El presidente y su partido evaden discutir las garantías electorales

Danilo Medina desaprovechó la oportunidad de su extenso discurso para referirse a los reclamos generalizados de pacto para garantizar elecciones libres y democráticas y devolver la confianza en las instituciones, y su partido también guarda silencio 

             Por Juan Bolívar Díaz

Todo parece indicar que el presidente Danilo Medina está evadiendo el reclamo de equidad democrática y transparencia en las elecciones generales que alcanzó dimensiones históricas al expresarse masivamente y por todos los medios y sectores nacionales, mientras su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados guardan un espeso silencio.

Un intento de mediación protagonizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) no acaba de rendir frutos por las dificultades en integrar una comisión de notables que facilite un diálogo político de alto nivel, mientras las aplazadas elecciones municipales están a dos semanas y se cree que los oficialistas buscarían otra dilación.

Prevalece la desconfianza

A dos semanas de la nueva fecha para celebrar las elecciones municipales frustradas el 16 de febrero prevalece la desconfianza entre los actores políticos, sin que se haya ofrecido la menor explicación de si fueron errores humanos o manipulación criminal lo que impidió la votación, con el agravamiento de que no se espera que las investigaciones solicitadas a la Organización de Estados Americanos concluya antes.

Sigue extrañando que la Junta Central Electoral no haya emitido un comunicado formal con las explicaciones de sus técnicos sobre lo ocurrido en el sistema de voto automatizado, indicando lo que impidió su operación, o por lo menos lo que presumen que pudo haber ocurrido. Si fue por deficiencias humanas o del diseño, lo que contradicen las múltiples pruebas previas, debieron ser comprobadas y admitidas para reducir la desconfianza  derivada y evitar que se generalizara la convicción de que se trató de un asalto criminal como  denunciaron los opositores al enterarse del colapso en víspera de la votación, o del sabotaje que denunciaron el PLD y sus aliados la tarde de la frustración y que la Procuraduría General asumió con un “sainete de investigación”, detenido luego por disposición presidencial. .  

La investigación solicitada a la OEA no ha comenzado formalmente y se descarta que puedan concluir antes de la nueva cita electoral del 15 de marzo, lo que justifica más el clamor nacional por un pacto político social que reste presión a la JCE y genere confianza, sobre todo en los partidos de oposición que han denunciado reiteradas veces que el PLD y su gobierno violentan la equidad democrática preconizada en la Constitución y las leyes.

Semana de definiciones

Esta semana comenzó con una marcha multitudinaria de 13 partidos opositores que tras responsabilizar al PLD y su gobierno de lo que consideran fue un asalto a las elecciones, que afecta la estabilidad de la nación, enarbolaron un pliego de diez garantías de equidad y transparencia. Fue seguido por el comunicado de casi un centenar de asociaciones empresariales con enérgica condena al colapso electoral y reclamo de sanciones, y  formulando un “llamado al liderazgo político nacional para que, con la madurez que ameritan las circunstancias suscriban un gran acuerdo que recoja los compromisos necesarios para que se respete el voto y así garantizar la plena democracia”.

Al día siguiente la Fundación Institucionalidad y Justicia, entidad del empresariado con treinta años  de lucha por el fortalecimiento democrático, fue específica al pedir energía  “para eliminar la inequidad por el uso de recursos estatales para promover candidaturas”, perseguir y condenar todos los delitos electorales, especialmente la compra de votos, integrar la Procuraduría Especial para estos fines, en consulta con los partidos, y que los órganos públicos se manejen con moderación, razonabilidad y ponderación.

El pleno del Consejo Económico Social, un órgano estatal de participación social, sorprendió cuando formuló “un llamado a las autoridades responsables a preservar la estabilidad política, social, económica e institucional del país” y un “pacto político que contribuya a restablecer la confianza necesaria para la celebración de un proceso electoral libre, transparente y democrático”.

La mayor expresión de la indignación y reclamo de respeto a los derechos políticos lo constituyó el “Trabucazo” en la Plaza de la Bandera, por donde desfilaron durante 12 horas decenas de miles de personas, con participación de relevantes artistas y comunicadores, en lo que puede ser la mayor manifestación política de la historia nacional, tras diez días de concentraciones y marchas en múltiples ciudades del país y de las naciones que concentran emigrantes dominicanos. Los cacerolazos y otras expresiones de protesta proliferaron hasta en los restaurantes de clases altas, decretando una mayúscula insatisfacción impactante en el proceso electoral.

Ya en noviembre fue publicado un “Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral”, suscrito por decenas de entidades y personalidades religiosas, académicas y sociales y personalidades, y en enero la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una  pastoral con fuertes reclamos para la libre elección.

Oportunidad desperdiciada  

Con tan amplio consenso nacional hubo quienes creyeron que el presidente Danilo Medina aprovecharía su comparecencia anual ante el Congreso Nacional para ofrecer alguna repuesta que contribuyera a superar lo que se considera una grave crisis política e institucional y a restablecer la confianza en las instituciones. Pero creyó suficiente expresar su coincidencia con el clamor, especialmente de los jóvenes, para que se investiguen las causas del colapso electoral.

El mandatario ignoró las propuestas de pacto político y social, de los partidos y de tant diversos sectores, que lo incluyen por su condición de jefe del Estado y de director de la campaña electoral de su partido, hasta el punto de haber proclamado públicamente “yo voy a ganar las elecciones” y luego que no hay forma de que las pierdan.

 Mientras trascendió que hasta ayer no había fructificado una gestión emprendida a comienzo de semana por dirigentes del CONEP para constituir una comisión mediadora que promovería el pacto político-social propuesto por diversos sectores. Desde la oposición política se reclama que sea plural o diversa, mientras desde el poder se inclinan por personalidades moderadas, incluyendo al retirado exrector Agripino Núñez Collado, cuestionado por haber aceptado presidir la comisión que investigó el contrato de las plantas de carbón del actual gobierno siendo del consejo directivo de una de las empresas ejecutoras de la polémica obra.

Riesgos de complicaciones

Por todos los sectores se expanden los temores de que en el actual clima de incertidumbre y desconfianzas, la cita electoral dentro de dos semanas agrave la crisis político-institucional y repercuta sobre la estabilidad económica y social. Más aún en momentos de graves dificultades para el turismo, la mayor actividad económica nacional, derivadas de la expansión del coronavirus, que está provocando drástica reducción de viajes y hasta suspensión de eventos internacionales.

Las encuestas publicadas en lo que va del año, incluyendo las dos más acreditadas durante décadas en el país, han arrojado consistente y amplia ventaja al principal partido de oposición, el PRM. Fuentes de crédito testimonian que una “encuesta jumbo”, con 5 mil entrevistas, auspiciada por las máximas organizaciones empresariales le otorgó 49% de preferencias al candidato perremeísta Luis Abinader, y avasallante ventaja a su partido en las mayores provincias y municipios, antes del colapso electoral.

Persiste preocupación por el silencio del partido de gobierno y que buscaría retrasar acuerdos para ver si pueden provocar otro aplazamiento de las elecciones municipales, y hasta la reunificación con las presidenciales y congresuales de mayo, como se planteó cuando  Danilo Medina capituló en su empeño por reformar la Constitución para aspirar a otro período de gobierno. Requeriría la reforma constitucional y se adelantaba que incluiría rehabilitar a Medina para que volviera a postularse a partir del 2024, por lo que cayó en el vacío.

Un discurso de autocomplacencia

El discurso del 27 de febrero en la última presentación de memoria anual del presidente Danilo Medina ha sido definido como de una especie de “canto a mí mismo”, donde el mandatario magnificó los aspectos que se le reconocen a su gestión gubernamental, como la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, la inversión en escuelas y alimentación escolar, más atención a las pequeñas empresas y al crédito agrícola.

No fue la memoria del 2019, sino de sus 7 años y medio de gobierno, con múltiples manipulaciones de cifras y sin abordar aspectos medulares, como la quiebra institucional, que doblega el Congreso, la justicia, el Ministerio Público y los ayuntamientos, así como los organismos de control, y el uso de los recursos públicos para afianzar un enorme entramado de dominación social y de la comunicación.

