Gonzalo Vargas Llosa

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso de odio y exclusión que ha proliferado en el país en el último año se ha concentrado en este hombre de tanta gentileza y suavidad, que parece un dechado de fuerzas espirituales que se prodigan a su alrededor con la firmeza de quien es consciente de encarnar un papel de humanidad, aunque con la voz peruana que no suele pasar del medio tono.

Los que lo hemos tratado durante los casi cinco años en el país como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hemos encontrado en Gonzalo Vargas Llosa un ser humano elegante, que conjuga las dotes del diplomático con la convicción de quien tiene una misión que trasciende el empleo para ganarse la vida.

Pero Gonzalo fue escogido como chivo expiatorio del radical rechazo universal al genocidio civil que inició en el 2007 la Junta Central Electoral y que pretendió revestir de legitimidad la sentencia 168 del Tribunal Constitucional en perjuicio de decenas de miles de dominicanos de ascendencia extranjera, en su mayoría haitianos. A él le han cobrado el vigoroso artículo con que su padre, el laureado escritor Mario Vargas Llosa, rechazó el genocidio civil dominicano.

El ACNUR, como todos los organismos internacionales, ya de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, al igual que la inmensa gama de organizaciones internacionales no gubernamentales, ha defendido vigorosamente a una extensa población colocada en situación de apatridia, excluida en su propia tierra, condenada de vivir una especie de apartheid.

Nada de lo que hizo o dijo Vargas Llosa rebasó los límites de la prudencia y contó siempre con la aprobación de sus superiores jerárquicos, pero los grupos que han saturado de odio el medio ambiente de la isla le han querido cobrar el generalizado rechazo internacional, sin el cual el genocidio civil hubiese quedado como hecho cumplido, sin el remedio limitado de la Ley 169-14, que algunos todavía resisten.

La ignorancia de la historia del ACNUR llevó el fanatismo al extremo de pedir la declaración de “no grato” o la expulsión de Gonzalo Vargas Llosa, incluyendo resoluciones de la Cámara de Diputados y de del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Han sido acciones irreflexivas que en nada ayudan a mejorar la imagen internacional del país en materia de derechos humanos. Porque esa institución solo ha sido no grata para tiranías y dictaduras, donde ha salvado miles de vidas y protegido el derecho a la libertad.

Gonzalo debería ser desagraviado por el Gobierno del presidente Danilo Medina, como ya lo fue por unos sesenta amigos que le ofrecieron una cena de despedida esta semana, y lo que también están haciendo embajadas y organismos internacionales que reconocen su entereza y dedicación.

El discurso de Roberto Alvarez en la despedida expresó el profundo aprecio de sus amigos dominicanos, tras dar cuenta de las delicadas tareas cumplidas por este ilustre peruano antes de llegar al país, en escenarios tan complejos como la guerra de Bosnia, Libia, Afganistán, Pakistán, Sudán e Indonesia.

Gonzalo respondió con elegancia expresando admiración por “los valores que verdaderamente caracterizan al dominicano y a la dominicana, por los que “quieren tender puentes de entendimiento con sus vecinos y hermanos haitianos, y no levantar muros fronterizos de la discordia”. Para terminar planteando que “donde sea que me lleve el ACNUR en los próximos 15 años antes de jubilarme, cada vez que me encuentre en una situación muy difícil, donde hasta puede que llegue a dudar de mi vocación, buscaré nuevamente inspiración y motivación en el recuerdo de esos dominicanos solidarios con las víctimas del terremoto de Haití, en la lucha valiente de Juliana Deguis Pierre y en el coraje ejemplar de todos los aquí presentes”.

 

Otra vergüenza nacional

Por Juan Bolívar Díaz
VERGUENZA

Los reportajes publicados esta semana por el diario newyorkino Wall Street Journal sobre el pago de comisiones en la compra dominicana de los famosos ocho aviones tucanos adquiridos en Brasil en el 2008, constituyen una nueva vergüenza nacional que de ninguna forma puede ser pasada por alto, por más que en este país hayamos perdido la capacidad de asombro.

No es que el periódico esté descubriendo el hilo en bollito, pues hace tiempo que se sabe que autoridades norteamericanas y brasileñas están investigando lo que aquí fue un secreto a voces desde que se anunció la compra y especialmente cuando fue aprobada por el Senado de la República, ocasión en que el rumor del soborno alcanzó dimensiones de río desbordado en tiempo de huracán.

Lo que ocasiona real vergüenza es la indiferencia con que las autoridades nacionales, de todos los estamentos, y el Congreso Nacional, han tomado la denuncia, y la complicidad o resignación con que se acepta en amplios espectros de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de las instituciones sociales, donde aparentemente crece la convicción de que el destino nacional es la corrupción.

