Y una sola explicación verdadera

Por Juan Bolívar Díaz

La única explicación verdadera al inmovilismo de las autoridades dominicanas frente al desbordamiento de la inmigración haitiana que se registra desde finales de la década de los ochenta es que tanto los gobiernos como una parte importante del empresariado son beneficiaros de una abundante mano de obra incondicional y barata que a su vez degrada la oferta laboral en el país.

El mantenimiento de tan amplia oferta laboral, que trabaja por salarios menores, sin horario ni días fijos de descanso, incapacitada de organizarse ni de exigir mejores condiciones de vida y trabajo, que duerme en las mismas construcciones y en casuchas es de los factores que han impedido a los trabajadores dominicanos crear y mantener  eficientes entidades sindicales.

Hasta los años ochenta una alta proporción de la inmigración haitiana se contrataba formalmente para el corte y tiro de la caña y era dotada de carnet por el Consejo Estatal del Azúcar. Al final de la zafra eran devueltos a Haití, aunque siempre algunos se quedaban clandestinamente. Pero a los 15 o hasta 20 mil braceros que traía el consorcio estatal, se empezó a agregar una proporción de informales, fruto de un tráfico humano que se pagaba en ambos lados de la isla y que pasó a ser una fuente de enriquecimiento de caciques fronterizos, de militares y buscones. Empeoró cuando el CEA dejó de contratar.

Primero se traían braceros para los ingenios privados y ya luego hasta para los del Estado. Y después pasaron a ser buenos para casi todas las actividades agrícolas, en proporciones que alcanzan hasta el 80 y 90 por ciento. Y más tarde ocurrió lo mismo con la construcción, y ahora con el chiripeo en general.

Y cuando el gobierno amplió el acueducto capitalino, comenzando los noventa, los contratistas apelaron a los especialistas en traer braceros directamente desde Haití. Eran más baratos que los que ya sobraban en el país. Se demostró en los servicios informativos de Teleantillas. Hasta para remodelar el edificio de la cancillería dominicana en los finales de los noventa, se apeló a los haitianos, como mostró el periódico El Nacional.

Lo más grave es que paralelamente los beneficiarios de esa inmigración tendieron una cortina de humo difundiendo e imponiendo la teoría de la invasión haitiana. Nunca hubo tal invasión, ellos los traían y les empleaban. Recuérdense las “tres anécdotas distintas…” del pasado domingo.

Durante más de 15 años entrevistamos más de 20 veces al padre Pedro Ruquoy, en el telediario Uno más Uno. Con valentía y energía denunciaba el tráfico de haitianos por la frontera, llegando a identificar por sus nombres y apellidos a los operadores del negocio, civiles y militares, de ambos lados de la frontera. Ese inmenso sacerdote que dejó las comodidades de su natal Bélgica para ejercer la piedad cristiana como director de la Pastoral para los haitianos de la Diócesis de Barahona, salió en el 2005 casi expulsado, acosado como propulsor de la haitianización del país.

Siempre abogó por la regulación de la inmigración haitiana, pero no podía ser indiferente ante la suerte de los que encontraba en los bateyes, llegando al extremo de declarar como hijo a un niño que encontró abandonado. El padre Ruquoy lleva cinco años ejerciendo la compasión y la solidaridad cristiana en un país africano y desde entonces otras decenas de miles de haitianos han cruzado la frontera, ya no solo para trabajar, sino hasta para mendigar en las calles. Y las autoridades nacionales siguen sin hacer otra cosa que esporádicas redadas para deportaciones sin la menor consideración humana. La nueva ley de Migración, fruto de muchos años de seminarios y consensos, lleva seis años esperando un reglamento.

Ya hasta los dirigentes haitianos vienen a decirnos que hay que abordar de manera seria el problema de la inmigración. Fue lo que hizo la semana pasada el Primer Ministro de Haití, Jean Max Bellerive, considerándolo tarea fundamental ahora que ha sido reactivada la Comisión Mixta Domínico-Haitiana. Esperemos que haya voluntad política para hacerlo.

Tres anécdotas distintas…

Por Juan Bolívar Díaz

Hubo que ponerle puntos suspensivos porque el título era demasiado largo: Tres anécdotas distintas y una sola explicación verdadera.

1.- Hace seis o siete años disfrutábamos un fin de semana de las paradisíacas playas que “descubrimos” en los años setenta junto al precursor Frank Rainieri en el extremo este de Punta Cana, cuando aceptamos una invitación de la asociación de hoteleros de la zona para ver los problemas ambientales que les afectaban. Pronto arribamos al “Pequeño Haití”, un increíble caserío levantado justo al lado de una multimillonaria construcción hotelera.

Se quejaban los empresarios de que las autoridades no acababan de eliminar aquel foco de contaminación ambiental que aparentemente no tenía justificación ni explicación.

La pregunta lógica de un “veterano periodista” cayó como una pedrada: ¿y cómo ustedes permitieron que ese asentamiento llegara hasta nivel de una barriada?

