El indeclinable amor al empleo público

Por Juan Bolívar Díaz

Como en cada inicio de gobierno asistimos al espectacular drama del desbordamiento de las presiones por alcanzar aunque sea una esquinita del pastel de la administración pública por parte de decenas de miles de militantes y simpatizantes del partido triunfador y sus aliados que “se fajaron en la campaña”.

Una buena parte de los militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no han podido escapar a esa tentación y en estos días invaden oficinas públicas, desde el Palacio Nacional hasta la más humilde de las direcciones generales, en busca de una colocación en el tren gubernamental.

Una Comisión de Empleo creada en el período de transición ha sido tan obviamente desbordada que el jueves se pidió a los organismos del PLD que envíen las solicitudes de colocación directamente a las instituciones gubernamentales correspondientes. Allí se encargarán de abrir espacio a los que quepan y decir a la mayoría que no hay vacantes. Pero mientras tanto se desconcentrará la presión que sufren Danilo Medina, Lidio Cadet y los demás comisionados para el empleo.

Según se puede interpretar de las expresiones de Cadet, tal como las transcribe El Caribe del viernes, las posibilidades están en franco agotamiento.

Llamó la atención que el exsecretario general del PLD dijera que ya la comisión “resolvió el problema del Comité Central, donde alrededor de 100 de los 300 miembros no habían sido designados en posición gubernamental, así como el de los miembros de las subsecretarías”.

A decir verdad nadie podía creer que los 300 miembros del máximo organismo peledeísta tuvieran necesidad de un empleo gubernamental, a no ser que sea la única forma de engrandecer la nación.

Como un partido de clases medias, se pretendía que muchos dirigentes del PLD eran exitosos abogados, médicos, ingenieros, empresarios y técnicos en la más diversa variedad disciplinaria, con ingresos superiores a los 37 mil 500 pesos mensuales que cobra un secretario de Estado, o de los 30 mil que corresponde al subsecretario, o los 22 mil 500 del director general, o los 18 mil 750 que quedan al subdirector, en todos los casos después que les deducen el 25 por ciento del impuesto sobre la renta.

Ahora como antes se ve a empresarios y profesionales acomodados empeñados en conseguir un asiento en el tren del gobierno, lo que remite irremisiblemente a los tráficos y comisiones a los que históricamente son vinculados los cargos ejecutivos oficiales.

Si eso ocurre en los altos niveles de la política y en uno de los partidos con más prédica de la ética, se puede explicar con facilidad que en los niveles medios y bajos se produzcan arrebatos y asaltos a oficinas públicas como se ha registrado en varios lugares del país en los días recientes, y que la incertidumbre y la agitación hayan paralizado durante dos semanas algunos ámbitos de la administración pública.

Desde luego, no es tampoco que la repartición se haga con plena equidad, sino que se hace presente en función de la predominancia grupal, para el futuro,  como lo denunció el mismo jueves y en la misma página de El Caribe el senador José Tomás Pérez, y lo han hecho con anterioridad los seguidores del doctor Jaime David Fernández.

La ocurrencia nos remite dramáticamente al problema de la hipertrofia en la administración pública que creció en 47 mil empleados durante la anterior gestión del PLD y en más de 60 mil en la reciente del PRD, para bordear los 400 mil empleos.

El presidente Leonel Fernández, como sus antecesores y él mismo hace 8 años, ha comenzado su gestión con la sana intención de reducir la nómina estatal. Esta vez se ha dicho que por lo menos en 80 mil, cosa que obviamente quedará una vez más en promesa, si se atiende al número de los que reivindican sus méritos para ocupar un asiento del tren.

Por eso ya el presidente ha comenzado a vulnerar las promesas concretas de su discurso inaugural. Ya no está designando sólo los dos subsecretarios que establecen las leyes orgánicas. En Interior y Policía, Deportes y Turismo van ocho, siete y seis. En Miami son 5 los vicecónsules designados en un solo decreto. Y numerosos los secretarios de Estado sin cartera. Y aún así las presiones son infernales.

¿Qué hacer? La situación es verdaderamente dramática. Todos convenimos en la necesidad de reducir la hipertrofia nominal, pero nos conformaríamos siquiera con que sea congelada. Pero de nuevo ponemos en duda.

Son demasiado los dominicanos y dominicanas que cifran sus expectativas de ascenso económico y social en un empleo público, con remuneración tan ridícula que un secretario de Estado cobra menos de mil dólares. No hay manera de pretender que en las actuales circunstancias este u otro gobierno pueda prescindir de la repartición.

Lo único que nos queda de esperanza es plantear la necesidad de cambiar la forma de hacer política, reducir la extensión y el costo de las campañas electorales, o que un presidente llegado al poder decida jugárselas todas a cumplir las hermosas promesas de la campaña, en función del supremo interés nacional.

Yo también quiero la reelección

       Por Juan Bolívar Díaz

             Ahora que el tema de la reelección ha sido colado nuevamente en el debate nacional, a sólo 7 años de haber sido prohibida por la Constitución de la República, considero llegado el momento de definirme.

            Somos tan reeleccionistas los dominicanos que ese ha sido el objeto de la mayoría de las 35 reformas que ha sufrido la pobre Constitución de la República.

            En base a ella Rafael Leonidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Ulises Hereaux y Buenaventura Báez nos gobernaron por más de la mitad de los 157 años que cuenta la República. Tan solo a los primeros dos hay que acreditarle más de medio siglo.

            Sus fanáticos de ayer y de hoy dirán que tuvimos suerte. A ellos se les atribuye que ya el país no sea la aldea de “dos o tres casi ciudades” que nos describiera el genio poético de Héctor Incháustegui Cabral. Aunque con la mitad de la población sumida en la pobreza, nos contamos entre las 10 naciones de más bajo índice de desarrollo humano de las 34 que integran el continente americano.

            Lo grande es que todos ellos, al igual que Horacio Vásquez y otros continuistas efímeros, llegaron al poder jurando combatir la afición reeleccionista de los dominicanos y por su “acendrada fe” en la alternabilidad democrática.

