El inmenso profesor Alejandro Avilés

Por Juan Bolívar Díaz

Llegué a su redil una fría tarde al comienzo de febrero de 1966 remitido por el decano de Humanidades de la Universidad Iberoamericana, donde un estudiante pobre no podía mantenerse. No estaba diseñada para permitir el picoteo, ni siquiera de medio tiempo.

Cuando supo que yo procedía del Santo Domingo ocupado por el ejército de Estados Unidos, toda su inmensa anatomía pareció abrirse en un abrazo de recepción y casi sin dejarme hablar me dijo que tendría la misma media beca de la Ibero más el trabajo que precisaba para sobrevivir, como me había ocurrido desde los 13 años cuando entré al bachillerato.

A las dos semanas ya estaba empleado en el departamento de prensa del Centro Nacional de Comunicación Social que él dirigía. Me abrió no sólo los brazos y la escuela y un medio de sustento y crecimiento, sino también su propia casa, donde fui tantas veces invitado y terminé acompañando a su hija Lupita y la sobrina que dos años después me haría comprar todas las versiones que había en el mercado de Adiós Mariquita Linda.

El, como muchos otros mexicanos que hacían honor a la solidaridad latinoamericanista, me adoptó como forma de rendir tributo a los dominicanos que se habían batido en desigual enfrentamiento con el ejército de Estados Unidos. Confió tanto en mi que unos meses después ya me enviaba en su lugar a dictar charlas a estudiantes universitarios que lo solicitaban desde cualquier ciudad del extenso México.

Ya entonces Alejandro Avilés era periodista y poeta reconocido. Cruzaba apenas el medio siglo y se le rendía tributo en los medios periodísticos. El 30 de mayo de 1949 había dictado la primera cátedra de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde sería forjador de cientos de periodistas a lo largo de 35 años, de los cuales 21 fue su director. Fue responsable del desarrollo de la que fuera primera academia mexicana de periodismo y de las primeras de América Latina.

Avilés fue ante todo maestro desde los 14 años. Dirigió revistas y escribió artículos y editoriales para los diarios El Universal y Excelsior, presidió durante años la Unión Católica Latinoamericana de Prensa. Y recibió el Premio Latinoamericano de Prensa.

Como poeta formó parte del llamado Grupo de los Ocho, junto a figuras como Rosario Castellanos, Dolores Castro y Efrén Hernández. Fue Premio Nacional de Letras Ramón López Velarde.

Alejandro Avilés descansó plácidamente el sábado pasado en su último refugio de Morelia, Michoacán, el jardín de su compañera e inspiración de toda la vida Eva, a quien dijo, en su segundo libro, “Entre las manos llevas el don de dar, hecho de nuevo”.

Una buena parte del periodismo mexicano se ha sentido apenado con su partida, aunque hay muchas razones para celebrar su paso de 90 años por la vida. Su compañera de letras Dolores Castro lo había descrito así: “La dignidad define su persona, la luminosidad, la ternura, la emoción son distintivas de sus poemas. Lo subjetivo, lo personal da calidad al cuerpo de cada uno de sus poemas, pero lo individual en ellos desaparece con frecuencia ante lo social, lo particular ante lo universal”.

Para valorar su poesía, el profesor Miguel Angel Granados Chapa ha citado el Diccionario de Escritores Mexicanos del Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México: “Por un lado, hay en ella un canto a la vida, a la esperanza, a una realidad diáfana y luminosa, y, por el otro, el poeta imprime en sus versos una voz reflexiva, íntima y confesional que lo conduce a una serena meditación del universo”.

Los que tuvimos la suerte de trabajar a su lado podemos decir que Avilés fue un don de la vida. Un ser humano inmenso, no sólo de estatura física, que lo era, sino de humanidad y generosidad, un dechado de humildad y serenidad aún en momentos de turbulencias. Tanto que algunos nos rebelábamos ante su paciencia y calma.

En mis frecuentes viajes a México siempre busqué rebautizarme en su cariño.

En 1996 ya se había retirado a Morelia y cuando le hablé por teléfono desde ciudad México, fue capaz de recriminarme porque no le había avisado para ir a reunirse conmigo, cuando era yo quien tenía que viajar a Michoacán.

Le prometí volver pronto para verlo. Y lo hice en 1999, con la suerte de que en esos días estaba en la capital y pude invitarlo, junto con doña Eva, a comer en el Café Tacuba, el primer restaurante que visitó cuando llegó a la megalópolis medio siglo antes. Físicamente comenzaba a arrastrar sus 84 años. Intelectual y emocionalmente seguía siendo el inmenso profesor Avilés.

Supe entonces que nos despedíamos y cuando pasé por México hace tres semanas, no respondieron sus teléfonos. Doña Eva había partido dos años antes y él erraba por los rincones existenciales, hasta extinguirse tan suavemente como su discurrir por la vida.

La barbarie de los intercambios de disparos

Por Juan Bolívar Díaz

En cualquier parte del mundo civilizado el dato produciría un estremecimiento, pero aquí muy pocos se han dado por enterados. El último informe de la Procuraduría General de la República sobre homicidios en el pasado mes de agosto indica que 58 personas perdieron la vida a manos de agentes policiales.

De esa alarmante suma, 45 cayeron en los llamados “intercambios de disparos con delincuentes”, mientras los 13 restantes fueron abatidos por agentes “del orden público” que no estaban en servicio.

El mismo informe revela que entre enero y agosto, es decir en los primeros 8 meses del 2005, la Policía Nacional ha dado muerte a 440 personas, 345 en intercambios de disparos y 95 por parte de agentes fuera de servicio. Como los agentes policiales y de la marina muertos en servicio fueron cuantificados en 4, eso quiere decir que los “intercambios” son muy desequilibrados. O tal vez que los policías tienen muy buena puntería y los delincuentes y supuestos delincuentes muy mala.

Esas estadísticas significan que las muertes a manos de los agentes policiales mantienen un incremento extraordinario y que en agosto casi llegamos al promedio de dos por día, lo que supone una duplicación al promedio de uno por día durante el año pasado, al de 1.4 por día del primer trimestre del 2005, y al 1.5 por día entre enero y mayo pasados.