2.- Aquel almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio transcurría sobre rieles. Los invitados disertaban alegremente sobre los problemas que causaba al país la descontrolada inmigración de haitianos, que ya cifraban sobre el millón de personas que invadían todos los espacios y hasta lograban documentarse como dominicanos. Uno de ellos, nacionalista puro, hasta sacó una cédula para sostener su afirmación.

¿Y cómo consiguió usted esa cédula?  Esta vez lo que goteó como una guanábana madura que se deshace al caer fue la respuesta: porque mi hermano es constructor y muchos de sus obreros son de esos haitianos.

3.- El grupo pluridisciplinario data de 1977 cuando empezó a reunirse cada semana alentado por los inolvidables Eduardo Latorre y José Turul. Con la persistencia de Rafael Toribio y Frank Castillo ha podido mantenerse con reuniones mensuales para reflexionar sobre la realidad dominicana. Hace unos años, discutiendo sobre la inmigración un reverendo proclamó que “el problema de los haitianos es que odian a los dominicanos”.

La afirmación sorprendió por provenir de un religioso que había promovido hasta intercambios con sus colegas de Haití y porque no acostumbraba a formulaciones tan categóricas. El ambiente quedó helado cuando él mismo reveló que tenía una cocinera haitiana. Impetuoso como no he podido dejar de ser, le espeté: pero usted está fallando al poner la comida de su casa en manos del enemigo.

Juro que las tres anécdotas son rigurosamente ciertas, y de ellas hay múltiples testigos, varios de los cuales pueden estar leyendo este intento de artículo. Las tres parecen fruto de la ficción, pero pudieran ser más, por ejemplo si agregamos la de aquel político con finca cafetalera en el Suroeste que disertaba en Teleantillas sobre la progresiva “invasión haitiana”, y le preguntamos qué porcentaje de sus obreros eran de esa nacionalidad. No tuvo más remedio que confesar que por lo menos ocho de cada diez.

En todos los casos hay una misma explicación: hemos incentivado la inmigración masiva de haitianos para beneficiarnos de una mano de obra que es responsable ya no sólo de la caña, sino de todos nuestros principales cultivos y de la construcción, y va disputando los espacios del chiripeo y del trabajo doméstico. Y somos tan cínicos que sostenemos que le pagamos “lo mismo que a los dominicanos”. En algunos casos puede ser cierto, pero los indocumentados trabajan sin horario ni día de descanso, sin derecho a sindicalización ni al menor reclamo para no afrontar el riesgo de que venga “la migra” y los deporte sin sus familiares, bártulos ni salarios pendientes de pago.

El Pequeño Haití de Punta Cana o Bábaro no se creó por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque había que construir hoteles, y como a la mano de obra disponible no se le ofrecía ni una barraca provisional para vivir, se les permitió levantar casuchas en el vecindario, donde criaron hijos y luego defenderían sus espacios. Y lo grande es que seguían allí porque todavía encontraban quien los necesitara.

Estas anécdotas vienen a colación por el planteamiento que formuló aquí esta semana el primer ministro de Haití Jean Max Bellerive, quien proclamó que ahora que se ha reactivado la comisión mixta domínico-haitiana, ha llegado el momento de abordar de manera seria el problema migratorio.

Como estas historias tienen múltiples y filosas aristas, prometo continuar el próximo domingo, si Dios lo permite. Amén.

 

Por el simple imperio de la ley

Por Juan Bolívar Díaz

Por múltiples razones, la designación de un nuevo jefe de la Policía Nacional (PN) esta semana fue acogida con alivio por la opinión pública nacional, especialmente porque abre nuevas posibilidades de que al fin se cumpla el principio Constitucional y el Código Procesal Penal que responsabilizan al Ministerio Público de la dirección de las investigaciones criminales.

Es obvio que la jefatura del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín se había desbordado tanto que generaba una sistemática confrontación con la Procuraduría General de la República y los procuradores fiscales de todas las jurisdicciones. La confrontación había trascendido repetidas veces a los medios de comunicación desde hace mucho más de un año, y en los últimos meses arrastró preponderantemente a la Dirección Nacional de Control de Drogas en un descontrolado protagonismo en relevantes casos de narcotráfico, convertidos en una espantosa serie de intrigas, filtración de versiones tendenciosas y hasta contaminación de pruebas.

Las actuaciones policiales al margen del Ministerio Público fueron causa de sospechas de complicidades y hasta de sustracciones de cuerpos del delito, expuestas a los medios de comunicación social tanto en Santo Domingo como en Samaná. Consecuencia inmediata fue la degradación de la institucionalidad, el menoscabo de la función judicial y el disgusto inocultable de sus responsables. Era un secreto a voces que un número alarmante de funcionarios del Ministerio Público deseaban ser relevados de sus funciones, y hasta hubo uno que procuró un exilio dorado para salirse del foco de confrontación.

