son utilizadas con mucha frecuencia para asaltos, por la facilidad con que se desplazan para evadir la persecución. Ambas constituyen soluciones falsas, que generarían graves efectos sociales secundarios, palos de invidentes, sin medir consecuencias sociales ni mucho menos combatir la raíz de los problemas que se quieren enfrentar.

Me impactó la propuesta de Hidalgo, ya que me tocó realizar la educación secundaria en el único liceo nocturno que existía en la capital dominicana al final de la década de los cincuenta, el Eugenio María de Hostos, que operaba, lo mismo que el diurno Argentina, en la calle Juan Isidro Pérez en San Antón. De no haber existido la secundaria nocturna, es probable que me hubiese tocado quedarme en el nivel primario. Miles de jóvenes trabajadores, muchos luego distinguidos profesionales, estudiaron allí, con profesores de primera categoría, como Ivelisse Prats Ramírez, Juanita Gómez, José del Carmen Rodríguez, Dolores Jiménez, Vendrel, Villalona y muchos más.

Lo extraño es que una propuesta tan simplista provenga del presidente del gremio de los maestros, ya que afectaría no sólo a decenas de miles de estudiantes, sino también a varios miles de los miembros del gremio que él representa. Aunque propone, como parche, que estudien los fines de semana, para que sean bachilleres de segundo nivel.

El registro del Ministerio de Educación indica que en la tanda nocturna de la educación media operan 148 centros docentes, con 45 mil 761 estudiantes en el Distrito Nacional y 24 provincias, de ellos 68 en el gran Santo Domingo y 24 en Santiago. Lo que propone Hidalgo es privar a decenas de miles de personas de su derecho a la educación, como si de esa manera se pudiera reducir la delincuencia o eliminar la venta de drogas que proliferan en todos los barrios, y también en los perímetros de los liceos diurnos.

Los que abogan por prohibir un segundo ocupante en los motores, parecen ignorar que hay 2 millones de esos vehículos en el país, y que la mayoría son utilizados para llevar hijos, esposa y otros familiares a escuelas, centros laborales y diligencias personales. También que por lo menos una tercera parte, cerca de 700 mil son utilizados como “moto-conchos”, que sólo en el gran Santo Domingo transportan el 11 por ciento de los pasajeros, más que el Metro y los autobuses de la OMSA juntos.

Por calles, caminos y carreteras la mayoría de los motores llevan dos personas, por lo que su prohibición es absurda, multiplicaría los problemas de transporte, y agravaría su costo, que para amplios segmentos ya implica el 25 por ciento de sus ingresos, y que dejaría a cientos de miles sin el medio de ganarse la vida, empujando a muchos a la delincuencia.

El moto-concho es un medio de transporte fruto de nuestra miseria social, que cobra el 60 por ciento de las víctimas de accidentes de tránsito, que alguna vez deberemos superar, y que mientras tanto requiere ordenamiento y controles, siquiera lograr la meta de dotarlos de placa de identificación y cascos protectores y limitar a dos sus ocupantes.

Ambas absurdas propuestas son una forma de jugar al avestruz, escondiendo la cabeza, para no promover soluciones de fondo a la delincuencia y el tráfico de drogas. Parece que damos por hecho que no podemos contra esos graves males.

Equidad y justicia para todos

Por Juan Bolívar Díaz

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Ahora que ha comenzado a ser aprobado, el proyecto de “Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial” ponderado en la Cámara de Diputados durante cinco años, debe albergarse la esperanza de que pronto la sociedad dominicana decida enfrentar el caos que se manifiesta en ese sector, con complejidades, costos y repercusiones tan serias como la inseguridad ciudadana y los desastres medioambientales.

Como todas nuestras obras, este proyecto no será perfecto y tendrá que pasar ahora por el cedazo del Senado antes que pueda ser convertido en ley, y luego afrontar el desafío de su implementación, algo siempre difícil en una nación donde las normativas legales se consideran meras sugerencias.

Como en la seguridad ciudadana, las reformas políticas, el saneamiento ambiental y la eficiencia de los servicios básicos de educación, salud y agua potable, en materia de transporte y seguridad vial estamos saturados de seminarios, diagnósticos y consensos, faltando voluntad de ejecución y para subordinar los intereses particulares a los sociales.

El proyecto aprobado el miércoles por los diputados contiene un enfoque integral y bien fundado de los problemas que debemos superar, para hacer eficiente un transporte que consume alrededor del 25 por ciento del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, y para economizarnos las más de dos mil vidas y decenas de miles de lesionados que arrojan anualmente los accidentes de tránsito.

Es todo un código de casi 400 páginas, que refunde una decena de organismos superpuestos, creando un Instituto Nacional de Transporte y Seguridad Vial, que reconoce facultades de los ayuntamientos y la multiplicidad de intereses que deben ser conciliados en el sector. También actualiza las obsoletas normativas de la circulación vehicular.

