Si no manipulan las estadísticas, hay retroceso frente al Covid-19

Declaraciones del Ministro de Salud Pública aumentan la percepción de que están manipulando las estadísticas relativas al Covid-19 en el país, con fines electorales, tras una semana que registra un incremento del 69% en el promedio diario de fallecidos

Por Juan Bolívar Díaz

La suspensión el miércoles del inicio de la tercera fase de la reactivación al cumplirse tres meses del inicio de la emergencia nacional por el coronavirus, no pareció suficientemente fundamentada pero sí contradictoria con los anuncios de inicio de vuelos internacionales y operaciones turísticas para el primero de julio, despertando temores de manipulación política.

La suspensión se produjo en medio de la peor semana, desde mediados de abril, en la expansión de la pandemia, elevando la tasa de fallecimientos promedio de 5.9 a 10 por día, aunque los contaminados se mantuvieron con un ligero descuento, con una reducción del promedio diario de 365 a 357. El 12 de abril marca el récord de fallecimientos con 38.

Congelada la fase tres

El Gobierno sorprendió la noche del martes 16, cuando el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo anunció la suspensión del inicio de la tercera fase de la reactivación nacional aduciendo que entre la primera y la segunda se había producido un fuerte retroceso con un aumento significativo de los contagios, que habían pasado de unos 350 hasta 500 diarios. Señaló un aumento en la ocupación de las camas en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo.

La información produjo impacto, temiéndose un retroceso, más aún cuando los funcionarios lo atribuyeron a que la población le había perdido el miedo al Covid-19. Dejó en suspenso la autorización a las empresas que tienen hasta 50 empleados para reanudación total, y las que superan los 50 que iban a elevar la empleomanía  hasta el 75%. Los servicios religiosos serían en la terera fase hasta tres semanales.

El acontecimiento fue percibido como un fuerte tropiezo en momentos en que se anunciaba el reinicio de operaciones en los aeropuertos de Punta Cana y Punta Caucedo, y que el sector turístico presentaba al gobierno un protocolo para iniciar la reactivación de ese sector fundamental de la economía nacional.

Sin suficiente fundamento

Sin embargo, la revisión de las estadísticas contenidas en los boletines diarios del Ministerio de Salud Pública no arroja suficiente fundamento, o deja como precipitada, la suspensión de la fase tres, sobre todo cuando en los días siguientes el Gobierno no ha implementado ningún cambio significativo en la prevención, más allá del anuncio de que “apretará” en la exigencia del uso de mascarillas, guardado de distancia y lavado de manos, lo que se recomienda desde el inicio de la emergencia. No ha pasado de amenaza el que sancionarán a quienes no lleven mascarillas, temiéndose que será más difícil lo de guardar distancia, cuando se ha seguido permitiendo cinco y seis personas en los carros de transporte, las aglomeraciones en los mercados y paradas de autobuses y en los repartos de los programas sociales.

Cuando se hizo un análisis de los primeros 59 boletines, comparado con los resultados de los 29 siguientes, hasta el número 88, que incluía los primeros 26 días de la reanudación, fases 1 y 2, se pudo establecer que sólo el promedio de contaminados por día había aumentado significativamente, pasando de 208 a 365, no a 500 como dijo Montalvo, y  en gran medida porque las pruebas realizadas se incrementaron más de 100%, de 903 a 1,917 en promedio diario. Con  una tasa de positividad de 18.2, se registraban 185 contaminados más por día. Tampoco había saturación de los hospitales, porque el miércoles el director del Sistema Nacional de Salud situó la ocupación en 48%,  y un boletín del Ministerio de Salud marcaba 51%. Los enfermos en cuidados intensivos se mantenían exactamente en  la misma cantidad, 145.

Entre los dos períodos, la proporción de fallecimientos diarios se había reducido de 7.3 a 5.9, la tasa de letalidad, o proporción de fallecidos en relación a los contaminados, había bajado de 3.5 a 2.6, y el promedio de recuperados subió de 47 a 60% de los contaminados, mientras la positividad de las pruebas realizadas había descendido de 20.8 a 18.2%.

Se disparan las alarmas

Hubo una razón para que en esta semana se dispararan las alarmas: los fallecimientos por el Covid-19 se incrementaron 70% en el promedio diario, que pasó de 5.9 a 10 en la semana del sábado 13 hasta ayer viernes 19, inclusive. Aunque ese incremento no ha elevado todavía la tasa de letalidad que sigue en 2.6%.