Desde el principio hubo debate sobre la procedencia de la compra. Evidentemente porque no era una prioridad nacional invertir casi un centenar de millones de dólares en ocho aviones que en última instancia no íbamos a poder mantener en el aire las 24 horas del día para impedir que el país siguiera siendo puente del narcotráfico. En última instancia porque el costo de la lucha contra el narcotráfico no se le debe cargar a un país pobre, sino a los ricos, responsables de la demanda que fomenta el primer o segundo más grande negocio de la historia humana.

El tufo de la corrupción se olfateó desde que no hubo una licitación transparente y se optó por aviones poco eficientes para la prevención del uso ilegítimo del territorio nacional y cuando abundaron las informaciones de que Chile y Colombia habían adquirido naves similares a mucho menor costo.

Ahora el Wall Street Journal informa que en Brasil hay ocho funcionarios de la empresa vendedora imputados del delito de corrupción, que eso es el pago de comisiones. Relevante por involucrar a una empresa que cotiza en bolsas de valores internacionales, donde algunas normas son fundamentales.

Para colmo de la vergüenza, se identifica por su nombre a un oficial militar al que se habría pagado una comisión de 3.5 millones de dólares, sin hacerse lo mismo con un senador, que según los informes en manos de los investigadores, habría repartido entre sus colegas una parte de esa comisión. Pero aquí, ya el mismo día de la publicación del diario de Nueva York una fundación radicaba una demanda judicial, precisando los montos de otras comisiones derivadas del mismo negocio.

En justicia no hay suficiente fundamento para dar por procedente la demanda radicada por la Fundación Primero Justicia, que eleva el pago de comisiones a 13 millones de dólares e involucra hasta al entonces presidente de la nación. No se puede descartar que se busque aprovechar la circunstancia para pasar una factura al expresidente Leonel Fernández. Pero los hechos obligan a una investigación judicial propia, de la nación dominicana, sin depender de lo que soliciten las autoridades brasileñas. Investigación que no debe dejar piedra sobre piedra hasta esclarecer esta vergonzosa denuncia internacional.

Los más interesados en esa investigación deberían ser los involucrados, comenzando por el Senado de la República, a quien corresponde el primer paso. Pero es probable que ellos no lo crean necesario y mucho menos procedente. Cuentan con la indiferencia generalizada, y con el olvido. Pensarán que otros escándalos de corrupción con sumas muchas veces mayores han quedado en la impunidad y el olvido. Por suerte en este caso la sanción final no dependerá de las deterioradas instancias judiciales nacionales.

 

Doña Renée: dignidad hecha mujer

Por Juan Bolívar Díaz
Doña Renée pasó por el poder revestida de dignidad y modestia

Corrían los primeros meses del Gobierno de Antonio Guzmán Fernández cuando un lunes temprano, al llegar a mi oficina en la dirección de El Sol, recibí una llamada de la primera dama doña Renée Klang. Sospeché que quería hablarme sobre el comentario que encabezaba la columna “Cosquillitas”, la más leída del espléndido momento por el que atravesaba el diario que había encarnado la lucha por la transición democrática en 1978. Se decía que la esposa del presidente había repartido dinero en un acto público celebrado el día anterior en San Francisco de Macorís, y se preguntaba si ella repetiría la degradante y sistemática práctica de doña Enma Balaguer.

Eramos coherentes al formular la denuncia, ya que lo habíamos hecho sistemáticamente cuando la repartidora era la hermana del presidente Balaguer, sobre todo en la campaña electoral de ese año. Me sorprendió que, con su habitual amabilidad, doña Renée me preguntara si teníamos prueba de que ella repartió dinero. Le dije que había dado crédito al reportero y al fotógrafo que cubrieron el acto, pero como ella insistió en saber si teníamos prueba le prometí que conversaría con los reporteros y le volvería a llamar.

Ambos eran periodistas de experiencia. Y reiteraron que la vieron repartir, por lo que pregunté por la fotografía. La respuesta: “la verdad es que levanté la cámara para tomar la foto, pero como estaba tan cerca la sonrisa y la mirada de doña Renée me congelaron. Sentí que ella, sorprendida de su propia acción, me imploraba un chance”. Entendí entonces el empeño de la primera dama en preguntarme si teníamos prueba del reparto, y al llamarla de nuevo le informé, no sin cierta sorna, que efectivamente no teníamos prueba, ya que el fotógrafo fue disuadido por su sonrisa y no tomó la foto, Y quedamos amigos para siempre. Ella sabía que esa práctica no sintonizaba con su dignidad y jamás volvió a repartir dinero en actos públicos durante sus cuatro años en el Gobierno.

