El regalo de Los Tres Brazos

Por Juan Bolívar Díaz
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La venta de todo un barrio de la parte oriental de Santo Domingo, en un tráfico de clara manufactura política, con unas 13 mil familias y población estimada sobre las 70 mil personas, a precio de vaca muerta, pasará a la historia dominicana como una de las mayores iniquidades, a menos que el Presidente de la República intervenga para anularla.

No fue aprobada por el Congreso ni respetó la Ley 141-97 de capitalización de las empresas públicas, ni el espíritu de decretos de los presidentes Antonio Guzmán y Leonel Fernández.

La venta del barrio Los Tres Brazos es tan despreciable como la estafa de Bahía de las Águilas que el presidente Danilo Medina logró detener, hace un par de años, porque involucra un voraz negocio con el habitáculo de decenas de miles de seres humanos, en gran proporción pobres, que merecen el amparo del Estado.

El asunto ha saltado a los medios de comunicación en las últimas semanas con las denuncias de un comité de lucha de Los Tres Brazos, respaldado por Ciudad Alternativa y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales, que se han dirigido al presidente Danilo Medina para que impida que continúe la intimación a que son sometidas esas familias para que paguen por terrenos estatales donde se asentaron desde finales de los años setenta.

Fue una ignominia que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) comercializara un millón 213 mil 861 metros cuadrados por 80 millones de pesos, a una empresa creada ad hoc. Los primeros 188 mil 659 metros de la parcela 153-A1 fueron vendidos el 25 de febrero del 2010 por 4 millones de pesos, es decir apenas a 21 pesos por metro cuadrado. El regalo era tan descomunal que apenas mes y medio después, por los mismos 4 millones de pesos, le vendieron 115 mil 148, parcela 155, y el metro cuadrado subió a 34.7 pesos. Dos meses después se produjo la mayor venta, de 910 mil 54 metros cuadrados, por 72 millones de pesos, ya entonces a 79 pesos por metro cuadrado.

Fue así que la empresa Inversiones Fernández Parache y Asociados (INFEPA) adquirió todo un barrio a precio de vaca muerta. Y no tuvo que desembolsar de inmediato todo el costo. La mayor operación, la de 72 millones de pesos, se inició con un pago de sólo 3 millones 600 mil pesos, la misma suma 90 días después, 75 días más tarde pagaría 28 millones 800 mil pesos, y 120 días más para saldar con 36 millones de pesos, según reza el contrato. Los propietarios crearon la comercializadora Titulatec, que es la que ahora presiona a los habitantes de Los Tres Brazos a pagar por los terrenos a precios por encima de sus posibilidades, que arrojarían beneficios estimados entre 2 y 3 mil millones de pesos.

Como era de esperarse, tanta generosidad no era inocente, pues el principal ejecutivo de la comercializadora, José de Pool Dominici, es gerente financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular Miguel Vargas Maldonado, es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien lo había llevado al mismo cargo cuando fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Hipólito Mejía. Por cierto que Vargas tiene un récord impresionante en negocios hipotecarios con el Estado, que han involucrado cuestionadas operaciones como la del hotel Hispaniola, la del edificio de Aduanas, una parcela excluida de un área protegida en Samaná y un financiamiento estatal de 15 millones de dólares, saldado mediante permuta de otra propiedad.

No se puede explicar que CORDE, bajo gestión del dirigente político Leoncio Almánzar, vendiera un barrio entero, urbanizado, con calles, sistemas eléctrico y de acueducto, escuela y centro de salud, por 80 millones de pesos, suma ínfima para el salto social que representaba incorporar a 13 mil familias a un plan de titulación del Estado. Pudieron haber ofertado los solares a los mismos ocupantes. Al promedio vendido, de 66 pesos por metro cuadrado, la mayoría hubiese podido comprar por cinco o seis mil pesos.

Ante el escándalo, se impone que el gobierno tome cartas en el asunto y en tanto ningún morador debe pagar para ver si es posible desalojar a miles de familias.

PC: un cuarto de siglo después

Por Juan Bolívar Díaz

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Hace ya 25 años que un grupo de profesionales sin militancia partidista, mujeres y hombres, iniciamos un proceso de reflexión sobre las miserias institucionales, políticas, sociales y económicas del país, convencidos de que nuestras responsabilidades iban más allá de la satisfacción de necesidades, lo que ya nos habíamos garantizado por el trabajo.

Primero fueron reflexiones derivadas de la experiencia que nos dejó la participación en una comisión de verificación de los resultados de las elecciones generales de 1990, manchadas por el abuso del poder, fraudes y manipulaciones que caracterizaron los procesos electorales en los que Joaquín Balaguer se impuso como presidente. No se pudieron reunir las pruebas tangibles del fraude, aunque los indicios saltaban por doquier y con abstención del 40%. Balaguer “ganó” con 35% del sufragio, equivalente al 20% del padrón electoral. Juan Bosch recibió 34%, J. F Peña Gómez 23 y Jacobo Majluta el 7%.

Las reflexiones se fueron transformando en consultas a grupos capitalinos y de Santiago, luego en encuentros en los que se discutieron las reformas fundamentales que requería la sociedad dominicana, especialmente para borrar el pasado de imposiciones caudillistas, y culminarían casi dos años después en la creación del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), impulsado por unas doscientas personas vinculadas a entidades académicas y organizaciones sociales. .

