Por una policía de calidad

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN

A pesar de un aumento a partir de este mes que oscila entre 7 y 30 por ciento, los sueldos de la Policía Nacional (PN) siguen distando millas de lo que correspondería para garantizarnos unos agentes del orden y la seguridad en capacidad y disposición de jugarse la vida para defender la de cualquier ciudadano o ciudadana víctima de la delincuencia.

Aún con esos aumentos, los rasos, cabos y sargentos, que deben integrar la mayor parte de los 33 mil miembros de la PN, devengarán entre 7 y 11 mil pesos mensuales, por debajo del sueldo mínimo. De ellos sólo los sargentos mayores alcanzan los 10 mil 407 pesos que cuesta la canasta familiar del quintil de menores ingresos, según las estadísticas del Banco Central. Hay que ascender a coronel para alcanzar un sueldo que cubra el costo promedio de la canasta familiar promedio nacional, que ya en el 2011 era de 23 mil 399 pesos.

El desorden salarial en el Estado es tan absurdo que el Jefe de la PN tiene una remuneración mensual de 81 mil 785 pesos, menos de la mitad de lo que perciben infinidad de viceministros, directores departamentales, técnicos gubernamentales y más de un centenar de regidores de los principales municipios. Ni compararlo con lo que se paga a más de 300 vicecónsules y a decenas de diplomáticos. Los ministros ganan 300 mil pesos, casi cuatro veces lo del jefe policial, como si la responsabilidad de este fuera menor a la de la gran mayoría de los ministros.

Es evidente que un buen régimen salarial y de seguridad social no es suficiente para garantizarnos la policía que demanda esta sociedad, cada vez más fragmentada por dramáticas desigualdades que excluyen cada año a decenas de miles de jóvenes, haciéndolos vulnerables a las tentaciones de la delincuencia. Pero es un elemento fundamental para atraer a ese servicio a jóvenes con vocación social e integridad.

Hace muchos años que venimos abogando por una policía y fuerzas armadas mucho mejor pagadas, sometidas a evaluaciones y vigilancia para evitar que se conviertan, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, en socios o participantes activos de bandas delincuenciales.

En vez de 55 mil militares podríamos tener sólo la mitad, y hasta menos, con mejor remuneración, vestuario y alimentación. Los 33 mil policías en nómina no serán excesivos para la demanda de la seguridad, pero la mitad de ellos no prestan servicio público, sino que están como guardianes, mensajeros, choferes, niñeros y guarda espaldas de generales y coroneles retirados, de políticos, funcionarios, empresarios y hasta periodistas y comentaristas.

Hay que ser iluso para creer que nuestros agentes policiales viven con esos sueldos, que son apenas un “tente en pie”, ya que la mayor parte de sus ingresos provienen de un doble empleo y chiripeos, en los mejores casos, pues muchos viven de su asociación con delincuentes o de la extorsión a estos, y a ciudadanos a los que privan de su libertad para cobrarles por excarcelarlos. Nunca hemos entendido cómo líderes políticos, empresariales y sociales quieren disponer de una policía eficiente, de calidad que les garantice seguridad, con tan precarios salarios y condiciones laborales.

Es obvio que una parte de los policías asimilados al servicio de particulares, terminan obteniendo de estos mejor remuneración que del Estado, razón por la cual es una ilusión pretender que aceptarán irse al patrullaje o a un cuartel barrial para enfrentarse a la delincuencia. Lo mejor sería darle la baja y convocar nuevos agentes mejor remunerados desde el principio.

La Policía Nacional requiere una reestructuración a fondo, una profunda depuración y profesionalización, incluyendo su régimen salarial. Lo penoso es que no hay voluntad política para afrontarla. Ni siquiera por la urgencia de enfrentar una criminalidad que ha comenzado este año con un apogeo casi sin precedente. Aquí se impone la consigna gubernamental de manos a la obra.

