Las primarias abiertas sacuden el Congreso, el PLD y el PRM

2222Lo montado en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de Ley de Partidos con elección primaria abierta fue un espectáculo indicativo de la resquebrajadura del partido de gobierno, cuyos vientos siembran incertidumbres en el principal opositor 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El boicoteo de la sesión de la Cámara de Diputados que el jueves conocería el proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría peledeísta seguidora del presidente Danilo Medina ratifica la decisión de imponer el padrón nacional en la elección de todos los candidatos, aún al costo de desguañangar el sistema partidista.

El empeño gubernamental, que divide al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reflejó ya sobre el principal partido de oposición, cuando ocho de sus 49 diputados se sumaron al boicot oficialista, y fueron determinantes para impedir la sesión, sembrando incertidumbres sobre la unidad de su organización opuesta al proyecto.

Nudismo en la Cámara Baja

            Lo del jueves en la Cámara de Diputados fue un espectáculo de nudismo y miserias políticas e institucionales, con una mayoría de los legisladores del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) boicoteando una sesión, estando presentes en el mismo edificio congresual, presidida por uno de los propios, el diputado Rubén Maldonado, pero adscrito a la corriente del expresidente Leonel Fernández, enfrentado al presidente Danlo Medina. Alegaron que no participaban de la sesión para evitar “un desorden orquestado”.

            Maldonado presidía solitario, pues los demás directivos de la cámara estaban en el boicot, mientras el vocero de los diputados peledeistas, Gustavo Sánchez, aún dentro del salón de sesiones, escondía la cabeza cuando se pasaba lista para darse por ausente. En tanto  ocho diputados del principal partido opositor, fuera del salón se sumaban a los oficialistas desatendiendo los llamados de su propio vocero, Alfredo Pacheco, para que respetaran la decisión del máximo organismo partidario que junto a casi todos los opositores y gran parte de la sociedad civil ha mantenido rechazo a los intentos de imponer el padrón abierto en la elección de candidaturas.

Seis de los ocho disidentes del PRM son señalados como seguidores de Hipólito Mejía, cuyo vocero Eddy Olivares persiste en coincidir con los oficialistas en la defensa del padrón abierto, mientras la hija del expresidente, la recién electa secretaria general del partido, Carolina Mejía, se manifestaba indignada porque los peledeístas han reducido la ley de partidos a un asunto de padrón abierto o cerrado. Los danilistas no tenían votos para ratificar el proyecto y con múltiples ausencias y el presidente de la Cámara opuesto, temían que pudieran rechazarlo o enviarlo a la comisión propia de la Cámara de Diputados donde pasaría mucho tiempo.

Agudizada la confrontación

            La ocurrenciadel jueves eleva a su máximo nivel la confrontación en el seno del PLD por la candidatura presidencial del 2020, con el presidente Medina impedido por la Constitución de optar por la reelección y el expresidente Fernández lanzado a las calles en búsqueda de la nominación. Cada día crecen los enconos  grupales y la decisión de los danilistas de impedir a cualquier precio  la candidatura “de un Leonel vengativo”.

La situación está fuera de control, ya que la división se incuba en los órganos directivos, después de un año de diferencias sobre la inclusión de las primarias abiertas en la Ley de Partidos. El 2 de Octubre el Comité Político del PLD, máximo organismo ejecutivo, decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminaran sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas como método único de elección de candidatos, objetada por Fernández en base a que la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley que la instituyó en el 2004.

Cuatro meses después, el 5 de febrero, el mismo organismo dejó sin efecto la resolución, y autorizó a sus legisladores a decidir individualmente. Para el 8 de marzo se anunció una nueva sesión del Comité Político, suspendida en la víspera, sin que hayan podido reunirlo nuevamente. Fue ese Comité Político el que saldó la anterior confrontación Danilo-Leonel en mayo  del 2015 por la candidatura presidencial del 2016, votando por  reformar la Constitución para que Medina pudiera optar por la reelección, pero con un transitorio que le impide volver a postularse en el 2020, lo que ahora favorece a Fernández.

¿Un prueba de fuego?

            Dl boicot de los danilistas a la sesión de la Cámara de Diputados, reenviada para el próximo miércoles, pudo haber sido decidido para ganar tiempo en la búsqueda de votos opositores al proyecto de las primarias abiertas en que cifran su preponderancia electoral, pero también para probar cuántos diputados leonelistas y de la oposición habían logrado atraerse, especialmente del PRM que ha advertido su decisión de sancionar a quiénes se vayan contra la línea partidaria.

Con los leonelistas esta vez no avanzaron, porque no desertó ninguno de los 34 diputados que el 18 de abril se comprometieron a rechazar las primarias abiertas. Se cree que ganaron un voto adicional para acumular 3 de los 10 reformistas. Su éxito estuvo en la ausencia probada de los 8 perremeistas, una de los cuales, Jacqueline Montero, adujo que tenía su esposo enfermo. Seis son señalados como hipolitistas; Edelis Olivares (hermana del vocero de Mejía), Cuqui Morel, Lía Díaz, Edward Jorge, Nelson de la Rosa y Andrés Templar, El octavo, Sergio Goris Moya fue la mayor sorpresa, pues se le señala como seguidor de Luis Abinader, como Mejía precandidato presidencial, pero persistente opositor a la imposición de las primarias abiertas.

La actitud de esos diputados estaba en cuestionamiento ayer en los predios del PRM, cuyo Directorio Ejecutivo fue convocado para el lunes a fin de ponderar la situación. El vocero del bloque de diputados, Pacheco, se inclinaba por un llamado a reunión de los 8 para que expliquen su actitud, mientras otros abogaban por una sanción verbal y advertencia de suspensión y expulsión si repiten la coincidencia con los oficialistas.

Alto costo institucional

            Si los promotores de la imposición del padrón abierto a todos los partidos avanzaron con 9 opositores, todavía le faltaría conquistar otra veintena para estar en capacidad de pasar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, lo que no paree tan fácil, dado el nivel de oposición política y social al proyecto y sin dañar severamente la institucionalidad de los partidos. Esta misma semana 18 de los 26 partidos llegaron hasta la Cámara de Diputados para manifestar su oposición al proyecto.

También esta semana Participación Ciudadana y la Fundación institucionalidad y Justicia, mostraban las incoherencias y contradicciones del proyecto aprobado en el Senado, y el presidente de la Asociación de Industrias, Campos de Moya, reiteró ayer  por televisión la posición de las entidades empresariales de que se deje a cada partido escoger cualquier método democrático para elegir sus candidatos.

Seguía impactando el costo sobre 5 mil 600 millones de pesos en que la Junta Central Electoral ha estimado unas complicadas elecciones primarias de 26 partidos a la vez, con el padrón universal, lo que podría implicar hasta 320 mil precandidaturas, con un promedio de tres por cada uno de los 4 mil 106 cargos a elegir. Saltó al debate que no podrían ser entregando a cada elector la boleta por el partido que prefiera, porque violaría el principio del secreto del voto, y obligaría a entregarle las 26 enormes boletas.

La dicotomía de Hipólito

El proyecto comienza a cobrar su costo institucional ya no sólo en el PLD, sino también en el PRM, que no esperaba tan alto número de deserciones, en medio de versiones de que los gobiernistas se muestran dispuestos a utilizar recursos estatales para conquistar opositores y con ya inocultables inquietudes sobre la real posición de Hipólito Mejía, quien todavía la semana anterior declaraba por escrito que aunque favorecía las primarias abiertas, respetaba la decisión de su partido, que ue adoptada el año pasado tras varias reuniones de su Dirección Ejecutiva, se dice que por una “mayoría holgada”.

Pero llama la atención que todavía en la víspera de la sesión de los diputados, el vocero oficial de Mejía, Eddy Olivares, volviera a defender lo que prefiere el grupo del presidente Medina y rechazan casi todos los partidos y la sociedad civil. Se cree que Mejía envió una señal errónea cuando hace dos semanas en Santiago se enganchó al presidente Medina, éste de brazos cruzados, en una foto que difundieron ampliamente los medios oficialistas.

Defensores del gobierno en todos los medios cuentan con que los legisladores que siguen a Hipólito votarán finalmente por las primarias abiertas, aún desafiando al partido. Y no faltan quienes alientan la idea de que el mandatario peledeísta, imposibilitado de buscar la reelección, pudiera respaldar a Mejía en una fórmula que envolvería al Partido Revolucionario Dominicano, para evitar un eventual triunfo de Leonel.

Mejía tiene gran desventaja en las encuestas para la candidatura del PRM. Gallup-HOY de marzo arrojó 67 a 9% de preferencias a favor de Luis Abinader entre los que se dijeron perremeistas. En Octubre pasado fue 69 a 14%. Abinader le ganó la  candidatura para el 2016 por 70 a 29%, casi el 69 a 28% que arrojó la Gallup-HOY un mes antes. Por eso los hipolitistas creen que les conviene el padrón abierto, aunque también en el universo de los electores las preferencias por Abinader superan con mucho las de Mejia: 49 a 1l% en la Gallup-HOY de marzo pasado.-

 

Las costosas primarias de Danilo con entre 110-327 mil precandidatos

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El presidente de la JCE puso en jaque el proyecto de ley con primarias abiertas aprobado por el Senado, por su elevado costo económico, que además resultaría impracticable al involucrar por lo menos 110 mil precandidatos en 26 boletas   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La declaración del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, de que la elección obligatoria de los candidatos de todos los partidos para las elecciones del 2020 con padrón abierto costarían 5 mil 628 millones de pesos, sacudió los ámbitos políticos esta semana, mientras seguían las objeciones al proyecto de ley.

Lo que no ha hecho la JCE es un estimado del número de precandidatos a los que habría que contarle votos individuales, los que en boletas separadas de al menos 26 partidos oscilarían entre 110 mil y 327 mil, un descomunal desafío organizativo  con un cómputo  imposible en el plazo de tres días que establece el proyecto aprobado por el Senado.

Imposible de materializar

El proyecto original sometido por la JCE desde el 2011 establecía la obligatoriedad de elecciones primarias sólo para los partidos “mayoritarios”, es decir los que reciben más del 5 por ciento de la votación, que actualmente serían cuatro, el de la Liberación
Dominicana (PLD) el Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC). Podrían escoger el padrón abierto o cerrado y en la fecha de su conveniencia dentro de un plazo; organizadas por ellos mismos, o por el órgano electoral, pero costeado del subsidio estatal.

Pero el proyecto aprobado por el Senado y remitido esta semana a la Cámara de Diputados  establece en su artículo 42 que “Todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos de elección popular, mediante elecciones primarias abiertas, y simultáneas, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto”.

El proyecto no hace excepción ni siquiera en los casos de alianzas o coaliciones políticas, lo que implicaría a los 26 partidos actualmente reconocidos, que junto a nuevos y agrupaciones locales podrían llegar a la treintena. Debe asumirse que cada organización tendrá que tener al menos una extensa boleta con sus precandidatos a nivel presidencial, congresual y municipal, que para el 2016 totalizaban 4,106. Si se depositan en urnas comunes, habría que separarlas para iniciar el escrutinio.

