La cultura del continuismo

18_01_2018 HOY_JUEVES_180118_ Opinión10 A

     Por Juan Bolívar Díaz

            Son muchos los que preguntan por qué es tan arraigada entre los dominicanos la cultura del continuismo político que se extiende a otros ámbitos en la historia nacional, afectando al sindicalismo, sin dejar de expresarse hasta en el beisbol, donde figuras legendarias han rehuido el retiro hasta que virtualmente les han dado el portazo en las organizaciones deportivas.

El mayor ejemplo del retiro todavía en momentos de gloria, sin dar pena al someterse a la decadencia, fue David Ortiz. Andan por ahí notables empresarios que reconocieron el imperio del relevo, organizaron sucesiones empresariales y familiares, y ahora se permiten el disfrute que no pudieron tener en los años de responsabilidades.

El continuismo propiamente dicho, se manifiesta en el poder político, y no sólo en los que alcanzan la presidencia de la nación, sino también en el liderazgo de los partidos grandes y pequeños, donde predomina el criterio de que “el poder no se cede” y se cierran al placer de convertirse en líderes propulsores de renovación generacional.

Pero es en la presidencia de la República donde el continuismo alcanza el paroxismo. Es la razón por la que casi todos los dominicanos que concluyen un período de gobierno, han intentado la continuidad a cualquier precio, con las excepciones de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, por haber sido fruto de un partido liderado por un firme antireelecionista, el doctor Francisco Peña Gómez. Hipólito Mejía se erigió presidente bajo la herencia mítica dejada por Peña Gómez, y cambió el curso de su partido y el precepto constitucional que prohibía la reelección,  para ser el único en la historia nacional en fracasar en el intento.

La cultura continuista explica que sólo 7 presidentes hayan gobernado 111 años, dos tercios de la vida republicana, excluyendo los 8 años de dominación norteamericana del 1916-24, y contando los dos períodos que agota Danilo Medina. Trujillo y Lilís bajo signos de la tiranía se anotaron 44 años, en las cuasi dictaduras de Santana, Báez y Balaguer se fueron 47 años, y Leonel y Danilo están agotando 20 bajo rígido control de casi todos los poderes del Estado.

Hay quienes postulan que el continuismo es de la naturaleza humana, pero cuando se pasa balance sólo en contados países, generalmente sin instituciones democráticas, algunos han gobernado 8 períodos como Trujillo, 7 como Balaguer (incluyendo el breve 1961-62 y el reducido 1994-96),  cinco como Báez, o tres como Lilís y Leonel. Y no son pocos los que ya abogan porque Danilo busque su tercero, o los que creen que lo intentará, aunque tenga que atropellar otra vez la Constitución de la República.

En la región centroamericana apenas tres o cuatro han conseguido un segundo período de más de sesenta que han gobernado en el último medio siglo. Aparte de los dominicanos, sólo Daniel Ortega en Nicaragua,  Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, logrado tres períodos  en todo el continente, con dominio casi absoluto de los poderes del Estado. Alberto Fujimori se impuso para un tercero en Perú pero tuvo que huir pocas semanas después.

Lo relevante es que la inmensa mayoría sólo gobierna un período y se retiran o los retiran felices, incluso abandonando la actividad política. Entre nosotros eso parece imposible. También porque la cultura continuista está arraigada en la población general, que devota de los que llegan al poder, contribuyendo a que se conviertan en imprescindibles redentores, líderes salvadores, constructores del progreso de un país que sigue entre los diez  más pobres del continente, no sólo en riqueza, sino de instituciones democráticas.

La pregunta que más bulle en los dominicanos en este comienzo de año es si Danilo Medina se está preparando para romper ese maleficio y retirarse en el 2020 acatando el imperio de su propia Constitución, o si quedará atrapado en la cultura del continuismo a cualquier precio.-

 

 

Los cambios en Venezuela y Argentina

Por Juan Bolívar Díaz

13_12_2015 HOY_DOMINGO_131215_ Opinión9 A

Los resultados de las recientes elecciones en Argentina y Venezuela revelan insatisfacción no sólo con la gestión económica, sino también político-social, derivada del prolongado usufructo del poder de dos regímenes caracterizados por la implementación de políticas que buscaban beneficiar a las masas populares, y se inscriben en una tendencia regional a reivindicar los procedimientos democráticos, rechazar la corrupción y exigir eficiencia y prioridades en la gestión pública.

