¿Para quién fue ese mensaje?

Por Juan Bolívar Díaz

Me cuento entre muchos que andan buscando el destinatario del comunicado conjunto publicado el pasado día 19 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial reclamando sanciones para los responsables de las quiebras bancarias que afectaron severamente la economía nacional a partir del 2003. Aunque pasara desapercibido para algunos medios, a muchas personas llamó la atención la contundencia de esa comunicación, compactada en un solo párrafo, donde las dos entidades financieras internacionales comienzan diciendo que junto a “otros socios multilaterales y bilaterales están apoyando al país en su esfuerzo para la resolución de los problemas acarreados por la crisis bancaria”.

En el mismo párrafo se sostiene que “El fraude de Baninter precipitó una crisis financiera equivalente al veinte por ciento del PIB y lanzó a un millón y medio de dominicanos a la pobreza”.

Más específicamente el comunicado indica que “El sistema multilateral, del cual el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo forman parte, espera se tomen decisiones que sirvan de ejemplo a las futuras generaciones, a la vez que permitan no solamente castigar a los responsables de los fraudes bancarios, sino también mantener el clima de confianza que ha permitido la rápida recuperación económica experimentada por el país”.

Algo debe estar pasando que no ha sido percibido por la opinión pública nacional para que esas dos instituciones internacionales hablen un lenguaje tan específico. Y no hablan solo a nombre de ellas dos, con suficiente peso en el marco internacional y nacional, sino que se refuerzan aludiendo a “otros socios multilaterales y bilaterales”, así como al “sistema multilateral”.

Hay que investigar para ver si algo podrido se mueve al respecto en esta tierra que no logra inspirar respeto internacional por la propensión de sus hijos más relevantes al chanchullo, a la violación de las normas nacionales o universales, a la trampería y el tráfico de cualquier género, y al culto a la impunidad cuando se trata de grandes delitos siempre ejecutados por personajes relevantes.

El comunicado es extraño porque no contiene nada que no hayan dicho antes representantes de esas dos instituciones, del Fondo Monetario Internacional, y de los socios bilaterales, que no son otros que Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña, Italia y otros países cuyos embajadores han sido demasiado claros  y hasta reiterativos sobre los fraudes bancarios.

Hay que recordar que una vez descubierta la crisis de Baninter, y aún cuando el gobierno abrió las bóvedas del Banco Central para cargar con un déficit estimado en principio en 56 mil millones de pesos, y que luego sobrepasó los 80 mil, transcurrieron 6 semanas antes de que el 13 de mayo del 2003 se dijera lo que se había descubierto. Y para ello fue preciso que el gobierno de Estados Unidos hiciera saber que no era conveniente la visita que a mediados de ese mayo haría el presidente Hipólito Mejía a Washington, si antes no se hacía transparente la crisis financiera.

Para el mundo exterior ha resultado más contradictoria la dicotomía con que el actual gobierno ha enfrentado la situación con enfrentamientos en su propio seno, debido a la prevalencia en el mismo de intereses vinculados a los banqueros acusados. El ámbito político gubernamental, incluido el Presidente de la nación, ha sostenido que  no hubo fraudes, sino que los bancos fueron quebrados por mal manejo de la economía por parte de las autoridades de turno.

Por honrada convicción fruto del conocimiento de todos los detalles, las actuales autoridades del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, evidentemente aguijoneados por los organismos multilaterales, incluyendo al FMI que lo incluyó en su último tratado con el Estado dominicano, y los socios bilaterales, han mantenido los procesos judiciales abiertos a los banqueros, sin eufemismos, indicando que fue el “fraude bancario” lo que hundió la economía nacional  y generó millón y medio de pobres. Tal vez la declaración BID-Banco mundial fue generada porque el juicio a los ejecutivos del Baninter está a punto de entrar en el conocimiento del fondo, tras numerosos incidentes que han llevado tres años. O porque recientemente hubo un cambio de Procurador General y se quería enviarle un mensaje. O porque ha aumentado la ofensiva contra Héctor Valdez y Rafael Camilo, gobernador del Banco Central y  Superintendente de Bancos, quienes han manejado la situación con inusitada valentía.

En cualquier caso, el mensaje ha sido franco y directo y obliga a investigar. Me declaro abierto a escuchar explicaciones sobre el comunicado de esta semana.

Los que las tienen saben cómo localizarme y de antemano garantizo confidencialidad.

Por un proyecto de nación

Por Juan Bolívar Díaz

No es por accidente ni tampoco por coincidencia que en las últimas semanas se viene manifestando todo un movimiento de opinión pública encaminado a lograr que la educación ocupe el primer lugar, que le corresponde, en la escala de las inversiones y el gasto del Estado. Primero un foro promovido por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, luego se manifiesta todo un Movimiento socioeducativo Dominicano que mantiene en Internet un documento para la firma de todas las personas preocupadas.

Más adelante un comunicado de Acción Pro Educación, (EDUCA). Es que en estas semanas la Oficina Nacional de Planificación prepara el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el año venidero y hay que aprovechar la coyuntura para reclamar al Gobierno el cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97.

El próximo año, cuando esta ley va a cumplir su primera década, es circunstancia más que propicia para que por primera vez se cumpla su artículo 197 que establece que a la educación se le debe destinar cada año “un mínimo del 16 por ciento del gasto público total o un cuatro por ciento del producto bruto interno” (PIB) y sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes.

