Un Congreso Nacional demasiado caro cada senador sobre $27 millones anuales

Los barrilitos y cofrecitos son insostenibles en medio de la triple crisis de salud, económica y social, y los legisladores tienen privilegios autoconferidos, en violación de preceptos constitucionales, los senadores con seguros de vida y de salud internacional  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En el proyecto de presupuesto para el 2021, bajo austeridad, el Congreso Nacional y la representación al Parlamento Centroamericano (Parlacen) se llevarán más de $7 mil 819 millones, un costo que mantiene el país como el cuarto de mayor gasto legislativo y con salarios y bonificaciones superiores a las de España, además de otros varios privilegios.

            Alguna vez la sociedad dominicana tendrá que reevaluar si su Poder Legislativo  no debería ser de una sola cámara como todos los países centroamericanos, pero en lo inmediato se impone derribar los barrilitos y cofrecitos asumidos ya como símbolos del ventajismo inconstitucional y antidemocrático, estimados en $691.6 millones para el 2021.

En el proyecto para el 2021    

            En el proyecto de presupuesto para el próximo año se consigna un total de $7819, 105,836 para el Congreso Nacional, de los cuales $5183, 326,712, están destinados a la Cámara de Diputados, y $2635, 779,124 para el Senado. Mecánicamente divididos entre los 210 diputados, incluyendo los 20 al Parlacén, estos saldrían a 24.6 millones de pesos anuales, y los 32 senadores a $82.3 millones.

            En las partidas de ambas cámaras aparece un capítulo denominada “contribuciones especiales”, por $461.003, 491 para el Senado, lo que arroja $ 14.4 millones para cada senador, y de $230, 612,789 para la cámara baja, que entre 190 diputados nacionales equivale a $1.2 millón. Se estima que estos son los montos destinados a “ayudas sociales”, popularmente denominados barrilitos y cofrecitos, instituidos sin base constitucional, porque esas actividades no están entre las funciones legislativas, que son legislar y fiscalizar.

            También se le resta legitimidad porque esos fondos se los han atribuido los mismos congresistas y en gran parte se manejan a discreción sobre todo de los presidentes de la Cámara, para que regalen en el Día de las Padres, los Reyes, Navidad e inicio del año escolar y hasta para atender solicitudes adicionales. En el Senado existe un “Manual de Beneficios Senatoriales” y sumas específicas para los barrilitos, atendiendo a la población provincial.       

            Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica, de México, indicó que en el 2005 la RD tenía el cuarto Congreso más caro entre 20 países de América Latina, en términos proporcionales, sólo superado por las tres mayores naciones de la región, Brasil, México y Argentina. Y el mismo año la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa estimó que el Congreso Nacional era el segundo peor en falta de transparencia. El Latinobarómetro registra los congresos entre las instituciones de menor crédito, 20%.

Alto costo de los senadores

            Con el Manual de Beneficios Senatoriales se pudo establecer que los senadores dominicanos reciben $6 millones 147 mil 200 anuales por sueldo, gastos de representación, combustibles, hospedajes, y dietas por asistir a sesiones y a comisiones. Para Navidad $1 millón 500 mil y otros $500 para Reyes. Tienen una asignación mensual de $690 mil, para pagar personal auxiliar y asesores, que por 13 implican $8 millones 970 mil anuales; en muchos casos los entregan a familiares y activistas políticos. Y con los barrilitos se agregan  en promedio otros $8 millones 316 mil para totalizar $25 millones 433 mil 200 anuales, o $2 millones 119 mil 434 mensuales.

            Pero su costo es todavía mayor, porque también les pagan seguro de vida y de salud, internacional que incluye a cónyuge, e hijos hasta 25 años de edad, y pueden disponer de hasta tres vehículos, con chofer y combustible. Y para más privilegios hay que sumarle las exoneraciones de dos vehículos por período de 4 años, que muchos han vendido,  lo que es ilegal, para que empresarios y nuevos ricos importen vehículos de lujo que pagarían millones de pesos de impuestos. Por todos estos renglones el costo por senador sobrepasaría los $27 millones anuales. En muchos casos disponen también de guardaespaldas.

            Los barrilitos no se cargan por igual, sino atendiendo a la proporción poblacional de la provincia: DN, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, las mayores han estado recibiendo $1 millón 59 mil mensuales; las de menor población, Ocoa e Independencia, $609 mil; Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña 619 mil; las demás en ascenso hasta el millón. Hasta ahora se destinan al barrilito $22 millones 180 mil mensuales, que promedian $693 mil 125 entre 32 senadores. Pero Antonio Taveras Guzmán, de Santo Domingo, y Eduardo Estrella, de Santiago, lo rechazaron desde que asumieron la función en agosto. La del DN, Faride Raful, que en principio dijo que lo destinaría a pago de asesores, lo renunció esta semana, acogiendo la demanda generalizada.     

Más modestos los diputados

            Los ingresos de los diputados son mucho más modestos; entre sueldo, “compensación salarial”, gastos de representación y dieta reúnen $364 mil 443 al mes, para $4 millones 373 mil 315 anuales. Su costo se eleva porque la cámara les paga a cada uno, asistente legislativo,  secretaria, mensajero y chofer, sin que se haya podido precisar monto. 

            La asignación de los diputados para asistencialismo o clientelismo no es transparente como en los senadores, después que hace 5 años “la suprimieron”. En realidad quedó a discreción, con partidas para Navidad, Reyes, Día de las Madres, inicio del año escolar, y por solicitudes especiales. Si se parte de los $230 millones 612 mil presupuestados para 2021   en el renglón de “contribuciones especiales”, tocaría a cada diputado $1 millón 213 mil, lo que implica $101 mil 145 cada mes. Esa suma coincide con una confidencia de que se les permite solicitar hasta 100 mil pesos mensuales. También hay contribuciones adicionales en especie, por ejemplo en las cajas navideñas para repartir entre la clientela política y relacionados. 

            En los años recientes, los cofrecitos de los diputados podían ser surtidos generosamente cuando se necesitaba más su voto, incluso a los de oposición. Eso incluye los esfuerzos de los presidentes de la cámara baja por mantener “su popularidad” para ser reelectos.

El lujo de los diputados al Parlacen     

Los 20 diputados que representan el país en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) son en la práctica un premio de consolación para cuadros políticos que no alcanzan las candidaturas a las 190 curules del Congreso Nacional. No se eligen directamente, sino que se distribuyen en función de los votos obtenidos por los partidos. Es una representación simbólica, porque el Parlacen no tiene efectos vinculantes en ningún país.

Estos representantes reciben 2 mil dólares mensuales, cerca de 120 mil pesos. En la proyección de gastos para el 2021 tienen reservados $87 millones 427 mil 567, lo que dividido entre 20 arroja $4 millones 371 mil 378, entre 13 salarios un monto per cápita de $336 mil. La diferencia podría estar en los pasajes y gastos de viaje y seguros que se les paga. 

El Parlacen no aporta nada al país, aunque es una tribuna de interrelación con la dirección política de la región, lo que podría contribuir a una vinculación que ha llegado tardía para la RD, al igual que con los países de la Comunidad del Caribe, donde no ha logrado pasar de la categoría observador, siendo la mayor economía de la región caribeña.    

De iniquidad e inequidad

            Desde que se formalizó el actual esquema de barrilitos y cofrecitos, en la presidencia del Senado de Reinaldo Pared Pérez, en el 2004, la opinión pública los ha rechazado. Se supone que estaba llamado a sustituir la discreción de los repartos anteriores y que sería transparente el gasto, sujeto a rendición de cuentas. Pero eso no ha ocurrido.

            No hay duda de que se trata de un  subsidio para el clientelismo y el ventajismo de los legisladores, que en el caso de los senadores ha implicado el reparto de un promedio de $8.3 millones anuales, varios sobre 12 millones anuales, casi 50 millones de pesos en el período de 4 años. Eso les da una ventaja para competir hasta contra sus propios compañeros de partido, que a la hora de perseguir candidaturas no disfrutan del menor financiamiento público. Mucho más a quienes buscan sustituirlos desde otros partidos. Es lo que se llama inequidad. Pero también es una iniquidad auto conferirse parte del presupuesto nacional para beneficio político personal y para familiares y  relacionados. 

            A los barrilitos y otros financiamientos abusivos se atribuye, en parte, la estabilidad que tuvieron los senadores en las últimas dos décadas. En el 2010 el 84 por ciento de ellos, 27 de los 32, fueron reelectos, y por seis años. También el 74% de los diputados. En el 2016 se repitió casi en similares proporciones. Pera los comicios de este año el ventajismo fue barrido por la avalancha que sacó del poder al Partido de la Liberación Dominicana, que con sus aliados tenía 30, y ahora sólo tres del total están repitiendo.

            El clamor contra los barrilitos y cofrecitos de ha generalizado y en la opinión pública se les tiene como símbolo de oprobio. Muchos de los electos este año, que saben lo difícil que es competir con los beneficiarios de ese financiamiento inconstitucional, han perdido la memoria y ahora quieren mantenerlos. Pero con la grave crisis fiscal y económica, el clamor es tan fuerte que se preparan hasta paradas ante el Congreso y los partidos podrían verse forzados a intervenir. El desafío es mayor para los que ganaron las elecciones prometiendo un cambio político y ético.-    

Ruidos absurdos en elección de JCE; PRM ratifica que será independiente

La Dirección Ejecutiva del PRM ratificó a unanimidad el compromiso de integrar la Junta Central Electoral con profesionales ajenos a la militancia partidista y que garanticen su independencia como ha reiterado el presidente Luis Abinader  

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            En reunión celebrada el miércoles la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó a unanimidad su compromiso programático de integrar la Junta Central Electoral (JCE) con profesionales ajenos a la militancia partidista y que garanticen la independencia de ese importante órgano estatal.