            Pero el gusanillo de la reelección ataca inconteniblemente y es capaz de comerse hasta los más firmes principios. Por eso casi todos los que llegan al poder como antireeleccionistas, terminan intentando la prolongación. Don Antonio Guzmán y Leonel Fernández fueron de los frustrados que no lo lograron.

Aunque la Constitución de entonces no la prohibía, el intento reelecionista le costó la vida al primero porque el sentimiento anticontinuista era muy fuerte en su propio partido. El segundo distrajo una parte de sus enormes energías tratando de cambiar la Constitución, aunque tenía una absoluta minoría del Congreso.

Ahora, aunque tenemos un presidente tan radicalmente antireeleccionista que pretende prohibirla de por vida, ya hay en el Congreso un movimiento para restaurar la posibilidad de “una sola reelección”, como comenzaron todos los continuistas. Después piden otra más y otra y otra, mientras el cuerpo social aguante.

Y si don Hipólito Mejía se descuida, cuando viene a ver, en vez de la prohibición de por siempre, “le imponen” los congresistas “una sola reelección” que será interpretada como no retroactiva por algunos, aunque al final del extenso debate predominará el criterio de que ese principio sólo se aplica a las leyes, no a la Constitución.

Llama la atención que en los tres grandes partidos hay quienes coinciden en rechazar el radicalismo anticontinuista del presidente de turno. Entre ellos Joaquín Balaguer (definido por Mejía como reeeleccionista por genética) y el neocontinuista Leonel Fernández.

Por eso quedan posibilidades de que se restaure la reelección. Aunque tengan que pasarle por encima al Pacto para la Reforma Constitucional que ellos y el presidente Mejía acaban de firmar.

Es por esas razones que creo oportuno definirme sobre el particular. Yo también quiero la reelección, una sola vez, como en nuestro modelo democrático, el de Estados Unidos. Para que no desperdiciemos en solo 4 años la capacidad acumulada en nuestros líderes para dirigir los destinos nacionales.

Y es más quisiera que eso llegara pronto, cuando las instituciones y los poderes del Estado operen siquiera de forma parecida a como lo hacen en Estados Unidos.

Es decir, cuando el presidente de turno no condicione toda la acción gubernamental al afán por lograr la reelección, ni conspire abiertamente contra las demás organizaciones políticas, ni apele al rancio recurso de comprar con el dinero público a legisladores, políticos, periódicos, periodistas y todo lo que sea necesario.

También yo quiero la reelección. Cuando los gobernantes no manipulen las juntas electorales ni pretendan utilizar las fuerzas armadas, la policía, la Liga Municipal, el Congreso y otras instituciones del Estado en función de su deseo continuista.

Cuando los gobiernos dejen de violentar la ley de presupuesto y los mecanismos de control de las finanzas públicas con la creación de “pemes “ y otras cuentas especiales a fin de utilizar a discreción personal y partidaria los escasos recursos de todos.

Yo también quiero la reelección. Cuando el presidencialismo todopoderoso se reduzca a los términos apropiados para el juego democrático y no estemos amenazados hasta de ser privados del sagrado derecho a elegir, a reclamar transparencia y a pedir cuentas de los bienes que encargamos en administración.

Que venga pronto la reelección como en Estados Unidos. Cuando en este país hayamos aprendido a respetar la Constitución y hasta la última de las leyes. Y quien las viole, aunque sea un aspirante a la reelección, tenga que pagar las consecuencias. Reelección ya.-

 

Profesor Juan Bosch: Precursor de la democracia social

Por Juan Bolívar Díaz

           No fue la obra perfecta de la naturaleza que algunos de sus devotos han pretendido. Sus deficiencias y errores políticos han quedado suficientemente expuestos ante cualquier analista. Pero el profesor Juan Bosch fue un hombre cabalmente honrado, intransigente en los principios, un tremendo trabajador intelectual y de la política y un precursor de la democracia social. Además de uno de los más trascendentes escritores dominicanos de todos los tiempos.

            Desde que retornó al país tras su largo exilio antitrujillista, Bosch se convirtió en el profeta adelantado a la sociedad de su época que sembró semillas de una democracia con justicia social, convirtiéndose en maestro de toda una generación que emergía a las luchas políticas, tras el inmenso silencio de la dictadura.            

            Uno de sus más notables errores fue que pese a su conciencia sobre “el atraso social” y la “arritmia política” de los dominicanos, no pudo sintonizar con la realidad cuando le tocó ejercer efímeramente el gobierno, y a pesar de sus luces y capacidades organizativas, jamás logró usar el poder político para desde él promover la nueva sociedad que anticipaba.

            Probablemente porque tenía miedo, ciertamente miedo, a caer en las garras de la descomposición, de la corrupción, de la incoherencia y las complacencias en que han devenido tantos predicadores de la democracia y la justicia, desde que les toca ejercer el poder en nuestros países. O porque tenía conciencia de lo difícil que es gobernar con apego a los principios y a los valores, cuando la política es concebida como peldaño para encumbrarse sobre los demás, no para “servir al pueblo”.

            Probablemente Juan Bosch prefirió quedar como Hostos, “ el sembrador”, y no afrontar las debilidades con que los partidos dominicanos asumen el ejercicio del gobierno, doblegándose ante los poderes fácticos, renegando de los principios y programas que sustentaron desde la oposición y en las campañas.

            Desde luego, muchos no le darán crédito por haber sido intransigente en la defensa de sus planteamientos de justicia, en el libre pensamiento que no hace concesiones a los dogmas religiosos y sociales y hasta en su concepción de soberanía, demasiado radical para su época, sobre todo en la etapa de la guerra fría que en el “Caribe Imperial” fue casi siempre caliente.

            Y entre quienes no le darán ese crédito se contarán hasta muchos de los que le siguieron ciegamente, pero que tan pronto el perdió los controles esenciales comenzaron a transitar los nuevos caminos del realismo político, transando y pactando a diestra y siniestra y contradiciendo los valores que encarnó el maestro político. Tampoco los que hace tiempo se casaron con los viejos caminos del oportunismo político y la corrupción.

