La suerte de Miguel Olivero

Por Juan Bolívar Díaz

A las 8 de la noche del domingo 4 de enero del 2009 Miguel Abraham Olivero Jiménez, 22 años, fue sacado de la fiesta navideña que junto a su novia y otros muchachos celebraban en el parqueo de su residencia en el barrio Invi de Santo Domingo Este por dos agentes policiales que rondaban “en busca de delincuentes”. Lo subieron al motor en que patrullaban y tras llevarlo a un descampado le metieron un solo balazo en la pierna y lo condujeron luego al cuartel policial, donde la patrulla fue recriminada por crear problemas al llevarlo vivo. Porque debieron matarlo.

Realmente Miguel Abraham fue un muchacho dichoso. Está vivo porque algo le remordió al raso Carlos Manuel Cuevas Pérez, que misericordiosamente sólo le disparó a una pierna y desobedeció la orden de que lo rematara del cabo Julio Soto Reyes. Lo demás es que era hijo de un funcionario y profesor de la Universidad Autónoma y ex dirigente peledeísta, de los fundadores, Juan Tomás Olivero, quien movió todo lo que pudo para salvar a su hijo, incluso llamando al programa Jornada Extra, que estábamos realizando a esa hora por Teleantillas para denunciar la situación. El Rector de la UASD gestionó rápidamente ante la PN.

Miguel pudo ser trasladado a un hospital, bajo custodia policial, donde recibió atención y unos meses después logró su plena rehabilitación. Su dicha fue mayor porque además del coraje de su padre, tenía un pariente abogado, Praede Olivero Féliz, que aunque ejerce en Barahona, dedicaría más de tres años al caso en Santo Domingo, moviendo cielo y tierra hasta lograr una condena definitiva de la Suprema Corte contra los dos criminales

No fue nada fácil. Sufrieron un intento de agresión cuando iniciaron la querella en la fiscalía de Los Mameyes. En la audiencia preliminar refuerzos policiales procuraban intimidarlos. Abraham era amenazado. Tuvieron que mudarse del barrio, de su casa propia a una alquilada en el Distrito. La UASD les puso un equipo de seguridad para protegerlos. Participaron en una docena de emisiones del telediario Uno+Uno y de Jornada Extra.

El calvario judicial se resume como sigue: el 8 de enero del 2009 el Quinto Juzgado de Instrucción de la Prov. Santo Domingo dispone medida de coerción, remitiendo a los policías a La Victoria, donde nunca serían conducidos. Pese a ello el raso Cuevas es ascendido a cabo. El 6 de Julio del mismo 2009 el Cuarto Juzgado de Instrucción acoge la petición de juicio, y al comenzar marzo del 2010, el primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia los condena a diez años de cárcel y una indemnización de un millón de pesos.

Los abogados de los policías apelan el 8 de marzo y la Corte dispone un nuevo juicio por parte del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual el 5 de Octubre ratifica la condena de diez años de prisión por asociación de malhechores, abuso de autoridad y por los golpes y la herida sufrida por Miguel Abraham. Una nueva apelación fue rechazada por la Corte de  Apelación el 11 de abril del 2011, y como los acusados recurren en casación, la Suprema Corte la declara inadmisible el 10 de agosto del 2011, por lo que la condena queda como definitiva.

Un año después los policías no han llegado a la cárcel de La Victoria y siguen cobrando sus sueldos, según testimonió por televisión esta semana el abogado Olivero Féliz, quien además logró demostrar ante los tribunales que la pistola que atribuían al joven estudiante y empleado de la UASD era portada por uno de los policías, aunque había sido robada en un asalto a un establecimiento comercial.

Cuando le preguntamos a Olivero cuánto habría costado llevar ese juicio, dijo que por lo menos 500 mil pesos. La suerte de Miguel Abraham es tan grande que le salió gratis. Cualquiera tiene la tentación de considerar la justicia muy cara, prohibitiva y riesgosa para cualquier otro muchacho de barrio. Es duro nuestro estado de derechos.

 

Iniquidad en las pensiones públicas

Por Juan Bolívar Díaz

Tan pronto sea aprobada y puesta en vigor la Ley de Regulación Salarial del Sector Público que se discute en el Congreso, habrá que dar otro paso trascendental para revisar el ordenamiento legal de las pensiones de los funcionarios y trabajadores del Estado, donde las inequidades e iniquidades pueden resultar todavía mayor que en el régimen de sueldos.

 Y no es que falte una regulación legal, pues el 11 de diciembre de 1981 el presidente Antonio Guzmán promulgó la Ley 379 que establece “un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y Empleados Públicos”, sino que la misma es violada sistemáticamente hasta por el presidente de la República e ignorada por una gran parte de los organismos autónomos y descentralizados del Estado que se han dado sus propios regímenes de pensiones y jubilaciones, disponiendo abusivamente de los dineros de los contribuyentes y creando una situación de irritante privilegio.