Es evidente que los operadores del transporte público, sindicatos, gremios o pequeñas y medianas empresas asociadas, tienen responsabilidad en el caos en que ha devenido la circulación vial, pero a menudo se desconoce sus aportes y significado, estigmatizándolos por defender sus derechos al empleo y la vida, o porque han recibido subsidios y facilidades estatales, como si fueran los únicos.

Es necesario atacar el inaceptable monopolio del transporte de carga, operado por gremios empresariales que llegan al extremo de impedir que otras empresas puedan utilizar sus propios medios para transportar mercancías o materias primas, pero no es justo meter en el mismo saco a decenas de miles de propietarios y operadores de los llamados carros de concho, de minibuses y hasta de moto-conchos, en su inmensa mayoría dominicanos pobres que se ganan la vida de forma honrada y que durante décadas han sido quienes han ofrecido el servicio de transporte, deficiente y costoso, pero es lo que ha parido esta sociedad. El Estado ha fracasado persistentemente en el sector y los grandes empresarios no han invertido en lo que muchos consideran una actividad de baja rentabilidad.

El proyecto de ley tiene entre sus fundamentos un “Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo”, del 2012, según el cual el 80.5% de los pasajes los suplían 16 mil 50 carros de concho y 2,900 micro y minibuses, y el peligroso moto-concho cubría 10.6 por ciento, 90 autobuses el 2%, la estatal OMSA el 3.6, y la primera línea del Metro el 3.3%, que ahora con la segunda llega al 6%. Nadie sabe cuántas del actual millón 946 mil motocicletas operan como moto-concho, pero son cientos de miles.

Entre ellos hay delincuentes, como en todas las actividades nacionales, pera la inmensa mayoría se ganan la vida y sostienen sus familias en jornadas agotadoras. El que pretenda ignorarlos comete una injusticia y un grave error, pues podrían ser empujados a la inmensa legión de la delincuencia. No son santos pero tampoco demonios, sólo que no tienen quién les escriba o les defienda y muchos los toman como chivos expiatorios de nuestras deficiencias e incapacidades para organizar esta sociedad.

Aquí las leyes son sugerencias

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ Opinión9 A

Sigue teniendo vigencia la triste reflexión de un funcionario internacional hace unos años, cuando analizando el proceso institucional, tras ponderar con algo más que cortesía las amabilidades del pueblo dominicano, concluyó en que el mayor desafío que tenemos es el cumplimiento de las normas, pues aquí las leyes son simples sugerencias.

Es tan larga la cadena legislativa que se viola sistemáticamente que este espacio no alcanzaría para simplemente enunciarlas. Pueden ser tan fundamentales como la Constitución misma, o las normativas del presupuesto, de la rendición de cuentas, o la de declaración jurada de bienes. La de Migración y la de Defensor del Pueblo pasaron una década para que comenzáramos a implementarlas.

Para quedarnos en las más recientes, ahí está la ley que norma los salarios públicos del Estado, 105-13, promulgada por el presidente Danilo Medina en agosto del 2013, la que solo ha sido acatada en cuanto elevaba los altos salarios, pero no en el límite máximo, que es el sueldo del Presidente de la nación. Por supuesto que no ha sido acatada en los niveles salariales mínimos. Ni siquiera se ha promulgado su Reglamento, en manos del Poder Ejecutivo hace más de dos años, porque el Ministerio de Administración Pública cumplió el artículo transitorio que lo emplazaba a los seis meses.

Más dramática ha sido la suerte de la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08, que como muchas otras fue objeto de debates y consensos político-sociales que duraron años, con asesorías y hasta condicionamientos internacionales. En enero cumplirá 9 años de promulgada, con un plazo de 90 días para la designación del Consejo Directivo y del Director Ejecutivo para que operara la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), y de 60 días para presentar su Reglamento.

El primer Consejo Directivo fue designado, tres miembros por dos años y dos por cinco, como dispone la ley. El período de los tres primeros venció y no han sido renovados, ni ha sido designado el Director Ejecutivo, lo que por sus responsabilidades, ha castrado en gran parte el funcionamiento de Pro-Competencia, y todavía se espera el Reglamento.

Esta semana ocurrió lo peor, pues el Poder Ejecutivo sustituyó a la presidenta Michelle Cohén, quien era de los dos electos por 5 años y le faltaban 2, y según el párrafo II de la ley tendrán el carácter de inamovible durante el período para el que fueron electos.

Esa fue la respuesta que recibió Michell Cohén a sus persistentes reclamos del Reglamento, del Director Ejecutivo y últimamente de la renovación de los dos miembros del Consejo con período vencido. Tanto se esforzó por dar vigencia a Pro-Competencia, que en febrero pasado, con apoyo de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se procuró un seminario internacional al que llevó a una docena de líderes de opinión dominicanos para comprometerlos en sus objetivos.