No tendría la misma suerte con el presidente Guzmán, quien pronto comenzó a disgustarse con nuestro periodismo contestatario, inducido por los tradicionales anillos palaciegos que creían que las coincidencias en el tránsito democrático implicaban compromiso partidista o personal. Por ejemplo, nunca entendieron que el periódico denunciara los aprestos reeleccionistas y compras de conciencias iniciadas por algunos en contradicción con el planteamiento enarbolado durante décadas por el Partido Revolucionario Dominicano. Antonio Guzmán se negó a asistir a la inauguración de El Nuevo Diario que casi todos los periodistas de El Sol fundamos en 1981.

Doña Renée nunca tuvo confrontaciones y pasó por el poder revestida de dignidad y modestia. Fundó el Consejo Nacional para la Niñez, y tras salir del Gobierno siguió prestando su concurso a la protección de los niños y niñas desvalidas, sin utilizarlos políticamente.

Guzmán fue víctima de los que siempre trafican vendiendo la convicción de que el presidente es insustituible, o que el poder es para usarlo, que no se cede, que es para siempre. Creerles fue su mayor error político y personal, porque la mayoría perredeísta sostuvo la no reelección y él terminó tan frustrado que no pasó la descompresión del poder y prefirió poner fin a su vida.

Esta mujer, mezcla de francés y brasileña, nacida en Venezuela y dominicanizada desde los 15 años, afrontó el trágico drama con la serenidad y la dignidad que le caracterizó. Ni don Antonio ni ella lo merecían. Él hubiese podido volver en circunstancias más propicias. Tendría para siempre el mérito de haber iniciado con valor y firmeza la transición de la nación a la democracia, en un período de precariedades, cuando se iniciaba la “década perdida de América Latina”. Por eso, por su honradez personal en el manejo de los recursos del Estado, por su equilibrio y sencillez, el pueblo lo recuerda con gratitud.

Ella ya había pasado por otra tragedia cuando en 1970 un accidente automovilístico le arrancó a su único hijo varón. Pero nunca renegó ni perdió sus esencias de mujer sensible, discreta, inteligente y sencilla, todo lo cual la revestía de una dulce majestuosidad. Ahora que se han apagado las últimas luces de una hermosa vida de 97 años, debemos rendir tributo a esta dignidad hecha mujer.

 

La inequidad de los salarios

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN963

En las últimas semanas ha cobrado nuevos impulsos la vieja demanda nacional de revisar las escalas salariales que mantienen una enorme inequidad, que deviene en iniquidad, en la distribución del ingreso manifiesta en los salarios que percibe el 43 por ciento de los empleados formales dominicanos, de los cuales el 80 por ciento no alcanza el costo promedio de la canasta familiar, estimado en 21 mil 905 pesos, ni sobrepasan el límite de la pobreza estimado en 21 mil 493 pesos.

La inequidad es mayor en el sector público, donde el 45 por ciento de los 575 mil empleados estatales percibe el sueldo mínimo de 5 mil 117 pesos, lo mismo que el 82 por ciento de los pensionados del Estado sometidos a la indigencia, obligados al pluriempleo y empujados al picoteo y peores formas de degradación humana y corrupción.

El presidente Danilo Medina se ha inscrito relevantemente entre quienes estiman que el salario debe ser elevado, aunque su ministro de Industria y Comercio resaltó esta semana las “favorables condiciones” del salario nacional para la inversión extranjera. El mandatario ha llegado a proclamar que nadie puede vivir con 10 mil pesos mensuales, suma que duplica el mínimo estatal. El gobernador del Banco Central, legisladores y funcionarios se han sumado a los pronunciamientos en pro de la equidad salarial.

En el Estado la situación llega a extremos de iniquidad, ya que hay un enorme desorden, con funcionarios con sueldos y pensiones equivalentes hasta a 200 salarios mínimos. En los organismos autónomos y descentralizados son centenares los que ganan más que el Presidente de la República.

En el sector privado la inequidad es también grave. El economista Luis Vargas, un consultor del sector público y del privado, sostiene que de cada 100 pesos que produce el trabajo sólo 25 van a los empleados y 75 quedan en manos de los empleadores, cuando en el año 2000 las proporciones eran inversas. Desde luego, habrá que establecer la proporción que se abona a unos costos de producción agravados por la ineficiencia y precio de la electricidad y los impuestos a los combustibles, para sólo citar dos factores.

Como era de esperarse, estos pronunciamientos han incentivado a las centrales sindicales, las cuales esta semana emplazaron al director general de salarios a convocar el Comité Nacional de Salarios para revisar las escalas salariales, con una solicitud de incremento del 30 por ciento.

No hay dudas que el salario requiere una significativa revaloración, que supere la reposición de la inflación anual para que alguna vez se traduzca en mejoría de las condiciones de vida de los asalariados, pero no sólo en el sector privado sino también en el público.

