Impactante deterioro nacional

Por Juan Bolívar Díaz

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Como los dominicanos hemos venido perdiendo la capacidad de asombro y parecemos refugiados en la resignación ante los graves problemas de sustentabilidad económica, de crisis institucional y política, de seguridad y deterioro de los servicios públicos, nos resulta muy difícil percibir los alarmantes niveles que alcanza el proceso.

Pero si uno se va lejos por dos semanas, y al volver hay que revisar las informaciones, como nos toca a nosotros, se encuentran suficientes rastros del deterioro que afecta la vida nacional, relevantemente en materia de la corrupción y su correspondiente impunidad y del reparto del Estado que no deja recursos para contener el deterioro de los servicios básicos, desde los sanitarios, electricidad, agua potable, transportación y seguridad. Los ingresos crecen menos que el gasto y en cada presupuesto se deben buscar prestados entre 3 mil y 4 mil millones de dólares.

El calvario registrado desde fines de septiembre fue dramatizado en primer lugar por la corrupción explotada en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), dependencia de la Presidencia de la República, que en las últimas décadas compite con el Ministerio de Obras Públicas en la ejecución de los proyectos oficiales, aunque su finalidad era de supervisión. Se creía que el reguero dejado por Félix Bautista aleccionaría por lo menos en ese organismo, pero fue una falsa ilusión hecha trizas por la inmolación del arquitecto David Rodríguez García, que dramatizó todo un entramado de sobrevaluaciones y extorsiones en la asignación y pago de obras públicas.

El escándalo de OISOE creció cada día. Todavía el lunes en HOY el ingeniero Eusebio Almonte revela cómo una escuela que se planificó en 23 millones de pesos, fue duplicada a 46 millones, cómo ha estado sometido a extorsión y que aún le deben 15 millones de pesos, aunque la escuela fue inaugurada hace un año. El CODIA documenta 51 expendientes de extorsiones. El rechazo nacional ha sido relevante, pero las autoridades han optado por reprimir a los dirigentes sociales que reclaman el desmantelamiento de la OISOE, de la corrupción y de la impunidad.

El segundo y prolongado caso de impacto fue el testimonio del raso policial Daurín Muñoz, sobre la miseria salarial de la Policía, que se registra también en las Fuerzas Armadas y en otros servidores públicos, como enfermeras y agrónomos, así como en los pensionados. La respuesta oficial es que el presupuesto no alcanza para pagar ni siquiera a los encargados de combatir la agobiante delincuencia. 43 generales de la Policía Nacional tienen sueldos de 37,500 pesos y diez pesos diario como ración alimenticia. Mientras miles de funcionarios y hasta simples regidores reciben ingresos hasta diez veces superiores.

Otras expresiones del calvario de dos semanas: Los muertos por dengue alcanzaron en lo que va de año a 95, proyectándose una duplicación en relación a los 58 del 2014; RD es segundo país del continente con más muertes por cólera; RD es, después de Guatemala, el peor país para morir; junto a Nicaragua, RD lidera el embarazo de adolescentes en América, según estudio de la CEPAL; el 42 por ciento de las viviendas dominicanas todavía usan velas para mitigar los apagones, según estudio del INTEC.

Todavía hubo más: Francis Lorenzo, uno de la docena de embajadores que tiene el país ante la ONU fue apresado por autoridades de Nueva York y acusado de ser parte de una red de extorsión y tráfico; el Movimiento C+ denuncia corrupción en la remodelación del hospital Cabral y Báez de Santiago; altos funcionarios cambiaron el reglamento de Aduanas para servirse con la cuchara grande; jueza Miriam Germán denuncia a su colega de la Suprema Corte Fran Soto como irrespetuoso, injusto y abusivo al amparo de sus vínculos con el partido de Gobierno.

El viacrucis de dos semanas es impactante, sin incluir los múltiples casos relacionados con la delincuencia y la inseguridad. Pero lo peor es el cinismo con que reaccionan las autoridades y gran proporción de los “forjadores de opinión, amarrados con el insuficiente presupuesto nacional. A uno de ellos se le escuchó impugnar a los críticos de la OISOE con el “contundente argumento” de que eso ha sido así en todos los gobiernos.

 

Patriotas que salen caros

Por Juan Bolívar Díaz
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Un informe entregado esta semana por las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minas ha puesto nuevamente sobre el tapete el enorme reparto del Estado en que se ha fundado el dominio político en los últimos años y en particular los caros que han resultado los mayores exponentes del patriotismo nacionalista.

En apenas un año de iniciadas sus operaciones bajo la administración del recién renunciante Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, ese ministerio ya registraba un enorme desorden financiero, con gastos desmedidos, atrasos salariales y de cuentas por pagar. El personal fijo y bajo contrato que ya ascendía a 368 costaba 26 millones 39 mil pesos mensuales, que de inmediato el nuevo ministro Antonio Isa Conde ha reducido a 21 millones, lo que implica un ahorro de 60 millones de pesos anuales.