Aunque todos los gobiernos y líderes políticos nacionales plantean que la educación es la base fundamental del desarrollo y prometen darle prioridad, la realidad es que el gasto no ha pasado nunca del 3 por ciento del producto bruto, y que este año ha estado ligeramente por encima de 2, apenas el 9 por ciento del presupuesto.

“Nuestra inversión en educación, sea expresada como porcentaje del PIB o en dólares por estudiante es de las más bajas de la región.

Los resultados de nuestros estudiantes en las pocas evaluaciones internacionales en las que hemos participado son igualmente pobres.

Cada día es mayor la brecha entre la calidad de la educación en los colegios élites de los grandes centros urbanos y la de nuestras escuelas rurales”. La cita anterior es de EDUCA, fundación del empresariado para promover la educación, la cual llega a sostener que “Las deficiencias de nuestra educación son tan nocivas como la delincuencia y la criminalidad”, ya que impiden que muchos dominicanos puedan acceder a trabajos productivos, condenándolos a la pobreza.

Y porque es responsable de la falta de institucionalización, del creciente deterioro del orden cívico y moral, con sus consecuencias de corrupción, delincuencia y criminalidad.

“Nos encontramos ante la deprimente realidad de que nuestros resultados en cuanto a calidad, eficiencia y equidad de la Educación, siguen estando entre los peores de todos los países de la región”, sostiene.

En un artículo publicado en Areíto, HOY, el sábado 9 de septiembre, Ramón Flores da cuenta de una evaluación del Foro Económico Mundial sobre la capacidad competitiva de 115 países, donde la República Dominicana ocupa el último lugar en calidad de la escuela pública, el antepenúltimo (113) en calidad de la enseñanza de matemática y ciencia, y el 111 en calidad del sistema educativo en general.

El pasado miércoles el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Luis Henry Molina, dijo a HOY que sólo uno de cada diez niños que entran a la educación primaria completan el bachillerato.

De éstos sólo el 20 por ciento llega a carreras técnicas o universitarias, y de los cuales sólo cuatro terminan. Reveló que de 700 abogados que concursaron para el último curso de esa institución, sólo 40 pudieron pasar el examen de admisión.

La convicción general es que esta sociedad ha perdido el rumbo y está en serias dificultades para salir adelante en un mundo de competitividad. Que nuestros niveles de capacitación andan tan bajos que ameritan una verdadera revolución.

El Movimiento Socioeducativo reclama garantizar el derecho de todos los niños y niñas a la educación, la formación actualizada y adecuada de los maestros y educar para una cultura ciudadana de equidad y justicia social.

También dignificar la profesión docente con remuneración que permita a los maestros superar la pobreza y la mendicidad, extender la jornada escolar a 8 horas diarias, reducir el número de alumnos por aula y construir los locales necesarios en plazo de 5 años, con una política de edificaciones equipadas con materiales didácticos adecuados, entre otros aspectos. Como el presidente Leonel Fernández se cuenta entre los más entusiastas proclamadores de la educación como fundamento del desarrollo y expresa frecuentes preocupaciones por la globalización y la brecha digital, es razonable esperar que tome en cuenta este movimiento reivindicativo de la inversión educativa.

Que este Gobierno defina un proyecto de nación fundamentado en el desarrollo de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, proclamando la revolución educativa fundamental para reducir la peor de las brechas que es la social. Ojalá que crezca este movimiento sin dar la más mínima tregua hasta conseguir el objetivo.

Cierren ese reducto burocrático

Por Juan Bolívar Díaz

Si el gobierno no tiene recursos para mantener el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) siquiera al limitado nivel en que había pasado las últimas décadas, procede que lo cierre definitivamente y se economice los 32.3 millones de pesos que le destina cada mes.

El propio director del organismo, José Francisco Peña Guaba, se cuenta entre quienes sienten frustración por la precariedad a que ha sido reducido, imposibilitado de cumplir la función sino de estabilizar los precios, como le atribuye originalmente su ley orgánica, al menos de paliar la situación de algunos productores cuando la oferta supera la demanda.

Hasta el pasado gobierno, el INESPRE por lo menos compraba excedentes agrícolas y sostenía un programa de “ventas populares”, ofreciendo alimentos básicos a precios por debajo del mercado en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Era lo más aproximado a un programa para paliar la pobreza sin llegar al puro asistencialismo reductor.

Un informe indica que entre enero y julio del 2004, el gobierno destinó mensualmente al INESPRE un promedio de 125.4 millones de pesos, el cual se redujo a 40.6 millones de pesos en los meses restantes de ese año.

Los 32.3 millones de pesos que está recibiendo cada mes del 2006, representan la cuarta parte de hace dos años.

Esa suma, confiesa el propio Peña Guaba, apenas alcanza para pagar los empleados, a los cuales se destina el 67 por ciento del subsidio, es decir 21.6 millones de pesos cada mes, y para abonar a deudas de 275.9 millones de pesos acumuladas con suplidores, para prestaciones a ex empleados y para el pago de servicios básicos.

En la importación de alimentos el INESPRE tenía algún margen de beneficio, a menudo vendiendo irregularmente las cuotas a comerciantes y traficantes. Esa fuente, que en la anterior administración alcanzó 1,429.5 millones de pesos, también se ha reducido a sólo 221.5 millones en los dos años de este gobierno.