Podrían llegar a 320 mil   

Se ignora si los promotores del proyecto calcularon la cantidad de precandidaturas que implicarían esas primarias, lo que no es tan difícil partiendo de tres aspirantes por partido a cada uno de los 4,106 cargos electivos, límite que establecía el proyecto de la JCE, pero que desapareció en el del Senado. Asumiendo que promedien tres, el total por partido serían 12 mil 318, que por 26 partidos totalizarían 320 mil 268 precandidatos.

Si se quiere un cálculo conservador, asumiendo que los cuatro partidos mayoritarios mantengan el promedio de 3 precandidatos por cargo, sumarían cada uno 12 mil 318, que  totalizarían 49 mil 272. Con otros 6 partidos que lleven dos candidatos a cada cargo, los aspirantes se duplicarían a 98 mil 544. Asumiendo que sólo 13 agrupaciones postulen, y los otros 3 con sólo un precandidato por cargo, habría que agregar otros 12 mil 318 y entonces el gran total sería de 110 mil 862 precandidaturas.

Con cualquiera de los dos cálculos, la JCE tendría serias dificultades para computarles sus votos individuales al mismo tiempo, y ni hablar de que pueda concluirlo en el plazo de 72 horas, ni proclamar los ganadores en la primera semana de diciembre, cuando las primarias serían en el tercer domingo de noviembre, según el proyecto aprobado. El artículo 40 indica que la precampaña se iniciaría el tercer domingo de agosto del año anterior a las elecciones, y que la escogencia de candidatos sería tres meses después. En febrero se celebrarían las elecciones municipales y en mayo las presidenciales y congresuales, con la eventual segunda vuelta en julio, lo que podría implicar cuatro procesos electivos en 8 meses.

En los comicios del 2016 la JCE sólo computó individualmente los votos para elegir 190 diputados nacionales, que con un promedio de 12 aspirantes, incluidas las alianzas, habrían sido sólo 2,280, y en cientos de colegios no se hizo este cómputo y terminaron anuladas los preferenciales. El resultado final tomó dos semanas. Tanto la JCE como muchos dirigentes políticos han considerado casi imposible cumplir la ley que instituye el voto preferencial para los cargos municipales desde el 2020, que sólo serían unos 3 mil 900 que por 12 aspirantes (incluidas alianzas) totalizarían 46 mil 800.

Un costo muy elevado

            Al hablar el miércoles ante la Cámara Americana de Comercio, el doctor Castaños Guzmán informó que un estimado realizado por la Dirección General de Elecciones de la JCE sitúa el costo que tendría organizar las primarias de todos los partidos simultáneamente en 5 mil 628 millones de pesos.

Aunque los defensores del proyecto de ley aprobado por el Senado consideraron exagerado ese monto, no lo parece si se compara con los 4 mil 980.4 millones de la ejecución presupuestaria de la JCE para las elecciones del 2016, cuando sólo se manejó una boleta por cada nivel de elección. En las prima4rias podrían ser 26 boletas con los tres niveles de candidaturas juntos, ó 78 si se separan por presidencial, congresual y municipal.

El costo estimado sería equivalente al 42 por ciento de los 13 mil 480.4 millones de pesos que el Estado ha gastado en subsidio a los partidos en los 20 años de instituido a partir del 1998. Superaría en 4 mil 18 millones de pesos, el subsidio entregado a todos los partidos para las elecciones del 2016.

El proyecto aprobado por el Senado establece, en su artículo 54, que los costos de las primarias “serían deducidos” del aporte que daría el Estado a los partidos, pero el estimado de la JCE, supera en 250  por ciento el subsidio de los comicios pasados, y sería más del doble del monto del 2020. Aparte estaría la inversión de los por lo menos 110 mil precandidatos buscando votos en el universo de los electores.

En la Cámara de diputados

            Cada vez es más generalizada la convicción de que no habrá ley de partidos ni una nueva ley del Régimen electoral para los comicios del 2020 y que la JCE tendrá que cumplir su promesa de  establecer los reglamentos para garantizar la equidad y transparencia, como le faculta el artículo 212 de la Constitución. Por eso esta semana el partido Alianza País, que lidera Guillermo Moreno, intimó al organismo para que proceda en consecuencia.

El proyecto de Ley de Partidos llegó el jueves a la Cámara de Diputados, presidida por un declarado opositor a las primarias abiertas, Rubén Maldonado, un  seguidor del expresidente Leonel Fernández, quien ha reiterado que no habrá imposición y se decidirá democráticamente, sin ninguna prisa, tras el estudio de la comisión correspondiente. Los diputados realizan su propio estudio de los dos proyectos introducidos por la JCE.

El jueves la dirigente peledeista Alejandrina Germán se quejó de que el Comité Político de su partido evadió la responsabilidad de decidir si las primarias deben ser abiertas o cerradas, olvidando que en el 2014 había optado por dejar en libertad a cada partido de escoger el método, como establece el proyecto de la JCE. Y según los acuerdos que el PLD adoptó en el 2015 para pactar a reforma constitucional, ahora ese organismo tendría que decidir por consenso y si no con al menos 75 por ciento de sus votos. Mientras el expresidente Fernández decía en Nueva York que si imponen lss primarias  de manera forzada “habrán vencido, pero no convencido”.

Intrigas contra oposición

            Los once partidos de oposición que sostienen posición común ante la Ley de Partidos, fueron esta semana a la Cámara de Diputados para reiterar su rechazo al padrón abierto y reclamar que se priorice la Ley del Régimen Electoral, lo que podría ser también una opción para ese órgano legislativo. Coincidieron  con ellos allí los dirigentes de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, que agrupa a miles de iglesias protestantes.  .   

            Mientras crece el rechazo político y social al intento de imponer un único método de elección de candidatura, comienzan las denuncias de intentos de sobornos para lograr unos 30 votos de diputados, o ausencias, que faltarían para poder aprobar las primarias abiertas. El vice-vocero del PRSC en la cámara, Pedro Botello, denuncio ofrecimientos de personeros para conseguir votos.

La ofensiva incluyó la puesta en difusión de una vieja entrevista televisiva al expresidente Hipólito Mejía donde él defendía el padrón abierto, determinando que su vocero aclarara que eso fue el 7 de enero y que “luego el propio presidente (Mejía) ha reiterado que aunque está de acuerdo con primarias abiertas, respeta y apoya la decisión del PRM, su partido, que aprobó que sean primarias cerradas”. Pese a ello la entrevista ganó primeras páginas en varios diarios.

Una fotografía de Mejía con el presidente Dahilo Medina el lunes, durante la inauguración de un centro de convenciones privado en Santiago, fue ampliamente difundida por órganos gubernamentales y sus voceros. Medina muy sonriente aparece de brazos cruzados, mientras Hipólito se le engancha con un brazo. La gráfica también de primera página en diarios generó intrigas y especulaciones.-

La Encuesta Nacional de Inmigrantes destroza el discurso ultra nacionalista

Programa Nacional de Regularización de ExtranjerosLa ENI-2017 vuelve a romper el mito de la invasión, al situar la inmigración haitiana en casi 500 mil personas, el 5 por ciento de la población nacional, aunque creciendo,  y evidencia que decenas de miles de sus descendientes nacidos aquí están en apátridia 

                                                Juan Bolívar Díaz

            La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), cuyos resultados fueron publicados esta semana, guarda proporción con la primera del 2012, rompiendo el mito de la invasión haitiana que sustenta el discurso xenófobo de los ultra nacionalistas, que ahora tratan de restar méritos a una  investigación científica.

            El estudio de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), avalado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, evidencia también que decenas de miles de descendientes de inmigrantes nacidos en el país, han quedado en la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que amortigua los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.    

Son menos de medio millón

            Los primeros resultados de la ENI-2017 guardan bastante coherencia con la primera, efectuada en el 2012, volviendo a destrozar el discurso ultranacionalista que ha fijado en el imaginario de gran proporción de los dominicanos la idea de que “estamos siendo invadidos por los haitianos”, con exageraciones de hasta dos millones.

            Según la investigación, el total de los inmigrantes en el país al año pasado sería de 570 mil 933 personas, equivalentes al 5.6% de la población nacional, de los cuales 497 mil 825 provienen de Haití, representando el 4.89 por ciento de 10 millones 189 mil 895  residentes en el país. En relación a la ENI-2012, cuando representaban 4.72%, se registra un crecimiento absoluto de 48 mil 301 haitianos, equivalente al 9.20% en cinco años. 

            Pero contrario a la creencia generalizada, el incremento de los últimos cinco años es menor al que se registró en el quinquenio anterior a la primera ENI del 2012. El 62% de los inmigrantes registrados entonces había llegado al país en el período 2006-12, y el 80.7 desde el 2000. Resalta que 176, 875, el 38.6 %,  ingresaron ó entre el 2010 y 2012. Mientras en los dos años anteriores a la última encuesta, 2015-17,  el incremento fue de 131,594 inmigrantes, ahora sólo el 26.4% del total, con reducción de 45 mil 281, ó 26%. 

            Al igual que en la encuesta anterior, la ENI-2017 muestra que la inmigración haitiana tiene una gran movilidad, porque aún cuando sigue en incremento, también una parte de los anteriores se van se regreso o son deportados, lo que ocurrió con decenas de miles en el 2014, al vencer el plazo para acogerse al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).El mayor incremento histórico tuvo efecto en los dos años que siguieron al terremoto que devastó a Haití en el 2010.

Con pocas variaciones

            Cuando se comparan los resultados de la ENI-2017 con la del 2012 se comprueba que hay pocas variaciones, no sólo en los totales, sino también en la distribución geográfica y por actividades económicas. Los haitianos eran 87.3 % y ahora el 87.2% de los inmigrantes. El 77.9% se dedicaba a tres actividades: agropecuaria 35.7%, construcción 25.9 y comercio el 16.3%.Cinco años después la variación del total es sólo de 1.5%, totalizando 76.4%, con mínima reducción de los dedicados al agro, ahora 33.8%, y casi igual en la construcción, 26.3% y sin variación en el comercio.

            Como es normal en todos los movimientos migratorios, en los provenientes de Haití dominan los jóvenes, en 76%. y los hombres en 61.6%. La mayor concentración está en el gran Santo Domingo, con 35.7%, Casi lo mismo, 35%, se ubica en la gran región del Cibao, dividida en norte, sur, nordeste y noroeste. 

            La gran variante registrada por la ENI-2017 se refiere a los llegados de Venezuela, que desplazaron a Estados Unidos que con 13 mil 514, constituía la segunda fuente de inmigrantes al país. Los venezolanos pasaron de 3 mil 434 a 25 mil 872, para un incremento de 653% en los últimos cinco años. Los procedentes de Estados Unidos se redujeron ahora en 3 mil 498, un 25.9%.

            En lo referente a los descendientes de haitianos nacidos en el país resalta que sólo 6.6% carece de alguna instrucción, con 48.3% en el nivel primario o násico, 35.7% en el secundario y 7.6% con el universitario, y 951 alcanzaron postgrado, maestría o doctorado. 

