La Navidad es solidaridad

Por Juan Bolívar Díaz
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Es muy probable que estas festividades navideñas sean “más frías” de lo que nos habíamos acostumbrado, debido al programa de austeridad impuesto por el gobierno del presidente Danilo Medina tras el desguañangue de las finanzas que heredó de su antecesor. La querella se escucha por diversos medios, con nostalgia del enorme reparto de canastas de bebidas y alimentos por miles de millones de pesos a que nos había acostumbrado el despilfarro de los fondos públicos.

Hay que dar crédito al gobierno por la considerable reducción de un gasto que beneficiaba a los funcionarios mismos y sus familiares y relacionados, a comunicadores y líderes políticos y sociales que no necesitan esas ofrendas para celebrar la Navidad, aunque se reconoce que una parte se redistribuía a personas de ingresos medios y bajos.

Se justifica que se haya mantenido el reparto de cajas navideñas a los sectores más pobres, aunque muchos quisiéramos ver llegado el día en que estas boronas no sean necesarias. Debemos celebrar que el presidente Medina no haya utilizado estos repartos como mecanismo clientelista y que dispusiera un gran esfuerzo organizativo para evitar las humillaciones y hasta atropellos del pasado.

El programa de austeridad de este año debe tener efectos positivos como, por ejemplo, que nos permita asumir la Navidad con menos despilfarro, con una reducción de las bebentinas y comilonas que dejan al desnudo las tremendas disparidades y exclusiones de la sociedad dominicana.

Las circunstancias lucen propicias para reivindicar el origen de la celebración  de la Navidad, que no es otro que el nacimiento del profeta de profetas, Jesús, el Cristo, el hijo de Dios, o el humilde rabit de Galilea, nacido entre los pobres, quien vivió en la pobreza y se rodeó de gente sencilla para predicar un evangelio de solidaridad.

Para los que tuvimos la suerte de nacer en un batey azucarero dominicano  resulta muy fácil entender el espíritu de la Navidad, que siempre ha sido reafirmación de la fraternidad, búsqueda de los más desamparados, compromiso en la lucha por la justicia y el plátano para todos.

En esta Navidad nuestra solidaridad vuela a juntarse con Elena Lorac, encantadora muchacha de 23 años que lucha porque le expidan una copia de su acta de nacimiento para estudiar educación en una Universidad, o con Luis Felipe Fortiñez,   a quien ahora se le niega su condición de dominicano después de 47 años  de haber nacido en esta tierra, donde descansa su abuela, una inmigrante haitiana de principios del siglo pasado. En esos dos excluidos encarnamos la solidaridad con miles de hombres y mujeres, de todas las edades, condenados por simple decisión administrativa a vivir en un nuevo apartheid.

La solidaridad de la Navidad se extiende también a millares de obreros cañeros que durante años han reclamado el derecho a la jubilación para la que cotizaron durante décadas, regando con sangre, sudor y lágrimas los campos cañeros en los que se fundó durante un siglo el progreso dominicano.

Llegue también nuestra solidaridad a los cientos de miles de muchachos y muchachas a quienes esta sociedad negó el derecho a una educación y un empleo que les permita desarrollarse como persona, constituir una familia en ambiente sano y ser parte del progreso y la modernidad que pregonamos en los cenáculos del bienestar.

Sí, esta celebración, esta Navidad es para la reflexión, para los encuentros y reencuentros, para la solidaridad y la fraternidad. Que la paz de la Navidad nos alcance a todos y se reproduzca con generosidad. Amén.

 

¡Ay Bienvenido, te tocó a ti!

Por Juan Bolívar Díaz
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Todavía resuena, y quedará en la memoria de muchos, la exclamación con que la joven ingeniera Francina Hungría recibió a su madre tras la agresión del desalmado criminal que la ha dejado casi ciega: “ay mamá, me tocó a mí”.

La frase fue una nítida expresión de la inseguridad que vive una alta proporción de la ciudadanía ante una delincuencia en apogeo, cada vez más decidida a imponer su dominio sin la menor piedad, sea ante una hermosa joven, una venerable anciana o incluso un hombre en plenitud de facultades.

El asalto a la ingeniera Hungría y el calvario en que ha quedado sumida han conmovido a la población, despertando un sentimiento de solidaridad con ella y su familia y de absoluto y renovado reclamo de políticas que puedan revertir el proceso de descomposición social y de inseguridad en que se va sumiendo la sociedad dominicana.

Como siempre salen a flote los demonios de quienes promueven el crimen para combatir la criminalidad, de los que auspician la política del exterminio, de quienes confieren a la autoridad policial la facultad de matar primero y averiguar después, imponiendo la ley de la selva en las calles de barrios y pueblos de todo el país.