 Una declaración el miércoles del Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, contribuyó a fortalecer las versiones que circulan hace semanas de que el Gobierno manipula las estadísticas en función del interés político. Por ejemplo que el domingo 17 de mayo, cuando el presidente Medina iba a cantar victoria sobre el Covid-19, el boletín oficial de ese día no registró ni un fallecido. Pero en los días que se buscaba mantener las medidas de excepción que limitan la campaña electoral, sobre todo de la oposición, se dispararon las cifras. Ya en otro discurso, el 17 de abril, el mandatario había sostenido que se estaba alcanzando la meseta o aplanamiento de la línea ascendente de los contagios, lo que ahora indicaría un fracaso.

Al responder una pregunta en su diaria rueda de prensa, el ministro Sánchez dijo que clínicas y hospitales tardan en reportar las incidencias. “No es posible que los reportes se estén tardando, uno, dos y tres meses, en reportes de casos que sean obligatorios, incluyendo las defunciones” y prometió medidas drásticas. Ayer viernes el funcionario se retractó, aduciendo que “esencialmente lo que estamos hablando es de otras enfermedades”. Enredado en sus propias palabras añadió que “hay centros privados y clínicas que  están tardando uno o dos días, y hay algunos casos excesivos que han alcanzado un mes”.

Temores de manipulación

La pretendida rectificación del ministro contribuyo al escepticismo sobre el manejo de las estadísticas, porque los retrasos, aunque sólo algunos sean de un mes, impiden ver con certeza cuándo se produjo el contagio o el fallecimiento, pudiendo alterar los de una semana o mes, hacia arriba o hacia abajo. También facilitan la discrecionalidad de determinar, en función de la conveniencia, cuándo se publica una información llegada con mucho retraso  

Otro factor contribuyente a los temores de manipulación es que en las últimas dos semanas aparecen en los boletines unas “Notas Técnicas” que antes no se incluían y que sugieren un cambio de metodología. La segunda de esas notas indica que “una defunción confirmada o probable” se notifica en plazo de 72 horas. La tercera habla de “total de casos positivos o probables de Covid-19”  y la última se refiere a “casos positivos o probables de Covid-19 pendientes de verificación territorial”. Probable y pendiente de verificación parecen elementos subjetivos

Semanas atrás se cuestionaban los boletines porque no incluían fallecidos sospechosos del coronavirus, si no se le había hecho la prueba, en una primera etapa en que  ni siquiera había suficientes insumos para hacerlas. Aunque todavía esta semana el Ministro de Salud se quejó de que el Laboratorio Nacional no puede procesar todas las pruebas necesarias porque los insumos  se le suministran “a chorritos”.

Desincentivo a la votación

La difusión de una campaña visual en las redes sociales con el logo de la Presidencia de la República ha fortalecido la convicción de los opositores de que estaría en marcha una campaña para intimidar s los electores. Es grotesco que en una se utilice una carabela y en otra una tumba para advertir que “el Covid mata”. Esa línea gráfica llamó la atención de los expertos en comunicación y fue exhibida repetidas veces por televisión y cuestionada en las redes.

 Se cree que la alarma difundida procuraría provocar abstención, sobre todo en las clases medias que son más celosos de su seguridad y salud, donde se aprecia el mayor porcentaje de insatisfacción con el gobierno. Esos sectores son también más difícil de acarrear a las urnas por dádivas, presiones o engaños.

Para las elecciones municipales del 15 de marzo, cuando la mitad de la población no concurrió a las urnas, se criticó que el Gobierno anunciara  el aislamiento del país, con el cierre total de puertos y aeropuertos a causa del coronavirus, a las 7 de la noche de la víspera, a 11 horas del inicio del sufragio, cuando no se perdía mucho con esperar que concluyera. Se cree que eso contribuyó a la baja votación,  que en la provincia de Santo Domingo no alcanzó el 40%, y apenas esa cifra en el Distrito Nacional, Santiago y otros grandes centros urbanos, mientras en las provincias de la pobreza, y en las más alejadas, votaban hasta sobre el 70%.