 La inequidad fue puesta de manifiesto el jueves por el director general de Impuestos Internos, el ilustre Juan Hernández, quien señaló que con más de 20 años de servicio público, si le tocara pensionarse de acuerdo a la ley, quedaría con una asignación de 40 mil pesos mensuales.

 Ello así porque el párrafo del artículo 2 de la ley establece que “En ningún caso el monto de la Pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de estos sueldos ni será gravado por ningún tipo de impuesto”. Como el salario mínimo del Estado es 5 mil pesos, el máximo a recibir, no importa los años de servicio, méritos acumulados ni el nivel salarial, sería 40 mil pesos mensuales.

 Eso cuando el empleado público logra que el Poder Ejecutivo otorgue la pensión solicitada, porque muchos han muerto sin conseguirla tras cumplir el mínimo de 20 años de servicio, en cuyo caso le corresponde sólo el 60 por ciento del promedio devengado en los últimos tres años. Sube hasta el 80 por ciento en tres escalones con mínimo de 25, 30 y 35 años de servicio. Por ejemplo entre los maestros siempre hay miles mendigando las pensiones a que tienen derecho y que por sus niveles salariales cuando las consiguen no alcanzan los 20 mil pesos.

 Pero resulta que funcionarios del mismo Estado, por el privilegio de la autonomía o la descentralización, se pensionan hasta con cientos de miles de pesos. Hace unos años hizo escándalo público que Leonardo Matos Berrido se hizo aprobar una pensión de 450 mil pesos mensuales cuando acababa de ser designado administrador del Banco Nacional de la Vivienda. Un consejo de directores subordinado le aprobó la pensión, heredable hasta dos años después de su muerte. En otros organismos estatales se dan pensiones superiores a ese monto, mientras la mayoría de los pensionados del Estado no alcanzan a 20 mil pesos mensuales.

 Por otro lado la inequidad es mucho mayor cuando se observa que sólo el presidente Leonel Fernández ha otorgado cientos de pensiones, con montos oscilantes entre 25 y 50 mil pesos a artistas, deportistas  y comunicadores, que en su mayoría no han trabajado para el Estado. En muchos casos se trata de personas ricas, en plena edad productiva. Es parte del reparto político del Estado que este país tiene que superar.

 Y mientras tanto, miles de antiguos trabajadores de otro órgano autónomo, el Consejo Estatal del Azúcar, dan pena clamando en las calles por una pensión de cinco mil pesos para la cual cotizaron, y se mueren de pena y pobreza frente a la burla de haber visto que en el reparto de la última campaña electoral el presidente Fernández dispuso pensionar a 1,057 “cañeros”  muchos de ellos propietarios de tierras y asociados políticos.

 ¡Ay, cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entrara como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades. Sería ciertamente lo que nunca se ha hecho en esta tierra de María Santísima!

Consecuencias de la impunidad

Por Juan Bolívar Díaz

El reciente asalto policial para rescatar de manos de la justicia a un agente del orden público procesado por el asesinato de un joven en San Francisco de Macorís fue una nueva escalada en la descomposición que se registra en el país y que pone en jaque el Estado de derechos, la cual ya vemos como natural.

Más allá del despido de cuatro decenas de policías, incluyendo varios oficiales y su comandante, el acontecimiento obliga a una mirada profunda sobre la actuación del cuerpo encargado de mantener el orden público y sobre todo el tinglado montado para combatir la creciente criminalidad que agobia a la sociedad dominicana creando un estado de inseguridad.

No deja de ser un acto de hipocresía que quienes han autorizado a la Policía Nacional a matar cientos de presuntos y reales delincuentes, llevándose de paso a decenas de inocentes, a realizar su propia justicia, sumaria y con la extrema privación de la irrevocable vida, se alarmen ahora porque todo un destacamento policial se atreviera a desafiar la orden de un juez, previo desfile callejero con armas en ristre. En una ciudad donde decenas de jóvenes han sido lisiados por la política de los “cirujanos” de la PN que disparan a las rótulas de los muchachos pobres, solo de los que no pagan sobornos, sospechosos de delinquir.

Ese barbarismo y primitivismo policial ha sido justificado, explicado o por lo menos silenciado por personajes nacionales de todas las categorías, desde presidentes y arzobispos hasta procuradores generales y fiscales, editorialistas y comentaristas de los medios de comunicación, juristas y civilistas, líderes políticos y sociales.

