Redefinición del rol policial

Por Juan Bolívar Díaz


Tuve la satisfacción de escribir el prólogo y presentar esta semana el libro del general  Juan Tomás Taveras Rodríguez titulado Redefinición del Rol Policial, Garantía de la Seguridad Ciudadana, contentivo de la monografía con la que coronó su diplomado de Altos Estudios Policiales. Es el fruto de las inquietudes intelectuales de un joven oficial de la Policía que aún estudia comunicación social y derecho y quien ha participado en numerosos seminarios y cursos que le han permitido acumular una concepción moderna sobre la función policial, básica en el ordenamiento social contemporáneo.

Taveras Rodríguez toma distancia definitiva de la concepción autoritaria tradicional de la policía, militarista, represiva, distante de la población, que ha predominado en el país y a la que lamentablemente sigue aferrada una buena parte de la sociedad dominicana.

Aboga por los conceptos de una Policía Comunitaria, “dirigidos a transformar a todo el cuerpo de policía administrativa, en especial el de seguridad pública, en una institución orientada al servicio de la comunidad, conforme a los principios de la proximidad y coparticipación de las comunidades en la identificación y solución de las problemáticas referidas a la seguridad de los habitantes”.

El libro de Taveras plantea la sustitución de la tradicional ideología de la seguridad, basada en la represión y el castigo, por una visión proactiva encaminada a la prevención del crimen y el delito, así como al mantenimiento del orden y de la paz ciudadana, al manejo de las relaciones  comunitarias y a la identificación de escenarios de potenciales conflictos.

Todo el libro de Taveras Rodríguez es un atrevimiento fruto de los avances democráticos de la sociedad dominicana donde ya un general puede plantear abiertamente sus criterios sin temor a represalias, donde la función policial, como la militar, tiene que estar sometida a la transparencia del debate público, con participación de sus miembros.

Llega a reclamar la inclusión de la Policía Nacional en los consejos de gobierno y a fundamentar la eficiencia y la responsabilidad profesional en un “código de ética que paute la actuación de los miembros de la organización y a la vez les sirva de instrumento de conservación y promoción de los valores institucionales”.

Plantea las profundas limitaciones formativas de la Policía Nacional, en la que apenas el 6 por ciento lo constituyen profesionales, el 3 por ciento bachilleres, 3 por ciento cadetes activos y sólo el 1 por ciento técnicos en investigaciones criminales. El restante 87 por ciento está urgido de un gran esfuerzo de capacitación que los ponga en capacidad de asumir el rol que les corresponde.

Al abogar por la comunitarización y profesionalidad de la institución policial, el general Taveras propone fortalecer las especialidades en las diversas áreas investigativas para conformar una “Policía Investigativa Técnico-Científica”. La educación de la base deberá fortalecerse en lo concerniente a las modalidades modernas de policía preventiva e investigativa, con la debida formación humanística y de protección de los derechos humanos para “sustituir el carácter militarista que poseen sus modalidades pedagógicas, la estructura curricular y el orden interno de los institutos formativos”.

El autor no se arredra ante nada y presenta la escala salarial de la Policía, donde un sargento cobra mensualmente apenas 3 mil 600 pesos, un teniente primero 5 mil 900 y un coronel 11 mil 125 pesos. Entonces clama por un sistema de motivación e incentivos que proporcione estabilidad social, protección, vacaciones, horarios racionales de trabajo y retiro digno para dignificar y hacer atractiva la carrera policial a recursos humanos cada vez más capacitados para enfrentar los desafíos de la criminalidad.

Taveras Rodríguez se atreve a plantear que no basta una reforma de la ley policial, que es necesario transformarla profundamente, equiparla y tecnificarla para ponerla en condiciones reales de enfrentar la creciente delincuencia que tanto preocupa hoy a los dominicanos.

Este libro llega en un momento muy oportuno. Debe ser leído por todos los que se preocupan por la seguridad ciudadana, especialmente por aquellos que siguen creyendo erróneamente que la delincuencia en la sociedad contemporánea se puede erradicar simplemente a tiros y macanazos.

Lo primero es constituir una Policía Nacional capaz, dotarla de los recursos técnicos y humanos que requiere, vincularla a las comunidades, hacerla eficiente. Eso requiere inversión, mejorar substancialmente sus salarios y multiplicar su formación técnica y profesional. De lo contrario la delincuencia terminará atentando no solo contra la seguridad nacional, sino también contra las fuentes de ingresos, como el turismo.

La Esperanza de la Navidad

Por Juan Bolívar Díaz

 Si lo que celebramos en estos días es el nacimiento de Jesucristo, tenemos que aferrarnos a la esperanza como contenido esencial de la Navidad, que implica renovación, anunciación de un nuevo código de convivencia basado en la solidaridad humana.

Después de un año de tanto desaliento, expresado en aumento de la criminalidad que ha cobrado violentamente la vida de unos cinco dominicanos o dominicanas cada día, uno de ellos escandalosamente a manos de las fuerzas del orden público.

 Tras 360 días de descomposición y corrupción a todo lo largo y ancho del cuerpo social dominicano, a tal punto que aparentemente mana pus, por donde quiera que se le toca, sin reparar entre el sector público y el privado, entre civiles como militares y policías, abarcando también todas las jerarquías sociales.
Transcurrido otro año de predominio absoluto de la impunidad para los responsables de las grandes estafas que recientemente hundieron la economía nacional repercutiendo en agravamiento de la pobreza y del atraso que lastran el desarrollo de nuestro pueblo.

