¿Hoy por ti, mañana por mi?

Me atrevo a presumir que a muy pocos llamó la atención la información de que 7 mil 181 miembros, oficiales y clases de las tres ramas de las Fuerzas Armadas fueron expulsados en dos años, involucrados en una amplia gama de delitos. Porque hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro y vemos como normales las peores barbaridades. La información fue publicada por el Diario Libre el miércoles 8 de noviembre, bajo la firma del destacado reportero Leoncio Comprés. La puse bajo cuestionamiento, ya que se trata nada menos que de la sexta parte, uno de cada seis aproximadamente, de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra.

Y que fueron expulsados por haberse involucrado en delitos de narcotráfico, contrabando, asaltos, robo, secuestros, atracos, viajes ilegales, falsificaciones y otros, entre los cuales sin duda está el asesinato.

Alarmado llamé al reportero para precisar y me ratificó sus datos, obtenidos en fuentes autorizadas de las entidades militares.

En relaciones públicas de la Secretaría de las Fuerzas Armadas no tenían información al respecto, todavía el viernes, dos días después de la publicación.

Evidentemente, tampoco allí esas cifras habían causado alarma.

Que de ser falsas tenían que haber sido corregidas cuanto antes, por el bien de esas “gloriosas instituciones”. Según el informe entre agosto del 2004 y agosto del 2006 fueron separados del Ejército Nacional 5,200 miembros, entre ellos 54 oficiales. De la Marina de Guerra expulsaron a 618, incluidos 28 oficiales.

En cuanto a la Fuerza Aérea no había precisión, pero se estimaron en mil 363.

Y las cancelaciones prosiguen, incluyendo oficiales. No se precisa cuántos han sido sometidos a la justicia ni cuántos sancionados. Si a eso sumamos los miembros de la Policía Nacional que también son expulsados por actividades ilícitas, las razones para alarmarnos son todavía mayores.

El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, ha hablado de miles en su gestión de poco más de dos años.

El general Bernardo Santana Páez dijo el 2 de agosto pasado que en su gestión de un año había cancelado a 670 policías, de los cuales 308 fueron sometidos a la acción judicial. Por su parte el general Rafael Ramírez Ferreiras, titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas, informó que en menos de tres meses que lleva al frente del importante organismo investigativo ha despedido a más de 600 miembros, “por negligencia y apatía” en el cumplimiento de sus deberes. Al parecer en esta institución los botan antes de que lleguen al delito, aunque frecuentemente las informaciones de prensa indican lo contrario. Cifras más o menos, no parece haber dudas de que son miles de delincuentes criados al amparo de las instituciones destinadas a la seguridad nacional y al combate a todas las expresiones de la delincuencia. Que para delinquir emplean las armas y los uniformes que el Estado les proporciona.

Hay razones para presumir que en su gran mayoría esos delincuentes quedan en la impunidad. De entrada ya se ha denunciado y admitido que los de la Policía tienen hasta cárceles especiales, en los mismos cuarteles de la institución, donde evidentemente tienen un régimen especial. Alegan que con los delincuentes civiles no se garantiza su seguridad, lo cual es un pretexto inaceptable. Bastaría con agruparlos en las cárceles. La gran pregunta es qué hacen todos esos hombres entrenados en el uso de las armas y de la fuerza física, una vez pierden la membresía militar o policial.

Cuántos de ellos pasan a engrosar las filas del creciente número de bandas de delincuentes que proliferan por todo el país.

La situación es de extrema gravedad. Es difícil que en cualquier acto delictivo que involucre a varias personas no haya algún miembro activo o cancelado de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la DNCD.

Se trata de una expresión del nivel de descomposición y corrupción que está alcanzando esta sociedad, donde cada semana se descubre un escándalo o una nueva forma de estafar, de robar o apropiarse hasta de los cables del tendido eléctrico y el lecho de los arroyos y cañadas. Estamos tan acostumbrados al latrocinio y la expropiación que ya pocas cosas nos causan asombro.

Tampoco ha causado alarma la auditoría de la Cámara de Cuentas que reveló que las compras del comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se hacían con precios sobrevaluados entre un 35 y100 por ciento.

 Algo impensable en la UASD de hace pocos años.

Estruja el ánimo la comprobación de la creciente descomposición en la nación y la convicción de que prevalece la impunidad en todos los niveles, como si entre los agentes públicos prevaleciera la consigna de hoy por ti, mañana por mi.