Otros déficits de la pieza oratoria fueron el de  la corrupción y la impunidad que agobian al país y se inscriben en los mayores escalones de las mediciones internacionales, y el deterioro persistente de los servicios, incluyendo la calidad de la salud, de la seguridad social,   la seguridad pública y hasta de la calidad de la  educación pese a la inversión del 4% del PIB en ese sector. Tampoco se refirió el mandatario a los déficits fiscales consecutivos y al consiguiente endeudamiento que duplicó la deuda pública en su período.

El incremento del empleo, hasta reducir el desempleo a un 6%, cuando en España es 14 y en Francia 9%,  y la reducción de la pobreza fueron  sobredimensionados, y en esto último se ignoró el aporte de las remesas de la diáspora dominicana que sólo en el 2019 envió al país 7 mil 87 millones de dólares, a la tasa actual 375 mil 611 millones de pesos, que promedian 35 mil 714  pesos por cada uno de los 10.5 millones de habitantes. Se apropió hasta de las inversiones privadas en la producción agropecuaria y en energía limpia, cuando él construyó la mayor planta, pero de carbón, que en 7 años y medio todavía ni genera plenamente ni ha reducido las tarifas, como se prometió.   

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Incertidumbre electoral: toda la oposición se une para enfrentar al PLD y su gobierno

La campaña para las elecciones municipales del domingo concluyó en medio de conflictos que impiden vaticinios, con todos los partidos de oposición unidos, como gran parte de la sociedad civil, exigiendo equidad democrática y pulcritud del gobierno.

 Por Juan Bolívar Díaz

Es relevante y demostrativo de incertidumbres que la campaña electoral para las elecciones municipales de mañana concluyera el jueves con un compromiso público de los 13 partidos de oposición de defender “con todas nuestras energías” la limpieza y equidad democrática ante el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su gobierno.

Mientras en la sociedad civil se incrementaron los reclamos por un proceso electoral justo, transparente y libre de manipulaciones y de compras y ventas de votos, que arroje legitimidad en las autoridades municipales a ser electas y fortalezca la institucionalidad democrática para la cita mayor de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo.

Expresiva unidad de acción

La sorpresa al final de la campaña municipal fue el acuerdo de los 13 partidos de oposición “para garantizar el respeto a la expresión espontánea, libre, de la voluntad popular a través del sufragio; defender los derechos de los candidatos de la oposición,  así como los votos que depositen los ciudadanos a su favor.” También para “combatir de manera enérgica y unificada cualquier acción arbitraria, ilegal y fraudulenta que se intente poner en marcha a favor de candidatos oficialistas y en complicidad con autoridades del gobierno”.

La oposición atribuye a los gobernantes “inaceptable ambición y falta de escrúpulos para intentar nuevamente todo tipo de maniobras fraudulentas” y plantea denunciar “con energía redoblada el uso y abuso de los recursos del Estado y toda acción que tienda a distorsionar la voluntad popular que se expresará en estos comicios y en los de mayo próximo”.

Las incertidumbres generaron una unidad de acción sin precedente en la política dominicana, de 13 partidos, desde la derecha a la izquierda, de dos bloques electorales de oposición, los encabezados por el Partido Revolucionario Moderno, que postula a Luis Abinader a la presidencia,  y por la Fuerza del Pueblo que lleva a Leonel Fernández. Es significativo que la convocatoria fue del Partido Alianza País, con Guillermo Moreno de candidato presidencial, y su dirigente Minou Tavárez Mirabal fue vocera.

Plantean “defender con energía unas elecciones libres, limpitas y competitivas”, tanto en los comicios municipales de mañana, como en los presidenciales y congresuales de mayo, con un protocolo de coordinación, e intercambio de informaciones entre sus centros de cómputos, difusión nacional e internacional, combate a las acciones delictivas como compras de votos, y operaciones jurídicas, antes, durante y después de los comicios.

Fuentes de incertidumbres

Son múltiples las fuentes de confrontación e incertidumbres políticas, resaltando la irrupción del gobierno en la campaña electoral, con la distribución multimillonaria de electrodomésticos, alimentos y materiales de construcción que han provocado escándalo, al igual que las amenazas proferidas por dirigentes y funcionarios a  empleados públicos que no hagan campaña por los candidatos oficialistas;  Así mismo cancelación de funcionarios, servidores diplomáticos y consulares vinculados a la oposición, y empleo temporero de miles de activistas en los ministerios de Educación, Obras Públicas y la OISOE.

Ya el experto fiscal José Rijo mostró un disparo del gasto gubernamental en renglones de utilización y reparto en campañas electorales anteriores, En enero pasado, en relación al mismo mes del 2019, el gasto en combustibles y lubricantes creció 209%, en pasaje y transporte 537%, en artículos de vestir 402%. En servicios de alimentación el gasto promedio de los últimos 6 años era en enero de 361 millones de pesos, pero subió ahora a  1,752 millones; en equipos de tecnología se pasó de 120 millones promedio en el mismo mes, a 1,046 millones, casi 9 veces. En equipos de oficinas el gasto se multiplicó 48 veces, de 16 millones en enero 2019, a 766 millones el mes pasado. En edificaciones públicas se invirtió en enero último 21 veces más que en el mismo mes del año pasado. Y en el primer mes se gastó el 74% del asfalto presupuestado para todo el 2020.

Alarmaron a la oposición dos discursos públicos del presidente Danilo Medina, el 22 de octubre, tras la división de su partido, asegurando que “yo voy a ganar las elecciones”, y el 2 de febrero cuando dio instrucciones al PLD  para que ponga en vigor su estructura o plataforma para que mañana salgan a buscar a quienes no hayan votado, atendiendo a informes que les llegarán cada dos o tres horas. Poco antes había prometido en público a todos los candidatos del PLD, sobre 4 mil, que les llegaría dinero para sus campañas.             

Advertido declive del PLD

Hasta en su inmensa red de propagandistas se reconoce que el PLD está en declive, pero no tienen ningún rubor en afirmar públicamente que su maquinaria, ricamente aceitada con los recursos del Estado, se impondrá al final. Ese declive quedó documentado en “el Tema de HOY” del 1 de febrero, en base a tres encuestas independientes realizadas en enero, incluyendo a las dos más acreditadas la Gallup.HOY y la de Mark Penn,

La división y el surgimiento del nuevo partido de Leonel Fernández han dejado al PLD y su candidato presidencial bastante atrás del postulado por el PRM en preferencias electorales. En cuadro anexo se muestran los resultados de las elecciones municipales en las que el PLD, como partido sólo obtuvo 35.78% del voto válido, y con pasó del 52% por el aporte del 17.29% de sus aliados, logrando 107 alcaldías, dos tercios de las 158. Pero ahora las alianzas están limitadas al 20% de las candidaturas.

Todos los cálculos en las actuales perspectivas apuntan a una pérdida sensible para el PLD, aunque pudiera sacar más alcaldes que el PRM, por el peso de las prebendas, la propaganda, y el dinero de las mismas alcaldías y del gobierno central en los pequeños y medianos municipios. Una docena de alcaldías se decidieron en 2016 por menos de 300 votos. Pero al PLD le iría mal en los grandes centros urbanos, incluyendo la urbe DN-provincia S. Domingo, donde las encuestas dan mayor ventaja a los perremeístas y Leonel ganó casi con el 60% en las primarias peledeistas. 

Entre los partidos que ahora respaldan a Leonel, el BIS y el PTD aportaron 2.67% aliados al PLD en el 2016, y el PRD un 7.84%, muy por debajo de lo que ahora registra en las encuestas, pero aquella vez llevó candidaturas comunes con el oficialista en casi todo el país, lo que le permitió contar con 29 de las 107 alcaldías atribuidas al peledeísmo, más una en su boleta. Las múltiples alianzas municipales locales cruzadas entre partidos, incluso de los bloques contrapuestos, y sobre todo lo que le saca el nuevo partido de Fernández, hacen más difícil las perspectivas del PLD.  

Buena perspectiva del PRM

Las perspectivas del PRM parecen favorables en los grandes centros urbanos, donde la presión gubernamental surte menos efectos y predomina la influyente clase media, aparentemente tirada a la calle fatigada del prolongado control absoluto peledeísta.  En 2016 el entonces incipiente partido, fruto de la visión del PRD, sólo obtuvo el 24.48% del voto municipal y 30 alcaldías. Cuatro aliados le agregaron 16.24%, incluyendo un alto 12.17% del PRSC, que se nutrió del voto del PRM en el DN, con el apoyo a la candidatura de David Collado, porque éste partido no pudo llevar candidato propio en la capital, debido a que el controlado Tribunal Superior Electoral le atribuyó su candidatura a la  alcaldía a Fello Suberví, sin que fuera electo en una asamblea distrital. Ni el mismo Suberví se lo creyó, porque nunca la asumió.