La decisión del Presidente de la República, aunque demasiado dilatada, viene a enderezar entuertos, por lo que debe ser acogida por todos los responsables y respaldada activamente por los preocupados por la creciente inseguridad y la desbordada impunidad.

Nadie puede ignorar que desde septiembre del 2004, hace casi seis años, entró en vigencia en el país un nuevo Código Procesal Penal que, siguiendo las corrientes institucionales internacionales, derivó al Ministerio Público la responsabilidad de dirigir las investigaciones criminales, señalando a la PN como un auxiliar de la justicia.

La flamante Constitución de la República proclamada el pasado 26 de enero, no deja el menor resquicio de dudas, pues su artículo 169 proclama que “El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación a implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige las investigaciones y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.

Si todavía alguien tiene dudas, debe remitirse al artículo 255 de la misma Constitución, donde se define la misión de la PN, afirmando que “es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”.

A continuación enumera sus funciones, especificando en el inciso 3: “Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente”.

No hay dudas de que se trata de una institución subordinada al Ministerio Público, por lo que no caben interpretaciones de ningún jefe policial.

La etapa de una policía protagonista, en pugna con los poderes civiles, por encima de la ley, disponiendo a su antojo de bienes y vidas, debe quedar definitivamente superada.

No sólo por el imperativo de la Constitución  y de la ley, sino también por la plena vigencia de un Estado de Derecho, que implica el fiel cumplimiento de todas las prerrogativas a favor de la ciudadanía que proclaman esos textos y de los que la nación es compromisoria a nivel internacional.

Hay que celebrar el encuentro del nuevo jefe policial, general Juan José Polanco Gómez, con las autoridades del Ministerio Público, el reconocimiento de sus funciones y la promesa de acatamiento.

Pero también estar vigilantes para que nunca más se imponga el capricho por encima de los mandatos constitucionales y legales. Esta nación está demandando, pura y simplemente, el pleno respeto a la institucionalidad democrática, lo que en la autoritaria y medalaganaria tradición dominicana será en sí mismo una revolución prometedora de un nuevo paradigma de convivencia social y desarrollo humano.

La primera reivindicación

Por Juan Bolívar Díaz

Si se da crédito a lo dicho por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, la primera reivindicación de los senadores que toman posesión mañana, 31 de ellos  de su mismo partido y el restante un aliado devoto que está consultando a la Virgen de La Altagracia si se juramenta en el cargo, podría ser elevarse el salario para corregir una distorsión.

Según lo dicho  por el presidente del Senado a la estelar periodista Esperanza Ceballos, los senadores sufren una grave injusticia que debe ser corregida, al ganar 50 mil pesos menos que los diputados. Trascendió que algunos querían corregirla al concluir la reciente legislatura.

Tal vez porque alguno advirtió el texto del artículo 140 de la flamante Constitución proclamada el 26 de enero pasado, el cual dice: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Como se puede observar, ese texto no deja duda y seguro será invocado por algunos que, como Pared Pérez, fueron de los arquitectos de la flamante Constitución, y evitarían que se convierta en otro “simple pedazo de papel”, como las 37 precedentes. Aunque es extraño que el reputado abogado no se haya referido a ese “imprudente artículo”.

Así pues hasta prueba en contrario los legisladores no podrán aumentarse sus remuneraciones sin violar la Carta Magna. Aunque no se descarta que encuentren alguna forma de interpretarla, como que todavía no se ha aprobado la ley que sancione esa inobservancia.

Otra podría ser una indexación de la inflación de los últimos años, que según el léxico fiscal de actualidad no es un aumento. O simplemente aplicarlo a los beneficios adicionales de los senadores.

Parece cierto que en el sueldo formal los diputados reciben más que los senadores, 175 mil a 125 mil mensuales. Pero hay “reivindicaciones” que no disfrutan los primeros. Los senadores reciben además 50 mil como gasto de representación, 25 mil por viáticos, 25 mil para hospedaje, y con asistir a 8 sesiones y a 5 reuniones de comisiones cada mes redondearían otros 40 mil pesos. Y no es tan difícil, fíjense que sería 2 jornadas de trabajo al mes, sin horario fijo.

Así las cosas, los senadores tienen un ingreso nominal de 265 mil pesos al mes, aparte de las asignaciones de 289 mil pesos para pagar personal en su oficina central, 142,500 para empleados en su oficina provincial y 190 mil para pago de servicios. Todos esos renglones totalizan 886 mil 500 pesos mensuales.

Si se le suman los “fondos para asistencia social”, (Barrilito), que promedian 598 mil 750, en proporción a la población representada (el mínimo de 420 mil y máximo 900 mil pesos por mes), el senador promedio sale a un millón 785 mil 250 mensuales.