Los pesimistas y los manipuladores no le daban ni un año de existencia y apostaban a que sería un partido político para buscar posiciones en el Estado. PC inició el 31 de octubre su vigésimo cuarto año de existencia sin tregua, sin haber pasado ninguna crisis institucional y sin haber quebrado su naturaleza apartidista y pluralista.

La supervivencia y éxito de PC, con amplio reconocimiento nacional e internacional, se deben en primer lugar a la coherencia con las prácticas democráticas, con operatividad de sus organismos y estatutos, y en segundo lugar a la honestidad, dedicación e integridad de sus dirigentes y militantes que han ofrendado su tiempo en aras de la institucionalidad democrática, de la educación para la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y de la concertación social y política.

Aunque la maledicencia de los objetores ha pretendido que los dirigentes del movimiento cívico recibimos paga de organismos internacionales, es lo contrario, pues siempre hemos pagado cuotas mensuales y aportes coyunturales, y dispuesto de nuestros automóviles, sin reclamar combustibles ni dietas en los viajes por todo el país. Sólo un limitado personal técnico y administrativo es remunerado, y estatutariamente no forma parte de los organismos decisivos, integrados sólo por voluntarios.

PC ha desarrollado decenas de proyectos educativos, de investigaciones, participativos, de publicaciones, servicios como sus 9 Casas Comunitarias de Justicia, o su docena de observaciones electorales, incluidos conteos rápidos de asombrosa rigurosidad técnica y acierto, que involucraron a más de 60 mil ciudadanos, mayoritariamente jóvenes.

El movimiento cívico no fue concebido para convertirse en una organización de masas, y desde el principio se autodefinió como un órgano de presión, concertación y vinculación con los poderes públicos y políticos, y la sociedad civil para promover la institucionalidad democrática y la participación social.

PC ha recibido mucho apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, de la Unión Europea, Banco Mundial, BID, OEA, Instituto Nacional Demócrata de EU, del gobierno de Canadá, del Reino Unido, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su CAPEL. Ha sostenido acuerdos con organismos y comisiones estatales, como el Congreso, la Suprema Corte, Procuraduría y Contraloría, JCE, Cámara de Cuentas, ayuntamientos, y con los partidos políticos. Sus auditorías e informes están en la internet.
Reconocimiento a sus fundadores, a sus dirigentes y técnicos, a sus colaboradores y voluntarios que siguen soñando mientras caminan, con la convicción de que es posible una mejor nación dominicana.

Absurdas propuestas de soluciones

Por Juan Bolívar Díaz
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Quedé impactado el martes 15 cuando leí en la página 12-A de HOY que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propone la eliminación de la tanda nocturna de la educación media, por la inseguridad que afecta a estudiantes y docentes, incluida la venta de drogas en los perímetros de esos centros educativos.

La propuesta del profesor Eduardo Hidalgo es tan absurda e improcedente como la que se viene formulando alegremente, acompañada de campañas en medios de comunicación, para que se prohíba el transporte de más de una persona en las motocicletas, porque son utilizadas con mucha frecuencia para asaltos, por la facilidad con que se desplazan para evadir la persecución. Ambas constituyen soluciones falsas, que generarían graves efectos sociales secundarios, palos de invidentes, sin medir consecuencias sociales ni mucho menos combatir la raíz de los problemas que se quieren enfrentar.

Me impactó la propuesta de Hidalgo, ya que me tocó realizar la educación secundaria en el único liceo nocturno que existía en la capital dominicana al final de la década de los cincuenta, el Eugenio María de Hostos, que operaba, lo mismo que el diurno Argentina, en la calle Juan Isidro Pérez en San Antón. De no haber existido la secundaria nocturna, es probable que me hubiese tocado quedarme en el nivel primario. Miles de jóvenes trabajadores, muchos luego distinguidos profesionales, estudiaron allí, con profesores de primera categoría, como Ivelisse Prats Ramírez, Juanita Gómez, José del Carmen Rodríguez, Dolores Jiménez, Vendrel, Villalona y muchos más.

Lo extraño es que una propuesta tan simplista provenga del presidente del gremio de los maestros, ya que afectaría no sólo a decenas de miles de estudiantes, sino también a varios miles de los miembros del gremio que él representa. Aunque propone, como parche, que estudien los fines de semana, para que sean bachilleres de segundo nivel.

El registro del Ministerio de Educación indica que en la tanda nocturna de la educación media operan 148 centros docentes, con 45 mil 761 estudiantes en el Distrito Nacional y 24 provincias, de ellos 68 en el gran Santo Domingo y 24 en Santiago. Lo que propone Hidalgo es privar a decenas de miles de personas de su derecho a la educación, como si de esa manera se pudiera reducir la delincuencia o eliminar la venta de drogas que proliferan en todos los barrios, y también en los perímetros de los liceos diurnos.