            Se espera que la ratificación ponga fin a los intentos de desconocer un compromiso programático enarbolado por el presidente Luis Abinader, que comenzó por el Ministerio Público y se extiende a los demás órganos de control del Estado, como la Cámara de Cuentas, Defensoría del Pueblo y las altas cortes.

Un ruido más que absurdo 

            Ha llamado la atención que a escasas cinco semanas del inicio del Gobierno de Luis Abinader y el PRM se desatara un movimiento que ha implicado a dirigentes y legisladores tendientes a desconocer un compromiso programático, sustentado y reiterado recientemente por el mismo mandatario. Se puede apreciar como una imprudencia política que sólo sirve para revivir las pugnas que caracterizaron al Partido Revolucionario Dominicano, de donde proceden muchos de los perredemeistas.

            La circunstancia de que el extitular de la JCE Eddy Olivares, postulado ahora para presidir el organismo, fuera durante los últimos cinco años vocero del expresidente Hipólito Mejía, dio pie para que este fuera vinculado a la acción, por lo que el vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, consideró necesario advertir que “no habrá medición de fuerzas” entre los dos líderes, sino “coherencia y consenso”.

            El anuncio de que Olivares tenía apoyo de muchos diputados del PRM, desató inquietudes y temores a una absurda lucha interna cuando apenas comienza la gestión gubernamental y en medio de las penalidades de la triple crisis sanitaria, económica y social, que enfrenta. Aunque dirigentes de ese partido han sostenido que sólo es un ruido innecesario, porque no hay la mínima posibilidad de reunir apoyo para contradecir el programa de gobierno y la posición del presidente Abinader, quien ha sido reiterativo en que no auspiciará la politización  de ningún órgano de control del Estado.

Desde el 2016, cuando se eligieron los titulares que concluyen su período en noviembre al frente de la JCE, el PRM se comprometió en dos comunicados públicos con la independencia del organismo, y lo postuló en su programa de gobierno y en los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional” que firmó junto a otros 6 partidos y varios grupos sociales. Su presidente José Ignacio Paliza lo reiteró en dos recientes declaraciones.  

No habrá reparto partidista

            Dirigentes y voceros del Partido de la Liberación Dominicana ponderaron a Olivares, favoreciendo un consenso para elegir los titulares de la JCE, lo que en el PRM se interpreta como un gancho de doble filo, primero para demostrar que “no hay tal cambio y todos los partidos son iguales”, y segundo para garantizarse la inclusión de alguno de sus dirigentes.

            En los altos niveles del PRM se le resta importancia a lo que consideran “un simple incidente inoportuno”, como lo definió un ejecutivo al informar que no hubo el menor problema en ratificar la posición de la Dirección Ejecutiva del Partido, mientras trascendió que el presidente Abinader se reunió con los diputados y allí tampoco hubo dificultades.    

            La independencia de los integrantes de la JCE se discute desde hace décadas, cuando Joaquín Balaguer la conformaba con personas de su confianza, y aunque a veces colocó independientes en la presidencia, incluía a dirigentes partidistas que se encargaban de su politización. La junta de 1994, cuando se verificó el más documentado fraude electoral que incluyó alteración del padrón de electores, era presidida por Manuel García Lizardo, pero fue señalado como responsable otro titular, el dirigente reformista Leonardo Matos Berrido

            Esa junta, como la de 1990 cuando también hubo fuertes indicios de fraude electoral, fue integrada mediante la fórmula del reparto, que garantizaba la presidencia y la mayoría al partido gobernante, y se elegían dos por los opositores, que  lo legitimaban considerando que era preferible “tener gente dentro del organismo”. 

Lo pactado tras la crisis

Tras el pacto que zanjó la crisis postelectoral de 1994 se acordó una JCE sin reparto partidista, y por consenso, la que encabezó el doctor César Estrella Sadhalá, y que pudo organizar exitosamente la doble votación del 1996. Le sucedieron luego Juan Sully Bonelly, Manuel Morel Cerda  y  Luis Arias que tampoco eran dirigentes políticos al ser escogidos. Pero en 1998, en medio de una confrontación con el gobierno del PLD en la Liga Municipal y la Cámara de Diputados, la mayoría senatorial del PRD rompió el consenso al escoger unilateralmente a  Morel Cerda, quien nunca había militado en ese partido y era un reputado jurista, cuatro veces presidente de la Asociación Dominicana de Abogados. Hizo nuevo y desde entonces eficiente padrón electoral y sin trauma las elecciones del 1998 y 2000.

La politización partidista de la JCE volvió con la elección de Roberto Rosario quien presidió el organismo entre el 2010 y 2016. Había llegado en el reparto partidista, restaurado en el 2006 y por cuatro años presidió su entonces determinante Cámara Administrativa, donde comenzó a mostrar su eficiencia partidista. Al ser incorporado a la Junta tomó una licencia de su condición de miembro del Comité Central del PLD. 

El debate se ha mantenido, y en el 2016 el gobierno peledeísta accedió a elegir un presidente apartidista, Julio César Castaños Guzmán, y otros dos miembros sin militancia en partidos, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín. Pero mantuvo a Rosario Graciano, también exdirigente del PLD, y a Henry Mejía, proveniente del PRD.        

            La mayoría de las instituciones sociales, encabezadas por Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), han promovido sistemáticamente una JCE integrada por personas sin militancia partidista, para evitar los conflictos de intereses. Es lo mismo que postula la Constitución para los jueces, los miembros de la Junta Monetaria, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En estos casos no se consideran violados sus derechos ciudadanos, como ocurre cuando se plantea en órganos electorales o la Cámara de Cuentas.       

“Mentada sociedad civil”

            Los partidos políticos dominicanos han mantenido una relación de amor y odio con las organizaciones sociales que militan en la promoción de reformas políticas e institucionales y en la defensa de los derechos políticos y sociales. Cuando están en la oposición son amantes, pero desde que llegan al gobierno comienzan a menospreciarla, llamándola “la mentada sociedad civil”, pretendiendo desconocer una categoría universal de la democracia, reconocida en convenciones internacionales y códigos y constituciones nacionales. Ante los organismos de las Naciones Unidas hay más de diez mil instituciones sociales reconocidas.

            Ya en ambientes perremeístas se ha comenzado a evocar la “mentada”, a la que le atribuyen un supuesto interés por quitar sus derechos a los militantes políticos, “que son los que se fajan en las campañas electorales”. El desaparecido líder perredeísta José Francisco Peña Gómez fue el dirigente que más importancia ha dado a la participación social, al extremo que reformistas y peledeístas decían que la sociedad civil era perredeísta. Pero cuando el PRD llegó al poder en el 2000, se comenzó a hablar de la “sociedad civil perfumada”, tratando de descalificar a PC y la Finjus. A sus actividades van los políticos cuando están en la oposición, pero se ausentan desde que llegan al poder. 

            La más combatida ha sido Participación Ciudadana, pero eso no impidió que fuera invitada por el PLD, PRSC, PRD y PRM a observar sus elecciones internas, lo que ocurrió en los tres primeros, entre el 2000 y 2006. Con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, PC mantuvo durante varios años un diplomado de formación de dirigentes políticos por el que pasaron más de 2 mil jóvenes dirigentes de esos partidos.

Buscan el buen gobierno

            Hay innumerables definiciones de la Sociedad Civil, aunque algunos la sintetizan en todas las formas de organización de ciudadanos y ciudadanas, e instituciones y organizaciones conformadas para la promoción social, que no forman parte del Estado, y que no tienen por objeto alcanzar el gobierno, como los partidos políticos. Se trata de organizaciones para promover el buen gobierno, que “la sociedad civil no lucha para gobernar, sino para ser bien gobernada”.

            Es la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, incluyendo el partidarismo político, documentada en innumerables investigaciones y encuestas de todo tipo de instituciones nacionales e internacionales lo que ha dado mayor relieve a la necesidad de organizar agrupaciones sociales.

            Esa “mentada” fue la que movilizó a cientos de miles de personas en las marchas verdes contra la corrupción y la impunidad, entre 2017-18 y la que colmó las plazas públicas en muchas ciudades del país y del exterior. Múltiples analistas han coincidido que esa militancia no partidista fue clave para desplazar este año el dominio del Estado y de la sociedad que había impuesto el PLD. 

          El PRM y en especial su candidato presidencial Luis Abinader, interpretaron ese sentimiento social y pactaron “un verdadero cambio”, que incluyó la despolitización de todos los órganos estatales de control, que es lo que acaban de ratificar en la JCE, sin que implique desconocer los méritos de los dirigentes políticos.-  

Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales

Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos.

Por Juan Bolívar  Díaz

Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.

Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos

Tres informes relegados

El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020.

Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica  medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.

Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían  desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.

Las propuestas de Attalí

De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados.

También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.

Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes.

“Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.

Aumentó la desconfianza

Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.

En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018.  En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.

En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.     

Una gran oportunidad

Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.

Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado.

Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo  autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.     

El triste lamento de Danilo

Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias  con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos.

Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.

Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.

Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.-

El Gobierno de Abinader entre el diálogo, la coherencia y la demanda de justicia

Por Juan Bolívar Díaz

Coherente con sus planteamientos programáticos, el presidente Abinader dialoga con todos los sectores, privilegiando la crisis sanitaria y económica, y plantea una JCE apartidista, mientras reitera que no habrá borrón y cuenta nueva con la corrupción

Al agotar su tercera semana de gestión el presidente Luis Abinader afianza la característica consultiva de su gobierno, especialmente para enfrentar la triple crisis de salubridad, económica y social, mientras ratifica su compromiso de no politizar los organismos de control del Estado, incluyendo a la Junta Central Electoral (JCE).

Al mismo tiempo, el mandatario insiste en que no auspiciará una política de borrón y cuenta nueva frente a los actos de corrupción, consciente de que la eficiencia de la justicia, como la reestructuración del Estado son fundamentales para la recuperación de la confianza en las instituciones nacionales y para mantener firme apoyo en circunstancias tan adversas.

Consultar y rendir cuentas
El presidente Luis Abinader profundizó esta semana el carácter dialogante de su gobierno con sus visitas a los principales líderes de los partidos de oposición, encabezada por los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Alianza País, las cuales tuvieron unánime apoyo de la opinión pública. Ya antes había hecho lo mismo con el Colegio Médico Dominicano y el Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue a llevar asistencia financiera para que pueda enfrentar las necesidades derivadas de la pandemia.

El nuevo mandatario ha dicho repetidas veces que realizará una gestión abierta a la consulta de los sectores organizados y de la ciudadanía y que también rendirá cuentas y responderá los cuestionamientos. En esta dirección se inscribieron los dos encuentros de total apertura realizados la semana anterior con directores de periódicos y de medios televisivos y radiofónicos, a los que prometió reuniones periódicas.

Abinader deja atrás una de las características de los gobiernos de sus antecesores Danilo Medina y Leonel Fernández, que no respondían cuestionamientos y evadían sistemáticamente los encuentros y preguntas de los medios informativos. Sus consultas se limitaron al alto empresariado y, ante la pandemia, Medina ni siquiera incluyó a los gremios de la salud.

Irónicamente, los dos ex presidentes, Medina y Fernández, fueron de los primeros consultados por Abinader, quienes expresaron respaldo a las disposiciones hasta ahora adoptadas contra el covid-19 y prometieron colaboración dentro de su responsabilidad crítica de opositores. Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, de Alianza País también mostraron satisfacción por la apertura.

Siguen las incertidumbres
Dos semanas y media es muy poco tiempo para cualquier gestión, pero el nuevo gobierno ha proclamado como prioridad absoluta la lucha contra el covid-19 consciente no solo de su estragos sobre la salud, con casi 100 mil contagios y superando las 1,800 víctimas mortales, sino del incierto panorama económico y social, con cerca de un millón de nuevos desempleados definitivos y suspendidos.

La pandemia ha seguido expandiéndose, mientras las nuevas autoridades de salud agotaron sus primeros días buscando insumos para las pruebas requeridas, autorizando nuevos laboratorios para su procesamiento y recuperando el Laboratorio Nacional, que encontraron atascado por una demanda muy superior a su capacidad. Por igual declararon prioritaria la contratación de un millar de médicos y mil 500 enfermeras para suplir las necesidades de personal sanitario, afectado por cientos de contagios.

La aprobación de otro presupuesto suplementario por más de 200 mil millones de pesos adicionales, que aproxima el déficit fiscal a los 500 mil millones de pesos, ha sido otra de las duras tareas del naciente régimen, que todavía no tiene certeza de dónde conseguirá financiamiento. Mientas el Banco Central sinceraba el drama nacional al revelar que en el primer semestre del año la economía cayó 8.5%, después de años creciendo sobre 5%, más preocupante porque la parálisis económica comenzó a mediados del tercer mes del año.

Una JCE independiente

La coherencia del presidente Abinader también se manifestó esta semana sobre la elección de los integrantes de la JCE, que debe ser renovada en noviembre, al reiterar su garantía de que será un órgano independiente, igual que el Ministerio Público y los organismos judiciales y de control. Lo trató con los expresidentes Fernández y Medina, a quienes se acusa de haber politizado todos esos órganos, con dirigentes partidarios, aunque en la última elección de la JCE y el Tribunal Electoral mejoró su composición. Fernández apoyó la escogencia de independientes.

Tras su reunión con Guillermo Moreno, Abinader declaró a la prensa que “nuestra posición es llevar a la Junta Central Electoral personas totalmente independientes de partidos políticos y es uno de los mensajes que llevamos, vamos a continuar con las relaciones bilaterales, y el compromiso del PRM es también la total independencia de la justicia”.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, explicó que aunque en su partido hay profesionales con suficiente capacidad para esa tarea, buscarán “personas con plena autonomía”. Probablemente se refería al dirigente perremeísta Eddy Olivares, quien tuvo un firme desempeño en la JCE durante dos períodos bajo la presidencia del exdirigentepeledeísta Roberto Rosario. Se le atribuye capacidad y responsabilidad para actuar con imparcialidad por lo que ha sido propuesto para presidir el órgano rector.

Pero la elección de un dirigente del PRM, conllevaría la integración de representantes de otros partidos, en un reparto político que la restaría independencia, por lo que ya Participación Ciudadana reiteró su rechazo. El movimiento cívico, al igual que la Finjus y otras entidades de la sociedad civil han abogado durante años por la despolitización de los órganos de control estatal. No es que aspiren a ángeles custodios, pero que no sean dirigentes de partidos, con conflictos de intereses, y en la sociedad abundan personas con el perfil adecuado, más después que la ley electoral estableció que no serán exclusivamente abogados.

El PRM tiene que ayudar
Como es normal en un país donde los altos sueldos y pensiones públicas a menudo superan los del sector privado, un partido que llega al poder puede perderse cuando su dirigencia y militancia se lanza tras los cargos y reproduce la cultura política de que el poder es para sacarle beneficios. Al PRM le corresponde darle un firme y sistemático apoyo a los empeños de su presidente por reestructurar la administración estatal, eliminando organismos inoperantes y fundiendo otros redundantes, así como tumbando cientos de botellas, directores, subdirectores, subadministradores y vicecónsules y supuestos diplomáticos.

La limpieza de las nóminas no solo permitirá ahorrar miles de millones de pesos, sino también evitar que siga creciendo el dispendio, porque si mantienen los políticos y familiares de los anteriores gobernantes, estarían obligados a colocar los propios, por elemental equidad. Es igual que el borrón, que se reproduciría en nueva corrupción. Eso no significa que se barra con todos los anteriores, sino con las botellas, los que cobran sin trabajar, y que respeten a quienes tengan méritos, incluso si son dirigentes políticos.

Nadie puede presumir que se trata de tareas fáciles ni que no se cometerán injusticias, pero este gobierno tiene por delante un panorama tan complejo que obliga a racionalizar el gasto público para mantener el respaldo de quienes lo eligieron buscando un cambio significativo. Y para reunir autoridad moral para reclamar mayores contribuciones de quienes pueden y deben. Para ello es necesario que no se pretenda cambiar de botellas ni mantener gastos privilegiados. Tienen que dar ejemplo renunciando a los barrilitos, y a las nominillas y los sueldos desproporcionados.-

Las iniciativas del Congreso deben corresponderse con la triple crisis

El gobierno del presidente Luis Abinader empieza concentrando su atención en la triple crisis, de salud, económica y social, y el Congreso bajo control de su partido está obligado a seguirle los pasos, evadiendo distracciones controversiales  

Por Juan Bolívar Díaz

Con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene que planificar su accionar para que se corresponda con las iniciativas del Poder Ejecutivo, concentrado en la prioridad de enfrentar la expansión  del coronavirus y sus críticas derivaciones económicas y sociales.

Los gestores de todo el gobierno tendrán que tener en cuenta las altas expectativas creadas en una ciudadanía consciente, con preponderancia de la clase media, que otorgó el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) bajo el compromiso del “cambio verdadero”.

Un discurso inspirador

La opinión pública acogió a unanimidad el discurso inaugural del presidente Luis Abinader Corona, inspirador por su llamado a la unidad nacional para enfrentar la triple crisis de salud, económica y social, por sus énfasis en las transformaciones del Estado y la manera de dirigirlo, por la energía con que expresó la urgencia de revocar la corrupción y la impunidad, con una Procuraduría General independiente, a la altura de las expectativas.

A punto de cumplirse la primera semana aún resuenan en la población los discursos de Abinader y del nuevo presidente del Senado, Eduardo Estrella, resaltando que ambos alcanzaron las mayores ovaciones de la Asamblea Nacional, con muy pocos invitados aparte  de los diplomáticos y delegados extranjeros, cuando se refirieron al compromiso de preservar los bienes oficiales, sancionar la corrupción pasada o futura,  y rescatar las instituciones democráticas, con un gobierno transparente y en disposición de consultar y rendir cuentas.

Como era de esperarse por la crisis de salubridad, que conllevaba más de 1,400 fallecidos y de 84 mil contagiados, en plena expansión, el discurso y el inicio del gobierno han estado centrados en establecer una nueva estrategia para superarla en el menor tiempo posible,  reparar sus daños económicos y sociales y poder abordar reformas como las fiscales.

La primera semana no alcanzó para concluir las consultas y ponderaciones sobre la forma en que se iniciará el año escolar, pero sí para anunciar disposiciones contra el Covid-19, resaltando un incremento de 15 mil millones de pesos para la salubridad pública, la contratación de un millar de médicos adicionales, multiplicación de los laboratorios y las pruebas de detección del virus, la incorporación del Colegio Médico y de los ayuntamientos a las acciones gubernamentales y una próxima consulta a todo el liderazgo nacional, además de la extensión hasta diciembre de los programas sociales de emergencia. De esa forma respondió reclamos generalizados desde el inicio de la crisis.