Esa justicia pendiente obliga a una revisión profunda y conduce inexorablemente al pacto fiscal que dispuso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que enarboló el presidente Medina en su discurso inaugural. Será fundamental para determinar de dónde saldrán los recursos para la justicia salarial del Estado y cómo se amortiguará el costo para una buena proporción de las empresas.

Puede resultar peligroso que la demagogia alimente expectativas más allá de las razonables, sin abocarse a discutir cómo financiar una mejor distribución del ingreso. Es obvio que el salario mínimo estatal debe llevarse siquiera a los 7 mil pesos que propone el Ministerio de Administración Pública en el proyecto de reglamento de la Ley de Salarios del Sector Estatal, en manos del Poder Ejecutivo desde comienzos del año.

La cuestión es más urgente ahora que está en elaboración el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. Si es puro aguaje, deberán afrontarse las consecuencias de aquí a los primeros meses del 2015.

 

Sin callos en el alma

Por Juan Bolívar Díaz
Nancy Toussaint

Nancy Toussaint

Su paso por Uno+Uno este viernes de comienzo de septiembre estremeció nuestro ánimo. Ella toda una belleza negra, animadora de los espectáculos artísticos de uno de los grandes hoteles turísticos de Bávaro, desesperada decidió romper el silencio y presentarse en público para reclamar su derecho. De la estirpe de Elena Lorac, la jovencita que en el 2012 hizo llorar a todos proclamando su dominicanidad y reclamando la entrega de sus documentos para acceder a la universidad, con la serenidad de Ana María Belique y la impresionante firmeza de Altagracia Yean, víctimas del trauma antihaitiano que encallece el alma de una parte considerable de los dominicanos.

El caso de Nancy Toussaint, como muchos otros, estremece a cualquiera que no haya permitido callos en el alma. Su madre, una haitiana con 42 años de residencia en el país, casada y divorciada de dominicano, logró registrar como ciudadanos a sus siete hijos. Nancy no sólo tiene su registro de nacimiento y ciudadanía, sino que además pudo sacar su cédula de identidad, pasaporte y viajar y regresar al único país que conoce y reclama. Y logró registrar y sacarle pasaporte a una hija de 12 años. Pero desde hace cuatro años atraviesa por el calvario que se le ha impuesto a miles de dominicanos descendientes de haitianos.

Aunque tiene toda la documentación nacional posible, ella lleva cuatro años luchando por conseguir una copia de su acta de nacimiento para renovar su pasaporte e irse a Italia, donde durante todo ese tiempo le ha esperado un novio que quiere matrimoniarse con ella para toda la vida, y que comienza a dudar si es verdad que no puede renovar el pasaporte, ya que hace un mes le entregaron la nueva cédula de identidad.

Ella siente remordimiento por no haberse sumado a los que han reclamado por todos los medios el reconocimiento de la nacionalidad que le otorgaron hace dos décadas, aunque se excusa en la circunstancia de estar trabajando en el extremo oriental del país. Sintió aliento cuando fue promulgada la ley 169-14 que reconoce la nacionalidad a los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país y que fueran declarados en el registro civil, con la excepción de aquellos que sean beneficiarios de alteración de documentos que le sea imputada directamente a ellos mismos. El artículo 2 de la Ley 169-14 establece que “La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida”.

Esa ley no dispone auditoría ni investigación previa, como sí lo hizo la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Mes y medio después la JCE dijo al país que en solo diez días había hecho esa auditoría descubriendo que “solo hay 36 mil personas de origen haitiano en el registro civil y apenas 13,672 irregularmente inscritas” . No se entiende por qué casi cuatro meses después de la ley 169-14 apenas un puñado han recibido su documentación. Debe recordarse que la sentencia dispuso que a Juliana Deguís la JCE le entregaran su acta de nacimiento, y que procediera a pedir su anulación ante el tribunal correspondiente. La ley del “régimen especial” releva este trámite, haciendo ilegal y sádico seguir negando la documentación a quienes la requieren.

Nancy luce extenuada y desesperada. “Yo no tengo la culpa de ser hija de haitianos, aquí nací y soy dominicana. Me tienen atada de pies y manos. Me están arruinando la vida”, proclamó por televisión la joven treintañera. Ella tiene la “mala suerte” de llevar el apellido Toussaint, lo que recuerda a Louverture, el haitiano que a finales del siglo 18 fue artífice principal de la primera proscripción de la esclavitud en el mundo, cuyo significado es ignorado por muchos dominicanos.