Los 345 muertos en “intercambios de disparos” registran 1.5 por día, pero al fin y al cabo no hay mucha diferencia entre uno y otro renglón. La mayoría de estos son verdaderas ejecuciones, que lo mismo se llevan a reales delincuentes que a personas inocentes. Como quiera son muertes violentas que están revelando la barbarie de la sociedad dominicana, en dimensiones impensadas en el mundo civilizado.

Tan solo en la edición del pasado lunes de El Nacional aparecen tres denuncias de muertes en intercambios de disparos, como ejecuciones policiales. En la página 12 el señor Juan Francisco Jiménez pide al jefe policial una investigación de los balazos propinados a su hijo Juan Javier Jiménez y del asesinato del jovencito Estiel Francisco Pérez, quien lo acompañaba en San Pedro de Macorís donde fue a realizarle una diligencia. Reconoce que ambos viajaban en un motor conducido por un tal Jonathan, a quien la policía busca. Este escapó mientras los pasajeros cayeron uno muerto y el otro con 5 balazos.

En la página 18 de la misma edición se cuenta que la jueza de instrucción de Santiago Clara Polanco dictó prisión preventiva contra dos rasos de la PN por la muerte del joven Mario Nelson Torres y las heridas ocasionadas a su hermana Dilenia Yuderka Torres, cuando fueron atacados a tiros en el área del monumento el viernes 9.

En la página 22 se recoge la denuncia de Antonia Soriano de cómo una patrulla policial asesinó a su esposo Elías Martínez en Conde Tercero de Sabana Perdida. Le dispararon al pecho cuando salía de unos terrenos estatales, según la señora. El diario recoge que el fue previamente encañonado por un agente, quien le habría preguntado al coronel Cuevas Florián qué hacer, y este le respondería que ejecutara.

Es demasiado sangre, son ya muchos muertos. Ya no se trata del récord de 250 que impuso la policía en la jefatura del general Pedro de Jesús Candelier, en 1999. Es que los 440 de los primeros 8 meses, proyectan 660 para todo el año. Son demasiadas personas humildes, del montón, que caen víctimas de los agentes que pagamos para la protección ciudadana.

Llama la atención el liderazgo que tiene la provincia de Santo Domingo, con 76 muertos a manos de la policía entre enero y agosto, seguida del Distrito Nacional, segunda concentración poblacional, que registra 45, seguida de Santiago, con 64, donde se da la mayor tasa por habitantes. Le siguen San Pedro de Macorís con 34 y San Cristóbal con 27.

A su vez vale saber que los 58 muertos del mes de agosto por las balas “del orden público” representan el 28 por ciento de los 206 muertos por violencia que registró en agosto pasado el informe de la Procuraduría General, una proporción demasiado elevada.

Frente a estas estadísticas nos preguntamos a quién apelar. Qué autoridad podrá ordenar la casa para poner fin a esta orgía de sangre. Y lo peor es que ni siquiera se puede tener el consuelo de que esta barbarie esté sirviendo al objetivo de reducir la delincuencia. Porque ésta parece incrementarse en la misma o peor proporción que la violencia policial.

Por lo menos yo no quiero ser cómplice de esta barbarie. Y dejo aquí mi indignado testimonio de rechazo. Aunque sea por un solo inocente asesinado a nombre del combate a la delincuencia. Y aunque sea por un solo delincuente fusilado sin el juicio imparcial, oral, público y contradictorio, con derecho a apelación, que consagran nuestras normas.

 

Los nuevos retos del periodismo

Por Juan Bolívar Díaz

La radio no desplazó a los periódicos, como temieron muchos editores a principios del siglo pasado. Tampoco la televisión impuso un dominio absoluto como algunos preconizaron medio siglo después, pero las nuevas tecnologías y la cultura audiovisual están planteando nuevos y más fuertes desafíos a la comunicación escrita.

En todo el mundo los periódicos y las revistas están perdiendo lectores e influencia aceleradamente, lo que determinará profundos cambios en sus contenidos para procurar conectar con los intereses de las mayorías, de los que fueron separados por su concentración en manos de los grandes intereses nacionales y transnacionales.

Sería una nueva ilusión pretender que la comunicación escrita va a desaparecer por los nuevos sacudimientos tecnológicos, pero para sobrevivir tendrá que adecuarse, abriéndose a una mayor participación del público en sus contenidos, abandonando una parte de la prepotencia con que muchos periódicos asumieron su rol en la sociedad.

Atrás van quedando aquellos tiempos en que los editores asociados regateaban la participación de los lectores en el proceso comunicativo, y planteaban la réplica como una limosna que se concedía a voluntad de los propietarios y ejecutivos.

Los latifundios de la comunicación están siendo desalambrados por efecto de las nuevas tecnologías que permiten a cualquier persona grabar fotografías y vídeos, editarlos y difundirlos a un número cada vez mayor de receptores a través de una computadora, un televisor, una palm o un teléfono celular.

Todavía es una minoría de la población universal la que puede acceder a esas tecnologías, pero en multiplicación de año en año, abarcando a las nuevas generaciones de tecnócratas, profesionales, estudiantes y militantes sociales, cada vez más dispuestos a utilizarlas para hacer sentir sus intereses y puntos de vista.

Ya en marzo del año pasado cuando los ataques terroristas en Madrid, se demostró que es posible convocar en cuestión de horas una manifestación multitudinaria utilizando sólo los teléfonos celulares y el Internet. Este año en Ecuador y Bolivia emisoras de radio, algunas de ellas comunitarias, han sido los medios eficientes de las movilizaciones que han sacudido el sistema político, desplazando gobiernos.

Aquí y por todas partes del mundo están emergiendo periódicos electrónicos que difunden los documentos y demandas sociales que la “gran prensa” se niega a reproducir en defensa de los intereses económicos a que responde, por complicidad con la corrupción institucionalizada, privada y pública, o por correspondencia con la publicidad comercial o política de la que depende.

La crisis de los medios impresos quedó patente una vez más en las exposiciones y debates del Tercer Seminario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que encabeza Gabriel García Márquez, con auspicios de la Corporación Andina de Fomento y Cementos Mexicanos, efectuado en Monterrey, México, la semana pasada. Más de medio centenar de comunicadores latinoamericanos y caribeños fuimos invitados al encuentro, uno de los de más alto nivel de los muchos a que he asistido en las últimas cuatro décadas.