 Después de haber sufrido otro año de apagones, desabastecimiento de los hospitales, acumulación de basura y precariedad en muchos otros servicios, con toda la carga de desaliento y frustración que conllevan para la mayor parte de la población.

Tras haber visto la chabacanería, el relajo y la falta de respeto a la ciudadanía encarnados como forma de gobierno y en retrocesos en algunos de los limitados avances institucionales de los últimos años.

 Vista y comprobada tanta pobreza y miseria en un país donde la mayoría de los que tienen la suerte de un empleo apenas perciben la mitad de lo que necesitan para cubrir el costo de la canasta básica familiar.

 Ante el tráfico con la miseria humana dominicana que se expresa en las interminables aventuras migratorias en yolas que con tanta frecuencia han terminado en tragedias.

 Comprobado el hecho de que como pueblo hemos perdido la capacidad de asombro ante tantos cánceres sociales como los que acumula y padece la sociedad dominicana.

 Frente a ese cúmulo de factores depresivos no nos queda más opción que aferrarnos a la esperanza, partiendo de la reflexión que conlleva la celebración de la Navidad que, hay que recordarlo, recuerda la llegada del Mesías, del humilde nazareno que cambiaría el curso de la historia y trocaría la venganza del ojo por ojo y diente por diente en comprensión, compasión, solidaridad y amor.

Ceder ante tanto cúmulo de frustraciones, caer en la desesperanza, resignarnos a que no tenemos otro destino, es renunciar a nosotros mismos, pero sobre todo desconocer que este mundo es el que estamos legando a los hijos y nietas, la inmensa mayoría de los cuales no cabrán ni en las yolas ni en el avión, y es aquí donde tendrán que levantar sus sueños y esperanzas.

 El desaliento que se respira por todos los ámbitos de la sociedad dominicana tiene fundamento en una realidad contundente y cotidiana. Pero no conduce a ningún espacio de esperanza. Sólo es un camino a la frustración.

 Tenemos que combatir esa desesperanza, expresada en un pesimismo abrumador que conlleva la renuncia a todo esfuerzo de construcción colectiva, y hacer conciencia de que la vida social está tejida históricamente de flujos y reflujos, de caídas y recuperaciones, de tropiezos y pasos de avances.

Ahora que estamos en Navidad tenemos que alentarnos pensando en todo lo que nos rodea, abriendo de par en par los brazos para que quepan muchos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, amigos, vecinas, y juntos podamos iniciar la urgente recomposición social.

 El mensaje de la Navidad, la convocatoria al renacimiento, al amor y la solidaridad pervive ahí, más de dos mil años después de lanzado, a pesar de todos los descalabros y traiciones de los que ayer y hoy se han dicho discípulos del nazareno. Porque su fuerza es invencible y se sostiene por sus esencias, que nos convocan cada día, en cada nueva Navidad y en cada nuevo año.-

La infancia y el mundo amenazados

Por Juan Bolívar Díaz

El Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2005, dado a conocer el jueves por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es un compendio estadístico del horror, una expresión de los abismos de violencia y exclusión generados por nuestra “civilización”. Las estadísticas hablan por sí mismas: Más de mil millones de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo enfrentan una vida de miseria y privaciones debido a la pobreza, los conflictos y enfermedades como el VIH/SIDA; más de la mitad de los niños y niñas del mundo en desarrollo carecen de bienes y servicios básicos; uno de cada 6 niños padece hambre; uno de cada 7 no recibe ningún tipo de atención de salud; uno de cada 5 carece de agua potable; uno de cada 3 no tiene ni letrina.

Más de 640 millones de niños y niñas viven en hogares con suelo de barro o en hacinamiento extremo; más de 300 millones no tienen acceso a la televisión, la radio, el teléfono y el periódico; más de 120 millones no reciben instrucción primaria; 180 millones están atrapados en las peores formas de trabajo infantil.

Cuando se refiere a América Latina y El Caribe, el informe de UNICEF la considera especialmente preocupante, señalándola como “la parte más desigual del planeta”, donde el 20 por ciento afortunado obtiene el 60 por ciento de los bienes generados, mientras el 40 por ciento de los más pobres apenas alcanza el 10 por ciento de los beneficios.

Llama la atención la afirmación de que en esta región la pobreza que afecta a la infancia es desproporcionada en relación a la de los adultos; 56 por ciento de los menores de 19 años son pobres, en tanto que de los adultos sólo el 44 por ciento.

Hay que atribuírselo a la cantidad de niños y niñas abandonados y a los hogares regidos por madres solas.

Es particularmente horrorosa la situación de los indígenas y afrodescendientes, que es la manera con que ahora se llama a los negros rehuyendo el racismo, cuantificados en más de 40 millones y de 150 millones respectivamente, para cerca de un 40 por ciento de la población regional. Son los que sufren mayores niveles de exclusión. El informe estima que 92 de cada 100 descendientes de africanos de América Latina y El Caribe viven por debajo de la línea de pobreza.