¿Qué es lo que se ha encargado a esos policías? Los hemos armado y animado para que nos libren de delincuentes, para que “resuelvan” y nos protejan a cualquier precio. Por eso les debe resultar inconcebible que un pretencioso juez se atreviera a ordenar prisión contra un “heroico” compañero de armas, por el “simple hecho” de haber matado un joven que ellos consideraban delincuente.

¿Hubo alguna alarma o se tomó alguna acción preventiva o rectificatoria cuando en noviembre pasado Amnistía Internacional puso a circular un libro con el sugestivo título de “Cállate si no quieres que te Matemos”, donde denunciaba cientos de muertes a manos de la PN y demandaba una rectificación y reestructuración a fondo de esa institución? Dicho informe da cuenta de 268 muertos a manos de la Policía en el 2010 y nada menos que 443 en el 2009. La reacción de las autoridades fue alegar que la prestigiosa organización internacional formaba parte de una campaña de descrédito contra el país.

De forma distinta reaccionaron las autoridades de Puerto Rico cuando en junio último la misma Amnistía denunció que su policía practica una política pública de tirar a matar, de brutalidad y abusos no solo contra los presuntos delincuentes (sí, presuntos hasta que un juez los condene), sino también contra inmigrantes dominicanos. Lean bien: se le criticó a la policía de Puerto Rico que entre 2010 y 2011 dio muerte a 21 (si, veintiuna) personas.

 Es la impunidad, la cotidianidad del abuso, el imperio de la conveniencia, lo que genera acontecimientos como el de San Francisco de Macorís. Y si no hubiésemos relativizado el Estado de derecho, el caso llegaría a las últimas consecuencias y la sanción no fuera solo el despido, sino también el procesamiento judicial de todos los responsables, empezando por los oficiales de mayor jerarquía.

 Este desafío al Poder Judicial debería sacudir la conciencia de tantas y tantos dominicanos que se han acostumbrado a las ejecuciones sumarias que practican los que según la Constitución y las leyes deben ser los primeros defensores de la vida, del orden y del Estado de derecho.

 

Manuel Ramón Morel Cerda

Por Juan Bolívar Díaz
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En estos tiempos tempestuosos en que se sueña con jueces electorales en capacidad de sobreponerse a las lealtades políticas para hacer honor a la jurisprudencia, conviene recordar al doctor Manuel Ramón Morel Cerda, quien fuera presidente de la Junta Central Electoral (JCE) entre 1998 y 2003. Todavía ejerce la abogacía e imparte docencia en el Alma Máter de la Universidad  Autónoma de Santo Domingo.

Morel Cerda ostenta dos récords relevantes en su función al frente de la JCE: es el único en la historia de ese organismo que ha enmendado un fraude electoral y uno de los pocos ciudadanos dominicanos que ha tenido la dignidad de renunciar a un alto cargo por terco apego a sus criterios.

Llegó al cargo en medio de un conflicto político, elegido por un Senado de mayoría perredeísta, que rompió el consenso que había primado en la escogencia de los jueces electorales tras la crisis de 1994. Tuvieron una “justificación política”, ya que fue una respuesta a la compra de una decena de diputados por parte del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, para imponer a Rafael Peguero Méndez como presidente de la cámara baja, convirtiéndolo desde entonces es un aliado fiel.

Esa circunstancia marcaría la gestión de Morel Cerda en la presidencia de la JCE. El presidente Fernández y el caudillo reformista Joaquín Balaguer se unieron para objetar aquel tribunal electoral. Como entonces la sociedad civil tenía poder disuasorio, contribuyó a enmendar parcialmente el desequilibrio con una reforma que elevó de cinco a siete el número de jueces electorales.

En ilustre abogado santiagués quedó atrapado en las contradicciones políticas. Fue ofendido sistemáticamente y aún cuando actuó con total honestidad, nunca se libró de la acusación de perredeísta.

Pero a decir verdad, Morel nunca fue dirigente ni militante del partido blanco. Comenzó su carrera pública como juez de paz de Santiago en 1956 y fue escogido  Procurador Fiscal del Distrito Nacional en el efímero gobierno perredeísta del profesor Juan Bosch en 1963, hasta el golpe de Estado.

Morel fue de los fundadores del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, pero su prestigio lo ganó como abogado y catedrático y muy especialmente cuando presidió la Asociación Dominicana de Abogados en tres períodos –ninguno consecutivo- entre 1967 y 1978, cuando esa institución fue un baluarte de defensa del  precario Estado de derecho. El mismo subía a los estrados para defender honoríficamente a perseguidos políticos, privándose de hacer fortuna con su profesión.