Allí no se presentaron recetas ni nadie pretendió tener el monopolio de la verdad ni de la interpretación de la realidad social. Pero se diagnosticaron a fondo los desafíos que tiene por delante el periodismo, especialmente el escrito, para sobrevivir en una cultura audiovisual y en sociedades de profundas insatisfacciones económicas, sociales y políticas.

Para la generalidad, la radio y la televisión son hoy día los medios preponderantes en América Latina, pero aún estos, y especialmente la segunda, están siendo sacudidos por las nuevas tecnologías y obligados a replantearse sus contenidos, a verificar las demandas de la sociedad. La crisis del periodismo, especialmente la reducción de la circulación de periódicos y revistas, se puso en evidencia por su distanciamiento de las necesidades sociales y la huida de los jóvenes hacia otras formas de comunicación.

Cada vez más la calidad del periodismo, el buen uso de los nuevos recursos tecnológicos que conforman la cultura audiovisual, la militancia en los principios éticos y la hipoteca social serán elementos fundamentales para la comunicación social. Los que no lo comprendan así quedarán atrás, cada vez más distantes del palpitar de estas sociedades convulsionadas. Falta aún tiempo, pero viene irremisiblemente, a pesar de todo el poder concentrado, de la dinerocracia y la plutocracia política y estatal.

Cuidado con el sector turístico

Por Juan Bolívar Díaz

La Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y diversos líderes del sector se han quejado públicamente de que no se les ha tomado en cuenta en las negociaciones sobre la reforma fiscal que han protagonizado el gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Sostienen que al sector turístico dominicano se le ha cargado el dado en el proyecto de reforma fiscal “consensuado”, en el que se gravan los servicios hoteleros con el 16 por ciento del impuesto a las transferencias de bienes y servicios (Itebis), en momentos en que se encuentra en una delicada desventaja frente a sus competidores de la región.

No se han negado rotundamente a contribuir con los nuevos sacrificios que se impone a los dominicanos. ASONAHORES propone que a los turistas le apliquen una tasa diferenciada del 8 por ciento, copiando el tratamiento que se les da en los países de la competencia. Por ejemplo en México ese impuesto es de 15 por ciento a los nacionales y de 10 al turista. En Jamaica de 15 y 5.9 respectivamente. En Bahamas de 6 y 2.4. Lo mismo ocurre en España, Francia y otras naciones donde el turismo es una industria fundamental. En algunas incluso se devuelve al visitante los impuestos que pagan en las compras.

El sector turístico señala que la reforma tiene que ser subordinada a un proyecto de desarrollo nacional, que tome en cuenta múltiples factores. Al respecto estiman que el impuesto del 1 por ciento a los activos también penaliza excesivamente las inversiones turísticas, basadas en un uso intensivo de la tierra y las construcciones, a diferencia de otros renglones

de la economía nacional. Va contra las ventas de residencias turísticas, uno de los renglones que concentra la inversión extranjera en el país.

Y no es que se nieguen a pagar más impuestos. Están dispuestos a aceptar la elevación de la renta del 25 al 28 por ciento. También pagarán más por vía de los artículos suntuarios, alcoholes y tabaco, renglones de los que son altos consumidores. Piden tomar en cuenta también el reciente incremento de 5 dólares al aporte de cada pasajero que llega al país, el cual este año arrojaría unos 600 millones de pesos.

Realmente al sector turístico hay que tomarlo en cuenta. Es tan exportador como las zonas francas y estratégicamente tiene más importancia para el desarrollo nacional, en virtud de que el régimen de las primeras está en proceso de desaparición para los próximos tres años. Y resulta que las zonas francas no pagan impuesto sobre la renta ni Itebis ni sobre sus activos.

Hay que tomar en cuenta las afirmaciones de que el sector turístico dominicano viene perdiendo competitividad. Se afirma, incluso, que una considerable proporción de hoteles está expuesta a la quiebra a consecuencia de la elevación de sus costos operativos. Un estudio del secretariado Técnico de la Presidencia que establece que el peso dominicano está sobrevalorado en 26 por ciento, podría explicar las dificultades por las que atraviesa el sector, que en el último año vio caer abruptamente sus ingresos, sin haber podido reducir sus gastos.

Los hoteleros dicen que en ese período sus costos se han elevado en un 68 por ciento en la energía eléctrica, 45 por ciento en personal y 24 por ciento en alimentos y bebidas, justo en el período en que sus ingresos cambiarios se redujeron en un 30 por ciento. Si las cifras son ciertas, a nadie deberá extrañar que el negocio esté atravesando por momentos difíciles.

Nadie debe ignorar el peso que tiene el turismo en la economía nacional, ni el dinamismo con que se ha desarrollado en las últimas dos décadas. Se trata del primer renglón de la economía nacional, el mayor generador de divisas, que supera las de los exportadores nacionales y de zona franca en forma conjunta. Y es también un gran empleador y generador de empleos indirectos, además de un gran propulsor de la producción agropecuaria e industrial dominicana.

En fin, que tenemos que cuidar la industria turística. Esta no pide compensación por el tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni está en vías de perder impulso vital como las zonas francas. Sólo reclama equidad y visión de desarrollo nacional.

En una reciente conversación con importantes representantes del sector turístico no se encontró explicación a la subestimación del mismo en la opinión pública y en ámbitos del poder público y privado.  Tal vez porque no han “invertido” suficientemente en los políticos y no pagan muchos asesores económicos ni tienen voceros en los medios de comunicación.

Ojalá que sean tomados en consideración por sus méritos propios y que no tengan que salir al mercado nacional de compra y venta y de toma y daca.

¿Nadie pagará el salvajismo de Piedra Blanca?

Por Juan Bolívar Díaz

Lo que ocurrió en Piedra Blanca de Bonao en la fecha aniversaria de la restauración de la independencia nacional fue un verdadero acto de salvajismo político que dejó como víctimas mortales a cuatro hombres jóvenes de esa comunidad, algunos de ellos, si no todos, empujados por el fanatismo y el arrebato.

En una comunidad tan pequeña esas cuatro muertes tenían que producir un estremecimiento. Y hasta en el ámbito nacional, por más insensibles que nos estemos haciendo por la frecuencia con que estalla la violencia en todas sus manifestaciones.