Los que abogan por prohibir un segundo ocupante en los motores, parecen ignorar que hay 2 millones de esos vehículos en el país, y que la mayoría son utilizados para llevar hijos, esposa y otros familiares a escuelas, centros laborales y diligencias personales. También que por lo menos una tercera parte, cerca de 700 mil son utilizados como “moto-conchos”, que sólo en el gran Santo Domingo transportan el 11 por ciento de los pasajeros, más que el Metro y los autobuses de la OMSA juntos.

Por calles, caminos y carreteras la mayoría de los motores llevan dos personas, por lo que su prohibición es absurda, multiplicaría los problemas de transporte, y agravaría su costo, que para amplios segmentos ya implica el 25 por ciento de sus ingresos, y que dejaría a cientos de miles sin el medio de ganarse la vida, empujando a muchos a la delincuencia.

El moto-concho es un medio de transporte fruto de nuestra miseria social, que cobra el 60 por ciento de las víctimas de accidentes de tránsito, que alguna vez deberemos superar, y que mientras tanto requiere ordenamiento y controles, siquiera lograr la meta de dotarlos de placa de identificación y cascos protectores y limitar a dos sus ocupantes.

Ambas absurdas propuestas son una forma de jugar al avestruz, escondiendo la cabeza, para no promover soluciones de fondo a la delincuencia y el tráfico de drogas. Parece que damos por hecho que no podemos contra esos graves males.

Donald Trump:la incertidumbre

Por Juan Bolívar Díaz

boceto trump

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se inscribe dentro del “reinado de la incertidumbre” al que atribuimos en este mismo espacio, el 26 de junio pasado, el voto de la mayoría de los concurrentes al referendo que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Escribimos entonces que el imperio de la incertidumbre “se traslada a Estados Unidos, donde ya no se puede descartar que pueda alcanzar el poder el señor Donald Trump”, y lo atribuíamos al desconcierto que ha producido la crisis del orden económico internacional “que no ha perdonado ni al estado de bienestar logrado por los europeos y norteamericanos tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial”.

Estados Unidos ahora, como el Reino Unido en junio, quedó dividido en dos mitades, y en ambos casos el resultado fue contradictorio al voto de las grandes urbes y los centros del poder, como si fuera el campo y las zonas menos desarrolladas contra las ciudades concentradoras de la riqueza y el bienestar, y los jóvenes pierden de los mayores.

En el caso norteamericano es más significativo, ya que Hillary Clinton superó en 430 mil votos a Trump, con porcentajes de 47.7 a 47.4, aunque el republicano consiguió la presidencia gracias al sistema de delegados estatales. Ella ganó con amplias ventajas en los estados más modernos e influyentes y en todas las grandes ciudades: Más del 60% en California, Massachusetts y Maryland, con más del 55% en Nueva York (59%), Nueva Jersey, Connecticut y Washington. Perdió Florida 48 a 49 %, pero arrasó en la ciudad de Miami, en el condado Miami Dade 64%. Y en el Distrito de Columbia, donde está la capital Washington, Trump apenas alcanzó un increíble 4%.

Por estratificación de edades el resultado también es relevante: Clinton ganó 55 a 47% en el segmento de 18-29 años, y 50 a 42% en el de 30-44%. Trump alcanzó 53% en la población mayor de 45 años.

En Estados Unidos, como en Europa la crisis económica del capitalismo ha cobrado sus costos a las clases medias, sobre todo fuera de los grandes centros del poder, mientras las riquezas se concentran cada vez más en el 1 por ciento de la humanidad, 72 millones de personas. La población más afectada reacciona contra el “establishment”, responsable de la reducción o congelación de su bienestar.

Como adelantan las protestas juveniles en las urbes, y hasta el resurgimiento de un movimiento separatista en California, y como ha quedado dividido Estados Unidos, Trump no tendrá un camino florido, y por más que controle el Congreso, no llegará muy lejos en sus radicalismos y tendrá que aterrizar.

Las reacciones de los mandatarios de Alemania y Francia y de las agencias de las Naciones Unidas indican el reconocimiento del triunfo de Trump pero también las advertencias de respeto a la diversidad universal y a los principios y compromisos de las relaciones internacionales.

Probablemente no llegue a haber un muro en la frontera con México, y mucho menos que este país tenga que pagarlo. Más difícil será deshacer los tratados comerciales internacionales que afectarían al establishment norteamericano, o romper con la OTAN, pero como Trump tendrá que hacer algo de lo prometido, los inmigrantes latinoamericanos, incluyendo los dominicanos, pagarán los platos rotos, sin desestabilizar al vecino México y serán revocados los deshielos con Cuba.

Todo apunta al incremento del reinado de la incertidumbre en el mundo. El desorden económico no garantiza seguridad para nadie. Por suerte tenemos al Papa Francisco, que se empeña en remozar a la Iglesia y llega a pedir perdón por los católicos que dan la espalda a los pobres. Algo es algo en esta desolación.

Equidad y justicia para todos

Por Juan Bolívar Díaz

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Ahora que ha comenzado a ser aprobado, el proyecto de “Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial” ponderado en la Cámara de Diputados durante cinco años, debe albergarse la esperanza de que pronto la sociedad dominicana decida enfrentar el caos que se manifiesta en ese sector, con complejidades, costos y repercusiones tan serias como la inseguridad ciudadana y los desastres medioambientales.