Elena Lorac todavía lucha por su acta de nacimiento, reclamada tres veces después de la ley 169-14, Es una pena muy grande tanto sadismo institucionalizado, disfrazado de nacionalismo, y que no haya autoridad en capacidad de demandar el cumplimiento de la ley. Cualquiera se refugia de nuevo en el poeta León Felipe clamando: Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo.-

 

Celebración pero en vigilia

Por Juan Bolívar Díaz
juan bahia

Todos los que durante más de 18 años nos negamos a validar la mayor estafa de la historia inmobiliaria del país, materializada en la apropiación de la Bahía de las Águilas, en Pedernales, tenemos razón suficiente para celebrar el dictamen de la jueza Alba Beard que anuló más de un millar de los títulos de propiedad de esa área del territorio nacional que fueron apropiados fraudulentamente.

Salta a la memoria el recuerdo de la doctora Pîcky Lora Iglesias, quien siendo directora del Catastro Nacional denunció la estafa contra el Estado, y que aún en temprana cama de muerte legó en su hija Laura Acosta Lora el seguimiento a la demanda de reparación que ella había iniciado. Hay que decir que, digna heredera de toda la dignidad, honestidad y valentía que encarnaba su madre, Laura Acosta ha cumplido la encomienda, trabajando incansablemente y sin cobrar honorarios, para deshacer la estafa.

Todos hemos cumplido con el deber de reconocer al presidente Danilo Medina, por haber escuchado nuestro clamor, manifiesto en aquel encuentro que auspició en febrero del año pasado, luego que hiciéramos firme oposición a su decisión original de reconocer el 45 por ciento del valor de esas tierras a quienes usurpaban títulos originados en un supuesto asentamiento agrario. Él tuvo la virtud de rectificar, contrariando a varios altos funcionarios de su propio Gobierno que, como quedó en evidencia, estaba utilizando el pretexto de una supuesta inversión de 1,145 millones de dólares para consumar la estafa y participar en el reparto.

Aunque un tribunal hace meses que declaró prescrita la acción penal para los responsables del enorme fraude, hay que sintetizar la maniobra para comprensión de las nuevas generaciones: En diciembre de 1995 el director del Instituto Agrario solicita al Registrador de Títulos de Barahona el traspaso de la parcela 215-A que implica la hermosa Bahía de las Águilas en Pedernales, para realizar un supuesto asentamiento agrario, aunque esos terrenos no son aptos para eso, sino para proyectos turísticos.

El mismo día el registrador, doctor Ramírez Suberbí realiza el traspaso, sin la menor averiguación, aunque la petición no tenía el aval del directorio del IAD ni del presidente de la República, como correspondía. Dos meses después el administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, remite el expediente, con su aprobación, al Registador de Títulos de Barahona, quien ya al día siguiente lo había acogido, emitiendo un nuevo título a nombre del IAD, cuyo titular procedió de inmediato al “asentamiento campesino”, favoreciendo a decenas de personas relacionadas de un senador y dirigentes políticos y otras que nunca supieron que eran parceleros de la reforma agraria. Mediante otras maniobras se fueron traspasando esos títulos a los verdaderos beneficiarios de la estafa.

La doctora Picky Lora investigó y documentó el fraude: Todo había sido ilegal, incluyendo el que los terrenos de la reforma agraria no pueden ser traspasados ni vendidos. La denuncia del entonces director del IAD, Wilton Guerrero, llevó a su antecesor a la cárcel, al igual que otro de los responsabilizados de la maniobra, pero pasaron 18 años sin que la justicia por lo menos revocara la estafa, como acaba de ocurrir ahora.

Hay motivos para celebrar que se haya revocado esa estafa, que de acuerdo a cálculos sobre el valor actual de la bahía, involucraría una suma de entre 7 y 11 mil millones de dólares. Pero hay que hacerlo manteniendo la vigilancia, ya que algunos de los que “compraron los terrenos de buena fé” contemplan seguirlos reclamando en las cortes superiores. Esa estafa no puede prevalecer.

 

La declaración jurada de patrimonio

Por Juan Bolívar Díaz
decl jurada

Debe ser saludada y ponderada la Ley 311-14 promulgada por el presidente Danilo Medina el pasado 8 de Agosto que instituye el “Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Patrimonio” con el expreso objetivo de promover la gestión ética y proveer a los órganos estatales de prevención y control de la corrupción administrativa las herramientas normativas que les permitan ejercer sus funciones de manera eficiente.

La nueva ley forma parte de un paquete promovido por los senadores Charles Mariotti y Julio César Valentín como respuesta a los reclamos ciudadanos de mayores esfuerzos para prevenir y reducir la enorme corrupción administrativa que tanto ha degradado la actividad política y la gestión estatal, generando una enorme decepción y rechazo.

Se trata de un importante paso de avance en relación a la ley 82 de 1979 que establecía la declaración jurada para los altos funcionarios del Estado, pero que adolecía de mecanismos de control y sobre todo de sanciones para quienes obviaran y la burlaran.