Los más altos dirigentes de este organismo pusieron atención a los dominicanos y les explicaron la importancia de la libre competencia en los mercados, así como los beneficios para la competitividad empresarial, para el Estado y los consumidores.

Los participantes en la conferencia pudieron comprobar el aprecio que tenían en la OCDE por los esfuerzos de la señora Cohén, ahora destituida por encima de la ley, demostración inequívoca del poco interés en su aplicación, y una reafirmación de que nuestras leyes son apenas sugerencias.

En 16 años de Gobierno el PLD ha resuelto poco

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

Al cumplir 16 años de Gobierno, con un interregno de 4, la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha tenido como mayor mérito la estabilidad y el crecimiento económico, basado en enorme endeudamiento, mal redistribuido y con gran corrupción, pero arroja un apreciable legado en infraestructuras viales, hospitalarias y escolares.

Sin embargo, no ha tenido éxito en reducir significativamente la pobreza, mejorar la calidad de la educación, de la salud o del transporte y seguridad vial, con fracaso en los servicios de electricidad, agua potable y seguridad ciudadana, mientras concentra el poder y debilita la institucionalidad democrática.

Grandes logros del PLD. El PLD ha gobernado el país en cuatro quintas partes de las dos décadas desde el final del Gobierno de Joaquín Balaguer en 1996, excepto el cuatrienio 2000-04, y su mayor éxito, reconocido por todos, ha sido la estabilidad económica, con crecimiento promedio de 6 por ciento del PIB, superior al regional.
Fue austero y mejoró la administración y la institucionalidad democrática en su primer período cuando no tenía mayoría congresual ni controlaba la justicia, pero involucionó esos logros desde el 2004.

Al cumplir 16 años de Gobierno el próximo 16 de agosto, incluyendo los últimos 12, a los peledeístas se les acredita un gran mejoramiento de la red de carreteras, elevados y túneles viales, con visible mejoramiento urbanístico, y muy especialmente la construcción y mejoramiento de unas 25 mil aulas, mérito de la lucha social y del presidente Danilo Medina, ya que su antecesor, Leonel Fernández, se negó sistemáticamente a cumplir la Ley de Educación de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para el sector.

Hay avances en la inversión estatal en viviendas, con proyectos modelos como el de los 1,800 apartamentos de La Nueva Barquita y 560 de Boca de Cachón, en Jimaní, y en múltiples pequeños proyectos en toda la geografía nacional, pero muy lejos de cubrir el creciente déficit estimado entre 25 y 30 mil por año, cuando el Censo del 2010-12 lo estimó en un millón de viviendas, 45 por ciento por construir y la mayoría para mejorar. En el último cuatrienio se incentiva la construcción privada, como el proyecto de Ciudad Juan Bosch a punto de concluir las primeras mil, de 25 mil viviendas proyectadas, que se suman a cientos de torres de apartamentos en Santo Domingo y Santiago para sectores de altos ingresos, como efecto del crecimiento económico.

Mérito económico relativizado. El mérito del crecimiento y la estabilidad económica es relativo, pues ha descansado en enormes déficits fiscales que el experto José Rijo ha computado: 427 mil millones de pesos entre 2004 y 2012, y 372 mil en el período 2013-16, incluyendo 112 mil que proyecta para este año. Eso implica un total de 799 mil millones de pesos, en 12 años, 17 mil 755 millones de dólares, a una tasa de 45 pesos.

Los déficits de la gestión peledeísta han determinado un endeudamiento estatal consolidado que ya pasa de los 36 mil millones de dólares, 24 mil del Gobierno central, y que ha despertado la alerta del empresariado, sus centros analísticos como el CREES, y reiteradas advertencias de insostenibilidad por parte del Fondo Monetario Internacional, que en marzo la estimó en 48.5 por ciento del PIB, proyectándola al 49.5 para fin de este año.

El desmesurado incremento del gasto corriente, con la duplicación de la nómina pública en los últimos 12 años, la escasa austeridad y altos niveles de dispendio y corrupción, han sido relacionados con los déficits. José Rijo documenta que el gasto en 2016, que los subsidios pasaron de 52 mil a 156 mil millones de pesos, y los intereses de la deuda de 17 mil a 103 mil millones de pesos, todo en el mismo período.

Se acusa escasa inversión en promover la producción, la productividad y la competitividad, con estancamiento de las exportaciones y pérdidas en el intercambio con Estados Unidos y los países centroamericanos. El turismo y las remesas mantienen en pie la economía nacional.

Los servicios fundamentales. Se acredita al último Gobierno del PLD receptividad ante la demanda nacional de mayor inversión en educación, en principio demasiado concentrada en la construcción de aulas, pero solventando su grave déficit, y extendiendo la tanda educativa con alimentación a los estudiantes. Tomará su tiempo transformar la formación de los maestros y los currículos que empujan la calidad de una educación que se deterioró durante décadas.