Como todas nuestras obras, este proyecto no será perfecto y tendrá que pasar ahora por el cedazo del Senado antes que pueda ser convertido en ley, y luego afrontar el desafío de su implementación, algo siempre difícil en una nación donde las normativas legales se consideran meras sugerencias.

Como en la seguridad ciudadana, las reformas políticas, el saneamiento ambiental y la eficiencia de los servicios básicos de educación, salud y agua potable, en materia de transporte y seguridad vial estamos saturados de seminarios, diagnósticos y consensos, faltando voluntad de ejecución y para subordinar los intereses particulares a los sociales.

El proyecto aprobado el miércoles por los diputados contiene un enfoque integral y bien fundado de los problemas que debemos superar, para hacer eficiente un transporte que consume alrededor del 25 por ciento del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, y para economizarnos las más de dos mil vidas y decenas de miles de lesionados que arrojan anualmente los accidentes de tránsito.

Es todo un código de casi 400 páginas, que refunde una decena de organismos superpuestos, creando un Instituto Nacional de Transporte y Seguridad Vial, que reconoce facultades de los ayuntamientos y la multiplicidad de intereses que deben ser conciliados en el sector. También actualiza las obsoletas normativas de la circulación vehicular.

Es evidente que los operadores del transporte público, sindicatos, gremios o pequeñas y medianas empresas asociadas, tienen responsabilidad en el caos en que ha devenido la circulación vial, pero a menudo se desconoce sus aportes y significado, estigmatizándolos por defender sus derechos al empleo y la vida, o porque han recibido subsidios y facilidades estatales, como si fueran los únicos.

Es necesario atacar el inaceptable monopolio del transporte de carga, operado por gremios empresariales que llegan al extremo de impedir que otras empresas puedan utilizar sus propios medios para transportar mercancías o materias primas, pero no es justo meter en el mismo saco a decenas de miles de propietarios y operadores de los llamados carros de concho, de minibuses y hasta de moto-conchos, en su inmensa mayoría dominicanos pobres que se ganan la vida de forma honrada y que durante décadas han sido quienes han ofrecido el servicio de transporte, deficiente y costoso, pero es lo que ha parido esta sociedad. El Estado ha fracasado persistentemente en el sector y los grandes empresarios no han invertido en lo que muchos consideran una actividad de baja rentabilidad.

El proyecto de ley tiene entre sus fundamentos un “Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo”, del 2012, según el cual el 80.5% de los pasajes los suplían 16 mil 50 carros de concho y 2,900 micro y minibuses, y el peligroso moto-concho cubría 10.6 por ciento, 90 autobuses el 2%, la estatal OMSA el 3.6, y la primera línea del Metro el 3.3%, que ahora con la segunda llega al 6%. Nadie sabe cuántas del actual millón 946 mil motocicletas operan como moto-concho, pero son cientos de miles.

Entre ellos hay delincuentes, como en todas las actividades nacionales, pera la inmensa mayoría se ganan la vida y sostienen sus familias en jornadas agotadoras. El que pretenda ignorarlos comete una injusticia y un grave error, pues podrían ser empujados a la inmensa legión de la delincuencia. No son santos pero tampoco demonios, sólo que no tienen quién les escriba o les defienda y muchos los toman como chivos expiatorios de nuestras deficiencias e incapacidades para organizar esta sociedad.

​​La escurridiza paz de los colombianos ​​​​

Por Juan Bolívar Díaz

Nuestra primera reacción televisiva, tras el rechazo del domingo 2 al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue encomendar este mundo del siglo 21 a la frecuentemente ausente divina providencia. Pues después del resultado del refrendo colombiano y del que dispuso la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sólo nos falta que las mayorías norteamericanas elijan presidente a Donald Trump el próximo mes.

La sociedad colombiana se dividió casi en dos mitades, con una diferencia ínfima del 50.2 al 48.8 por ciento. Pero suficiente para que el nuevo intento de paz en Colombia, haya quedado en la incertidumbre, generada por múltiples factores, relevantemente porque el expresidente Alvaro Uribe lo convirtió en instrumento político. La diferencia la puso con mucho el casi 70 por ciento que alcanzó el No en sus predios de Antioquia, con su capital Medellín.

El rechazo al acuerdo pactado no pudo ser más sorpresivo para todos. Ninguna encuesta lo previó, y el mundo entero lo había celebrado con anticipación y a posteriori, incluyendo el Premio Nobel de la Paz que se otorgó días después al presidente Juan Manuel Santos, el exministro de Defensa de Uribe, que conoció muy bien de la guerra y la violencia ancestral y endémica de los colombianos. Hasta las víctimas de la violencia de las FARC habían perdonado y pedido la aprobación.

Fue relevante que en las zonas donde se concentró la guerra de los últimos 52 años, donde saben lo que es la muerte atroz, el secuestro, las masacres, los desplazamientos de millones de personas, el voto por la paz resultó ampliamente mayoritario. Las grandes zonas urbanas y las clases medias, excepto los bogotanos, negaron la oportunidad a la paz.

Por insistir en recordar los 52 años de violencia de las FARC, alentada por la degeneración y las atrocidades que cometió esa guerrilla en lo que va de este siglo, se nos han olvidado las masacres de campesinos y su despojo por los terratenientes, que la originaron. El intelectual Ricardo Silva Romero ha recordado, en El País de Madrid, esa Colombia capaz de engendrar una guerrilla que dura medio siglo.