Incoherencia y poca transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

            El secretario de Obras Públicas proclamó el lunes en Santiago que el gobierno sólo podrá terminar y transformar las principales avenidas y carreteras del país mediante acuerdos razonables con el sector privado, tras referirse a las limitaciones presupuestarias por todos conocidas, y sin perspectivas de mejoramiento significativo para el próximo año.

            Al parecer los reporteros que entrevistaban al ingeniero Freddy Pérez no le pidieron que ampliara su criterio, por lo que tenemos que suponer que el funcionario se refería a concesiones para construir carreteras, que se han intentado en el país en los últimos años y que todavía no han dejado el primer fruto concreto. Parece que en algo se avanza en la carretera Santo Domingo-Samaná, pero que todo quedó en ilusiones en la autovía del Este y en la San Cristóbal-Baní.

            En países desarrollados, donde las instituciones públicas tienen efectivos mecanismos de control, el sistema de concesiones de carreteras y otras obras públicas ha funcionado adecuadamente. En otros, México por ejemplo, la corrupción que caracterizó las concesiones y los altos costos, las hicieron fracasar, traduciéndose en pérdidas del orden de los 15 mil millones de dólares que tuvo que asumir el Estado.

            Pero lo grave, lo incoherente es que el ingeniero Pérez proclamara la quiebra financiera del Estado hasta para transformar avenidas, justo en momentos en que entregaba el estadio Cibao, que al igual que los de Santo Domingo, San Pedro y San Francisco de Macorís, fueron objeto del “arreglo, remodelación y modernización” dispuestos por el presidente de la República, según una página propagandística.

           Llamó la atención que en esa página desplegada en todos los periódicos, la secretaría de Obras Públicas no dijo en qué consistieron las obras ni cuánto costaron, cuestiones básicas y que además son de uso y costumbre, sobre todo cuando se trata de relevar las altas inversiones gubernamentales.

            Esa limitada información se inscribe dentro de la falta de transparencia con que se usan los recursos del Estado. Más grave aún cuando se financia una actividad privada, como es el béisbol profesional, que deja significativos beneficios por lo menos a algunos de los equipos. Aparte de la rentabilidad que genera a unos cuantos el mercado clandestino al que van a parar la mayor parte de los boletas de los juegos que atraen más público, y que suelen venderse al doble y hasta el triple de su valor nominal.

            ¡Ni siquiera en la venta de boletas para el principal entretenimiento dominicano puede haber transparencia! En un negocio que se realiza en estadios construidos, reparados y hasta mantenidos por el Estado.

            La proclama del secretario de Obras Públicas sobre la incapacidad financiera para terminar y transformar carreteras y avenidas, se produjo en Santiago, justo donde el Estado invierte 25 millones de dólares para ayudar a la terminación de una clínica privada.

            Podrán encontrarse explicaciones y hasta pretenderse justificaciones. Pero tampoco se puede entender que se hayan invertido decenas de millones de pesos, dicen que 57, para montar en el país un torneo internacional de pesas, renglón donde no alcanzamos ni medalla de bronce. También se anuncia que se dispondrán 25 o 30 millones de pesos para auspiciar una pelea del dominicano Joan Guzmán, que recientemente ganó un campeonato mundial de boxeo.

            Simpatizo con Joan, sencillo y dedicado en cuerpo y alma a ese cuestionado deporte y hombre de sentimiento patriótico. Pero sinceramente no hay manera de convencerme de que estas inversiones aludidas son más prioritarias que las correspondientes a avenidas y carreteras.

            Justo en el béisbol, en el boxeo, en las clínicas, son de los campos donde el Estado debería auspiciar la inversión privada.

            Es cierto que la subvención al béisbol viene de décadas, pero ya es tiempo de que los empresarios asuman la reparación y mantenimiento de los estadios. Por lo menos que el Estado les demande compartir la carga, siquiera a la mitad, para comenzar. Y que el costo de entrada a los juegos sea el justo y transparente. Que no se anuncie una boleta a 200 para venderla clandestinamente a 400. Que el Estado no auspicie un negocio turbio.

            ¡Cuántas incoherencias y falta de transparencia! ¿Cuándo será que la modernidad que tanto se pregona se traducirá en información total, en observación de un elemental orden de prioridades y en respeto por la ciudadanía dominicana?