Esa tendencia se ha manifestado contundentemente en los últimos años en la región centroamericana, donde el electorado ha desplazado a los partidos dominantes en El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala, mientras en Honduras se producen sacudimientos que auguran cambios significativos.

En Argentina, el peronismo, uno de los dos más vigorosos movimientos políticos latinoamericanos con más de seis décadas de vigencia, perdió el gobierno después de 12 años consecutivos de absoluto predominio, mientras en Venezuela, un frente que logró aglutinar a toda la oposición barrió al partido que desde finales del siglo pasado había ganado más de una docena de comicios y consultas, en la mayoría de las ocasiones con mayorías indiscutibles.

Ambos casos han tenido como detonantes crisis económicas derivadas de mala gestión, aislamiento internacional, y de la reducción de los precios de materias primas fundamentales, que está afectando a otros países de la región, incluido el gran Brasil. En el caso venezolano la caída de los precios del petróleo han reducido el aporte de este producto a menos de la mitad del promedio de la última década.

El caso de Venezuela es patético, porque aunque es indiscutible que logró mejorar los servicios de educación, salud y viviendas de los sectores populares, y redujo la pobreza, con los altísimos ingresos del petróleo, no logró la sostenibilidad económica nacional, como tampoco la gestión argentina, afectada por bajo crecimiento económico, alta inflación y devaluación de la moneda y consiguientemente del poder adquisitivo de la población.

Pero en Argentina el factor desencadenante ha sido la división del peronismo, indiscutible ya que las dos candidaturas en que se dividió sumaron más del 56 por ciento del voto en la primera vuelta, con Daniel Scioli en primer lugar con 37 por ciento, para quedarse en el 49 por ciento en la votación definitiva, cuando el conservador Mauricio Macri ganó la presidencia pasando del 34 al 51 por ciento.

En Venezuela los herederos de la revolución de Hugo Chávez no han perdido el poder ejecutivo, pero sí las dos terceras partes del legislativo, lo que obliga a rectificaciones económicas y políticas, si no quieren sumir el país en la confrontación definitiva, en la que pesarán sin dudas los dos millones de votos y casi 10 puntos porcentuales que perdieron en relación a las elecciones presidenciales del 2013. Ha quedado patente que Nicolás Maduro no tiene el carisma ni la sabiduría popular de Chávez, que el chavismo no se recicló seriamente y que el autoritarismo antidemocrático genera hostilidad y cansancio nacional e internacional, por más controles del poder que se tengan.

Todos los que nos sentimos cercanos al pueblo venezolano tenemos que augurarle una transición ordenada e institucional hacia un estadio más democrático, sin retornar a la enorme corrupción, la descomposición, el latrocinio y la ceguera social que -nadie debe olvidarlo- hicieron aguas y generaron el chavismo.

Estos resultados electorales dejan lecciones, particularmente a la sociedaddominicana, cuyo sistema político e institucional naufraga en la corrupción y la descomposición, con un partido que acapara el poder y manipula a la sociedad pretendiendo perpetuarse.-

 

No fue Balaguer quien se burló de Peña

Por Juan Bolívar Díaz

José francisco peña gómez
Una crónica periodística atribuyó a Monseñor Agripino Núñez Collado haber dicho, durante un homenaje que se le rindió en Santiago a fines de noviembre, que el presidente Joaquín Balaguer se burló de José Francisco Peña Gómez cuando buscando salida a la crisis derivada del fraude electoral de 1994 le propuso dividir el período de gobierno a dos años para cada uno, y que el líder perredeísta había aceptado. Me causó pena leer que el auditorio, que incluía al presidente Danilo Medina, rió de la anécdota.

Tal vez se esté citando erróneamente el testimonio del exrector de la Universidad Católica Madre y Maestra, quien sin duda fue un testigo excepcional de aquellas tensas negociaciones, porque aunque en verdad, el caudillo reformista intentó burlarse de su interlocutor con aquella absurda propuesta, no lo logró, ya que Peña la rechazó.