Un gabinete brillante

            La designación de Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso como Procuradora General y Procuradora Adjunta, anunciada dos horas antes de la toma de posesión y las primeras juramentadas, fue la culminación de un gabinete caracterizado por la brillantez profesional y ética de casi todos los escogidos, aunque en un par de casos no parecían con buena ubicación, lo que disgustó a quienes aspiran a la perfección y alentó a los deseosos de encontrar las pifias de un manager que empezó con muy alto promedio de bateo, de carreras empujadas y anotadas.

            Resaltan las cualidades gerenciales del economista y empresario Abinader, que ha dejado amplia iniciativa a sus altos ejecutivos para armar sus propios equipos, que en muchos casos han sido constituidos con los mejores profesionales, muchos sin militancia partidista, y otros provenientes de la sociedad civil organizada, con frecuencia jóvenes y en su mayoría personas de edad media sin previo ejercicio gubernamental.  

            La designación de dos o tres miembros de mismas familias despertó críticas de quienes aspiran a la perfección de un sistema político que ha perdido confianza en grado extremo, pero exageradas al considerar, por ejemplo, que la designación del bien preparado  nieto del expresidente Hipólito Mejía, Juan Garrigó Mejía, como viceministro de gestión social, constituye nepotismo porque se madre es la alcaldesa capitalina. Tampoco lo es la designación, también como viceministra, de la abogada Dilia Leticia Jorge, hija del expresidente Jorge Blanco, porque su hermano, alto dirigente del PRM Orlando Jorge, es Ministro de Medio Ambiente. En el pasado gobierno había familias enteras, hasta con diez cargos públicos, comenzando por la  del mismo presidente de la República. Hasta ahora no se conoce de algún familiar directo de Abinader designado en su administración.

Desfase en el Congreso

            Donde hubo claro desfase fue en la Cámara de Diputados, cuando en la primera jornada del nuevo gobierno, su presidente Alfredo Pacheco se despachó anunciando la próxima aprobación del proyecto de Código Penal, sin las tres excepciones a la penalización del aborto, que se discuten desde su presentación por el presidente Danilo Medina en el 2016.         

Fue un error político comenzar poniendo sobre el tapete un proyecto tan polémico, que divide a la sociedad y distrae la atención al debut del gobierno y sus urgentes prioridades, más aún bajo el argumento de que sobre el tema no hubo consenso en las comisiones que lo consideraron en el pasado Congreso, justamente cuando iniciaba uno nuevo, y ahora bajo otro predominio político, precisamente del enunciante.

El traspié de Pacheco ocasionó que de inmediato la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, que agrupa 80 instituciones, especialmente de mujeres y el Foro Feminista le Salieran al frente, diciéndole que iba en dirección contraria a la “Resolución de la 19na. Sesión Ordinaria de la Dirección Ejecutiva del PRM, del 26 de julio de  2016, donde se aprobó apoyar las tres causales, que también están contenidas en el programa de gobierno”. Peor porque las mujeres no están satisfechas por su escasa participación en el nuevo gabinete. Al día siguiente Pacheco dio muestras de receptividad y enmendó el error, anunciando que el proyecto de Código Penal se va a una nueva comisión legislativa.

El desfase en el Senado fue la introducción de un proyecto de homenaje al expresidente Mejía, quien aún no anuncia su retiro de la actividad política, lo que pudiera ser válido en otras circunstancias, pero nada prioritario ante las grandes expectativas de cambio generadas por el presidente Abinader, que se definió como reformador del Estado.

Un gran reto del gobierno

            Tal vez por lo difícil que fue la ruta para poner fin al dominio peledeísta de  cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis, las expectativas de cambio superan las reales posibilidades. Hay incluso quienes esperan transformaciones más allá del centrista programa del PRM y del mismo presidente Abinader. No es el caso del Centro Social Juan Montalvo, entidad promotora de derechos de los sacerdotes jesuitas, la que proclamó esta primera semana, que “el gobierno tiene el reto de no alejarse de los principales reclamos sociales”, sosteniendo que muchos electores votaron por un cambio, sobre todo hastiados de las desmesuras del gobierno del PLD.  . 

            La prestigiosa institución religiosa se refirió específicamente a la participación social, rendición de cuentas, eliminación de la corrupción y la impunidad, así como de las “bocinas en los medios de comunicación”, y particularmente al escándalo Odebrecht, estimándolo inconcluso, y a la independencia de la justicia, ya abonada por el presidente Abinader, que ha dado pasos también con el anuncio de eliminar organismos inoperantes y refundir duplicidades.  

            El Congreso está desafiado desde las instancias sociales, a eliminar sus programas de “asistencia social”, que no es facultad de los legisladores, los denominados barrilitos y cofrecitos, símbolo del clientelismo y la malversación. Eso debería ser de las primeras iniciativas de la mayoría perremeísta, después que el nuevo presidente del Senado, Eduardo Estrella, el funcionario electivo que alcanzó mayor proporción de votos con el respaldo de 16 partidos, anunció su decisión de renunciar a todos los privilegios del cargo. Los senadores reciben, en proporción a sus representados, hasta más de un millón de pesos mensuales, además del pago de hotel y de una oficina con cinco asistentes en la capital y otra con diez en las provincias, local y servicios, guardaespaldas, exoneraciones de vehículos y combustibles.

La herencia de cargos

            La Cámara de Diputados tiene ya una oportunidad para mandar señales de cambio, por la renuncia de tres de sus miembros recién electos, Nelson Arroyo, Olmedo Caba y Josefa Castillo, que dejaron sus curules para dirigir los Institutos de Telecomunicaciones, y Recursos Hidráulicos, así como la Superintendencia de Seguros. Se discute públicamente el rumor de que querrían continuar el frecuente nepotismo de dejar en herencia a cónyuges o hijos las curules, cuando lo democrático sería escoger los del propio partido que les siguieron en votación en sus  jurisdicciones.

            Desde la barrida electoral del 5 de julio se ha dicho que mientras contiene y revierte la crisis sanitaria y sus secuelas de graves precariedades económicas, el descomunal incremento del desempleo y la pobreza, el nuevo gobierno tendrá que afianzarse en las reformas del Estado, en la fortaleza de la institucionalidad democrática, el control de todo género de malversación, corrupción e  impunidad. El presidente Abinader es de los que lo ha planteado y comenzó a dar ejemplos que deben ser seguidos por su partido y particularmente por el Congreso Nacional, que por demás tiene muchos proyectos prioritarios pendientes. El mismo Pacheco señaló entre  ellos., el de Ley del Agua y Ley de Participación 
Social, los que en vez de dividir, unifican a la población.         

            No hay dudas de que el PRM está sometido a prueba, y si no comienza por las cosas que unifican al país, incluso pequeñas, y que suponen ahorro del escaso dinero público, será difícil que llegue a las grandes. Y no deben olvidar el origen de su poder, particularmente el apoyo de las clases medias y de los sectores ilustrados y grupos sociales que aspiran a un país mejor organizado, con menos desigualdades y de mayor decencia política y respeto por los electores.- 

Concentrada la configuración partidista; 20 de 27 partidos sin personalidad jurídica

La Ley de Partidos del 2018 y una mayor bipolarización en las elecciones presidenciales del 5 de julio arrojan una drástica reducción de los partidos reconocidos y los dos más antiguos, PRD y PRSC, quedan como minoritarios

                                                   Por Juan Bolívar Díaz

   Las recientes elecciones generales producen una reconfiguración del partidarismo político, dejando apenas 7 partidos con personería jurídica, si se aplica el promedio en los tres niveles de votación, lo que implica que 20 perderían la personería jurídica y su derecho a la participación electoral, y 22 si fuere solo por el presidencial.

   El Partido Revolucionario Moderno (PRM), a 6 años de constituido,  emerge como mayor fuerza política, mientras los dos que dominaron el escenario de la segunda mitad del siglo pasado caen a la categoría de minoritarios, lo que implica que verán reducido drásticamente el subsidio estatal.                                                 

Debacle de los minoritarios

   Las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio arrojan una reconfiguración del partidarismo político nacional sin precedente, por la acentuación de la bipolarización del voto, pero más aún por la Ley de Partidos Políticos, 33-18 de agosto del 2018, que endureció las condiciones para mantener la vigencia de las organizaciones políticas. Su artículo 75 establece una nueva y primera causal de pérdida de la personería jurídica de los partidos, el no obtener por lo menos 1% de los votos válidos emitidos en la última elección nacional. La segunda causa es no alcanzar representación congresual o municipal. Antes de esa ley bastaba con ganar un regidor o director municipal para mantener la personería. Ahora son las dos condiciones a la vez.

   El cómputo final de los comicios de julio 5 indica que 20 de los 27 partidos participantes no alcanzaron el 1% en el promedio de votación de los niveles presidencial, senatorial y de diputados. Si se aplica sólo por el resultado presidencial serían 22 los excluidos, y sólo quedarían reconocidos el PRM, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el nuevo Fuerza del Pueblo, que postuló a Leonel Fernández,  el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC), que alcanzaron más del 1% tanto en el presidencial como en el promedio de las tres boletas. Alianza País (Al País) y Dominicanos por el Cambio, (DxC) quedaron en 0.96 y 0.77% en la boleta presidencial, pero en las otras dos lograron suficientes votos para promediar en las tres 1.37 y 1.05%, respectivamente. 