Es muy probable que la reducción de los permisos de importación al INESPRE sea una decisión acertada, sobre todo cuando en los últimos años han disminuido las importaciones de alimentos. Una reorientación debería enfocarlo básicamente a productos nacionales para combatir la expoliación de los productores agrícolas, especialmente de los pequeños y medianos, manteniendo al mismo tiempo los mercaditos donde ellos mismos podían ofrecer sus frutos, que llegaron a ser decenas en numerosas ciudades.

Las ventas populares en múltiples momentos cumplieron un papel positivo en la oferta de alimentos a menores precios en los barrios más pobres. Era importante que no se trataba de dádivas humillantes.

Si ahora el dinero no alcanza para mantener esos programas, es imperdonable que se esté desperdiciando más de 32 millones de pesos cada mes para mantener parasitariamente un reducto burocrático de cientos de personas.

Es cierto que Peña Guaba se fajó por el partido de gobierno y el presidente Fernández en las tres últimas elecciones y que su Bloque Institucional Socialdemócrata ha sido el aliado que más votos aporta, pero por eso mismo podrían buscarle un oficio más digno a él y sus seguidores allí enquistados. Muchos de ellos a lo mejor podrían hasta ser buenos para ser enganchados y entrenados por la Policía Nacional que requiere recursos humanos.

Aunque bien vista la situación del gobierno y su pobre política de gasto social, a lo mejor lo más conveniente fuera reactivar los mercados de productores, las compras de excedentes y las ventas a bajos precios en los barrios. Tal vez eso mejore el promedio de bateo del gobierno.-

Pedernales no está tan lejos

Por Juan Bolívar Díaz

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Procuraduría General de la República deben intervenir para evitar el despojo de que están siendo víctimas 107 familias agrupadas en la Asociación de Agricultores La Nueva Fuerza de la comunidad El Puente de Olivares en Pedernales.

Dirigentes de esa asociación vinieron a Teleantillas la semana pasada para denunciar el despojo de las parcelas en que fueron asentados por el IAD en 1998 y los apresamientos y atropellos, incluyendo la destrucción de dos siembras, de que han sido víctimas por parte de un señor que reclama los terrenos con la complicidad de las autoridades locales.

Se trata de familias muy pobres  que muestran el “Título Provisional” número 3361 firmado por el entonces director del IAD, ingeniero agrónomo Paíno Abreu Collado, fechado el 5 de noviembre de 1998, del Asentamiento AC-444 Manejo Racional Bosque Seco III, correspondiente a la Parcela Catastral 40- 41.

Son antiguos carboneros que ocupaban la parcela desde 1994, cuando crearon su asociación buscando una forma legítima de ganarse la vida, y que merecieron la atención del Estado.

Pero desde el año 2000, en la medida en que se ha hablado de desarrollo turístico en la región, los terrenos comenzaron a ser reclamados por el señor Previsterio Pérez y Pérez. Están ubicados cerca de Cabo Rojo, justo en la zona que se señala como alternativa a la construcción de hoteles en Bahía de las Aguilas.

A causa de los reclamos los agricultores perdieron su cosecha del 2000 cuando un tribunal de Pedernales los condenó por supuesta invasión de propiedad privada: pero la Corte de Apelación de Barahona los descargó mediante la sentencia correccional 69-2002 del 5 de abril del 2002.

A partir del año siguiente la asociación La Nueva Fuerza comenzó a recibir asistencia económica y técnica del Centro Cultural Poveda que la incluyó en su proyecto Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de la provincia Pedernales, financiado por la Comunidad Autonómica de Madrid y la Fundación Intered Intercambio y Solidaridad, a través de la Agencia Internacional de Cooperación Española.

Con esa asistencia pudieron comprar una bomba de agua y levantar una infraestructura mínima, mientras procedían a la siembra de yuca, batata, lechosa, berenjena y melones.

Pero en junio pasado, pese a la sentencia de la Corte de Apelación de Barahona, autoridades judiciales de Pedernales, con auxilio de militares y policías apresaron a 25 agricultores, atendiendo al reclamo ahora de Yonny Pérez Saldaña,  hijo del reclamante original. Un documento denuncia del Centro poveda acusa a la fiscal, el gobernador y el nuevo senador entre los favorecedores de la acción.

Los seis dirigentes de la asociación pasaron nada menos que 45 días presos hasta que firmaron un documento que les fue presentado reiteradas veces, en el que se comprometen a no volver por los terrenos donde los asentó el IAD. Mientras el señor Yonny Pérez Saldaña, hijo del reclamante original, se ha posesionado de las tierras.

Tanto los agricultores como el Centro Poveda tratan ahora de interesar al  IAD y a la Procuraduría General de la República para que hagan valer el título provisional y la sentencia de la Corte de Apelación de Barahona. Pero aparentemente no han podido lograr la atención de los funcionarios.

La situación amerita la intervención del Instituto Agrario para que explique si es que ha revocado el título provisional en base al cual decidió la Corte de Barahona. A ese organismo es al que corresponde defender a los agricultores asentados.

Mientras tanto, esas 107 familias no sólo sufren atropellos y amenazas, sino que están en la más absoluta miseria y abandono, confiando todavía en que haya un mínimo de justicia en esta sociedad. Esperemos que este grito de auxilio sea escuchado antes que el drama se convierta en tragedia, y que pronto esos humildes campesinos puedan retornar con garantías a las tierras que les entregó el Estado. Y si algún derecho cabe a los reclamantes, que sean compensados por el IAD, pero no a costa del despojo de los más desposeídos de bienes y de la asistencia de las autoridades.