Fue en la presidencia de Morel que la JCE confeccionó el padrón electoral con fotografía integrada que desde las elecciones del 2000 se ha reiterado como un instrumento transparente y eficaz. Cuando hubo que escoger para auditar ese nuevo padrón, la tarea se le encomendó a Participación Ciudadana, pese a que había formulado reservas y críticas por la falta de consenso en la elección de aquellos jueces electorales.

Reaccionó desproporcionadamente frente a PC cuando se detectó un error de uno de los técnicos de CAPEL contratados para la auditoría del padrón. Pero no trató de estigmatizar ni de excluir al movimiento cívico y al final del proceso le hizo un reconocimiento público por su contribución al mejoramiento del sistema electoral.

Cuando tras los comicios del 2002, durante una audiencia de la Junta Electoral de Santiago le mostraron ocho actas de colegios electorales alteradas a favor del PRD,  allí mismo, sin esperar llevarlo al pleno de la Junta Central Electoral, Morel Cerda dictaminó la anulación de cuatro y la rectificación de las otras cuatro, restando 500 votos al PRD. Eso no cambió el estrecho resultado, pero sentó el único precedente de anulación de un fraude electoral.

Finalmente Morel terminó renunciando a la JCE cuando la reforma del 2003 que agregó otros dos miembros y dividió el organismo en dos cámaras y un pleno. Lo entendió como un pacto político para quitarle poder, y lo fue. Pero su dignidad y entereza estaban por encima de cualquier consideración.

Se fue como llegó, sin haberse doblado ante el partidismo político. Tengo entendido que disfruta de buena salud pero no quería esperar su desaparición para reivindicar su honorabilidad.

El incremento de la violencia

Por Juan Bolívar Díaz
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Es frecuente escuchar alarma de dominicanos y dominicanas por la horrorosa violencia homicida que sacude a México, sin darse cuenta que la tasa de homicidios de la República Dominicana es proporcionalmente muy superior, registrando un incremento sostenido en los últimos tres años.

La tasa de homicidios se mide por cada cien mil habitantes, la nuestra pasó de 24 en el 2009 a 25 en el 2010 y alcanzó 26 el año pasado. Mientras la de México se situaba en 18, a pesar de la terrible guerra contra el narcotráfico en las zonas fronterizas con Estados Unidos, especialmente en el norte y el golfo de México. La violencia mexicana se concentra en Ciudad Juárez, con tasa infernal de 147, Acapulco con 127, Torreón, Chichuahua y Durango.  Pero cae abruptamente en gran parte de ese país de 110 millones de habitantes, incluyendo la mega capital, que concentra unos 22 millones de habitantes, donde la tasa de homicidios es de 10 por cien mil, cerca de la tercera parte de los que registra el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, donde se concentra una alta proporción de la criminalidad dominicana.

Sin que lo advirtamos suficientemente, estamos en el promedio de América Latina que es justamente 26 por cien mil, en el segmento medio. Por encima de nosotros están Honduras, que lidera el mundo, con tasa de 82, El Salvador con 66,  Jamaica 60, Venezuela 49, Guatemala 41 y Colombia 33. Pero superamos con creces a casi todas las naciones de Sudamérica, algunas de las cuales, como Argentina y Uruguay, están por debajo de 5. Las cifras son del 2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha resaltado que en América Latina se produce el 40 por ciento de los homicidios mundiales, lo que se atribuye principalmente a las extremas desigualdades económico-sociales.

En nuestro caso es relevante que el incremento de la violencia haya sido tan alto duplicándose en lo que va del siglo, ya que en el 2000 se registró 13.09 por cien mil habitantes. A pesar de los programas que se han puesto en vigencia y de las promesas de las autoridades que múltiples veces han proclamado “tolerancia cero” con la delincuencia y el narcotráfico.

Llama la atención que durante los años 2006 y 2007 nuestra tasa de homicidios cayó en 3 y 4 puntos, cuando descendió a 23.56 y 22.07, en relación al 26.40 que había alcanzado en el 2005 y que ha sido hasta ahora la más elevada. Ese descenso se relaciona con la implementación del programa Barrio Seguro, y la caída con el hecho de que no se hizo la inversión requerida para darle continuidad ni profundizarlo.

La violencia sólo se mide en homicidios, porque si pudiéramos cuantificar los heridos y golpeados, los asaltos, atracos, violaciones físicas y de domicilios, encontraríamos razones más que suficientes para la alarma. A lo mejor serviría para convencer a nuestras autoridades sobre la necesidad de invertir en la seguridad, en la disminución del crimen, en la educación para la convivencia y la tolerancia.  Esa inversión es mucho más necesaria por cuanto tenemos al turismo como la principal fuente de divisas y una de las mayores de empleo.