En sus memorias “Vivir para Contarla” el ilustre Gabriel García Márquez recuerda dos siglos de violencia en su país, las guerras de los mil días, más de un siglo de lucha armada, y no sólo de los marxistas, sino sobre todo y mucho antes de los liberales y conservadores. En un amplio recorrido por el “bogotazo” producido por el asesinato del líder popular liberal Jorge Eliécer Gaitán, del que fue testigo privilegiado, García Márquez sostiene que “los muertos en las calles de Bogotá, y por la represión oficial en los años siguientes, debieron ser más de un millón, además de la miseria y el exilio de tantos”. Al conservadurismo en el poder le atribuye no menos de 300 mil muertos, más que los 220 mil que se cuentan en los 52 años de la guerrilla de las FARC.

A muchos también se les ha olvidado cómo terminó la paz firmada con las mismas FARC, el M-19 y el EPL por el presidente Belisario Betancurt entre 1984 y 86, tras la que miles se acogieron a la legalidad y fundaron la Unión Patriótica (UP). Concluido el gobierno de Betancurt militares y las milicias paramilitares de los terratenientes desataron una cacería, 15 masacres y 20 atentados a los locales de la UP. En pocos años le asesinaron unos 3 mil dirigentes y militantes, y otro millar fueron desaparecidos. Le mataron 2 candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 69 concejales.

Después de esa frustración de la paz, a finales de los 90 y principios del siglo, fue que las FARC alcanzó su máximo nivel, llegando a contar con cerca de 20 mil combatientes y controlando un territorio casi del tamaño de la República Dominicana. Y vino lo peor de los paramilitares, los “falsos positivos” del Ejército, y la degeneración de la guerrilla, aislada y obsoleta por el discurrir internacional, que dependió cada vez más del narcotráfico y la extorsión.

Quiera Dios que esta vez la paz no vuelva a escapársele a la sociedad colombiana y que pronto encuentren mecanismos para que prevalezca la vocación fraterna de sus hijos más iluminados. Con múltiples concesiones sí, como todos los tratados de paz universales.-

De David Ortiz y Oscar Arias

Por Juan Bolívar Díaz
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David Ortiz y Oscar Arias, dos personajes de tan distintos ámbitos, han dado ejemplos imperecederos para los dominicanos y latinoamericanos tan renuentes a reconocer la inconmensurable levedad de la condición humana y que como reza el Eclesiastés todo tiene su tiempo bajo el sol, que hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Y que todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo.

Ortiz, el llamado Big Papi, es ya una leyenda del béisbol, del dominicano y del universal, y ha proclamado que 40 años es suficiente para un trabajo que requiere tanto esfuerzo físico, y decidió retirarse desde la cumbre, sin degradar sus esplendorosas realizaciones, sin esperar la decadencia, y hasta dejando el espacio para que otras luminarias se desarrollen y brillen.

Nos está diciendo el inmenso beisbolista que no podemos aspirar a eternizarnos, porque somos perecederos, y que lo mejor que podemos hacer es apartarnos cuando se acaban las fuerzas, pero también hacer espacio a las nuevas generaciones y en ese reconocimiento de nuestra levedad temporaria, buscar más profundas simbiosis con los que nos rodean.

Muchos dominicanos no tomaron en serio el anuncio del Big Papi y algunos insistieron hasta el final en pedirle que hiciera el ridículo, dejando atrás la palabra empeñada, que se quedara mendigando un puesto hasta que dejaran de contratarlo, como han hecho otras luminarias del deporte.

Este domingo asistimos a la gran despedida de David Ortiz, y debemos disfrutarla como propia, un regalo tan emocionante como fueron sus batazos que resonarán por siempre en los oídos de las multitudes, como ha ocurrido en los múltiples estadios y ocurrirá hoy en Boston.

Oscar Arias da una lección al liderazgo político universal, tan sonora como la que en su momento legó el gran Nelson Mandela, como él Premio Nobel de la Paz. Le pedían que buscara por tercera vez la presidencia de Costa Rica, y las encuestas indicaban que tenía muchas posibilidades de lograrlo.

Pero Arias dijo que no, que nadie es indispensable en una democracia; que no puede pensar en los próximos cuatro años para su país, sino por lo menos en los 40 venideros; que “una de las principales obligaciones de un líder político es propiciar nuevos liderazgos”; que “hay que darle espacio a los que vienen”; que hay muchas formas de trabajar por el pueblo; porque “el que solo sirve para Presidente, ni siquiera para Presidente sirve”.

Uno de los estadistas que más ha contribuido a colocar a Costa Rica en los más altos escalones del desarrollo humano, con contribuciones universales, nos invita a reflexionar: “Si no logramos elevar la calidad de la política, y el interés por el servicio público; si no logramos que los más capaces, los más preparados, los más honestos participen en la vida política, está en juego la sostenibilidad misma de nuestro sistema democrático”.