Las circunstancias de que se produjera una balacera dentro de un pequeño local municipal poco antes de la sesión que elegiría el bufete directivo del municipio, con balance de 4 muertos y una docena de heridos, tenía que conmover a la nación y repercutir incluso en el ámbito internacional.

La gravedad del acontecimiento obliga a las autoridades a una investigación desprejuiciada, libre de sectarismos ni pasiones políticas, para aplicar las sanciones correspondientes y así evitar que la vida nacional siga caracterizándose por estos salvajismos que nos avergüenzan y degradan.

Las responsabilidades, por lo menos políticas, apuntan principalmente al gobernador de la provincia Monseñor Nouel, Félix Nova, un dirigente del partido en el gobierno. Los testimonios recogidos indican que la barbarie de Piedra Blanca se origina en rivalidades internas del regidor Gerardo Antonio Núñez con el gobernador Félix Nova, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que llevan a la expulsión del primero hace tres años.

Eso, con lujo de detalles, y muchas otras cosas las testimonió el propio Núñez, en una dramática entrevista, documento privilegiado para cualquier investigador que se respete, que le fuera grabada y transmitida el día antes de su muerte, o sea el lunes 15.

La situación se agrava porque últimamente el expulsado decidió aliarse con los perredeístas para apoyar un candidato de ellos a presidir el Ayuntamiento, a cambio de que él fuera nombrado presidente del distrito municipal de Sonador. Por eso se siente amenazado y perseguido y opta por juramentarse, el jueves 11, en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Desde entonces la persecución del senador Nova se acentúa, según las denuncias del propio Núñez, quien el sábado 13 es detenido por agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). Pasa todo el día preso en el cuartel policial de Bonao, pese a que las autoridades judiciales dicen que no hay razón para su arresto. Lo sueltan tarde de la noche, por las presiones de dirigentes perredeístas y de la comunidad de Sonador, decenas de cuyos miembros se presentaron al cuartel reclamándolo.

Pero el regidor Núñez se siente tan amenazado que lo llevan a dormir al hotel Naco de la capital.  Y al día siguiente, el lunes 15, ofrece sus declaraciones al periodista Carlos Febles, del Canal 12 de Bonao, donde formula denuncias muy concretas, incluyendo la oferta del gobernador de 250 mil pesos para que firme un acta votando por sus candidatos en Piedra Blanca y Sonador. A lo que él se niega radicalmente.

La esposa de la víctima Clarivel Rosario, testimonia que el otro regidor del PLD le llamó la noche del lunes para recomendarle a su colega que no fuera al día siguiente a la sesión, pues corría peligro. Pero él fue y estando reunido con los dos regidores del PRD y el síndico de Sonador, dentro del despacho del síndico de Piedra Blanca, se produce la irrupción de una turba encabezada por Tony Lovera y los hermanos Eddy y Domingo Marte Almonte, “inspectores” de Industria y Comercio y de Aduanas.

La tesorera del ayuntamiento, Ana María Santiago, narró a los periodistas cómo irrumpió el grupo primero en el salón de sesiones, tumbando una puerta, y luego en la oficina donde estaban reunidos los perredeístas con el expulsado del PLD. La regidora Marina Morales agradece estar viva a Tony Lovera, quien la sacó de la oficina, lo mismo que a la secretaria del cabildo, inclinado ante su condición de damas. Allí quedaron muertos dos de los tres hombres presentes, los regidores Gerardo Núñez y José Luis Pujols, y el tercero, el síndico de Sonador, José Luis Díaz, herido de balas.

Los hermanos Marte Almonte caen abatidos ya fuera del despacho, debe presumirse que a manos de perredeistas o empleados del cabildo, en medio de una balacera de pistolas, revólveres y escopetas.

Todo parece indicar que la de Núñez fue una muerte anunciada, un ajuste de cuentas, que cobró otras tres vidas. Pero las autoridades no lo ven así puesto que los detenidos son todos perredeistas y empleados del ayuntamiento.

La secuencia de los acontecimientos y los testimonios, incluyendo el del victimado Gerardo Núñez, apuntan por lo menos a una grave responsabilidad política. Ojalá que siquiera una vez seamos capaces de actuar con transparencia y sin complicidades, contemplaciones ni impunidades. De ser así empezaríamos a salir del salvajismo y la barbarie.

Reformas urgentes en la UASD (2 de 2)

Por Juan Bolívar Díaz

Después de leer los dos artículos del profesor Jesús de la Rosa publicados en HOY del 31 de julio y el 9 de agosto, me siento obligado a volver sobre el mío del 23 de julio, que él refuta, aunque sin citarme formalmente. Agradezco la atención del estimado académico y ojalá que otros se animen a participar en un debate sobre las reformas que requiere no solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sino también todo el sistema educativo nacional.

Concuerdo con el profesor de la Rosa en que en países tan atrasados como el nuestro la formación universitaria debería ser gratuita, y así debería consignarse en una próxima reforma constitucional. Pero para que se cumpla el precepto, no para un simple enunciado como el del inciso 16 del artículo 8 de la Constitución que preconiza que “Tanto la educación primaria y secundaria, como la que se ofrezca en las escuelas agronómicas, vocacionales, artísticas, comerciales de artes manuales y de economía doméstica, serán gratuitas”.

Pese a ese enunciado, de larga data en la Constitución, el Estado no ha sido capaz de garantizar la educación primaria a todos nuestros niños, ni siquiera en las aldeas más pobres y en los barrios que concentran la miseria urbana, donde proliferan precarios colegios y escuelitas privadas, de primaria y secundaria, comerciales vocacionales, que cobran cuotas muy superiores a las de la UASD.

Todavía no se cumple la Ley General de Educación que dispone para la tarea educativa el 16 por ciento del presupuesto anual o 4 por ciento del producto bruto interno. Apenas andamos por la mitad y esta ley data de 1997, pero hay otra mucho más vieja, de 1962, que establece el 5 por ciento del presupuesto para la UASD y ningún gobierno la ha cumplido, y parece que ya ni Jesús de la Rosa espera que alguno lo haga.