Recorrió el mundo la recomendación de tres diputados dominicanos al Jefe de la Policía de que incremente la política de ejecución de delincuentes que ha cobrado más de tres mil vidas en la última década, pese a lo cual la existencia  en el país se hace cada mes más insegura. Por la simple razón de que es imposible garantizar seguridad con la ilegalidad, violentando el Estado de derecho, con pistolas y ametralladoras. Y mucho menos cuando una considerable proporción de los actos delincuenciales son protagonizados por los propios agentes policiales, por militares y sus asociados.

La exclamación de Francina resonó esta semana por lo menos en Teleantillas, convertida en ¡ay Bienvenido te tocó a ti!, cuando un joven trabajador campesino fue asesinado por agentes policiales que “lo confundieron” con un delincuente y le cortaron la vida de cinco balazos.

Bienvenido Chalas tenía apenas 22 años y disfrutaba del aprecio de sus familiares y vecinos de la comunidad de Los Cacaos. Bajó a San Cristóbal en una motocicleta con su tío Angel Santana, quien aunque recibió un balazo en la espalda ha quedado en condiciones de testimoniar. Ante las cámaras televisivas relató que un “agente del orden” les disparó y ya heridos ambos, procedió a rematar a Bienvenido, que había caído: Le disparó cuatro veces más hasta estar seguro de que era cadáver. Eso pese a las súplicas de ambos y su empeño en sostener que eran hombres de trabajo y respetuosos de la ley.

Daño colateral podrían decir los diputados partidarios de que la Policía mate sin  dejarse ver de los periodistas. Fuego equivocado fue también el que la semana anterior arrancó la vida de 28 años de Yesenia Herrera, fruto de la balacera protagonizada entre “agentes del orden” y de la Dirección de Control de Drogas cuando creyeron que se realizaba un asalto.

¿Quién le devuelve la vida a Yesenia y a Bienvenido? ¿Cómo decirles a sus familiares que ellos son cuota inevitable de la barbarie? Nadie que sueñe con un Estado de derecho puede aceptar el consuelo de ¡ay Bienvenido te tocó a ti”. Y qué pena que el asesinato de Bienvenido, como el de Yesenia, no hayan causado conmoción ni roto tantos silencios. ¡Ay Bienvenido no esperaré a que me toque a mí o uno de mi comunidad afectiva!

 

Precisiones sobre déficit y austeridad

Por Juan Bolívar Díaz
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Tras la publicación el 18 de noviembre del trabajo “Leonel arroja leña al fuego nacional”, recibí una amable comunicación de un amigo que fue diplomático en el país durante varios años donde formula una importante precisión sobre el origen del déficit fiscal que confronta la economía española, que vale la pena compartir con los lectores:

“Los problemas de España no arrancan del déficit público, inexistente al comienzo de la crisis. Arranca de la explosión de la burbuja inmobiliaria y del endeudamiento privado, tanto de empresas (que compraban todo lo que revendía fuera de España), bancos (para poder seguir prestando a promotores inmobiliarios y conceder hipotecas) y las familias que se hipotecaban”.

“Ese es el enorme apalancamiento que supera el 300 por ciento del PIB. Luego, sí, el Estado ha incurrido en enormes déficits debido a la caída de los ingresos (que le ha venido muy bien a Leonel Fernández para confundir y manipular) y al aumento del gasto por ejemplo en subsidios de desempleo (aproximadamente un 3 por ciento del PIB). Piense, además, que las pensiones suponen un 9 por ciento del PIB. La pensión de jubilación media es de 951 euros/mes y entre jubilados, incapacidad (casi 1 millón) y viudez etc. cubre a 9 millones de personas”.

 Estas precisiones son fundamentales para entender la naturaleza del déficit fiscal español y la forma en que se ha manejado, que son similares al origen y manejo de la crisis norteamericana: la explosión de la burbuja inmobiliaria, el abuso de banqueros irresponsables, con apropiación de enormes sumas, lo que arrastró otros sectores de la economía y obligó a invertir decenas de miles de millones de dólares para rescatar hasta a la General Motors y la Chysler. Estados Unidos invirtió en eso mucho más de un millón de millones de dólares y es parte del déficit fiscal que padece, sin las consecuencias que ha tenido para España, no porque sea menor en relación al producto bruto, sino porque es quien rige la economía mundial. Aunque allí también parece que la capacidad de endeudamiento se agota peligrosamente.

 En España sólo la quiebra del consorcio financiero Bankia ha costado 23 mil 465 millones de euros, equivalentes a 29 mil 566 millones de dólares, y a un billón 220 mil 180 millones de pesos, que es 2.4 veces el proyecto de presupuesto dominicano para el 2013.

 Por cierto que un juez de la audiencia nacional ha encontrado suficientes razones para dar curso a una querella judicial contra 33 “consejeros” de Bankia considerando que sus ejecutorias “podrían desestabilizar todo el sistema financiero”.