   Resalta que 12 partidos no alcanzaron siquiera el 0.50% del voto presidencial, y la mitad de esos ni siquiera llegó al 0.25. En el piso quedaron el Partido Demócrata Popular, con 0.10% y sólo con 0.8% son tres, los partidos Demócrata Institucional, Revolucionario Independiente, y el Nacional de Voluntad Ciudadana.

Una ley muy excluyente

   Los que pierden la personería jurídica ahora confrontan más dificultades para recuperarla, porque la nueva ley en su artículo 15.6 establece que para ser reconocido un partido tiene que presentar el aval del 2% de  los votos válidos emitidos en la última elección general, duplicando la proporción que se requería anteriormente. Como los votos válidos a nivel presidencial fueron 4 millones 103 mil, el 2% serían 82 mil  ciudadanos, cuando 12 partidos no alcanzaron ni 20 mil votos en julio, y 6 por debajo de 10 mil.

   La ley es tan severa que ahora se daría la contradicción de que 6 partidos que obtuvieron representación en la Cámara de Diputados, gracias a sus alianzas, y otro que consiguió un senador, el Bloque Institucional Social Demócrata, perderían la personería jurídica al no registrar el 1% de los votos válidos, ni en el nivel presidencial ni en el promedio de los tres. Los seis son los partidos  Humanista Dominicano, Revolucionario Social Demócrata, Frente Amplio, Popular Cristiano, Liberal Reformista y Cívico Renovador.

   Ya algunos de esos partidos han anunciado su disposición de recurrir ante el Tribunal Constitucional para que haga prevalecer la personería jurídica a todos los que tengan representación en el Congreso Nacional por mandato de los electores. 

La mayor bipolarización entre el PRM y el PLD, por lo menos en relación a las elecciones presidenciales del 2016, es de los factores que reconfiguran el cuadro  partidista. Esos dos totalizaron 81.67% del voto válido, mientras 4 años antes fue 77.04, entonces con participación de 26 partidos.

Se hunden los más viejos

   Es relevante que los dos partidos más antiguos, el PRD, desde 1939 con 81 años, y el PRSC, desde 1964, con 56, que se disputaron el poder político por décadas, perdieron la categoría de “mayoritarios”, al haber quedado con votación menor al 5% tanto en la presidencial como en el promedio. En la presidencial con 2.38 y 1.60%, y en el promedio de los tres niveles 3.59 y 2.95%, respectivamente.

   Estos dos partidos salen de la franja privilegiada del 80% del subsidio estatal que el artículo 61 de la Ley de Partidos ordena distribuir en partes iguales entre los que hayan obtenido más del 5% de los votos válidos en la última elección general. En el 2016 el PRD consiguió el 5.86 y el PRSC 5.62%. Para este 2020 el subsidio era de 1.610 millones de pesos, y el 80% 1,288 millones que entre 4 daba a 322 millones de pesos. Como el 20%, equivalente a 320 millones de pesos, se distribuía entre 22 partidos, en promedio les tocaba 14 millones 500 mil a cada uno de los “minoritarios”. Es decir que estos recibían 22 veces menos.   

   El PRD cayó abruptamente de una votación presidencial del 42% en el 2012, al 5.86 en 2016, tras la división provocada por la expulsión de  dirigentes como el expresidente Hipólito Mejía, quien acababa de obtener 47% del voto presidencial frente al 51% de Danilo Medina, lo que provocó la partida de muchos otros para constituir el PRM en el 2014. Pactando con el entonces presidente Leonel Fernández, el presidente del PRD, Miguel Vargas, consiguió el apoyo decidido del gobierno y de las cortes que controlaba, para  apropiarse del histórico partido,  pero quedó con una minoría.

 La decadencia del PRSC ha sido progresiva desde la salida del poder  de su caudillo Joaquín Balaguer, en 1996, quien gobernó 12 años consecutivos y después otros 10. Muerto el líder, el reformista ha aparecido como comodín aliándose indistintamente al PLD, al PRD, al PRM y este año al nuevo FP de Fernández. 

El gran salto del PRM

   A sólo 6 años de su constitución, el PRM es el partido que más rápido ha alcanzado la presidencia de la República, al alcanzar el 52.52%, incluyendo el 3.81% aportado por seis aliados, clave para superar la mayoría absoluta necesaria. Con ellos aseguró también la mayoría en ambas cámaras legislativas, y por igual en las elecciones municipales de marzo, con la mayoría de los municipios. Su votación presidencial propia se incrementó en 963 mil 138 votos, del 2016 al 20, al pasar de 1 millón 236,771 a 1 millón 998,407. Porcentualmente pasó de 26.82 a 48.70, para un incremento de 21.88 puntos.  

Por su parte el PLD perdió 17.25 puntos porcentuales, bajando de 50.22 a 32.97% de los votos válidos. Se redujo en 963 mil 138 sufragios, de 2 millones 315 mil 980 a 1 millón 352 mil 842. No sólo perdió la presidencia sino que colapsó en el Senado al caer de 30 a 6 escaños, incluyendo a sus aliados.

Debutando con su nuevo partido Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández alcanzó una votación para la presidencia por debajo de  lo que podía esperarse, víctima de la bipolarización, acentuada por el cansancio de la población y el miedo a una segunda vuelta en medio de la pandemia del Covid-19. Pero con 5.65% en el nivel presidencial y 5.17 en el promedio de los tres, logró quedar junto al PRM y el PLD  entre los “mayoritarios” con derecho a la franja privilegiada del subsidio estatal, vital para su potencial desarrollo. .   

De los partidos minoritarios más antiguos, los que quedaron peor situados en el voto presidencial fueron el PNVC y el PRI, ambos con sólo 0.08, y el PQDC, que obtuvo  0.32%. Otro con 0.08% fue el PDI, mientras la FNP quedaba en 0.20%.   

Reforma electoral integral

   A la luz del proceso electoral 2020, tanto la misión de observación electoral de la OEA, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, han demandado nuevas o reiteradas reformas electorales, que para esta última debe ser integral. Parten de las deficiencias, contradicciones e imprecisiones de las Leyes de Partido y del Régimen Electoral aprobadas en los últimos dos años. 

Una de las deficiencias del sistema de partidos está cifrada en las dificultades para que los emergentes puedan competir en un mercado sin reglas claras o normas que no se cumplen, tendiendo a eternizar la dominación de los establecidos. Se criticaba la desproporción de partidos, 27 reconocidos, la mayoría dependientes de alianzas, pero las nuevas normas van al extremo de la desaparición de tres cuartas partes, aún de varios con representación en el Congreso Nacional, lo que es casi un absurdo.            La realidad es que la configuración partidista pasó del minifundio al latifundio político, y con cerca de alambre de púa para que las nuevas opciones y las antiguas queden descalificadas. Aunque ya se plantean brechas para que al menos los 7 con representación congresual puedan saltar la verja y quedar en el sistema.-         

El informe de la OEA ratifica las criticas al sistema electoral e insiste en reformas

La misión de Observación Electoral de la OEA coincidió con persistentes críticas a las campañas electorales, incluyendo el abuso del poder del Estado, la compra de votos y la inequidad y ratifica la necesidad de reformas para una mayor legitimidad democrática  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio no constituyeron un modelo democrático por los múltiples abusos del Estado y ausencia de reales regulaciones para garantizar la equidad, como se interpreta del informe preliminar de la misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA).

            El documento es el más crítico de las observaciones electorales de la OEA en las elecciones dominicanas de las últimas décadas, pero ha pasado casi desapercibido en medio de las preocupaciones por el coronavirus, aunque merece atención si se quiere mejorar el sistema electoral, incluyendo, las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.     

El abuso del Estado

            El informe recoge muchas de las denuncias que  se formularon durante el recién pasado proceso electoral sobre inequidad y excesos gubernamentales para favorecer las candidaturas del partido oficialista, especialmente las derivadas de las medidas de emergencia y los subsidios sociales originados por el Covid-19, especificando que en la entrega de dádivas y ayudas sociales “pudo comprobar el activismo político de funcionarios públicos desde la figura presidencial hasta los cargos de rango municipal”. También observaron múltiples ejemplos de propaganda y comunicaciones políticas alusivas a los programas sociales de emergencia, por parte de la campaña del partido de gobierno”, y formulan recomendaciones que dejan atrás el lenguaje excesivamente diplomático de otras ocasiones.

            Indica que las medidas de distanciamiento social y toque de queda impuestas por la pandemia impactaron la campaña electoral y que la misión recibió reclamos de distintos actores políticos sobre discriminación en su aplicación. “A lo anterior, se sumó la protesta generalizada por parte de la oposición en torno a las asistencias sociales distribuidas por el gobierno en el marco de la pandemia, que en opinión de muchos actores políticos y sociales fueron instrumentalizadas con fines electorales por el binomio oficialista.

            La MOE/OEA critica también la ocurrencia de amenaza o promesas de empleos como método de campaña electoral, calificándola de atentatoria contra la dignidad de las personas. Reconoce la importancia de que las autoridades públicas atiendan las necesidades de la población ante las devastadoras consecuencias económicas que la pandemia genera en la mayoría de los países, pero “advierte que la institucionalidad democrática demanda una rigurosa separación entre el Estado y las organizaciones políticas, de forma que la ciudadanía pueda tener certeza de que su acceso a servicios públicos y a una red de bienestar no estará condicionado a lealtades partidarias”.