 Documenta la apatridia 

            Aunque las autoridades nacionales niegan sistemáticamente que en el país haya apátridas, como sostienen organismos internacionales y entidades nacionales que defienden derechos humanos, la ENI-2017 indica que más de cien mil personas han quedado en un limbo, equivalente a la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que trató de enmendar la desnacionalización masiva producida por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

            Esta investigación documenta que en el país residen 253 mil 255 hijos de haitianos, o por lo menos de uno de los dos progenitores, nacidos en territorio nacional, con un incremento de 43 mil 343, un 8.6% en relación a la del 2012. Si estos últimos nacieron desde el 2012 de inmigrantes indocumentados, ya no tienen apelación para que los documenten como dominicanos, ya que la Constitución del 2010 los excluyó.

            La inmensa mayoría de los 209 mil 912 restantes nacieron antes de la prohibición constitucional y deben ser considerados entre los excluidos por la sentencia 168-13, retrospectivamente hasta 1929, y que luego la ley 169-14 trata devolverle la ciudadanía a los que ya habían sido registrados, y daba oportunidad de acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), a los que nunca fueron inscritos.

            Tras la promulgación de la Ley 169-14, hace cuatro años, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado con más de 55 mil personas, indicándoles que podían pasar por las oficialías civiles para recuperar sus actas de nacimiento y cédulas de identidad. Pero hasta enero pasado, sólo 21 mil 850 lo habían logrado, y los que  pudieron inscribirse en el PNRE fueron sólo 8 mil 755. Ambos suman 30 mil 645, faltando 179 mil 267, cuyo estatus queda indefinido, pero que seguirán en el país, serían apátridas y, peor aún, transmitirán esa condición a sus descendientes que nazcan aquí, pues no podrán declararlos como dominicanos. Eso seguirá pesando contra la nación en los organismos internacionales y constituye un desafío para el gobierno que auspició la ENI.  

También cuestiona el PNRE

            La ENI-2017 también cuestiona el programa de regularización de extranjeros, que da tumbos desde hace 4 años, y aunque 250 mil 241 fueron aceptados con el estatus provisional de inmigrantes, hasta julio pasado sólo 230 mil 65 habían recibido el carnet provisional. Un ínfimo 3%, 7 mil 834, habían podido llenar todos los requisitos para obtener el estatus definitivo de inmigrante regularizado.

            Al comenzar este año la Dirección General de Migración suavizó los  requerimientos, para facilitar la regularización, que todavía aún genera tumultos en las oficinas habilitadas. La realidad es que funcionarios, políticos y ciudadanos no acaban de entender el objetivo de la regularización y en gran proporción no colaboran y niegan a los inmigrantes las certificaciones de empleo, de vivienda, de arraigo  y otros. 

            En cualquier caso, si los inmigrantes haitianos son ahora 497 mil 825, según la ENI-2017, quiere decir que hay un excedente de 267 mil 760, un 116 por ciento por encima de los habilitados provisionalmente para ser regularizados.    

El grito de los nacionalistas    

            Frente a l desmitificación que contiene la ENI-2017, los ultranacionalistas han procedido a restarle validez, llegando a configurar una “conspiración” del gobierno, que la auspició y la presentó, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ejecutada por la Oficina Nacional de Estadística, al igual que la ENI-2012 realizada durante la gestión presidencial de Leonel Fetrnández. Entonces los ultranacionlistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras. Y en ese período ingresó el 62% de los inmigrantes haitianos que registró la encuesta.     

            El ex director de Migración, José RicardoTaveras,  reaccionó esta semana diciendo que sólo en Santiago hay 500 mil haitianos, aunque la población del municipio es de un millón de habitantes y millón y medio en toda la provincia, lo que implica que habría un haitiano por cada dos o tres santiaguenses, un absurdo. 

            Pero es que durante años, y aún después de la ENI-2012, se ha insistido en que los haitianos en el país pasan del millón y hasta de dos millones. El mismo presidente Danilo Medina dijo en una cumbre de la CELAC en Jamaica, en el 2014,0 que el país acogía a más de un millón de haitianos. Y el juez constitucional Víctor J. Castellanos dijo en marzo durante una conferencia en Montecristi que pasan del millón y medio. 

            La ficha técnicas de la encuesta indica que abarcó 73 mil viviendas, distribuidas en 912 unidades primarias de muestreo científico, con 223 mil 528 personas entrevistadas por técnicos de la ONE, de las cuales 24 mil 547 eran inmigrantes. Tuvo la asistencia técnica del Programa de Población de las Naciones Unidas y el patrocinio económico de la Unión Europea. Si con todo eso no merece crédito, entonces hay que descalificar todas las encuestas de opinión que abarcan de mil a 2 mil personas aquí y en todo el mundo.-   

Comparación de los resultados ENI-2012 y ENI-2017

 

ENI-2012

ENI-2017

Variación  Absoluta

Porcentaje %

Población total 

9,716,940

10,189,895

472,955

4.87%

Población nativa 

9,192,308

9,618,962

426,654

4.64%

Población de inmigrantes 

524,632

570,933

48,301

9.20%

Nacidos en Haití

458,233

497,825

39,592

8.64%

Descendientes de haitianos nacidos en RD 

209,912

253,255

43,343

20.64%

Población de inmigrantes más sus descendientes 

768,783

847,979

79,196

10.30%

Llegados  desde Haití en los dos años anteriores 

176,878

131,594

-45,284

-25.60%

Inmigrantes Venezolanos 

3,424

25,872

22,438

653.40%

      Elaborado por JBD en base a los datos oficiales  de las ENI-2012 y ENI-2017

 

Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política

A1Al aprobar el proyecto de ley de partidos con padrón abierto el Senado danilista escoge la confrontación con casi todo el sistema político y las entidades sociales, con riesgo de profundizar la división del PLD y dificultar la gobernabilidad nacional

Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque era una guerra anunciada, no dejó de impactar que el Senado aprobara en primera lectura el proyecto de Ley de Partidos con obligación de voto universal para escoger las candidaturas a cargos electivos, rechazando la oposición de casi todo el sistema partidista y de las instituciones sociales interesadas en la institucionalidad democrática.

La mayoría senatorial del presidente Danilo Medina expone al país a quedarse una vez más sin las normativas electorales y hace temer mecanismos de corrosión y corrupción política para que pase en la Cámara de Diputados y aún así a un extenso y peligroso proceso de impugnaciones constitucionales ya anunciado.

El gobierno contra todos

            La decisión de los dos tercios de los senadores de imponer a todos los partidos el padrón universal abierto para la elección de candidaturas adoptada en primera lectura el miércoles, abre una guerra de quienes controlan el gobierno contra casi todo el sistema político y social, que de ser ratificada en segunda vuelta la próxima semana, dividiría hasta al propio partido gobernante, seis de cuyos senadores y los dos de oposición, se oponen firmemente a un método ya declarado inconstitucional en el 2005.

Han ignorado la oposición del sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabeza el actual presidente de la organización y presidente de la República en tres períodos, Leonel Fernández, del bloque de los 11 partidos de oposición y del Foro Permanente de Partidos Políticos donde participan casi todos los aliados electorales del peledeísmo. El único en respaldarlo ha sido el aliado Partido Revolucionario Dominicano.

Han despreciado también las opiniones de la mayoría de los politólogos y juristas y de las instituciones sociales más interesadas en el fortalecimiento institucional, como la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana,  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de  Industriales de Herrera y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que dos días antes, en reunión con el presidente de la Cámara de Diputados  había pedido concertación política para dejar que cada partido escoja el sistema de elección de candidatos que prefiera, como establecen sus estatutos.

Hasta el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, ha advertido de las inconveniencias de esa imposición, por razones constitucionales y organizativas, y  tras la aprobación senatorial pidió que la fórmula que se apruebe “sea de paz y consenso”.

Sólo interés presidencial

            El camino de confrontación escogido es más grave por cuanto los observadores lo atribuyen al único interés del presidente de la República, tanto que muchos temen que sólo por esa razón terminará pasando en segunda lectura en el Senado y en la Cámara de Diputados y luego hasta en el Tribunal Constitucional. Se le asocia al proyecto  de abrir espacios, a otra reforma constitucional para la reelección, como advirtió el obispo Víctor Masalles, o para un delfín que impida el temido retorno al poder de Leonel Fernández.

Como Danilo Medina no responde cuestionamientos de la prensa ni políticos o sociales, se ignora cuál es su posición definitiva, pero se entiende que “tira la piedra y esconde la mano”, y podría estar interesado en dar un golpe de efecto con su control senatorial en momentos en que las encuestas lo han presentado a la deriva y con el ex presidente Fernández recuperando terreno perdido.

Más necesario aún cuando la OEA acaba de publicar una opinión consultiva de la Comisión Europea donde se niega  que los límites a los períodos gubernamentales violen derechos humanos y desaprueba las reformas constitucionales para permanecer en el poder. También cuando la Embajada de Estados Unidos ha reactualizado un artículo del 2016 donde se aboga por limitar los mandatos presidenciales para preservar la institucionalidad democrática.

Medina parece arriesgarlo todo, pues la persistencia en imponer el padrón abierto podría desatar resistencias más allá del asunto en juego y hacerlo perder el tiempo cuando entra en la segunda mitad del periodo, con inmensos límites fiscales que le impiden responder a los grandes desafíos sociales.

Fuerte reto a la oposición

Se da por hecho que la mayoría senatorial ratificará en segunda lectura su proyecto de Ley de Partidos, y que el desafío tendrá lugar en la Cámara de Diputados, donde la oposición deberá emplearse a fondo para evitar que una parte de sus miembros sean “conquistados” por el poder gubernamental.

Los dos tercios de los 190 diputados, necesarios para aprobar leyes orgánicas como lo es la de partidos, serían 127. Al danilismo se le atribuyen 76 de los 106 del PLD,  más 14 del PRD y 5 de otros aliados y 1 reformista para totalizar 96, lo que implica casi un empate con los 94 diputados restantes de partidos opuestos al padrón abierto, 50 de los cuales están en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluidos varios del PRD que emigraron.

Para aprobar su proyecto, al PLD-Danilo le faltarían  unos 31 votos, casi los mismos 30 que se le atribuyen a Leonel Fernández. Otros cálculos los reducen a 27, la tercera parte de los que “conquistaron” para la reforma constitucional del 2015, razón por la cual muchos creen que volverían a lograrlo, lo que constituye un desafío definitivo al leonelismo y a los partidos de oposición, especialmente al PRM y al Partido Reformista con sus 11 votos.

Los propagandistas del danilismo cuentan con un grupo de los diputados seguidores de Hipólito Mejía, porque este favorecía las primarias abiertas, aunque ha dicho que acata la decisión mayoritaria de su partido. Si no lo hacen declararían un cisma corrosivo en el mayor partido opositor.  El dinero, los contratos y otros favores del Estado pudieran “conquistar” la treintena de votos, pero a un costo moral alto, generador de más crispación que la que dejó la reforma constitucional del 2015, y mayor ingobernabilidad, ya que ahora no habría acuerdo interno en el PLD.