Oscar Arias cerró su mensaje de declinación, el 19 de septiembre, apelando directamente a las nuevas generaciones: “Los jóvenes deben ocupar el lugar que les corresponde en la toma de cisiones. Deben ponerse al timón, porque este barco que llamamos Patria va en la dirección de su compromiso, o de su indiferencia”. Al exhortarlos a participar en la vida pública, proclamó finalmente que “la política es el taller de los sueños donde quizás se hacen más realistas, más precisos, más concretos, pero también el lugar en que los sueños se vuelven verdaderos”.

¡Cuánto nos gustaría escuchar un mensaje similar de un presidente o expresidente dominicano! Casi todos han creído que su destino es el eterno ejercicio del poder. También de muchos líderes políticos, sindicales, empresariales y sociales que usurpan los espacios que corresponden a las nuevas generaciones, sin el menor respeto por las normas de convivencia democrática y humana.

La Calidad del gasto educativo

Por Juan Bolívar Díaz
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Hay que celebrar la pormenorizada evaluación del gasto en educación que entregó esta semana la Acción Empresarial por la Educación, conocida como EDUCA, que se suma a los monitoreos semestrales que viene realizando la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), la cual involucra a numerosas entidades sociales preocupadas por el mejoramiento de la educación nacional.

El nuevo estudio demuestra que falta mucho camino por recorrer para alcanzar los objetivos por los cuales la sociedad dominicana luchó durante tres décadas porque nuestros gobiernos asumieran la responsabilidad de invertir mucho más recursos en el fundamento del progreso y la realización de los seres humanos y de las naciones, que es la educación.

Uno de los mayores éxitos de la sociedad civil organizada fue haber logrado que los candidatos presidenciales del proceso electoral del 2012 firmaran el compromiso de cumplir la ley general de educación de 1997, que dispone una inversión del 4 por ciento del Producto Bruto Interno para la educación preuniversitaria, lo que materializó el gobierno del presidente Danilo Medina, a partir del 2013.

Cuando se alcanzó el primer objetivo, ya el promedio del gasto en educación básica de la región latinoamericana rondaba el 5 por ciento del PIB, el doble de lo que registraba el país. Nos tomó 16 años lograr el cumplimiento de la Ley 66-97, que a su vez fue fruto de un consenso que costó mucha movilización y persistentes reclamos de las instituciones, los educadores y comunicadores más empoderados de su responsabilidad social. EDUCA estima que durante los años en que se evadió cumplir la ley, dejamos de invertir en educación el equivalente a 10 mil 569 millones de dólares.

Conviene recordarlo en estos días cuando grupos políticos, legisladores y comentaristas llegan al extremo de cuestionar el derecho de las organizaciones sociales a participar activamente en la búsqueda de consenso sobre las reformas electorales y los perfiles de competencia de sus árbitros y jueces que demanda la endeble institucionalidad democrática. Sin el activismo de los grupos sociales todavía estaríamos como en aquellos penosos años en que las escuelas eran hacinamientos de niños, con frecuencia sin siquiera tizas ni borradores, y los maestros sobrevivían en la más penosa pobreza.

El informe de EDUCA es un amplio documento que merece una lectura detenida, donde resalta el esfuerzo por relevar los efectos positivos de la inversión, con logros patentes en construcciones escolares, aunque todavía en la mitad de lo programado, en el mejoramiento de la condición salarial y del nivel profesional de los educadores, en la extensión del horario de las escuelas y en la oferta de alimentación y materiales educativos a la población escolar.

Pero la celebración de los avances no puede impedir que veamos las deficiencias que consigna el informe de EDUCA, que contiene serios cuestionamientos a la calidad del gasto educativo, advirtiendo que de mantenerse su tendencia se haría insostenible en apenas tres o cuatro años. La causa fundamental es la desproporcionada elevación del gasto en personal, especialmente del administrativo. Mientras en los últimos cinco años el personal docente aumentó en 27 por ciento, el administrativo lo hizo en 78 por ciento, con 33 mil 307 nuevos empleados, que elevaron la nómina de los no docentes en 148 por ciento.

El informe revela que el clientelismo halló en el 4 por ciento del PIB para la educación una nueva fuente de sustento. Es obvio que más escuelas y aulas requieren más maestros y asistentes administrativos, pero es desproporcionado que el personal secretarial y asistente creciera en 89 por ciento, los guardianes en 80 y los conserjes en 52 por ciento. Un buen indicio es que en la provincia Espaillat, de donde es quien fuera el ministro de Educación en esos años, con un joven hijo que gastó millones de pesos para ser diputado, fueran designados 938 conserjes, con crecimiento del 243 por ciento.

Lo menos que podría esperarse es que el nuevo ministro de Educación, Andrés Navarro, a quien se le acreditó la eliminación de un millar de botellas en su anterior cargo de Relaciones Exteriores, contenga y revoque el clientelismo en gasto educativo.

Es urgente abaratar la política

Por Juan Bolívar Díaz

Una de las mayores urgencias que confronta la sociedad dominicana es abaratar el costo de la política, que no sólo consume altos niveles del ingreso nacional, sino que prostituye las instituciones y margina a gran parte de los que no pueden o no quieren asumirlo para no correr el riesgo de fracasar ante el ventajismo de los depredadores de los bienes públicos o sucumbir a la  corruptela, el rentismo y el clientelismo.