Que la UASD “es una de las más caras de la América española” debería demostrarse. Pero, ¿será caro en este país pagar 6 pesos por crédito, que es lo que aporta una gran mayoría de los 170 mil estudiantes que habrá allí en el semestre por comenzar? A 20 créditos promedio por alumno, serían 120 pesos semestrales, 20 por mes, suma que gasta cada día en transportarse un estudiante de cualquier barrio.

Eso estaría magnífico si la Universidad dispusiera de recursos para investigación y extensión, para laboratorios y materiales docentes a fin de impartir docencia acorde a los requerimientos del desarrollo, y para pagar salarios siquiera decentes a sus profesores y empleados. Es decir si no sobreviviera en la miseria.

Como en toda institución, en la Universidad es importante la estructura física, en la que el gobierno está invirtiendo 3 mil millones de pesos, pero no es lo que “sustentaría el proceso de reformas que sus autoridades pretenden llevar a cabo…”

El distinguido académico considera buena la tasa de egresados de la UASD, uno de cada 4.4 de los 139 mil 184 matriculados en el período 2000-2004, equivalente al 23 por ciento. Dice que los entendidos consideran alta la tasa de una universidad que “año tras año”gradúa un 15 por ciento o más de su matrícula. Pero en nuestro caso el 23 por ciento ha sido en 5 años.

Concuerdo en que uno de los graves problemas de la UASD es el bajo nivel con que llegan los bachilleres, fruto de las deficiencias de la educación pública, y con la solución parcial de los cursos de nivelación que implementan las nuevas autoridades académicas para ese 62 por ciento que en una prueba piloto demostró no estar capacitado para emprender la educación superior.

Pero sigue siendo injustificable que al terminar un semestre (en el 2004) hayan retirado el 47.8 por ciento de las asignaturas seleccionadas por los estudiantes de la UASD y que la aprobación haya sido de apenas el 42.5 por ciento. Tiene que haber mecanismos para corregir ese derroche. Que se den los cursos de nivelación, pero también que se exija un rendimiento siquiera mínimo.

Tampoco se justifica el derroche de mantener 23 carreras con un total de 97 alumnos, para un promedio de 4.2. Y de los cuales sólo uno de cada 4.4 va a graduarse. ¿Cuánto cuesta cada graduado? Si algunas de esas carreras son fundamentales para el desarrollo, ¿cómo es que casi nadie quiere seguirlas? Sería mejor incentivarlas, mientras hacemos lo contrario con Derecho, que el año pasado concentraba 12 mil 680, en un país con más de 30 mil abogados, en su mayoría deficientemente formados. En última instancia, no hay que poseer un título universitario para salir adelante y contribuir al desarrollo. Pero la UASD no ha querido invertir en formación técnica. Y en los años 90 desperdició 50 millones de pesos que le asignó el proyecto BID-FUNDAPEC. Le desembolsaron 10 millones que se gastaron en consultorías, burocracia y oficinas para al final no hacer nada.

Muchos de la mayoría de estudiantes que no concluyen en la UASD podrían haberse graduado de carreras técnicas. Y a lo mejor yo hubiese encontrado uno que reparara mi máquina de caminar.

Para mí no hay dudas que la UASD requiere tantas reformas como la nación.

Expectativas para el segundo año del gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

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Al transcurrir el primer año del gobierno del presidente Leonel Fernández su mayor logro es sin duda el haber podido recuperar la estabilidad macroeconómica, en términos que han superado las mayores expectativas, con crecimiento económico, y notable reducción de las tasas cambiarias y de intereses y control de la inflación.

Aunque la reforma fiscal que a fines del año pasado elevó impuestos, el desbordado aumento del costo del petróleo y las restricciones monetarias han impedido que esos logros sean percibidos por la población.

Una revisión del discurso inaugural del doctor Fernández arroja un balance pobre en el cumplimiento de sus planteamientos de lucha contra la corrupción, austeridad en el gasto y enfrentamiento de la crisis energética, del déficit cuasi-fiscal y de la criminalidad, así como en la política social, pendientes para su segundo año.

EL MAYOR DE LOS LOGROS

Ni los más mezquinos pueden regatear al gobierno su éxito en la recuperación de la estabilidad macro-económica en términos que no habían sido previstos ni siquiera por los exigentes negociadores del Fondo Monetario Internacional, aunque se pueden discutir las consecuencias de las restricciones monetarias que han generado una sobre valoración del peso, estimada entre 25 y 30 por ciento.

A un año del inicio del período gubernamental del presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resalta que la economía está creciendo a más de un 4 por ciento en la primera mitad del año, que la tasa de cambio cayó de un 42 al 29 por ciento y la inflación se encuentra por debajo del 1 por ciento. Las tasas de interés por certificados del Banco Central han caído a menos de la mitad del 36 por ciento en que se situaba a mediados de agosto del 2004.

Aunque la recuperación del peso, y la baja de los intereses y la inflación se habían iniciado desde que concluyó sin mayores problemas el proceso electoral del año pasado, la salida del poder del presidente Hipólito Mejía y el ascenso de Fernández implicaron una dilución de las incertidumbres que junto a los fraudes bancarios y el desbordamiento del gasto habían contribuido al descalabro económico nacional.

La tasa de crecimiento reportada por el Banco Central para lo que va del año es más sorprendente porque el gobierno ha constreñido la inversión y ejecutado un programa de control del sistema financiero que ha limitado los préstamos, lo que junto a la sobre valoración del peso ha afectado a sectores productivos como los exportadores, las zonas francas y el turismo, así como a los receptores de remesas, todo lo cual contribuye a la percepción de que “no hay dinero en las calles”.

Una meta económica que no ha podido alcanzar el gobierno es reducir el déficit cuasi-fiscal, que por el contrario se elevó de 90 mil a 140 mil millones de pesos, para un crecimiento superior al 50 por ciento. Parece haberse diluido el anuncio del presidente Fernández en su discurso inaugural de que empresas nacionales y extranjeras se habían comprometido a depositar divisas de futuras inversiones en los bancos del Estado a una tasa privilegiada, con los cuales esperaba desmontar el déficit del Banco Central fruto de haber asumido compromisos de los tres bancos quebrados en el 2003.

Otro fallo significativo de este primer año, siguiendo el discurso de juramentación, ha estado en no haber logrado enfrentar con éxito la crisis energética, que sigue sin horizonte de solución, agravada por los incesantes aumentos en los costos del petróleo, en más de un 50 por ciento de los predominantes hace un año. La energía se ha encarecido afectando las actividades productivas y la economía familiar y las tandas de apagones siguen generando frustraciones.