Ahora el PRM con una estructura en todo el territorio nacional y recogiendo cuadros y militantes de su fuente original perredeísta, encabeza las preferencias electorales en las encuestas, y su candidato Luis Abinader aparece con alta ventaja para los comicios de mayo, y hasta con 60% en la eventual segunda vuelta. En tal perspectiva, lucen altas las posibilidades hasta de lograr más del doble de las 30 alcaldías del 2016 y obtener mayor número de votos en la totalidad de los municipios, lo que le permitiría quedar mejor posicionado para las elecciones de  mayo. Si bien influyen los candidatos locales, también las preferencias presidenciales en el territorio.

Mucho más reducido en las encuestas, del 1 al 3%, el PRSC esta vez lleva candidaturas propias en la mayoría de los municipios, y alianza con el PRM y otros en el limitado 20%. Los tres polos que concentran las preferencias, dejarán más mal parados a los viejos PRSC y PRD, con dificultades para alcanzar el 5% que privilegia el subsidio estatal.  

Imposibles los vaticinios

La falta de encuestas independientes por municipios y los conflictos en que concluye la campaña electoral, con un arbitraje débil ante el hiper presidencialismo, impiden formular vaticinios sobre el resultado final de los comicios de mañana. Dependerá en parte de cómo influya la campaña nacional desarrollada por la JCE y la sociedad civil contra la compra de votos y la manipulación e irrupción del gobierno. Los recursos públicos y la presión sobre los empleados del Estado y el millón 200 mil posesionarios de tarjetas de subsidios públicos siempre genera algún beneficio al partido gobernante.

Pero ha sido extraordinaria la lucha de la sociedad civil porque estas elecciones y las de mayo sean libres, con equidad y transparencia. Han incluido  una dura pastoral de  los obispos católicos, la conformación de la Coalición por un gobierno de Regeneración Nacional, impulsada por grupos sociales y ciudadanos destacados, y en las últimas semanas el Manifiesto Ciudadano por unas Elecciones Transparentes, que ha reunido decenas de organizaciones sociales, obispos católicos y episcopal, los rectores de las dos mayores universidades católicas, el Observatorio de Políticas Sociales de la UASD y destacados empresarios. Este movimiento ha abogado firmemente por el respeto a las normas constitucionales y legales, llevando sus reclamos ante la JCE, el Tribunal Electoral y la Procuraduría General de la República.

El nivel de participación también podría influir en los resultados. Cuando las municipales y las congresuales fueron separadas de las presidenciales, cuatro veces del 1998 al 2010, el promedio de votación fue 50%.-

El PLD tras el voto de los asalariados estatales, el 25% del padrón electoral

El gobierno irrumpe cada vez más en la campaña electoral buscando descontar las desventajas de las encuestas y el presidente Medina instruye para que su maquinaria partidista procure a los que sean reportados sin asistir a los colegios electorales

Por Juan Bolívar Díaz

El discurso del presidente Danilo Medina en Santiago, donde proclamó que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, y la orden de comprar alimentos, electrodomésticos y materiales de construcción para repartos, parecen indicios de inseguridad, pero implicarían mayor irrupción del gobierno en la campaña electoral.

Como en procesos electorales anteriores, el PLD trataría de manipular la conciencia de los empleados estatales, los retirados y los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, que representan la cuarta parte de los 7 millones 377 mil 374 ciudadanos empadronados para votar en los comicios de este año.

Danilo dirige la campaña

El discurso del presidente Danilo Medina en una asamblea de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago el pasado domingo 2 indica que el mandatario dirige la campaña electoral oficialista, y estaría mostrando inseguridad en los resultados de los próximos comicios municipales, lo que despierta temores de una mayor irrupción del gobierno al final del proceso y de cara a los presidenciales de mayo.

Causó preocupación la afirmación presidencial de que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, considerada inapropiada para un jefe de Estado en cualquier democracia, aún de mediana intensidad. Pero el mandatario fue más lejos al dar públicas instrucciones a los dirigentes de su partido para que se preparen a montar una plataforma para acarrear electores el día de la votación.

El presidente sostuvo que esa plataforma es fundamental “porque es la única forma de saber quiénes quieren votar por el PLD, dónde están y cuál compañero lo va a llevar a votar“. Precisó que el día 16 “se harán cortes parciales cada dos o tres horas del día, y vamos a saber de antemano quiénes no han ido a votar en cada mesa electoral. Entonces la maquinaria que ustedes tienen organizada se tiene que encargar de llevar a la gente a votar”.

Los términos tan tajantes del domingo recordaron los empleados por el mismo Medina el 21 de octubre cuando, al responder el discurso de renuncia de Leonel Fernández al PLD, del día anterior, proclamó que con los que se quedaran en el partido “yo voy a ganar las elecciones”.

Por encima de las leyes

Al asumir públicamente la dirección de la campaña de su partido, el presidente se coloca por encima de las leyes electorales y de la Función Pública que prohíben a los funcionarios del Estado aprovechare de su jerarquía para favorecer intereses partidistas, pero también incentiva a violar la prohibición de realizar labores proselitistas prohibidas desde dos días antes de las elecciones y durante la jornada de votación. Es  cierto que es una práctica política el acarreo de electores hacia los centros de votación, como también el llevar allá fotos de candidatos, logos e identificaciones partidarias, que son formas de propaganda.

Pero otra cosa es que el Jefe del Estado adelante instrucciones en discurso público para desatar plataformas y maquinarias proselitistas a partir de información extraída de las mesas electorales, que deberían formar parte del secreto del voto, como lo es sin duda la identidad de quienes hayan acudido a votar mucho antes de la hora límite, que ésa vez no será tan vulnerable como ocurrió en las elecciones primarias de octubre, origen de impugnaciones.

La plataforma a la que se refirió el mandatario es un programa informático de los empleados estatales y los beneficiarios de subsidios sociales. Ya en la observación electoral del 2010 del movimiento Participación Ciudadana pudo establecer la operación de “oficinas de asistencia técnica del PLD” en los alrededores de los centros de votación. A partir del mediodía empezaban a recibir reportes de los delegados del partido en las mesas de votación  de los no habían acudido a votar. Si eran empleados o tarjetahabientes estatales eran mandados a buscar por activistas que se encargaban de decirles que así como sabían que no habían votado, también determinarían por quién lo hicieran.

El peso de los asalariados

Ya para las elecciones del 2016 los que recibían algún ingreso mensual del Estado, como empleados, pensionados o beneficiarios de los programas asistencialistas fueron estimados en 23 por ciento. Actualizados ahora, pasarían de la cuarta parte de un padrón que para mayo está determinado por 7 millones 377 mil 374 electores.

No hay unanimidad en cuanto a la totalidad de los empleados del Estado, que según la Contraloría General eran 631,369 en el primer trimestre del 2019. El economista senior del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco los cuantificó el año pasado en 634, 407, partiendo de los cotizantes a la seguridad social. Si le suman los de una parte de los ayuntamientos, el poder judicial, Congreso Nacional y JCE que no están en el sistema, más los becarios, se aproximan a los 700 mil que estimó el movimiento Participación Ciudadana.

Pero la falta de transparencia no permite alcanzar la cifra definitiva. Por ejemplo en la OISOE la nómina oficial a abril del año pasado era 25.6 millones de pesos mensuales, mientras otra nómina no transparentada de personal nominal sumaba 21.9 millones de pesos, según lo documentó la periodista Nuria Piera..

Tampoco hay certeza de cuántos son los beneficiarios de los subsidios sociales. A la mitad del 2019 las tarjetas emitidas sumaban 2 millones 608 mil,  en los programas comer es primero, bono gas, bono luz, asistencia escolar, ayuda a envejecientes e incentivos a educación superior. Pero gran parte tenían dos, otros tres, y algunos hasta cuatro tarjetas. Se estima que las personas podrían ser unas 1,200. Sumadas a los 700 mil empleados darían un total de 1 millón 900 mil receptores de pagos estatales mensuales. Para un 25.75 por ciento del padrón electoral.