Para nosotros lo más relevante es que la situación de la niñez dominicana se sitúa por debajo del promedio latinoamericano y caribeño. Al dar a conocer el informe, el representante local de UNICEF, Tad Palac, indicó que sólo el 57 por ciento de los hogares dominicanos tiene acceso al saneamiento, contra el 75 por ciento prevaleciente en la región; la asistencia a la escuela es en promedio 83 contra 93 en AL y el Caribe. Aquí agregó que “esto es sin hablar de la cuestión de la calidad.

Registra una reducción de la mortalidad infantil, aunque la neonatal no presenta cambios significativos desde 1986; y el nivel de la mortalidad materna no se corresponde con la infraestructura sanitaria ni el índice de desarrollo humano de la nación.

UNICEF denuncia situaciones particularmente graves en el país, como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y el que millares no disponen ni de de registro de nacimiento, lo que limita su acceso a la educación y otros servicios básicos.

En general, el Informe sobre la niñez en este 2005 es un llamado a la sensibilidad humana y la reflexión, en  un mundo que este mismo año habrá destinado cerca de mil millones de dólares al gasto militar. Sólo 500 mil millones por parte de Estados Unidos. Esas cifras representan mil 360 millones de dólares cada día, 56 millones por hora y casi un millón de dólares por minuto.

Con el agravante de que esas armas generan guerras como la de Irak que multiplican la pobreza y el sufrimiento de los niños. Allí la tasa de mortalidad de menores pasó de 50 por mil en 1990, a 125 por mil 12 años después. Y nadie se atreve a cuantificar la proporción después de la ocupación militar iniciada el año pasado.

El Informe de UNICEF resalta que 55 de los 59 conflictos registrados en el mundo desde 1990 no han sido internacionales, sino dentro de un mismo país, y que la mitad de los 3.6 millones de muertos han sido niños y adolescentes.

Cuando se leen las estadísticas y situaciones recogidas en este informe, el horror se hace presente y se recuerda la canción emblemática del poeta  Raymond, un fenómeno catalán-español de los años sesenta y setenta, titulada Digamos No. Yo digo no, digamos no, nosotros no somos de ese mundo.

Muestras de precariedades institucionales

Por Juan Bolívar Díaz

Nuestras precariedades son tan grandes que a menudo celebramos acontecimientos que no son otra cosa que expresión clara y contundente de irrespeto a las instituciones y de inmadurez democrática. El gran acontecimiento de la semana fue para la opinión pública el que los partidos e instituciones públicas y funcionarios gubernamentales lograron acuerdos en el llamado Diálogo Nacional para superar una serie de diferendos.

De un lado, gobierno, Liga Municipal Dominicana, Federación de Municipios y dirigentes políticos se pusieron pactaron para devolver los equipos que habían sido arrebatados a una parte de los ayuntamientos, para elaborar un proyecto de ley que regule las policías municipales y para reducir del 10 al 8.55 por ciento la proporción de los ingresos fiscales que el próximo año será destinado a los municipios.

Por otra parte los tres partidos mayoritarios fueron inducidos, a nombre del Diálogo Nacional, a firmar un comunicado conjunto comprometiéndose a “salvar” el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y a crear una comisión que proponga modificaciones a la impracticable Ley de Primarias.

Siguiendo el orden podemos decir que jamás debió producirse el arrebato de los equipos pesados a los ayuntamientos para pasarlos a los gobernadores provinciales o a los inexistentes Consejos Provinciales de Desarrollo. Fue una expresión de regresión tanto por la forma en que se hizo sin previa discusión institucional, por el uso de la fuerza y porque fue la negación del principio de la descentralización y del municipio como expresión de organización y representación local.

Tampoco debió la secretaría de Interior y Policía disponer el desarme de las policías municipales, que databan de más de dos décadas en varios municipios, sin previa discusión en el seno de la Liga Municipal Dominicana y con la Federación Dominicana de Municipios. Si había que elaborar una ley marco que las paute, esa era el escenario donde había que discutirlo y decidirlo antes de “trancar mientras se investiga”.

Si era procedente y comprensible que se redujera la proporción del presupuesto nacional establecida por ley para los municipios, era también en la Liga y con la Federación con quienes había que consultar. Y decidirlo por los partidos políticos a través de sus representantes en el Congreso Nacional.

Nunca debió meterse de contrabando en la ley de reformas tributarias el impuesto del 25 por ciento al sirop de maíz importado de Estados Unidos, pocas semanas después que el gobierno de Hipólito Mejía, cuyo partido tiene más del 90 por ciento del Senado y la mitad de los diputados, firmara un tratado de “libre comercio” con Estados Unidos.

Si había que buscar protección o compensación a los productores azucareros, el Congreso debió hacerlo con serenidad y ponderación y al margen de la prisa que imponía la reforma tributaria. Sobre todo porque los efectos del tratado tardarán años en manifestarse.

Pero los partidos mayoritarios en vez de reunir a sus legisladores y discutir las implicaciones del impuesto, especialmente el que firmó el pacto y lo violó, firman un comunicado público comprometiéndose a lo obvio.

La ley de Primarias jamás debió ser aprobada en esos términos. Por la simple razón de que no hay Junta Central Electoral que pueda organizar en un solo día una votación para escoger todos los candidatos a cargos congresionales y municipales de 22 partidos reconocidos. Mucho menos realizar el cómputo.