 En resumen, que ciertamente hay déficits fiscales en España, como en Estados Unidos, pero de origen diferente al dominicano, y manejados institucionalmente, porque ni Zapatero/Rajoy ni Obama podían incurrirlo por decisión individual, burlando las normas constitucionales y legales, sin autorización del Congreso. Mucho menos podían meter a sus países en un déficit del 8.5 por ciento del PIB, (el español anda por el 6 por ciento) para ganar elecciones e iniciar una campaña electoral para volver al poder. Tampoco porque necesitaran terminar obras que la continuidad del Estado debía afrontar. Mucho menos para repartir y subsidiar gastos electorales.

 Otra precisión fundamental es sobre la austeridad y el gasto. En España, los que piden extremar la austeridad conspiran contra los pensionados o los servicios básicos. En República Dominicana la exigencia de austeridad es para reducir el dispendio y la corrupción a fin de que los recursos alcancen para la población más pobre, no en forma de dádivas de cajitas navideñas o la libra de arroz por día que permite el programa Comer es primero, sino para combatir eficientemente la pobreza.

 En España los legisladores no tienen barrilitos ni cofrecitos, ni cada entidad del Estado dispone recursos a discreción y sin transparencia para “planes sociales”. Tampoco hay organismos con cientos de empleados sin funciones ni los mandatarios tienen fundaciones con gastos millonarios mientras ejercen el poder público. Aquí austeridad es respeto a lo colectivo, como mandan la Constitución y numerosas leyes.

 

La responsabilidad de los jóvenes

Por Juan Bolívar Díaz
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Entre los grandes acontecimientos de los últimos años hay que ponderar el creciente protagonismo de la juventud dominicana que cada día con más entusiasmo está levantando las banderas de lucha por la creación de una nación de firmes bases institucionales, éticas y morales, donde quepan todos los sueños de justicia y solidaridad por los que tantos han dado la vida, desde los fundadores de la República.

 Como en todas las etapas de la humanidad y en todos los escenarios nacionales, son los jóvenes, y de la clase media, los que han encarnado las luchas frontales por la libertad, por la justicia, por la solidaridad humana. Con arrojo, entusiasmo, cantando y bailando en las calles, desafiando a los portadores de las inequidades e iniquidades.

 Ellos son los más arrojados cuando su formación intelectual les motiva a plantear nuevos estadios de convivencia, porque se resisten a aceptar lo obsoleto y apestoso, porque se sienten arquitectos de su propio destino y responsables incluso de la suerte de los que son víctimas de la ignorancia, de la manipulación, de la dependencia de los poderes establecidos. Liberándose ellos contribuyen a liberar a los demás.

 Los jóvenes de las clases medias, los estudiantes, los nuevos profesionales y activistas sociales y culturales son la sal y levadura de las sagradas escrituras, sin cuya acción responsable no hay progreso social. Jesús de Galilea dividió la historia humana y fue crucificado a los 33 años. Duarte y los trinitarios eran muchachos cuando emprendieron la independencia. Mandela era estudiante cuando inició la lucha contra el apharteid. No se conoce revolución alguna que no fuera obra de los ímpetus juveniles.

 Jóvenes fueron los que se enfrentaron a la tiranía de Trujillo y regaron con su sangre generosa los surcos de donde habría de brotar el árbol de la libertad y la reivindicación de la dignidad nacional. Tras la liquidación de la tiranía fueron los muchachos los que encabezaron las jornadas de lucha y aquella generación de los sesenta empezó a cambiar el país. No lograron asentar los mayores sueños sobre las astas nacionales, pero sembraron semillas e impidieron la restauración de la dominación absoluta.

 En algún momento de los ochenta-noventa los hijos de la generación de los sesenta-setenta como que recogieron las banderas. Muchos renegaron de las luchas de sus padres, considerándolas estériles, otros se asimilaron al sistema establecido y los más, rechazando el desorden de nación que heredaron, llegaron a la convicción de que su felicidad dependía de encontrar asiento en “los países civilizados”.

 Por esa ausencia la nación dominicana se ha mantenido en la adolescencia institucional, en la anomia social y en niveles de pobreza que avergüenzan, entre los últimos ocho de los 34 países del continente y en los últimos escalones de las evaluaciones de la educación, la seguridad y la salud, así como en el liderazgo universal en corrupción, malversación de lo público, falta de transparencia y de ahorro.

 Por múltiples razones, entre otras porque se van cerrando las fronteras migratorias, la juventud dominicana ha hecho consciencia de que este es el único lugar en donde no son extranjeros, que tienen una responsabilidad con sus ancestros, que no podrán prosperar con un sistema político tan inicuo.