A las 5 de la madrugada del 10 de agosto de 1994, cuando me preparaba para enfrentarme a la teleaudiencia de Uno+Uno, por Teleantillas, recibí una llamada de Peña Gómez, que a esa hora quería hacerme una confidencia. Pasé por su casa apresuradamente para enterarme de la propuesta que le había formulado el caudillo reformista la noche anterior en la reunión que sostuvieron en la Biblioteca Nacional. Tuve la impresión de que más que por informarme, él buscaba escuchar mi opinión, como periodista y a la vez dirigente de Participación Ciudadana, que defendíamos la institucionalidad democrática.

Tras escuchar la propuesta de que Balaguer gobernaría los primeros dos años y Peña la mitad siguiente del período, le pregunté cuál había sido su respuesta y respondió que pidió tiempo para pensarlo y concertaron una nueva reunión a las 11 de esa mañana donde él respondería. Contó que había discutido la propuesta hasta entrada esa madrugada con los dirigentes de su partido y aliados, y estaban divididos. Él amaneció ponderándolo.

Como pidió mi opinión, con la franqueza que me caracteriza, comencé preguntándole a quién creía él que la Asamblea Nacional investiría presidente, para decirle que ese era el “dardo de los partos” de Balaguer, que era un absurdo tan carente de base institucional que nadie defendería, que los Vincho y otros balagueristas lo objetarían ante la Suprema Corte y que sería declarado inconstitucional, dejándolo en ridículo.

Gracias a la oposición radical de su asesor, el historiador Hugo Tolentino, y de Fafa Taveras, y a las reservas expresadas por Hatuey de Camps, según pude constatar luego, Peña Gómez rechazó la burla de Balaguer cuando volvieron a reunirse esa mañana. Acordaron en cambio una reforma constitucional para convocar nuevas elecciones en 18 meses, prohibir la reelección consecutiva, establecer el Consejo Nacional de la Magistratura y la doble nacionalidad, todo lo cual anunciaron en un acto a las 5 de la tarde en el Palacio Nacional, con respaldo del Partido de la Liberación Dominicana, a través de un discurso allí mismo de su secretario general Lidio Cadet.

Quienes sí se burlaron de Peña Gómez fueron los que a las 9 de la noche del mismo día lo pusieron a firmar un “Pacto por la Democracia”, que incluía varias cláusulas no contempladas en el acuerdo de la tarde, como el establecimiento del 50 por ciento de los votos para ser presidente y los colegios electorales cerrados.

En mi libro “Trauma Electoral”, con doble edición en 1996, recojo todos los detalles de aquellas negociaciones. Incluyendo que Peña Gómez no quería ir al acto nocturno del Palacio pero Agripino le rogó que asistiera, y que cuando advirtió las diferencias con lo pactado con Balaguer, le dijeron que ese texto estaba escrito antes del acuerdo y que sería enmendado. Con 40 horas sin dormir, allí sí que Peña Gómez se dejó burlar. Y luego en la reforma constitucional, cuando en vez de 18 meses los peledeístas le regalaron 24 al rey de las farsas electorales para ellos ganar méritos y tiempo con miras al poder que lograrían en 1996, partiendo del 12 por ciento que obtuvieron en 1994.

Cuando a las 6 de la tarde de parte de Monseñor Núñez invitaron a Participación Ciudadana a asistir a la firma del pacto a las 9 de la noche en el Palacio, a unanimidad decidimos que no nos prestaríamos a esa burla, ya que conocíamos el texto que alteraba el acuerdo anunciado por radio y televisión a las 5 de la tarde.

¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

Por Juan Bolívar Díaz
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La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

Un PRM demasiado conservador

Por Juan Bolívar Díaz
01_11_2015 HOY_DOMINGO_011115_ Opinión9 A

Con sinceridad y sin la menor ironía, considero que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido muy conservador al calcular lo que se podría ahorrar en el presupuesto nacional del 2016 para traspasarlo al mejoramiento de los sueldos de los policías y otro servidores del Estado en la indigencia, así como para un mejor combate a la pobreza extrema, aumentando considerablemente el subsidio de los programas sociales..

Para comenzar, la propuesta debería incluir la duplicación de los sueldos de todos los servidores públicos que ganan el mínimo de 5,117 pesos mensuales, así como de los casi cien mil pensionados estatales con el mismo ingreso. Y en la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales se pagan salarios de dos y tres mil pesos.