Pero todavía habría que sumarle lo que cuestan los choferes y personal policial y militar que sirve a cada uno de ellos, pagados también por el Senado, lo mismo que gastos de teléfonos, pasajes al exterior y una exoneración impositiva de un   vehículo cada dos años que la mayoría vende por cientos de miles de pesos.

Como los senadores quieren igualarse sus sueldos nominales con los diputados, podría ser justo que éstos a su vez quieran igualarse los demás ingresos, por ejemplo cambiar sus “cofrecitos sociales” de 50 mil por un barrilito promedio de 598 mil.

Todo eso en un país donde el 88 por ciento de los empleados formales ganan menos de 25 mil pesos al mes, sin ninguna otra compensación, y el 60 por ciento menos de 10 mil pesos.

Donde el salario de más de la mitad de los servidores públicos, incluyendo los municipales,  está en 5 mil pesos o menos. Donde hace dos años el presidente Fernández dispuso que las pensiones del Estado fueran elevadas a un mínimo de 5 mil pesos, que es lo que reciben millares de maestros, enfermeras y otros que sirvieron al país durante tres y cuatro décadas.

No hay dudas, los nuevos “representantes del pueblo” tienen una buena agenda para iniciar sus labores con reivindicaciones salariales. ¡Manos a la obra carajo!

 

Análisis del resultado final de los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe

Por Juan Bolívar Díaz

México es el mayor ganador de medallas, al pasar del segundo al primer lugar, con 384 de las cuales 133, el 35 por ciento, fueron de oro, en ausencia de Cuba que hace muchos juegos es el líder de la región.

En total de medallas creció 40 por ciento.

Poblacionalmente no es tan significativo, pues los mexicanos son 110 millones, 150 por ciento más que Colombia, que es la segunda población de la región con 44 millones de personas.

2.- El gran ganador, sin embargo, resultó Puerto Rico, que obtuvo 167 medallas, 71 más que las 96 de hace 4 años en Cartagena de Indias, para un incremento del 74 por ciento.

Jamaica logró aumentar sus medallas de 22 a 42, una proporción del 91 por ciento.

3.- Aunque con menor proporción de incremento de medallas, Venezuela protagonizó un gran salto, al escalar  del cuarto al segundo lugar, desplazando a Colombia.

Consiguió 321 medallas, de las cuales 113, el 35 por ciento, fueron de oro.

Los venezolanos son sólo 29 millones, apenas el 26 por ciento de los mexicanos dominantes de la primera posición.

4.- Los atletas dominicanos registran también crecimiento, acumularon 133  medallas, 36 más que las 97 de los anteriores juegos, con crecimiento del 37 por ciento, quedando en quinta posición.

En medallas de oro pasan de 22 a 31, para un crecimiento del 41 por ciento.

La ausencia de cuba en Puerto Rico

5.- Para dimensionar estos resultados hay que tener en cuenta que Cuba no participó en estos juegos de Puerto Rico, y es el país que domina los Centroamericanos y del Caribe desde hace varias décadas, aunque sólo tiene el 11 por ciento de la población mexicana y, con 12 millones,  el 27 por ciento de la colombiana.

Hace 4 años los cubanos acumularon 285 medallas, de ellas 138 de oro, equivalentes al 48 por ciento.

Fueron 110 medallas más que México que entonces quedó en segundo lugar.

6.-La ausencia de Cuba –injustificable que no les dieran visas- explica en gran medida el incremento de las medallas de los otros principales países competidores.

Quien más se benefició de la ausencia de los cubanos fueron los mexicanos, cuyo incremento fue del 38 por ciento del total de las medallas que había conseguido Cuba hace 4 años.

Puerto Rico consiguió el 25 por ciento y República Dominicana el 13 por ciento.

En Relación a los XIX Juegos, de San Salvador, también sin Cuba

7.- Si comparamos los resultados de ahora en Puerto Rico con los anteriores en que Cuba no participó, los del 2002 en El Salvador, veremos que República Dominicana esta vez apenas obtuvo una medalla más, pero cuatro menos de oro, lo que quiere decir que el resultado fue peor que hace 8 años.

Quien más creció en este escenario fue Colombia con 81 medallas más, equivalentes a 45 por ciento.

El fracaso más notable fue el de Guatemala que entonces obtuvo 86 medallas y ahora sólo 69, reducción del 20 por ciento.

8.- En conclusión, por el número de medallas obtenidas, en relación a los anteriores juegos Centroamericanos y del Caribe, el triunfador fue Puerto Rico, con incremento del 74 por ciento.

Lo que algunos explican en el hecho de que, al haber sido sede, tuvo más atletas compitiendo.

Pero esto es sólo válido parcialmente, porque lo que se impone no es la cantidad sino la calidad.

Y a propósito de calidad, el gran triunfador fue Venezuela, porque fue el único que escaló una posición adicional a la de la ausencia de Cuba, y  por haber incrementado sus medallas de oro en un 131 por ciento al pasar de 64 en el 2006 a 113 ahora.