La salud pública es otro grave déficit de los gobiernos peledeístas y ahí tampoco ha faltado inversión, igual en infraestructura física, con la exageración de haber emprendido al mismo tiempo la remodelación de unos 56 hospitales, sin suficientes recursos, por lo que la mayoría sigue en proceso, con precariedad de servicios y pérdidas de inversión después de hasta 6 y 7 años de iniciadas.

Las tasas de muertes maternas e infantiles, epidemias como el dengue, los alarmantes niveles de embarazos de adolescentes, y la baja proporción de inversión en salubridad dejan el país en los últimos escalones en las mediciones continentales.

El agua potable sigue sin llegar en tubería a la mitad de las viviendas, y una parte de los afortunados, no la reciben permanentemente. Mientras se ha permitido el deterioro de las cuencas de los ríos para subsidiar la industria pública y privada de la construcción.

La seguridad ciudadana sigue en picada, con dificultades para reformar a fondo los organismos de seguridad y las políticas preventivas de la delincuencia, y aunque la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la criminalidad general aumenta y la población demanda una mayor inversión y eficiencia para contenerla.

Grave des-institucionalización. Entre los peores resultados de la gestión peledeísta está el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática, utilizando su control del Congreso, y con dos reformas constitucionales han afianzado un control total e instrumentalización de todos los organismos de la justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

La justicia, que en su primer período registró gran mejoría, ha sido partidarizada e inhabilitada para perseguir la corrupción, y el nuevo Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral utilizados para desarticulizar el sistema partidario, junto con el abuso de los recursos del poder, violentando o ignorando la propia Constitución y múltiples leyes, como las de control presupuestario, la de función pública, la de recapitalización del Banco Central, la de salarios públicos y las de transparencia. Y con repartos del Estado ha comprado lealtad o silencio en sectores empresariales, sindicales, sociales y comunicativos.

La posición que ocupa el país en las evaluaciones internacionales, como las de Transparencia Internacional y el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, justifican los recientes llamados del liderazgo empresarial y social para luchar por el rescate de la institucionalidad democrática.

Muestras de desorden institucional

Por Juan Bolívar Díaz
07_08_2016 HOY_DOMINGO_070816_ Opinión9 A

Resultan tan abrumadoras las demostraciones cotidianas del desorden institucional en la mayoría de los estamentos del Estado que hay razones para encomendarnos a la Virgen de la Altagracia y sus once mil colegas con la esperanza de que ocurra algún fenómeno que produzca una catarsis colectiva y esta sociedad se vea obligada a rectificar el derrumbadero por el que deambula.

Es muy difícil que pase un día sin que se conozca un indicio del abuso, reparto y apropiación del patrimonio público, de la inoperancia de los órganos estatales, la impunidad y el cinismo con que se maneja la cosa pública, desde las más altas instancias del Estado hasta los más pequeños distritos municipales, mientras la Cámara de Cuentas sigue reclamando la declaración jurada de bienes de más de 2 mil funcionarios.

El 18 de julio, HOY revela que los ocho consejos de administración del subdividido sector eléctrico estatal cuestan al año 125 millones de pesos. El día 28 informa que durante el 2015 el Gobierno dejó de transferir al Banco Central 39,444 millones de pesos, en violación de la Ley de Recapitalización 167-07.

El viernes 5, Diario Libre informó que un mes antes de las elecciones la Cámara de Diputados abrió una licitación para la adquisición de 120 mil mosquiteros y 20 mil canastillas para bebés, por más de 29 millones de pesos. Se sabía que los diputados tienen un cofrecito mensual de “promoción social” y que además reciben asignaciones para repartos navideños, del Día de las Madres, inicio del año escolar y para las habichuelas con dulce de la Semana Santa, pero no que reparten mosquiteros y canastillas. Dos semanas antes, al despedirse de la presidencia de esa cámara, Abel Martínez reveló que deja un excedente de 986.9 millones pesos, 753,5 millones en certificados financieros, especulando en Hacienda o el Banco Central, como cualquier empresa o persona.

Resalta la abundancia de los diputados, cuando el Gobierno central programó para este año un déficit de 76 mil millones de pesos, que ya se proyecta alrededor de 120 mil millones, mientras los jueces y funcionarios de la justicia se manifiestan públicamente demandando los recursos que asigna la ley al Poder Judicial, cuando en muchos hospitales públicos no hay recursos ni para comprar gasa, ni en INAPA para reparar la mitad de sus plantas de tratamiento de aguas fuera de operación.

Durante las últimas semanas se ha evidenciado un festival de incrementos de salarios, pensiones y liquidaciones en los ayuntamientos y el viernes el Concejo de Regidores del Distrito Nacional conocería una contratación de publicidad, a 11 días de una nueva administración.