No se puede dejar de reconocer que la propuesta del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, es interesante y acertada desde el punto de vista político-electoral, tanto que sacudió instancias gubernamentales con reacciones que llegaron al extremo de mandar a estudiar finanzas a economistas de la categoría y reputación de Miguel Ceara Hatton, Guillermo Caram, Arturo Martínez Moya y Eduardo Tejera, para citar a los más conocidos de un equipo económico envidiable para cualquier proyecto presidencial.

En los mismos renglones que incluyó la propuesta de ahorrar 50,823 millones de pesos se podría llegar razonablemente más lejos, y mucho más si el Gobierno decreta una real austeridad en el gasto público, si suprime algunos organismos burocráticos que solo amamantan clientes y parásitos políticos, muchos de ellos duplicadores de funciones o hace tiempo inoperantes, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, o hasta el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, donde unos dos mil dirigentes y militantes de un partido aliado encuentran sostén.

No se crean que estoy exagerando, fueron promesas de campaña en varias elecciones consecutivas, incluyendo la del presidente Danilo Medina hará cuatro años. El mandatario sabe que es posible un ahorro mayor al planteado por el PRM, pues el Gobierno suprimió un millar de empleos parásitos de reformistas solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no se ha atrevido a hacer lo mismo con otro millar de peledeístas y relacionados que cobran en dólares -y en muchos casos trafican- como embajadores, cónsules, vicecónsules y consejeros.

Eché de menos muchos de estos ahorros en la propuesta del PRM y dudo que fuera por olvido, sino más bien conservadurismo para no despertar demasiado incertidumbre o rechazo, o quién sabe si hasta reservándose fuentes clientelares por si logran la hazaña de desplazar la enorme maquinaria política y de control estatal de los actuales gobernantes.

Un ejemplo significativo del conservadurismo de la propuesta se encuentra en el renglón referente a los 245 mil millones de pesos consignados en el presupuesto para la contratación de obras y compras de bienes y servicios, donde solo consignan un ahorro del cinco por ciento, 12 mil millones de pesos. Aunque dejan constancia de que en esos renglones se pierde por lo menos un 20 por ciento “en desviaciones irregulares”.

En materia de obras públicas la corrupción consume más del 20 por ciento. Hace más de tres décadas que Balaguer llegó a justificar las comisiones del 10 por ciento, y todavía no se veían obras duplicadas de precio, como los parqueos de Bellas Artes y la UASD o la remodelación del hospital Darío Contreras.

Fue una descomunal exageración del doctor Leonel Fernández cuando en su campaña electoral de 1996 cuantificó la corrupción en 30 mil millones de pesos, alrededor del cien por ciento del presupuesto nacional. Ahora si fuera solo del 20 por ciento, implicaría más que duplicar los 58 mil millones indicados por el PRM.

Si nada de eso es posible, seguiremos soñando que podremos garantizar la seguridad pública con policías ganando salarios cebolla, como dramatizó el iluminado raso Daurin Muñoz, por eso despedido de la Policía Nacional.

 

Trascendente y oportuno dictamen

Por Juan Bolívar Díaz

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Todas las tribunas nacionales deberían ponerse de pies para aplaudir y ponderar el dictamen del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, que dispuso el retiro de la masiva propaganda política que desde hace más de un año ha saturado y degradado a arrabales las vías públicas de esa ciudad, en virtud de que se ha ignorado el período establecido en la Ley Electoral 275-97 para realizar esa actividad.

La sentencia dispone que el Ayuntamiento y la Junta Electoral de Santiago retiren de forma inmediata toda la propaganda electoral colocada en calles y avenidas hasta que comience la campaña electoral, lo que según la ley ocurrirá cuando la Junta Central Electoral (JCE) la proclame oficialmente con la convocatoria a las próximas elecciones, a más tardar 90 días antes de los comicios. Es lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral, lo que ninguna autoridad se había atrevido a hacer cumplir.

La decisión del magistrado Samuel Guzmán Fernández establece un precedente que ojalá sea replicado en muchas otras instancias institucionales para ver si comenzamos a reducir el enorme costo de las campañas electorales, que paga un pueblo con la mitad de su población en niveles de pobreza. Porque si bien la tasa oficial de pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es de 42 por ciento, el 52 por ciento de los hogares aún carecen de agua potable corriente, y la mitad de la población sufre de 4 a 12 horas diarias de apagones.