Pero era la Junta Central Electoral la que tenía que reunir a los delegados de los partidos y a los líderes congresionales para demostrarles la imposibilidad de esa tarea y llamarles a reflexionar sobre sus costos y otros aspectos discutibles de la ley. Luego los bloques legislativos discutían y elaboraban un proyecto de modificaciones.

Para nada de eso era preciso el escenario del diálogo nacional, ni la sotana de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien aparece como el supremo réferit en el ruedo de nuestras precariedades institucionales y falta de madurez democrática.

Ante los hechos consumados esos acuerdos parecen una misa de salud, pero sirven también para prolongar y justificar nuestras debilidades institucionales. Con el agravante de que a menudo tampoco se cumple lo pactado.

Ya se escuchan y leen propuestas para crear una nueva comisión que proponga las necesarias modificaciones de fondo a la Constitución de la República. Lo mismo que hizo hace apenas tres años otra comisión instituida por decreto presidencial con amplísima participación de todos los partidos políticos y de la sociedad civil.

El informe de aquel enorme esfuerzo que consumió meses fue echado al zafacón por el mismo presidente que instituyó la comisión, pero está recogido en un libro a disposición de los interesados. ¿Cómo volver a hacer ese trabajo en vez de rescatar lo logrado y, de paso, honrar el diálogo, la concertación y la participación?

Urge cerrar la brecha de la discrecionalidad

Por Juan Bolívar Díaz

Para que este país pueda avanzar en el ordenamiento institucional, en la racionalidad en la inversión de los recursos públicos, en la transparencia y en la reducción de los agobios del rentismo y el clientelismo, es urgente que encuentre fórmulas que cierren la tremenda brecha de discrecionalidad con que actúan los gobernantes. Ese margen tan amplio de facultades para anteponer las conveniencias personales, grupales y partidarias a las más elementales reglas de la racionalidad y del supremo interés en los diversos niveles de la gestión pública tiene que ser modificado con suma urgencia.

Todo comienza por el artículo 55 de la Constitución de la República, cuyos 27 acápites conceden tan amplias facultades al Presidente, hasta para incursionar en ámbitos de los demás poderes del Estado, mientras queda virtualmente sin responsabilidad por las acciones de sus subordinados. De manera que todos los excesos son justificados en “las facultades presidenciales”.

Pero la discrecionalidad va mucho más allá en un país donde se relativizan tanto las leyes, desde las adjetivas hasta las virtuales como la de la oferta y la demanda y la misma ley de la gravedad.

A cerrar esa discrecionalidad deberían dedicarse las mayores energías de las instituciones nacionales, públicas y privadas, de las iglesias y sus mediadores, las de las organizaciones sociales y de los organismos internacionales.

Para que nunca más ningún gobierno pueda dedicar decenas, cientos y hasta miles de millones de pesos a comprar autobuses, automóviles, camiones y cabezotes para distribuir a su discreción y voluntad, aún entre organismos y entidades que les den uso legítimo. Brecha que suele ampliarse más para colar el aprovechamiento personal, grupal y partidista.

Eso fue lo que se hizo desde el primer momento con el Programa para Renovación de Vehículos (Renove), con un alto componente de tráfico, desde su concepción, contrataciones y compras, hasta la distribución.

Este programa nos parece más reprochable porque es el último, porque sus heridas están aún abiertas y de sus llagas todavía mana pus que contamina el ambiente y quita deseos de vivir. Pero todos sabemos que en casi todos los gobiernos anteriores se han implementado programas para distribución de vehículos. En el penúltimo se entregaron cientos de camiones a través del Inespre, y millares de pollitos amarillos y taxis turísticos, financiados con recursos públicos.

Y ¿cuál es la diferencia entre el Renove y los proyectos de apartamentos de lujo y de clase media alta construidos de grado a grado por gobiernos anteriores y luego distribuidos entre dirigentes y militantes políticos, familiares y allegados?

Parecerá más elegante repartir cargos-botellas y becas entre militantes y familiares, pero es igualmente un abuso de los recursos del Estado, interesado, político, discriminatorio y generador de corrupción.

Solo la impunidad predominante en el país puede justificar que el director de un organismo estatal como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado pudiera defender el miércoles el otorgamiento de obras grado a grado, bajo el alegato de que los concursos se arreglan. Si se arreglan los concursos públicos, imagínense qué ocurrirá con los contratos sin ninguna transparencia.

Esa discrecionalidad fue la que utilizó esta semana el exsecretario de la Presidencia Pedro Franco Badía para justificar reparticiones del Renove. Mostró un fólder lleno de autorizaciones presidenciales, lo que para él es suficiente. Desde luego que él hizo su propia inversión, razón por la cual según sus declaraciones a Edith Febles en El Caribe, salió de la reciente detención “levantado como un héroe, cantando victoria, victoria, victoria”.Franco fue más franco aún y proclamó que tiene respaldo popular por haber cumplió con la militancia “porque yo creé muchas botellas cuando estaba en el gobierno”.

La modificación del artículo 55 por sí sola justifica una reforma a fondo de la Constitución de la República. Pero se requiere mucho más que eso, cambiar la cultura general de que al gobierno se va a repartir y sembrar; con los de abajo buscando votos, eso que llaman clientelismo; y con los de arriba buscando financiamiento, el rentismo. Sólo nos fijamos mucho en el primero, pero el segundo suele salir más caro, aunque los costos son menos visibles, porque los amarres son más discretos.