Esta semana abundaron las exhortaciones para que alcaldes y regidores no lleven armas de fuego a la instalación de las nuevas autoridades municipales el 16 de agosto, temiéndose violencia en la elección de los directivos de los Concejos de Regidores. Eso, porque los principales partidos de oposición han desestimado la vieja práctica de elegir a quien el alcalde propusiera para presidente municipal, planteando que debe imperar la mayoría.

El jueves El Nacional dio cuenta de que en los organismos estatales están despidiendo a miles de los activistas políticos empleados en la campaña electoral, y que el líder de la principal central de trabajadores pidió que dejaran de aplicar una circular administrativa que disponía el cese, en vez de reclamar suministro a los hospitales.

El gasto en nominillas se elevó de 10.9 mil millones de pesos en enero a más de 12 mil millones en febrero, marzo y abril, y se mantuvo sobre 11.6 mil millones de pesos entre mayo y julio.

Se asume tan normal el abuso de lo público que el viernes un reportaje de Diario Libre indicó que “El PRM manejará cuota de más de 6 mil millones (de pesos por año) a partir del 16 de agosto”, pero equiparando los presupuestos de los municipios que controlaría, con la asignación propia del subsidio a los partidos. Resaltaba el “poder político” que eso representa, aunque sea apenas el 1 por ciento del Presupuesto Nacional.

Todo esto es solo un muestrario del mayúsculo desorden en un país de tantas precariedades de energía, agua potable, salubridad, transporte, empleo, salarios, pensiones y seguridad ciudadana.

Legislando para beneficio propio

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque esta vez no hay cambio en el presidencia y la vicepresidencia de la República, ni en más del 80 por ciento de los integrantes del Senado ni de dos tercios de la Cámara de Diputados, una vez más el período de “transición” se está convirtiendo en tiempo de repartos impúdicos a la vista impotente de toda la sociedad.

En los mayores municipios, como el Distrito Nacional y Santiago, los regidores y alcaldes tratan de atribuirse pensiones improcedentes o se elevan sus sueldos, y en el Congreso Nacional se adelantan legislaciones para beneficio propio de los legisladores, sin que ningún poder pueda alcanzar a establecerles límites, ya que desde hace algún tiempo se ha extendido hasta la iniquidad el concepto de autonomía estatal.

Los mismos legisladores que crearon el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que instituye un seguro de salud y un sistema de pensiones, definido como universal para los empleados públicos y privados, legislaron en su propio beneficio, creando, por separado un Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, con niveles privilegiados de beneficios.

En este período de transición, el Senado y ahora acaba de refrendarlo la Cámara de Diputados, ha ampliado los beneficios de su plan de pensiones, pero también están creando el Instituto de Desarrollo Parlamentario y Capacitación Legislativa. Para colmo, diputados que pasan a ser alcaldes, apresuran una modificación de la Ley 176-06 sobre Municipios y el Distrito Nacional, en búsqueda de un mayor margen de autonomía administrativa.

Bajo el paragua de que aumentan del 10 al 12 por ciento, es decir en un 20 por ciento, los aportes al plan de pensiones de los pocos nuevos senadores y diputados a partir del próximo período constitucional, se incrementa en 67 por ciento el aporte para pensiones que han de extraer del presupuesto del Poder Legislativo, que pasaría del 6 al 10 por ciento del total. Eso no tiene otro nombre que legislar para beneficio propio.

Como si nada, los diputados aprobaron esta semana y a toda velocidad, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de creación del Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa. Puede parecer un buen propósito promover la formación de los legisladores, pero es otro privilegio a ser financiado con los dineros públicos. El Instituto impartiría diplomados y maestrías en técnicas legislativas y derecho parlamentario, con pretensión de reconocimiento como entidad de educación superior. Por supuesto con financiamiento estatal privilegiado, al margen de la Universidad del Estado y de tres docenas de academias privadas.

El otro desaguisado legislativo es la modificación de la Ley 176-07 sobre Municipios y el Distrito Nacional, para beneficio de varios diputados que pasarán el 16 de agosto a ejercer como alcaldes, relevantemente el actual presidente de la Cámara Abel Martínez, quien se juramentará como alcalde de Santiago.

Se pretende reducir el papel de las salas capitulares, en beneficio de los alcaldes, y modificar la distribución de los ingresos de los municipios, que según el artículo 21 de la Ley 176-07, sólo se puede puede erogar hasta el 25 por ciento en gastos de personal, y 31 por ciento para actividades y servicios municipales, reservando 40 por ciento para obras de infraestructura y adquisición de muebles, y el 4 por ciento restante para programas educativos, de género y de salud. También se pretende otorgar discrecionalidad al cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Vale recordar que la Ley 176-07 fue fruto de una larga década de concertaciones y asesorías nacionales e internacionales, y ahora se pretende una modificación al vapor. Por suerte a la actual legislatura sólo le quedan seis días hábiles, pues concluye el lunes 25.
Una vez más resalta la miseria de institucionalidad democrática que se gasta este país, con seres privilegiados que legislan para su propio beneficio, que se apropian de recursos estatales para “planes de asistencia social”, pero que no cumplen su función de fiscalizar y se pasan años y hasta décadas acariciando proyectos fundamentales como la ley del Régimen Electoral, la de Partidos, o el proyecto de ley de tránsito, transporte y seguridad vial.