Una de las tareas que no hemos emprendido es la de una campaña sistemática por todos los medios de comunicación para rechazar la violencia e incentivar la convivencia. No sería tan costosa si el Estado la elabora y pide la colaboración de la radio y la televisión. Podría pagarse un precio módico por mensaje, para incentivar su multiplicación. Alcanzaría con la décima parte de la publicidad que hace el gobierno para promover sus obras.

No deberíamos esperar que pasemos a competir con la violencia centroamericana, catalogada hoy como la región más violenta del mundo.

 

Oración por los domínico-haitianos

Por Juan Bolívar Díaz
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En los ámbitos de defensa de los derechos humanos es cada vez más frecuente la interrogante sobre qué tendrá que ocurrir para que en este país acabemos de comprender que hay domínico-haitianos, como domínico-españoles, domínico-chinos, domínico-americanos y muchas otras extensiones de la nacionalidad.

Mientras  se expande  vigorosamente el rechazo a la política que niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento a miles de ciudadanos ya reconocidos, muchos de ellos desde hace décadas.

Ya en octubre pasado, un alto ejecutivo de una de las más reputadas universidades de Washington, tras reconocer las dificultades que impone la inmigración masiva tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, concluía señalando que había que aceptar que hay millones de méxico-americanos, o italo-americanos o domínico-americanos, para preguntar por qué no podíamos entender que hay también  domínico-haitianos.

Se refería el académico a la denuncia, llevada hasta una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una coalición de organizaciones dominicanas y americanas que defienden los derechos de los miles de domínico-haitianos a quienes por una circular de la Junta Central Electoral desde el 2007 se les niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento.

Se trata de una decisión administrativa que aplica retroactivamente la Ley de Migración del 2004 y la Constitución del 2010, que restringieron el derecho a la nacionalidad dominicana a los hijos de residentes ilegales aunque nazcan en territorio nacional.

Aunque muchos no compartan la restricción constitucional, se entiende dotada de legitimidad, pero de ninguna forma puede aceptarse su aplicación retroactiva a quienes nacieron cuando la Constitución no establecía tal restricción. Y mucho menos para aquellos a quienes ya se les había reconocido.

Esa aplicación retroactiva choca con preceptos de la misma Constitución dominicana, por demás generalizados en las constituciones de todo el mundo, así como con los códigos de derechos humanos y en  tratados y convenios internacionales.

Esa práctica inhumana ha sido denunciada en las últimas dos semanas en los informes sobre derechos humanos de Aministía Internacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y acaba de serlo por el Quinto Encuentro Regional de Migración y Movilidad Humana, al que asistieron obispos y religiosos de América Central, el Caribe, México y Estados Unidos, celebrado esta semana en esta capital.

La declaración final del encuentro es una defensa solidaria de los migrantes en toda la región, rechazando la criminalización de la inmigración ilegal adoptada por legislaciones de los estados norteamericanos de Alabama y Arizona, y por el trato inhumano a migrantes haitianos en República Dominicana.

Se pronuncia específicamente en defensa a los dominicanos de ascendencia haitiana, prometiendo que proseguirán la lucha por el derecho a la nacionalidad dominicana de los descendientes de haitianos nacidos en el país antes del 2010.

Si la legislación adoptada en Alabama y Arizona ha sido rechazada firmemente en todo el mundo, por considerar un crimen la inmigración ilegal, mucho más lo será el despojo de la nacionalidad a los domínico-haitianos a quienes se las habían reconocido durante décadas.

Ahora que los obispos dominicanos han coincidido con sus colegas de la región y de Estados Unidos sobre los derechos de los migrantes, debe esperarse que la Conferencia del Episcopado Dominicano adopte una actitud de firme defensa de los domínico-haitianos, como lo viene haciendo hace años el Servicio de los Jesuitas para los Refugiados y Migrantes, el Centro Bonó, el Centro de Asesoría Jurídica de la Iglesia y otras entidades religiosas y sociales.

Varios obispos dominicanos se han manifestado individualmente en rechazo a ese atropello, pero el refuerzo colectivo de la Conferencia Episcopal debe ser un gran impulso al reclamo de justicia.

Hagamos una oración por miles de domínico-haitianos que reclaman copias de sus actas de nacimiento para acceder a educación, para sacar o renovar pasaporte y hasta para contraer matrimonio.

 

Libertad de prensa

 Por Juan Bolívar Díaz
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Una de las mayores víctimas de la recién concluida campaña electoral ha sido la libertad de prensa que incluye relevantemente el derecho a la libre expresión sin por ello ser objeto de persecución y que tanto han defendido los periodistas y la sociedad dominicana desde la liquidación de la tiranía de Trujillo hace más de medio siglo.