Es cierto que Pedernales está lejos de los centros del poder nacional, pero no tanto para que sea anulado por la fuerza un asentamiento del Instituto Agrario Dominicano.

Josefina Padilla: 60 años de luchas

Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez que alguien habla de cansancio o frustración en las luchas sociales y políticas para la superación de la sociedad dominicana yo pienso en ella, y la busco y la encuentro siempre enhiesta, como una bandera que flota eternamente al ritmo del viento caribeño, símbolo de reciedumbre humana, precursora del ascenso de la mujer dominicana.

Ahí está sin que le pesen las ocho décadas que hace casi dos años viene celebrando y desde que la conocí en los años sesenta la he visto presente en todas las causas, como primera mujer candidata a la vicepresidencia en la boleta socialcristiana que encabezara Alfonso Moreno Martínez en 1962.

En la defensa militante de la soberanía nacional tres años después. Luego en los movimientos de la izquierda socialista.

Tropezó con los pragmatismos, sectarismos y demás miserias de las luchas partidarias y se salió pero nunca ha dejado de militar en las luchas por la justicia, la libertad, la dignidad de nuestro pueblo, tomando apenas los descansos necesarios para meditar y retomar impulsos. La hemos visto en todos los escenarios de lucha por la libertad de los presos políticos, por el retorno de los exiliados, por las libertades sindicales y políticas, por la libertad de expresión, por la transformación de la universidad, en la denuncia de la corrupción y las exigencias de transparencia y rendición de cuentas.

En los años setenta y ochenta dedica parte de sus inagotables energías a las actividades académicas, donde tampoco se conformó con poca cosa y por eso fue dirigente fundamental del Movimiento de Transformación Universitaria, llegando a la vice-rectoría  de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Desde la fundación del movimiento Participación Ciudadana la hemos visto en todos los momentos de luchas y agonías, sin lamentos, dando testimonio de firmeza y constancia, de que como decíamos hace tres décadas, “en las luchas del pueblo nadie se cansa”.

Los méritos de esta imperturbable mujer son mucho mayores cuando se recuerda que ella partió de una noche nacional apenas salpicada de chispazos de resistencia.  Entró a la facultad de medicina de la Universidad en 1943 cuando la tiranía trujillista imponía su férreo dominio sobre todos los ámbitos de la nación. Entonces sólo 7 de 80 estudiantes de medicina eran mujeres. Su espíritu refractario a toda dominación y opresión pronto anduvo alentando las rebeldías iniciales contra la tiranía y entre 1945 y 47 forma parte de los doce fundadores (ella la única mujer) directivos de la Juventud Democrática, un movimiento político apartidista que “defiende los intereses políticos, sociales y culturales de la juventud, de los trabajadores y de todos los dominicanos” y que “lucha por el desarrollo y consolidación de un régimen democrático, progresista y popular, por la consecución de las libertades políticas y de la independencia económica de nuestra patria…”

Proclamado el 15 de octubre el movimiento de la Juventud Democrática no pudo ser resistido ni un año por la tiranía, que lo declara fuera de la ley, junto a otras expresiones de la resistencia política originados tras la segunda guerra mundial aprovechando la brecha impuesta por el escenario internacional. Casada con Rafael Augusto Sánchez, mantendrá en silencio su rebeldía durante los años de apogeo de latiranía.

El preso político desde 1959 es asesinado el 2 de junio de 1961 en la cárcel de La Victoria, tras el ajusticiamiento de Trujillo.

Y ella queda con 8 hijos, seis mujeres, que desde entonces son su mayor haber espiritual y con los que ha disfrutado y sufrido, incluyendo la muerte temprana de dos de ellos y otros dramas humanos.

Pero nada ha logrado perturbar este espíritu indomable que se mantiene como ejemplo energético de entrega, demostración palpable del inconmensurable valor de la condición humana.

Por todo eso y muchas cosas más es que en estos días en que se oye hablar de desalientos he buscado a doña Josefina Padilla Deschamps viuda Sánchez para que su ejemplo contribuya a insuflar alientos y renovar esperanzas.

Todos sus amigos y los que insisten en hilvanar sueños solidarios deberíamos unirnos para reconocer en vida y plenitud a esta extraordinaria mujer, ahora, el 15 de octubre próximo cuando se cumplen 60 años de la emergencia de la Juventud Democrática.

A ella y a sus compañeros sobrevivientes: José A Martínez Bonilla, Juan Doucudray Mansfield, José Ramón Martínez Burgos, Alfredo Lebrón Pumarol, y Carlos León Pumarol.

El desafío está lanzado. Debería ser una ocasión justa para proclamar la persistencia de los sueños y las semillas de la solidaridad humana.

La gesta del peregrino de Dajabón

Por Juan Bolívar Díaz

Lo que al principio pareció una actividad folklórica o la iniciativa de un aventurero buscador de publicidad, terminó convertido en una verdadera gesta nacional, seguida por cientos de miles de personas, a su paso por poblados y ciudades, o a través de los medios de comunicación. El gesto de Angel Sosa, “El Hombre de la Cruz”, fue interpretado correctamente por una gran parte de la ciudadanía que reconoció la forma innovadora en que reclamó del Presidente de la República el cumplimiento de promesas de obras para su comunidad, especialmente la reconstrucción de la carretera que une a Dajabón con Loma de Cabrera, allá en la caliente Línea Noroeste, fragmento patrio relegado de las inversiones y los servicios.