El problema constitucional

Las perspectivas apuntan a que la ley de partidos seguirá dando tumbos en el Congreso, 20 años después que se redactara el primer proyecto y a 15 años que llegara al poder legislativo. Porque si el gobierno logra imponer el padrón abierto, la oposición ya adelanta que apelaría al Tribunal Constitucional, buscando revalidar la declaratoria de inconstitucionalidad que liquidó ley del 2004 que estableció las primarias abiertas y simultáneas bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral. Por más rápido que la  despachen, una instancia de esa categoría llevaría meses y elevaría la confrontación política con recelos de que el poder presidencial siga doblegando la institucionalidad democrática.

Las  reacciones a la primera aprobación senatorial han sido premonitorias, por el retiro de los 6 senadores que siguen a Leonel y los dos del PRM, mientras el pre-candidato de este partido a la candidatura presidencial Luis Abinader la catalogó como “una insensatez que provocaría niveles de crispación e inestabilidad innecesarios”. El  vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, dijo por Teleantillas que si se impone el padrón abierto, sería una locura política que convertiría los partidos en corporaciones.

El tráfico de dinero en las campañas se incrementaría y generaría la disolución de los partidos por las luchas internas entre precandidatos que tendrían una cantera de votos a “conquistar” en más de la mitad de quienes no votarían para elegir candidatos. En las elecciones presidenciales la abstención histórica es del 29 por ciento, pero en las congresuales y municipales apenas el 50 por ciento. La riqueza de cualquier origen y el clientelismo estatal serían definitivos en las escogencias de candidatos, y la JCE tendría que montar al menos tres elecciones en medio año y cuatro si hay doble vuelta en la presidencial..

Las reformas en el limbo

Hay quienes creen que la ofensiva senatorial danilista es un elemento de distracción y que en última instancia se conformarían con que el proyecto quede empantanado, ya que la oposición tampoco reúne los dos tercios necesarios para aprobar esta ley orgánica. De esa forma evadirían la regulación de los partidos y sus elecciones primarias, lo que les permitiría seguir sirviéndose con la cuchara grande en todo el proceso electoral,

Se asume que la confrontación que bloquearía la ley de partidos impediría también las más importante y trascendente Ley del Régimen Electoral, especialmente en lo concerniente a las sanciones de los abusos del Estado en las campañas electorales que tanto han ayudado a los triunfos peledeístas, especialmente en las dos elecciones de Danilo Medina, a partir del 2012, cuando dispararon el déficit fiscal del gobierno central a los 150 mil millones de pesos.

Tanto el bloque de partidos de oposición, como las entidades de la sociedad civil han demandado que las dos leyes se aprobaran juntas,, o que se privilegiara la más importante, del Régimen Electoral, pero los peledeístas las han mantenido separadas, privilegiando la de partidos. Y de hecho, ya se está acabando el tiempo para que la ley  regule las campañas por las candidaturas del 2020, que ya están en marcha.-

Las perspectivas apuntan a un posible cambio político en comicios del 2020

07_04_2018 HOY_SABADO_070418_ El País11 AUn frente electoral con un programa de transición democrática pudiera aprovechar la dura división interna del partido gobernante, el desgaste del gobierno y la creciente insatisfacción ciudadana para por lo menos reducir la concentración del poder estatal

                             Por Juan Bolívar Díaz         

            En los ámbitos de la oposición política se baraja la posibilidad de un frente electoral  para enfrentar los poderes casi absolutos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2020, en base a un programa para el rescate de las instituciones democráticas  y un nuevo modelo de desarrollo económico social.

La profunda división interna en el partido gobernante, llamada a profundizarse por  los pujos continuistas de los danilistas, la progresiva reducción de la aprobación de la gestión del presidente Danilo Medina y el incremento de la insatisfacción ciudadana alientan la posibilidad de vencer o reducir el dominio del Estado de cuatro períodos.

Indicadores del desgaste

Las últimas encuestas y la percepción general indican un deterioro del absoluto dominio que ha ejercido el PLD sobre los poderes del Estado y la sociedad dominicana, con una caída de la aprobación del gobierno de Medina (45-47% en Gallup) al mismo tiempo que se incrementa la insatisfacción ciudadana por la falta de soluciones a la corrupción e impunidad, la inseguridad ciudadana, el desproporcionado endeudamiento del Estado, el escaso empleo y de baja calidadd y la precariedad de los servicios básicos.

La crisis en que se ha sumido el PLD apuntan a un mayor deterioro por la confrontación entre los liderazgos de Danilo Medina y Leonel Fernández por la persistencia del sector dominante en abrir un espacio para otra modiuficación de la Constitución, q rrue rechaza entre el 67 y 71% de la población, según las encuestas Gallup y Asisa de marzo pasado, mientras las encuestas marcan una recuoeración del expresidente.

El deterioro financiero del Estado tuvo efectos el año pasado en una notable reducción del crecimiento económico, mientras aumentan los temores de que el país seencamina a la insostenibilidad con una deuda que según el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles rebasó en marzo los 42mil millones dedólares y el 55% del  producto bruto, habiendo crecido 843% en menos de dos décadas.

Las perspectivas del caso Odebrecht, pendiente deefectiva investigación y sanción, los retrasos y problemas por los que atraviesa la obra emblemática de las plantas de carbón no apuntan en dirección de satisfacer las expectativas de la población que se ha expresado de forma contundente en el movimiento Marcha Verde que, aunque algo adormecido seguiría constituyendo un elemento detonante, tanto como elaccionar de los partidos.

Ningún cambio será fácil

Nadie cree que será fácil destronar al PLD del dominio político que ha ejercido en casi dos décadas de gobierno, con un intervalo de 4 años del presidente perredeísta Hipólito Mejía. Su profunda vocación de poder le puede llevar a superar sus luchas intestinas si aumentan los indicadores del desgaste que  marcan .las encuestas. Aunque esta vez, como nunca antes la confrontación política se ha convertido en personal, con enconos y agravios que impulsan temores al retorno de Fernández al poder dificultando soluciones.

El danilismo que ahora hegemoniza el poder peledeísta se enfrenta a un Leonel Fernández ya con meses en campaña de retorno, y que tiene a su favor el pacto de unidad mediante  el cual él cedió hace tres años por la unidad del partido y que permitió la reelección de Medina, ahora con mucho mayores dificultades para justificar una nueva reforma a su propia Constitución., aunque es amplia  la convicción de que el reeleccionismo siempre se impone, lo que no fue cierto con Balaguer en 1978, Mejìa en el 2000 y con Fernández en el 2012. Un sagaz dirigente peledeísta, del poderoso Comité Político, y para nada favorecedor de Fernández, opinó a título confidencial que para salvar de nuevo la unidad partidaria, éste sería el candidato del 2020.

Podrán ponerse de acuerdo por amor al poder, pero eso llegaría a la convención del 2019 y el deterioro político tenderá a crecer. Aúnasì, si evitan la división los peledeístas podrán apelar a los recursos del clientelismo y los abusos del Estado que han caracterizado su  reinado electoral, con un inmenso aparato mediático, control de organismos decisorios, y recursos multimillonarios acumulados. Por esa razón seguirán barajando los proyectos de reformas electorales y de ley de partidos.

Alientan unidad opositora

Conscientes de los poderes peledeístas y por las experiencias, en diversos ámbitos políticos y sociales se alienta la posibilidad de promover un frenteamplio opositor para los comicios del 2020, y plantean adelantar las gestiones para un consenso programático que aliente optimismo aprovechando la lucha interna que paraliza al PLD, en  baja en las preferencias. La encuestaAsisa lo dejó esta semana en 52%, todavìa alto por la debilidad de una oposición que no acaba de recomponerse tras el alentado desguañangue del viejo Partido Revolucionario Dominicano, cooptado por el poder peledeísta.

En la oposición el principal propulsor del frente unido ha sido el presidente de Al País, Guillermo Morenoconmedia docena de artículos en su página de los lunes en el Diario Libre. Plantea la discusión de un programa básico que de substancia y aliente un cambio que no sea simplemente de gestores de la actual descomposición del Estado.

Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRD) han planteado también el proyecto de unidad. Con el mismose objetivo salió recientemente a la luz pública elMovimiento Ciudadano de Rescate Democrático (MIRD), encabezado por profesionales de la calidad experto fiscal José Rijo. El experto en turismo Juan Lladó ha insistido y hasta ha publicado un amplio proyecto de programa. Se sabe de varios grupos de clases medias que “reflexionan” sobre la necesidad de concertaciòn para un cambio político, al igual quesociòlogos como Cèsar Pèrez y Wilfredo Lozano.

De hecho, traslas elecciones del 2016, que culminaron en un proceso profundamente desigual, con inconmensurabkle abuso del poder estatal, la decena de partidos de oposición vienen concertando para exigir las reformas políticas y electorales que se discuten hace dos décadas, aunque un par de ellos pudieran volver a aliarse al PLD, sobre todo si Fernández resulta su candideato.

Un programa fundamental

            Los analistas entienden que si bin es fundamental un programa, no puede ser muy mbicioso si su primer objetivo es vencer el enorme poder del PLD. “Es casi un proyecto de trasición democrática, portdor de un nuevo modelo de desarrollo que reùna las energías y decisión de amplios sectores sociales, incluyendo del empresariado, o que por lo menos neutralicen su apoyo a los gobernantes.

Las encuestas marcan las preocupa iones fundamentales que tienen que abordarse: la corrupciòn, impunidad y el clientelismo, la inseguridad ciudadana, el desempleo y los bajos salarios, deterioro de los servicios básicos, como salud, reforma de la seguridad social, transporte, vivienda, saneamiento ambiental y calidad de la educación. Deberá priorizar las reformas institucionales, polìtica y electorales para restablecer la independencia de los poderes y garantizar el ejercicio polìtico.

Un programa para rescatar el concierto nacional deberà reivindicar la Ley de EstrategiaNacional deDesarrollo y su pacto fiscal y reales controles financieros para contener el endeudamiento y garantizar sostenibilidad, corregir la malversación y el derroche y hacer menos regresiva la tributación, y generar un nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos y promueva las exportaciones.

Así mismodeberá atraerse a la sociedad civil, recogiendo sus reivindicaciones y propiciando la pendiente Ley de Participaciòn Social, partiendo del reconocimiento dela poca confianza y credibilidad que tiene actualmente el partidarismo polìtico,documentada por las encuestas de los últimos meses: Latinobrómetro(15%), Barómetro de la Américas (20%),  Penn-SIN (15% de los jóvenes), Gallup-HOY (15.5%). Asisa deesta semana indica que desde el 2014 los que se declaran miembros de partidos cayeron del 31 al 14%, yque los independientes crecieron del 4 al 29%.

Un frente como el chileno

Hay muchas experiencias en el mundo de concertación parni a vencer un dominio polìtico absolutista, y entre losmàs relevantes siempre se recuerda el que permitiò superar la dictradur de Pinochet en Chile, que reuniò a todo el epectro opositor, desde la dercha a la izquierda, incluso a partidos que contribuyeron al sangriento derrocamiento del gobierno de popular de Salvador Allende. Esa concertción se ha mantenido durante màs de dos dècadas escogiendo candidatos comunes mediante primarias democráticas.

En el país no ha habido tanta vocaciòn ni urgencia para una concertaciòn, pero el cansancio y el deterioro del Estado social y democrático de derechos parece demandarla, y los dirigentes polìticos tendràn que aprender que no vale la pena concurrir una y otra vez al real “matacero electoral” que denunciaba el PLD en sus origenes.