Desde los días difíciles de la represión política que siguió a la revolución constitucionalista y la intervención norteamericana de 1965, nunca se había desarrollado desde el Estado tanto esfuerzo por controlar los medios de comunicación y reducir la libre expresión de los profesionales del periodismo. Y nunca se había tenido tanto éxito.

Tampoco había habido tanto servilismo en los medios y tantos de ellos convertidos en simple resonancia del interés partidista, con acciones que ruborizan, hiriendo las más elementales normas éticas de la comunicación social y del periodismo.

Nunca habíamos visto tantos periodistas al servicio de un gobierno y un partido, dedicados a atacar agresivamente a  otros periodistas, descalificándolos, con calumnias  y mentiras, pretendiendo tender una nube oscura de silencio o uniformar la sociedad reduciendo la disensión y la pluralidad.

Tampoco habíamos visto que ataques tan alevosos alcanzaran a los ejecutivos y propietarios de los medios, en un abierto chantaje pretendiendo convertirlos en carceleros de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

Nunca habíamos visto el espectáculo de un senador poniendo en riesgo la vida de una periodista, para acallar denuncias documentadas de corrupción,  alegando que le habían informado que podría ser víctima de un partido político y de narcotraficantes. Con el agravante de que tal barbaridad no fue rechazada editorialmente.

Ni en los años de la represión balaguerista periodistas y comentaristas habían acusado a reconocidos comunicadores de conspiración por haber sostenido una reunión con un candidato presidencial, ni se habían montado programas radiales y televisivos para denostar a otros periodistas, alentando el espionaje.

Nunca se había reclamado que todo el que disiente del discurso oficial deba declararse partidario en una campaña electoral, con un maniqueísmo fruto del sectarismo y la intolerancia.

Jamás habíamos esperado que desde la dirección de prensa del gobierno se distribuyera por Internet un mensaje tan calumnioso y vulgarmente mentiroso como el que circuló la tarde del martes 22 con el siguiente texto que copiamos tal como lo escribieron: “PPH cabildea con el diario francés lemonde una noticia de un supuesto fraude y peligro de guerra civil en RD. Juan Bolívar, Fausto rosario y el grupo de periodistas que se juntaron con Hipólito en la casa de Miguel Guerrero, trazan estrategia mediática para intranquilizar el país y construir un ambiente de crisis política. Los capos de la droga están reclamando la inversión que hicieron tenga consecuencias”.

Lo peor es que el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hayan guardado tan denso silencio ante estos desafueros. En cuanto a la Asociación Dominicana de Diarios y la Asociación Dominicana de Radiodifusores parece que hace tiempo duermen el sueño eterno.

Ahora que ha terminado la campaña electoral, ¿quién tomará la iniciativa para devolver un poco de decencia al ejercicio del periodismo y la comunicación?

Sueños de un domingo de mayo

Por Juan Bolívar Díaz

Que tengamos elección presidencial este domingo 20 de mayo es un gran acontecimiento porque, aunque para muchos no diga nada, finalmente estamos abandonando la fecha fija del 16 de mayo que conmemoraba el día en que nuestro tirano mayor, Rafael Leónidas Trujillo Molina, ascendió al poder en 1930.

En este domingo de mayo que se vaticina lluvioso, yo acumulo sueños que quiero compartir a riesgo de aparecer como impertinente para algunos, o utópico y soñador para otros. Pero como escribió don Pedro Calderón de la Barca hace 377 años “La vida es un Sueño y los sueños, sueños son”, aquí les dejo algunos de cara al futuro:

1.- Que no tengamos que encerrarnos en jornadas de oración para que la elección sea pacífica, cuenten debidamente los votos, se respete la voluntad popular y el nuevo Presidente no tenga que pregonar que es “de todos los dominicanos y dominicanas”.

2.- Que no haya que acuartelar a un ejército de 55 mil soldados, por si acaso la Policía no es suficiente para mantener el orden y el imperio de la ley.

3.- Que nadie tenga que ir a los supermercados a abastecerse por temor a que las elecciones deriven en una guerra civil.

4.- Que los árbitros electorales no sean jueces y parte y nadie tema que sus decisiones puedan estar marcadas por la obediencia a quien los designó.

5.-Que el Presidente de la República honre la majestad del cargo y como en toda democracia no abuse del mismo ni de los recursos de todos para inclinar la balanza caravaneando por todo el país, e iniciando obras no presupuestadas cuando ya sale del poder a costa de enormes déficits fiscales que luego hay que pagar.

6.- Que los altos funcionarios de la nación que quieran hacer campaña electoral tomen licencia o renuncien a sus cargos para evitar la confusión entre los recursos públicos y los partidistas.