AUSTERIDAD Y CORRUPCIÓN

Tres de las mayores frustraciones, que explican en parte la inconformidad ciudadana registrada en la encuesta Gallup que ha publicado HOY esta semana, están en la ausencia de una real política de austeridad y reducción del gasto corriente, una pobre política social y falta de voluntad política para prevenir y combatir la corrupción.

En su discurso de juramentación, el presidente Fernández se comprometió a un período de austeridad, con reducción del gasto en no menos del 20 por ciento, a suprimir los cargos en exceso, a suprimir gastos superfluos y los privilegios de los cónsules a los cuales se asignaría sueldos. Nada de esto ha ocurrido.

Tampoco se ha cumplido la promesa de que no se comprarían nuevas jeepetas, si se mide por la categoría de los vehículos en que se mueven los funcionarios, y ni siquiera el desorbitado precio del petróleo ha generado una real austeridad gubernamental.

Aunque prometió designar sólo los subsecretarios señalados por las leyes orgánicas, a los pocos días los mismos alcanzaron volúmenes sin precedentes, hasta de docenas por secretarías. Lo mismo ocurrió con los vicecónsules designados en racimos, incluyendo más de una veintena en Nueva York.

La reducción del gasto ha afectado la inversión pública, pero no la reducción del empleo, lo que quedó evidente al firmarse a principios de año un nuevo acuerdo con el FMI. La meta en esa materia fue congelar los cargos públicos a nivel de octubre del año pasado. Inversiones como los 240 millones de pesos en mobiliario y decoración del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y más de un centenar de millones para remodelar la nueva biblioteca de la Universidad Autónoma, dejaron mal parada la prioridad en el gasto gubernamental.

En cuanto a la política social del gobierno, para nada ha podido paliar la miseria de la franja de indigentes. El programa “Comer es Primero”, diseñado para auxiliar a 200 mil familias, sólo recientemente ha alcanzado más de la tercera parte. Aunque el gobierno ha mantenido el subsidio al gas propano de las familias, y la energía de los barrios y el programa de desayuno escolar.

La promesa de enfrentar “con energía y de manera drástica” la corrupción, también ha quedado en la recámara del gobierno. Ello explica que el 85 por ciento de la población entiende que la impunidad predomina en el país, según la encuesta Gallup-HOY. El gobierno central ha seguido contratando las obras públicas y comprando sin concurso, una de las mayores fuentes de corrupción. Aunque el programa de medicamentos esenciales, donde se ha comprado mediante licitaciones, ha logrado reducir los costos hasta en 30 por ciento.

PARA EL SEGUNDO AÑO

Sin embargo, sólo ha transcurrido el primer año del gobierno peledeista y todavía quedan expectativas de un mejor desempeño, que debe incluir en primer lugar, una serie de reformas para instituir mecanismos de control y rendición de cuentas, aunque las tentaciones de la campaña electoral que ya se inicia prematuramente, conspiran contra los controles del gasto y la austeridad.

Para dar una firme demostración de voluntad en la prevención de la corrupción, el presidente Fernández tiene a mano un recurso efectivo, que además sería muy bien acogido por la opinión pública: el llamado decreto puente elaborado por la Comisión Nacional de Etica que establece concursos y licitaciones para las contrataciones y concesiones de obras y para las compras del Estado.

El proyecto lleva más de dos meses en manos del mandatario y regiría hasta que el Congreso apruebe una nueva ley al respecto. La Cámara de Diputados trata de conciliar el proyecto que ya tenía consensuado a principios del año, con otro que envió en febrero el presidente Fernández.

El gobierno también iniciaría con buen pie su segundo año, si completa el consenso para que esta vez la reforma fiscal no se quede sólo en lo tributario, e incluya una real política de austeridad y disminución del gasto corriente. Así mismo se impone una política agresiva de ahorro de energía como forma de enfrentar siquiera parcialmente los desorbitados precios del petróleo que llevarán la factura petrolera dominicana a cerca de 3 mil millones de dólares este año.

Fuentes palaciegas indican que el doctor Leonel Fernández no tiene programado un discurso formal para el inicio de su segundo año, pero podría aprovechar el escenario del Palacio de los Deportes donde la tarde del martes será instalado el nuevo comité central de su partido.

Sería una buena ocasión para atender los requerimientos de la opinión pública y plantear un compromiso firme con reformas institucionales para garantizar prioridades de inversión, para la transparencia y la rendición de cuentas, como una nueva ley de presupuesto, reforma del sistema de gestión financiera, y leyes de competencia, del crédito público y de protección del consumidor.

El sector empresarial ha venido reclamando esas legislaciones como complemento de la reforma fiscal. Incluyen también proyectos de leyes para otorgar autonomía a la Dirección de Impuestos Internos, para eficiencia tributaria, para modificar el título 1 del código tributario y para una ley de reorganización mercantil y de liquidaciones.

El gobierno conserva una buena tasa de aprobación, con un 42.4 por ciento que estima buena y muy buena su gestión, según la encuesta Gallup-HOY. Tal promedio es considerable en cualquier país latinoamericano donde la deuda social acumulada degrada en meses el apoyo con que se instalan los gobernantes.

La encuesta le ha indicado caminos a recorrer para evitar que prosiga el deterioro de su apoyo, que ha reducido la identificación de la población con el PLD a un 43 por ciento, 14 puntos menos que los que obtuvo en los comicios del año pasado. La inflación, la creciente inseguridad y la persistencia de los apagones, deben tener atención especial en la agenda para el segundo año del gobierno.-

¿Qué está pasando en el alma nacional?

Por Juan Bolívar Díaz

Los informes cotidianos sobre muertos en actos de violencia y accidentes de tránsito están alcanzando niveles verdaderamente alarmantes que obligan a preguntar qué está pasando en el alma nacional. Por qué el dominicano está perdiendo la gentileza y amabilidad que se le ha reconocido tradicionalmente y que es una de las razones que explica el incremento turístico de las últimas tres décadas.