Reivindiquemos la rendición de cuentas

 Por Juan Bolívar Díaz

Los políticos dominicanos tienen que convencerse de que la rendición de cuentas y la participación social en la gestión pública son de las prendas más valoradas del sistema democrático, especialmente cuando las reclama la ciudadanía en cualquiera de sus expresiones.

            Todavía la mayoría de los políticos creen que la democracia se limita al ejercicio del voto cada dos o cuatro años. La cultura autoritaria sigue prevaleciendo en la gestión gubernamental, especialmente desde el poder Ejecutivo, aunque también en los demás poderes del Estado, incluyendo al municipal y al electoral.

            La nación tiene todavía mucho camino por recorrer para afianzar el sistema democrático que se basa en equilibrio de poderes, en transparencia y rendición de cuentas. Todavía es muy precario el papel del Congreso Nacional en su papel de vigilante de los actos del Poder Ejecutivo. Son contados los casos de interpelación de los secretarios de Estado, cosa que aún se considera como un desafío al poder constituido.

            Las reacciones son más adversas y generalmente agrias cuando los reclamos provienen de las instituciones sociales o de los profesionales de la comunicación. Se les atribuye una intención malévola movilizada por la oposición o pagada por el gobierno, dependiendo de a quién vaya dirigida la demanda.

            Esta semana la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Viyella de Paliza tuvo el valor de reivindicar su derecho a pedir cuentas a los gobernantes, después que un importante ministro la acusara de actuar como política por haber reclamado prioridades fundamentales en la gestión gubernamental.

            Legisladores y dirigentes políticos acostumbran desafiar a los dirigentes sociales y a los comunicadores para que formen partidos y se fajen a buscar votos para que accedan a las funciones públicas, en una miserable y mezquina concepción de la democracia.

            Los periodistas y los dirigentes sociales son apreciados en la medida en que coinciden con los gobernantes o con los partidos de oposición, especialmente cuando andan buscando votos. Pero una vez llegan a los cargos públicos los elegidos o designados se transfiguran y asumen actitudes prepotentes.

            Frente a situaciones escandalosas que en las modernas democracia obligarían a la renuncia o liquidarían candidaturas, nuestros políticos y gobernantes se tornan “ciegos, sordos y mudos”, frase que acuñó el expresidente Joaquín Balaguer y que ha sido reivindicada por quienes les han sucedido en el gobierno de la nación.

            Confían en la debilidad de nuestros medios de comunicación para unirse coherentemente, como ocurre en las democracias más funcionales, en el reclamo de transparencia y cuentas claras. A Balaguer se le atribuye la consideración de que titular o editorial de hoy será sustituido por el de mañana. Y la ciudadanía parece olvidar con mucha rapidez.

            Por eso nadie en el gobierno ha podido responder sobre el exceso de gastos que se registró en la pasada campaña electoral, que ha desajustado las finanzas públicas. Tampoco se ha emitido una explicación ni establecido responsabilidades sobre los escándalos verificados en julio pasado en el Congreso Nacional. No nos han dicho quiénes fueron los responsables en el Poder Ejecutivo del envío a los legisladores del proyecto de isla artificial, desautorizado por el propio gobierno.

           Tampoco se ha explicado quiénes fueron los negociadores del oneroso contrato por 132 millones de dólares para equipar la Policía Nacional. Nos hemos quedado esperando que nos digan cuál fue la magia que determinó las sesiones de madrugada del Congreso para aprobar proyectos huérfanos. Y las prometidas sanciones a los legisladores de oposición que sancionaron esos proyectos en desafío a las posiciones de los partidos, han quedado en el olvido.

            El silencio es todo lo que se ha obtenido de un alto funcionario que aspira a la presidencia de la nación frente al bochorno de que se anunciara públicamente que le fue cancelada la visa de ingreso a los Estados Unidos, pese a las implicaciones de orden moral que se supone en la acción. Lo mismo se aplica para un alto funcionario judicial y otro aspirante a la candidatura presidencial, vinculados a actividades que en las democracias contemporáneas podrían liquidar sus carreras.

            Mientras no rompamos esos silencios y obliguemos a rendir cuentas, la democracia dominicana seguirá siendo una caricatura. Las organizaciones sociales y los medios de comunicación están desafiados a dar vigencia a la rendición de cuentas. Y la ciudadanía en general debe sancionar los silencios, aunque sea en los días de votación, hasta que rompamos el círculo vicioso y se fortalezcan nuestras instituciones públicas.-

¿Para quién fue ese mensaje?