 

El añejo mareo del incienso

Por Juan Bolívar Díaz

Bajo el sugestivo título de “A los políticos les marea el incienso” el diario español El País publicó el viernes 24 una interesante entrevista con el psicólogo industrial y maestro de artes gráficas Francisco Delgado, quien fuera diputado y senador en el período de transición y democratización a partir de 1977, y quien no oculta su frustración con el ejercicio de la política en su nación.

Delgado, quien desde el 2008 lidera el movimiento “Europa Laica”, se queja de lo difícil que ha sido en España establecer un Estado no confesional, a pesar de que en esa nación se ha llegado a aprobar leyes como la que autoriza el aborto, en contradicción con la doctrina oficial tradicional.

Sostiene que “la sociedad está muy secularizada, pero los políticos siguen sin estar a la altura. Les da pavor disgustar a los obispos. Les marea el incienso. La mezcla de la cruz y la corona la vemos por todos partes, también donde gobierna la izquierda”.

El mareo del incienso se convierte en pánico y es un mal endémico de los políticos dominicanos, asentado en una historia de origen precisamente español, cuando los conquistadores impusieron a sangre y fuego la cristianización de todo un continente. Como escribiría Pablo Neruda en su Versainograma a Santo Domingo, durante la ocupación militar de 1965: “Enarbolando a Cristo con su cruz,/los garrotazos fueron argumentos,/tan poderosos que los indios vivos,/se convirtieron en cristianos muertos”.

Ese mareo echó raíces tan profundas que la República Dominicana tiene como patrona a la Virgen de las Mercedes, cuya conmemoración el 24 de septiembre es fiesta nacional inamovible, a diferencia del natalicio del Padre de la Patria. El origen fue reivindicado esta semana por un historiador ahora gobernante que nunca se presentó como creyente sino como marxista: que esa virgen apareció en el “Santo Cerro” de La Vega para ayudar a los conquistadores a matar indios en aras de la codicia que disfrazaban de evangelización. Se llega a sostener que la virgen devolvía a los indios las flechas que disparaban a quienes les arrebataban vidas, mujeres y propiedades.

Durante mucho tiempo se creyó que la “profunda devoción católica” era propia de tiranos y dictadores que compraban con favores de todo género el silencio de una jerarquía eclesial que sólo circunstancialmente ha reivindicado el legado de los frailes dominicos Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos y Pedro de Córdova, precursores de los derechos humanos que hoy se proclaman universalmente.

Pero en la democracia también. Lo primero que hace un político dominicano con aspiraciones de poder es vestirse de devoto militante y avalar los dogmas más irracionales y atrasados. Los que han renegado del legado del profesor Juan Bosch lo hacen convencidos de que el laicismo del maestro fue una de sus condenas, por la que fue derrocado y jamás pudo volver a gobernar. Correría la misma suerte José Francisco Peña Gómez, quien heredó el liberalismo democrático y la convicción del Estado laico boschista, fundado precisamente en el respeto a la amplia diversidad religiosa de los seres humanos. Porque el laicismo no supone sentimiento antirreligioso, como sí lo ha sido la interpretación predominante del marxismo.

Solo ese pánico al incienso explica que hayan pasado diez años sin que las autoridades educativas, discípulos de Bosch, hayan hecho caso al proyecto de programa afectivo sexual que serviría de base a la reclamada educación sexual en las escuelas y colegios, como denunciaran en HOY el 19 de enero el siquiatra José Miguel Gómez y la educadora María Teresa Cabrera, expresident4es de la Sociedad de Psiquiatría y de la Asociación de Profesores.

Nuestros políticos han preferido la ignorancia, responsable de que la nación esté entre las líderes del continente y del mundo en embarazos de adolescentes y muertes materno infantiles, pese al mejoramiento de la cobertura de salud. Se teme que la educación sexual induzca a relaciones tempranas, ignorando que la mayoría de los dominicanos se inician en la sexualidad antes de los 15 años y que el 22 por ciento de las jóvenes entre 15 y 19 años tiene al menos un hijo, lo que no ocurre en países donde se imparte educación sexual en las escuelas.