            El juicio a Juan Bosch será siempre un juicio a la sociedad dominicana del siglo veinte, con sus enormes atrasos y contradicciones. Sociedad casi feudal, con enormes complejos y confusiones de identidad, que van de lo cultural a lo racial, pasando por la pantalla social y esa pretensión de vivir como ricos en medio de la pobreza.

            A él se le debe cuestionar si habiendo comprendido la naturaleza y los atrasos de la sociedad de su época, no estaba llamado a actuar con mayor paciencia y constancia para impulsar cambios limitados, progresivos, sin apuntar a los vuelcos espectaculares que él quiso ejecutar en el escenario político y social.

            Tal vez su carácter, a menudo difícil, autoritario y avasallante, no lo ayudó. En sus momentos de ternura él trataba de compensar sus limitaciones humanas, pero se requería una paciencia de la que él carecía para salir adelante, conteniendo ambiciones desenfrenadas, falta de visión y de dedicación.

            En Bosch la política venció al escritor, sobre todo al cultor de la narrativa de su primera mitad de vida. Con todo, su obra, literaria y de intepretación social y didáctica, es un extraordinario legado que lo inscriben para siempre en la historia de las letras nacionales.

            Incansable trabajador, se lleva el mérito de haber sido fundador de dos de los más influyentes partidos políticos de la historia nacional. Austero, frugal, sin más vanidades que las derivadas de su inocultable prepotencia intelectual, el profesor Juan Bosch pasó sobradamente la prueba de su época y trasciende las podredumbres de la política. Sin robar ni matar, sin atropellar ni claudicar.-

 

PRSC: entre el caudillismo y la democracia

Por Juan Bolívar Díaz

             A nadie deberían extrañar los enfrentamientos que tienen lugar en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dado el hecho inexorable de que su extraordinario caudillo está agotando los últimos hálitos de vida.

            Esa organización política vive un período de transición bien difícil desde que Joaquín Balaguer, con 94 años, quedó en tercer lugar en los comicios presidenciales del 2000. Sin haber podido realizar una campaña electoral, con discursos de 5 minutos, y extremas dificultades de movilización en los escasos lances fuera de su habitáculo, Balaguer no podía haber llegado más lejos en una nación dominada por los jóvenes.

            Lejos llegó para sus circunstancias, lo que explica su extraordinario liderazgo sobre importantes segmentos de la sociedad aferrados a un pasado político de caudillismo y paternalismo. El régimen democrático no conocía un candidato presidencial nonagenario. Quien más lejos había llegado era Konrad Adenauer, ganador a los 86 años para retirarse voluntariamente un año después, en 1963. Y fue el gran reconstructor de la República Federal Alemana tras el desastre del nazismo y la segunda guerra mundial.

            Tras el resultado comicial del 2000, la mayoría de los reformistas que aspiran a seguir en la política, especialmente los que han hecho profesión en la misma, se propusieron iniciar definitivamente el relevo. Y comenzaron a actuar con mayor autonomía, proclamando abiertamente que Balaguer no puede ser candidato nuevamente.

            Esos gestos de independencia y esa resolución política chocan con los rezagados que secretean a los oídos del caudillo los más diversos y gruesos chismes, no porque crean que todavía pueden exprimir más al caudillo, sino buscando su gracia para relevar a los posesionados en los cargos directivos.

            Si el líder reformista hubiese auspiciado un proceso de fortalecimiento democrático, si hubiese agotado sus últimas energías en garantizar asambleas ordenadas, donde los suyos pudieran expresarse democráticamente, el partido estaría en mejores perspectivas para salir unido y fortalecido de la transición.

            Pero tal pretensión va contra la naturaleza del caudillo, contra el viejo dogma político de que el poder no se cede ni se transfiere, al que se han aferrado los autócratas de todas las épocas y lugares. Sólo los creadores democráticos, inmensos líderes de la estirpe de Charles de Gaulle y Adenauer han sabido retirarse a tiempo y abrir paso a las generaciones sucesivas. Y en naciones con los más altos niveles educativos del mundo.

            Al PRSC le esperan grandes sacudimientos, porque como el Partido Revolucionario Dominicano representa al promedio del dominicano, con un nivel educativo de sexto grado, y donde hasta las élites más encumbradas no han pasado por el aprendizaje firme de los procedimientos democráticos.

            Y que conste que no es patrimonio exclusivo de los partidos. El Colegio de Abogados de la República lleva dos años sin poder realizar elecciones, y el gremio más antiguo del país, la Asociación Médica Dominicana, tuvo que dividir un período de gobierno por la mitad para mantener la unidad en la década pasada. El exclusivo Santo Domingo Country Club ha atravesado por una crisis dirigencial en los últimos dos años.

            En los partidos los enfrentamientos son más descarnados y publicitados, pues se trata de los instrumentos de lucha por el poder. Pero no porque en los demás estamentos de la sociedad dominicana no pervivan los antivalores del autoritarismo, de la imposición, de la trampería y del clientelismo.

            Esos antivalores pautan las prácticas de la gran mayoría de las instituciones de la sociedad civil, incluyendo muchas de las academias y las organizaciones donde más se ha teorizado sobre democracia y participación.

            Esas prácticas han echado profundas raíces en nuestros partidos, incluyendo a los de mayor tradición y aportes a la vida democrática y a los más antiguos, como el PRD, y han tenido manifestaciones, aunque menos rabiosas, en el Partido de la Liberación Dominicana, la escuela política con que el profesor Juan Bosch quiso sellar su vida y sus idealismos.

            El mismo Bosch no dio el ejemplo que le reclamáramos por televisión tras las elecciones de 1990, cuando ya dio notaciones de agotamiento. Y se expuso a concluir con un 13 por ciento cuatro años después. Aunque sus 13 mil militantes pudieron entenderse y factores circunstanciales le dieron el poder dos años después sellando de esa forma su unidad.

Ahora que el PRSC está de lleno en la transición, cuando muchos de sus dirigentes y militantes quieren dar el salto a la democracia, merecen un acompañamiento sereno de la opinión pública, y estímulos a que asimilen los valores democráticos.-

 

El PRD debe volver a la Comisión

Por Juan Bolívar Díaz

 

            El retiro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de la Comisión Especial que estudia la Reforma Constitucional por encargo del Poder Ejecutivo es absolutamente injustificado, después de la atención que se puso a algunos de los reclamos formulados por su presidente el licenciado Hatuey de Camps sobre la metodología de trabajo adoptada.