Por Juan Bolívar Díaz

Me cuento entre muchos que andan buscando el destinatario del comunicado conjunto publicado el pasado día 19 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial reclamando sanciones para los responsables de las quiebras bancarias que afectaron severamente la economía nacional a partir del 2003. Aunque pasara desapercibido para algunos medios, a muchas personas llamó la atención la contundencia de esa comunicación, compactada en un solo párrafo, donde las dos entidades financieras internacionales comienzan diciendo que junto a “otros socios multilaterales y bilaterales están apoyando al país en su esfuerzo para la resolución de los problemas acarreados por la crisis bancaria”.

En el mismo párrafo se sostiene que “El fraude de Baninter precipitó una crisis financiera equivalente al veinte por ciento del PIB y lanzó a un millón y medio de dominicanos a la pobreza”.

Más específicamente el comunicado indica que “El sistema multilateral, del cual el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo forman parte, espera se tomen decisiones que sirvan de ejemplo a las futuras generaciones, a la vez que permitan no solamente castigar a los responsables de los fraudes bancarios, sino también mantener el clima de confianza que ha permitido la rápida recuperación económica experimentada por el país”.

Algo debe estar pasando que no ha sido percibido por la opinión pública nacional para que esas dos instituciones internacionales hablen un lenguaje tan específico. Y no hablan solo a nombre de ellas dos, con suficiente peso en el marco internacional y nacional, sino que se refuerzan aludiendo a “otros socios multilaterales y bilaterales”, así como al “sistema multilateral”.

Hay que investigar para ver si algo podrido se mueve al respecto en esta tierra que no logra inspirar respeto internacional por la propensión de sus hijos más relevantes al chanchullo, a la violación de las normas nacionales o universales, a la trampería y el tráfico de cualquier género, y al culto a la impunidad cuando se trata de grandes delitos siempre ejecutados por personajes relevantes.

El comunicado es extraño porque no contiene nada que no hayan dicho antes representantes de esas dos instituciones, del Fondo Monetario Internacional, y de los socios bilaterales, que no son otros que Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña, Italia y otros países cuyos embajadores han sido demasiado claros  y hasta reiterativos sobre los fraudes bancarios.

Hay que recordar que una vez descubierta la crisis de Baninter, y aún cuando el gobierno abrió las bóvedas del Banco Central para cargar con un déficit estimado en principio en 56 mil millones de pesos, y que luego sobrepasó los 80 mil, transcurrieron 6 semanas antes de que el 13 de mayo del 2003 se dijera lo que se había descubierto. Y para ello fue preciso que el gobierno de Estados Unidos hiciera saber que no era conveniente la visita que a mediados de ese mayo haría el presidente Hipólito Mejía a Washington, si antes no se hacía transparente la crisis financiera.

Para el mundo exterior ha resultado más contradictoria la dicotomía con que el actual gobierno ha enfrentado la situación con enfrentamientos en su propio seno, debido a la prevalencia en el mismo de intereses vinculados a los banqueros acusados. El ámbito político gubernamental, incluido el Presidente de la nación, ha sostenido que  no hubo fraudes, sino que los bancos fueron quebrados por mal manejo de la economía por parte de las autoridades de turno.

Por honrada convicción fruto del conocimiento de todos los detalles, las actuales autoridades del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, evidentemente aguijoneados por los organismos multilaterales, incluyendo al FMI que lo incluyó en su último tratado con el Estado dominicano, y los socios bilaterales, han mantenido los procesos judiciales abiertos a los banqueros, sin eufemismos, indicando que fue el “fraude bancario” lo que hundió la economía nacional  y generó millón y medio de pobres. Tal vez la declaración BID-Banco mundial fue generada porque el juicio a los ejecutivos del Baninter está a punto de entrar en el conocimiento del fondo, tras numerosos incidentes que han llevado tres años. O porque recientemente hubo un cambio de Procurador General y se quería enviarle un mensaje. O porque ha aumentado la ofensiva contra Héctor Valdez y Rafael Camilo, gobernador del Banco Central y  Superintendente de Bancos, quienes han manejado la situación con inusitada valentía.

En cualquier caso, el mensaje ha sido franco y directo y obliga a investigar. Me declaro abierto a escuchar explicaciones sobre el comunicado de esta semana.

Los que las tienen saben cómo localizarme y de antemano garantizo confidencialidad.