Se otorga un plazo máximo de 30 días para presentar la declaración ante notario público, tanto al inicio de la función estatal como al concluirla, y para darle seguimiento se crea la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, como un órgano especial de la Cámara de Cuentas.

El delito de falseamiento de datos es sancionado con penas de uno a dos años de prisión y multas de 30 a 40 salarios mínimos del Gobierno central y los funcionarios que sean responsables de enriquecimiento ilícito son sancionables con penas de 4 a 10 años de prisión, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y con la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez años.

Una de las novedades es que los altos funcionarios están en “la obligación de probar el origen lícito del patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente”, misma que podrá solicitar la confiscación de los bienes que no sean justificados.

Lo primero que resulta imperativo ahora es el estricto cumplimiento de la nueva ley, que debe partir de la promulgación de su reglamento, dentro del plazo establecido de 90 días.

Es obvio que esta ley puede ser otro simple pedazo de papel, o constituirse en un mecanismo más eficiente de promoción de transparencia y prevención de corrupción. Se toma con cierto escepticismo por la escasa voluntad política de sancionar la corrupción y la prevalencia de todo un sistema de impunidad.

Se acredita esta ley a las manifiestas intenciones del actual Gobierno de promover mayor transparencia y contener el enriquecimiento ilícito, lo que ha quedado en entredicho por incumplimientos importantes de la Ley de Función Pública, de la Ley de Regulación Salarial del Estado y de dos decretos de austeridad y del decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

El Decreto de austeridad 499-12 responsabilizó a la Contraloría General de la República de presentar informes trimestrales de evaluación de sus previsiones, y nunca se conoció siquiera el primero. La Dirección de Ética fue encargada de solicitar informes financieros anuales a los funcionarios que debían hacer declaraciones juradas para evaluar su consistencia, lo que nunca se ha cumplido. El titular mismo de esa dirección, doctor Vincho Castillo, presentó una declaración jurada a todas luces ridícula que fue objeto de cuestionamientos públicos no respondidos.

Por los anteriores señalamientos es que muchos han tomado con reservas la promulgación de la nueva ley sobre declaración jurada. El tiempo dirá si esta vez hay decisión política o simple entretenimiento de la opinión pública.

En el límite del endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz
endeudamiento

Tres expertos del Banco Mundial se han sumado al Fondo Monetario Internacional y a numerosos economistas y empresarios dominicanos que vienen advirtiendo que la pista del endeudamiento se le está acabando al Estado dominicano y que de no producirse una significativa desaceleración nos dirigimos al precipicio de una nueva crisis financiera con cargo a la pobreza de las mayorías.

HOY del viernes 15, página 1 y 13-B da cuenta de un estudio, publicado y distribuido por el Banco Mundial, donde tras señalar que la deuda estatal consolidada representa ya el 48 por ciento del producto interno bruto (PIB), y que sólo la del sector público no financiero se duplicó entre el 2007 y 2014, pasando de un 18 al 36 por ciento del PIB, advierte sobre las consecuencias que implica para la sostenibilidad financiera.

“Es importante asegurarse de que la deuda pública permanece en una senda sostenible, dado que altos niveles de deuda podrían dañar las perspectivas de crecimiento, incrementar la volatilidad macroeconómica y, finalmente, provocr una crisis fiscal, que afectaría de manera negativa a los pobres”, sostienen los expertos Aleksandra Iwulska, Javier Eduardo Báez y Alan Fuchs.

Advertencias similares se encuentran en los últimos tres informes del FMI sobre la economía dominicana, al extremo de que en marzo pasado el jefe de misión del organismo, Przemek Gajdecka, consideró necesario informar que sus técnicos y los del gobierno dominicano “estudian estrategias sostenibles para manejar el incremento de la deuda”. Las recomendaciones están plasmadas en los últimos informes: equilibrar las finanzas, desacelerando el endeudamiento, ampliar la base impositiva, eliminar exenciones fiscales, reducir el subsidio a la electricidad y mejorar el gasto público.

Para escurrir el bulto y proseguir la carrera desenfrenada del endeudamiento el Gobierno dejó sin efecto su acuerdo con el FMI desde fines del 2011, y hace dos meses el organismo cerró su oficina en el país y retiró a su representante delegado, el economista mexicano Mario Dehesa.

El actual Gobierno recibió unas finanzas públicas comprometidas por los enormes déficits fiscales generados por el desparpajo del gasto, los sueños de prolongación política y los complejos de grandeza y tiene el mérito de algunas rectificaciones, pero ha proseguido la carrera del endeudamiento mientras el cuerpo aguante y con cargo al futuro.