Temiendo que el temor reduzca la votación, los partidos opositores han iniciado una campaña tendente a convencer a los electores de que si ya hacen vida casi normal, incluyendo filas en los mercados, bancos y establecimientos de todo tipo, pueden ir a depositar su voto tomando las medidas precautorias de lugar para legitimar el próximo gobierno. La Coalición Democrática por la Regeneración Nacional entregó una comunicación esta semana a la Junta Central Electoral insistiendo en mayores previsiones para incentivar el voto dentro de la pandemia, como extensión del horario en dos horas, franja inicial para los mayores de edad, eliminación del entintado de dedo y prueba de temperatura para los operarios de los colegios electorales y los delegados políticos.-         

                                                 Boletín 59       Boletín 88      Boletínes  86 al 92

                                                           16 de mayo           15 de junio     19 de junio                 

Contaminados por día                 208                     365               357

Promedio de pruebas                  903                     1,917           1,735

Positividad de pruebas (%)        20.8                      18.2            18.83

Recuperados (%)                           47                         60                58

Fallecimientos                               428                        605          647

Promedio diario fallecidos           7.3                       5.9   10.0

Tasa de letalidad                             3.5                         2.6                 2.6

En cuidados intensivos                 145                        145              167

Elaboración de JBD en base a Los boletines del Ministerio de Salud Pública         

Bajo protestas y ante la marcha opositora, el gobierno admite crisis y busca negociar

Al sexto día del sabotaje a las elecciones municipales, con el crecimiento exponencial de las protestas y el anuncio de una marcha de todos los partidos opositores, el gobierno pareció admitir la crisis y dispuso suspender su ofensiva judicial y planteó tregua

                                               Por Juan Bolívar Díaz

El crecimiento exponencial de las protestas por lo que se entiende como sabotaje de las elecciones municipales el pasado domingo, y la convocatoria para mañana de una marcha  de los 14 partidos de oposición y grupos sociales parece haber convencido al gobierno de que el país afronta una fuerte crisis política e institucional y a disponerse a buscar solución.

El presidente Danilo Medina dispuso ayer suspender la “pantomima de investigación” de su Ministerio Público que implicaba a un escolta del candidato presidencial opositor Luis Abinader, mientras la Junta Central Electoral (JCE) suspendía a su director de informática y la embajada de Estados Unidos informaba que espera elecciones libres, justas y transparentes.

Múltiples acontecimientos

Al caer la semana y en la sexta jornada tras lo que ha parecido como sabotaje a las elecciones municipales, el gobierno pareció ayer admitir que el país afronta una seria crisis político-institucional y se abrió a una negociación con la oposición, disponiendo de inmediato la suspensión de la “investigación” que llevaba a cabo la Procuraduría General de la República, incluyendo torturas, enfocada en inculpar del colapso electoral al coronel Antonio Guzmán Peralta, escolta del candidato presidencial de 7 partidos, Luis Abinader, y al técnico de telecomunicaciones Manuel Regalado, libertados de inmediato. Mientras el Comité de Derechos Humanos declaraba que ambos han sido utilizados como “chivos expiatorios” para tapar a los autores y responsables del intento de fraude electoral”.

Por otro lado el pleno de la JCE solicitó ayer el apoyo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para conformar un equipo de técnicos que puedan auditar los equipos del Sistema de Voto Automatizado que se utilizaría en las elecciones municipales, dando “respuesta a la  ciudadanía que demanda, legítimamente, una explicación de lo acontecido”, y anunció la suspensión de su  director de informática, Miguel Ángel García, hasta que se realice la investigación internacional para establecer las causas que impidieron el voto automático y determinaron la suspensión de los comicios municipales.

Al mismo tiempo el consejero de asuntos públicos de la embajada de Estados Unidos, Chase Beamer, informó que “Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos electorales en la República Dominicana” y reiteró su “apoyo a los procesos electorales, con elecciones libres, justas y transparentes”.

Y Participación Ciudadana acusó al Procurador Jean Alain Rodríguez de intento de desplazar gran parte de los fiscales para garantizar control e impunidad desde  el Ministerio Público.

Como si no pasara nada

La crisis electoral empezó a trascender la noche del sábado por denuncias de la oposición de que estaban manipulando las computadoras a utilizarse en las elecciones del día 16 y estallaría temprano del domingo cuando fue generalizado que las boletas electrónicas aparecían incompletas. Luego se informó que los técnicos de la JCE supieron del problema desde el mediodía sabatino, y por eso concurrieron a los centros de votación tratando, inútilmente, de corregir la anomalía, sin haber informado a los delegados de los partidos ni a los asesores y observadores.

La JCE repitió el error al reconvocar las elecciones, ahora para el 15 de marzo, sin previa consulta con los partidos, que desde el domingo se acusaban unos a otros. El PLD y aliados dijeron en comunicado que lo ocurrido había sido “un sabotaje” y culpaban a “diferentes sectores de la oposición”. Los partidos opositores culpaban a los oficialistas del colapso del sistema automatizado “para evitar una aplastante derrota”.