Durante 11 días, Sosa recorrió los 305 kilómetros que separan a Dajabón del Palacio Nacional, cargando una cruz de madera de más de 30 libras, cuyo peso iba en aumento en la medida en que el cansancio y hasta el malestar físico se apoderaban de él, tras soportar lluvias, sol y sereno.

Al completar la primera semana tuvo que ser hospitalizado en una clínica de La Vega, afectado por problemas pulmonares.

Pero su fuerza de voluntad le permitió reanudar la marcha al día siguiente, hasta llegar exhausto a la capital.

Cumplida la meta sufrió un mareo sintomático de que se habían agotado sus energías físicas, por lo que volvió a requerir internamiento clínico. Sosa no es un aventurero ni un oportunista, como lo demostró al rechazar la oferta de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad para que trabajara en Dajabón por 10 mil pesos mensuales, y los cinco mil pesos que de inmediato quisieron avanzarle funcionarios del gobierno, con lo que hubieran anulado su ejemplo.

En vez de tomar con humildad y sentido humano el gesto de Sosa, en ámbitos gubernamentales se pusieron dramáticos, celosos de una nueva iniciativa para reclamar cumplimiento de las promesas del presidente Leonel Fernández, renovadas poco antes de los comicios de este año cuando, buscando votos, movieron algunos equipos para simular que comenzaban la reparación de la carretera.

Con un poco de sensibilidad y hasta sentido del humor, los funcionarios del gobierno lo hubiesen recibido en una oficina o salón del Palacio Nacional, con jugos y ponches calientes para él y sus más cercanos acompañantes y con atenciones médicas. No pasó de la oficina de recepción ubicada en el estacionamiento de vehículos de la sede gubernamental. Su presencia sirvió para que el país se enterara que las obras del interior estaban paralizadas desde mayo, obviamente por el gasto abusivo de la campaña electoral.La peregrinación tampoco fue una improvisación. Sosa llevaba meses llevando su cruz cada día 4 desde su casucha del poblado de Los Miches hasta Dajabón, para hacer una parada frente a la Gobernación, reclamando el arreglo de la carretera.

Llama la atención el interés de los medios de comunicación y la comunidad nacional por el peregrino, lo que conlleva un meta-mensaje al corrompido sistema político: debajo de cualquier yagua vieja cualquier día puede salir tremendo alacrán.

Es también un desafío a la originalidad y la constancia de cuantos en el país tienen reclamos colectivos pendientes, como esa mitad de la población que vive bajo niveles de pobreza. Es también una demostración de que con sacrificios se puede desafiar un sistema que cada vez se torna más insensible y excluyente.

Toda la comunidad debería mirarse en Angel Sosa.

 No es un desquiciado ni un exhibicionista. Un agricultor humilde que tuvo la capacidad de descubrir un método eficiente para llamar la atención sobre los reclamos de su comunidad, sin violencia y sin poner en juego más que su propia vida, que le pertenece.

Sobre él dijo el padre David Pantaleón, párroco de Loma de Cabrera y Restauración: “comparto casi llorando las hermosas experiencias de solidaridad que ha vivido de tanta gente buena y sensible a lo largo de su vía.

Yo solo pude estar en la salida para la bendición de la cruz y tuve el honor de caminar un rato con él.

Pero desde ese día me persigue hasta en los sueños este gesto valiente, heroico y noble, la silueta de un padre de familia desempleado, arrastrando por todos esa cruz fronteriza hacia la gran ciudad de los megaproyectos”. Cientos de compueblanos de Sosa le acompañaron al entrar a la capital la tarde del martes 15, entonando la salve que cantan en la parroquia La Altagracia de Loma de Cabrera: No le temo al sacrificio Agua, sol, lluvia o sereno. Desde lejos vengo andando Peregrino del Dios bueno.-

Los imprescindibles de toda la vida

Por Juan Bolívar Díaz

(A la imprescindible Marina Hilario)
El espectáculo montado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional con los proyectos de la isla artificial y de equipamiento de la Policía Nacional ha lacerado el ánimo de mucha de la gente dominicana, sembrando mayor desconfianza y hasta desesperanza en la regeneración de la actividad política.

Esta última década de pragmatismo político salvaje va dejando huellas terribles en el alma de muchos y muchas luchadores, especialmente en los integrantes de las relevantes generaciones de los sesenta y setenta que hilvanaron y acariciaron montones de cambios en la sociedad dominicana post Trujillo.

En la medida en que esas generaciones entran en la curvita resbaladiza de los años, comienzan a pasar balance y generalmente no encuentran suficientes motivos para sentirse satisfechos. Los hay y, aunque en algunos aspectos hasta parece que retrocedemos, una revisión minuciosa y tranquila nos permite comprobar que hemos cosechado más luces que sombras.

El error de esas generaciones fue no darse cuenta de que esta sociedad es mucho más conservadora que lo que sospechamos, recurrentemente autoritaria, excesivamente proclive al lamento y con poca disposición para la militancia masiva y sostenida. Por esas razones los cambios son y serán muy  lentos y requerirán de enormes energías reunidas en el altar de la colectividad.