Por el clientelismo y el reparto comprador de conciencias, el Gobierno ha evadido el ajuste del gasto público, y aunque materializó una reforma tributaria, sus ingresos apenas le alcanzan para invertir un 5 por ciento en gastos de capital. La Cámara de Cuentas certificó un crecimiento de la deuda pública del 28 por ciento sólo en el 2013. De acuerdo a los reportes de la Dirección General de Contabilidad y del Sistema de Información de Gestión Financiera, citados por el experto José Rijo Presbot, entre septiembre del 2012 y julio del 2014 el Gobierno recibió financiamiento por 351 mil 650 millones de pesos (más de 8 mil cien millones de dólares), de los que tuvo que destinar el 52 por ciento a pago de deuda exterior. Y sólo en la primera legislatura de este año (febrero-julio), el Congreso Nacional aprobó nuevos financiamientos por 202 mil 647 millones de pesos, unos 4 mil 700 millones de dólares.

Las perspectivas generan legítima preocupación, porque los políticos no quieren pagar el costo de equilibrar las finanzas, achicando el subsidio eléctrico, cobrando a los que roban energía, ni reducir las exenciones y el gasto, y se ha abusado tanto del recurso de la simple reforma tributaria, que cada vez será más difícil lograr mayores ingresos fiscales. El pacto fiscal de la Estrategia Nacional de Desarrollo parece una quimera, mientras haya que mantener decenas de miles de clientes cobrando del Estado, con altísimos niveles salariales y desproporcionadas pensiones en las cúpulas.

La advertencia del precipicio al que se dirige el país está reiterada. Que los que guarden silencio, por miedo o conveniencia, después no aleguen ignorancia. Lo lamentable es que luego querrán cobrarle el costo del desastre a la mayoría que trabaja y chiripea para sobrevivir.

 

Entre Ivelisse y Temístocles

Por Juan Bolívar Díaz
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Se me acabó el tiempo de entregar este artículo debatiéndome sobre a quién escribirle primero, si a mi querida profesora Ivelisse Prats Ramírez, descalificada por su terquedad libertaria o a Temístocles Montás, un viejo amigo con quien en tiempos de opresión compartí sueños de progreso social colectivo y de fortaleza de la institucionalidad democrática.

Ivelisse, quien nos dio las primeras lecciones de libertad de pensamiento y conciencia en el liceo nocturno Eugenio María de Hostos, hace medio siglo todavía en plena tiranía trujillista, en realidad no necesita que la defiendan, porque hay muy pocas personas con su magistral manejo del verbo en los periódicos dominicanos. Y afortunadamente todavía le sobran fuerzas y talento para defenderse por sí misma, como hace en su último artículo bajo el expresivo título de “La vejez, mi mejor tesoro”, que he leído este sábado.

Intentan descalificarla, no por bisabuela, sino por su terquedad en militar en los principios de la democracia, en la defensa de la libertad y en la lucha por una sociedad más equitativa donde quepan todos los sueños y se satisfagan las necesidades fundamentales de los seres humanos. Ella tendrá su espacio en esta sociedad hasta más allá del último aliento. Porque ha pasado por la política dominicana sin siquiera dejarse salpicar de la podredumbre que la ha envilecido. Profesional, intelectual y académica de primera categoría, decana universitaria, presidenta de uno de los más grandes partidos de la historia nacional, diputada durante dos períodos. Y todavía vive de su trabajo, en casa alquilada y se mueve en un automóvil de diez años. Su trono es tan alto que resulta inalcanzable para dardos y pedradas.

Temístocles Montás, necesita en estos momentos de aliento y reconocimiento. Le tiran piedras e intentan descalificarlo porque ahora en campaña electoral reivindica los principios y planteamientos programáticos fundamentales del partido que contribuyó a fundar, junto al profesor Juan Bosch y otros muchos que pretendían la liberación nacional de toda dependencia, atraso y corrupción.

A Temo, como a Leonel Fernández, lo recuerdo con añoranzas de los años ochenta y principios de los noventa, cuando elucubrábamos sobre la superación de la autocracia Trujillo-balaguerista y apostábamos por la inserción del país en la institucionalidad democrática, renegando de la corrupción y los corruptos, de los manipuladores y compradores de conciencia y de la dominación nacional e internacional.

Temo está ahora sometido a un fuego cruzado por quienes se sienten incómodos cuando vuelve a rechazar el caudillismo y la perpetuidad en el poder, cuando replantea la democracia como instrumento de ciudadanía, recupera la cultura de la ética y la transparencia, del Estado de derecho con políticas de inclusión social. Y de la recuperación de los principios fundacionales de su partido.

Hay quienes descalifican a Temo porque guardó silencio público durante los años en que fue ministro fundamental del expresidente Leonel Fernández, el amigo común que cambió el boschismo por el balaguerismo y el vinchismo para reproducir el fatalismo nacional del continuismo.