Con la convocatoria a nuevos comicios y un discurso del presidente Danilo Medina en la jornada del lunes, llamando a la moderación y la prudencia, con discreto pedido de investigación, tanto la JCE como el gobierno actuaban “como si no pasara nada”, y el partido de gobierno guardaba silencio,  aunque toda la oposición los responsabilizaba del colapso sin precedente y se generalizaba la percepción de una grave crisis.

El miércoles la JCE celebró una maratónica audiencia con los delegados técnicos de los partidos y el jueves se informó que se dispuso otorgar otros 1,506 millones de pesos a los partidos para “compensar sus gastos perdidos” y ayer en la mañana el candidato oficialista,  Gonzalo Castillo, reanudaba la publicación de páginas de promoción en los diarios y propaganda en los medios electrónicos, en violación de la ley electoral que la prohíbe hasta que se proclame el inicio de la campaña presidencial, lo que ha hecho por meses sin intervención de la abrumada JCE.

“Justicia o esto se va a jodé”

De repente apareció un actor inesperado, cuando grupos de jóvenes sin militancia partidista y miembros del partido Alianza País comenzaron a concurrir a la Plaza de la Bandera, frente a la JCE a demandar explicaciones sobre por qué les impidieron ejercer su derecho al voto. El lunes aparecieron apenas dos o trescientos, que se multiplicarían exponencialmente cada noche, hasta sumar de 8 a 10 mil el jueves. Pero las convocatorias se reproducían y en Santiago también se hicieron diarias y masivas.

 Las protestas se extenderían por otras ciudades grandes como Puerto plata, La Vega, San Cristóbal y hasta en pequeñas como Villa Altagracia y Verón, y en el exterior a Nueva York, París, Londres, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Zurich y Florida. Por todas partes se incorporaban artistas  y comunicadores que llenaban las redes con afiches y expresiones artísticas. El poeta callejero Rosado montó una canción en el escenario de la Plaza de la Bandera, con fuertes expresiones de apoyo incluyendo un estribillo de “justicia o esto se va a jodé”, que se reproducía por todas las redes y en periódicos digitales.

La rapidísima condena de la JCE y del gobierno a las bombas lacrimógenas lanzadas contra los jóvenes de la plaza la noche del martes, no impidió la multiplicación de las protestas y la indignación que desde entonces dominan las redes sociales, mientras los analistas vinculan el estallido con los protagonismos de los jóvenes en las crisis de los últimos años en Egipto, Grecia, España, Nueva York y Chile. La característica común es que los protagonistas iniciales han sido jóvenes de las clases medias sin militancia partidista.

El gobierno se preocupa

El estallido de las protestas comenzó a preocupar al gobierno desde el miércoles, cuando ministros acudieron a los medios de comunicación y a entidades empresariales expresando disposición a respaldar la investigación internacional que desde el comienzo reclamaba la oposición y los manifestantes. Desde ese día se generalizó la convicción de que hay una crisis político institucional, después que fuera admitida por el presidente de la JCE, quien concedió que tenía su credibilidad en suspenso, pidió excusa a la población, y llegó a proclamar que “la Junta tiene que nacer de nuevo”.

El anuncio de los 14 partidos de la oposición, respaldados por grupos sociales, de una “Gran Marcha por la Democracia” para mañana domingo por la avenida 27 de febrero, hasta la plaza de la Bandera, facilitaría que el gobierno aceptara una mediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada para promover algún acuerdo. Los partidos adelantaron que en su manifestación presentarán demandas de garantías para elecciones libres con equidad y sin irrupción del Estado, tanto en marzo como en las presidenciales y congresuales de mayo.

En la mañana de ayer el presidente del CONEP, Pedro Brache, hacía contactos con líderes de oposición, con una propuesta de tregua hasta que se realice la investigación por parte de la OEA o de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), como demandaba la oposición, que había pedido la permanencia en el país de personal de esas instituciones hasta las elecciones presidenciales.

La proclama opositora               

Dirigentes de los 14 partidos opositores, que incluyen las dos coaliciones que postulan a Luis Abinader y a Leonel Fernández, de 7 y 6 partidos respectivamente, y Alianza País que sustenta la candidatura de Guillermo Moreno, establecían las demandas que formularán al gobierno y a la coalición que postula a Gonzalo Castillo, las cuales serán proclamadas en la marcha de mañana, cuando les llegó información sobre la disposición del gobierno