Gaudium et Spes Mons. Ozoria

Por Juan Bolívar Díaz
10_07_2016 HOY_DOMINGO_100716_ Opinión9 A

Permítaseme tomar prestado el título de la constitución pastoral del Concilio vaticano II, Gaudium et Spes, que se traduce como alegría y esperanza, para celebrar la designación de monseñor Francisco Ozoria como nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo, expresión de la coherencia entre los actos y la visión pastoral del Papa Francisco.

Vale apelar al título de la constitución, aprobada en diciembre de 1965, que traza toda una pastoral sobre “la Iglesia en el mundo contemporáneo”, después que el nuevo arzobispo, en su discurso de agradecimiento, se autodefiniera como “un seguidor apasionado de la doctrina del Concilio Vaticano II”.

Aunque el mismo Ozoria consideró que su escogencia sería una sorpresa para todo el país, y que el primer sorprendido fue él, no debió ser así de haberse tomado en cuenta el perfil del obispo trazado por el Papa Francisco en su discurso ante el Consejo Episcopal Latinoamericano en Río de Janeiro, poco después de su consagración en el 2013, cuando proclamó que “el obispo debe conducir, que no es lo mismo que mandonear. Los obispos han de ser pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre; pa-cientes y misericordiosos.Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombres que no tengan psicología de príncipes, que no sean ambiciosos y que sean esposos de una Iglesia sin estar a la expectativa de otra. Hombres capaces de estar velando sobre el rebaño que les ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo mantiene unido: vigilar sobre su pueblo con atención sobre los eventuales peligros que lo amenacen, pero sobre todo para cuidar la esperanza: que haya sol y luz en los corazones. Hombres capaces de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo.

El sitio del obispo para estar con su pueblo es triple: O delante para indicar el camino, o en medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes, o detrás para evitar que alguno se quede rezagado”.

El Papa Francisco ya tuvo una oportunidad de hablar directamente a los obispos dominicanos en su visita ad limina al Vaticano, en mayo del 2015 cuando les animó a “que su compromiso en favor de los más débiles y necesitados les ayude a superar la mundana tendencia hacia la mediocridad”.

En su pontificado de apenas tres años, el obispo Bergoglio ha abogado por los derechos de los inmigrantes en múltiples ocasiones, como lo hizo frente al episcopado dominicano, al que recordó que “la atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”.

Y los exhortó a “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos. Es inexcusable no promover iniciativas de fraternidad y paz entre ambas naciones, que conforman esta bella Isla del Caribe. Es importante saber integrar a los inmigrantes en la sociedad y acogerlos en la comunidad eclesial. Les agradezco que estén cerca de ellos y de todos los que sufren, como gesto de la amorosa solicitud por el hermano que se siente solo y desamparado, con quien Cristo se identificó”.

En el país hay quienes creen que monseñor Francisco Ozoria no merecía ser arzobispo de Santo Domingo por haber sido un defensor compasivo de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos y por haber reclamado justicia para los que fueron privados de la nacionalidad dominicana. Estaban equivocados, pues el prelado de San Pedro de Macorís ha sido bien coherente con el perfil del obispo planteado por el Papa Francisco. Y no faltan los que no se atreven a transparentar su prejuicio de que es “demasiado prieto” para ser arzobispo capitalino, aunque un estudio científico acaba de indicar que el dominicano promedio tiene un 49 por ciento de ADN de ancestros africanos.

Celebremos el ascenso de este humilde monseñor Francisco Ozoria y preparémosle una bienvenida con alegría y esperanza de que contribuya a dar vigencia a los principios fundamentales del cristianismo.

Reinado de la incertidumbre

Por Juan Bolívar Díaz
26_06_2016 HOY_DOMINGO_260616_ Opinión9 A

La decisión del retiro del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE) en el referendo del jueves, rebasa con mucho el límite de la mayor concertación de Estados de la historia y se inscribe en las incertidumbres generadas por un desorden económico internacional fundado en una concentración de la riqueza insostenible, que implica la degradación de los avances logrados en casi siete décadas de esfuerzos por una nueva civilización, de bienestar compartido, como fundamento de la paz.