            El alza desmesurada de los salarios de los altos funcionarios del gobierno central y las instituciones autónomas, que ganan hasta 800 mil pesos, y los del Congreso Nacional y los ayuntamientos, son una iniquidad ante los bajísimos niveles de los salarios públicos y privados de las mayorías, y son consecuencia de la alta inversión que hay que hacer para alcanzar hasta un cargo de regidor, y de la necesidad de acumular vertiginosamente para mantenerse en la competencia política y elevar sus niveles sociales.

            Gran parte de la sociedad se sintió ofendida por la decisión de los legisladores  de elevarse sus sueldos básicos entre 40 y 60  por ciento, y una senadora llegó al extremo de proclamar que sus ingresos no le alcanzan ni para comprar agua, ocasionando una avalancha de burlas. Hay que acreditar a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, por haber proclamado que mientras mantenga ese cargo no permitirá la violación de la Constitución que prohíbe legislar en beneficio propio, lo que no ha hecho el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez.

            Los senadores alegan que ganan una miseria, aunque sus ingresos son inmensamente desproporcionados en relación al salario nacional promedio de 22 mil pesos,  al mínimo del gobierno central de  5 mil 117 pesos y al promedio  de los salarios mínimos del sector privado, que apenas alcanza los 8 mil pesos.

            A su salario nominal de 125 mil pesos, hay que adicionarle 50 mil para gastos de representación, 25 mil de viáticos y otros  25 mil para hospedaje, lo que suma 225 mil. Y además 3 mil 500 pesos por cada sesión a que asistan y 2,400 pesos por reuniones de comisiones, con lo que su ingresos promedio se acerca a los 300 mil pesos mensuales. Súmesele el “barrilito de asistencia social”, entre 400 mil y 900 mil pesos mensuales, y el pago de una veintena de empleados en sus oficinas del Congreso y las provincias.

            Los diputados parten de un salario nominal más alto, de 175 mil pesos, dietas por 45 mil pesos, 35 mil de gastos de representación, 18 mil pesos para combustibles y 3,500 por asistir a sesiones, más un fondo social o “cofrecito” de 50 mil pesos, estimándosele un promedio de 342 mil pesos mensuales, y asignaciones para repartos en Navidad, Reyes, día de las madres, habichuelas de semana santa y para útiles al comienzo del año escolar.

            Además de todo eso, senadores y diputados disfrutan  de privilegios como seguro de salud internacional, plan  especial de pensiones, más dos exoneraciones de impuestos para importar vehículos, que la mayoría vende, apropiándose de lo que debía recaudar el Estado. Son responsables de gran parte de los  vehículos de lujo, de hasta 450 mil dólares, que el director de Impuestos Internos denunció esta semana, como expresión de inequidad social.

            Los dominicanos tenemos el Congreso más caro y abultado de la región, único bicameral, con 222 miembros, casi 4 veces los 57 de Costa Rica, triple que los 71 de Panamá,  más del doble que los 84 de El Salvador y los 92 de Nicaragua,  casi duplica los 128 de Honduras, y 40 por ciento más que los 158 de Guatemala. Y hacia el sur también somos líderes, por ejemplo frente al Perú, que sólo tiene 130 legisladores, aunque triplica la población dominicana y es 26 veces mayor en territorio.

            En menor grado, pero abuso también, son los salarios de entre 150 y 200 mil pesos que ya se atribuyen los regidores en los mayores municipios, por dos sesiones al mes.

            Toda esa iniquidad no encuentra valladar, porque se asume como el costo de la política, que no se reducirá si no se controla la extensión de las campañas electorales, el gasto de los partidos y candidatos, con transparencia de su financiamiento y régimen efectivo de sanciones, para que los recaudadores, como Magín Díaz, no tengan que deplorar la prevalencia de niveles ofensivos de exenciones, tributos de la política. Son las leyes de partidos y electoral que se discuten desde el consenso de la Fundación Siglo 21 en 1994.-

En 16 años de Gobierno el PLD ha resuelto poco

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

Al cumplir 16 años de Gobierno, con un interregno de 4, la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha tenido como mayor mérito la estabilidad y el crecimiento económico, basado en enorme endeudamiento, mal redistribuido y con gran corrupción, pero arroja un apreciable legado en infraestructuras viales, hospitalarias y escolares.

Sin embargo, no ha tenido éxito en reducir significativamente la pobreza, mejorar la calidad de la educación, de la salud o del transporte y seguridad vial, con fracaso en los servicios de electricidad, agua potable y seguridad ciudadana, mientras concentra el poder y debilita la institucionalidad democrática.

Grandes logros del PLD. El PLD ha gobernado el país en cuatro quintas partes de las dos décadas desde el final del Gobierno de Joaquín Balaguer en 1996, excepto el cuatrienio 2000-04, y su mayor éxito, reconocido por todos, ha sido la estabilidad económica, con crecimiento promedio de 6 por ciento del PIB, superior al regional.
Fue austero y mejoró la administración y la institucionalidad democrática en su primer período cuando no tenía mayoría congresual ni controlaba la justicia, pero involucionó esos logros desde el 2004.