Por supuesto que esa totalidad no son votantes del PLD, y ahora menos por cuanto ese partido acaba de sufrir una profunda división, pero ellos parten del principio de que todos le deben lealtad. Por eso un senador y un diputado dijeron públicamente que los empleados públicos que no apoyen sus candidaturas deben ser despedidos, como en efecto ha hecho el mismo presidente Medina con numerosos funcionarios, diplomáticos y del servicio consular.         

Otras fuentes de ventajas

Hay mucha formas más de sacar beneficio electoral a los numerosos programas adicionales de ayuda, que existen en la mayoría de las entidades estatales, incluyendo los ayuntamientos, cuyas nóminas tampoco son transparentes. Una forma de verlos es midiendo el gasto general del gobierno en capítulos como pasajes, gastos de transporte, combustibles o publicidad. Un cuadro anexo, con información del sistema de información financiera del gobierno, marca el enorme crecimiento registrado en enero, en relación al mismo mes del año pasado, explicable por la campaña electoral, como se documentó en el 2016.

Además de los subsidios sociales (en cuadro anexo) que el año pasado tuvieron una asignación de 15,400 millones de pesos, la presidencia de la República se asigna otras sumas millonarias para asistencias sociales y donaciones de múltiples categorías. Este año la asignación para el Gabinete de Políticas Sociales, en el Presupuesto Nacional, alcanza a 29 mil 184.4 millones de pesos. El Plan Presidencial contra la Pobreza tiene asignados 3 mil 789 millones, y los Comedores económicos 1,664.4 millones de pesos.

Gran parte de esas ayudas se entregan a nombre del presidente de la nación, y a través de dirigentes políticos, gobernadores y legisladores, lo que se acentúa en los períodos electorales. Otra ventajas oficialistas se derivan de los barrilitos y cofrecitos que se distribuyen generosamente entre  los legisladores, privilegiando a los oficialistas.

Reparto genera alarma

Uno de esos programas, acentuados en la campaña electoral generó alarma esta semana, cuando se denunció que el Plan Social de la Presidencia dispuso compras de materiales de construcción, alimentos y electrodomésticos y enseres del hogar por 846 millones de pesos. El principal partido de oposición, el PRM, levantó una instancia, amparada en la prohibición de programas sociales extraordinarios en la campaña, consignada en la Ley del Régimen Electoral.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños, primero recomendó al gobierno que por propia iniciativa suspendiera esas compras y cuando funcionarios dijeron que él se había excedido, fue más directo indicando que esas actividades y las inauguraciones estaban efectivamente vedadas en la campaña electoral.  

Al escándalo debe atribuirse que tres de los principales diarios, HOY, Listín Diario y El Caribe, coincidieran ayer viernes en editorializar desaprobando las muestras de inequidad en la campaña electoral en beneficio del partido de gobierno, mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia recomendaba al gobierno actuar con “prudencia y racionabilidad”.  

En los ámbitos opositores se cree que el gobierno incrementará más aún su irrupción en la campaña, por las desventajas que le han atribuido las encuestas a las candidaturas oficialistas y el auge del PRM.  Esperan que nada de eso cambie “la avalancha en favor de un cambio de gobierno que se advierte en todos los sectores sociales”. Mientras sociólogos, como Wilfredo Lozano y César Pérez, creen que los abusos del poder incluso podrían ser contraproducentes y generar votos a favor de la oposición en sectores poco entusiasmados.

Posibles Gastos Clientelares del Gobierno (Millones DOP)

                                                        Enero 2019    Enero 2020    Variación % 

Pasaje y gastos de transporte              6.1                 38.9               537

Prendas y artículos de vestir                4.1                 20.6               402

Electrodomésticos                                  2.2                   8.4               282

Combustibles y lubricantes                 65.8               203.5              209

Prestaciones económicas                    10.4                 20.3                 95

Publicidad y propaganda                   137.0               188.6                38

Pago de personal transitorio             699.1               787.0                13

Beneficiarios de los programas sociales (2019)

                                                DOP

Programa                              Estipendio mensual/beneficiario     Beneficiarios

Comer es Primero                                           848                             831,000

 Bono Gas                                                          225                             958,000

Bono Luz                                                           378                              452,000

Asistencia Escolar                                           243                              254,000

Ayuda Envejecientes                                      382                                87,000

Incentivo Educación Superior                     453                                 26,536

Presupuesto 2019  $15,400 millones DOP                        

Gallup-HOY muestra consolidación de Abinader y la primacía del PRM

Mucha aproximación a los resultados arrojados por la encuesta Mark Penn y una empresarial, todas de las primeras tres semanas de enero, según las cuales Luis Abinader tiene alta probabilidad de alcanzar la presidencia de la nación este año

Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana ratificó la consolidación de Luis Abinader como el candidato presidencial favorito para los comicios de mayo próximo, y la primacía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tras la división en octubre del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al igual que otras dos encuestas independientes realizadas en enero, la Gallup indica que Abinader ganaría ampliamente en una segunda vuelta en julio, contra el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, situado como segunda opción, o contra el expresidente peledeísta Leonel Fernández, postulado ahora por un nuevo partido, Fuerza del Pueblo (FDP).

Ratificada una tendencia

Los resultados de la Gallup-Hoy de enero consolidaron una tendencia que se manifestaba en la serie de la misma encuesta desde hace tres años, cuando se veía emerger a Luis Abinader como favorito para las elecciones presidenciales del 2020, pero ahora con clara mayoría, sin la concurrencia del presidente Danilo Medina y con el expresidente Leonel Fernández postulado por un nuevo partido, tras la división del PLD.

Si las elecciones fueran ahora el candidato del PRM alcanzaría una votación de 42% , superando por 11 puntos a Gonzalo Castillo, del PLD, que registra 31% y por 26 a Fernández, quien aparece con un 15.5%. Ramfis Domínguez Trujillo, cuya candidatura por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana mantiene incertidumbres, porque no se sabe que haya renunciado a la ciudadanía norteamericana, registro un 5.8% de preferencias y Guillermo Moreno, de Alianza País, 1.2%.

La ventaja de Abinader se amplía a 45%, si fuera solo contra Gonzalo y Leonel, que registran 32 y 19%. Y ante las preguntas quien cree usted que gane y quién le gustaría que ganara, en ambas 45%, contra 32 y 31 de Gonzalo y 12 y 16 de Leonel, respectivamente. 

Ya en octubre del 2017, Gallup-HOY presentó a Abinader encabezando las preferencias electorales para el 2020, con 8 puntos sobre Danilo  Medina y 11 más que Leonel Fernández. Un año después los tres registraron un empate técnico. En la encuesta de mayo del 2019, el perremeista retomó la delantera al ser preferido por el 21%, frente a 17 de  Medina y 13 de Fernández. En todas las mediciones Abinader tenía otra ventaja, al aparecer con la certeza de la candidatura presidencial de su partido, el año pasado con 78 a 10% de preferencias, frente a Hipólito Mejía. En octubre ganó por 74 a 21%. Mientras Danilo y Leonel protagonizaban una feroz disputa que terminó rompiendo la unidad de su partido.   

Cómodo en segunda vuelta

Las preferencias para primera vuelta indican que será necesaria la segunda, entre los dos más votados, aunque un 57% cree que alguno de los candidatos podría alcanzar la mayoría en la votación de mayo. Sólo en las primeras elecciones, las de 1996, tras la reforma constitucional de 1994 que instituyó la mayoría absoluta para ganar la presidencia, fue necesaria la segunda votación. En esa ocasión Francisco Peña Gómez superó a Leonel Fernández 46 a 39% en primera vuelta, pero el apoyo del presidente Balaguer y su partido invirtió el resultado en la segunda, cuando el peledeísta ganó la presidencia 51 a 49%.  

Luis Abinader aparece en esta Gallup-HOY con cómoda ventaja para una eventual segunda vuelta, sea que se enfrente a Gonzalo como a Leonel. En el primer caso con 22 puntos de diferencia al registrar 58  a 36%, y en el segundo 57 a 31, distancia de 26 puntos. Tan amplias ventajas en ambos casos, pueden estar determinadas por el abismo de la división del PLD, pues los seguidores de los dos protagonistas se excluyen recíprocamente. El 68% cree que el PLD perderá las elecciones porque Leonel se llevó una parte de su militancia, y el 53% cree que fue una buena decisión del expresidente al formar un nuevo partido. La reciente encuesta de Mark Penn indica que sin Leonel de candidato, Abinader pasaría en primera vuelta con 53% de la votación. Otra patrocinada por empresarios lo eleva a 61 contra 35%.