Esta decisión ultranacionalista pone en jaque a la UE, agobiada por las consecuencias de la crisis financiera internacional que comenzó en el 2008 y no acaba de ser superada, amenazando ahora con una nueva recesión, y por el desmadre de la inmigración de cientos de miles de africanos y asiáticos que tocan las puertas de Europa, impulsados por las degradaciones económicas y políticas autogeneradas en sus propios países, pero con muchísima responsabilidad de las naciones del llamado mundo occidental.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, lo ha expresado de forma dramática: “temo que el Brexit pueda marcar no solo el comienzo de la destrucción de la Unión Europea, sino también el de la civilización occidental”. Aunque lo primero que está en peligro es la unidad misma del RU, ya que líderes de dos de sus estados federados, Escocia e Irlanda del Norte, donde el voto por la permanencia alcanzó 62 y 56 por ciento, están solicitando sus propios referendos para determinar si permanecen en la UE. Lo mismo demandan partidos ultranacionalistas de Francia, Italia y Holanda, tres de los más importantes fundadores de la UE, alentados por el resultado del jueves.

Lo único claro es el reinado de la incertidumbre, que se traslada a Estados Unidos, donde, ya no se puede descartar que pueda alcanzar el poder el señor Donald Trump, quien hasta hace pocos meses no era tomado muy en serio, pero ha logrado convertirse en candidato presidencial de uno de los dos partidos dominantes, reivindicando las políticas de exclusión y aislamiento ultranacionalista.

Tampoco en Europa se creía que el electorado del RU se decantaría mayoritariamente por el aislacionismo. Mucho menos después de esa ofensiva final donde no solo el primer ministro hizo campaña para evitarlo, sino dos de sus antecesores, al igual que gran parte de sus fuerzas vivas, como las universidades, el mundo financiero, el empresariado, científicos, artistas, escritores, deportistas y grandes medios de comunicación sustentaron la permanencia. Y tuvieron el respaldo de los gobernantes y la opinión pública de casi toda Europa y de Estados Unidos.
Tiene que ser muy grande la incertidumbre y el desconcierto económico social para que la mayoría de los habitantes del RU se hayan manifestado contra la UE, desoyendo las advertencias, hasta de la mayoría de sus empleadores, sobre las consecuencias negativas que para ellos mismos puede tener el aislamiento.

Todo nos remite a la crisis del orden económico internacional, que no ha perdonado ni al estado de bienestar logrado por los europeos y norteamericanos tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial y por los retos del comunismo que obligó a moderar la voracidad del capitalismo salvaje.

El aislacionismo, la ruptura de la concertación internacional, el predominio del nacionalismo no resolverán la crisis del capitalismo, y en vez de generar conciliación y paz, agudizarán las confrontaciones, los odios, fanatismos y exclusiones que sustentan el terrorismo internacional.

Es que resulta insostenible un desorden mundial en el que 62 personas concentran la misma cantidad de riqueza que 3,600 millones, la mitad de la humanidad, y que el 1 por ciento, es decir 72 millones de personas, usufructúan tanta riqueza como el 99 por ciento, es decir 7,127 millones de seres humanos. Nos acecha una inmensa tragedia.

Compromiso con los derechos humanos

Por Juan Bolívar Díaz
12_06_2016 HOY_DOMINGO_120616_ Opinión9 A

Sería una vergüenza internacional y un gran traspiés que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluya el período de sesiones que se inicia mañana en esta capital sin adoptar una resolución para sostener financieramente uno de sus órganos fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ya es deplorable que los principales ejecutivos de esa entidad hayan tenido que apelar a la sensibilidad internacional para que se convenza a los Estados americanos de aportar algo más que los 200 mil dólares que destinaron el año pasado al sostenimiento de ese instrumento del sistema interamericano. Para este año han comprometido unos 2.5 millones de dólares, pero un 90 por ciento solo de Estados Unidos. Los demás Argentina, Uruguay y Perú. De los fondos de la OEA el financiamiento para este año no llega a cinco millones de dólares.

Las informaciones disponibles indican que durante años la CIDH ha sobrevivido gracias a donaciones de las naciones europeas, que se han estrechado en la medida en que la crisis inmigratoria del viejo continente les está demandando cientos de millones de dólares para enfrentarla. A pesar de eso deberían seguir contribuyendo, aunque sea por interés particular, ya que las violaciones de derechos humanos en las Américas también impulsa flujos migratorios periódicos.

Como los ejecutivos de la CIDH han advertido que si no los socorren, el próximo mes tendrán que comenzar a despedir el 40 por ciento de su limitado personal de 78 miembros, el destino queda en manos de la Asamblea General, que es precisamente la que elige a los siete ejecutivos de la comisión, a título personal, pero por propuestas de los Estados miembros, que seleccionan a personalidades jurídicas y sociales con probado historial de compromiso con los derechos humanos.