Tendrìan que entender que todos no pueden sercandidatos presidenciales  paraquedarse por debajo del 2 % del sufragio, por lo meos hasta que se institucionalicen mecanimos que garanticen competencia más equitativa. Que muchos de ellos serían estrellas en el Congreso o a la cabeza de municipios desde los cuales podrìan constituir nuevas opciones de poder.-

Danilo deberá concentrarse para contener la caída de su valoración

24_03_2018 HOY_SABADO_240318_ El País12 BLa encuesta Gallup-HOY muestra una persistente reducción de su aceptación del 82 al 47% en dos años y medio, una caída de 43%, y que la población no le cree que haya mejorado la economía ni reducido la pobreza, como persiste en afirmar    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El análisis de los resultados de la encuesta Gallup-HOY publicados esta semana indica que la popularidad del presidente Danilo Medina sigue en picada, con descenso de la valoración de su gestión, y evidencia las serias dificultades con que tropieza el proyecto reeleccionista en discusión, con rechazo de dos terceras partes  a reformar la Constitución.

Resulta relevante que Luis Abinader corre virtualmente solo para la candidatura presidencial del principal partido opositor, y que su aceptación se acerca a la de Medina, quien pierde terreno ante Leonel Fernández, resaltando que una alta proporción aún no tiene claras preferencias a casi dos años de las elecciones presidenciales.

Los segundos períodos

            La Gallup-HOY parece ratificar la percepción de que los segundos períodos de gobierno consecutivos resultan malos en el país, por cansancio o porque el poder obnubila y crea distancia de la ciudadanía. A la mitad de su primer periodo, en agosto del 2014, Gallup-HOY le registro una aprobación histórica del 91%. En Julio del 2015 al aceptar su segunda postulación consecutiva estaba en 82%, pero ya en febrero del 2017 se había reducido a 62%, la proporción con que fue reelecto en el 2016,  y en octubre bajó al 51%, a razón de 1.4% menos por mes el año pasado.

En la investigación realizada del 5 al 11 de este marzo, sólo el 45.5% evaluó como bueno o muy bueno el desempeño de Medina, en sus primeros cinco años de gobierno, pero a la pregunta de si aprueba o desaprueba su gestión, independientemente de su posición política, la aprobación alcanzó 47%.

Resalta que la encuesta fue realizada apenas una semana después del discurso del mandatario ante la asamblea nacional, y a través de más de 400 medios de comunicación electrónicos y digitales, donde presentó una situación optimista de sus realizaciones con gran despliegue publicitario y de su amplio aparato mediático propio, pero el 63% de los encuestados dijo que no lo escuchó, pese a lo cual 73% opinó que no tocó todos los temas que debía, coincidiendo con las críticas de la oposición y analistas independientes.

Una avalancha muy negativa

            Varios otros resultados de la encuesta Gallup-HOY muestran una avalancha muy negativa para el presidente Medina. Comenzando porque la población niega los grandes logros económicos y de reducción de la pobreza que él sostuvo en su discurso del 27 de febrero. El 79% considera mala o muy mala la situación de la economía nacional, 5 puntos más que en la de octubre. Y sólo el 9% la consideró buena o muy buena. El 78% opinó que el país va mal o muy mal, contra el 18% que lo estimó bien o muy bien. Con el agravante de que 45% cree que estará peor al término del período gubernamental.

Aunque el presidente, sus funcionarios y propagandistas sostienen que han sacado de la pobreza a un millón 200 mil personas y creado más de 600 mil empleos, 120 mil sólo el año pasado, y que el país es casi de clase media, el 46% de los encuestados estima que ahora hay más pobres y otro 27% que sigue igual para totalizar 73%, mientras apenas 25% considera que hay menos pobreza. Y a la pregunta de cómo está la familia en relación a dos años atrás, 35% responde que peor y 36 por ciento igual, totalizando 71%.

La opinión sobre la situación económica personal de los encuestados también fue mayoritariamente negativa, para el 56%, cuatro puntos más que en octubre pasado. Mientras apenas 17% dijo que es buena o muy buena. Y peor cuando se preguntó para quién gobierna Danilo Medina, pues 46% dijo que para los dirigentes y miembros de su partido, y sólo 29% para beneficio de todo el pueblo.

No reforma constitucional

            En términos políticos los  resultados de la Gallup-HOY también resultan negativos para el presidente Medina y los que promueven su reelección. Justo dos tercios, el 67%, rechaza otra reforma de la Constitución para posibilitar una tercera postulación consecutiva, y sólo el 30% la favorece. Contrasta con el resultado de febrero del 2015, de la misma encuestadora, que arrojó un 61% a favor de dos períodos consecutivos y 70% favoreció la reforma constitucional para que Medina pudiera buscar el segundo.

Las preferencias electorales por Danilo también han caído y debe asumirse que en parte por la  institución de dos períodos y “jamás” en la constitución que él mismo auspició hace sólo tres años para repetir en el cargo. A la pregunta de a quién le gustaría que sea el próximo Presidente, quedó empatado justamente en 14.8% con su archirrival Leonel Fernández, quien aparece en recuperación, y cuatro puntos por debajo de Luis Abinader, quien lidera con 18.8%.

También empató técnicamente con Fernández, 20 a 19%, cuando se preguntó a los encuestados quién debería ser el candidato presidencial del PLD en el 2020. Danilo le sacó una ventaja de 5 puntos, 31 a 26%, cuando se hizo la misma pregunta a los que se identificaron con el PLD, mientras la vicepresidenta y esposa de Fernández obtenía el 6%.

Es notable que el presidente Medina sólo obtuviera un 17% de simpatía, entre los dirigentes políticos, superando apenas por 4 puntos el 13% de Luis Abinader y a Leonel Fernández, que queda en tercer lugar con 10%, e Hipólito Mejía 6%.

Abinader sigue en ascenso

            El dirigente político que sale mejor parado, por segunda Gallup-HOY consecutiva, es Luis Abinader, quien encabeza en preferencias para próximo presidente, con 4 puntos por encima de los dos líderes del PLD y con enorme ventaja para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno en el 2020. Aunque en octubre su ventaja sobre Danilo era de 8 puntos 29 a 21 %, y de 11 sobre Leonel.

Donde Abinader luce bien cómodo es en la disputa de la candidatura presidencial del PRM, seguido de lejos por el expresidente de la República Hipólito Mejía. En la respuesta a quién le gustaría que fuera el próximo presidente, le triplica 19 a 6%, en simpatía 14 a 6%. Frente a un listado de potenciales candidatos del PRM, Abinader obtiene 49% y Mejía 17, y ahí queda bien parado con 15% el alcalde capitalino David Collado.

Pero donde Abinader mantiene enorme ventaja es cuando se preguntó quién cree que debe ser el candidato presidencial para el 2020 a los que se identificaron con el PRM, obteniendo 67 a 9% sobre Hipólito. En la encuesta de octubre fue 69 a 14%, lo que indica que el primero mantiene estabilidad y el segundo está en retroceso, mientras Collado apenas consigue el 1.5% de las preferencias de los perremeistas.

Guillermo Moreno sigue siendo el alternativo que más preferencias registra en la serie Gallup-HOY. Esta vez consigue el 7%, un punto más que Hipólito, en la respuestas a quien le gustaría que sea Presidente en el 2020.

Mucha incertidumbre aún

Esta encuesta registra un alto nivel de incertidumbre de cara a las próximas presidenciales,  sobre todo en el universo de los electores y en particular en cuanto a la candidatura del PLD. Ni hablar del Partido Reformista sobre el cual el 84% de los encuestados no respondió o dijo no saber. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano respondió igual el 67%, y 50% sobre el del PRM y 46% sobre el del PLD.

En el partido gobernante la incertidumbre estaría en alta proporción determinada por las incógnita de si los reeleccinistas lograrán reformar la Constitución o imponer otro mecanismo para postular de nuevo al presidente Medina, empatado ahora con Fernández en el universo de los encuestados para candidato de su partido. Y en la lista cerrada, sin Medina, la esposa de Leonel, Margarita Cedeño, empata técnicamente con su esposo 27 a 26%.

Llama la atención que en los últimos meses los gobiernistas no han publicado encuestas y que éstas han escaseado en el mercado, como si se temieran los resultados

tras la avalancha de insatisfacciones que se han expresado en el movimiento ciudadano Marcha Verde.

El Gallup no será la única a publicarse, pero tiene la mayor tradición de credibilidad y continuidad. Por el momento el balance es que Danilo Medina está en retroceso, en la valoración como gobernante y en las preferencias electorales con la reelección cada vez en mayor dificultad; Leonel Fernández en recuperación para la candidatura del PLD; Margarita Cedeño sigue teniendo buen posicionamiento, aunque discriminada por mujer y esposa;  y Luis Abinader prosigue su fortalecimiento, como alternativa de oposición, sin competencia interna.-

           

 

Danilistas cosechan primer tropiezo en el viejo camino del reeleccionismo

A1Resultó fallido el globo de ensayo de recurrir al Tribunal constitucional para anular la prohibición constitucional de una tercera postulación del presidente Medina, pero queda pendiente si intentar otra reforma constitucional que dividiría hasta su partido                                    

Por Juan Bolívar Díaz

            Los mismos que motorizaron el globo de ensayo de la instancia para que el Tribunal Constitucional eliminara el veto constitucional a una tercera postulación del presidente Danilo Medina, precipitaron su retiro por  el escándalo político en que se constituyó y los  reparos jurídicos que la descalificaron de forma contundente en apenas dos días.

Los pronunciamientos que siguieron al triunfalista discurso presidencial del 27 de febrero han generalizado la convicción de que fue puesto en marcha una vez  más el histórico proyecto reeleccionista que castra la institucionalidad democrática nacional, aunque todavía hay quienes creen que Medina no volverá a renegar de sus compromisos.

Una doble sorpresa

            Al comenzar la semana resonaban las opiniones de la diputada  Lucía Medina, proclamando que la Constitución no prohíbe la reelección de su hermano Danilo y que sólo él decidirá si busca otro período,  y  del vocero de la presidencia Roberto Marchena, quien sostuvo que es el pueblo quien quiere la reelección, que sólo Medina garantiza la permanencia del PLD en el poder  y la continuidad de su magna obra, aunque aduciendo que el mandatario sólo está enfocado en gobernar.

Dominaba  el fuerte intercambio entre Marchena y Franklin Almeyda, promotor de la candidatura del expresidente Leonel Fernández, cuando el lunes 12 trascendió  que el abogado y exdiputado reformista Fredermido Ferreras Díaz había incoado ante el TC un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria de la carta magna que prohíbe otra reelección a Medina, sometida el 15 de febrero, generando de inmediato un rechazo general de juristas, legisladores, dirigentes políticos e instituciones sociales.