A raíz del madrugonazo legislativo Marina Hilario, una exquisita e infatigable militante del progreso social, pegó un grito en la red: “necesito algún experto en política que de razones para seguir creyendo que es posible que en algún momento cambien las cosas en este país”.

Tras pasar un rápido balance a su propio proceso vital, con su carga de luchas y expectativas, Marina confiesa que hace tiempo trata de encontrar una razón para seguir creyendo que este país cambiará positivamente dejando atrás sus eternas como profundas dolencias.

El grito fue respondido por varios compañeros y compañeras de la vida. Me gustó la respuesta del sociólogo Ramón Tejada Holguín, quien se dice consciente de que la pregunta es retórica “porque hay algo de visceral en lo que hacemos, algo que se nos metió en el alma en algún momento, de nuestras vidas y ese algo no se sale ni con tanta desesperanza”, para concluir en que esas circunstancias nos obligan a repensar nuestras acciones y ser más efectivos en nuestros esfuerzos e intentos.

La respuesta que más me impactó fue la de la también socióloga Miriam Díaz Santana, no porque sea mi hermana, sino tal vez porque fue la más elaborada. Ella se sentó a responder, tan largo que me obliga a resumir:

“Contribuyo con las causas en las que creo porque me siento bien haciéndolo y porque, en última instancia, me sentiría peor renunciando frente a las dificultades. Creo que es importante hacer lo posible porque esas causas tengan resultados positivos, pero si no los tuvieren, o si yo no alcanzara a verlos, de todas maneras hago de cuenta que estoy sembrando una semillita o una mata, y que algún día alguien comerá sus frutos o se recostará bajo su sombra.

“Pienso en las grandes figuras de la historia que me inspiran admiración o respeto. La mayoría nunca vieron realizados sus ideales, pero igual vivieron dedicados a ellos y pasaron a la memoria eterna justamente por su fe, su perseverancia y desinterés. Las personas con altos niveles de conciencia siempre han sido minoría, en todas las épocas y lugares y, si uno se considera dentro de ese selecto grupo, no debe sentirse mal, sino orgulloso.

“Pienso en mis hijos y nietos, en la clase de ejemplo que quiero darles, en los valores que he tratado de inculcarles, y decido que a esta altura de mi vida no puedo traicionar esos valores y que me gustaría que me recordaran como una persona perseverante, honesta y confiada en que la forma de vida que he escogido es la correcta.

“Pienso que si la vida que me puso justo en este lugar, en este momento, es por algo. Si me dio las capacidades, las ideas y la fuerza que tengo debo hacer honor a ellas, ser fiel a mí misma y no pensar demasiado en los resultados. En última instancia no me da la gana de darme por vencida, pues después de tantos años no les voy a dar la razón a los que piensan que no vale la pena la lucha por ideales. Llegar a esa conclusión sería una frustración muy grande”.

Después de este mensaje, que comparto rotundamente, me siento relevado de agregar otras reflexiones. Nada más concluir con la recurrida cita del universal poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, un rebelde de principios del siglo pasado:

Hay hombres (y mujeres) que luchan un día y son buenos. Hay muchos que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.

Sociedad de hipocresías y chantajes

Por Juan Bolívar Díaz

Después de muchos años de debate en el que organizaciones vinculadas a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer reclamaban la despenalización sino total al menos parcial del aborto, el nuevo Código Penal aprobado al vapor en el madrugonazo legislativo con que se despidió la mayoría perredeísta, ha agravado irracionalmente la situación.

De repente se fueron a la porra todos los diálogos y consensos que se había logrado a nivel de comisiones legislativas, y en un frenesí legislativo de último momento diputados y senadores decidieron que hay que perseguir duramente a toda mujer que se practique un aborto, a los médicos que colaboren en el mismo, a quien pudiera hacer de intermediario y a cualquier que provea medios materiales que faciliten la interrupción del embarazo.

Contrariando criterios científicos y psico-sociales modernos se dio marcha atrás a un cierto consenso para despenalizar el aborto terapéutico, que es el recomendado cuando está en peligro la vida de la madre, y cuando el embarazo haya sido fruto de una violación.

Según el “nuevo” Código Penal aprobado, una mujer que interrumpa un embarazo para salvar su vida, tendrá que vérsela con la justicia y será castigada con prisión de entre 4 y 10 años. La que anule un embarazo causado por violación también sería encarcelada. En vez de compasión, justicia y solidaridad, la sociedad la sancionará como criminal si no acepta el fruto de esa violencia. Simple formalidad porque no se conoce un caso de mujer condenada por abortar.

Sólo la hipocresía y el chantaje pueden explicar que la sociedad dominicana esté todavía tan lejos de la racionalidad, compartiendo con cuatro o cinco países del continente el honor de sancionar el aborto terapéutico y el originado en una violación.

Hipocresía porque las instituciones de la salud estiman que en el país se practican entre 80 y 100 mil abortos por año. Al ser considerado un crimen, se hacen en la clandestinidad, a menudo en precarias condiciones que arrastran la vida de las mujeres.

Hipocresía porque mujeres de todas las clases sociales apelan a ese recurso último para interrumpir el embarazo. Las pudientes en condiciones confortables y bajo atención médica, la mayoría pobre en situaciones de alto riesgo. En la mayoría de los casos llegan a los hospitales públicos en proceso de abortar, con complicaciones de salud y frecuentemente pagan con sus vidas.