Al cumplir 16 años de Gobierno el próximo 16 de agosto, incluyendo los últimos 12, a los peledeístas se les acredita un gran mejoramiento de la red de carreteras, elevados y túneles viales, con visible mejoramiento urbanístico, y muy especialmente la construcción y mejoramiento de unas 25 mil aulas, mérito de la lucha social y del presidente Danilo Medina, ya que su antecesor, Leonel Fernández, se negó sistemáticamente a cumplir la Ley de Educación de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para el sector.

Hay avances en la inversión estatal en viviendas, con proyectos modelos como el de los 1,800 apartamentos de La Nueva Barquita y 560 de Boca de Cachón, en Jimaní, y en múltiples pequeños proyectos en toda la geografía nacional, pero muy lejos de cubrir el creciente déficit estimado entre 25 y 30 mil por año, cuando el Censo del 2010-12 lo estimó en un millón de viviendas, 45 por ciento por construir y la mayoría para mejorar. En el último cuatrienio se incentiva la construcción privada, como el proyecto de Ciudad Juan Bosch a punto de concluir las primeras mil, de 25 mil viviendas proyectadas, que se suman a cientos de torres de apartamentos en Santo Domingo y Santiago para sectores de altos ingresos, como efecto del crecimiento económico.

Mérito económico relativizado. El mérito del crecimiento y la estabilidad económica es relativo, pues ha descansado en enormes déficits fiscales que el experto José Rijo ha computado: 427 mil millones de pesos entre 2004 y 2012, y 372 mil en el período 2013-16, incluyendo 112 mil que proyecta para este año. Eso implica un total de 799 mil millones de pesos, en 12 años, 17 mil 755 millones de dólares, a una tasa de 45 pesos.

Los déficits de la gestión peledeísta han determinado un endeudamiento estatal consolidado que ya pasa de los 36 mil millones de dólares, 24 mil del Gobierno central, y que ha despertado la alerta del empresariado, sus centros analísticos como el CREES, y reiteradas advertencias de insostenibilidad por parte del Fondo Monetario Internacional, que en marzo la estimó en 48.5 por ciento del PIB, proyectándola al 49.5 para fin de este año.

El desmesurado incremento del gasto corriente, con la duplicación de la nómina pública en los últimos 12 años, la escasa austeridad y altos niveles de dispendio y corrupción, han sido relacionados con los déficits. José Rijo documenta que el gasto en 2016, que los subsidios pasaron de 52 mil a 156 mil millones de pesos, y los intereses de la deuda de 17 mil a 103 mil millones de pesos, todo en el mismo período.

Se acusa escasa inversión en promover la producción, la productividad y la competitividad, con estancamiento de las exportaciones y pérdidas en el intercambio con Estados Unidos y los países centroamericanos. El turismo y las remesas mantienen en pie la economía nacional.

Los servicios fundamentales. Se acredita al último Gobierno del PLD receptividad ante la demanda nacional de mayor inversión en educación, en principio demasiado concentrada en la construcción de aulas, pero solventando su grave déficit, y extendiendo la tanda educativa con alimentación a los estudiantes. Tomará su tiempo transformar la formación de los maestros y los currículos que empujan la calidad de una educación que se deterioró durante décadas.

La salud pública es otro grave déficit de los gobiernos peledeístas y ahí tampoco ha faltado inversión, igual en infraestructura física, con la exageración de haber emprendido al mismo tiempo la remodelación de unos 56 hospitales, sin suficientes recursos, por lo que la mayoría sigue en proceso, con precariedad de servicios y pérdidas de inversión después de hasta 6 y 7 años de iniciadas.

Las tasas de muertes maternas e infantiles, epidemias como el dengue, los alarmantes niveles de embarazos de adolescentes, y la baja proporción de inversión en salubridad dejan el país en los últimos escalones en las mediciones continentales.

El agua potable sigue sin llegar en tubería a la mitad de las viviendas, y una parte de los afortunados, no la reciben permanentemente. Mientras se ha permitido el deterioro de las cuencas de los ríos para subsidiar la industria pública y privada de la construcción.

La seguridad ciudadana sigue en picada, con dificultades para reformar a fondo los organismos de seguridad y las políticas preventivas de la delincuencia, y aunque la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la criminalidad general aumenta y la población demanda una mayor inversión y eficiencia para contenerla.

Grave des-institucionalización. Entre los peores resultados de la gestión peledeísta está el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática, utilizando su control del Congreso, y con dos reformas constitucionales han afianzado un control total e instrumentalización de todos los organismos de la justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

La justicia, que en su primer período registró gran mejoría, ha sido partidarizada e inhabilitada para perseguir la corrupción, y el nuevo Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral utilizados para desarticulizar el sistema partidario, junto con el abuso de los recursos del poder, violentando o ignorando la propia Constitución y múltiples leyes, como las de control presupuestario, la de función pública, la de recapitalización del Banco Central, la de salarios públicos y las de transparencia. Y con repartos del Estado ha comprado lealtad o silencio en sectores empresariales, sindicales, sociales y comunicativos.

La posición que ocupa el país en las evaluaciones internacionales, como las de Transparencia Internacional y el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, justifican los recientes llamados del liderazgo empresarial y social para luchar por el rescate de la institucionalidad democrática.