7.- Que no se abuse de la pobreza ni se denigre a los más desposeídos tratando de comprar sus votos con subsidios, repartos de alimentos, materiales de construcción y electrodomésticos, a costa del Estado.

8.-  Que a nadie se le ocurra establecer un tráfico de cédulas para ganar votos o impedir que los gane otro, como se está haciendo desde hace varios días en los habitáculos de la pobreza. Mucho menos que líderes políticos exhorten a la población a obtener una copia de su cédula para que la vendan  “y así devaluar ese mercado”.

9.-  Que no haya que dar a los legisladores cientos de millones de pesos para que celebren por adelantado el Día de las Madres buscando o comprando votos.

10.- Que no necesitemos  miles de ciudadanos responsables se constituyan en una red nacional para vigilar el cumplimiento de las normas democráticas, y mucho menos que vengan del extranjero, ni que los embajadores tengan que hablar con el Presidente de la nación sobre transparencia, institucionalidad y equidad.

11.- Que no haya tan apabullante invasión de propaganda ni que los medios de comunicación sean maquinarias de imposición sobre la conciencia ciudadana y que los periodistas no se constituyan en jueces implacables para condenar o presionar a los que disientan del discurso oficial.

Tengo muchos otros sueños, que algún día se realizarán, pero no caben en esta cama en el amanecer de este 20 de mayo. Como dijo el recién fallecido cantor José A. Labordeta: “También será posible que esa hermosa mañana/ ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver/ pero habrá que empujarla para que pueda ser”.

 

 

 

La JCE debería excusarse

Por Juan Bolívar Díaz
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Tal como se advirtió desde el primer momento en la nómina de los 3 mil 805 ciudadanos y ciudadanas registrados para observar las elecciones del 20 de mayo no había delincuentes, ni narcotraficantes ni asaltantes, pero mucho menos constituían una asociación de malhechores como se sostuvo en una rueda de prensa efectuada el 1 de mayo en la Junta Central Electoral (JCE) donde se agravió no sólo a esas personas y al movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), sino también a decenas de organizaciones sociales, religiosas y comunitarias de todo el país en las que militan.

Pasaron ocho días para que se lograra que la Comisión de Observación Electoral de la JCE recibiera a dirigentes de PC para analizar las pruebas o siquiera evidencias que sustentaran sus infamantes declaraciones. El balance confirma que el objetivo era difamar y descalificar a PC presentando a sus voluntarios como una red de delincuentes.

El informe rendido por los comisionados de PC indica que los observadores objetados por la JCE no fueron los 188 arrojados por una muestra del 15 por ciento de los 3,805, como se informó el 1  de mayo, sino que ascendieron a 236 del total,  lo que ya evidencia una grave inconsistencia. Pero lo fundamental es que apenas se pudo documentar un caso en que medió una sentencia.

De entrada hubo que reivindicar a 116, casi la mitad, cuyo “delito” es errores en el número de sus cédulas. Otros 91 fueron considerados “vinculados”  a partidos políticos. Absurdamente en 25 de estos casos no pudieron identificar el partido.

Los restantes 66 fueron relacionados con 13 partidos diferentes, 32 de ellos a los que integran el frente electoral que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana, y 28 al encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano. Muchos de estos fueron candidatos a regidores, suplentes y  vocales de pequeños municipios y distritos municipales por partidos emergentes. Ni uno solo dirigente conocido de algún partido.

En la nómina de observadores aparecieron tres identificados como militares, lo que no puede sorprender ya que en la reciente auditoría del padrón electoral, realizada por técnicos de la OEA se advirtió que hay retrasos en los ingresos y egresos de militares y en dar de baja a los que fallecen. Justo el miércoles 9 de mayo, cinco meses después de cerrado el padrón electoral, la JCE comunicó su resolución 24/2012, la cual habilita para ejercer el voto a 760 ciudadanos, dados de baja como militares y policías.

Los restantes 27 fueron objetados por tener  “antecedentes judiciales”, aunque en realidad sólo se presentó evidencia en uno solo, un ciudadano que recibió una sentencia judicial y fue indultado, lo que se supone le restituye sus derechos.

De los otros 26 no se presentó evidencia de que tengan procesos judiciales pendientes. Nueve estaban fichados por la policía y tres habían sido arrestados, sin cargos específicos. De dos se dijo que estaban presos, pero sin documentación de la Dirección Nacional de Prisiones. Y uno de ellos había sido sometido a la justicia por consumo de droga, según el llamado Sistema de Investigación Criminal, pero sin  constancia de que fuera procesado.