La dimensión de los salarios queda de manifiesto en que el promedio era de 70,759 pesos mensuales, en un país donde el 85 por ciento de los asalariados formales recibe menos de 20 mil pesos mensuales, y donde 40 por ciento de los empleados estatales apenas alcanzan los 5,117 pesos por mes.

Pero el ministerio de Pelegrín Castillo tenía 29 asesores con promedio de 161 mil pesos y otros tres promediaban 556,166 pesos mensuales. En los primeros 4 meses de este año ya el ministerio había consumido el 56 por ciento de su presupuesto para todo el año, lo que proyectaba un déficit al cierre del año de 145 millones de pesos, 69 por ciento sobre su asignación.

En vez de responder sobre lo informado, el exministro Castillo se refirió a los ingresos del Fondo 1974 que la Ley de Combustibles destina al fomento de energías renovables, ripostando que nunca recibió los 1,200 millones de pesos correspondientes al mismo, porque quedaban en el Ministerio de Industria y Comercio para pagar una nominilla de 4 mil compañeritos de partido.

La respuesta de Pelegrín es indicativa de que persiste el pago de las nominillas políticas por numerosas instituciones del Estado denunciado y documentado en el 2008 no solo como un abuso contra el patrimonio público, sino también un ventajista y rentable reparto con fines políticos partidistas.

Ese reparto ha sido persistente en los organismos encargados a los aliados políticos del partido gobernante, como el Ministerio de Minas, el de Relaciones Exteriores hasta hace un año, el quebrado Banco Nacional de la Vivienda, la Lotería Nacional, la Dirección de Bienes Nacionales, anteriormente en el Instituto de Recursos Hidráulicos y otros donde se han denunciado escándalos y donde las auditorías de la Cámara de Cuentas han revelado irregularidades.

Pero los nacionalistas particularmente han salido caros, si tomamos en cuenta cómo otro adalid, José Ricardo Taveras, administró varios años la Dirección General de; Migración, donde tan solo entre 2012 y 2013 gastó discrecionalmente 925 millones de pesos, provenientes de tasas que aumentaba a su conveniencia, sin pasar por la Cuenta Unica del Tesoro. Y entre 2011 y 13 destinó 36.6 millones de pesos a comidas y bebidas para el personal de la dirección ejecutiva que disfrutaba de altos salarios, dietas, gastos de representación, viáticos, combustibles y gratificaciones.

Sería injusto ignorar que el Gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho esfuerzos por reducir la malversación y el derroche del gasto público, pero en general ha respetado el inmenso reparto del Estado en que se fundó el liderazgo de su antecesor. Es particularmente relevante que haya evadido el cumplimiento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que el 8 de agosto cumplirá dos años de que Medina la promulgara, tras años de consultorías nacionales e internacionales y de consensos y discusiones legislativas.

Habremos de seguir soñando que un día algún gobierno ponga fin al derroche que ha situado la nación entre los diez líderes en malversación en las evaluaciones de 144 países incluidos en el Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial. Alguna vez será.

Un flagrante abuso de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
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El último de los abusos de los que acostumbra la Junta Central Electoral (JCE) de Roberto Rosario es el que mantiene contra los derechos de miles de ciudadanos agrupados en el partido Alianza País (AP) que hace más de dos años solicitaron su reconocimiento para participar en la actividad electoral sin haber recibido la respuesta oportuna y diligente que debería ser la pauta de un órgano del Estado con responsabilidades tan trascendentes como la de organizar la elección de las autoridades y representantes populares.

El partido que lidera el doctor Guillermo Moreno ha tenido que declararse en vigilia permanente ante la JCE después de meses reclamando una respuesta a su solicitud del 6 de mayo del 2013, acompañada de constancia de todos los requisitos que establece la ley electoral, incluyendo la apertura de locales y establecimiento de directivas en las 31 provincias y el Distrito Nacional, lo que ha implicado un alto costo humano y financiero.

El 18 de agosto del 2014, al recibir una delegación de AP, el presidente de la JCE anunció que las comprobaciones correspondientes se realizarían a partir de septiembre o principios de octubre pasados. Ante nuevos reclamos, el 20 de noviembre dijo que se haría en febrero. Luego en comunicación al presidente del partido Guillermo Moreno el 23 de febrero del 2015, Rosario la reenvió para marzo. Y ahora responde diciendo que la inspección será a partir de junio.