 

Revista de vehículos: ¿para qué?

Por Juan Bolívar Díaz

Una de las mayores irracionalidades del Estado dominicano es obligar a más de un millón de automovilistas a perder horas buscando un marbete que certifica que su vehículo está apto para circular por calles y carreteras, sin la correspondiente revisión técnica, cuando todos sabemos que entre 100 y 200 mil de ellos no pasarían la más elemental prueba y que seguirán circulando sin consecuencias.

La cuestión es peor aún porque tenemos millón y medio de motocicletas a cuyos operadores no hemos podido convencer de que siquiera le saquen una placa, a pesar de que son el vehículo fundamental de la delincuencia nacional. El último plazo para dotarlos de la placa sin costo alguno venció en diciembre pasado y poquísimos hicieron caso, sin consecuencias hasta ahora.

Equivocadamente, hay quienes creen que “la revista” se mantiene por razón de recaudación tributaria. Pero ni eso, por el contrario, el costo de “la revisión”, de la impresión del marbete y el empleo de cientos de policías para verificarla, supera con creces los 45 pesos que se cobra.

El primer convencido del absurdo es el director de Tránsito Terrestre, el ingeniero Luis Estrella, un profesional honorable que ha tenido que hacer ingentes esfuerzos para reducir los robos y falsificación de los marbetes que luego se venden hasta por mil pesos en esquinas y colmados, con lo cual una alta proporción de ciudadanos se hacen cómplices de corrupción y perversión.

El absurdo es tan grande que durante un par de años el director Estrella se hizo “el caprino desquiciado” y no insistió en expedir la revista, hasta que le recordaron que es un mandato de la Ley 241, por lo que se dio un plazo hasta el 31 de diciembre para la revisión, el cual hubo que extender hasta el 31 de enero porque más de la mitad de los automovilistas no habían atendido el llamado, incluidos la gran mayoría de los propietarios de chatarras que ni se molestan en presentarse, conscientes de que no pasarán ni la revisión superficial que se hace.

Según la letra g del artículo 110 de la Ley 241, “En la revisión o revista debe comprobarse el estado general de los vehículos y sus accesorios, de las gomas, y las ruedas del guía y sus varillas, de los frenos de servicio y de emergencia, de los asientos, de la carrocería, de las luces, del tubo de escape, del silenciador, de las bocinas, del material o juego de herramientas necesarias para efectuar cualquier reparación urgente, así como de cualquier otra condición o equipo adicional requerido por esta Ley y su reglamento o que pueda requerir el Director”.

Pero en vez de requerir algo adicional, dado que, con 20 puestos a nivel nacional, tomaría varios años una revisión del total como la contemplada en la ley, el Director se conforma con ver los documentos, el vidrio delantero, el freno y las luces, lo que logran en tres o cuatro minutos por automóvil. Pero con filas que han implicado hasta 8 y 10 horas de espera, consumiendo mucho más en combustible que lo que cuesta aquello. Muchos celebran haberla obtenido en “sólo dos o tres horas”.

Como a las 100-200 mil chatarras de transporte que no podrían circular se le suma parte de los 400 mil vehículos pesados, que tampoco califican, no aparece político alguno que disponga el cumplimiento de la ley. Y si lo hicieran condenarían a cerca de un millón de personas a sufrir las consecuencias del desempleo.

Entonces es un absurdo obligar a cientos de miles de propietarios de vehículos en buenas condiciones, incluso los nuevos, a perder tanto tiempo buscando un marbete inútil. Lo correspondiente es un plan para sustituir o eliminar chatarras, con el impuesto especializado por galón de gasolina, restringirles la circulación a interdiaria, liberar de la revista a los vehículos con menos de cinco años, reconocer a todos los que mantengan un seguro superior al de ley, y revisar sin relajo. Todo eso está previsto en un proyecto de ley que hace años acarician nuestros legisladores, ocupados en repartir canastas y parte de los barrilitos y cofrecitos que se nutren del erario público.