 Hay que alentar la emergencia juvenil y dejarle suficiente espacio para que generen los nuevos liderazgos que necesita esta nación. Con la conciencia de que todas las luchas importantes son de largo aliento, que tienen que enlazar sus banderas con las de los sectores populares y las juntas comunitarias. Incluso con miles de jóvenes militantes de los partidos que se han ido formando en los últimos años con la esperanza de que les permitan construir un sistema político acorde con los mejores sueños de la sociedad dominicana. Sin sobrepasarse ni dejarse manipular, pero aprovechando las circunstancias, el movimiento juvenil tiene que fortalecerse para transformar las nación. Son muchos más los que tienen que sumarse. –

 

Nostalgias de Leonardo Favio

Por Juan Bolívar Díaz

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La partida de ese sublime cantor del amor y las cosas sencillas que fue Leonardo Favio en este noviembre otoñal cuando el calor empieza a dar paso al suave invierno caribeño, nos ha remitido directo, en vivo y sin escala a los gloriosos años sesenta cuando él y cientos de millones pretendíamos cambiar el fusil por la flor, el odio por la fraternidad, y el amor se imponía por encima de todos los prejuicios.

He tenido que darme un baño de Favio evocando los amores que fueron y los que se quedaron en la pibe o la chava o la compañera cuyas expectativas eran inalcanzables y hubimos de resignarnos simplemente a regalarle una rosa. Ay y cómo jugaba el viento con su pelo de niña…

Argentina ha llorado en estos días la partida de Favio más por actor y productor cinematográfico que por cantautor, ya que dos de sus películas son consideradas entre las mejores de la historia cinematográfica de ese país. Pero sin duda que se ha evocado también al poeta cantor, que fue como trascendió en el resto del mundo en la época en que todos queríamos aprender de memoria con la boca tu cuerpo muchacha de abril.

Pero Leonardo también ganó respeto por haber sido un combatiente por la vida, un ser humano de firmes convicciones, un artista que no concebía la felicidad como un arrebato individual. En una de sus últimas canciones dijo adiós, seguro de que volverá en los sueños de los niños y en la lucha de los trabajadores.

El cantor despierta las nostalgias de los finales de los sesenta cuando llegó su primer disco de larga duración a Radio Cristal. Allí lo impusimos lo mismo que a Joan Manuel Serrat. Porque en aquel templo de la 19 de Marzo se verificaba la mayor concentración de talento y sensibilidad radiofónica de la época.

En el departamento de producción estaban los poetas filósofos Miguel Alfonseca y Rafael Añes Bergés, además de Nobel Alfonso, Milton Peláez y Armando Almánzar. Se le sumaban Freddy Beras Goico y Cuquín Victoria. Casi todos idos a destiempo, lo mismo que Miguel Núñez y Felipe Gil, quienes junto a René Alfonso, José Enrique Trinidad, William Tavárez y Miguel Angel Herrera se encargaron de ponernos un Serrat o un Favio hasta que todos los radioescuchas los entendieron. Para saber cómo es la soledad, la soledad es un amigo que no está. O caminante son tus huellas el camino y nada más, porque caminante no hay caminos, se hace camino al andar.

Entre noticias vivas desde el lugar del hecho, palos y asesinatos políticos, desde el departamento de prensa, los prensúes  según Milton, se enviaban papelitos a la cabina para vibrar con los poemas de Machado que Serrat universalizó y recomponernos quedándonos con el clavel y la rosa de Favio. Es que el equipo de prensa también irradiaba versos. Allí estaba Elsa Expósito, a quien ya entonces llamábamos viejita, aunque transitábamos la segunda década. También Diógenes Céspedes, Aníbal de Castro, Roberto Nivar, Luis Minier, Julio César Espaillat y otros. Me tocó dirigir una verdadera pléyade periodística.

¿Cómo se juntó en Radio Cristal un paquetazo de talentos como ese? Fue gracias a la sensibilidad y la valentía del empresario Elizardo Dickson, ejecutivo de la Casa Vicini, quien compró a Radio Cristal y la puso en manos de “izquierdistas y comunistas”, relegados en otros medios. Eran años de un asesinato político  cada 28 horas y los 24 de diciembre nos íbamos para La Victoria anticipando al mediodía la cena de Nochebuena con un paquete de presos políticos.

Ya ven cómo nos ha llegado la nostalgia y las gratitudes por los compañeros y compañeras, los que siguen y los que emigraron definitivamente, especialmente por la viejita Expósito, que lleva años reducida por las enfermedades que anticiparon la partida del gran Leonardo Favio.

 

Cuidemos la libertad de expresión

Por Juan Bolívar Díaz
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Nunca me he situado entre los comunicadores que se creen por encima del bien y del mal, como tampoco he procurado privilegios en la vida profesional o en la social o personal. Proclamo que cada comunicador debe ser responsable de sus mensajes. Lo que no se puede sostener ante un juez, no debe comunicarse por ningún medio.