La eterna compra de votos

            Como en anteriores procesos electorales, la misión de la OEA concide con el movimiento cívico Partiipación Ciudadana y otros sectores en la denuncia de la compra de votos y de la propaganda en los recintos electorales en la jornada de votación. Dice que sus observadores “constataron compra de voto en las inmediaciones de los recintos electorales por parte de diversas fuerzas políticas. La Misión reitera de manera enfática que esta ha sido una práctica constante en los procesos electorales dominicanos, que no ha sido suficientemente combatida”. 

Agrega que la compra de votos y cédulas “no solo constituye un delito electoral bajo la legislación dominicana, sino que socava el Artículo 282 inciso 6, Artículo 283 inciso 10 y Artículo 285 inciso 4 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral. el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral”.  insiste en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicar esta práctica, lo que es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, policiales y judiciales, así como de los propios actores políticos y partidarios, y de la ciudadanía en general. 

La compra de votos y cédulas es práctica muy vieja en el sistema electoral. Fue comprobada por la observación de Participación Ciudadana en 30 % de los recintos de votación en las primarias de octubre, con registros menores hasta el 17% en las municipales y en las presidenciales y congresuales de este mes. Esta baja podría atribuirse a una campaña en las redes sociales y por parte de la Junta Central Electoral, aunque para nada ha mediado la policía electoral, ni la fiscalía especializada  para perseguir los delitos electorales. El delito ha sido ejecutado por diversos partidos pero también por candidatos a cargos congresuales y municipales, a veces en perjuicio de propios compañeros para buscar beneficios del voto preferencial por los diputados y ahora también para regidores.       

Sobre legislación electoral

            La MOE/OEA saluda la aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en los dos últimos años, pero indica que los recientes procesos electorales han puesto en evidencia la necesidad de realizar ajustes a la legislación, para suplir vacíos legales y clarificar algunas disposiciones. Insta a las autoridades, actores políticos y sociedad dominicana a no abandonar las tareas de reforma, a fin de continuar perfeccionando el sistema electoral y erradicar prácticas perniciosas que han persistido durante muchos años en el país.

Deploran que la legislación electoral no fue cumplida en aspectos fundamentales, desde el inicio de la campaña electoral antes del período legal, a la transparencia del gasto, que estuvo por completo ausente, indicando que incluso las ayudas sociales de partidos y candidatos deben ser consideradas como gasto de campaña electoral. Sostienen que no hubo una verdadera fiscalización del gasto de los partidos, que no identificaron los contribuyentes como manda la ley, denunciando la desigual disposición del subsidio estatal, concentrado excesivamente en grandes partidos y en los candidatos presidenciales.

Sobre la recién creada Procuraduría Especializada para persecución de los Delitos Electorales, el informe  sostiene que todos los actores entrevistados, incluida la propia fiscal electoral, señalaron que carece de los medios materiales, logísticos y de independencia organizacional para llevar adelante sus funciones.

El documento de la OEA no deja dudas de las limitaciones de las dos nuevas leyes que rigen el sistema electoral, de sus vaguedades  y de su falta de cumplimiento, lo que resalta una vez más la descomposición del sistema político nacional y la recurrencia a desconocer las leyes y normativas. Pocos insistieron en el cumplimiento de reformas que se discutieron durante dos décadas.  

Múltiples recomendaciones

            La MOE/OEA reconoce el esfuerzo de la Junta Central Electoral para organizar cuatro procesos electorales en menos de un año, incluyendo el fallido municipal de febrero, y le acredita algunos avances, pero también formula críticas a la tecnología, a los procesos organizativos y a la preparación del personal operativo de los colegios electorales, con las recomendaciones pertinentes.. 

“Subraya la vital importancia de otorgar estabilidad y previsibilidad al proceso, realizando un ejercicio de planificación rigurosa que contemple márgenes suficientes para emprender las campañas políticas bajo reglas definidas y claras. Preocupó especialmente que elementos fundamentales como el número de delegados acreditables ante cada colegio electoral y las condiciones para la votación de las personas que se encontraban en fila al cierre de la jornada, fueran objeto de controversia días antes de la elección. En cuestiones de democracia e institucionalidad electoral, los cambios de último momento no son buenos”, indica dl informe.

Propone garantizar una distribución más equitativa de la contribución económica estatal entre las organizaciones políticas, tanto entre partidos mayoritarios y minoritarios, como entre candidaturas presidenciales, congresuales y municipales, y entre hombres y mujeres. Hacer cumplir el inicio y término de la campaña electoral, utilizando el régimen de consecuencias establecido en la legislación vigente. Fortalecer la unidad de Control Financiero de la JCE e implementar un sistema de monitoreo de cuñas publicitarias en medios públicos y privados, con capacidad de documentar las tarifas aplicadas para hacer cumplir las disposiciones legales en la materia. 

Proponen una revisión de la legislación electoral “para suplir vacíos y clarificar disposiciones”, mayores esfuerzos para garantizar la participación y representación de las mujeres, indicando que fueron apenas el 12 por ciento de las candidaturas al Senado. 

Así mismo, dotar de mayores recursos al Tribunal Superior Electoral y establecerlo como única competencia para conocer de los conflictos electorales. La recurrencia al Tribunal Superior Administrativo para buscar amparo en materia electoral ha sido recurrente  desde la creación del TSE en la reforma constitucional del 2010, chocando frecuentemente con las facultades de este. 

Para ser tomadas en cuenta

El informe contiene muchas otras recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta, siendo lamentable que la gravedad de la crisis desatada por el Covid-19 no haya permitido que se le otorgue la atención debida. Ello podría determinar que como en otros procesos electorales, lo mismo que las recomendaciones formuladas por la observación electoral nacional de Participación Ciudadana, queden de nuevo en los archivos. Pero deberá ser aliento para cuantos abogan por una firme institucionalidad democrática.

Esta misión de la OEA fue presidida por el expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle y estuvo constituida por 73 expertos de 18 nacionalidades. Por la pandemia sólo 57 estuvieron en el país, y 6 observaron las elecciones en Miami, Nueva York y Madrid. Por cierto que recogieron las quejas por las dificultades para votar en el exterior y la realidad de que muchos no pudieron votar por mo haber aparecido en los padrones.-     

¿Que por qué perdió el PLD?

El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años

Por Juan Bolívar Díaz

Ha sorprendido sobre manera percibir a respetados comentaristas y cientistas sociales expresando sorpresa de que el Partido de l liberación Dominicana (PLD) pudiera perder las elecciones, lo que implica una subestimación horrible de la inteligencia de la ciudadanía, y una sobreestimación del poder coercitivo del Estado y de las migajas que se dejan caer de la mesa de la abundancia y la corrupción.

Hay quienes atribuyen el resultado electoral simplemente a la división del partido convertido en corporación, dominante de casi todo el Estado y de una significativa parte de las entidades privadas y hasta del segmento integrante de la inteligencia nacional. Es obvio que la división contribuyó a la derrota, y que unificado el partido morado hubiera tenido un mejor desempeño, sin duda para provocar una segunda vuelta, pero igual sería vencido.

Desde que Danilo Medina secuestró el PLD, amparado en el poder estatal, para hacer lo que nunca se ha hecho en la nefasta historia del reeleccionismo, dos reformas constitucionales consecutivas para mantenerse en la presidencia, quedó pintado que la sociedad dominicana no lo iba a asimilar y que el PLD se iba del poder. Quedó escrito en nuestros análisis sabatinos de HOY.

Lo diagnosticamos desde que en mayo del 2018 un grupo destacado de profesionales y activistas sociales iniciamos el esfuerzo por unificar la oposición política bajo un programa mínimo que denominamos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, elaborado durante varios meses, sometido a consideración de grupos sociales en decenas de ciudades del país, Nueva York y Miami, hasta su proclamación en noviembre.

Desde enero del 2019 empezó el esfuerzo por convencer a los partidos de oposición de que nadie desplazaría por sí solo al PLD del poder, ni siquiera todos los partidos juntos, sin la incorporación de las amplios segmentos sociales que acababan de mostrar la fatiga nacional del PLD, cuando cientos de miles protagonizaron la Marcha Verde. Que este movimiento que sacudió el régimen en el 2017, estaba en declive a mitad del 2018, porque su gran diversidad le impedía prolongarse indefinidamente, pero sus energías flotaban en el aire.

La estrategia fundamental era capturar esas energías y convertirlas en fuerza electoral, lo que chocaba con los sueños revolucionarios de viejos izquierdistas que pretendieron que podrían trocarla en motor de una revolución. Salimos a buscar sus principales cabezas, tanto en la capital y Santiago como en las principales ciudades. Sólo una parte se incorporó activamente al proyecto político, pero la mayoría lo vio como una posibilidad de cambio.

Ya en febrero del año pasado logramos instalar una mesa de concertación a la que invitamos a todos los partidos de oposición. Desde el primer momento los precandidatos y líderes del PRM se enamoraron de la idea de constituir no sólo una gran alianza política, sino una coalición político-social, que generara sinergias suficientes para producir la avalancha que arrasaría con la vergüenza en que se había constituido el PLD.

Entre los más entusiastas estaba el PRSC, pero luego pidió “una pausa de reflexión” y no volvió. La Coalición quedó constituida con 7 partidos, sin lograr que se sumara Alianza País, aunque sensibilizada para luego acordar alianzas parciales en varias provincias, a lo que también concurrieron los partidos minoritarios que terminarían proclamando la candidatura de Leonel Fernández. Su recién constituida Fuerza del Pueblo participaría de las alianzas locales “para que el PLD no quedara con el control del Senado y frenara los cambios necesarios”.