En resumen: que la Comisión de la JCE no pudo justificar sus infamantes  acusaciones contra personas que aparecen en el padrón electoral por lo que tienen derecho a elegir y ser elegibles, y quienes lo que merecen es reconocimiento por ejercer sus derechos ciudadanos a observar unas elecciones.

Si en este país se respetara siquiera mínimamente los derechos constitucionales, la JCE no hubiese cometido el desaguisado de calumniar a tantos ciudadanos y de  intentar descalificar a Participación Ciudadana. Demostrada la falta de fundamento, lo menos que se debería esperar es una excusa pública, tan difundida como la calumnia.

Yo, Juan Bolívar Díaz Santana, el número 17 en el listado de observadores de PC, uno de los relacionados con el narcotráfico en aquella infame declaración de prensa, quedaré esperando una  excusa o reparación moral.  Sigo creyendo que fue una errática inadvertencia, pero los errores también se deben reparar, al menos entre seres humanos racionales y honrados.

Estoy necesitando un descansito

Por Juan Bolívar Díaz

Tal vez porque los años ya hacen mella hasta en el alma o porque esta es la campaña electoral más larga de cuantas he vivido como periodista, o porque nunca había sentido tanta presión para acallarme o descalificarme, estoy necesitando un descanso que espero tomar tan pronto transcurra la elección presidencial, pero mientras tanto tengo que tomarme siquiera un descansito este fin de semana.

 Estas campañas electorales tan extensas, virulentas, primitivas y salvajes terminan dividiendo profundamente la sociedad dominicana, a las familias, a los vecinos y los compañeros y compañeras de trabajo y actividades sociales, dejando ronchas, decepciones y agravios que se erigen en muros divisorios que impiden la convivencia y la intercolaboración.

Al cansancio del escándalo, del derroche y la inequidad se une la decepción porque una vez más hemos llegado a una elección sin haber establecido las normativas que ya son comunes en cualquier democracia, hasta en las de mediana intensidad, para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, para evitar que la acumulación de dinero de cualquier origen, y que el abuso de los recursos del Estado sean decisivos en la elección de las máximas autoridades.

 Agradezco las muestras de solidaridad recibidas desde que trascendió que me objetaban como observador de Participación Ciudadana por antecedentes penales relacionados con la ley sobre tráfico y consumo de drogas. Desde el primer momento lo tomé de relajo, convencido de que era un error. No señalaban mi nombre, pero aludían a los numerados 17 y 748 del primer listado impreso de observadores presentado por PC a la Junta Central Electoral (JCE) y yo ocupaba el primero de esos números. No me han dado ninguna explicación, pero alguien dijo que en la numeración de Excel subí al número 18, y que el aludido es otro ciudadano de igual apellido.

 Creció mi convicción de que era un error y que no pretendían vincularme con drogas, aunque pudieron haberme encontrado entre la “decena de observadores registrados en el Sistema de Investigación Criminal” (SIC), según indica el comunicado publicado por la JCE.

 Y había razón para incluirme en ese fichaje que maneja un departamento de la Procuraduría General de la República y que se nutre de simples sometimientos judiciales, no importa que carezcan del mínimo mérito ante un juez. Ya mi propia esposa pasó un tiempo, sin saberlo, en ese fichaje porque alguien demandó a la institución financiera de la que era directora. Esa demanda no prosperó ni hubo juicio, pero allí siguió hasta que circunstancialmente se enteró años después y tuvo que gestionar para que la sacaran. Yo sí tengo un antecedente, pues en un viciado juicio al vapor en 1996 fui condenado por el teniente Juan María Severino a 6 meses de cárcel y al pago de 2 millones de pesos, por haber denunciado el fraude electoral de 1994 en mi libro Trauma Electoral.

Aquel adefesio judicial fue anulado por la Suprema Corte de Justicia tras dos años de recursos judiciales. El primero en denunciar y apelar aquel atropello político fue el entones Procurador Fiscal del DN, doctor Julio César Castaños Espaillat, que luego sería presidente de la JCE. Y por eso se ganó una demanda por “abuso de poder”, dejada luego sin efecto, pero duró en el SIC hasta el 2006.

He oído que podrían ser miles los ciudadanos fichados en ese instrumento, sin fundamento, sin que lo sepan y en violación a sus derechos. Pero lo peor es que una institución como la JCE pueda violar los derechos de múltiples ciudadanos y vetarlos para observar las elecciones porque aparezcan en ese fichaje o porque alguna vez fueron sometidos a la justicia.

 Como bien documentó el sociólogo Faustino Collado en carta a la JCE, se trata de una grosera violación a los artículos 21, 22, 23, 24 y 39 de la Constitución, y al principio de la presunción de inocencia hasta condena de un tribunal. Eso sí que no es un simple error y debe ser rechazado.-