Puerto Rico aumentó su oro en 100 por ciento, de 24 a 48 medallas.

Y República Dominicana elevó el oro en 41 por ciento, de 22 a 31, en relación a los juegos anteriores.

Hay que dar crédito al mejoramiento de la calidad deportiva y competitiva de los venezolanos.

Tal vez se deba a mayor inversión de la República Bolivariana.

 

¡Por Dios Narciso, no exageres!

Por Juan Bolívar Díaz

Perdóname que utilice este espacio público, Narciso, para expresar mi sorpresa y hasta indignación porque un hombre ya viejo como tú, abuelo por demás, tenga que apelar a la exageración, y posiblemente hasta la mentira, para desacreditar una de las instituciones fundamentales de nuestra sociedad, la Policía Nacional.

Deberías saber que es muy difícil que te creamos la absurda versión de  que un oficial policial ordenó que te agredieran a patadas, y menos aún que sea cierto que te rompieron tres costillas, cuando cometiste la imprudencia de sumarte a un par de cientos de jóvenes que intentaban marchar, armados de flores, hacia el Palacio de la Policía Nacional.

Oye Narciso, ni en los peores tiempos de la represión balaguerista, cuando llegamos a contar un asesinato político cada 28 horas, como ocurrió en 1970, a ningún policía se le ocurrió entrarte a patadas ni romperte costillas. Y mira que tú diste carpeta. Me consta porque en algunos de esos años me tocó ser reportero y dar especial seguimiento a la represión política.

Creo que tu exageración es más deplorable porque quien gobierna el país y es el comandante supremo de la PN es el doctor Leonel Fernández, que te ha distinguido y cuando te alcanza a ver en algún lugar público, se acerca para saludarte. Él no permitiría que quedara en la impunidad una agresión de esa naturaleza en tu contra.

Además, de haber sido cierto, hace rato que los editoriales de los diarios y los comentaristas de radio y televisión –y ahora si somos muchos Narciso, no como en aquellos tiempos- habrían exigido a unanimidad una reparación de tal iniquidad.

Como tampoco puede ser cierto que le entraran a macanazos a esos muchachos, bastante revoltosos, por cierto, que arman grupos de facinerosos con nombres tan descriptivos como La Revuelta, La Multitud, Forjando Patria, o Toy Jarto ya. Creían que porque llevaban flores en las manos tenían derecho a llegar hasta el palacio policial con un lema como “Policía no me mates, yo me paro pero en lo claro”. Todo un escándalo porque nuestros agentes del orden mataron a dos o tres imprudentes que no atendieron a tiempo la señal de pare en calles medio oscuras de tu ciudad.

No Narciso, no es fácil entender que un abuelo como tú se mezcle con esos muchachos para desafiar a las autoridades y que se resistan en vez de colaborar con la magnífica labor profiláctica que realiza nuestra PN al mando del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

Si no lo sabías, en los tres años que este mes cumple nuestro Cirujano al mando de la PN han muerto más de mil doscientos antisociales en intercambios de disparos con los agentes del orden. En 2008 fueron oficialmente 457, tan sólo 1.3 por día. Y el año pasado parece que se produjo una reducción a sólo 1 cada día. En este año hemos perdido la cuenta, pero aunque son muchos, no se espera que supere el récord de hace dos años.

Fíjate Narciso que el reconocimiento a nuestro comandante policial es tan fuerte que el miércoles estuvo disertando nada menos que en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Apuesto a que allí nadie le preguntó de dónde sacan sus agentes licencia para en este “Estado de derecho” fusilar a cientos de muchachos casi todos menores de 30 años, pobres pobladores de la marginalidad urbana, muchos de ellos aficionados al robo y el asalto. Aunque como en todo en la vida con frecuencia se cometen errores, que son “subsanados” con la destitución de los responsables.

Tienen los agentes tanta puntería que aunque de paso se han llevado muchachas y ancianos y hasta un sacerdote, todavía no se han equivocado en Naco o Piantini con el hijo de un tutumpote, como decía tu amigo Juan Bosch.

No Narzo, déjate de cuentos y de amenazas de demandar a la PN, que tú sabes que eso no llega a ningún lado. Tú lo que tienes que hacer es dar gracias a Dios, a Leonel, y al general Guzmán porque al fin de cuentas sólo te rompieron tres costillas. Después de casi medio siglo dando carpeta a las fuerzas defensoras de la civilización.

Y es más si tu denuncia fuera cierta, hasta yo estaría demandando una reparación. Caramba es que yo también soy abuelo y el tiempo no me ha encallecido el alma!

 

El autorretrato de Sobeida Félix

Por Juan Bolívar Díaz

Aclamada por multitudes que quieren verla y tocarla, a ritmo de consignas que la proclaman la gran mami nacional, Sobeida Félix Morel, una muchacha -todavía lo parece- de origen humilde y ricos atributos físicos, que no llegó a ninguna universidad, se ha convertido en un fenómeno de masas, capaz de romper durante horas la programación “prime time” de los principales canales de televisión.