Es un hecho incontrovertible que gran proporción de los aspirantes a senadores, diputados y alcaldes gastan decenas de millones de pesos en precampañas y campañas electorales, que sólo excepcionalmente salen de sus propios bolsillos, que son sustraídos de las contribuciones de la ciudadanía, o provienen de actividades criminales como el narcotráfico.

En las democracias contemporáneas y en casi toda América Latina se han establecido regulaciones para evitar el encarecimiento de las elecciones y que el poder del dinero, especialmente el de origen ilícito, sea lo que determine quiénes son los representantes legislativos y los ejecutivos presidenciales o municipales. Un sistema político primitivo y desenfrenado se ha negado en el país a establecer una efectiva legislación para disminuir la extensión y costos de las campañas electorales. Como muestra están en el Congreso desde hace cuatro años los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral sometidos por la JCE.

La decisión del magistrado Guzmán tiene otro aspecto positivo, por cuanto es fruto de la iniciativa de una entidad de la sociedad civil, la Fundación Masada, cuyo presidente el destacado jurista José Luis Taveras, la ha considerado “un fallo histórico y sin precedentes”, a la que se adhirió otro agrupamiento ciudadano denominado Santiago Somos Todos”. Esa circunstancia es un motivo de aliento para una inmensa cantidad de entidades ciudadanas que por todo el país sueñan con un mejor ordenamiento social, económico y político, las cuales han tropezado con la indiferencia, cuando no la hostilidad, del cada vez más corrompido y desacreditado sistema partidista.

Celebremos este dictamen judicial que, por demás, protege el medio ambiente y satisface a los santiagueros. Mario Fernández, presidente de Santiago Somos Todos, sostuvo que hace meses que en esa urbe “no cabe un afiche más y eso, poco a poco nos enferma, porque tenemos la ciudad agobiada”.

Un ejemplo a ser seguido por la JCE facultada por el Párrafo IV del artículo 212 de la Constitución de la República para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

 

Un buen aporte de la Finjus

Por Juan Bolívar Díaz

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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) hizo esta semana un gran aporte para poner en evidencia la burla de la mayoría de la Cámara de Diputados que insistió en aprobar un proyecto de ley de partidos que ignora las demandas sociales y los numerosos consensos al respecto durante los últimos 16 años.

Un análisis pormenorizado del texto aprobado muestra que se distorsiona o elimina gran parte de las previsiones para garantizar el ejercicio democrático interno y la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos contenidas en el proyecto presentado al Congreso en el 2011 por la Junta Central Electoral, fruto de una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos. El proyecto recogía los avances de la democracia latinoamericana de las últimas décadas en reglamentación del partidismo político y los planteamientos consensuados entre agentes políticos y sociales desde 1998. Pero además los técnicos consultaron de nuevo a los partidos e instituciones de la sociedad civil que han militado en reglamentar la actividad partidista.

La Finjus sometió a un riguroso análisis, artículo por artículo, para comparar el proyecto aprobado con la propuesta de la JCE, para concluir en que se trata de una distorsión substancial y una gran burla a las expectativas de la sociedad dominicana, en una reiteración de lo aprobado el 3 de marzo pasado, que hubo de ser retirado días después tras la ola de protestas que despertó.

La reconocida institución de promoción de la institucionalidad nacional concluye en que de convertirse en ley el país “no contará con una norma que permita superar el actual desorden y falta de control en que se desempeñan los partidos políticos”, que el resultado final será “la profundización de la opacidad en que actúan los partidos”, y que se ignoran los suficientes consensos político-sociales sobre la necesidad de controlar la corrupción y el clientelismo para fortalecer la institucionalidad democrática.

El análisis del proyecto aprobado se resume en que reduce los derechos de los afiliados a los partidos, fortaleciendo el autoritarismo, limita la renovación del liderazgo, y elimina la obligación del voto libre y secreto en las elecciones internas, la obligación de elecciones primarias para escoger candidatos y la cuota mínima del 33 por ciento de los cargos de dirección para las mujeres.

“Contrario a la aspiración de la sociedad dominicana, el proyecto aprobado limita gravemente el rol asignado a la JCE por la Constitución para ejercer la función de control de los fondos públicos y privados que reciben los partidos”, indica el estudio. Y agrega que peor aún se amplían las facilidades para que los partidos reciban fondos de personas y entidades privadas, al mantener prácticas como colectas públicas y deducciones de salarios y se rechaza que los partidos tengan que mantener un registro de contribuyentes, informar sobre los orígenes de sus fondos y entregar sus presupuestos a la JCE.