Por eso no establecemos normas firmes para las compras y contrataciones del Estado, y sustentamos que un decreto presidencial lo puede todo, hasta repartir lo ajeno.

Cumpleaños feliz: del Peme al Renove

Por Juan Bolívar Díaz

Puede que sean simples coincidencias, pero hay múltiples vasos comunicantes entre los procesos judiciales abiertos por el Plan de Renovación del Transporte (Renove) y el Programa de Empleos Mínimos Eventuales (Peme), y eso de entrada tiene mal augurio, pues presagia otra burla al sentimiento nacional que reclama sanción a la corrupción.

Lo primero es que los sometimientos del Renove se producen como para conmemorar el cuarto aniversario de los del Peme, abiertos al comienzo del gobierno de Hipólito Mejía el 23 de noviembre del 2000, pese a lo cual y aunque aquel fue un expediente bastante bien fundamentado, todavía no ha pasado de instrucción y los acusados están todos libres, algunos de ellos ocupando cargos públicos nuevamente.

Del nuevo expediente todavía no podemos entrar en profundidades, ya que no lo conocemos. Pero el Renove, al igual que el Peme, ha tenido desde su inicio un tufo de desorden, tráfico de influencia y comisiones que ha provocado indignación, reclamos de transparencia y sanciones.

Cuando se conozca el expediente podremos hacernos una idea clara de las responsabilidades involucradas en la administración de este discutido programa que ha supuesto un endeudamiento nacional de por lo menos 158 millones de dólares.

Del Peme lo conocimos todo, primero porque se entregó completo al día siguiente de los sometimientos. Después HOY publicó los interrogatorios a los implicados, y luego hasta un libro circuló con la documentación.

Hace 4 años fueron 13 los sometidos originalmente, entre exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios. Varios de ellos luego quedaron liberados de responsabilidad. Ahora son 10, también exfuncionarios, políticos y empresarios. En cada caso se involucra a  dos exsecretarios administrativos de la presidencia.  El escándalo del Peme involucró 1,458 millones de pesos. El del Renove todavía no se sabe con certeza, pero se habla de más de mil millones de pesos.

Tan pronto se iniciaron los sometimientos hace cuatro años, tanto el entonces expresidente Leonel Fernández, como los dirigentes del PLD y los acusados, alegaron que se trataba de persecución política, lo que han sostenido hasta la fecha. No esperaron a conocer los detalles del expediente y justo cuando éste se presentaba públicamente el 24 de noviembre del 2004, se presentaron ante la Procuraduría General en una airada manifestación que culminó en mayúsculo desorden, excesos policiales incluidos.

Ya lo vimos el jueves que por igual el expresidente Hipólito Mejía, dirigentes del PRD y los acusados aducen también que están bajo revancha política, que se trata de un show  y amenazan con responder proporcionalmente.

Ahora, al igual que hace 4 años, buena parte de la opinión pública recibe los sometimientos con satisfacción y alienta esperanza de sanciones, de justicia. También, como en el caso del Peme, los más responsables reclaman transparencia, toda la información, absoluto apego a las normas jurídicas, no utilización política del caso.

Alienta el que al frente de la Procuraduría General se encuentre ahora un abogado y político de las prendas morales del licenciado Francisco Domínguez Brito. Hace 4 años ocupaba el mismo cargo otro abogado y político impoluto y con el mérito de haber pasado muchos años en la vida pública, el doctor Virgilio Bello Rosa, quien hizo esfuerzos porque no se politizara el proceso, algo siempre difícil de lograr.

Ahora hay una razón adicional para alentar esperanza de justicia, y es que se supone que con el nuevo Código Procesal Penal los procesos judiciales serán más ágiles. Tal vez no lleguemos a cuatro años en instrucción ni se repita el hecho de que los acusados vuelvan al poder sin que siquiera se iniciara el juicio.

También sería de desear que el procesamiento del Renove arrastre al del Peme. Por elemental sentido de equidad y justicia. Aunque debe reconocerse que mientras el último tiene quien lo empuje, el primero parece huérfano. No lo recuerdan ni las entidades más preocupadas por la corrupción.

Y vale recordar que allí se documentó de todo, que a uno de los acusados le documentaron casas, apartamentos y vehículos y dinero efectivo por unos 20 millones de pesos provenientes del Peme, que los implicados confesaron en los interrogatorios que gran parte de los mil 458 millones de pesos se destinó a pagar dirigentes y activistas políticos, transporte para manifestaciones y otras “necesidades partidarias”.

Aquello se manejó como un programa clandestino, en locales ocultos, con cuentas bancarias irregulares. Se registraron 991 mil 439 cheques depositados en una misma cuenta secreta, y hasta préstamos a empresarios para adquirir un canal de televisión.      Definitivamente, mientras esperamos los detalles del Renove, algunos de los cuales ya han sido denunciados en una auditoría del pasado gobierno, hay que mantener la esperanza de que esta vez no nos tomen el pelo ni se burlen de nuevo de los anhelos de justicia de este pueblo.

En memoria de don Manuel Corripio García

Por Juan Bolívar Díaz

Los reconocimientos que recibió en vida Don Manuel Corripio García fueron más que merecidos. Los que se le han formulado esta semana a raíz de su desaparición física están signados por el sentido de justicia, tanto como por la pena de perder a un ser humano excepcional, que sembró en campo propio y ajeno por más de 96 años.