Pero a la vez siempre he militado en la defensa de la libertad de expresión, no solo como uno de los derechos humanos fundamentales, sino porque es el primer valladar a la tiranía y la opresión, como también instrumento fundamental en la lucha de los pueblos, los grupos sociales y las personas por la justicia y  el desarrollo.

Entre los periodistas dominicanos vivos tengo probablemente la más amplia experiencia en las consecuencias del ejercicio libre de la comunicación, pues sufrí la voladura con una bomba de mi automóvil, un segundo intento de asesinato, un autoexilio, una condena a dos años de cárcel y multa millonaria en un fusilamiento jurídico-político posteriormente anulado por la Suprema Corte de Justicia tras dos años de lucha, y he sido blanco de intensas campañas de ataques e intentos de descrédito.

Por eso enarbolo militantemente el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a proteger la más amplia libertad de expresión, como lo hace también la Constitución de la República y creo necesario advertir sobre los artículos 191-93 del proyecto de nuevo Código Penal aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. El primero establece que “Constituye  difamación la imputación pública a una persona, física o moral, algo que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, y se sanciona con pena de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios”.

El 193 amplía la pena “de dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve salarios” cuando la infracción perjudique al presidente o vicepresidente, a un legislador o al Congreso  Nacional, jueces de todas las cortes, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas o alguno de sus miembros, lo mismo que de la inexistente defensoría del pueblo. También incluye a la Procuraduría General y el Ministerio Público y cualquiera de sus integrantes, a los ministros, embajadores acreditados en el país y a los gobernantes de otras naciones.

La protección no podría ser más abarcadora del estamento político y tiene el claro objetivo de intimidar y reducir la investigación y denuncias de la podredumbre que envilece la función pública en el país. Y es más grave porque hace cierto tiempo no se esconden pujos autoritarios que pretenden uniformar la sociedad dominicana.

Esta misma semana en su autodefensa del déficit fiscal, el expresidente Leonel Fernández usó los términos más ácidos al referirse a “cierta parcela de la opinión pública” que lo acusa de haber dejado el país en insostenibilidad económica. Denunció a quienes creen que un déficit fiscal por encima de la Ley de Presupuesto es un delito, calificándolas como personas con “cerebro más orientado hacia la calumnia que a la razón, a la manipulación que a la verdad, y a un alma tenebrosa corroída por bajas pasiones”, tras proclamar que la opinión pública “no puede ser manipulada de manera antojadiza, sin consecuencias”.

Observen que no habló de difamación ni injuria, sino de calumnia y manipulación. El aviso está dado, y el que no reciba el mensaje y guarde indiferencia, no tendrá derecho a quejarse cuando se vean las “consecuencias”. Hay que enfrentar con toda energía el proyecto de los diputados, que contradice la tendencia universal de las democracias a despenalizar los llamados delitos de prensa, precisamente para evitar que el látigo de los poderosos se imponga sobre la libertad de expresión.

Vale recordar que hace años el presidente Fernández creó una comisión para actualizar la legislación dominicana de las comunicaciones sociales, de la que salió un proyecto que obviamente no satisfizo sus expectativas, pues nunca lo ha enviado al Congreso. Ahora se pretende imponer otro parche, no tributario sino intimidatorio.

 

El infinito desorden de las pensiones

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Desde hace años he venido denunciando las iniquidades e inequidades que se dan en las pensiones que paga el Estado, deplorando los persistentes privilegios y reclamando un mínimo de justicia para miles de maestros, enfermeras y trabajadores azucareros que tras décadas de trabajo mendigan en las calles por el derecho que les otorgan la Constitución y las leyes.

 En este mismo espacio el 30 de septiembre catalogaba como “Una casta de privilegiados” a los pensionados por la Superintendencia de Bancos hasta con 650 mil pesos mensuales, siguiendo una práctica instituida en numerosos organismos descentralizados y autónomos. También deploraba que cientos  de personas hayan sido pensionadas con asignaciones entre 25 y 50 mil pesos mensuales, sin haber trabajado para el Estado, muchos sin necesitarlas, como parte de la política de compra de lealtades, adhesiones o silencios, mientras el 87 por ciento de los jubilados estatales recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos.

 En un artículo anterior, del 22 de julio, denunciaba la flagrante violación de la Ley 379-81 que establece el “Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados Públicos”, cuyo artículo 2 indica que “En ningún caso el monto de la pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de esos sueldos”. Con las expectativas del nuevo Gobierno concluía en “cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entra como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades”.

 Durante años hemos denunciado cómo el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Banco Central, Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones estatales buscaron diversos mecanismos, algunos sin fundamento legal, para establecer pensiones privilegiadas al margen de la universalidad que plantea la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social.