Se elimina también la previsión del proyecto de la JCE que prohibía el uso de recursos públicos para financiar actividades electorales y un artículo que establecía en qué se puede gastar el financiamiento estatal a los partidos, reduciendo la cuota destinada a educación de sus miembros del 25 al 10 por ciento y a nada en los años de elecciones.

La aprobación por la mayoría de los diputados de los tres partidos tradicionales violentó su propio estatuto interno, sin que el proyecto fuera sometido a estudio de comisión, pasando por encima a los comisionados que estudiaban otra pieza. Se trató, definitivamente, de una burla completa a los consensos y expectativas de tantos años para mantener el desenfreno en beneficio de las cúpulas directivas de los partidos.

El proyecto está ahora en manos del Senado pero quedan pocas expectativas de que se retomen los consensos socio-políticos. Será una legislación vacía, frustratoria y reiterativa del autoritarismo y el salvajismo que caracteriza la política en nuestro país.

 

 

Compromiso con los héroes de Abril

Por Juan Bolívar Díaz
26_04_2015 HOY_DOMINGO_260415_ Opinión9 A

Fue particularmente reconfortante concluir en Uno+Uno esta semana un ciclo de cinco paneles sobre la trascendencia de la Revolución Constitucionalista con la participación del ingeniero Ludovino Fernández Fernández, del teniente coronel Francis Caamaño Acevedo y del mayor Juan Lora de León, sendos hijos de los máximos héroes militares de 1965: Rafael Fernández Domínguez, Francisco Caamaño Deñó y Juan María Lora Fernández.

Es relevante que coincidieron en sus apreciaciones sobre la justeza de la gesta histórica de la que estamos conmemorando medio siglo, sobre los ideales y propósitos que guiaron a sus propulsares, civiles y militares, y especialmente cómo han asumido el sacrificio de sus padres. Los tres fueron bien expresivos, pero la condición de civil del ingeniero Ludovino Fernández, hijo del ideólogo militar de la lucha por la restauración del orden constitucional interrumpido por un golpe de Estado, le permitió mayor franqueza.

Fernández, reflejando la integridad y grandeza que adornan también a su madre Arlette Fernández, contó cómo fue educado y criado con alegría, sin tristezas ni resentimientos, empoderado del legado histórico de su padre, pero expresó insatisfacción por el Estado de la nación cincuenta años después, y sus esperanzas de que le demos un cambio para acercarnos a los ideales de tantos que murieron tratando de cambiar el atraso histórico nacional.

La Revolución Constitucionalista fue la gesta más trascendente del siglo pasado, y la de mayor gloria después de la independencia y la restauración de la República. Fue la expresión de varias generaciones que habían luchado contra la opresión y la anarquía y contra la ocupación norteamericana de 1916-24 que nos legó la peor tiranía de América que durante 31 años conculcó todos los derechos y libertades.

Fue la conjunción del valor y la decisión de líderes civiles y militares, mujeres y hombres de diversos estratos sociales, con ideales democráticos, socialistas y socialcristianos que pretendían la restauración del gobierno democrático de Juan Bosch, pero también el reino de la libertad, el imperio del orden y la justicia social. La masiva y valerosa participación popular fue indicativa de los anhelos del pueblo dominicano.

La ignominiosa nueva invasión militar de Estados Unidos cercenó el salto democrático que pretendían los dominicanos, que no se rindieron pese a la infinita superioridad militar del invasor y durante más de cuatro meses escribieron una epopeya patriótica que asombró al mundo con ejemplos de integridad y sentimiento patrio.

Los que sobrevivimos de aquella gesta, en cualquier campo que nos encontremos, tenemos una responsabilidad histórica con la memoria de los héroes y heroínas de abril, no sólo con Caamaño, Fernández y Lora, con Juan Miguel Román, Yolanda Guzmán, Oscar Santana, Ilio Capocci, Jacques Viau o el padre Arturo, para recordar algunos de los más relevantes y diversos, sino con la infinita legión de héroes anónimos.