Fue uno de esos personajes que cualquiera quisiera haber tenido la oportunidad de tratar a fondo, de escuchar el relato de su vida y conocer los secretos de su éxito. Yo lo intenté más de una vez, pero tropecé con el obstáculo de que don Manuel era un hombre extremadamente modesto y sencillo y evadía hablar de sí mismo y menos a un periodista.

Por momentos parecía preso de la timidez. Pero la inmensa gama de sus relaciones, incluso con los personajes más influyentes y poderosos de su tiempo, indicaba que lo que predominaba era un sentido extremo de la modestia.

Confieso que fracasé varias veces en el intento de hacerle una entrevista para colectivizar sus experiencias. De tiempo en tiempo cuando le encontraba en los últimos 18 años, le recordaba el “compromiso” que tenía de contarme su proceso. Apelé a Pepín en varias ocasiones, pero el viejo se mantenía incólume. Me sonreía cariñoso y desviaba la conversación a temas de actualidad o de interés para su interlocutor. Ya en los últimos años me había resignado a la derrota, convencido de que no había forma de doblarle el pulso a este viejo imperturbable, y además porque lo veía agotarse en el tiempo y no podía parecer que velaba sus hálitos de vida.

Mi fascinación por el personaje comenzó cuando escuchaba a Pepín contar la forma en que fue forjado por aquel padre que lo ponía a barrer la acera en la avenida Mella para que nunca se avergonzara del trabajo, en ninguna de sus categorías, y para que recordara por siempre sus modestos orígenes.

La acumulación de riqueza nunca lo hizo cambiar  sus esencias y siguió predicando el ahorro, la jornada infinita, la virtud de la humildad, negado rotundamente a ofender a los demás estrujándole su abundancia.

Tal vez alguna vez llegara a la exageración y diera razón a quienes criticaban que no se dedicara a disfrutar de lo acumulado. Actitud admirable frente a la fastuosidad, el boato y el derroche ofensivo que se ha visto en el país por parte de nuevas generaciones empresariales.

Tuve una gran oportunidad de comprobar el sentido de solidaridad y el espíritu generoso de don Manuel una mañana de junio de 1996. La noche anterior un conato de juez me había condenado en ausencia, por supuesta difamación e injuria, en un juicio viciado y al vapor, a 6 meses de cárcel y varios millones de pesos.

La materia era delicada. Todo el mundo sabía que aquello era un juicio político, ordenado en represalia por la publicación de mi libro Trauma Electoral, en el que mostraba la trama que vulneró las elecciones presidenciales de 1994.

Aquella mañana, cuando recibí una llamada de Pepín a mi oficina, poco después de las 6, le prometí pasar por su casa dos horas más tarde cuando avanzara el telediario Uno más Uno. Cuando toqué la puerta me abrió don Manuel, quien aparentemente me esperaba. Me tomó ambas manos y tras exageradas expresiones de aprecio a mi trabajo, me comunicó que podía contar con la solidaridad de toda su familia.

Confieso que lo que esperaba en aquella casa en tales circunstancias era una actitud conservadora. Pero el vigor con que me habló don Manuel me hizo despertar a la realidad de que estaba frente a un hombre excepcional, valeroso y al mismo tiempo cariñoso.

No pude olvidar aquel episodio cuando le veía rígido la mañana del miércoles, en su cama de amor eterno. Su cuerpo consumido por el paso implacable del tiempo, pero alto el espíritu que lo sostuvo en plenitud de conciencia hasta el desenlace final. Comprendí la profunda pena de su familia y luego las palabras de Pepín al despedirlo, pregonando cómo don Manuel Corripio García había rendido culto al trabajo, sembrando en su propio campo y en el de los demás.

La reelección de George Bush

Por Juan Bolívar Díaz

La reelección del presidente George Bush en los comicios del pasado martes han significado un revés para la causa de los demócratas, no sólo de los Estados Unidos, sino también de todas partes del mundo, pero de ninguna forma puede ser equiparado al final de la civilización.

Es verdaderamente preocupante que la mayoría del electorado norteamericano haya hecho prevalecer una concepción de gobierno que defiende el derecho a la fuerza en cualquier parte del mundo al margen de los principios en que se ha fundado el avance de la convivencia internacional en por lo menos un siglo. Incluso por encima de los organismos que, como las Naciones Unidas, fueron forjados en nombre de la civilización y los supremos valores humanos.

Más deplorable por cuanto Estados Unidos fue de los forjadores de ese orden internacional, que si bien lo irrespetó cada vez que sus líderes lo creyeron conveniente, por lo menos no hicieron doctrina ni calificaron de irrelevante a los organismos internacionales ni de desfasados aún a sus aliados de la “vieja Europa”.

Hay temores generalizados de que el triunfo de los fundamentalistas norteamericanos, representados por Bush, Cheney y su grupo, ensanche la profunda brecha que los separa de gran parte del liderazgo democrático mundial y en los propios Estados Unidos, que lucen más divididos que nunca, tanto en los asuntos domésticos como internacionales.

Los temores a una reelección de Bush se habían expresado ampliamente por todas partes y especialmente en Europa y América Latina, basados en lo que su concepción de salvador del mundo representa para la supervivencia del orden internacional edificado en las últimas décadas.