Durante la última semana de julio se produjeron más de 40 homicidios, 17 de ellos a manos de agentes de la Policía Nacional, sin que nadie se haya rasgado las vestiduras. Lo peor es que nos estamos acostumbrando a un incremento sistemático de la violencia, sin que seamos capaces de adoptar correctivos.

De los 17 muertos por balas policiales hubo por lo menos tres a quienes sus familiares y vecinos consideraron inocentes, víctimas de la peor violencia, que es la producida por los agentes pagados por la sociedad para proteger vidas, orden y bienes.

Uno de ellos, el comerciante Manuel Adalberto Jiménez, muerto por la policía en Jarabacoa, fue despedido con honores por ministros religiosos.

No se debe requerir ser esposa, madre o hijo de Jiménez, para rechazar ese asesinato, para algunos justificado en nombre del combate a la delincuencia.

Moral ni legalmente tampoco se pueden justificar varios más, incluso de elementos que han delinquido, a menudo muchachos de 18 y 20 años, a quien nadie tiene el derecho de privarlos de la vida. En algunos otros casos la muerte puede explicarse porque realmente agredieron a agentes del orden público, incluso cobrando la vida de dos policías.

Lo extraordinario de la última semana de julio no fue el número de asesinatos, sino de los caídos por balas policiales, que en los primeros 7 meses del año promedian l.4 por día, lo que proyecta un total de 540 para el año 2005, cifra que superaría en 144 el total registrado el año pasado, de 357, uno por día, de acuerdo a los reportes que con mucho esmero lleva Radio Popular.

Según estadísticas de la Procuraduría General de la República, en los primeros 6 meses del 2005 los homicidios suman 1,263, lo que representa 210 por mes, 48 por semana y 7 por día. Proyectado a todo el año los homicidios serían 2,526, lo que significa 826 más que los 1,700 que ese organismo registró en el 2004, con un crecimiento del 48.6 por ciento, de un año a otro.

Si consideramos los 4,601 muertos en accidentes de tránsito en el 2004, según los registros publicados en marzo por el Instituto Nacional de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tránsito, concluimos en que 6,301 dominicanos y dominicanas murieron violentamente el año pasado, a razón de 17.5 por día.

Una parte de los muertos en calles y carreteras fueron ciertamente víctimas de accidentes, pero otra gran proporción fueron fruto también de disturbios mentales, de la violencia con que muchos conducen sus vehículos, con total desprecio de la vida de los demás y a menudo de la propia.

Estamos enfrentando unas tasas de muertes por violencia sumamente elevadas y preocupantes, que deben llamar la atención de los profesionales de la conducta humana y la salud mental.

Por su parte las autoridades de salud pública deben considerar que estamos ante una horrible epidemia, que es –con mucho– la principal causa de muerte en el país, y por lo tanto amerita preocupaciones y propuestas para reducirla.

La opinión pública debería hacer conciencia del dramatismo de esas cifras y reclamar mayor prevención por parte de las autoridades. Por supuesto que en primer lugar, una transformación profunda de la Policía Nacional, campañas educativas y recursos para la prevención.

El costo humano ya es demasiado alto, al igual que el económico en término de los 53 mil que el año pasado tuvieron que recibir atenciones médicas por heridas de accidentes, de los cuales 14 mil quedaron con lesiones permanentes. Añádase a esas pérdidas la de miles de vehículos destrozados parcial o totalmente en los accidentes.

Tenemos que negarnos a aceptar como normales estas cifras espantosas. Todos los renglones citados merecen estremecimiento y llamado de atención general, especialmente de las autoridades nacionales.

Si no nos conmueve tantas pérdidas de vidas humanas, al menos que nos sensibilice la realidad de que esas tasas de criminalidad y violencia conspiran contra la imagen exterior de un país cuya economía depende en gran proporción del turismo.

Nos deslizamos en una pendiente resbaladiza y hay que corregir urgentemente el rumbo. Por de pronto dejamos la bola en la cancha de los especialistas de la conducta humana: ¿qué está pasando en el alma dominicana?-

Por una campaña electoral limitada

Por Juan Bolívar Díaz

Durante una tertulia organizada por Participación Ciudadana la semana pasada me permití proponer que la Junta Central Electoral (JCE) tome la iniciativa de convocar a los partidos políticos para pactar una campaña limitada para los comicios congresionales y municipales del próximo año.

Me llamó la atención que al responder las preguntas los expositores ignoraron por completo la propuesta. Más aún porque ellos eran nada menos que el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, doctor Nelson Gómez, y el ex juez electoral Julio César Castaños Guzmán.

Quedé con la impresión de que mi propuesta era un absurdo, algo irrealizable, fruto del idealismo del que tanto se nos ha acusado en todos estos años de lucha por el perfeccionamiento del ejercicio democrático. Pero conociendo a los dos respetables abogados supongo que fue un simple olvido.

Hace tiempo que se escucha un clamor nacional abogando por la reunificación de las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, lo que implicaría una regresión democrática. Las elecciones quedaron separadas tras la reforma constitucional de 1994, con el objetivo de evitar el arrastre de los candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores por parte de los candidatos presidenciales.

Ese clamor se fundamenta en que el país vive en una continua campaña electoral. Apenas salimos de unos comicios cuando comienzan los aprestos para los siguientes y el ejercicio gubernamental como de los opositores está limitado por los objetivos partidistas.

Creo que deberíamos mantener las elecciones separadas, como en gran parte de las naciones del mundo democrático. Pero en pocos países las campañas son tan prolongadas como aquí.

Lo que se impone es limitar el tiempo de duración de las campañas, a los tres meses que consigna la ley electoral en su artículo 87, el cual indica que toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral “a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. El artículo 88 indica que el período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama.

Está claro que la intención del legislador ha sido que las campañas electorales duren sólo tres meses. Pero aquí generalmente se inician mucho tiempo antes con las campanas internas para elección de candidatos. En las presidenciales es frecuente que veamos candidatos en campaña un año antes de los comicios.

Aunque todavía faltan más de 9 meses para las elecciones congresionales y municipales de mayo del 2006, ya hay aspirantes promoviéndose mediante vallas y otros medios masivos de comunicación

Las campañas extensas implican gastos elevados que generalmente se sufragan con recursos sustraídos al Estado o mediante las “generosas” contribuciones de los empresarios, que de esa forma invierten para buscar retribuciones en facilidades, exenciones y privilegios del Poder Ejecutivo, los legisladores y autoridades municipales.