Hay que recordar el compromiso derivado del valor de todos los combatientes civiles y militares, incluyendo a los que pagarían su osadía en la represión que siguió al acuerdo de paz, y a aquellos seis sacerdotes que evadieron la huida de sus superiores y lucharon en la zona Constitucionalista con el aliento del Nuncio Enmanuel Clarizio. También a los periodistas de Ahora, La Nación y Patria, que compensaron con creces el silencio y la complicidad de los periódicos dominantes. Y los locutores, intelectuales y artistas que mantuvieron en alto la moral de los constitucionalistas. Sin olvidar la voz tronante de José Francisco Peña Gómez, con sus cotidianas arengas patrióticas, y la integridad de Antonio Guzmán, quien renunció a la presidencia que se le ofrecía al no aceptar establecer campos de concentración para los presuntos comunistas.

Con todos y todas pervive el compromiso de superar las dolencias históricas de la nación, que sí podemos, lo que comienza ahora luchando para proscribir el pesimismo, la indiferencia y la resignación que afecta a gran parte de la sociedad dominicana ante la corrupción, la impunidad y la corrosión institucional.

 

Una justicia secuestrada

Por Juan Bolívar Díaz
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Las decisiones judiciales del viernes negando la posibilidad de que el Secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, y el alcalde de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez, y compartes, puedan ser siquiera enjuiciados, ratifica el nivel de secuestro político que se ha hecho de la justicia, uno de los poderes fundamentales de la democracia, para garantizar la impunidad en la demencial corrupción que ofende y sacude el país.

El expediente contra Félix Bautista y seis asociados, elaborado por la Procuraduría General de Persecución de la Corrupción Administrativa y sustentado por el Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito, quedará como paradigmático en la historia nacional, por el volumen de dinero involucrado y la enorme cantidad de indicios más que suficientes para que se les abriera juicio por enriquecimiento ilícito, falsedad de escritura pública y privada, corrupción y lavado de activos. Pero ni eso es posible con una justicia secuestrada por intereses políticos y económicos.

Sus propios defensores jurídicos y políticos se encargaron de proclamar que el sometimiento judicial apuntaba contra el expresidente Leonel Fernández, quien tras proclamar su Constitución del 2010 pactó con el excandidato presidencial perredeísta Miguel Vargas Maldonado para quedarse con el control institucional de la nación: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal.

Sólo en las dictaduras, y con proyectos de dominación que se han anunciado hasta el 2044, se concibe un control total y tan concentrado de las instituciones básicas de una nación, para lo cual había que acumular una gran fortuna que garantizara el predominio sin posibilidad de que ningún juez u organismo colegiado dictaminara sobre su legitimidad.

En el caso específico de Félix Bautista, se ha documentado el manejo de entre 24 y 40 mil millones de pesos, por un entramado empresarial que confluye en un dirigente político, funcionario público y ahora senador, que al llegar al gobierno en 1996 declaró un pobre patrimonio de 547 mil pesos, y que todavía en el 2010 lo juró en 16 millones de pesos, pero que dos años después proclamaba que, si se lo otorgaban, sus empresas estaban en condiciones de asumir la total reconstrucción del Haití devastado por un terremoto, tarea que demandaba decenas de miles de millones de dólares.

Todos sabemos que el poder económico y político de Bautista no era patrimonio propio y que derivaba del presidente Fernández, quien llegó a considerarlo como un hijo, y que le autorizó maniobras del calibre del contrato con la Sun Land por 130 millones de dólares. Ya Guillermo Moreno documentó en otro memorable expediente desestimado por la justicia, que las empresas de Bautista eran financiadoras fundamentales de la Fundación Global de su jefe político, y que en sólo cinco días del 2011 le donaron 45 millones de pesos.

Por suerte el Procurador Domínguez Brito ha anunciado de inmediato que apelará los dictámenes que procuran la impunidad de los Félix y sus asociados, lo que seguirá siendo un enorme desafío para esta Suprema Corte, cuya suerte parece definitivamente en juego. Como dijo confidencialmente un magistrado, Bautista (y Leonel, agregamos) dividió y desacreditó la anterior Suprema Corte con el caso Sun Land, y podría jugar el mismo papel con la actual, ya que algunos de sus 17 integrantes no pagarán el alto costo que se les reclama por cargos en los que jugó un papel significativo el propio Félix Bautista, convertido en Senador para ampliar su blindaje.