El escritor británico John Le Carré lo sintetizó en un artículo reproducido el 21 de octubre por el diario madrileño El País: “Seguramente ningún presidente estadounidense en la historia ha despertado un odio tan generalizado en el extranjero como Geroge W. Bush: por su unilateralismo matón, su desprecio a los tratados internacionales, su indiferencia temeraria respeto a las aspiraciones de otras nacionales y culturas, su desdén por las instituciones de gobierno mundial y, sobre todo, por abusar de la causa del antiterrorismo para desencadenar una guerra ilegal –y ahora la anarquía- en un país que, como tantos otros en el mundo, sufría una dictadura espantosa, pero no había tenido nada que ver con el 11-S, ni poseía armas de destrucción masiva, ni tenía antecedentes de terrorismo salvo como aliado de Estados Unidos en una guerra sucia contra Irán”.

Frente al hecho consumado queda en primer lugar el consuelo de que casi la mitad de los norteamericanos, sobre todo los más vinculados al resto del mundo, los residentes en las dos costas, en las grandes ciudades del nordeste y del norte, en las mayores concentraciones urbanas, los intelectuales y artistas, coincidieron con la preocupación que fuera de los Estados Unidos llegó a abarcar al 70 por ciento.

Resalta nuevamente la capacidad de manipulación de las grandes masas humanas, ya que según encuestas más del 40 por ciento de los norteamericanos seguían creyendo que Irak fue responsable de os ataques del 11 de septiembre y que poseía armas que ponían en peligro la seguridad de los Estados Unidos.

Los grandes medios de comunicación escritos y la intelectualidad norteamericana no pudieron revertir las convicciones de que Bush y su política representan la salvación de la democracia y la sociedad estadounidense. En algunos de los reductos más aislados y conservadores del sur y el centro de Estados Unidos, el voto por las políticas de Bush abarcó hasta casi dos tercios.

La reelección de Bush, con una proporción de votos superior a la de hace 4 años, y con mayor control de las cámaras legislativas, es una peligrosa carta de legitimación a sus pretensiones de llanero solitario salvador del mundo, de la democracia y de la fe cristiana.

Pero no tiene que representar una catástrofe, porque tanto en Estados Unidos como en todo el mundo prevalecerán inmensas legiones en la lucha por un nuevo orden internacional más justo y basado en los principios que han sido fundamento de la democracia universal.

La muerte de Gerard Pierre-Charles

Por Juan Bolívar Díaz

La intelectualidad y los demócratas de la isla, de toda la región del Caribe y gran parte de América Latina ha resultado afectada esta semana con la muerte del economista, sociólogo y líder político haitiano Gerard Pierre-Charles, prematuramente, a los 68 años, afectado por un masivo infarto cardíaco.

La partida del destacado catedrático y escritor es una malísima noticia para su país, Haití, que no acaba de levantarse de sus históricas dolencias, fruto de la expoliación colonial, de su propia recurrencia al caudillismo y del atraso.

Pierre-Charles ha partido sin haber visto el despegue democrático de Haití, por el que luchó durante medio siglo, dentro de sus fronteras y en el largo exilio de México, que duró 26 años. Allí fue la principal figura sinónimo de oposición a la tiranía oscurantista de los Duvalier.

En la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dirigió el departamento de Estudios del Caribe en los años setenta, Pierre Charles sembró cátedras como intelectual y escritor. México le reconoció el año pasado cuando le entregó su máxima condecoración, el Aguila Azteca, ocasión en la que el canciller Jorge Castañeda le definió como una figura democrática latinoamericana de dimensión continental.

Al morir, Gerard era el principal dirigente de la Organización del Pueblo en Lucha, el mayor de los partidos integrantes del bloque Convergencia Democrática. Al retornar del exilio en 1986 ofreció su apoyo a Jean Bertrand Aristide  pero hubo de retirárselo y convertirse en uno de sus principales opositores, cuando el sacerdote se convirtió en otro caudillo autocrático aferrado al poder.

En diciembre del 2001 las turbas aristidistas se cebaron en él saqueando su residencia y un centro de estudios que había constituido junto a su esposa, la también escritora Suzy Castor.   Huérfano en su niñez, padeció una poliomielitis tardía, de la que se repuso espiritualmente a fuerza de voluntad, pero quedó físicamente minusválido. Con muletas, en un automóvil especial con mandos manuales, conducía en el infernal tránsito de la ciudad de México y se movía imperturbable por todo el mundo.

De espíritu indomable, Gerard era, sin embargo, una persona de extremada amabilidad y suave temperamento. Humilde y sencillo, jamás asumió poses de profesor y disfrutaba las tertulias con estudiantes y gente común. Profesaba un religioso respeto por las expresiones más diversas de la cultura popular.

Para los dominicanos la muerte de Pierre-Charles es una gran pérdida. Desde que lo conocimos en México en los años sesenta hacía esfuerzos por vincularse con profesores y estudiantes dominicanos y nos hablaba de un futuro de relaciones armoniosas y solidaria colaboración de hermanos.

En el país tenía muchos amigos que le estimaban profundamente y con quienes disfrutaba reunirse en sus numerosas visitas de los últimos años. Durante el régimen de Balaguer sufrió un impedimento de entrada que le impidió participar en eventos académicos y políticos.

En una de las últimas entrevistas que le hicimos para Teleantillas explicaba que  Haití tiene que tomar en cuenta las experiencias dominicanas en materia de desarrollo económico, la ecología y la democracia.