Todos coincidieron en un protocolo para defender la institucionalidad democrática, firmado tres días antes de las frustradas elecciones municipales de febrero.

Firmados sus ”Lineamientos Básicos” el 23 de noviembre, la “coalición Democrática por el Cambio” impulsó la resistencia activa de toda la oposición a la reforma constitucional de Danilo, y protagonizó una manifestación unitaria ante el altar de la patria el 23 de febrero tras el aparatoso fracaso de la elección municipal. La avalancha siguió creciendo, impulsada por los jóvenes de la Plaza de la Bandera, entre los cuales se contaron los activistas de la Marcha Verde y de la coalición político-social.

El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años, menos la salubridad, ni la energía. Porque se agravaron la inseguridad, la inmigración descontrolada, y sobre todo la corrupción y su descarada impunidad. La avalancha político social lo arrasó.-    

Fortalecida la institucionalidad democrática; fracasó el clientelismo y el abuso del Estado

La voluntad de cambio de la población se impuso sobre los intentos continuistas con la elección de Luis Abinader para presidir la nación y el PRM desplazó al PLD al obtener también mayoría en las cámaras legislativas, como ya había ocurrido en los municipios

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La sociedad dominicana dio pasos al mejoramiento de la institucionalidad democrática y disipó las incertidumbres políticas que dominaban el panorama en medio de la pandemia del coronavirus, al elegir sin impugnaciones Presidente y Vicepresidente de la República y un nuevo Congreso Nacional.

Las profundas insatisfacciones que se venían manifestando en la sociedad pasaron por encima de las políticas clientelares y los abusos del poder del Estado en las campañas electorales, avalando un programa de rescate de las instituciones secuestradas por un partido y de poner límites a la desigualdad, la corrupción desenfrenada y a la impunidad.

No hubo muchas sorpresas

El resultado de las elecciones presidenciales y congresuales del domingo 5 de julio no arrojó mayores sorpresas, pues el triunfo de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se vino configurando desde hace más de dos años y fue advertido en 41 de 47  encuestas publicadas desde enero, varias de las cuales fueron ratificadas en las urnas con escasa diferencia, como se muestra en un cuadro anexo.

Además del Poder Ejecutivo, el PRM se ha quedado con la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, Consiguió 18 de las 32 senadurías y determinó el triunfo de aliados en otras seis. En el voto presidencial obtuvo 52.52%, y se quedó con 11 de las 20 representaciones ante el Parlamento Centroamericano. En el exterior la votación perremeista alcanzó el 71% en la presidencial y le otorgó sus 7 escaños de diputados al Congreso Nacional. 

Ni siquiera fue sorpresa la votación obtenida por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de 37.4%, proporción que no alcanzó en la mayoría de las encuestas, en parte fruto de su división. Aunque si sorprendió que apenas se quedara con 6 senadores,  Mientras el candidato Leonel Fernández conseguía el 8.9% de los votos. Pero de 5 senadores que obtuvo la alianza que lo postuló, 4 son leonelistas y les atribuyen dos de los seis del PLD, por lo que podrían constituir la segunda mayoría senatorial. 

Esta elección marcó la decadencia de los viejos partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano a la categoría de minoritarios, al quedar bien por debajo del 5% necesario para estar en la franja privilegiada del 80% del subsidio público a los partidos, con 2.38 y 1.80%, respectivamente. Quedaron fuera casi todos los senadores, pese a sus barrilitos, incluyendo al cacique oriental Amable Aristy, aunque sobrevivió Félix Bautista en San Juan, gracias a  su enorme capacidad de reparto de lo acumulado en el poder público.

Motores fundamentales

            Tal como se advirtió en esta página durante los últimos años, la sociedad dominicana reflejó en las urnas la fatiga ocasionada por el gobierno partidista de 20 de los últimos 24 años, sin resolver uno solo de los graves problemas nacionales, pero sobre todo por su infinita corrupción y exhibida impunidad. El escándalo Odebrecht marcó la ruptura definitiva cuando cientos de miles de ciudadanos protagonizaron la Marcha Verde en los años 2017-18, recibiendo la impunidad como única respuesta.

            Desde la sociedad civil surgió en el 2018 la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional que se propuso rentabilizar electoralmente la rebelión de la Marcha Verde, e incorporó a muchos de sus más conocidos activistas, elaborando unos lineamientos programáticos básicos que posteriormente llevó a los partidos de oposición, generando una sinergia que se expresó en la Coalición que lleva al poder al binomio Luis Abinader-Raquel Peña. En la estrategia se acordaron candidaturas comunes locales con los partidos nucleados en torno al expresidente Leonel Fernández, cuando el PRM y aliados ni siquiera tenían suficientes candidatos en capacidad de competir por las senadurías con los oficialistas Un cuadro anexo muestra cómo esos partidos se beneficiaron de la avalancha de votos desatada por la coalición que encabezó el PRM.    

            Las elecciones municipales celebradas en marzo mostraron el cambio en el panorama político. Su previo fracaso en febrero determinó que inmensas masas de jóvenes ocuparon las plazas públicas y su protesta se extendió por todo el mundo  donde quiera que se mueve la diáspora dominicana.           

Danilo: el gran perdedor

            Varios protagonistas políticos de las últimas décadas pueden quedar fuera como efecto de las elecciones del domingo, incluyendo a los responsables del descalabro del PRD y el PRSC, al quedar con ínfimo financiamiento público, y posiblemente al expresidente Leonel Fernández, que consiguió una votación de un solo dígito, con un partido constituido a la carrera, que ni siquiera tuvo tiempo de personalizar la alianza que hizo con otros 5 partidos tras su salida del PLD que había llevado  al poder ilimitado, por las traumáticas elecciones primarias para escoger candidatos en octubre.

            Pero nadie fue más derrotado que el presidente Danilo Medina, que pasó su segundo período gubernamental luchando por lo imposible. Primero por imponer el padrón electoral cerrado para la elección de candidatos de todos los partidos, que llegó a aprobar su Senado, pero obligado luego a limitar a la libre decisión, pero manteniéndolo en el PLD para alejar la posibilidad de que sus bases se decantaran por el líder que les permitió disfrutar del poder durante tres periodos. 

            Medina fracasó después en el intento de reformar la Constitución por segunda vez consecutiva para buscar otra reelección y tuvo que resignar sus aspiraciones. Pero entonces se descantó por imponer, con toda la fuerza del gobierno, a un candidato presidencial sin arraigo en el partido ni experiencia política, dejando plantados a varios que él mismo había estimulado a competir desde más de un año atrás. Hubo que votar hasta la medianoche para que Gonzalo Castillo pudiera superar a Leonel y convertirse en candidato presidencial. 

Dejó dividido y desarticulado el PLD, pero el 20 de octubre proclamó que él ganaría las elecciones, sin ser candidato, y para las municipales afirmó que su resultado sería adelanto de lo que ocurriría en la presidencial, en lo que también fallaría. Y cuando apareció la pandemia del Covid-19 Medina dedicó todo su empeño a capitalizarla para posicionar su candidato. En tres programas de asistencia urgente incluyeron 2 millones 566 mil personas, que más 700 mil empleados estatales totalizan 3 millones 266 mil, 47% del padrón electoral restándolo los 595 mil residentes en el exterior, no sujetos al clientelismo. 

Subestimaron el PRM

            Bajo la proclama de que el poder lo puede todo y no se cede, y en base a políticas clientelares, los peledeístas creyeron que reinarían para siempre, sin medir la temperatura del cuerpo social dominicano. Pero además subestimaron al PRM, que al debutar en las urnas hace 4 años, compitiendo con todo el Estado, alcanzó 35% de la votación. Ese partido se organizó en tres años, elaboró un padrón nacional, rejuveneció sus cuadros directivos, en una convención nacional en perfecto orden. Luego abrió unas primarias y eligió candidato a Luis Abinader, quien de inmediato fue respaldado por su competidor Hipólito Mejía.

            Abinader también fue subestimado y ninguneado, pero el economista y empresario mostró frialdad y templanza para hilvanar una amplia coalición político social y recoger los sedimentos de la insatisfacción general. Sistemáticamente fue presentando sus propuestas,  acogió los Lineamientos Básicos para un gobierno de Regeneración Nacional salidos de núcleos sociales y auspició su propio programa de gobierno. Su discurso fue progresivamente firme y logró impactar con su promesa de cambios.

            La coalición que encabeza el PRM también postuló a múltiples dirigentes sociales y tocó puertas para desatar una avalancha que no se detuvo ni siquiera al no poder realizar movilizaciones durante los últimos 4 meses de la campaña electoral. Una inmensa legión de comentaristas pagados por el Estado martilló inútilmente tratando de contener lo que estaba pintado para los auténticos analistas.   

Reconfiguración política

            De estas elecciones surge una reconfiguración política que demandará reformas electorales de fondo para hacer más equitativa la competencia electoral y permitir mayor representación de las minorías y limitar la vieja tendencia a la excesiva concentración del poder. 

            De 26 partidos participantes en estas elecciones, apenas cinco tendrían asegurado el mantenimiento de su personería jurídica, por el endurecimiento de sus condicionamientos impuestos en la Ley de Partidos aprobada en el 2018. Antes bastaba que un partido sacara siquiera un regidor municipal para que mantuviera su reconocimiento legal. La nueva ley impuso que también es necesario alcanzar un mínimo del uno por ciento de la votación.