La inclinación por una candidatura de oposición tampoco es sorprendente, pues es creciente la proporción que en las encuestas se manifiesta por un cambio de gobierno. En mayo del 2019, Gallup-HOY registró 58% prefiriendo que gobernara un partido diferente al PLD. Ahora subió al 65%. En las elecciones presidenciales del 2016, el PLD obtuvo, sin aliados, el 50%, pero ya mayo del año pasado sólo lo prefirió en Gallup el 39%, ahora ha caído a segundo lugar en simpatías, superado por primera vez por el PRM, 43 a 38% en intención de votos, y 39 a 36 en simpatías.

Desgaste y fatiga del PLD

Los resultados de esta Gallup eran previsibles por el desgaste que en cualquier democracia, aún de baja intensidad como la dominicana, se produce en un partido tras cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis. La fatiga social se manifiesta en todas partes, ya a viva voz y hasta en los abucheos en los estadios deportivos, lo mismo que en la Basílica de Higuey o en actividades en Nueva York. La Marcha Verde fue en los dos años anteriores la mayor expresión del creciente descontento con la gestión peledeísta, a la que se le atribuyen los niveles más altos de corrupción e impunidad en la historia nacional. 59% estimó en esta encuesta que ahora hay más corrupción y otro 29% dijo que igual.

La encuesta Gallup-HOY se diseña con una muestra representativa nacional de 1,200 entrevistas, y por ello no podría indicar perspectivas para las elecciones municipales a celebrarse en dos semanas, en 158 municipios y 235 distritos municipales. Una pregunta general de por qué partido votaría arrojó un empate exacto a 42.2% entre el PRM y el PLD.

La insatisfacción que registra la Gallup-HOY, con 73% estimando que las cosas van por mal camino en el país, y 72% que las condiciones de la economía son malas o muy malas, contribuyen al auge de la oposición, y más aún cuando la población expresa agobio por la delincuencia y la inseguridad, el desempleo, la corrupción y el costo de la vida, señalados como los principales problemas nacionales.

A pesar de eso, la gestión de casi 8 años del presidente Danilo Medina es aprobada por el 56% de los encuestados, aunque el 33% cree que el país está estancado y otro 27% lo ve en decadencia. A la pregunta sobre lo que se aprecia mejor en el gobierno, sólo la educación alcanza alto porcentaje, de 58%, las “visitas sorpresas” 5% y sólo otro cuatro renglones, incluyendo el sistema de asistencia 911, pasan del 4%. Esas opiniones contradictorias se vienen registrando en casi todas las encuestas desde hace años.   

Encuestas independientes

Llama la atención los resultados tan aproximados que arrojan las dos encuestas más acreditadas y antiguas en el mercado nacional, la Gallup-HOY y la de Mark Penn/Stagwell que gestiona Bernardo Vega y patrocina Noticias SIN, y una tercera auspiciada por un grupo empresarial, realizadas a partir de la primera semana de enero. La primera empresarial fue registrada en esta página el 2 de noviembre. Ambas han llegado a nuestras manos.

El cuadro anexo evidencia que las diferencias entre las tres encuestas, en los aspectos principales, quedan dentro del margen de error de más o menos 3%. El orden de las preferencias para las presidenciales, en primera y segunda vuelta, se mantiene, en favor de la candidatura de Luis Abinader, con Gonzalo en segundo lugar y Leonel en tercero. Se evidencia un tripartidismo, y dejan en la insignificancia a los dos partidos más antiguos del país, el Revolucionario Dominicano y el Reformista Social Cristiano. Entre los emergentes apenas asoman Guillermo Moreno y Ramfis Domínguez Trujillo.

Los mejores porcentajes de preferencias los registra Abinader en la de Mark Penn y en la empresarial, alcanzando en esta última 61 y 62 por ciento para una segunda vuelta. En las tres el orden de simpatías por los partidos es el mismo, PRM, PLD y FDP. También registran una alta proporción de ciudadanos que se dicen en disposición de votar, aún en las municipales. La Gallup con 70% dispuesto a votar en las presidenciales, justo el promedio que ha predominado en esas elecciones desde 1978, y el 60% para las municipales, superior en 10 puntos al promedio de 50 que votó en las congresuales y municipales, separadas de las presidenciales, en cuatro certámenes entre 1998 y 2010.

Las fortalezas de Luis Abinader  

El balance de las tres encuestas de enero no patrocinadas por partidos ni el gobierno, indica que Luis Abinader tiene muchas posibilidades de ser investido presidente este año, lo que dependerá en gran parte de su manejo y de la campaña de la coalición de partidos y grupos sociales que lo postulan. Una de sus ventajas es su discurso, tan ponderado que a menudo parece conservador. Reduce las posibilidades de errores catastróficos.

Tiene mayor ventaja en el área metropolitana, del Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, después en la región norte, y menor en el Este, pero se cae hasta 10 puntos menos en el sur. Diferencia también entre urbano y rural, con ventaja en el primero. En las tres encuestas se encuentran diferencias de hasta más de 12 puntos entre las preferencias por género en primera vuelta, predominando los hombres. 47 a 35% en la Gallup, 47 a 38 en la Penn y 46 a 39 en la empresarial. Se repite en los escenarios de segunda vuelta.

Y por edades llama la atención que en todos los escenarios de las tres encuestas, Abinader saca mucha ventaja en el primer rango, entre 25 y  34 años, se cae hasta 10 puntos en el segundo, de 35 a 44 años, y vuelve a subir mucho a partir de los 45 años.

 

            EN LA SIGUIENTE PAGINA EL CUADRO CITADO EN EL TEXTO

Preferencias electorales en 3 encuestas independientes

    Enero 2020

                                      Gallup-Hoy                                    16-21  Enero Mark Penn 8-10 Enero *Empresarial
¿Por quién votarían hoy?            
Abinader 42 43 45
Gonzalo 31 28 26
Leonel 15 19 13
Moreno  1   3   2
¿Por quién votarían hoy? Sólo 3
candidaturas
                 
Abinader 45   52
Gonzalo 32   25
Leonel 19   21
¿Quién cree que ganaría?            
Abinader 45   48
Gonzalo 32   32
Leonel 12   11
¿Por quién votaría en 2da vuelta?          
Abinader vs. Gonzalo 58
36
56
35
61 37
Abinader vs. Leonel 57
31
57
31
62 28
¿Por qué partido simpatizan?                
PRM 43 37 39
PLD 37 21 36
F. del Pueblo 8 11  
PRD   3 3
Alianza País   2  
PRSC   1 1

*La tercera encuesta fue patrocinada por empresarios, en la primera

semana de enero. Sus resultados  están en poder del autor Juan B. Díaz.

Transparencia Internacional certifica fracaso del gobierno con la corrupción

El gobierno del presidente Danilo Medina, que comenzó creando una Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, proclamando un Código de Pautas Éticas y creando comisiones de veeduría social, dejará el país peor en el Índice de Percepción de la Corrupción

Por Juan Bolívar Díaz

El índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional (TI) 2019, publicado esta semana, certifica el fracaso del gobierno de Danilo Medina en combatir la corrupción, después de haberse iniciado en el 2012 proclamando un Código de Pautas Éticas y creando una comisión para vigilarlo.

El IPC 2019 muestra que la República Dominicana sólo obtiene una puntuación de 28 sobre 100, y ocupa el escalón 137 entre 180 países evaluados, con retrocesos en ambos renglones, lo que la deja entre las naciones de mayor corrupción en América Latina, igualada a Paraguay, y sólo superada por Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Retroceso sobre el 2018

El informe dado a conocer a nivel mundial en Berlín, y en Santo Domingo por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo nacional de TI, muestra que en el último año la puntuación dominicana se redujo de 30 a 28, y en el ranking mundial cayó del escalón 129 al 137. El año anterior había tenido un ligero repunte, de 29 a 30 puntos, y había disminuido seis posiciones de la 135 a la 129. En los tres últimos años siempre entre 180 países evaluados.