Cuando le preguntamos qué podíamos hacer los dominicanos por Haití respondió que lo primero era conocernos mejor y sistematizar la cooperación en todos los niveles, con fraterna amplitud, convencidos de que era lo beneficioso para las dos naciones.

Diplomático como era, Pierre Charles decía no entender los esfuerzos de tantos por sembrar discordias entre dominicanos y haitianos. Para él no había la menor confusión. Somos dos pueblos y naciones unidas por la geopolítica colonial y la geografía, inseparables, condenados a la cooperación para avanzar en el desarrollo.

Personalmente disfruté la compañía de Gerard desde los años de estudiante en México, siendo ya él un catedrático. En su casa y a su mesa encontré amistad y solidaridad. Aquí compartió con nosotros la cena de Navidad, la visita al restaurant y la playa.

Puedo testimoniar que era un caribeño excepcional, un intelectual completo, digno de respeto. Un hombre absolutamente bueno, cariñoso, con una gran capacidad para reflexionar y avanzar.

Gerard Pierre-Charles fue desperdiciado por Haití. Que su inmenso espíritu se expanda sobre su agobiado país y se reproduzca en otros que puedan crear la nueva nación que él no pudo ver.

Profilaxis justa en la Policía Nacional

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el Consejo Superior de la Policía Nacional ha iniciado una labor de profilaxis, todos debemos cifrar esperanza de que el resultado sea una institución más limpia y en mayor capacidad de ejercer su responsabilidad de prevenir y combatir la delincuencia y mantener el orden público.

Tal como avanzó el Jefe de la PN, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, ese proceso debe estar revestido de la mayor transparencia y sentido de justicia, sin retaliaciones ni venganzas grupales o personales.

Tanto el jefe policial como muchos otros altos oficiales saben muy bien lo que hay que hacer para transformar esa institución en un organismo funcional y eficiente, capaz de responder al creciente desafío de la delincuencia.

Ese sentido de justicia y equidad no ha estado presente en el informe de la comisión que investigó el escándalo de los vehículos robados y usufructuados por oficiales de la PN. Tampoco en las declaraciones sobre el particular del ministerio público.

El informe busca concentrar la responsabilidad de la práctica en apenas 7 altos oficiales, aunque el mismo comienza indicando que esa práctica ilegal está vigente “desde tiempos que preceden a esta generación de oficiales de la Policía Nacional”, y lo atribuye a la insuficiencia de vehículos con que ha tenido que manejarse la institución. Sostiene que era parte de la “logística con la cual se había venido cumpliendo la misión principal de la Policía”…

Sin embargo, el informe carga la responsabilidad exclusivamente en los jefes departamentales que eran precisamente quienes tenían que cumplir la misión de la institución, dejando ignorando la que corresponde a los beneficiarios del usufructo de los vehículos, en su mayoría generales y coroneles, aunque también algunos mayores, capitanes, tenientes y hasta tres sargentos.

Peor fue la forma como se presentó la investigación a la opinión pública, junto al anuncio de que esos 7 oficiales serían procesados. Se les atribuyó a ellos el usufructo de 82 vehículos, lo cual es absolutamente incierto.

Por ejemplo, al exjefe de la PN, general Jaime Marte Martínez, se le atribuyen 15, al exgeneral Pedro A. Hernández Reyunoso, excomandante del departamento de vehículos robados 10 casos, y al excoronel Fausto Tiburcio Batista, quien también comandó el departamento de vehículos robados, nada menos que 20 casos.

Cuando se revisa caso por caso en el mismo informe se descubre  allí mismo que Marte Martínez solo tuvo asignada una camioneta Mitsubishi del 2000, Hernández Reynoso aparece con dos jepetas y Tiburcio Batista tenía atribuidos 5 vehículos.

Es decir que de los 82 vehículos que se les asignan ellos sólo tenían 8, y los restantes 74 estaban “cargados” a otros oficiales, a los que la comisión y el ministerio público ha considerado inocentes, concentrando la responsabilidad sólo en 7 personas.

La realidad es que todos deben tener algún grado de responsabilidad en la irregularidad. Pero también los políticos y gobernantes que han pretendido que una Policía Nacional puede cumplir su misión patrullando a pies, como hace medio siglo.

Fuentes policiales que pretenden ser justas han confiado que tampoco se está tomando en cuenta circunstancias como que muchos de esos vehículos ya eran recuperados con los chasis borrados o alterados por parte de quienes los habían robado y si resultaba imposible establecer sus dueños, los oficiales les daban uso en actividades de la institución. Claro que en muchos casos eran dispuestos para servicio privado y familiar. ¿No hay distinción entre uno y otro?

Por supuesto que la justicia debe establecer responsabilidades y sanciones. Pero sin chivos expiatorios de una práctica vergonzosa, que no se daba sólo en la PN, sino también en la Dirección Nacional de Control de Drogas y hasta en cuarteles militares. Aún en la variedad de vehículos robados, además de incautados en las aduanas y la frontera, por contrabando, y como cuerpos de delitos.

Sería una pena que la PN desaprovechara la oportunidad de una profilaxis a fondo, requerida por toda la sociedad. O que la iniciara y realizara con injusticias, exclusiones y favoritismo. Hagamos voto porque lo del informe de la comisión investigadora sea enmendado.