            Hasta ahora sólo cinco partidos lo tienen garantizado: sin alianzas el PRM obtuvo 48.7%, el PLD 32.9, Fuerza del Pueblo 5.6, el PRD consiguió el 2.3 y el PRSC apenas 1.8%. Alianza País que postuló a Guillermo Moreno para presidente, se quedó en 0.96%. Otro partido, Patria para Todos, reconocido por la JCE en víspera de las elecciones, no pudo participar por lo que deberá mantener su personería jurídica.- 

Abinader se encamina a la Presidencia, mientras Danilo busca reanimar al PLD

Por Juan Bolívar Díaz

            El economista Luis Abinader se encamina a la Presidencia de la República según 17 de 20 encuestas publicadas en lo que va de junio, incluyendo las cuatro más acreditadas, y en 36 de 41 desde enero, en más de la mitad se proyecta ganador en primer vuelta, mientras Gonzalo Castillo y Leonel Fernández corren en segundo y tercer lugar.

            Mientras tanto el presidente Danilo Medina trata de reanimar a su desarticulado Partido de la Liberación Dominicana, afirmando que van a ganar las elecciones, con tanto énfasis que genera incertidumbres, pero parecería conformarse con alcanzar la mayoría de los 32 senadores para mantener capacidad de negociación en el próximo período gubernamental.

Encuestas más acreditadas

            La candidatura de Luis Abinader a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pareció consolidarse definitivamente esta semana al aparecer como ganador en primera vuelta en tres de las cuatro encuestas más acreditadas del mercado electoral y muy próximo en la cuarta,  y en todas con ventajas de dos dígitos si fuese necesaria una segunda ronda.

            La mayor ventaja la registró Abinader en la Greenberg para el Diario Libre, el miércoles, donde alcanzó 56%  casi duplicando a Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) , que obtuvo 29% de las preferencias, mientras el expresidente Leonel Fernández, del nuevo partido La Fuerza del Pueblo apareció en tercer lugar con 12%. Guillermo Moreno de Alianza País, marcó 1%. En segunda vuelta el balance sería 63 a 35% con 28 puntos de ventaja para Abinader frente a Gonzalo. 

El lunes la Gallup-HOY había registrado 54% para Abinader, 36 a Gonzalo, 9 para Leonel y 1 a Moreno, provocando hasta acusaciones de conspiración por voceros gubernamentales que incluyeron al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

            El jueves fue el turno de la encuesta  Mark Penn/Stagwell, con auspicios del noticiario SIN, donde Abinader quedó en 47%, Gonzalo 35 y Leonel 10%, pero aún con un 5% de indecisos, lo que permitió a la encuestadora indicar la posibilidad de triunfo en primera vuelta. Fue relevante que el candidato perremeista avanzó 8 puntos y se colocó con 12 por encima del peledeista en poco menos de un mes, ya que el 27 de mayo otra investigación de la misma firma arrojó un  empate técnico, 39 a 37% entre los dos primeros. En segunda vuelta el balance de mayo fue 46 a 42, pero ahora  marcó 54 a 40 a favor de Abinader.

Encuestas como nunca

            Esas tres encuestas son consideradas las más independientes, por ser auspiciadas por medios informativos y la Gallup y Merck Penn además por cuatro décadas en el mercado casi siempre con mucho acierto. Una cuarta, la del Centro Económico del Cibao ha ganado crédito en los últimos años, aunque trabaja  para el candidato presidencial del PRM. No obstante registró notables aciertos en las encuestas más difíciles, por municipio, antes de las elecciones del 15 de marzo. Su última encuesta, el jueves, arrojó 55% para Abinader, 33 a Gonzalo y 10 a Leonel. El promedio de esas cuatro encuestas es de 53% para Abinader, y 33 para Gonzalo, diferencia de 20 puntos. Las encuestas no abarcan el 8% de los votantes en el exterior del país, donde la Greenberg avaló que la oposición llevaría mayor ventaja. 

            En este proceso electoral ha habido una cantidad de encuestas sin precedentes en el país. Sólo en el mes de junio, hasta la mañana de ayer viernes, en vísperas del límite para publicarlas, 8 días antes de las elecciones, se habían publicado 20 investigaciones por parte de 22 firmas diferentes, Luis Abinader apareció ganador en 17, en 12 de ellas con más del 50%. Gonzalo Castillo ganaba en tres, por 45 a 42% en Politic Research, 44 a 40 en Sigma Dos, y 43 a 39 en Polimetrics.

            Los cientistas sociales Cándido Mercedes y Darwin Torres habían recopilado 45 encuestas realizadas por 23 firmas o empresas diferentes desde enero hasta medio día de ayer. Sólo en seis ha quedado Gonzalo en primer lugar, las tres ya señaladas en junio, otra de Polimetrics 40 a 39 en mayo, y dos de CID Latinoamericana en el mismo mes. Pero la tercera y última de esta firma, esta semana, dejaba a Gonzalo un punto por debajo de Abinader, 43 a 44, respectivamente. Con todo fue publicitada en páginas enteras por los oficialistas, lo que evidencia su esfuerzo en presentar su candidato en competencia con el primero.

Abinader ya no es sorpresa    

            La posibilidad de Luis abinader Corona, 53 años, de convertirse en el próximo presidente de la República se viene configurando desde que en el 2016 alcanzó 35% en su primera postulación, con un PRM que tenía solo un año, y compitiendo con la reelección de Danilo Medina que involucró a todo el Estado en la campaña. Desde el 2017 las encuestas lo presentaron encabezado la valoración entre los políticos y compitiendo en para el 2020.

            Fue impulsado por la eficiencia del PRM en confeccionar un padrón de miembros que le permitió una renovación de sus dirigentes a nivel nacional en el 2018, con presidente y secretaria general jóvenes,  y luego realizó una elección primaria sin conflictos, de la que el principal competidor de Abinader, el expresidente Hipólito Mejía salió inmediatamente a respaldar al ganador y se incorporó a su campaña. Desde fines del año pasado el PRM registra mayores preferencias que el PLD 

            Por otro lado, le ha ayudado la división del partido gobernante después de consumirse en desgarradora lucha interna durante los últimos tres años, pero también el desgaste que sufren los partidos cuando pasan varios períodos en el gobierno, y el PLD lleva cinco de 6, incluyendo los últimos cuatro. 

            Luis Abinader ha logrado encarnar el sentimiento de cambio que manifiesta la ciudadanía desde hace varios años, hasta en 75% en la encuesta Gallup de febrero, preferido por el 58% de los jóvenes de 18 a 34 años y por el 57% de los hombres, según la Gallup-HOY de esta semana. Ha sido impulsado por la persistencia de los graves problemas nacionales de educación y salud de calidad, deterioro de la seguridad social y ciudadana, caos del tráfico vehicular, desorden inmigratorio, desigualdad, déficits y enorme endeudamiento para cubrirlos, y especialmente por los altos niveles de corrupción e impunidad. La Marcha Verde que movilizó cientos de miles de personas entre 2018 y 19 fue un aviso que los gobernantes no respondieron al ocultar los mayores responsables de la corrupción Odebrecht

Danilo se lanza a reanimar el PLD

            Tras los golpes consecutivos de las encuestas más acreditadas, Danilo Medina reunió antier al Comité Central de su partido y pronunció un discurso en tono airado, sosteniendo enfáticamente que ganará las elecciones, lo que de inmediato acentuó las incertidumbres que rodean los certámenes electorales en el país cuando se tambalea un partido de gobierno de larga duración. Y se anunció  que se lanzará a las calles, pero ya no le queda tiempo para eso, pues la campaña electoral concluye el jueves, hasta la víspera con toque de queda nocturno.

            El discurso de Medina procura reanimar a un PLD desarticulado, con muchos de sus altos dirigentes inactivos, disgustados porque “el presidente de la República impuso un improvisado candidato presidencial”, dejando en la pista a los que él mismo había incentivado a correr. Ahora exhorta a defender los votos hasta con la propia vida. Se le zafó el decir que “por lo menos el control del Senado debemos repetir”.

            La reunión fue patética, pues ni siquiera contó con la presencia del candidato presidencial, y fue el orador central, igual que el 21 de octubre, tras las primarias donde el apoyo de todo el gobierno impuso la candidatura de Gonzalo Castillo. Aquella vez dijo que le había sustituido por acuerdo del Comité Político “para protegerlo”. Y allí anunció que él ganaría las elecciones, no el candidato. Hay quienes creen que ya se confortaría con quedarse con el control del Senado para mantener un margen de negociación con el nuevo régimen. Pero en cualquier caso, falta ver la proporción de los electores que concurrirá a las urnas en medio del coronavirus. Las encuestas dicen que  66 y hasta sobre el 70%, que es el promedio en los comicios presidenciales de la “etapa democrática dominicana”. Queda por superar el aferramiento al poder que suele desatar demonios, sobre todo en una cultura que ignora la ley de la gravedad, porque quienes suben se resisten a bajar.-

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     Cuatro encuestas acreditadas publicadas esta semana (%)

Abinader   Gonzalo    Diferencia

Gallup- Hoy                54                36             18 puntos

Greenberg D-L           56                29            27 puntos

Mark Penn                  47                35            12 puntos

CEC                            55                33             22 puntos

Promedios:                53                33             20 puntos

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Recopilación  y elaboración de JBD

Tres encuestas de junio en que gana Gonzalo (%)

Encuestadora        Gonzalo  Abinader   Leonel      

Sigma Dos             44             40                10                        

Polimetrics             43            39                 10            

Politic Research     45            41                   9            

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