El rechazo fue tan contundente que antes de que se conociera el texto, Ferreras retiró su instancia y dio por cerrado el capítulo, alegando que fue una iniciativa personal, pero dijo a El Caribe que recibió al menos tres llamadas de las alturas “pidiéndome  por favor, si yo podía dejar eso sin efecto, y le he dicho que no, que esto no es para favorecer a Danilo”. Ferreras fue diputado reformista por cuatro años en los noventa y luego se ha movido entre los beneficiarios de los gobiernos del PLD, primero el de Fernández y ahora con Danilo, al igual que Modesto Guzmán, director del Instituto Postal, a quien se le vincula.  Aceptó el martes ir al telediario de Teleantillas para motivar la instancia pero en la tarde la retiró y no acudió a la entrevista la mañana siguiente.

Demoledora respuesta

            Todo ocurrió rápido, incluso el extenso comunicado de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) que descuartizó el recurso,  la tarde del mismo lunes 12, bajo la firma de su vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños Guzmán. Rechaza la instancia y también  otra reforma constitucional para el continuismo en cuatro partes: orden constitucional y presidencialismo, la vía jurisdiccional y la inconstitucionalidad del transitorio, alternabilidad democrática y poder, y “Reflexiones finales”.

Tras referirse a 39 reformas constitucionales la mayoría para viabilizar la reelección, señala que “el Poder Ejecutivo no puede formar parte de las pinceladas negativas que han existido en nuestro orden político y normativo, sino mantener el respeto a los principios jurídicos que fortalecen la calidad democrática del Estado dominicano”. En la segunda parte cita el artículo 267 de la Constitución indicativo de que su reforma “sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares”, lo que incluye al TC.

FINJUS considera  que no es saludable la vía jurisdiccional  contra una normativa constitucional que  busca “garantizar la primacía del orden dentro del propio sistema democrático, y así fijar límites al poder político”. Y más adelante postula que presumir  la existencia de un sentimiento popular  sustentado en intereses políticos de turno, trasladándolo  al orden jurisdiccional para violentar los principios constitucionales, “lacera toda la trayectoria de consolidación del Estado de Derecho, seguridad jurídica, fortalecimiento institucional  y respeto a la legalidad durante los últimos años”.

La reforma constitucional

            En sus reflexiones finales, la FINJUS, una institución del empresariado que trabajó  en la ley de los procedimientos constitucionales y del TC, plantea que “la reforma constitucional no puede ser un instrumento de estrategia política del gobierno de turno para permanecer en el poder” y que abogar por ella de manera continua  condiciona el poder reformador a “los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes sustenten el poderío político”.

La generalidad de las opiniones jurídicas  que han negado la posibilidad de “declarar inconstitucional una parte de la Constitución”,  señalan  que el único camino que tendría el presidente Medina para otra postulación es reformar de nuevo la Constitución para eliminar la vigésima disposición transitoria  de la carta magna vigente, que él mismo auspició en el 2015 para viabilizar su segunda elección consecutiva, hasta entonces prohibida.

             Esa reforma fue pactada en el Comité Político del PLD el 28 de mayo del 2015 para salvar la unidad partidaria. A cambio se acordó el transitorio que establece que en caso de que el presidente  resultare reeelecto para el período 2016-20 “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Lo presentó en la asamblea revisora el secretario general Reinaldo Pared

Con Leonel Fernández y sus fieles en campaña desde hace meses por la candidatura presidencial del 2020, y aduciendo que ya cedieron dos veces en favor de Medina, en el 2012 cuando  “reunieron 2.2 millones de firmas para repostular a Leonel”, y 4 años después para reformar la Constitución, será difícil convencerlos para un tercer período, desconociendo los acuerdos del 2015, sin poner en riesgo la unidad partidaria.

Viejo pero difícil camino

            El viejo camino del continuismo político luce cuesta arriba para Danilo Medina, pero hasta en sectores no complacientes se cree que lo alcanzará cifrado en la debilidad y división de la oposición, pero otros le atribuyen suficiente frialdad para no exponerse a un tercer período consecutivo, lo que sólo ha sido posible  bajo la tiranía de Trujillo y la  dictadura de doce años de Balaguer, en otro  contexto nacional e internacional.

Es cierto que en el 2015 Medina pudo “conquistar” bloques enteros de candidatos, como los perredeístas de Miguel Vargas y la mitad de los reformistas y de los leonelistas, pero una reedición de lo que fue denunciado como un mercado de compra de votos podría lograr “el milagro” de unificar y fortalecer una oposición que de alguna forma viene adelantando acciones comunes contra el continuismo y los abusos electorales. Hasta se podrían retroalimentar con los leonelistas.

En las instituciones sociales, incluyendo la amplia insatisfacción registrada en la Marcha Verde, y hasta en sectores de poder económico,  habría ahora mayor rechazo a una continuidad corrompida, en un escenario de camino  a la insostenibilidad fiscal y agotamiento del modelo de crecimiento basado en el endeudamiento. La posición de la FINJUS alerta sobre la seguridad jurídica y el Estado de derechos.

Al mismo Danilo Medina le sería más difícil volver a engullirse el “tiburón podrido de la reelección” que denunció en el 2008, cuando en el 2012 disertó sobre el carácter antidemocrático del continuismo diciendo que sólo quería un período, y que en discurso del 17 de junio del 2015 dijo a la nación que al apoyar la enmienda para su reelección “estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que, después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto, en mayo del 2016, no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República”.

Salida alternativa de DM                     

            Los que dentro y fuera del PLD creen que el presidente Medina no buscará el tercer período, asumen que tiene como alternativa al temido retorno de su antagonista Leonel Fernández, la promoción de un tercer candidato, preferiblemente de su confianza, lo que se inscribe en la reunión que celebró a principio del mes con aspirantes, y en la que habrían participado los ministros Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Andrés Navarro, Gonzalo Castillo y Carlos Amarante, además del secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y del exministro Temístocles Montás, de arraigo en el partido, pero disminuido tras ser imputado en el escándalo Odebrecht.

Ninguno de ellos ha alcanzado más de un 3 por ciento de preferencias en las encuestas, cuando se les menciona como precandidatos, muy lejos de Leonel  y su esposa Margarita Cedeño, y cualquiera iría cuesta arriba contra el ex.presidente, quien mantiene un fuerte liderazgo nacional e internacional y en un partido que él curtió en el poder y a quien miles de peledeístas deben sus riquezas, o su prosperidad personal y familiar.

Een el Comitn aras de abrir alternativas se aprobaría, ahora en el Senado bajo control danilista, el padrón electoral abierto en la elección de candidatos,  para con el poder económico del Estado y los programas sociales, superar la fuerza interna del leonelismo. Para eso no se puede esperar mucho tiempo y que Fernández siga reactivando sus fieles, pero persistirán las dificultades para obtener las dos terceras partes de los diputados,  necesarias para aprobar esa ley orgánica.-

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Del acuerdo del 2015 ´

en el Comité Político del PLD:

* Modificar el artículo 124 de la Constitución y agregarle un artículo transitorio para que, si gana ahora, DM no pueda ser candidato en el 2020.

* Modificar los artículos 270, 271 y 273 de la Constitución para fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para futuras reformas.

* Acoger que las decisiones del Comité Político del PLD sean por consenso y en su defecto por las tres cuartas partes de su matrícula.

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Un discurso con algunos aciertos, muchas omisiones y manipulaciones

A1El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero y el escenario de propaganda y manifestantes muestran un tufo continuista, repitiendo promesas y evadiendo los problemas básicos como la sostenibilidad financiera y la corrupción   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El tono y las promesas del discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el martes 27, tienen el tradicional tufo continuista de la historia nacional,  acentuado por la propaganda que lo precedió y que prosigue siguió para venderlo como otro mandatario imprescindible, un nuevo predestinado para desarrollar la nación.

El mandatario se erigió como un habilidoso manipulador de datos, experto en evadir asuntos tan fundamentales como la sostenibilidad fiscal, la corrupción e impunidad y en repetir promesas anteriores, llegando al extremo de sostener que  la nacional es una sociedad de clase media con progresiva reducción de la pobreza.

Los aciertos notables

            No es posible desconocer los aciertos del gobierno del presidente Danilo Medina sin caer en la mezquindad, relevantemente por haber cumplido la ley y reclamo ciudadano de elevar la inversión en educación, que ha adelantado en la construcción de aulas y comienza la estancias infantiles, en la formación de maestros, becas, desayuno y almuerzo escolar.

También tiene derecho el mandatario a exhibir sus obras viales, continuidad de una política de su antecesor y muchas otras construcciones físicas, aunque la inversión se haya estancado en un 16 % del presupuesto nacional, porque se mantiene el incremento desbordante del gasto corriente. Pero no hay dudas que también ha destinado más recursos a crédito para pequeñas y mediana empresas y productores agropecuarios.

El presidente Medina se ha empeñado en acercarse más a la población, aunque lo hace distribuyendo el dinero que corresponde a los ayuntamientos, a los cuales les ha reducido la asignación por debajo del 3%, en vez del 10 que establece la ley de municipios. El crecimiento, aún ralentizado el año pasado, del 4.6% y la inflación del 4% son también logros de la gestión. Pero no hay ninguna revolución ni educativa, ni del transporte, ni del campo, como ha indicado, que lo proyecte como un nuevo ser providencial que debe continuar en el poder sin medir costo institucional y moral por encima de lo dispuesto en la Constitución que él mismo promovió para reelegirse hace apenas dos años.

Mientras manifestantes transportados pedían  “cuatro años más”, Danilo Medina los alentaba con la conocida proclama de que “aún nos queda mucho por hacer”, prometiendo que después de más de cinco años de trabajo intenso “no vamos a parar, No vamos a bajar el ritmo. Especialmente ahora, después de todas las batallas que hemos ganado juntos”.

Omisiones fundamentales

            Como advirtió el reconocido sociólogo César Pérez lo más desconcertante no fue lo que el presidente dijo, sino lo que omitió, comenzando por los recurrentes déficits de toda una década, que conducen el país hacia la insostenibilidad fiscal, y la consiguiente carrera de endeudamiento estatal que el año pasado pasó de 40 mil millones de dólares, creciendo a un ritmo de 12 millones de dólares, más de 580 millones de pesos,  por día, que ya sobrepasan el50% del PIB y cuyos intereses ya comprometen el 24% de los ingresos.

Pasó por alto el informe que acaba de emitir una misión del FMI advirtiendo la necesidad de contener el ya crónico déficit fiscal, las advertencias sobre insostenibilidad formuladas a fin del 2017 por las escuelas de economía de la Universidad Autónoma, de la Universidad Madre y Maestra y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, así como por múltiples economistas y centros de estudios económicos.

El informe presidencial ignoró que el año pasado el país fue sacudido por multitudes que reclamaron en las calles límites a la corrupción y la impunidad, a partir del escándalo Odebrecht y los que se sucedieron cada mes. No mencionó la palabra Odebrecht ni siquiera para explicar cómo esa empresa va a concluir las plantas de carbón sin que se le pague los 708 millones de dólares adicionales que reclama.

Tampoco se refirió el presidente a los factores que han impedido la conclusión del Pacto Eléctrico, ni mucho menos a las razones por las que no ha iniciado las gestiones del Pacto Fiscal, mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, con plazos vencidos, y a los que él mismo se había comprometido desde su discurso de juramentación del 2012.