Hipocresía, porque muchos de esos legisladores que insistieron en penalidades de 4 a 10 años a cualquiera que “causare o coopere directamente a causar el aborto de una mujer embarazada”, sin distinción de ninguna especie, saben que están agravando la situación de las más pobres que se autoinducen el aborto y luego se presentan a los hospitales buscando asistencia.

Los dirigentes del Colegio Médico Dominicano y de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia están clamando por la observación presidencial de esos aspectos del código y por su revisión legislativa. Porque entienden que en adelante muchos de sus miembros serán más renuentes a prestar asistencia a las mujeres que les lleguen en proceso de abortar. De hecho se señala que siempre algunos médicos han sido renuentes a prestar esa atención profesional y reprenden a las mujeres en proceso abortivo.

Las mujeres abortan porque no se les educa para evitar embarazos indeseados, porque se les estigmatiza y priva de la educación, porque las repudian sus familiares, porque no pueden educar y mantener los hijos, porque pierden sus precarios empleos.

El aborto es un problema social y no un acto delincuencial que ha sido despenalizado en gran parte del mundo desarrollado. Hasta entre los teólogos se ha debatido por siglos en qué momento de la concepción o el embarazo “entra el alma al cuerpo” o se puede considerar que existe ya una nueva persona humana, fruto de derechos. Ni hablar en el mundo científico y de las autoridades laicas del universo.

Merece respeto la concepción religiosa de quienes creen que ni siquiera se puede evitar el embarazo por otros medios que no sea la abstención sexual, pero rechazo que eso se le trate de imponer con penalidades a quienes opinan lo contrario.

El atraso es tan grande que todavía en los hospitales públicos dominicanos y en el de las Fuerzas Armadas se rehuye la responsabilidad de ofrecer facilidades a las mujeres pobres e ignorantes que paren abundantemente para que puedan evitar nuevos embarazos.

Sólo el chantaje en el que caen autoridades y legisladores sin personalidad ni valor, muchos para ganar indulgencias por arrastrar colas que le pisen, o para obtener visados al poder, puede explicar que todavía predominen legislaciones fruto del fundamentalismo religioso.

Un mar de incoherencias y confusiones

Por Juan Bolívar Díaz

Una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos días indican que vivimos en un mar de incoherencias y confusiones que por momentos parecen fruto de una mano maestra de la perversidad, aunque son en realidad una expresión de la extrema degradación a que está llegando peligrosamente la política dominicana.

Es como si políticos de todas las corrientes estuvieran empeñados en arrancarnos a jirones la poca fe que nos va quedando en las instituciones políticas y sus líderes. Como si de esa forma fueran a borrar del mapa todo género de cuestionamientos para vivir, entonces sí, a sus anchas, en un mundo de anomias y anemias sociales, económicas y políticas.

Por razones de espacio tengo que concentrar esta reflexión en lo ocurrido en el Congreso Nacional, sin que ese sea el único ni el principal escenario de incoherencias, confusiones, transacciones y corrupción de la sociedad dominicana. Pero de que está compitiendo por el primer lugar no hay dudas.

Primero fue la aprobación del infame contrato para equipar la Policía Nacional, firmado por el gobierno sin concurso, con honorarios y comisiones sin precedentes, y con sobreestimaciones de precios que van desde 50 hasta 400 por ciento. En el Senado hicieron un mamotreto de “informe de comisión de estudios”. Los diputados ni eso. Tenían tanta prisa en aprobar esa linda pieza que la liberaron del trámite normal de la comisión de estudios.

Después, ya cuando se acaba la legislatura, que para la mayoría fue la última porque terminan su período como legisladores, revivió de improviso –con una carta del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo- el proyecto de isla artificial, que hasta sus propulsores, incluyendo al presidente Leonel Fernández, habían dado por muerto tras los generalizados cuestionamientos de que fue objeto el año pasado.

De pronto, sin previo aviso, senadores y diputados de oposición, en su mayoría miembros de partidos que habían rechazado la peligrosa aventura insular, sesionando hasta las madrugadas, decidieron desafiar a los dirigentes de sus organizaciones políticas para dar su aprobación al proyecto.

Otro tanto ocurrió con el financiamiento para el metro de Santo Domingo, que originalmente se dijo que sería construido sin endeudamiento, “con recursos propios” como hizo Balaguer la inmensa inutilidad del Faro a Colón.

Entre set y set se adicionó también la provincia número 32, con una decena de municipios y distritos municipales. Y no se sabe cuántas pensiones para legisladores salientes de varios partidos políticos, incluyendo algunos que son millonarios, en un país donde hay tantos maestros enfermos y muriendo de hambre por carecer de una pensión mínimamente digna.

Pero las sorpresas no se han quedado en el ámbito congresional. Las mayores están vinculadas con el Poder Ejecutivo. Y ahora resulta que nadie es padre ni madre del oneroso contrato para los equipos policiales, y el director de prensa del gobierno advierte que quienes quieren la isla artificial tendrán que buscarse otro presidente porque el doctor Fernández no lo firmará. Ciertamente el presidente tiene poder de veto sobre las decisiones del Congreso y puede observar y devolver pensiones, contratos y proyectos de leyes. Se espera que observe el que crea la provincia Mella y los paquetes de pensiones al vapor. Pero ¿devolverá también los contratos enviados por él mismo, como el de la Isla Artificial y el de los equipos para la Policía?