            Cuando el dirigente político asistió a la plenaria de la Comisión el 20 de junio no fue para nada delicado en sus reclamos, frente a un auditorio cualificado que él mismo había ayudado a constituir, aunque tenía razón en cuanto a que lo adoptado como consenso no es la metodología que ha predominado en las negociaciones políticas y sociales dominicanas de las últimas décadas. Tampoco en escenarios internacionales.

            En efecto, la plenaria de la comisión adoptó como consenso la aprobación del 75 por ciento de los miembros de la comisión, sin discriminar entre personas individuales, organizaciones y partidos. De manera que la opinión individual de cualquiera de los 11 designados a título personal tenía igual poder de decisión en la comisión que el partido de gobierno, que a su vez controla el 80 por ciento del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

            El problema es que el PRD estuvo representado en la comisión por el doctor Francisco Canó González y éste nunca objetó la metodología y se economizó todo lo que no fueran palabras protocolares. Tampoco los demás partidos objetaron un mecanismo que la realidad revelaría como inadecuado para el logro de acuerdos fructíferos. Porque de eso se trataba en la comisión, no de protagonizar un enfrentamiento entre sociedad civil y partidos.

            Si de algo pecamos los del lado de la sociedad civil fue de un exceso de protagonismo y de no haber escuchado las advertencias que algunos formulaban sobre el silencio y poca participación de la mayoría de los partidos, especialmente el del gobierno y el Congreso.

            Hatuey de Camps también se quejó del planteamiento formulado por una subcomisión de que en una virtual asamblea constituyente las organizaciones sociales dividieran con los partidos a la mitad la postulación de los candidatos y que el 50 por ciento tuvieran que ser mujeres.

            Se comprende también que De Camps, como han hecho casi todos los demás políticos participantes, rechazara esa proporción o la considerara excesiva o pretensiosa. Pero se le explicó que tal propuesta no era más que eso, una propuesta, que no había sido aprobada y que lucía que no reunía consenso ni siquiera entre los representantes de la misma sociedad civil.

            En la sesión de la Comisión del 27 de junio se acogió moción del delegado del PLD, doctor Franklin Almeyda, que había sido acogida por el mismo de Camps, para que se creara una subcomisión de negociación que dirimiera las diferencias advertidas y las que pudieran surgir, buscando un consenso más amplio que un porcentaje cualquiera.

La subcomisión quedó integrada por el coordinador de la Comisión Especial, Monseñor Agripino Núñez, el padre Jorge Cela, y Juan Bolívar Díaz, así como por delegados de los tres partidos mayoritarios y Virtudes Alvarez, por el MIUCA, uno de los “partidos emergentes”.

            Como se ve, en esa comisión los partidos tienen 4 votos y la sociedad civil tres. Y fue aprobada virtualmente a unanimidad por la Comisión Especial, en una demostración de interés de conciliar con las observaciones del dirigente perredeista.

            En tal escenario es que no se justifica ni se entiende el retiro anunciado por de Camps. Sobre todo cuando es público que fue quien sugirió al Presidente Hipólito Mejía la constitución de esa Comisión Especial, para buscar consenso sobre la reforma constitucional, parando en seco los aprestos de reforma al vapor en que se encontraban gran parte de los senadores y diputados.

            Parece errónea la conclusión de algunos de que Hatuey de Camps o el presidente Mejía han cambiado de opinión. Confidencias obtenidas indican todo lo contrario, que ambos son conscientes de los riesgos que implica el laborantismo constitucionalista de los legisladores. Hatuey lo enfrentó públicamente. Llevó ante el presidente aquella entrevista que volvió a difundir Teleantillas donde José Francisco Peña Gómez abogaba por una asamblea constituyente con amplia participación de los diferentes sectores sociales. Y se instituyó la Comisión.

            Nada significativo ha cambiado para que se descarte ese escenario de negociación y búsqueda de consenso. Complejo, desde luego, pero no tanto como el que representan las corrientes constitucionalistas de los legisladores, que pretenden pasar por encima hasta de sus propios partidos.

            Hatuey debió buscar mayor información que la recibida durante una semana que estuvo en el exterior, antes de anunciar el retiro. Y como rectificar es de sabios, daría una gran demostración de madurez si lo hace. El país requiere mucha ponderación y generosidad de sus dirigentes, en la sociedad civil como en los partidos políticos, sobre todo en los que tienen la responsabilidad de gobierno.-

El Plan Renove, renueva una política errónea

Por Juan Bolívar Díaz

Por más vueltas que se le dé no hay manera de justificar que el Estado dominicano se embarque en estos momentos en un plan para importar vehículos, automóviles, minibuses, autobuses y hasta camiones, por un monto de 150 millones de dólares.

Se trata del llamado Plan Renove, originado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y que al parecer le fuera expropiado por el gobierno central, en un extraordinario esfuerzo por participar en una operación que ya apunta al tráfico y la repartición política.

El asunto hizo escándalo esta semana cuando una agencia internacional informó que de los 500 millones de dólares que se buscan a través de los bonos soberanos, 300 serían destinados a importar vehículos. La publicación desató una reacción desproporcionada del presidente de la República, pero sirvió para aproximarnos a la realidad.

No serán financiados por los bonos soberanos, pero tendrán un aval del Estado y no serán -por ahora- tantos como 300 millones de dólares. El director del plan, el secretario de Estado sin cartera Ramón Emilio Jiménez Reyes, precisó que “en su primera fase el programa sólo contempla una partida de 150 millones de dólares”.

Casi nada, como si esa suma fuera poca cosa para un gobierno que anda desesperado buscando 500 millones de dólares aún a riesgo de endurecer en dos o tres años la carga de la deuda externa.

Sin que se haya ofrecido una información completa sobre el plan, se dice que habría una segunda etapa por otros 150 millones de dólares, lo que completaría los 300 que informó la agencia, aunque no sean por medio de los bonos soberanos.