En última instancia, las campañas prolongadas benefician a los que tienen mayores recursos económicos o más capacidad para venderse ante quienes los ostentan, y van en perjuicio de la representación de los sectores de menores ingresos y de los precandidatos y aspirantes más independientes y comprometidos con la transparencia.

El acuerdo que proponemos implicaría un compromiso para retrasar la elección de los candidatos hasta comienzos del próximo año. Según el artículo 70 de la ley electoral, los candidatos deben ser inscritos a más tardar 60 días antes de los comicios, es decir el 16 de marzo.

Los partidos pueden abrir las campañas internas en enero y elegir sus candidatos a fines de febrero. Dos meses deberían ser más que suficientes y reducirían las tensiones y enconos derivados de la competencia prolongada, que lleva a la constitución de grupos y a la magnificación de antagonismos al interior de los partidos.

Lo que proponemos puede parecer una ilusión. Pero no lo es. Está generalizado en el ánimo de la ciudadanía. Y es compartido por muchos de los dirigentes políticos. Lo que falta es que alguien tome la iniciativa. Ello tendería a reducir el clientelismo y el rentismo. Estamos obligados a controlar el costo de la democracia dominicana.

Reformas urgentes en la UASD

Por Juan Bolívar Díaz

No sólo son las instituciones del gobierno central, el Congreso Nacional, los municipios, los partidos políticos y la Policía Nacional  que requieren urgentes transformaciones. También la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reducto de intelectuales y profesionales de visión modernista y progresista.

La UASD está muy lejos de cumplir con su misión de academia crítica, de promotora de las transformaciones sociales y vanguardia del desarrollo integral de la sociedad dominicana. Para ello tendría previamente que auto transformarse, buscar nuevos rumbos.

La gran universidad nacional es apenas una fábrica de profesionales teóricos, en gran proporción deficientes, y ha olvidado dos de sus tres misiones. Lo que dedica a la investigación y la extensión hacia la comunidad no llega al 2 por ciento de su presupuesto. Y el 98 por ciento apenas alcanza para gastos corrientes, viviendo en permanente endeudamiento. La situación es tan crítica que no ha podido pagar el aumento salarial del 15 por ciento que por ley rige desde el primero de julio.

Su crecimiento es tan desproporcionado que castra sus posibilidades y consume sus energías. La matrícula para el primer semestre del 2005 ha sido de 156 mil 184 y con los que iniciarán en agosto se aproximará a los 170 mil. Por cierto que el 65 por ciento es del sexo femenino.

Pero una alta proporción de esos matriculados en realidad sólo están consumiendo los recursos del pobre pueblo dominicano. La tasa de graduación o investidura ronda apenas el 23 por ciento. En el período 2000-04 se matricularon 139 mil 267 estudiantes y sólo fueron investidos 31 mil 791, es decir uno por cada 4.4 estudiantes. En la facultad de Ingeniería y Arquitectura el promedio llega a uno por 7.9.

El desperdicio se puede medir también por el hecho de que para el segundo semestre del 2004, los alumnos inscribieron 461 mil 425 asignaturas, pero antes de concluir el período habían retirado casi la mitad, 220 mil 937, equivalentes al 47.8 por ciento. Y la tasa de aprobación fue de apenas 42.5 por ciento del total seleccionado. En Ingeniería y Arquitectura retiraron el 51.2 por ciento y sólo aprobaron el 40 por ciento.

Otra grave irracionalidad es la concentración de la matrícula en carreras saturadas, como contabilidad, que encabezaba en del primer semestre de este año con 16 mil 446 alumnos (10.53 por ciento del total). Derecho tenía 12 mil 680 y Medicina 12 mil 545, para un respectivo 8 por ciento. Los 11 mil 235 estudiantes de Educación (7 por ciento) completaban la tercera parte de la matrícula, concentrada en esas cuatro carreras, que apenas representan el 3.8 por ciento de las 112 que se imparten.

Para colmo de la irracionalidad debe anotarse que en 4 de las carreras sólo había un matriculado y en otras cuatro 2. Las 23 carreras de menor matriculación apenas sumaban 97 alumnos, promediando 4.2 por ciento. La más elemental racionalidad recomienda cerrar todas esas carreras y otras 22 más con menos de 50 estudiantes cada una. Sobre todo si apenas uno de cada 4.4 terminará graduándose.

Claro que esta alta tasa de deserción y repetición guarda proporción con los bajos costos de la matriculación, y la ausencia de un programa de baja para los de menor rendimiento. La UASD es mucho más barata que los colegios y escuelitas privadas que abundan en los barrios marginales, donde este Estado fallado no ha podido garantizar la escuela pública.

El nuevo Rector de la Universidad Autónoma, Roberto Reyna, quien proporcionó las estadísticas antes citadas, recuerda que cuando fue vicerrector académico entre 1999 y 2002 se puso en práctica la baja estudiantil, que llegó a afectar a 14 mil en un solo semestre. Tal vez por eso las autoridades que le sucedieron la descontinuaron.

Reyna advierte que los problemas vienen de la educación básica y pasan por la secundaria. El 62 por ciento de los bachilleres son deficientes en las dos materias fundamentales: letras  y matemáticas. El resultado final con el 23 por ciento de los matriculados en la UASD que llegan a graduarse, no puede ser otro que la mediocridad.

Nadie debe sorprenderse, si sabe que el promedio de docencia diaria en nuestras escuelas básicas, es de 2 horas 36 minutos, de acuerdo a la encuesta Educa/Gallup publicada esta semana,

Desde luego, todo eso en un escenario nacional de pobreza que abarca el 60 por ciento de la población, con más de un 20 por ciento de indigencia. Círculo de fuego que castra las energías nacionales y que estamos condenados a romper si queremos dar el salto al desarrollo.

La Universidad del Estado debería estar a la cabeza del esfuerzo por las grandes transformaciones. Pero le será imposible si no comienza por sí misma y pronto. Sus nuevas autoridades saben lo que hay que hacer. Ojalá emprendan el camino. De lo contrario no se justificarán los más de 3 mil millones de pesos que el gobierno está invirtiendo en construcciones para la más antigua universidad americana.