Bueno, del de la isla puede reivindicar el desinterés que se anunció a fines del año pasado. Pero tendrá por lo menos que desautorizar públicamente a su consultor jurídico que mediante carta lo revivió.

Pero aún así la confusión prevalecería. Por ejemplo, ¿qué fue lo que motivó que los legisladores de oposición de golpe parecieran más obedientes a los proyectos oficiales que los del mismo partido de gobierno, hasta el punto de desafiar a sus propios partidos? ¿A cambio de qué? Y sobre todo, ¿quién o quiénes fueron los mediadores o negociadores? Y ¿quién perderá lo invertido?

A no ser que en su prepotencia nuestros políticos lleguen a creer que todos los dominicanos y dominicanas somos idiotas y nos vamos a creer que esos acontecimientos son simples confusiones o incoherencias accidentales. Como la carta del consultor jurídico que llegó al congreso “por confusión”, según las declaraciones de los voceros oficiales.

Tan aparatoso es el papelazo hecho por las cámaras legislativas, como el del Poder Ejecutivo. Parece como si hubiesen concertado para seguir arrebatándonos la poca credibilidad que nos queda en las instituciones nacionales, especialmente en la política y los políticos. Ojalá nos dejen algo para el futuro.-

Positiva rectificación gubernamental

Por Juan Bolívar Díaz

La opinión pública debe ponderar positivamente la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el contrato firmado con la empresa The Sun Land Group para suministrar equipos a la Policía Nacional por 132.4 millones de pesos, anunciada el pasado viernes por el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa.

Esa rectificación beneficia al Gobierno por múltiples razones, la mayor de las cuales es que evita que se materialice una operación onerosa para la nación en términos casi sin precedentes, por la magnitud de la sobre valoración de los vehículos, motocicletas, computadoras, inversores, baterías y otros equipos incluidos en la contratación.

También es positiva por cuanto le evita a la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción y a la Procuraduría General de la República la disyuntiva de jugarse su prestigio o tener que desaprobar el contrato y proceder judicialmente contra sus responsables.

Un tercer beneficio neto es que el Gobierno da una importante muestra de atención a las críticas y reclamos de una parte de la opinión pública que rechazó enérgicamente los términos de la contratación, especialmente a Clave Digital, el semanario Clave, los diarios HOY y El Día, así como la doctora Milagros Ortiz Bosch, al diputado Pelegrín Castillo y al movimiento Participación Ciudadana.

A la doctora Ortiz Bosch, el titular de Finanzas le debe una reparación moral por la forma tan ríspida y desconsiderada con que había rechazado su crítica al contrato, que de cualquier forma deja mal parados a sus progenitores y promotores, incluyendo a las cámaras legislativas que lo aprobaron sin miramientos y a algunos medios de comunicación que quisieron defenderlo aún después que se había demostrado su infame dimensión.

Queda el daño moral generado por los promotores de este contrato y el descrédito institucional que conllevan las actuaciones turbias que abonan el ambiente de descomposición y corrupción predominante en el país.

La rectificación gubernamental deja mal parados a los legisladores de ambas cámaras congresionales que aprobaron el contrato después de las graves objeciones que les formulara la opinión pública, especialmente a los diputados que lo hicieron sin siquiera agotar el reglamentario procedimiento de la comisión de estudios.

Su actuación sólo sirvió para abonar el criterio de que todo se compra y se vende en la sociedad dominicana. Si los compradores adelantaron pago con cuenta a la contratación, esta vez habrán perdido, lo que debe ser otro motivo de celebración.

Fue muy contradictorio que los diputados acogieran ese contrato turbio en la misma sesión legislativa en la que aprobaban la nueva ley sobre compras, contrataciones y concesiones del Estado, la que instituye mecanismos llamados a reducir el tráfico de comisiones, o la corrupción.

Se ha dicho que se procederá a llamar a un concurso público para contratar los equipos que requiere la Policía Nacional, lo que debe hacerse a la mayor brevedad. Seguro que se conseguirán los mismos equipos a mucho menor costo y para ser recibidos a corto plazo.

Después de esta rectificación gubernamental sería coherente que también se suspenda el otro contrato grado a grado recién enviado al Congreso, que ya se ejecuta ilegalmente, mediante el cual se traspasan a una empresa privada responsabilidades que corresponden a la Dirección General de Bienes Nacionales, como la de vender inmuebles del Estado o cobrar deudas pendientes.

Si fue necesaria una ley para “capitalizar” las empresas del Estado, vendiendo el 50 por ciento de sus acciones mediante rigurosos procesos de licitación o concursos públicos, es contradictorio que no se siga el mismo procedimiento tratándose de funciones legalmente atribuidas a un organismo del gobierno central.

El trámite de la concesión es más injustificable y contradictorio si se tiene en cuenta que desde el pasado 1 de junio rige el decreto 63-06 emitido por el presidente Leonel Fernández, el cual establece concursos públicos para las compras y contrataciones del Estado.

En este otro contrato resalta también la falta de transparencia cuando, además del pago de comisiones, el Estado se compromete a cubrir los costos de los procedimientos, y de honorarios profesionales, así como a avalar los financiamientos por montos indeterminados en que incurra la beneficiaria del contrato.

Todo eso mientras esta misma semana el padre José Luis Alemán, abogaba ante la Cámara Americana de Comercio por “una mayor transparencia del manejo de los ingresos y gastos públicos y por la neutralidad e impugnabilidad de licitaciones de contratos e inversiones públicas”…