Un mar de incoherencias y confusiones

Por Juan Bolívar Díaz

Una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos días indican que vivimos en un mar de incoherencias y confusiones que por momentos parecen fruto de una mano maestra de la perversidad, aunque son en realidad una expresión de la extrema degradación a que está llegando peligrosamente la política dominicana.

Es como si políticos de todas las corrientes estuvieran empeñados en arrancarnos a jirones la poca fe que nos va quedando en las instituciones políticas y sus líderes. Como si de esa forma fueran a borrar del mapa todo género de cuestionamientos para vivir, entonces sí, a sus anchas, en un mundo de anomias y anemias sociales, económicas y políticas.

Por razones de espacio tengo que concentrar esta reflexión en lo ocurrido en el Congreso Nacional, sin que ese sea el único ni el principal escenario de incoherencias, confusiones, transacciones y corrupción de la sociedad dominicana. Pero de que está compitiendo por el primer lugar no hay dudas.

Primero fue la aprobación del infame contrato para equipar la Policía Nacional, firmado por el gobierno sin concurso, con honorarios y comisiones sin precedentes, y con sobreestimaciones de precios que van desde 50 hasta 400 por ciento. En el Senado hicieron un mamotreto de “informe de comisión de estudios”. Los diputados ni eso. Tenían tanta prisa en aprobar esa linda pieza que la liberaron del trámite normal de la comisión de estudios.

Después, ya cuando se acaba la legislatura, que para la mayoría fue la última porque terminan su período como legisladores, revivió de improviso –con una carta del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo- el proyecto de isla artificial, que hasta sus propulsores, incluyendo al presidente Leonel Fernández, habían dado por muerto tras los generalizados cuestionamientos de que fue objeto el año pasado.

De pronto, sin previo aviso, senadores y diputados de oposición, en su mayoría miembros de partidos que habían rechazado la peligrosa aventura insular, sesionando hasta las madrugadas, decidieron desafiar a los dirigentes de sus organizaciones políticas para dar su aprobación al proyecto.

Otro tanto ocurrió con el financiamiento para el metro de Santo Domingo, que originalmente se dijo que sería construido sin endeudamiento, “con recursos propios” como hizo Balaguer la inmensa inutilidad del Faro a Colón.

Entre set y set se adicionó también la provincia número 32, con una decena de municipios y distritos municipales. Y no se sabe cuántas pensiones para legisladores salientes de varios partidos políticos, incluyendo algunos que son millonarios, en un país donde hay tantos maestros enfermos y muriendo de hambre por carecer de una pensión mínimamente digna.

Pero las sorpresas no se han quedado en el ámbito congresional. Las mayores están vinculadas con el Poder Ejecutivo. Y ahora resulta que nadie es padre ni madre del oneroso contrato para los equipos policiales, y el director de prensa del gobierno advierte que quienes quieren la isla artificial tendrán que buscarse otro presidente porque el doctor Fernández no lo firmará. Ciertamente el presidente tiene poder de veto sobre las decisiones del Congreso y puede observar y devolver pensiones, contratos y proyectos de leyes. Se espera que observe el que crea la provincia Mella y los paquetes de pensiones al vapor. Pero ¿devolverá también los contratos enviados por él mismo, como el de la Isla Artificial y el de los equipos para la Policía?

Bueno, del de la isla puede reivindicar el desinterés que se anunció a fines del año pasado. Pero tendrá por lo menos que desautorizar públicamente a su consultor jurídico que mediante carta lo revivió.

Pero aún así la confusión prevalecería. Por ejemplo, ¿qué fue lo que motivó que los legisladores de oposición de golpe parecieran más obedientes a los proyectos oficiales que los del mismo partido de gobierno, hasta el punto de desafiar a sus propios partidos? ¿A cambio de qué? Y sobre todo, ¿quién o quiénes fueron los mediadores o negociadores? Y ¿quién perderá lo invertido?

A no ser que en su prepotencia nuestros políticos lleguen a creer que todos los dominicanos y dominicanas somos idiotas y nos vamos a creer que esos acontecimientos son simples confusiones o incoherencias accidentales. Como la carta del consultor jurídico que llegó al congreso “por confusión”, según las declaraciones de los voceros oficiales.