Lo de este escogido “Viernes de Dolores” duele en lo más profundo del alma y la sensibilidad nacional, aunque fuera un palo anunciado desde que el presidente de la Corte, también asociado del expresidente Fernández, encargara la instrucción del expendiente a un juez proveniente del Comité Central del partido del que Bautista y Fernández son líderes. La esperanza es que todo este descaro sirva para romper indiferencias, silencios y complicidades.

Este país necesita renovación

Por Juan Bolívar Díaz
22_03_2015 HOY_DOMINGO_220315_ Opinión11 A

Son muchos los que no han entendido mi renuncia a la dirección de Informaciones de Teleantillas, y no han faltado quienes piensen que estoy muy enfermo, que le estoy huyendo a la persistente campaña de estigmatización y odio de los últimos tiempos o que ha sido una fórmula elegante de evadir un despido. Nada de eso es cierto.

Desde que cumplí un cuarto de siglo en ese cargo, hace tres años, presenté mi renuncia, fundamentada en que yo necesitaba emprender nuevos proyectos que me renovaran, que incluyen unas memorias de ya casi medio siglo de ejercicio periodístico. Y al mismo tiempo expresaba mi convicción de que a la empresa misma le convenía una renovación, pues sentía que yo estaba cayendo víctima de la rutina, la terrible pátina del tiempo.

No puedo ocultar que también me mueve la necesidad de reducir mis horas de compromiso laboral, después de 56 años de trabajo, la mitad de ellos en Teleantillas, porque tengo derecho a viajar un poco más por el mundo, lo que ha sido mi único lujo, antes de que se me acabe de hacer tarde.

También me ha movido la convicción de que todos estamos llamados a abrir espacio a otros, a no pretender eternizarnos en un cargo. El hecho de que no ha habido garantía de una pensión digna para la inmensa mayoría de los trabajadores, públicos y privados, ha contribuido a la generalización del criterio de que hay que trabajar hasta la muerte.

La cuestión es más complicada cuando se trata del liderazgo, de cargos y posiciones que dan distinción o poder económico o social. Ahí, generalmente, hay garantías de recursos para solventar los gastos de la vejez. Pero no queremos desprendernos de las posiciones, no damos paso a las nuevas generaciones, nos hacemos los eternos e imprescindibles. De eso no se libra el liderazgo político, el sindical, religioso, empresarial, deportivo o social. Baste observar el liderazgo sindical, o cómo nuestras mayores glorias del béisbol -Juan Marichal, Pedro Martínez, Sammy Sosa o Manny Ramírez- a diferencia de Mariano Rivera o Derek Jeter, no se retiraron, hasta que nadie quiso contratarlos.

Hace pocas semanas cuando le pregunté por televisión a Hipólito Mejía por qué persistía en buscar una nueva candidatura presidencial, con tan alta tasa de rechazo en las encuestas, tras haber sido presidente hace 15 años, y perder dos elecciones consecutivas. Su respuesta fue que Balaguer y Bosch se postularon hasta la muerte. Le dije que también Santana, Báez, Lilís, Horacio Vásquez y Trujillo, y que Leonel iba por el mismo camino. Ya en otra ocasión el mismo personaje me había dicho que yo también me mantenía indefinidamente en un cargo. Le di la razón, aunque le advertí que ya lo estaba dejando.

Aquí se ha hecho un principio fundamental el predicamento de que el poder no se cede, y hay quienes lo profesan como mandato constitucional. Peor aún, está arraigado en la cultura del dominicano, aún de los que nunca han tenido poder alguno, que cultivan el presidencialismo, del que reciben migajas clientelares. Los liderazgos insustituibles son fruto del atraso social, del analfabetismo integral que afecta a la mitad de la población, de la hipoteca de la dignidad y la autoestima.

Busquemos por todo el mundo a ver si encontramos otro Leonel que con tres períodos de gobierno anda sin rumbo buscando un cuarto. O si aparece un Hipólito pretendiendo una tercera postulación tras dos fracasos consecutivos.

Este país necesita urgentemente una renovación de su liderazgo. Yo empecé a dar el ejemplo, y espero no detenerme. Ya lo he advertido, tampoco envejeceré ante las cámaras de televisión. Confío en que otros me relevarán hasta con mayor éxito. Como nos legó Machado: “Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar”.