Pudo haber pecado de conservadurismo y complicidad, aunque me consta que muchas veces disentía, no solo a nivel privado, sino que, tengo entendido, también frente al mandante de turno. El sentimiento de cuerpo de que Bosch revistió a sus últimos discípulos, para bien y para mal, imponía la ley del silencio en su partido.

Pero nadie está condenado a morder silencio eternamente y todos estamos llamados a recuperar la voz. Temístocles lo ha hecho en circunstancias bien difíciles, cuando ya sus reclamos encuentran pocos oídos entre los suyos. Tal vez tenga conciencia de sus limitadas posibilidades, o espere un milagro o simplemente quiera dejar constancia de que tiene voz propia, de que no fue definitivamente atrapado por el pragmatismo salvaje de la política nacional. Salve Temo, los viejos amigos te saludan.

 

 

Para la popularidad de Danilo

Por Juan Bolívar Díaz
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Para nada puede sorprendernos que el director de Aduanas quiera cobrar impuestos a las importaciones de menos de 200 dólares realizadas por Internet y los courier, o correos privados, lo que ya se intentó hace menos de dos años al comienzo de este Gobierno, porque es su deber exprimir lo más posible los bolsillos de los contribuyentes, especialmente cuando los ingresos fiscales apenas cubren los gastos fijos y el pago del enorme y progresivo endeudamiento.

Y hasta es posible que el señor Fernando Fernández tenga una razón adicional si, como se afirma, hay comerciantes que están abusando de esa exención para obtener ventajas competitivas. Lo que de entrada no es aceptable es que se pretenda violentar el estado de derecho, sustituyendo, con un simple aviso, un decreto presidencial y una ley, aparte de los preceptos constitucionales que, de acuerdo con el experto Cristóbal Rodríguez, se está llevando de encuentro.

Estamos de nuevo ante una demostración del escaso valor que damos a las leyes y normativas que adoptamos, lo que comienza con el mal ejemplo de las autoridades y el liderazgo nacional bajo el principio de que la ley suprema es la de la conveniencia. Lo que desciende a los estratos medios y bajos de la sociedad, y de ahí la precariedad del estado de derecho y de la convivencia, incluyendo la delincuencia en todas sus expresiones y dimensiones.

No es concebible que el director de Aduanas ignorara que las compras por Internet quedaron exentas de impuestos por el decreto 402-05 del presidente Leonel Fernández en el 2005. No pueden tener tan mala memoria para olvidar que esa exención fue derogada por la Ley 253-12 de noviembre del 2012, pero que a su vez fue restablecida por la Ley 277-12, del mismo mes y año, cuando ya él era director de Aduanas, tras las consistentes protestas que ese renglón impositivo generó.

La 277-12 fue una iniciativa aplaudida al presidente Medina, por su capacidad para escuchar el clamor nacional, tan expresa que tiene un solo artículo, el cual reza así:

“Se deroga el Artículo 49 de la Ley No. 253-12, de fecha 9 de noviembre de 2012, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, que establece que toda mercancía incluida en el Artículo 4, “Categoría B, sobre Envíos de Bajo Valor, libres del pago de derechos e impuestos”, del Decreto No.402-05, del 26 de julio de 2005, importada mediante Despacho Expreso de Envíos (Couriers), pagará los impuestos correspondientes.”

Es significativo que el último “considerando” de esa ley se refiere a la preocupación de que el impuesto a las compras por Internet de hasta 200 dólares implica una violación del Artículo 11.13 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos que establece que “las partes mantendrán, al menos, el nivel de apertura de mercado que otorguen a los servicios de envíos urgentes existentes a la fecha de la suscripción del presente tratado”. Esto implica que el aviso con que Fernández vuelve a restablecer el impuesto no sólo viola el decreto 402-05 y la ley 277.12, sino también un tratado internacional que firmamos soberanamente y estamos obligados a cumplir.

En consecuencia, lo procedente sería que el mismo Fernández dejara sin efecto su aviso, antes que su Gobierno comience a sentir “presiones internacionales” para nuevas consternaciones de sus aliados ultranacionalistas. Y que establezca un programa de vigilancia para evitar los excesos que amparados en la exención pudieran implicar ventajas en desmedro de los comerciantes establecidos. Dicen que ya se viene haciendo, pero sino los recursos informáticos permiten implementarlos sin mayores inversiones.

A no ser que Fernández quiera dejarle la oportunidad al presidente Danilo Medina de reafirmar su popularidad ahora que llega a la crucial mitad de su período gubernamental, mediante otro jonrón de receptividad. Que no sólo de plátanos vive el dominicano, sino también de espectáculos y deportes. Manos a la obra.