Falta un gran empuje social para afianzar las instituciones y garantizar estabilidad

La precaria cultura democrática no es patrimonio exclusivo de los políticos dominicanos y alcanza al liderazgo de las organizaciones empresariales, sindicales, sociales, y eclesiásticas que se asocian al poder político para buscar o preservar privilegios    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En amplios estamentos sociales se descalifica a los partidos políticos, como si fueran los únicos responsables del atraso institucional dominicano, cuando la responsabilidad es compartida por gran parte del liderazgo social que se asocia al poder político en búsqueda de privilegios o para preservarlos. 

            Es obvio que el partidarismo político carga un enorme y justificado descrédito, pero no se quedan muy lejos las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales, que tendrían que desatar un gran empuje para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.    

Gobierno lanzaría desafío

            Compelido por la triple crisis de salubridad  económica y social, y atendiendo al compromiso de cambios postulado en su campaña electoral, el presidente Luis Abinader estaría preparando un gran desafío a la sociedad dominicana con un conjunto de reformas administrativas, estructurales y legales que mejoren la calidad del gasto, fortalezcan la institucionalidad democrática y preserven la estabilidad político-social en el próximo 2021 que se pinta crucial por las consecuencias del coronavirus.

Son muchos los que creen que el gobierno debería extender el próximo año todos los programas de asistencia a los que han perdido el empleo o lo tienen suspendido, que en principio no se contemplaban en el proyecto de presupuesto del 2021, mientras los planificadores tratan de reducir gastos para poder mantener los programas “Fase” “Quédate en casa” y Pa-ti”, al menos en el primer trimestre. Lo que desde el principio se contempla es el incremento del programa “Comer es Primero”, que pasaría de 811 mil a un millón de familias beneficiarias, duplicando el monto mensual para cada una de 830 a mil 600 pesos. 

Fuentes de crédito aseguran que se busca reducir  gastos no esenciales por unos 50 mil millones de pesos, implicando programas de gastos de todos los ministerios, de los poderes públicos, incluyendo el Congreso, y la reducción al 50% de la asignación a los partidos, equivalente a $630 millones, lo que estaría siendo resistido en la comisión bicameral que analiza el proyecto de presupuesto 2021.

El presidente Abinader contempla apelar a la comprensión y el sacrificio de todos los sectores, comenzando por las dependencias del Gobierno Central donde se impondría un plan de absoluta austeridad, con controles y sanciones a quienes lo desconozcan. También tocaría a los organismos autónomos y descentralizados, incluyendo a los que tienen proporciones fijas del presupuesto.

Los números no mienten

Los planificadores del Gobierno tendrán que hacer mayor esfuerzo para que la población pueda digerir la  magnitud de la crisis fiscal, arrastrada por una década y multiplicada este año por el Covid-19, cuando  el financiamiento pasará de 8 mil 300 millones de dólares. A agosto había alcanzado 300 mil millones de pesos y desde entonces a diciembre se calculan otros 185 mil millones de pesos. La deuda consolidada del Estado estaría ya sobre el 60 % del PIB. 

El proyecto de presupuesto 2021 prevé ingresos por $746 mil millones y los gastos por $706 mil, de los cuales casi un tercio, el 31.9, se irán en pago de deuda pública, 19.2% para educación, 9.4 para administración, 9.2 para protección social y 7.2 para salud. Ahí se va el 76.9%, y el restante 23.1 para energía, justicia, orden público, seguridad, protección ambiental y otros servicios. 

La rigidez del presupuesto es mayor cuando se verifica que hay 23 leyes que establecen porcentajes del presupuesto para entidades autónomas y descentralizadas del Estado, que en realidad nunca se cumplen por completo, pero las instancias de más poder defienden cada peso resistiendo reconocer la gravedad de la crisis fiscal. En virtud de las mismas se irá en el 2021 el 6.7% del PIB o el 37% del gasto, que alanzaría al 62% si se cumplieran al pie de la letra.

Una cultura dura de roer 

Urge al Gobierno convencer a los sectores políticos y a su propia base de funcionarios sobre la necesidad de extremar el ahorro para afrontar la crisis y preservar la estabilidad fiscal y social, pues se enfrenta a una cultura política dura de modificar, donde muchos de los que recién llegan a los cargos públicos, al igual que los legisladores, y los funcionarios de3 los organismos autónomos y descentralizados, no muestran disposición a ceder parte de sus beneficios. Por el contrario hay quienes buscan ampliarlos y extenderlos a sus familiares y relacionados.

El aprovechamiento de lo público, la malversación y la concepción del Estado como botín de ganadores de elecciones, constituyen una cultura política vista como normal en amplios estamentos de la sociedad. Pero cada vez es mayor la proporción poblacional que muestra fatiga ante esas prácticas, coronadas por inmensa corrupción, especialmente en las nuevas generaciones y en las clases medias, como se evidenció en la Marcha Verde entre 2017-18 y en las plazas de las grandes ciudades en la primera mitad de este año.