Soberano es el aval que le dará el Estado a la compra de 5 mil vehículos que supuestamente pagarán los adquirientes, en la repetición de una política de otros gobiernos que ha costado cientos de millones de pesos al Estado y no ha resuelto nada. Sólo ha servido para promover el tráfico y la corrupción.

En este caso se contempla avalar hasta la compra de camiones, unos 150 a 85 mil dólares la unidad, renglón en el cual se irían 12 millones 750 mil dólares, que al 17 por uno significan 216 millones 650 mil pesos.

No se ve por qué razón tiene el Estado que avalar la compra de camiones a los miembros de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, una entidad poderosa, que puede asumir ese riesgo por cuenta propia. Incluso se creía que aquí sobraban los camiones, que son tantos que se pelean por las cargas de los puertos.

Se aducen los compromisos políticos contraidos en las campañas electorales, que en este caso parecen ser grandes, puesto que el líder de esa federación, Diógenes Castillo, ya tiene un premio en la dirección de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, donde se le acusó de nepotismo.

Desde cualquier punto de vista es un exceso el aval de 150 millones de dólares para traer más vehículos para las congestionadas calles de nuestras principales ciudades. Para elevar el déficit comercial dominicano y contraer deudas en divisas.

Pero nuestros gobiernos han sido débiles en materia de exoneraciones y financiamientos para vehículos, pese a lo cual el transporte urbano sigue siendo un verdadero desastre. Mil veces se ha descartado el sistema de concho, pero se le sigue incentivando.

Fracasaron las cooperativas de transporte promovidas por los gobiernos de Balaguer, fracasó el financiamiento de los taxis turísticos en el gobierno de Leonel Fernández, y la repartición de la primera partida de los 2 mil “taxis pollitos”, contratados con préstamo español de 29 millones de dólares, fue verdaderamente escandalosa.

Cientos de los taxis turísticos fueron traídos con préstamos de la banca privada, avalados por el gobierno. La mayoría de los beneficiarios no los pagaron y los vehículos pararon en manos de los bancos que no sabían qué hacer con ellos. Una parte terminaron siendo vendidos a empleados bancarios con facilidades. Este mismo gobierno tuvo que asumir el costo del aval no hace más que algunas semanas.

Los primeros vehículos del Plan Renove no han llegado al país, pero ya hay polémicas y denuncias de tráfico y favoritismos, provenientes de los mismos sectores envueltos originalmente en la transacción. Por ejemplo, la empresa brasileña Breica aduce que fue excluida de las compras después de calificar en un concurso.

Y los sindicalistas-transportistas Juan Hubieres y Ramón Pérez Figuereo no sólo han denunciado el Renove y acusan de falta de transparencia y manipulaciones, sino que ya volvieron a las protestas callejeras.

Ninguna garantía hay de que el Renove no será la repetición del pasado, los pollitos blancos, como proclamaba esta semana la revista Ahora. La distribución perredeista de vehículos y probablemente una fuente de tráfico de comisiones y corrupción.

Y tanto que se habló de los pollitos morados. Con razón no se pasó de simple escándalo. Un precedente justifica el siguiente. Aunque a decir verdad los primeros mil pollitos morados sólo costaron 14 millones y medio de dólares. Los blancos, sólo en su primera fase, se estipulan en 150 millones de dólares.-

 

De sociedad civil y partidos políticos

Por Juan Bolívar Díaz

            Ahora que vuelven a escucharse las mutuas descalificaciones entre partidos políticos y sociedad civil, conviene recordar que ambos sectores han tenido una relación tensa pero cada vez más interactiva y positiva en los últimos años.

            Los partidos tienen una ventaja de entrada, y es que desde hace siglos todo el mundo sabe lo que son y cuáles son sus objetivos.

            La sociedad civil, en cambio, es un concepto relativamente nuevo, tan diversa y con tantas expresiones organizativas y objetivos que resulta casi imposible unificar criterios sobre su definición.

            Hace tres años asistí como expositor en Berlín a la conferencia anual de la Asociación Alemana de estudios sobre América Latina, que reúne a académicos y dirigentes de entidades sociales alemanes que trabajan con los latinoamericanos, especialmente fundaciones.

            Después de tres días de conferencias, trabajos de grupos y discusiones, no pudimos ponernos de acuerdo sobre una definición de sociedad civil. Y conste que desde el principio muchos advirtieron que el esfuerzo era inútil, porque había fracasado reiteradamente en otras oportunidades y escenarios.

            En cualquier nivel social y educativo se encuentran personas que creen que lo de sociedad civil es una contraposición a la sociedad militar, y los dirigentes políticos reclaman que ellos también son parte de la sociedad civil, lo que como individuos es indiscutible.

            Como no hay espacio para abordar siquiera una mínima parte de las innumerables teorizaciones y definiciones de sociedad civil, recojo aquí la más simple y que más se aproxima a mi gusto: se trata de una gran diversidad de instituciones y organizaciones sociales que buscan participar en la construcción del destino nacional, pero sin perseguir directamente el ejercicio de los poderes públicos del Estado.

            La organización social para buscar el poder es el partido político. Por eso sus dirigentes y militantes, estén en el poder o en la oposición, no representan a la sociedad civil, aunque como individuos puedan formar parte de algunas de sus expresiones.

            Se da el caso de dirigentes sociales que son al mismo tiempo dirigentes políticos. Y por momentos y coyunturas no se sabe qué pesa fundamentalmente en su actuación. Digamos que esos son o deberían ser la simbiosis, el enlace fundamental entre sociedad civil y sociedad política.

            Tampoco debe suponerse que la sociedad civil no hace política o que sus dirigentes y militantes no tienen simpatías partidarias. Pero lo que define su acción es una instancia organizativa que no está encaminada a perseguir o ejercer el poder.

Si pasan a ocupar un cargo de gobierno, como cuando pasan a dirigir un partido, se transforman, dan el salto a la sociedad partidaria. Aunque sea transitorio y no hagan profesión de fe en el partido que los llama.