Durante los últimos diez meses hemos asistido a su consagración como la gran diva nacional, capaz ella solita de cargar con todo el peso del narcotráfico y el lavado de dinero rampantes en el país cada vez con mayores ribetes de criminalidad,  escándalo,  y complicidad. La hemos perseguido convencidos de que si la condenamos lograremos reivindicar el honor nacional.

No la pudimos capturar, ni siquiera con la ayuda americana, y cuando cayó su marido José David Figueroa Agosto, ella decidió entregarse y pidió ser enviada a su país para enfrentarse a nuestra justicia. Y ahí está, como dice Ernesto Cardenal en su Oración a Marilyn Monroe, “insistiendo en maquillarse en cada escena”, como si fuera consciente de que su vida ha sido transformada en un gran set cinematográfico. Después que “llegó papᔠy “llegó mamá”, acaba de llegar “la gran mami”.

Confieso que me he esforzado en estos días en tratar de desentrañar el fenómeno Sobeida y no encuentro otra explicación: se trata de un autorretrato de la sociedad dominicana, de sus perversiones y frustraciones, de la confusión de valores, de nuestra anomia social, de la resignación que esta semana rechazaba don José León, del cinismo de nuestras autoridades, y también de la afición del dominicano por la chercha y la distracción.

 Conscientes de nuestras debilidades, los estrategas gubernamentales aprovecharon la ola del sobeidismo para anunciar un aumento de los precios de los combustibles, y consideran a toda máquina qué otra multa nos impondrán para compensar siquiera parcialmente los desbordamientos fiscales del último proceso electoral.

El fenómeno Sobeida es una creación colectiva. Lo iniciaron las autoridades que desde el principio la convirtieron en figura central de una red de narcotráfico que la opinión general vincula al poder, político, militar y policial, como la de Paya, la de Toño Leña y la del señor Del Tiempo, las tres figuras más relevantes del escándalo del narcotráfico del último año. Del Tiempo, Toño y Figueroa fueron arrestados en España, Venezuela y Puerto Rico, después que se nos escaparan. Al igual que como ocurrió cuando el caso Quirino hace casi seis años, confesamos que no tenemos capacidad para juzgarlos. En cambio la justicia dominicana espera reivindicarse con Sobeida.

Nuestras limitaciones y debilidades convierten a Sobeida en una mujer legendaria, en un episodio del drama nacional. Y por eso es admirada por gente que se agolpa a su paso, alrededor de Najayo o del tribunal. Muchos y muchas con ilusiones de tocar su fortuna, sin importar legitimidad, ven en ella el retrato de sus propias frustraciones, en esta sociedad de la impunidad, donde la soga siempre se rompe por lo más débil.

Imposible negarle sus propios méritos. Ella ha lucido radiante, inteligente, con autocontrol, serena aún con chaleco y casco protector, llevada y traída por un aparataje de más de un centenar de antimotines, amets y secretos. Y en capacidad para ocultar sus temores en una sociedad donde los jefes policiales ya envían sus familiares al exterior para protegerse hasta de su propia sombra.

Extasiado ante Sobeida, no he podido desprenderme de la memoria este fragmento de la oración de Cardenal por Marilyn Monroe:

Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad

Tú no culparás tan solo a esta empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda

Soñó con ser estrella de cine. Y su sueño fue realidad, pero como la realidad del tecnicolor.

Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestra propia vida, y era un script absurdo

Perdónala Señor y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esa colosal súper  producción en la que todos hemos trabajado.

 

¡Ay si nos dieran un chance!

Por Juan Bolívar Díaz
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Virgilio Gautreaux es de esos comunicadores que aprovecha las posibilidades del Internet para bombardear la conciencia ciudadana con ocurrencias de todos los calibres, como la de esta semana donde pregunta qué pasaría en el país si se eliminara una serie de instituciones estatales que sólo sirven para succionar gran parte de los recursos que deberían destinarse a la educación, la salud pública, la vivienda y otras prioridades del desarrollo humano.

 Él comenzó por pedir la eliminación de unos seis ministerios, de organismos inoperantes como el Inespre y el Instituto Agrario, superintendencias que nada supervisan como la de Electricidad y Seguros. También quiere economizarse lo que se paga a todos los ministros sin carteras y los 140 viceministros.

 Gautreaux amplía su sueño a que se reduzcan al 50 por ciento los cargos diplomáticos y consulares y los de embajadores adscritos y a que se dejen sin efecto las designaciones de cientos de funcionarios en las embajadas dominicanas, que no realizan ninguna función. Simplemente se les mantiene en el exterior.  Así mismo reducir el número de alcaldías, regidurías y legisladores, estableciendo sólo dos diputados por  provincia, lo que limitaría esos representantes a un tercio de lo que tenemos, que ya son 183.