Manipulación de datos

            Hubo en el discurso de Danilo Medina manipulaciones de datos, por ejemplo en el presupuesto de salud y de la justicia, comparando la asignación total del 2012-18, en vez de hacerlo como porcentaje del gasto total. En salud hace tiempo que está estancado, por debajo del 2% del PIB cuando los organismos internacionales sugieren el 5, y es de los más bajos de la región.

En cuanto al Poder Judicial es peor, porque la ley194-04 le asigna el 2.66% de los gastos, y en el período 2012-18 apenas le otorgan un promedio del 1.1%, y el 46.5% de lo que les correspondía. Si bien los $6,872 millones del año pasado, superaron en más de 66% los 4,007 del 2012, eso sólo fue superior en 0.2% y el 48% de lo que le correspondía por ley. Por igual a la Procuraduría General de la República la ley le dispone el 1.4% y se le entrega el 0.8% que representa el 66% de lo correspondiente en los cinco años, según cuadro del experto fiscal José Rijo.

Igual es manipulación anunciar que las exportaciones dominicanas alcanzan por primera vez los US$10 mil millones, Según el Barómetro del Comercio del Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano, de la Universidad Madre y Maestra, en 2017 fueron por US$8,831millones, pero sólo US$3,236 de los exportadores nacionales, y la mayoría de las zonas francas. Pero Medina ignora que hubo un desbalance o déficit comercial de US$9,184 millones, ya que las importaciones totalizaron US$18,015 millones.

Por igual el presidente se encontró con una evaluación positiva a la transparencia de su gobierno de la Oficina de Presupuesto Abierto Internacional para defenderse, pero ignoró que las más reconocidas del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional lo colocan entre los más opacos y de mayor corrupción en el mundo.

El país de clase media        

            Pero lo que más burla ha levantado del discurso de Medina es su afirmaicón de que la RD es ya un país de clase media, gracias a la redención de la pobreza en sus cinco años de gobierno. El destacado sociólogo Cándido Mercedes cita el parámetro del Banco Interamericano  de Desarrollo de un ingreso entre US$10 y US$50 diarios para ser considerado clase media que él redondea entre $15,000 y $75,000 mensuales.

El promedio de los salarios formales dominicanos estimado en $21.000, queda lejos de esa meta, mientras el costo promedio de la canasta familiar es situado por el Banco Central en $30,000. El 80% de los asalariados formales ganan menos de $25,000, y el ingreso de los informales es un tercio menor. El salario mínimo en zonas francas es $9,000  y sus 165,796 empleados ganan un promedio de apenas $11,000. En turismo es un poco mejor, con 330 mil empleados, pero el salario mínimo está aún en $10,300. Cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre está en $14,000.

Medina segura que se crearon 120,237 empleos el año pasado y hasta que en mayoría formales, pero el Centro Regional de Estudios Estratégicos Sostenibles (CREES) asegura que la mayoría fueron informales, y amprado en estadísticas del Banco Central publica un cuadro donde consigna que apenas en el gobierno creció el empleo formal, en 2017, con 44,004, y que en el sector privado se redujo en 6,092. Afirma que el año pasado la informalidad creció al 58.7% del total de los empleados.

Pese a ser este un país de clase media, contrasta que el 48% de los jóvenes hayan dicho que planean irse del país, según el Barómetro de las Américas. Y el mismo 27 de febrero 20 dominicanos eran detenidos tratando de ingresar por yola al devastado Puerto Rico.

Repetición de promesas

            En el discurso abundaron repeticiones de promesas de obras, como la de la Presa de Monte Grande y muchas viales, sin explicar cuáles están incluidas en el presupuesto nacional. Parece haber olvidado  los 7 grandes obras para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del sur, prometidos el año pasado.

Olvidados están también los compromisos anteriores de revisar el modelo económico nacional,  pero se repiten promesas de fortalecer la frontera, de revolucionar el t4ransporte urbano, de viviendas, agua potable y electricidad, cuyas carencias no son compatibles con países de clase media.

Otro vacío fue el de la institucionalidad democrática. El presidente expresó su esperanza de que se aprueben ls reformas electorales, pero sin asumir mayor compromiso, ni tratar de  desbloquearla, ni mucho menos responder los cuestionamientos de la sociedad civil o de los partidos de oposición, que para él no existen, como tampoco los gobiernos municipales.

En resumen, el discurso tuvo sus aspectos positivos, pero el presidente Medina no trató de disipar las mayores incertidumbres económicas ni políticas.-

El discurso del 27 en el Congreso podría definir el rumbo de Danilo

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Precedido de una cadena de infortunios políticos  nacionales e internacionales, y presiones partidarias, el discurso del presidente Medina podría marcar su rumbo político al aproximarse, con múltiples problemas, a la mitad del período de gobierno

 Por Juan Bolívar Díaz

Tras un año de reducción del crecimiento económico, y con acusado desgaste del segundo periodo de gobierno, el sexto informe al Congreso del presidente Danilo Medina debería despejar dudas sobre su rumbo político, enfocándose en las reformas electorales e institucionales que requiere el país.

No menos urgentes, pero más difíciles para una segunda mitad, sería afrontar los problemas más acuciantes como el de la sostenibilidad fiscal y la inequidad social, la productividad y competitividad nacional, la galopante corrupción e impunidad y la ineficiencia del gasto público muy condicionado por el clientelismo político.

Precedido de infortunios

            Como es tradicional en los segundos períodos de gobierno, el presidente Danilo Medina comparece el martes ante la Asamblea Nacional con señales de desgaste político, cada vez con mayores conflictos en su propio partido, y cuestionamientos en los ámbitos nacionales e internacionales. Consciente del proceso, el mandatario adelantó los cambios de funcionarios que se esperan en la ocasión, con tanto infortunio que en vez de marcar una pretendida renovación y escandalizó por escasos escrúpulos en la selección y ratificó el reparto patrimonialista del Estado entre seguidores y aliados políticos.

Medio centenar de designaciones no tocaron los ministros y sólo tres podrían ser consideradas de importancia, los directores  del Servicio Nacional de Salud, del Seguro Nacional de Salud y del Instituto de las Telecomunicaciones, y la mayoría fueron del servicio consular, directores y subdirectores de organismos medios del Estado y de consejos directivos de empresas públicas.

En horas el presidente Medina tuvo que rectificar la designación de un viceministro de la juventud que está preso por violencia de género, por generalizado rechazo, a lo que se sumó el nombramiento como asesor en “desarrollo territorial” de un exdirector del Consejo Estatal del Azúcar cuya gestión de los terrenos de esa entidad generó acusaciones e investigaciones judiciales, y como cónsul en Haití a otro que había sido destituido dos veces de cargos consulares por haber emitido visas clandestinas y tráfico de inmigrantes.

El clientelismo quedó ratificado cuando el presidente ejecutó el relevo del director del Instituto de Seguros Sociales, César Mella, que había pedido públicamente el presidente del PRD y canciller Miguel Vargas, por considerar que no estaba dando suficientes empleos a los militantes de ese partido al que “correspondía el cargo”. En tanto el doctor Nelson Rodríguez Monegro rechazó su designación como asesor, denunciando que salió de la dirección del Servicio Nacional de Salud por no haberse doblado ante el clientelismo.

Llueven informes negativos

La semana pasada marcó un récord en informes negativos para el país, indicativos de insatisfacciones con la gestión pública nacional, abarcando uno de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), otros  de Transparencia Internacional, de , Amnistía Internacional,  y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) así como un mensaje pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

El informe de UNICEF colocó el país en el lugar 51 en muertes de recién nacidos entre 184 naciones, y entre los peores de América Latina y el Caribe, con una tasa de 21.8 por mil nacidos vivos, nueve veces superior a la más baja de la región, que es el 2.4 por mil de Cuba. La muerte antes del mes de uno de cada 48 nacidos en RD choca con las tasas de crecimiento económico que registra la nación hace décadas, especialmente en la última.

En un reporte sobre Retos y Oportunidades para Centroamérica y República Dominicana, el BID señala que la región “tuvo una tendencia positiva en el 2017, con una expansión económica del 3.8%, pero esta dinámica no se ha traducido en cambios significativos en la reducción de la pobreza o en una mejoría de la distribución del ingreso”. Y aludiendo a incertidumbres recomienda que las autoridades de la región “adopten acciones y políticas para potenciar su crecimiento e incrementar la inclusividad del mismo”.

El índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado el miércoles redujo en dos puntos la evaluación de RD, con puntuación de 29 sobre 100, y en el escalón 135 entre 180 países evaluados, sólo mejor que otros cuatro países y peor que unos 30 del continente americano. Refiere, entre otros factores, que Odebrecht prefirió el país para operar su departamento de sobornos, cuando le apretó la justicia brasileña.

El Episcopado y Amnistía

            El mensaje pastoral del Episcopado por la celebración de la independencia nacional, reconoce avances en varios aspectos, especialmente en la inversión en educación, pero indica que persisten males como la corrupción y la impunidad, la inseguridad ciudadana, la violencia contra la mujer, la irresponsabilidad de los cuerpos de seguridad, carencias en el sistema de salud, el ineficiente servicio energético, y la renuencia a aprobar la ley de partidos que garantice transparencia y control de los recursos estatales.

Las mayores críticas de los obispos católicos fueron dirigidas al funcionamiento de la justicia, aludiendo al “clamor de nuestro pueblo por una administración sana de la justicia, lejos de la corrupción de las instituciones que la aplican, sea porque los procesos están viciados desde su raíz o porque algunos jueces se han quitado la venda de los ojos para ver según su conveniencia a quien la aplican”.

Amnistía Internacional volvió a situar el país entre los que registran mayor número de apátridas, por la desnacionalización de miles de descendientes de haitianos, y la lentitud en poner en vigencia la ley 159-14 aprobada para redimirlos y para otorgar una posibilidad de alcanzar la ciudadanía dominicana a otros miles que nacieron en el país antes de la Constitución del 2010 pero que nunca pudieron ser registrados.

Amnistía también denuncia  más de un centenar de muertes a manos de la policía, aumento en 21% de homicidios, incremento de los crímenes de odio contra los LGTB y persistencia en no reconocer derechos sexuales y reproductivos generalizados en el mundo, como el aborto cuando peligra la vida de la madre, el feto es inviable o fruto de violación.

Desafío más trascendente

            De todos los desafíos internacionales que le han caído al gobierno de Medina, el más trascendente es el de la misión del Fondo Monetario Internacional que recién visitó el país y volvió a advertir sobre el camino de insostenibilidad fiscal, la cual, tras reconocer el crecimiento y avances de gestión, plantea que “se requieren medidas de consolidación más significativas para abordar las debilidades fiscales estructuradas. Las medidas recientes para fortalecer la administración tributaria y aduanera están ayudando a aumentar los ingresos fiscales, sin embargo, estas resultarían insuficientes para revertir la dinámica alcista de la deuda frente al endurecimiento en las condiciones financieras mundiales, precios del petróleo en aumento y una mayor carga del servicio de la deuda”.

A continuación plantearon que “se requerirán mayores esfuerzos para reconstruir la capacidad de las finanzas públicas, para amortiguar choques, tomando en cuenta el impacto social y sobre el crecimiento en la composición del proceso de consolidación fiscal. Esto significaría centrar el ajuste sobre la ampliación de la base impositiva, incluyendo la focalización de exenciones e incentivos fiscales, y la simplificación del sistema tributario a la vez que se protege a los más vulnerables”.