En otras palabras, la sociedad civil está integrada por los dirigentes sociales que buscan servir, orientar, organizar grupos de la sociedad para fines específicos, y que se constituyen en un poder social no para competir con los partidos, sino para presionarlos en la dirección correcta, pero también para ser interlocutores, para equilibrar, para que el ejercicio del poder no sea una simple distribución del patrimonio público entre los partidos.

Se trata de una nueva dimensión de la democracia, que ya no se define sólo como el régimen del voto libre y bien contado, sino también de la participación, de la consulta a toda la sociedad, de la rendición de cuenta “al soberano”. Pero no al soberano indefinido, recluido o auto marginado, sino al que hace presencia activa en algún tipo de organización.

En el mundo del subdesarrollo social y del atraso político, sociedad civil y partidos buscan descalificarse mutuamente. Y pretenden sustituirse. Los políticos porque no quieren tutela de nadie, porque se creen con mandato e investidura omnipotente. Los dirigentes sociales porque a menudo extreman sus críticas y quieren construir una sociedad política ideal, que sólo existe en sus sueños, aunque sin “ensuciarse las manos” en el quehacer político. Sin “grajearse” como dicen algunos.

Hay, sin embargo, un récord de intercolaboración, concertación y progreso conjunto entre sociedad civil y partidos. Dirigentes de ambos sectores han sido protagonistas y visionarios. En los ámbitos de la organización y transparencia electorales, de la justicia, de la gestión comunitaria, de la legislación y otros.

La participación de la sociedad civil dominicana en la elección de la actual Suprema Corte de justicia es tenida como modelo a nivel internacional. Y fue concertada con líderes políticos, gobernantes y legisladores.

Lo mismo la participación en la promoción de la transparencia electoral. Y en ambos renglones entidades como la Universidad Católica Madre y Maestra y el movimiento cívico Participación Ciudadana tienen sólida experiencia. Conciliando posiciones, allanando montañas de prejuicios, estableciendo puentes, no trincheras.

Los diversos partidos también, en diferentes momentos, han tenido gratas experiencias de esa intercolaboración y participación, que ellos coyunturalmente han auspiciado y promovido.

Ahora, en el intenso como apasionado debate sobre la reforma constitucional, conviene recordar que hay espacios para el encuentro entre la sociedad civil y los partidos, con mutuos reconocimientos, insistiendo más en lo que los une, que es la suerte de la nación, que en los prejuicios y diferencias que los separan. Sin que ninguno tenga que renunciar a sus principios, críticas y expectativas.

Como en el matrimonio, ninguno de los dos puede renunciar al otro sin disolver la comunidad democrática.-

Perú: entre el cholo y el populista

Por Juan Bolívar Díaz

 El voto blanco y nulo no serán tan abundantes como lo han pretendido algunos prepotentes miembros de la minoría blanca peruana, pero serán significativos. Sin embargo, ese 15 ó 20 por ciento de los electores no podrá invalidar y ni siquiera restar legitimidad a las elecciones.

Hoy, domingo 3 de junio, los peruanos están convocados a las urnas para escoger un nuevo presidente en un esfuerzo por superar la profunda crisis política en que se ha debatido esa nación durante los últimos dos años, por lo menos.

En Perú el voto es obligatorio y se sanciona de verdad a quienes no acuden a las urnas. La multa no la levanta nadie y es fuerte y automática desde que el ciudadano presenta su cédula electoral en un banco o en cualquier institución del Estado autorizada a prestar servicios y o recaudar impuestos, tasas o contribuciones.

El recurso que queda a los inconformes es anular el voto o depositarlo en blanco. Desde luego, los ricos pueden pagar la multa sin mayores remordimientos de conciencia, que es lo que muchos de ellos harán este domingo, para no tener que encarar una boleta con las opciones del cholo Alejandro Toledo y el populista y aprista Alan García Pérez.

No se sabe a qué son más refractarios los peruanos blancos, ricos y acomodados, si al enemigo político de casi todo el siglo pasado, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que fundara Víctor Raúl Haya de la Torre, o a la descendencia indígena o cholismo.

Ello explica la insólita campaña encabezada por los periodistas Alvaro Vargas Llosa y Jaime Bayly, en una clara expresión antidemocrática que ha pretendido deslegitimar el gobierno por nacer de un proceso electoral libre y limpio.

En la primera votación el pueblo peruano tuvo seis opciones políticas que compitieron libremente. Toledo y García prevalecieron con el 36 y el 26 por ciento, respectivamente. Fue el pueblo que decidió que ellos llegaran a la votación final.

Ciertamente que nadie está obligado en conciencia a votar por candidato alguno. Pero resulta un abuso antidemocrático utilizar los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, cuya autorización privilegiada es potestad del Estado, para promover la continuidad de una crisis política.

¿Qué persigue la campaña de Vargas Llosa y Bayly? Parece claro que un nuevo proceso electoral, porque nadie les debe pretender tan perversos como para auspiciar una situación permanente de ingobernabilidad, que el Perú siga en crisis con un gobierno poco representativo o de escasa legitimidad.

Para aquilatar la gravedad de esa campaña hay que recordar que hace justamente un año el Perú fue a las urnas en doble vuelta, en un proceso tan viciado que profundizó la crisis política, económica y social de la nación, que terminó con la huida del dictador Alberto Fujimori unos meses después.

Es un absurdo pretender extender la crisis política, con todas las implicaciones que conlleva para la vida de los más de 25 millones de peruanos. Por esa razón la campaña abstencionista está condenada a fracasar, al menos que esa nación esté habitada por suicidas.

Las últimas encuestas situaban los abstencionistas alrededor del 23 por ciento, pero debe tenerse en cuenta que ya en la primera ronda el 13 por ciento anuló o depositó su voto en blanco, lo que significa que sólo uno de cada diez peruanos estaba respondiendo al muy publicitado esfuerzo de boicot.

Aunque les duela a los apellidos sonoros, especialmente a los de origen extranjero, hoy los 15 millones de electores tendrán que escoger entre el cholo Toledo y el aprista García. Aunque el primero merece la oportunidad y ha encabezado las encuestas, nadie debe sorprenderse si prevalece el segundo, beneficiario de un voto secreto o vergonzante.