Esta legislación establece el principio de la solidaridad, mediante aportes individuales a un fondo para pensionar a indigentes, lo que evaden la mayor parte de los funcionarios públicos mejor pagados. El experto en administración Cándido Mercedes ha sostenido que si esos privilegiados hubiesen estado en el nuevo régimen de seguridad social el promedio de los aportes individuales no sería 17 mil 993 pesos, sino 21 mil 575, y los fondos acumulados casi duplicarían los 182,547 millones de pesos actuales.

El decreto 616-12 del presidente Medina ha dispuesto la suspensión de contribuciones estatales a los planes complementarios que se multiplicaron en organismos públicos, y la Superintendencia de Pensiones ha mostrado disposición a hacer valer las leyes, lo que constituye un aliento a la esperanza de rectificación.

  Pero las revelaciones de los últimos días no dejan dudas sobre el infinito desorden en que han devenido las pensiones públicas y la relativización de la ética. Ahora sabemos que muchos de los pensionados privilegiados, a veces previa liquidación no contemplada en la ley, siguen cobrándolas, aunque reciben un salario por funciones públicas, incluyendo a jueces de las altas cortes.

 El diputado peledeísta Francisco Matos amenazó  con revelar una lista de 380 funcionarios públicos que cobran sueldo y pensión. Pero personas bien informadas  afirman que pasan de diez mil y que hay quienes reciben tres sueldos públicos, porque cobrando en un cargo, están pensionados por la universidad estatal u otro organismo autónomo o descentralizado y en el Gobierno central.

 El presidente Medina debería completar la rectificación del decreto 616, disponiendo cruzar las nóminas estatales para eliminar las dobles pensiones y suspenderlas a quienes siguen cobrando al Estado, práctica no solo absurda e inmoral, sino también violatoria de la Ley de Función Pública y de la Ley 379-81 cuyo artículo 11 prohíbe más de una pensión y prescribe que  si un pensionado vuelve al servicio público tiene que dejar de cobrarla. También debe cumplirse el máximo de ocho salarios mínimos y suprimir todas las que se han otorgado a personas que no tienen derecho a la misma, salvo enfermos o discapacitados. Y que en cambio se conceda pensiones  a todos los que reúnen los requisitos y que las andan mendigando. Es justicia lo que se pide.

Una democracia muy costosa

Por Juan Bolívar Díaz
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Los economistas y especialistas en administración deberían dedicar esfuerzos a calcular siquiera aproximadamente el costo que ha tenido para los dominicanos y dominicanas el último proceso electoral. Si lo hicieran se reafirmaría el criterio de que tenemos una democracia insoportablemente cara, además de frágil y primitiva.

En uno de sus informes de la observación del pasado proceso electoral, el movimiento cívico Participación Ciudadana, siguiendo los parámetros de mediciones internacionales, sostuvo que las elecciones dominicanas son las más costosas de América Latina y de las más caras del mundo. Estimando los gastos de la organización electoral, desde el año anterior más el financiamiento del presupuesto nacional a los partidos políticos, concluyó que los comicios salieron a razón de 30.4 dólares por elector.

Esa cifra es desproporcionadamente alta si se compara con los casos de Chile y Costa Rica, donde el costo es de 1.3 y 1.8 dólares por elector, o aún con los 2.3 dólares que le cuesta a cada brasileño. En México el diario El Universal publicó el 3 de julio que las elecciones presidenciales de este año salieron a 118 pesos mexicanos por elector, que a la tasa actual de 12.99 por dólar, equivalen a 9 dólares, menos de la tercera parte del costo dominicano. Si se quiere comparar con países más parecidos a la República Dominicana verifiquemos los 4.1 y 3.7 dólares por elector que cuestan las elecciones en El Salvador y Paraguay. No cabe duda que en este renglón negativo también lideramos, sino en el mundo como en la corrupción, por lo menos en América Latina.

Participación Ciudadana no incluyó en su cálculo el déficit de 700 millones de pesos en que incurrió una ostentosa Junta Central Electoral que regaló computadoras de última generación a los observadores internacionales. Aún así el costo real es mucho mayor si se suman los aportes privados a las campañas, de empresas y contribuyentes individuales, en dinero y especie, y el derivado del asalto político al Estado, en sus múltiples formas, de personal, dietas, vehículos, combustibles, pago clandestino de publicidad, en nominillas  y quién sabe cuántas marrullerías adicionales.

El otro costo, aún más descomunal, es el derivado del déficit fiscal, que en los comicios del 2008 y 2010 había sobrepasado los 50 mil millones de pesos, pero que en la primera mitad de este año por lo menos se duplicó. Sin contar con lo que ya había comenzado el año pasado.