Reformas institucionales

            Lo más probable es que el presidente Medina se quede, como otras veces, en los elogios a la estabilidad macroeconómica, pues ha evadido pagar el costo del pacto fiscal dispuesto por la ley de Estrategia de Desarrollo, que tendría que tocar la corrupción, el clientelismo, el rentismo, las ineficiencias y duplicidades de organismos para el reparto político. Aunque los sectores conscientes esperan que explique hasta cuándo el Estado seguirá endeudándose a ritmo de 200 mil millones de pesos por año, unos 12 millones de dólares por día en el 2017, Debería transparentar su obra cumbre de las plantas Catalina y sobre el reclamo por Odebrecht de 708 millones de dólares adicionales para concluirlas.

Ya el año pasado Medina anunció un rosario de obras que no pudo ejecutar, incluyendo “la revolución del transporte urbano”, con la eliminación de 19 mil carros conchos, 7 grandes proyectos para el desarrollo sostenible de la cuenca hidrográfica del sur, el rescate de La Ciénega y Los Guandules y otras que no han podido arrancar. O la Ciudad Juan Bosch de Santo Domingo y Santiago y la conclusión de la renovación de 57 hospitales y del metro de Santo Domingo, aún pendientes.

Esas y otras realizaciones requieren recursos financieros inexistentes, pero podría haber ejercido su liderazgo y poder para concertar el pacto eléctrico y la aprobación de las leyes de Partido, del Régimen Electoral, y de responsabilidad fiscal, para lo que sólo se requiere voluntad política. El discurso del martes podría definir el rumbo del presidente Medina de cara al 2020.-

Es difícil sustituir los carro-conchos con mayoría del pasaje, y el metro 6%

A1El drama del transporte de la gran urbe de Santo Domingo es cada año peor, a pesar de la enorme inversión en un metro que a 9 años de operación apenas moviliza el 6% de los pasajeros, mientras el 90% sigue dependiendo de carros, minibuses y motores

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Causó gran sorpresa el anuncio de la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, de que sacarán los “carro-conchos” de las nueve avenidas principales del Gran Santo Domingo, cuando ese medio suple gran parte de la demanda de una población de 3 millones 775 mil 455 al 2017.

Otra información reciente evidencia que la inversión en el metro de Santo Domingo sigue siendo un fiasco, cuando a 9 años del inicio de sus operaciones y cinco de su segunda línea, sólo cubre el 6% de la demanda de transporte público en la capital, sin concluir la línea 2-B a casi 2 años que “la puso en operación” el presidente Danilo Medina.

Un persistente fracaso

            Ya en los años cincuenta, cuando la capital dominicana llegaba a los 500 mil pobladores, el transporte público se realizaba mayoritariamente en los llamados “carros de concho”. El estudio en que se fundamentó la nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  63-17, titulado Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo 2012, estableció que los conchos, microbuses, minibuses y motocicletas  movían más del 91% de los pasajeros capitalinos.

Las estadísticas se ese diagnóstico parece que siguen siendo la referencia, pues fueron avaladas en un foro sobre seguridad vial el año pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hace 6 años los conchos fueron estimados en 16 mil 500 (ahora más de 20 mil) y junto con 2 mil 800 micro y minibuses, movilizaban el 80.5% de los pasajeros de la gran urbe que abarca el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Le seguía el peligroso “moto-concho”, en motocicletas, que cubría el 10.6%, los 160 autobuses de la OMSA el 3.6%, el metro estaba en 3.3%, y 90 autobuses privados el 2%. No se precisaba el porcentaje que se movía en conchos, pero los expertos aseguran que alrededor de la mitad. Desde entonces lo que más ha crecido es el moto-concho, tanto que la directora del INTRANT los cuantificó el mes pasado en la mitad de más de 2 millones de motocicletas.

Hace más de cinco décadas que se viene anunciando la sustitución de los carro-conchos, lo que requiere una gran inversión en vehículos de transporte colectivo, como autobuses, y nada se ha avanzado, registrándose un persistente fracaso en las inversiones públicas al efecto, incluyendo la del metro, y el sector privado ha preferido concentrarse en las rutas interurbanas, donde no hay control del costo de los pasajes.

Un anuncio precipitado

            Lo mínimo que se puede estimar del anuncio de la exclusión de los conchos de nueve principales avenidas es que fue precipitado, porque primero tendrían que invertir en muchos cientos de autobuses, y luego ver cómo controlar a una masa de 20 mil operadores que defenderán su medio de vida. El marco regulatorio y su cumplimiento son tan débiles que no se ha podido evitar que esos mismos operadores ocupen un carril en cuadras enteras de alto tráfico en las principales avenidas, aún del polígono central.

Pero si por ineficiencia fuera, la mayor ofensiva debería hacerse contra el moto-concho que tiene un costo escandaloso en muertes y lesionados y que contribuye en gran medida a que el país sea el segundo en el mundo en tasa de mortalidad por accidentes  vehiculares. La directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Alexandra Izquierdo,  informó en octubre que 18  mil 800 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito entre el 2007 y 2016, y todas las estadísticas  indican que casi dos terceras partes en motocicletas. El presidente de la Fundación Red de la Dignidad, ingeniero Mario Holguín sostuvo en el foro sobre seguridad vial que el país gasta anualmente por los accidentes de tránsito tanto como el 4% del PIB que se destina a educación.

El moto-concho es una de las más claras expresiones de la pobre calidad del empleo en el país, de la informalidad en que el 59 por ciento se gana la vida. Tal vez sea exagerado estimarlos en el 50% de las motocicletas, pero es seguro que son más de medio millón y que resultará de alto costo social desplazarlos para juntarlo al otro medio millón en que se calculan los que no tienen oportunidad de estudiar ni trabajar.

El pobre metro capitalino

            Hace dos semanas muchos ponderaron como gran éxito que el metro de Santo Domingo transportara 75.6 millones de pasajeros en el 2017, pero resulta que esa cifra apenas representa el 6.4 por ciento de la demanda del Gran Santo Domingo, que dividida entre 360 días promedia 212 mil 500 pasajeros diariamente.  Cuando el diagnóstico del 2012 la población era de 3 millones 339 mil, y se estimó una demanda de 3 millones de pasajes, que ahora serían 3 millones 300 mil, guardando proporción al incremento poblacional. La ONE proyecta la población al 2017 en 3 millones 775 mil 455.

Es dramático que tras una inversión que se estima en más de 2 mil millones de dólares, en las dos líneas del metro y la extensión en curso de la segunda, ese vehículo apenas transporte poco más de la mitad de los que mueve el moto-concho. Asumiendo que sus 212 mil 500 pasajeros diarios son en ida y vuelta, entonces los beneficiarios del metro serían sólo 106 mil 250 personas, el 2.81% de la población de la urbe que se divide en 2 millones 753 mil 219 en la provincia Santo Domingo y 1 millón 22 mil 236 en el DN.

Para esos 106 mil que se benefician, a un precio promedio subsidiado de 20 pesos, el metro es una bendición caída del cielo. Pero con lo que ha costado se habría podido colectivizar el transporte y renovado los autobuses en una solución de carriles exclusivos y trenes aéreos, abaratando para todos un transporte público que consume entre 15 y 20% de los salarios del 67% de los empleados, trabajadores formales o informales.

Un tren demasiado lento

            No puede haber duda de que el metro de Santo Domingo ha sido un tren demasiado lento como solución del transporte capitalino. Se inició al comenzar el 2005 y su primera línea arrancó en enero del 2009, sirviendo al 3% de los pasajeros. Con la segunda línea, abierta en abril del 2013, los duplicó al 6.l % en el 2015, ínfimo en relación a las expectativas creadas y la inversión, y en dos años sólo avanzó hasta el 6.4% actual, ahora con mayor población.

La ineficiencia ha sido fruto de la improvisación, comenzando por la primera línea que se trazó de norte a sur, de mucho menos tráfico humano que de este-oeste que se ha pretendido cubrir con la segunda, pero ésta no penetró a ninguno de los barrios de gran población del este y oeste capitalino. Eso se alcanzaría con la línea 2-B, o tercera, que uniría a Los Alcarrizos con Los Minas. Se debe esperar que entonces los usuarios del metro superen al moto-concho.

La utilidad ya sería mucho mayor si hubiesen implementado las “rutas alimentadoras” del metro, con un sistema de relevo que abarataría el costo para los usuarios, muchos de los cuales siguen utilizando el sistema obsoleto porque no pueden pagar dos o tres veces. El informe sobre la utilidad del metro el año pasado muestra claramente que está concentrada entre 7 y 10 de la mañana y entre 5 y 9 de la noche, llegando a transportar hasta 15 mil pasajeros a primera hora de la mañana, cuando incluso los vagones ya son insuficientes, pero se cae a una cuarta  parte el resto del tiempo.

El metro de Santo Domingo se inscribió entre los sueños del “Nueva York Chiquito” del presidente Leonel Fernández. Cuando lo anunció por primera vez en el 2004, al inicio de su segundo período de gobierno, la mayor parte de los expertos lo consideraron una solución muy costosa y recomendaron otras de menor costo y más rápidas. El Consejo Económico y Social que él mismo había creado, recomendó seguir los criterios de los expertos, lo que el mandatario pareció acoger, pero en enero del 2005 lo inició sin más discusiones.

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La línea 2-B que “manejó” Danilo

Cuando Leonel Fernández salió del poder en el 2012 dejó por la mitad la prolongación de la línea 2 de su metro, denominada 2-B, pero su sucesor Danilo Medina la ha conducido lentamente y cinco años y medio después no la ha terminado, aunque hace 21 meses, en mayo del 2016 durante su campaña electoral reeleccionista él mismo, con gran comitiva y mucha propaganda, “manejó” un tren prestado de la línea 2 y se anunció su próxima puesta en servicio.

El ingeniero Diandino Peña, hasta mayo del año pasado, director de la OPREP y de la construcción del metro, reclamó varias veces los recursos para concluir la obra. Dijo que ya habían invertido en la línea 2-B unos 385 millones de dólares, pero que el Congreso no había aprobado un préstamo por otros 60 millones para la compra de los vehículos, que tan pronto llegaran podrían completar y operar la ruta complementaria. Pero advirtió que no sabía cuánto tiempo tomaría la entrega, después que los contrataran.

Mientras tanto, la enorme inversión del metro todavía no se justifica y nadie precisa cuál ha sido su costo, incluyendo el pago de los intereses del financiamiento y el tiempo perdido mientras el tránsito y el transporte urbano capitalinos son cada día más caóticos.-

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Sigue un cuadro

                                             Metro de Santo Domingo      

2015                            2016                            2017

Total  de pasajeros                   66.2 millones               74.1 millones               76.5 millones

Pasajeros  por mes                  5,5 millones                  6.1 millones                 6.3 millones

Pasajeros por día                     183,989                       205,833                       212,500

Beneficiarios (ida y vuelta)     91,995                         102,916                       106,250

Porcentaje del pasaje                    6.1%                           6.3%                            6.4%

Porcentaje de la población            2.6%                           2.7%                           2.8%

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