Como si todos los dominicanos fueran tarados mentales, Roberto Rosario se despacha ahora tratando de ampararse en el artículo 42 de la Ley Electoral 275-97 que limita hasta 8 meses antes de las elecciones el período para solicitar reconocimiento de partidos, pretendiendo que puede esperar hasta entonces para responder una solicitud cursada dos años antes.

Esa pretensión queda muy lejos del más elemental sentido de equidad y constituye una sostenida denegación de derechos, incompatible con la institución estatal llamada a garantizar la equidad en la competencia electoral. Es un abuso incalificable que hayan pasado más de dos años sin que la JCE responda a la solicitud de AP, manteniendo a sus dirigentes y militantes en la incertidumbre, sin personería jurídica, lo que obstruye sus diligencias de financiamiento y otras actividades propias de los partidos y las campañas electorales. El abuso se extiende a otros siete partidos y 2 agrupaciones provinciales y municipales que solicitaron reconocimiento el año pasado, uno de ellos el Movimiento Primero la Gente, que lo hizo el 30 de enero del 2014.

La inequidad es mayor si se tiene en cuenta que mientras esos partidos esperan indefinidamente, la misma JCE proporciona financiamiento del presupuesto nacional a dos docenas de partidos, tres de ellos este año con más de 18 millones de pesos mensuales.

En el caso de Alianza País, el más prolongado, hay temores de que Roberto Rosario esté actuando por retaliación dado que ese partido y su líder sometieron a la justicia un expediente de corrupción contra su jefe político el expresidente Leonel Fernández y su Fundación Global, hace año y medio. Aunque al presidente de la JCE le sobra autoritarismo y prepotencia como lo ha demostrado con numerosas actuaciones, como cuando denegó sus actas de nacimiento y cédulas a miles de ciudadanos por simple disposición administrativa, o cuando un año después de promulgada la ley 169-14 sigue sin cumplir su mandato de entregar la documentación correspondiente.

Como arbitrario fue también el plazo de un mes concedido en diciembre para que 2 millones y medio de ciudadanos cambiaran el carnet de la cédula de identidad, lo que enmendó parcialmente la Superintendencia de Bancos disponiendo que el sistema financiero siguiera aceptando el viejo hasta un plazo razonable.

Tanta arbitrariedad es un indicativo indiscutible de la precariedad institucional, la impunidad y la burla al imperio de la ley y de los derechos constitucionales que aún prevalecen en esta infortunada nación.-

 

Un buen aporte de la Finjus

Por Juan Bolívar Díaz

O2

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) hizo esta semana un gran aporte para poner en evidencia la burla de la mayoría de la Cámara de Diputados que insistió en aprobar un proyecto de ley de partidos que ignora las demandas sociales y los numerosos consensos al respecto durante los últimos 16 años.

Un análisis pormenorizado del texto aprobado muestra que se distorsiona o elimina gran parte de las previsiones para garantizar el ejercicio democrático interno y la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos contenidas en el proyecto presentado al Congreso en el 2011 por la Junta Central Electoral, fruto de una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos. El proyecto recogía los avances de la democracia latinoamericana de las últimas décadas en reglamentación del partidismo político y los planteamientos consensuados entre agentes políticos y sociales desde 1998. Pero además los técnicos consultaron de nuevo a los partidos e instituciones de la sociedad civil que han militado en reglamentar la actividad partidista.

La Finjus sometió a un riguroso análisis, artículo por artículo, para comparar el proyecto aprobado con la propuesta de la JCE, para concluir en que se trata de una distorsión substancial y una gran burla a las expectativas de la sociedad dominicana, en una reiteración de lo aprobado el 3 de marzo pasado, que hubo de ser retirado días después tras la ola de protestas que despertó.

La reconocida institución de promoción de la institucionalidad nacional concluye en que de convertirse en ley el país “no contará con una norma que permita superar el actual desorden y falta de control en que se desempeñan los partidos políticos”, que el resultado final será “la profundización de la opacidad en que actúan los partidos”, y que se ignoran los suficientes consensos político-sociales sobre la necesidad de controlar la corrupción y el clientelismo para fortalecer la institucionalidad democrática.

El análisis del proyecto aprobado se resume en que reduce los derechos de los afiliados a los partidos, fortaleciendo el autoritarismo, limita la renovación del liderazgo, y elimina la obligación del voto libre y secreto en las elecciones internas, la obligación de elecciones primarias para escoger candidatos y la cuota mínima del 33 por ciento de los cargos de dirección para las mujeres.

“Contrario a la aspiración de la sociedad dominicana, el proyecto aprobado limita gravemente el rol asignado a la JCE por la Constitución para ejercer la función de control de los fondos públicos y privados que reciben los partidos”, indica el estudio. Y agrega que peor aún se amplían las facilidades para que los partidos reciban fondos de personas y entidades privadas, al mantener prácticas como colectas públicas y deducciones de salarios y se rechaza que los partidos tengan que mantener un registro de contribuyentes, informar sobre los orígenes de sus fondos y entregar sus presupuestos a la JCE.