En todo el continente, la RD recibe una peor puntuación que el 78 por ciento de las naciones y con 15 puntos por debajo del promedio regional, que es de 43. Los mejores evaluados en América son Canadá, con nota de 77, Estados Unidos 69,  y chile 67, así como  las islas caribeñas, Bahamas y Barbados, con 64 y 62 puntos sobre 100.

A nivel mundial los países de mejor puntuación en transparencia y menor corrupción son casi todos del norte de Europa, excepto Nueva Zelandia, empatada con Dinamarca en el liderazgo, con 87 puntos, y Singapur, que iguala a Finlandia, con  86. Les siguen Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos (Holanda),Alemania, Luxemburgo, Islandia y Austria, Canadá y Reino Unido, que registran desde 85 a 77 puntos.

Al analizar el IPC, Participación Ciudadana encontró que de 110 países con ingresos por cápita iguales o inferiores a la RD, con un promedio aproximado a los 8 mil 50 dólares, el 62 por ciento están mejor posicionados, aunque se ha demostrado que los países con mayores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menos corrupción.

Fracaso durante 14 años

En análisis del récord del IPC de TI desde el 2006, cuando comenzó a abarcar a 180 países, muestra que RD ha seguido un deterioro persistente en materia de corrupción, que incluye la falta de transparencia y la impunidad, mientras en muchos países han logrado mejoría. En el 2006 tenía la misma puntuación de 28 sobre 100, pero estaba en la posición 99 del ranking mundial, es decir 38 menos que la 137 del 2019.

 El retroceso es más visible en el gobierno del presidente Danilo Medina, ya que en su comienzo en el 2012, alcanzó 32 puntos y la posición 118, para de ahí en adelante ascender hasta la actual 137, es decir 19 escalones peores. En el 2015 apareció en el 103, pero con sólo 168 países evaluados, es decir 12 menos. De todas formas implicó una mejoría, que se agravó hasta alcanzar ahora la peor puntuación y posición en el ranking.

El fracaso es más significativo al recordar, como lo hizo Participación Ciudadana, que el país oficializó el IPC de TI al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012 en que inició el gobierno de Medina. Allí se fijó como meta que RD alcanzaría una puntuación de 51 sobre 100 para este 2020. Los 28 puntos registrados en el último Indice, apenas superan la mitad de lo esperado en reducción de la corrupción.

Se perdió el rumbo inicial

El revés es más significativo porque el actual mandatario inició su gestión proclamando un Código de Pautas Eticas y emitiendo el Decreto 486-12, que creó la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) También el Ministerio de la Presidencia auspició la formación de comisiones de veeduría social, con participación de representantes sociales, que con los años fueron desapareciendo en la medida en que no se cumplían las expectativas de transparencia.

El decreto atribuía 42 responsabilidades a la DIGEIG, que en su mayoría no han sido cumplidas, resaltando entre ellas, el Código de Etica, según el cual además de la Declaración Jurada de Bienes, los altos funcionarios gubernamentales tendrían que entregar un informe financiero anual, (artículo 7) entre el 15 y30 de agosto, especificando la evolución de su patrimonio, incluyendo cónyuge. No hay registro de que un solo funcionario lo haya hecho y tampoco que se le reclamara.

Como es tradición, en el primer período del gobierno de Medina, hubo más esfuerzos por controlar la corrupción y la malversación, pero la brújula empezó a perderse a partir de la búsqueda de su reelección, que al decir general incluyó una compra masiva de legisladores para hacerla posible mediante una reforma constitucional.

Los Grandes escándalos

Pero lo peor le estalló al gobierno en diciembre del 2016, apenas comenzado el segundo período, con las revelaciones del escándalo de corrupción internacional de Odebrecht, que implicó relevantemente al país. Con el agravante de que el Ministerio Público ha evadido investigar los sobornos del período de gobierno de Medina, especialmente  sus demostrados vínculos con el asesor político-electoral de Odebrecht Joao Santana.

Las sombras en la contratación de la mayor obra del actual mandatario, las plantas de carbón de Planta Catalina, han perseguido y seguirán persiguiendo a su régimen. Todavía no se han realizado auditorías de las obras contratadas con Odebrech y hace poco el consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación impactó la opinión pública al revelar registros de sobornos por 55 millones de dólares en obras del actual gobierno, incluyendo 20 por las plantas de carbón. Se publicaron 28 seudónimos de los receptores de esos sobornos, que están en los registros de Odebrecht, pero nadie en el gobierno se ha dado por aludido.

Otros escándalos de corrupción durante el actual gobierno se registraron en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y el Consejo Estatal del Azúcar, en los cuales hubo un suicidio y varios muertos de por medio. En la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) se reveló el escándalo de la venta de todo un barrio a “precio de vaca muerta”.

Desafío a nuevo gobierno

 La preocupación por los altos niveles de corrupción en el país, han aumentado en los últimos años en el país y tuvieron su mayor expresión en el movimiento Marcha Verde que durante el 2017 y 18 sacudió el país, llevando a las calles a cientos de miles de personas. Mientras las encuestas la registran como uno de los principales males, con hasta 80 por ciento considerando que empeora.

La convicción generalizada es que al gobierno de Medina le cayó la noche para ponerle límite a la corrupción, la malversación y la impunidad. Y que será uno de los grandes desafíos del gobierno a instaurarse en agosto próximo. “La guerra total a la corrupción y la impunidad” es el punto 1.2 de las prioridades políticas e institucionales suscritas por la Coalición Democrática por el Cambio, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y proclamada en noviembre por 6 partidos.

Analistas políticos concuerdan en que la corrupción y la impunidad han detonado un deterioro institucional que alcanza niveles cada vez más preocupantes, mientras múltiples expresiones de la Sociedad Civil la tienen como prioridad. Lo peor es que se teme que, como es tradicional, la malversación y el clientelismo de los años electorales, dispare aún más la corrupción y la impunidad.- 

 Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

                               2001-2019: República Dominicana

Año Puntuación Cantidad de países evaluados Posición del país
2001 3.1/10 91 63
2002 3.5/10 102 59
2003 3.3/10 133 70
2004 2.9/10 91 87
2005 3.0/10 157 84
2006 2.8/10 180 99
2007 3.0/10 180 99
2008 3.0/10 180 102
2009 3.0/10 180 99
2010 3.0/10 178 101
2011 2.8/10 183 129
2012 32/100* 176 118
2013 29/100 176 123
2014 32/100 174 126
2015 33/100 168 103
2016 31/100 174 120
2017 29/100 180 135
2018 30/100 180 129
2019 28/100 180 137

La Carta Pastoral y el apoyo de EU fortalecen el proceso democrático

A un mes de las elecciones municipales y  a cuatro de las presidenciales y congresuales, la Pastoral del Episcopado Dominicano y el apoyo político-financiero de EU respaldan los reclamos de la sociedad dominicana de elecciones libres, justas y transparentes

Por Juan Bolívar Díaz

El Obispo de de Santo Domingo Francisco Ozoria, ofrecio una misa en la catedral con motivo del día de los Santos Reyes,6 de enero 2020/foto cortecia del Episcopado Dominicano

Todos los interesados en la institucionalidad democrática y la estabilidad política y económica de la nación deberían acoger la propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) de un pacto nacional sobre las propuestas prioritarias de la sociedad con “el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia”.

La pastoral católica y el apoyo de Estados Unidos a la auditoría previa a los equipos y programas a utilizarse en las próximas elecciones, constituyen un claro compromiso de esos poderes con los reclamos de múltiples sectores de un proceso electoral justo, equitativo y libre de marrullerías e injerencias antidemocráticas.

Una contundente advertencia

La carta pastoral de los obispos católicos, comienza con una advertencia contundente sobre los grandes movimientos contestatarios en Latinoamérica y una proclama sobre la necesidad de hacer prevalecer los principios fundamentales que deben normar la política y la convivencia, lo que a lo largo del documento se sustentan firme y reiteradas veces.

El primer párrafo explica la preocupación del Episcopado por los próximos comicios  nacionales, comenzando por los municipales de febrero, “para obtener garantía de éxitos en los segundos”. Y en el siguiente se considera oportuno “retomar el espíritu de nuestra Carta Pastoral de enero de 1960, cuya fuerza y aliento, sesenta años después, palpita en nosotros, fieles al ejercicio de nuestro ministerio episcopal”. Entonces recuerdan que aquel “emblemático e histórico documento trató de irradiar luz en un momento crítico”, impuesto por la tiranía de Trujillo. Señala que aunque vivimos en una época distinta gracias al sacrificio de muchos dominicanos, “aún restan muchos obstáculos por superar”.