Parece contradictorio, pero en una nación de mayorías descendientes de indios, el ser blanco como el expresidente García, agrega algunos puntos si se enfrenta a un cholo. Alan tiene el veto del aprismo, y en su paso por el poder, del 1985 al 1990, se incrementó -no comenzó- el desastre económico y la violencia terrorista. Pero él tiene una extraordinaria elocuencia y carisma.

Alan García fue la sorpresa de la primera vuelta superando a Lourdes Flores, la candidata preferida de los grupos económicos y sociales predominantes. Si no sale presidente hoy de cualquier forma habrá protagonizado un espectacular retorno y será figura política decisiva en los próximos años.

El economista de Harvard y del Banco Mundial Alejandro Toledo, quien reivindica sus orígenes indígenas, el Perú de todas las sangres, merece la oportunidad. El encabezó con enorme valentía la resistencia a la burla electoral del año pasado. Y se puso al frente de las masas en las calles, cuando muchos creían que habría que chuparse otros cinco años de Fuji-Montesinismo. El es llamado por los suyos el nuevo Pachacutec, a quien se considera el más grande de la raza aborigen.

Nunca un cholo ha sido electo presidente del Perú. Toledo lo merece y ese país lo necesita para reconocerse racialmente, pero sobre todo para reemprender el camino de la institucionalidad democrática, tras el trauma de la dictadura.-

 

 

 

Un libro para nuestro tiempo

Por Juan Bolívar Díaz

No podía haber sido más oportuno el momento para que viera la luz pública el libro Constitucionalismo y Procesos Políticos en la República Dominicana del doctor Flavio Darío Espinal.

Se trata de la tesis con la que el talentoso politólogo santiagués optó por el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, donde residió por cerca de una década, los últimos cuatro años con una digna y valiosa representación del país ante la Organización de Estados Americanos.

Es un riguroso estudio de las circunstancias en que han transcurrido las más de 30 reformas constitucionales que registra la historia nacional, 31 para unos historiadores, 36 para otros que cuentan las reposiciones de textos que antes habían sido desconocidos.

El estudio de Espinal explica las razones por las que esta nación se cuenta, junto a Venezuela, a la cabeza de los estados que más modificaciones han hecho a su carta magna, aunque fuimos de los fueron creados: es que cada grupo llegado al poder quiso hacerse un traje constitucional a su justa medida, atendiendo a intereses particulares y a circunstancias coyunturales.

Y no se trata tan solo de las constituciones de los autócratas que han dominado el curso de la República, ya en el estilo de Ulises Heureaux y Rafael Trujillo, o en el de Buenaventura Báez o de Joaquín Balaguer, sino también las de los liberales y demócratas, desde José María Cabral hasta Juan Bosch.

Guiados por sus “necesidades y objetivos políticos” los gobernantes dominicanos han impuesto sus constituciones “con ausencia de pactos políticos amplios que hagan de los procesos constitucionales verdaderos actos de autodefinición política de la nación con participación ciudadana y sentido de compromiso por parte del liderazgo político en la definición y sustentación de las instituciones políticas”, sostiene el autor.

Y a continuación precisa que “lo que ha predominado más bien ha sido la imposición unilateral de esquemas constitucionales por parte de gobernantes con gran concentración de poder, o por parte de fuerzas políticas con mayorías indiscutibles en los órganos de decisión”.

Habría que precisar que muchas veces esas mayorías no fueron fruto del dictamen democrático, sino de la imposición fraudulenta o de la compra de conciencias, generalmente con el patrimonio nacional..

De cualquier forma, tal como sostiene Espinal, “los procesos constitucionales no han producido efectos articuladores entre las fuerzas políticas de la nación, sino que más bien han dado lugar a una profundización de los antagonismos existentes, generando desconfianza y rechazo en las instituciones políticas que se adoptaban”.

La Constitución de 1963 es el mejor ejemplo de un traje impuesto a una sociedad incapaz de soportarlo y defenderlo. Es el texto más liberal y profundamente democrático de la historia de la nación, fruto de una asamblea constituyente por elección popular, por cuya restauración perderían la vida inútilmente millares de ciudadanos y ciudadanas.

El Partido Revolucionario Dominicano, con el liderato y la candidatura presidencial de Juan Bosch arrasó literalmente en los comicios del 20 de diciembre de 1962, obteniendo casi el 60 por ciento de los votos y el 77 por ciento en el Distrito Nacional que ya entonces concentraba gran parte del poder político, económico y social.

Sería la constitución más avanzada de la historia nacional, por su visión del Estado democrático, de la empresa y los trabajadores, de la educación y la propiedad y en la reivindicación de la soberanía y la propiedad nacional.

Pero aquel fue un parto de una minoría, iluminada y avanzada, pero muy por encima de la realidad social dominicana y de la correlación de fuerzas de aquella coyuntura histórica. Con ninguna fuerza política se discutió. Tampoco con alguna fuerza social.

El resultado fue que reunificó a quienes el verbo de Bosch había dividido, a trujillistas, civiles y militares, con oligarcas y cívicos, empresarios y terratenientes, y lanzó a los religiosos a la conspiración abierta y desenfrenada, sin lograr la defensa militante de ningún sector. Ni siquiera del propio partido que la aprobaba, porque muchos de los que levantaban las manos obedecían más a los impulsos emotivos que a la convicción.

Aquella imposición constitucional selló la suerte del gobierno más democrático que había conocido la nación, antes que pudiera ejecutar sus primeros actos, ayudó a frustrar una esplendorosa primavera libertaria en la que debió avanzar considerablemente el país, originó una guerra civil año y medio después, y una nueva intervención militar norteamericana, para seguir con 12 años de cuasi dictadura.

Las lecciones de aquel proceso no han sido suficientemente asimiladas por los dominicanos más esclarecidos, muchos de los cuales siguen creyendo que basta pretender la razón para imponerla, sin consideración de la pluralidad y diversidad de la sociedad, y sin medir la correlación de fuerzas en cada coyuntura.

En el espejo de aquellas frustraciones deben verse los perredeistas que ahora intentan nuevamente imponer una constitución a la medida de sus ambiciones, excluyendo, en vez de incluir, a sectores sociales y políticos con los que antes decían compartir programas y esperanzas.