Tan aparatoso es el papelazo hecho por las cámaras legislativas, como el del Poder Ejecutivo. Parece como si hubiesen concertado para seguir arrebatándonos la poca credibilidad que nos queda en las instituciones nacionales, especialmente en la política y los políticos. Ojalá nos dejen algo para el futuro.-

Positiva rectificación gubernamental

Por Juan Bolívar Díaz

La opinión pública debe ponderar positivamente la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el contrato firmado con la empresa The Sun Land Group para suministrar equipos a la Policía Nacional por 132.4 millones de pesos, anunciada el pasado viernes por el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa.

Esa rectificación beneficia al Gobierno por múltiples razones, la mayor de las cuales es que evita que se materialice una operación onerosa para la nación en términos casi sin precedentes, por la magnitud de la sobre valoración de los vehículos, motocicletas, computadoras, inversores, baterías y otros equipos incluidos en la contratación.

También es positiva por cuanto le evita a la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción y a la Procuraduría General de la República la disyuntiva de jugarse su prestigio o tener que desaprobar el contrato y proceder judicialmente contra sus responsables.

Un tercer beneficio neto es que el Gobierno da una importante muestra de atención a las críticas y reclamos de una parte de la opinión pública que rechazó enérgicamente los términos de la contratación, especialmente a Clave Digital, el semanario Clave, los diarios HOY y El Día, así como la doctora Milagros Ortiz Bosch, al diputado Pelegrín Castillo y al movimiento Participación Ciudadana.

A la doctora Ortiz Bosch, el titular de Finanzas le debe una reparación moral por la forma tan ríspida y desconsiderada con que había rechazado su crítica al contrato, que de cualquier forma deja mal parados a sus progenitores y promotores, incluyendo a las cámaras legislativas que lo aprobaron sin miramientos y a algunos medios de comunicación que quisieron defenderlo aún después que se había demostrado su infame dimensión.

Queda el daño moral generado por los promotores de este contrato y el descrédito institucional que conllevan las actuaciones turbias que abonan el ambiente de descomposición y corrupción predominante en el país.

La rectificación gubernamental deja mal parados a los legisladores de ambas cámaras congresionales que aprobaron el contrato después de las graves objeciones que les formulara la opinión pública, especialmente a los diputados que lo hicieron sin siquiera agotar el reglamentario procedimiento de la comisión de estudios.

Su actuación sólo sirvió para abonar el criterio de que todo se compra y se vende en la sociedad dominicana. Si los compradores adelantaron pago con cuenta a la contratación, esta vez habrán perdido, lo que debe ser otro motivo de celebración.

Fue muy contradictorio que los diputados acogieran ese contrato turbio en la misma sesión legislativa en la que aprobaban la nueva ley sobre compras, contrataciones y concesiones del Estado, la que instituye mecanismos llamados a reducir el tráfico de comisiones, o la corrupción.

Se ha dicho que se procederá a llamar a un concurso público para contratar los equipos que requiere la Policía Nacional, lo que debe hacerse a la mayor brevedad. Seguro que se conseguirán los mismos equipos a mucho menor costo y para ser recibidos a corto plazo.

Después de esta rectificación gubernamental sería coherente que también se suspenda el otro contrato grado a grado recién enviado al Congreso, que ya se ejecuta ilegalmente, mediante el cual se traspasan a una empresa privada responsabilidades que corresponden a la Dirección General de Bienes Nacionales, como la de vender inmuebles del Estado o cobrar deudas pendientes.

Si fue necesaria una ley para “capitalizar” las empresas del Estado, vendiendo el 50 por ciento de sus acciones mediante rigurosos procesos de licitación o concursos públicos, es contradictorio que no se siga el mismo procedimiento tratándose de funciones legalmente atribuidas a un organismo del gobierno central.

El trámite de la concesión es más injustificable y contradictorio si se tiene en cuenta que desde el pasado 1 de junio rige el decreto 63-06 emitido por el presidente Leonel Fernández, el cual establece concursos públicos para las compras y contrataciones del Estado.

En este otro contrato resalta también la falta de transparencia cuando, además del pago de comisiones, el Estado se compromete a cubrir los costos de los procedimientos, y de honorarios profesionales, así como a avalar los financiamientos por montos indeterminados en que incurra la beneficiaria del contrato.

Todo eso mientras esta misma semana el padre José Luis Alemán, abogaba ante la Cámara Americana de Comercio por “una mayor transparencia del manejo de los ingresos y gastos públicos y por la neutralidad e impugnabilidad de licitaciones de contratos e inversiones públicas”…