 Plantea también la reestructuración de múltiples organismos públicos, fusionándolos, la reducción de personal en todos los ámbitos de la administración pública, incluyendo las instituciones descentralizadas, así como la eliminación de todos los cargos clientelares, sin dejar cabeza de miles de periodistas, asesores de imagen y relacionistas públicos.

 La comunicación de Virgilio Gautreaux puede haber llegado a límites radicales, pero en términos generales supondría una alta racionalidad en el uso de las contribuciones de la ciudadanía, acopiando recursos para la educación masiva de los dominicanos y dominicanas, único camino que nos podrá conducir por las sendas del desarrollo humano, sin exclusiones masivas.

 Leyendo la propuesta cualquiera cae víctima de la utopía y se pone a plantear ¡ay que pasaría si nos dieran un chance! Si pudiéramos implantar un gobierno que persiga activamente la corrupción, que exija a todos los funcionarios  justificar las riquezas que acumulan, que renuncie a utilizar los recursos públicos para prolongarse indefinidamente en el poder.

 ¿Qué pasaría si llegara al poder un grupo de utopistas capaces de mantener los principios y planteamientos de las campañas electorales, que no se transfiguren en potentados tan pronto ganan una elección, que sean coherentes entre sus planteamientos públicos y su vida privada?

Este país necesita otra generación de militantes políticos con capacidad para imponer un nuevo liderazgo sin avasallar las disensiones ni pretender unanimidad, con respeto de la diversidad, con filosofía de inclusión con convencimiento de que “lo que importa no es llegar solo y de prisa, sino con todos y a tiempo”.

Pero sobre todo, -¡ay Virgilio!- esta nación necesita cuatro o cinco presidentes consecutivos que se dediquen a solucionar los problemas de hoy, no a gobernar en función de quedarse para siempre. Que se sientan felices de sembrar la semilla de la educación, de la seguridad social y la salud, aunque los frutos no broten en cuatro o cinco años y no puedan ser inaugurados.

¡Ay si nos dieran un chance! Qué pena Virgilio que el pragmatismo político lo esté abarcando y dominando todo y que todos estos sueños parezcan cada vez más utópicos. Y sobre todo qué pena que los más desposeídos no puedan rebelarse ante tanta ignominia.

Defensa de libertad de expresión

Por Juan Bolívar Díaz
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Una serie de acontecimientos están dando señales de que es necesario que los verdaderos comunicadores dominicanos y todas las instituciones y personas preocupadas por los derechos fundamentales aúnen voluntades para defender la libertad de expresión y difusión del pensamiento, una de las reivindicaciones que más firmemente se ha mantenido en el medio siglo que casi media desde la liquidación de la tiranía de Trujillo.

En la segunda mitad de la década de los sesenta y en los setenta cuando las libertades fueron reducidas hasta el grado de que no se respetaba ni el derecho a la vida, a la asociación y sindicalización, y cuando había cientos de presos políticos y miles de exiliados, la libertad de expresión y difusión del pensamiento pudo ser mantenida, no sin un alto costo en vidas y seguridad de los comunicadores.

Por encima de importantes diferencias, el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, la Asociación Dominicana de Diarios, la Asociación Dominicana de Radiodifusores y múltiples instituciones sociales, coincidieron en diversos grados en la defensa del ejercicio comunicacional. Hubo prolongados períodos de confrontación y múltiples actos de valentía que marcaron la diferencia entre la autocracia y la tiranía cuando las bandas civiles y militares del balaguerismo imponían el terror.

A partir del 1978, cuando empezó el más prolongado período de ejercicio democrático en la historia del país, con sus altas y bajas, hemos tenido a orgullo proclamar que ejercemos una libertad de expresión y difusión relativamente vigorosa.

Sería injusto sostener que el actual Gobierno ha conspirado contra esa libertad, madre del Estado de derecho. Pero una serie de hechos dejan sombras y obligan a pedir rectificaciones y a fortalecer la unidad –dentro de la diversidad- en la defensa de ese patrimonio, clara herencia de décadas de luchas por establecer una sociedad democrática.

La intimación del director del Instituto Agrario Dominicano, Héctor Rodríguez Pimentel, contra el acreditado programa televisivo El Informe de Alicia Ortega y la denuncia de amenazas contra la vida del indoblegable periodista Marino Zapete son las últimas expresiones de lo que parece ser un programa para reducir las dimensiones del periodismo más preocupado por la corrupción y la descomposición social.

Pero en los últimos meses hemos contactado cierres administrativos de emisoras y canales televisivos, iniciativas judiciales temerarias contra comunicadores, así como campañas de denuestos que se traducen en presión sobre quienes investigan y denuncian anomalías políticas, económicas y sociales.

El retiro de la intimación contra el programa de Alicia Ortega es una rectificación parcial, pero no anula la gravedad de esta iniciativa, por carecer de precedente en la historia del periodismo dominicano y porque deja una espada de Damocles sobre la fuente de sustentación económica de la industria de la comunicación social, que es la publicidad.