Es comprensible que cuatro o cinco Estados miembros de la OEA se sientan resentidos por denuncias de la Comisión, pero son 35 y la carga financiera pendiente se conjuraría probablemente con aportes mucho menores al medio millón de dólares anuales. Es obvio que la tacañería no es de origen económico, sino derivada de la valentía y esfuerzo con que la institución ha afrontado su compromiso con los derechos humanos. Y vale advertir que sus reclamos han alcanzado hasta a los Estados Unidos, en materias tan sensibles como el vergonzoso e inaceptable régimen carcelario de la base militar de Guantánamo.

Como en este país hay cierta hipersensibilidad frente a una CIDH que ha denunciado violación a derechos humanos en estos lares y ha pedido protección y reivindicación de derechos para personas y comunidades discriminadas o excluidas, conviene recordar los orígenes y fines de esa institución. Data de la creación misma de la OEA en 1948, cuya carta constitutiva habla de los derechos fundamentales de la persona humana. instituida en 1959 como órgano autónomo de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, alcanzaría mayor dimensión diez años después con la proclamación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Cientos de entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, de muy diferentes ámbitos sociales del continente, están clamando por la preservación de la CIDH, y lo mismo han hecho destacados intelectuales y personalidades sociales. Ese clamor debería ser reproducido aquí, ahora que se reúne la Asamblea General de la OEA. De lo que se trata es del compromiso con los derechos humanos universales y permanentes, mucho más allá de la levedad de los intereses políticos coyunturales.

Por una cultura democrática

Por Juan Bolívar Díaz
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Resulta impresionante la resignación con que ciudadanos y ciudadanas de nivel educativo y responsabilidades sociales aceptan como normales, tradicionales o irremediables las prácticas políticas del abuso de lo público, de la imposición autoritaria, del engaño y la mentira, y hasta de la marrullería y el fraude. Y lo que es peor, llegan a considerar radicales a quienes luchan por una cultura democrática.

Abundan los que sólo se rebelan cuando los afectan directamente, aunque vean el crimen o el robo y la malversación de lo público, tratando de ignorar que la corrupción de arriba se refleja necesariamente en todos los estratos sociales, repercutiendo en la delincuencia y la inseguridad.

Las castas políticas se reproducen con la expropiación de los recursos que son necesarios para pagar a los guardias y policías, a los maestros, médicos, enfermeras y agrónomos, incentivados a buscarse la vida con los medios a su alcance, unos reduciendo sus jornadas y la calidad de sus servicios, otros utilizando las armas puestas a su cargo para incorporarse a bandas criminales.

Mucha gente buena se resigna a que ahora tenemos que pagar la “fiesta democrática”, que dejó un déficit fiscal de más de 50 mil millones de pesos en cinco meses, muchos de ellos contando con que no les podrán cobrar la proporción que le debía corresponder de esa deuda, más la incuantificable de varios años de precampaña y campaña electoral, sin el menor control ni rendición de cuentas.

Se cree que la cultura política del reparto en las campañas electorales, la compra directa o indirecta de conciencias y votos son irremediables, ignorando que en la mayoría de las democracias se han tejido normativas por lo menos para reducirlas, y cuando quedan al descubierto se procesan los responsables. Algunos presumen que sólo los más pobres reclaman pesos para votar, como si en importantes segmentos de las clases medias y altas no cotizaran en el altar del reparto.

Por esa resignación, que en algunos alcanza la categoría de cinismo, es que en el país hemos celebrado dos elecciones sin adaptar la legislación electoral al marco establecido en la Constitución promulgada en el 2010. Por eso llevamos dos décadas discutiendo lo que todos los países del continente han hecho para reducir el costo de la política, para transparentar lo más posible su financiamiento y evitar la depredación de lo público y la incursión del dinero lavado en la elección de los conductores nacionales.

El atraso no se justifica en el bajo nivel de la mayoría de la población, sino en la complicidad de las élites sociales, empresariales, sindicales, religiosas y comunicativas, que se lavan las manos, para seguir recibiendo las cuotas que doblegan conciencias. Son las élites las que tienen que imponer cambios y promover una nueva cultura democrática.

El Perú es otro país con altas tasas de exclusión y atrasos sociales, donde también se manifiesta la corrupción, pero los medios de comunicación y sus élites la combaten, razón por la que el año pasado hubo miles de procesados ante la justicia, y en el proceso electoral que hoy culmina allí dos candidatos presidenciales fueron eliminados por violar la ley que prohíbe la compra de conciencias y de votos. En cada período el pueblo cobra a los mandatarios que no cumplen sus compromisos, como ha ocurrido sucesivamente con Belaúnde, Alan García, Fujimori, Toledo, otra vez Alan y ahora con Humala. Los partidos de los dos últimos presidentes ni siquiera han podido llevar candidaturas presidenciales.

Es obvio que las transformaciones culturales son de largo aliento, pero para ello necesitamos más firmeza, vehemencia y decisión de todas las élites sociales, superando el autoritarismo, la subordinación, la imposición, la violencia y la corrupción que han caracterizado la gestión pública desde el origen de la República.