Ese déficit fiscal ya lo han pagado los dominicanos en deficiencias de servicios. Y se seguirá pagando con nuevos gravámenes y ajustes de cinturones. Nunca sabremos por completo su soto total, ya que los gobernantes tienen un pacto de silencio sobre el particular, para proteger la buena fama del principal responsable de esa barbaridad, quien acaba de recibir en Canadá el título de Estadista del Año, entre otras razones por su “asombroso” manejo de la economía nacional, de parte de una fundación empresarial sostenida por agradecidas empresas con multimillonarios intereses en el país, como la Barrick Gold.

De cualquier forma, siempre habrá algunas “indiscreciones”, por lo que sabemos que el déficit del sector eléctrico estatal es de 1,800 millones de dólares, unos modestos 72 mil millones de pesos. También que a los hospitales de los pobres los dejaron tres y cuatro meses sin recibir su presupuesto,  que Salud Pública debe mil millones de pesos, que a Promese para medicinas populares les deben 600 millones de pesos, que la Procuraduría General le retuvieron 282 millones del subsidio a las cárceles, que a los contratistas del Metro les deben 500 millones de pesos y que la OPREP no tiene ni con que tapar las filtraciones de esa monumental obra.

¿Cuándo le pondremos límites a este primitivismo político, a esta burla a la ley de presupuesto, a estos despojos?  ¿Cuándo sancionaremos el delito político? ¿Cuándo dejaremos de ver como “normal” que quienes administren el Estado puedan disponer a su antojo del patrimonio nacional?

Son preguntas que laceran el alma de cualquiera y dejan un gran desafío a todos los que sueñan con una nación civilizada, democrática e insertada en la globalidad y la modernidad de que tanto nos hablan nuestros líderes políticos.-

 

¿Cuáles cinturones apretarán?

Por Juan Bolívar Díaz

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Todos deberíamos convenir con el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en cuanto a que ha llegado la hora de apretarnos el cinturón, dada la magnitud que ha alcanzado el déficit fiscal del gobierno, impulsado por el desguañangue que tuvieron que realizar para conservar el poder en las elecciones de mayo pasado.

Ese desguañangue prosiguió en el período de transición por el desbordamiento del gasto y del reparto realizado por el presidente Leonel Fernández, que en su competencia por superar a Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer como gran constructor de obras físicas, abusó hasta del dinero de los hospitales públicos para dar la pintura final a todo lo que era posible, aunque a gran parte de las obras le faltaren terminación interior y equipos para ser operadas.

Es impresionante también la magnitud del crecimiento de las nóminas del Estado en los últimos 20 meses del gobierno de Fernández, no sólo por vía del empleo, sino también con 20 mil 313 pensiones, una parte de las cuales fueron repartidas selectivamente con niveles de 25 a 50 mil pesos, aunque el 80 por ciento de los pensionados del Estado sólo reciben 5 mil 100 pesos mensuales. Una gran inversión de Leonel Fernández para abonar su eterna ambición de poder y reinar tanto o más tiempo que Trujillo o Balaguer.

El licenciado Reinaldo Pared Pérez debería comenzar por detallar cuáles cinturones cree él que deben ser los primeros en ser apretados. Si los de esa masa del 80 por ciento de la población que tiene salarios por debajo de 20 mil pesos mensuales, que a duras penas cubren el costo de la canasta básica, o los de los privilegiados que derrochan ofendiendo a los más pobres.

Daría un gran ejemplo el dirigente político y legislativo si comienza por plantear la eliminación de los barrilitos y cofrecitos de senadores y diputados para reducir su costo individual de 23.8 millones de pesos por año. Sólo con la eliminación del Fondo para asistencia social de los senadores (que no corresponde a la función legislativa) se ahorrarían 229 millones de pesos anuales, y si le suman los cofrecitos de los diputados y sus asignaciones para regalos navideños, por inicio del año escolar y las festividades de las madres y el amor, la reducción anual pasaría de los 500 millones de pesos.

El cinturón debería apretarse también, para ejemplificar y comenzar,  a todas los beneficiarios de pensiones privilegiadas, a los sueldos ofensivos que superen los 300 mil pesos, de todo el Estado sin excepciones, como están haciendo los gobiernos no sólo de España, Portugal y Grecia, donde el desmadre económico es insostenible, sino también en Italia y hasta en Francia, la segunda locomotora de la Unión Europea.

Como no hay partido de oposición en capacidad de poner freno al desbordamiento del gasto gubernamental y estatal, corresponde a las organizaciones de la Sociedad Civil endurecer su resistencia, fortalecer una gran coalición por la decencia política y económica, y tomarle la palabra al presidente del Senado.