El tercer párrafo contiene una clara advertencia cuando dice: Una visión panorámica al acontecer latinoamericano en este último año, marcada por convulsiones sociales y políticas, nos debe llamar a reflexión en torno a las causas que han suscitado esas situaciones. La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad. Consideramos que en estos momentos es necesario recordar principios esenciales de la ética que no pueden ser ignorados, especialmente por aquellos que aspiran a cargos ejecutivos.”

Refieren mensajes anteriores que exhortan a vivir en valores, tomando como referencia los propuestos por el preámbulo de la Constitución Dominicana, y luego se plantea   la urgencia de “un comportamiento ético en nuestra sociedad”, invitando a reflexionar acerca del acontecer nacional, con sus complejas realidades y sus enormes desafíos.

Un ejercicio democrático

El punto 11 de la carta reclama a todo gobernante “sabiduría y carácter, garantías de unidad e identidad nacional basadas en nuestra idiosincrasia y valores, seguridad interna, régimen de justicia, administración eficaz, dinamismo cultural, libertad religiosa, relaciones internacionales provechosas y una gran capacidad de servicio a favor de los intereses de nuestra Nación”. El 15 advierte que “Un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine el imperio de la Ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias”.

Más adelante plantea que “El aniquilamiento de la ética marca el paso hacia el uso degradante del poder, a la explotación y a los abusos por parte de quienes ocupan los primeros puestos, y al arrinconamiento de una clase desposeída a la que solo le asiste el derecho a consentir. Esa masa sufrida y condenada injustamente a vivir en la periferia solo es tomada en cuenta, en no pocas ocasiones por los líderes políticos, únicamente como instrumento para acceder y mantenerse en el poder”. Reclama “a quienes pretenden dirigir los destinos del país reconocer la dignidad de toda persona humana, como sujeto de derechos, que nadie puede violar ni como grupos de poder ni como salvaguardas del orden público”.

El punto 17 indica que, como máximo responsable de la organización de los comicios, “la Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente, tanto al momento del sufragio como al del conteo de los votos”, y que “No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome acción”. Llama a cooperar para que desempeñen con profesionalidad y decoro sus delicadas funciones, de singular trascendencia en el inacabado proceso de preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.

Agenda política episcopal

El documento contiene exhortaciones a los candidatos, a los medios de comunicación, a los actores políticos y a los electores, y aboga por los derechos de la juventud, de las mujeres, expresando preocupación por la violencia “que sacude a nuestra sociedad”, a la corrupción “cáncer que arrastra la RD”, y claman por que se promuevan las condiciones para establecer un Poder Judicial imparcial, sujeto al imperio de la ley, capaz de administrar justicia y dirimir los conflictos sin inclinar la balanza hacia ningún lado”.

Los obispos han pedido a los candidatos agenda de acciones concretas “para enfrentar los graves problemas del país”, sin que falten “temas como la corrupción administrativa y los caminos para combatirla; la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer; la violencia ciudadana generalizada”. Y luego se extienden al cambio climático, políticas energéticas, respeto al orden jurídico y constitucional y a las políticas sociales y combate a la pobreza, relevando la educación.

Proponen “un pacto nacional entre nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de toda la nación. Dicho pacto debe incluir el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia que garanticen los derechos de todos y una especial dedicación a los sectores menos pudientes de la sociedad”. En la exhortación final los obispos vuelven a recordar la pastoral de 1960, ahora “dentro de un  contexto social y político diferente, pero con un proceso con muchas demandas similares, y fundamentalmente la necesidad de unas elecciones libres”.

Contexto de la pastoral

La pastoral episcopal llega en un contexto político donde se advierten serios conflictos por el poder, ya que el presidente Danilo Medina, sin ser candidato, proclamó en discurso público el 21 de julio que “yo voy a ganar las elecciones”, tras unas primarias donde irrumpió el gobierno se generaron graves conflictos. En una reunión el lunes con los candidatos de su partido, el mandatario proclamó que a cada uno le dará asistencia financiera.

La generalidad de los partidos opositores, que conforman dos de tres  polos electorales configurados, con el partido oficial, han formulado severas advertencias de que no permitirán la irrupción del gobierno en el proceso electoral, con los abusos fiscales y la desigualdad que caracterizaron los comicios anteriores. Ya esta semana trascendió que en el Ministerio de Educación han designado 8 mil empleados temporeros, que no son otra cosa que activistas electorales. En el 2016 Participación Ciudadana certificó que hubo 33 mil en ese y otros ministerios y organismos estatales.

La preocupación se han expandido por los medios de comunicación y las entidades sociales, que en diciembre lanzaron un “Manifiesto por la Transparencia Electoral”, abogando por elecciones libres y equitativas en consonancia con los principios constitucionales y las leyes electorales y de la Función Pública. Llamó la atención que entre los firmantes aparecen dos de los obispos y los rectores de las dos universidades católicas,  un obispo emérito episcopal, y dirigentes de la Confederación de Unidad Evangélica, junto a destacados empresarios, comunicadores y dirigentes de decenas de entidades sociales.

El pacto propuesto fue aceptado de inmediato por los candidatos Luis Abinader y Gonzalo Castillo, del principal partido opositor y del gobernante, mientras el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, uno de los propulsores del Manifiesto por la Transparencia Electoral, dijo que trabajan en el protocolo para el acuerdo. Han sostenido dos reuniones con la JCE y otra con el Tribunal Superior Electoral.         

Apoyo financiero y político de EU     

La semana concluyó con el anuncio de que Estados Unidos va a financiar la auditoría previa de los equipos y programas a utilizare en el voto automatizado para las elecciones generales de febrero y mayo, que ha sido una condición reclamada por los partidos de oposición. Se hará bajo responsabilidad del Instituto Federal para Sistemas Electorales (IFES) de los Estados Unidos, que ya en 1994 fue clave en la documentación de las irregularidades que viciaron las elecciones y generaron una grave crisis política.

Pero el anuncio del respaldo, formulado por la embajada de Estados Unidos en el país no se queda lo técnico-financiero, y expresa que “apoya la realización de elecciones libres, justas y transparentes en la República Dominicana y en todo el mundo”. Porque una RD “democrática, próspera y segura es del interés de ambos países”.

Con tales planteamientos EU sintoniza plenamente con los reclamos políticos y sociales, y constituyen reiteración de otros formulados por la embajadora Robin Bernstein y por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien el 11 de julio pasado llamó por teléfono al presidente Medina para recordarle su compromiso con la legitimidad democrática y las elecciones libres, y el respeto a la Constitución, lo que contribuyó a frenar el proyecto de reforma constitucional que pretendía su prolongación para un tercer período de gobierno.

En sectores políticos y sociales se celebra el nuevo apoyo norteamericano a las elecciones libres, justas y transparentes que se reclama, y se espera que el presidente de la nación vuelva a interpretarlo en toda su significación.-

Fuertes desafíos políticos y económicos en 2020, por elecciones y nuevo gobierno

Las elecciones generales de febrero y mayo ponen a prueba de nuevo la institucionalidad democrática, y la estabilidad política y hasta económica de la nación, lo que se extenderá todo el año por el inicio de un nuevo gobierno en agosto próximo 

Por Juan Bolívar Díaz

Las debilidades institucionales determinan, una vez  más, que las elecciones generales se constituyan en una nueva prueba para la estabilidad política y económica de la República Dominicana, obligando a los segmentos más influyentes de la sociedad civil a actuar como moderadores para evitar un desmadre del proceso.

Las perspectivas apuntan hacia un cambio del partido que ha gobernado el país en los últimos cuatro periodos y en 20 de 24 años, lo que implicaría importantes reformas políticas y económicas para apuntalar la institucionalidad democrática y garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo nacional, extendiéndose por todo el nuevo año 2020.

¿Elecciones democráticas?

La República afronta el reto de unas elecciones municipales dentro de sólo 5 semana, y una presidenciales y congresuales tres meses después, como siempre con las interrogantes de si quienes detentan el dominio de casi todo el Estado y gran parte de las entidades sociales, permitirán la competencia democrática, bajo los principios de “libertad, transparencia, equidad y objetividad” que instituyen los artículos 211y 212 de su Constitución.