Y ahora como en el pasado, podría colarse un nuevo proyecto de imposición constitucional. Pero será efímero. Nada duradero se ha levantado sobre las bases de la exclusión y el sectarismo. Y menos ahora cuando los auspiciadores de la reforma no han sido capaces ni siquiera de concertar entre ellos mismos.

La lectura del libro de Flavio Darío Espinal, recientemente puesto en circulación, es imperativa en las actuales circunstancias.-

José Francisco Peña Gómez

Por Juan Bolívar Díaz

         Tuvo que usar ese nombre tan largo completo y además anteponerle el título de doctor, vestir traje y corbata de categorías aún en calles y caminos polvorientos y presumir de sus amigos blancos de Europa y Estados Unidos para que muchos lo consideraran un hombre y político respetable. Y para reducir la discriminación en salones y aeropuertos.

            Sin embargo, fue hombre y político respetable desde su debut nacional aquel 16 de julio de 1961 cuando, desde el balcón de El Conde 13, su oratoria estremeció a la primera multitud reunida al grito de libertad, cuando aún no moría la larga tiranía de Trujillo.

            Casi solitario, había tenido que levantarse del abandono y el olvido para iniciar una superación personal que no conocería de tregua a lo largo de seis décadas, hasta convertirse en el político más leído y culto de su generación. Y el dominicano más reconocido en los escenarios políticos internacionales de las últimas tres décadas.

            Sin embargo, Peña Gómez no podría liberarse de su negritud y ascendencia haitiana, cualquiera de las dos suficientes para ser discriminado de por vida en su propia tierra, hasta el punto de que muchos le negaron sistemática y rabiosamente la nacionalidad. En este país de mayorías negras y mulatas, de recias raíces africanas, aunque algunos se empeñen en pretender que no somos “negros puros” como los vecinos.

            Se ganó la categoría de líder político antes de los 28 años, tras la convocatoria de la insurrección constitucionalista de 1965, con sus arengas radiofónicas y sus discursos encendidos que tanto ayudaron a mantener el fervor nacionalista y el espíritu de lucha en los largos meses del desigual enfrentamiento contra la invasión militar norteamericana.

            Ya para entonces su capacidad y flexibilidad para la negociación fueron de sus mayores capacidades políticas. Antes y después del 24 de abril. Bajo el liderazgo y tras su independencia de Juan Bosch, a quien siempre consideró su maestro, pero quien renegaría del aventajado alumno en los peores términos, colindantes con el desprecio y la discriminación.

            La verdadera prueba de fuego le llegaría cuando Bosch viaja a España y lo deja al frente del Partido Revolucionario Dominicano, con el país aún intervenido y con sus parciales pagando una cuota diaria de sangre y persecuciones sin límites.

            Manteniendo un discurso duro y agresivo y una confrontación sistemática con las fuerzas del neotrujillismo, aliado en la práctica con la izquierda revolucionaria en la común tarea de la supervivencia y el esfuerzo por evitar una nueva dictadura, tuvo que ser, sin embargo, el gran moderador interno para evitar que su PRD naufragara en aventurerismos como el de la Dictadura con Apoyo Popular y el antielectoralismo como principio.

            Peña Gómez compartía idealismos, valentía y solidaridad con la izquierda marxista de la época, pero su olfato político le advirtió bien temprano de las trampas en que iba quedando el socialismo real y de la imposibilidad de erigir un proyecto revolucionario en el Caribe post Fidel Castro.

            El absurdo sacrificio de Francisco Caamaño sin que ni los más fanáticos izquierdistas encendieran un cohete, terminó por convencer al inquieto político que el avance democrático dominicano pasaba imprescindiblemente por la alianza con los sectores liberales de la política norteamericana y europea y a través de la vía electoral.

            El lo había aprendido en las luchas dominicanas ya para finales de 1970 cuando se marcha a Europa, tratando de evadir la confrontación con su profesor Bosch. Sus estudios y encuentros europeos lo reafirman y lo conducen a toda una teorización sobre las alianzas y las asociaciones internacionales.

            Su incorporación a la Internacional Socialista, a la Confederación de Partidos de América Latina (COPAL), y al Diálogo Interamericano, escenarios donde militó como pocos, fue fundamental en su proceso y liderazgo y contribuyó significativamente al triunfo democrático de 1978. Condujo no solo a Juan Bosch y su nuevo Partido de la Liberación Dominicana de regreso al escenario democrático-electoral, sino también a casi toda la izquierda revolucionaria.

            José Francisco Peña Gómez ganó ampliamente el debate político que sostuvo con Bosch y sus seguidores y con muchos líderes de la izquierda que lo estigmatizaron de entregado al imperialismo, electorero y simple buscador de empleos y fortuna. Su contribución fue también significativa a la conciencia sobre la necesidad de amplias reformas políticas, económicas y sociales.

            Víctima de las tramperías electorales, de la diatriba política y la discriminación racial, así como de las ambiciones desenfrenadas de sus propios seguidores que le agotaron hasta el último aliento de vida, Peña Gómez murió sin haber alcanzado el objetivo de gobernar la nación.

            Tal vea fue lo mejor que pudo haberle pasado para quedar en la historia política nacional con la aureola mitológica que siempre le acompañará y para evadir los fantasmas de Trujillo que él “detectó” en el Palacio Nacional cuando sus compañeros de partido comenzaron a olvidar compromisos y principios, en los ocho años de gobierno.

            Ahora que llega al tercer aniversario de su exilio definitivo, y con su partido nuevamente en el poder, hay que recordar a profundidad a José Francisco Peña Gómez. Al político visionario que sin alejarse de la realidad nunca antepuso sus ambiciones al interés nacional. Al teórico y polemista con quien siempre se pudo debatir en público y privado, capaz de pedir perdón cuando se excedía al calor de las contradicciones.

Recordar con gratitud al hombre humilde que tantas veces tuvo que apelar a la vanidad tratando de que le reconocieran sus enormes méritos. Al político respetable y respetuoso. Excepcional en su generación y su tiempo.-