Se elimina también la previsión del proyecto de la JCE que prohibía el uso de recursos públicos para financiar actividades electorales y un artículo que establecía en qué se puede gastar el financiamiento estatal a los partidos, reduciendo la cuota destinada a educación de sus miembros del 25 al 10 por ciento y a nada en los años de elecciones.

La aprobación por la mayoría de los diputados de los tres partidos tradicionales violentó su propio estatuto interno, sin que el proyecto fuera sometido a estudio de comisión, pasando por encima a los comisionados que estudiaban otra pieza. Se trató, definitivamente, de una burla completa a los consensos y expectativas de tantos años para mantener el desenfreno en beneficio de las cúpulas directivas de los partidos.

El proyecto está ahora en manos del Senado pero quedan pocas expectativas de que se retomen los consensos socio-políticos. Será una legislación vacía, frustratoria y reiterativa del autoritarismo y el salvajismo que caracteriza la política en nuestro país.

 

 

Una justicia secuestrada

Por Juan Bolívar Díaz
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Las decisiones judiciales del viernes negando la posibilidad de que el Secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, y el alcalde de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez, y compartes, puedan ser siquiera enjuiciados, ratifica el nivel de secuestro político que se ha hecho de la justicia, uno de los poderes fundamentales de la democracia, para garantizar la impunidad en la demencial corrupción que ofende y sacude el país.

El expediente contra Félix Bautista y seis asociados, elaborado por la Procuraduría General de Persecución de la Corrupción Administrativa y sustentado por el Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito, quedará como paradigmático en la historia nacional, por el volumen de dinero involucrado y la enorme cantidad de indicios más que suficientes para que se les abriera juicio por enriquecimiento ilícito, falsedad de escritura pública y privada, corrupción y lavado de activos. Pero ni eso es posible con una justicia secuestrada por intereses políticos y económicos.

Sus propios defensores jurídicos y políticos se encargaron de proclamar que el sometimiento judicial apuntaba contra el expresidente Leonel Fernández, quien tras proclamar su Constitución del 2010 pactó con el excandidato presidencial perredeísta Miguel Vargas Maldonado para quedarse con el control institucional de la nación: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal.

Sólo en las dictaduras, y con proyectos de dominación que se han anunciado hasta el 2044, se concibe un control total y tan concentrado de las instituciones básicas de una nación, para lo cual había que acumular una gran fortuna que garantizara el predominio sin posibilidad de que ningún juez u organismo colegiado dictaminara sobre su legitimidad.

En el caso específico de Félix Bautista, se ha documentado el manejo de entre 24 y 40 mil millones de pesos, por un entramado empresarial que confluye en un dirigente político, funcionario público y ahora senador, que al llegar al gobierno en 1996 declaró un pobre patrimonio de 547 mil pesos, y que todavía en el 2010 lo juró en 16 millones de pesos, pero que dos años después proclamaba que, si se lo otorgaban, sus empresas estaban en condiciones de asumir la total reconstrucción del Haití devastado por un terremoto, tarea que demandaba decenas de miles de millones de dólares.

Todos sabemos que el poder económico y político de Bautista no era patrimonio propio y que derivaba del presidente Fernández, quien llegó a considerarlo como un hijo, y que le autorizó maniobras del calibre del contrato con la Sun Land por 130 millones de dólares. Ya Guillermo Moreno documentó en otro memorable expediente desestimado por la justicia, que las empresas de Bautista eran financiadoras fundamentales de la Fundación Global de su jefe político, y que en sólo cinco días del 2011 le donaron 45 millones de pesos.

Por suerte el Procurador Domínguez Brito ha anunciado de inmediato que apelará los dictámenes que procuran la impunidad de los Félix y sus asociados, lo que seguirá siendo un enorme desafío para esta Suprema Corte, cuya suerte parece definitivamente en juego. Como dijo confidencialmente un magistrado, Bautista (y Leonel, agregamos) dividió y desacreditó la anterior Suprema Corte con el caso Sun Land, y podría jugar el mismo papel con la actual, ya que algunos de sus 17 integrantes no pagarán el alto costo que se les reclama por cargos en los que jugó un papel significativo el propio Félix Bautista, convertido en Senador para ampliar su blindaje.

Lo de este escogido “Viernes de Dolores” duele en lo más profundo del alma y la sensibilidad nacional, aunque fuera un palo anunciado desde que el presidente de la Corte, también asociado del expresidente Fernández, encargara la instrucción del expendiente a un juez proveniente del Comité Central del partido del que Bautista y Fernández son líderes. La esperanza es que todo este descaro sirva para romper indiferencias, silencios y complicidades.