Es significativo que el Gobierno del presidente Leonel Fernández, un profesor de comunicación social, haya pretendido desentenderse de la grave intimación contra los anunciantes de uno de los programas televisivos de mayor reputación. Los cuestionamientos formulados a Rodríguez Pimentel no se refieren a su vida privada, sino a sus funciones gubernamentales, y han sido compartidos hasta por el procurador adjunto director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. No se puede olvidar que el doctor Otoniel Bonilla lo calificó de “corrupto patológico”.

Para los que gobiernan debería ser más que suficiente el haber incorporado a miles de comunicadores a la nómina pública, en una política encaminada a comprar adhesiones y silencios de comunicadores y de medios. Pero aparentemente también se quiere acallar las voces que persisten en denunciar la corrupción y reclamar y rendición de cuentas.

Las circunstancias obligan a una solidaridad militante con las víctimas de la intolerancia y a incrementar la vigilancia y la firmeza en la defensa de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. –

 

El caos vehicular llegó a su tope

Por Juan Bolívar Díaz
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Debemos orar porque sea firme el propósito anunciado esta semana por el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), general José Aníbal Sanz Jiminián, de emprender una campaña para enfrentar el caos del movimiento vehicular de esta ciudad de Santo Domingo, que parece estar llegando a su tope.

 Hay quienes estiman que si las autoridades dilatan en establecer límites al enorme desorden que nos afecta, será muy difícil revocar los niveles de violación de la ley y de anarquía que está alcanzando la circulación en las calles capitalinas, convertidas en una verdadera jungla donde ya ni los más osados pueden salir airosos.

 Es obvio que en las últimas semanas la vuelta de los apagones que sacan de servicio  y rompen la sincronización de los semáforos y las múltiples construcciones viales simultáneas están contribuyendo a convertir en agonía la circulación vehicular. Es incalificable que se estén construyendo múltiples  pasos a desnivel y una nueva línea del Metro al mismo tiempo afectando los dos ejes viales fundamentales que cruzan la ciudad de este a oeste y las consiguientes confluencias de norte a sur. Es obvio que la prisa está por encima de toda racionalidad y prudencia, cobrando un alto costo en combustibles, desgaste de los vehículos, accidentes, tiempo, salud y paciencia de la ciudadanía.

 Mientras todo el esfuerzo de las autoridades está encaminado a la construcción de obras como vitrina de exhibición política, la ausencia de otras medidas complementarias y cautelares está permitiendo el enorme desorden que se advierte a todas horas del día y la noche, con desprecio de las más elementales normas, como los semáforos, los carriles de circulación y el régimen de estacionamiento.

 Sanz Jiminián anunció esta semana por Uno Más Uno el inicio de un conjunto de acciones para las cuales pide el apoyo de la ciudadanía. Y de inmediato comenzó a detener a los motoristas que circulan sin cascos, sin placa ni identidad, lo que a su vez ha generado protestas y hasta desordenes por parte de los confrontados.

 Toda la opinión pública debería darle apoyo a la campaña que inicia la AMET, la que esta semana entraría en una fase más formal, de acuerdo a lo prometido. Pero ese apoyo tiene que ser condicionado a que no se limite a la batida contra los motoristas, que son el lado más flaco de la larga soga del desorden circulatorio.

 Todos sabemos que la crisis del transporte tiene múltiples facetas que deben ser enfrentadas en el orden estructural como en el normativo, en el educativo como en el coercitivo. Las grandes inversiones en construcción vial de las últimas décadas no han sido eficientes, habida cuenta de que cada vez se ha complicado más la circulación, y el transporte se ha encarecido aumentando la ineficiencia.

 Múltiples diagnósticos y recomendaciones siguen quedando engavetados y la improvisación marca la pauta de las autoridades ante los ojos atónitos de una población que ya ni siquiera recibe información fundamental. Por ejemplo, desde el año pasado se construye una segunda línea del Metro, sin que se haya informado quién ganó el concurso  convocado en octubre pasado, ni cómo se está financiando y cuál será su costo.

 Aunque este gobierno es prolífico en el gasto publicitario, incluso en promocionar innecesariamente la ineficiente línea del Metro en servicio, todavía no se invierte  un peso para incentivar la educación de los conductores de vehículos y el respeto a las normas.

 Con más de 20 mil carros de concho y unos cuatro mil minibuses, en alta proporción pasados de tiempo, con calles y avenidas convertidas en estacionamiento, Santo Domingo hierve a todas horas del día en impotencia y salvajismo a la espera de la acción de autoridades diseminadas en una decena de organismos ineficientes.

 Si en ese panorama aparece alguien que quiera comenzar a hacer cumplir las normas, no hay más remedio que bendecir tan buena disposición y apoyarlo, aunque sin dejar de advertir que eso no será suficiente, que se requiere una política integral, y que urge hacerlo pronto.