Sí, que se planten con los “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”, aprobados por el Consejo Económico Social, y comiencen exigiendo que los administradores de la cosa pública sean los primeros en apretarse el cinturón, pero sin amortiguadores, no sólo con medidas cosméticas, reduciendo siquiera un diez por ciento al inmenso huacal de 777 mil asalariados y pensionados del Estado.

Como parece que el presidente Danilo Medina está realmente empeñado en rectificar barbaridades, un endurecimiento de la Sociedad Civil organizada, incluyendo el alto empresariado y las iglesias, pudiera ayudarlo a establecer límites. Este es el momento y la coyuntura propicia para obligar a los políticos a rectificar. Si simplemente se les da más recursos, la fiesta proseguirá. Estamos hartos de que prometan austeridad, como han hecho con cada reforma tributaria. Que cese definitivamente la malversación de nuestras contribuciones y comencemos a enjuiciar a los mayores corruptos.

 

Quien puede lo más, puede lo menos

Por Juan Bolívar Díaz

La suerte corrida por el proyecto de ley de regulación salarial del sector público viene a demostrar lo difícil que va a resultar reordenar el Estado dominicano y corregir las profundas desigualdades e irritantes privilegios que se han venido instrumentando en beneficio de una élite de altos funcionarios públicos, especialmente en los organismos autónomos y descentralizados.

En uno de sus últimos actos de gobierno, el día final de su mandato, el presidente Leonel Fernández acogió los alegatos de inconstitucionalidad que se han levantado desde organismos estatales contra un proyecto elaborado por el Ministerio de Administración y sometido al Congreso Nacional por el mismo titular del Poder Ejecutivo.

No estaba obligado el doctor Fernández a esa iniciativa. Debió dejar la decisión de promulgar u observar la ley al nuevo presidente Danilo Medina, cuyo equipo económico y legisladores allegados pusieron particular interés en la aprobación de la regulación salarial, partiendo de la necesidad de ganar legitimidad para reclamar a la población mayores contribuciones.

Es obvio que todavía los legisladores pueden ignorar las observaciones presidenciales a la ley que ya había sido aprobada por ambas cámaras, aunque se duda que demuestran tal firmeza, ya que dentro de ellos mismos hay fuertes corrientes que rechazan las regulaciones, no las del salario formal que en su caso hasta podría elevarse dentro de una política de equidad, sino en los complementos como gastos de representación, alimentación y vivienda, combustibles, pagos por asistir  a sesiones y comisiones, por Navidad y el Día de las Madres.

 Hay muchos salarios formales en el Estado que superan hasta seis y siete veces los 131 mil pesos que hasta ahora se paga al Presidente de la República, o que duplican y hasta triplican los 292 mil pesos que gana el presidente de España o los 257 mil de sus ministros. Pero algunos cuando se les agregan los pagos adicionales, incluso por asistir a reuniones de consejos en virtud del mismo cargo, llegan a superar el salario actual del presidente de los Estados Unidos, que es de 33 mil dólares, equivalentes a un millón 287 mil pesos mensuales.

Eso en un país donde el 70 por ciento de los asalariados perciben menos de 15 mil pesos mensuales, y de estos la mayoría menos de diez mil. Donde el sueldo mínimo del Estado apenas supera los cinco mil pesos mensuales. Los 450 mil pesos mensuales que propone la ley de regulación como tope máximo son casi 90 sueldos mínimos públicos y cerca de 50 veces el sueldo mínimo más alto del sector privado.

Así como hubo juristas que alegaron inconstitucionalidad en el proyecto de regulación, otros lo justificaron ampliamente. Hay en el debate cuestiones difíciles de entender como esa de que múltiples funcionarios tienen que ser mejor pagados que el jefe de la administración pública. Tampoco  se puede entender la devoción por el cumplimiento de las normas constitucionales que súbita y selectivamente se apodera de algunos. En España, Italia y Francia nuevos presidentes han dispuesto en las últimas semanas  reducciones salariales, de sueldos navideños, de financiamiento y uso de vehículos. Pero en la República Dominicana se cree imposible.

Hay una máxima popular que proclama que “quien puede lo más puede lo menos”. Y como el presidente Medina es quien está designando los altos funcionarios, incluyendo los titulares de la mayoría de los organismos autónomos y descentralizados, bien podría también fijarles el salario y limitarle los beneficios adicionales. El que no esté dispuesto a trabajar para el Estado por salarios por debajo de 450 mil pesos, que se los busque en el sector privado, donde esos niveles de emolumentos son bien escasos.  Si la justificación de los salarios sin límites es la responsabilidad y capacidad, hay que hacer justicia inmediata, por ejemplo, a los médicos de alta especialización que en el Estado ganan 30 o 40 mil pesos. Y si es porque es el precio de la honestidad, estamos perdidos con decenas de miles de policías y militares que ganan entre 5 y 20 mil pesos.