 

Propósitos para el nuevo año

Por Juan Bolívar Díaz

He querido aceptar la invitación del Obispo Emérito de la Iglesia Episcopal/Anglicana Dominicana, Telésforo Isaac, querido amigo desde los tiempos en que nos propusieron el ecumenismo y lo practicamos con entusiasmo y coherencia, para hacer mi meditación de comienzo de año, dejando atrás las rémoras, errores y mezquindades del tiempo superado para proyectarnos espiritualmente durante los próximos meses.

Isaac me premia frecuentemente enviándome sus artículos mediante esa inmensa posibilidad de hoy que es el correo electrónico. Debería tener un espacio fijo en algún periódico. Dejo que se exprese por este medio: “A principio del nuevo año secular, muchas personas hacen promesas, determinan objetivos, y fijan metas. Esto es muy buen ejercicio mental, aunque no se logra todo lo pensado y planeado. Hay sin embargo, un aspecto de la existencia individual y colectiva que no debe ser pasado por alto: es el semblante de la vida espiritual, el examen del alma, el reconocimiento de la condición de la existencia, y la relación que hay como ser humano, criatura de Dios, y ente social por naturaleza y necesidad.”

Este auténtico pastor de alma, descendiente de inmigrantes casi siempre indocumentados, nos recuerda que “El principio de año es tiempo propicio para la meditación, tiempo para preguntarnos, ¿Quiénes somos, cuál es la condición real de la vida? ¿Cómo se puede existir en esta sociedad y ser persona íntegra, sincera, amorosa, servicial, y de buen testimonio? ¿De qué manera se puede ser padre y madre ejemplares, vástagos disciplinados, ciudadanos cabales, emprendedores honestos, empleados/obreros justos? En fin, hagamos ruegos y compromisos de ser hombres y mujeres viviendo a la sombra del Omnipotente Creador, del Majestoso Salvador y del Santificado Espíritu Santo”.

Confieso que el pragmatismo salvaje, la ley de la conveniencia, el individualismo, el hedonismo y la corrupción que se han impuesto en nuestro país son tan apabullantes que propósitos como los enunciados por mi amigo Telésforo lucen como utopías, fruto de idealistas que se resisen a vivir la realidad de la vida.

Contra ese sentimiento frustratorio tenemos que rebelarnos, sobre todo los pastores de alma, los líderes de todos los estamentos sociales y muy especialmente quienes ejercemos la función social de la comunicación, quienes pretendemos ser candil de la calle, para lo cual es imprescindible que sepamos alumbrar nuestro propio camino, nuestros espacios personales, familiares y sociales.

El periodismo y la comunicación nacional precisan un gran reencuentro con los valores y principios éticos del oficio, que nos mandan investigar, profundizar sobre los problemas nacionales y universales de nuestro tiempo, para ayudar a quienes nos ponen atención a tomar las decisiones convenientes a su desarrollo integral, personal y social.

Desde que estudié comunicación, los maestros me enseñaron que no hay mensajes neutros, que toda comunicación conlleva un compromiso, primero con la verdad y la objetividad, y luego con la suerte de la comunidad. Nos está prohibida la manipulación, la exclusión de las opiniones y posiciones de los demás, el desprecio por la diversidad.

Se nos inculcó que el origen etimológico de la palabra de comunicación es del latín comunis, lo que implica hacer común las cosas, los bienes, las riquezas materiales y espirituales, las luchas, sueños y esperanzas. Por lo que el bien común constituye la hipoteca social del periodismo y la comunicación.

Comprendo que esta reflexión, que se constituye en propósito para el nuevo año, provocará risas y hasta burlas en algunos casos, pero me he atrevido a plantearlas siguiendo las pautas de monseñor Isaac, porque estoy seguro que acariciarán el alma de la mayoría de mis lectores.