Eso no debería estar en discusión, pero la irrupción del gobierno con todos los recursos del Estado en las elecciones, incrementada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mantiene incertidumbres sobre la limpieza electoral, y si alcanzó niveles sin precedente en el 2016, cuando las encuestas adelantaban una cómoda victoria de la reelección del presidente Danilo Medina, hay razones para temer peor abuso del Estado, tras la división de su partido y ahora con resultados muy desfavorables en las  investigaciones.

Si involucraron a casi todos los altos funcionarios en la elección del candidato presidencial del PLD, para favorecer al delfín del presidente Medina, con casi monopolio de la publicidad, pocos dudan que será peor cuando se trate de mantener el control del Estado. Hace 4 años 39 ministros y altos funcionarios salieron al territorio a dirigir la campaña electoral peledeísta, y designaron 33 mil empleados temporeros. En ministerios como Educación y Obras Públicas multiplicaron hasta 13 veces el gasto en viáticos, ayudas y donaciones, aparte de decenas de miles de dirigentes y militantes empleados fijos del Estado y miles colocados por legisladores, gobernadores, dirigentes municipales y locales.  

La inequidad en la propaganda política marcó hasta un 80 por ciento en favor de las candidaturas peledeístas, mientras el gobierno duplicó su gasto publicitario y, con el control total de los órganos electorales, ignoró todo reclamo de los partidos opositores, así como las denuncias periodísticas y de la observación electoral de Participación Ciudadana.             

Reto del equilibrio fiscal

 Entre los retos que trascienden el mero interés electoral se cuenta el evitar el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral, lo que en el 2012 alcanzó la desmesura de más de 150 mil millones de pesos, como déficit fiscal del gobierno central, que junto al del Banco Central y otras entidades autónomas se llegó a estimar en 200 mil millones de pesos, un 8 por ciento entonces del PBI.

La “inversión política” del 2012 fue varias veces mayor que los 40 mil millones de pesos que el presidente Leonel Fernández anunció, en Nueva York, en noviembre del 2011, que gastaría para garantizar el triunfo de Danilo Medina, cuando las encuestas lo situaban hasta 16 puntos por debajo de Hipólito Mejía, entonces candidato presidencial por el PRD. Logró superarlo 51 a 47 por ciento.

Hace cuatro años, en el 2016, el desbordamiento fue menor, 34 mil millones de pesos de déficit entre enero y abril, cuando las encuestas indicaban hasta el 61 por ciento de preferencias por la reelección de Medina, con que fue reelecto, frente a 35 por ciento de Luis Abinader, por el recién constituido Partido Revolucionario Moderno.   

Esta vez los temores por el desbordamiento fiscal en la campaña electoral son mayores por los signos de preocupación derivados del conflictivo escenario internacional, incluyendo una reducción del crecimiento económico, drástica en América Latina, que fue significativa también en el país en el último año, de 7 al 5 por ciento del PIB, con una fuerte caída del turismo, que llegó a perder hasta 60 por ciento de las reservas para la actual temporada y el próximo año, aunque recuperó la mitad en el último trimestre. Este año trae  mayores dificultades a sectores productivos por nuevas desgravaciones que impone el TLC con Estados Unidos.      

La responsabilidad social

 Al no estar en juego la reelección presidencial, los temores por el desbordamiento  fiscal deberían ser menores, pero el peledeísmo  hace tiempo convirtió en “principio político” que el poder no se cede y hay que utilizarlo en la dimensión que sea posible en aras del partido. En el 2012 no estaba en juego una reelección del presidente y no se había producido la división del año pasado.

Los temores por la calidad democrática del actual proceso electoral han pasado de los partidos políticos a importantes segmentos sociales, incluyendo empresariales, sobre todo porque tras la división del PLD en octubre pasado, el presidente Medina proclamó en un discurso que con lo que quedaba de su partido “yo voy a ganar las elecciones”. De ahí el Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral” emitido al comenzar diciembre y que ha nucleado al Foro Ciudadano y decenas de organizaciones sociales, religiosas, académicas, gremiales y a connotados líderes empresariales, comunicadores e intelectuales.

El esfuerzo ha incluido a dos obispos y los rectores de las dos universidades católicas que operan en Santo Domingo, así como a dirigentes del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, y de instituciones como el Centro Social Juan XXIII y Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana y otras. Ya han visitado la Junta Central Electoral, expresando su preocupación por “las prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.

La presión ciudadana por el ejercicio de la real democracia encuentra mejores perspectivas esta vez por nuevos mandatos legales que procuran la equidad y transparencia, por órganos electorales más independientes, y por las convicciones generalizadas de que la repetición de las iniquidades e inequidades del 2016, esta vez conllevarían mayores riesgos de desestabilidad por el hastío generado por un prolongado dominio político. Hace 4 años los partidos de oposición rechazaron reconocer la legitimidad del proceso electoral.

Alternabilidad democrática

 Al comenzar el año las percepciones generalizadas indican la posibilidad de una alternabilidad de partido gobernante, lo que en una democracia, aún de mediana intensidad, no debería causar incertidumbres, cuando históricamente está demostrado aquí y en todo el mundo que la prolongación de los gobernantes corroe la institucionalidad democrática..

 Aquí y ahora son pocos los que discuten que la ciudadanía está mostrando evidencias de fatiga y hastío frente al dominio peledeísta, y que su prolongación luce remota tras la división del PLD que originó un tercer polo electoral encabezado por su ex-presidente y líder Leonel Fernández, y se reconoce el auge del principal partido de oposición y su candidato presidencial Luis Abinader.

Con cinismo político o vergüenza ajena, lo que muchos discuten es si el presidente Danilo Medina permitirá su desplazamiento del poder. Sobreestiman el presidencialismo, como lo hicieron durante más de dos años cuando el actual mandatario, con todo el poder del Estado, se empeñó en buscarse una nueva reforma constitucional para prolongarse. Tras ese fracaso parecería más difícil lograrlo a través de un delfín que no acaba de mostrar mayores méritos políticos que representar la confianza y continuidad de Medina.

A veteranos observadores, el proceso de desgaste del gobierno y las circunstancias nacionales e internacionales que le desfavorecen, les recuerdan el proceso de 1978 cuando se decía que no había forma de vencer el dominio político, económico y militar-policial que ejercía el presidente Balaguer. Resultó traumático pero se alcanzó, y con un candidato como Antonio Guzmán que carecía de habilidades discursivas y expresiones programáticas, aunque suplidas por el entonces líder del PRD José Francisco Peña Gómez. Guzmán como Abinader era un empresario, centrista y con grandes habilidades para la negociación política.

Una pesada herencia financiera

El gobierno que resulte de las elecciones de mayo recibirá una pesada herencia fiscal, y estará obligado a producir de inmediato importantes cambios de políticas para mejorar substancialmente el gasto público, reduciendo el clientelismo, la malversación, la corrupción y el dispendio, a fin de legitimarse para el pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que el presidente Medina ha evadido apoyándose en un galopante endeudamiento que duplicó la deuda consolidada del Estado.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, al igual que los centros de investigación económica nacional, han coincidido en la necesidad de poner límites a más de una década de déficits fiscales consecutivos, para garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación. Quien llegue a gobernar en agosto y pretenda desconocerlo, se arriesga a que la bomba le explote en las manos.

Según últimos informes del FMI la deuda consolidada del Estado compromete ya el 54.6% del PIB, pero el economista dominicano Apolinar Veloz, con experiencia de fiscalizador del mismo organismo, la lleva hasta el 60%, al sumar compromisos no registrados por el Ministerio de Hacienda, que la mantiene en 46 mil millones de dólares y por debajo del 50% del PIB.

El presupuesto del 2020 conlleva un déficit por $96 mil millones. El pago de intereses implica casi la cuarta parte de los ingresos fiscales. Por amortización de capital e intereses de la deuda externa habrá que pagar este año US$ 2 mil 508 millones, equivalentes a $130 mil 416 millones. y de deuda interna otros $136 mil 566 millones, para totalizar $266 mil 982 millones, el 36% de los ingresos ordinarios estimados en 750 mil 800 millones de pesos.-