Pero en estos segmentos crece un sentimiento de rechazo a la política y los políticos que puede convertirse en negativa y tiene que ser vencida con decisiones firmes y gran coherencia. Es lo que trata de mostrar el presidente Abinader que desde su juramentación encamina esfuerzos para controlar y sancionar la corrupción y para reducir el dispendio y mejorar la calidad del gasto público.

No son sólo los políticos

            Las inmensas legiones de los insatisfechos con la forma en que se ha administrado el país tienen que mantener un activismo crítico pero también propositivo, realista, estimulando y aferrándose a los esfuerzos de cambios que parten del ámbito gubernamental o congresual, asumiendo que los problemas no son sólo responsabilidad de los políticos, que de ser así hace tiempo que habrían sido relevados. 

            Las investigaciones sociales diagnostican el gran descrédito de los partidos, de los poderes públicos, legisladores, de la justicia, la policía y, militares y hay razones para eso, pues son a quienes la población elige para encargarle la cosa pública, pero ellos no hubiesen llegado tan lejos si no contaran con la complicidad y la participación de los demás actores sociales, especialmente de los empresarios, sindicalistas, eclesiásticos, intelectuales, académicos, comunicadores. Estos y sus organizaciones se acomodan a los gobernantes para reclamar participación directa o indirecta en el reparto del Estado y en la corrupción y para buscar compensaciones y favores, defender exenciones y evasiones impositivas. La asociación comienza en las campañas electorales cuando se adscriben al “rentismo”, financiando políticos como inversión.

Hasta líderes religiosos  

            La institucionalidad democrática y la transparencia superan con mucho el ámbito partidista y se interna en la sociedad. Las organizaciones empresariales, profesionales, sindicales, sociales y religiosas reproducen los vicios de la política, porque sus estructuras no suelen ser democráticas ni participativas, sus líderes se anquilosan y se aferran a los puestos. En todos esos segmentos se cuentan divisiones, hasta en el Country Club, o el Club Naco, en los colegios profesionales y las centrales sindicales. 

            Ni hablar de las iglesias, en cuyas bases hay una inmensidad de personas dedicadas a servir a la sociedad, incluso a los más necesitados, pero sus jerarquías se confunden con los poderes públicos y empresariales. En el liderazgo religioso no se advierte una militancia con los cambios profundos que requiere la sociedad dominicana. Aunque están prestos a encabezar movilizaciones para que se mantenga absoluta penalización del aborto aún si mediara una violación o esté en peligro la vida de una mujer.    

            Con el Covid-19 cientos de miles de personas quedan sin empleo y se demuestra la vulnerabilidad social dominicana, con indicadores de que sin cambios profundos el país se encamina a la insostenibilidad financiera y a la inestabilidad social. Para evitarlo se requiere no sólo la voluntad política, sino de todo el liderazgo nacional. Pendientes están dos de los tres pactos fundamentales planteados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en enero cumple 8 años: el eléctrico para hacer eficiente  ese servicio y economizar un subsidio que en una década consumió miles de millones de dólares, y el fiscal para controlar el dispendio público, reducir exenciones privadas y la extrema desigualdad, y elevar la contribución de los más pudientes.

            A todo el liderazgo nacional tendría que apelar el presidente Abinader, quien pretende erigirse en un refundador del Estado, planteado en su programa de gobierno, con pasos firmes  en sus primeros tres meses, con el Ministerio Público, la transparencia y rendición de cuentas, la prevención de la corrupción, eliminación de botellas y malversaciones, y con la elección de una Junta Central Electoral con personalidades independientes.- 

El PRM desafiado a superar la arritmia histórica de los proyectos democráticos

La gestión de los proyectos liberales democráticos ha constituido un fracaso desde la fundación de la República, que fueron efímeros y abonaron la anarquía  o sucumbieron a la tentación autoritaria, al presidencialismo caudillista y al continuismo en el poder 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La experiencia histórica presenta un desafío al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en su primera experiencia de gobierno de desarrollar una gestión democrática que comience en sus propias estructuras y su capacidad para renovar su dirigencia y pasa por una relación constructiva entre los poderes del Estado.

            La historia política dominicana registra un fracaso de los proyectos más democráticos y liberales, comenzando por el de los fundadores de la República, permitiendo que predominara la anarquía o prolongados gobiernos conservadores, tanto que 8 presidentes han gobernado el 69% de los años de independencia.

Las advertencias al PRM 

Aunque todavía los  motivos son poco significativos, ya se han formulado advertencias al PRM para que no repita la constante histórica de los liberales de fracasar en su autogestión para dar paso al autoritarismo o a la anarquía y permitir el predominio de los regímenes autoritarios que no han auspiciado la fortaleza institucional de la nación. Fue relevante que sectores perremeístas insistieran en pretender llevar a la Junta Central Electoral al vocero del expresidente Hipólito Mejía desafiando el reiterado compromiso del presidente Luis Abinader de no auspiciar dirigentes políticos en los organismos estatales de control.

Menos significativo, pero se han dado manifestaciones de dirigentes locales pretendiendo que los nuevos gobernantes se inclinen ante la concepción del Estado como botín partidista, lo que también ha sido rechazado por Abinader, quien se propone convertirse en cimentador de la institucionalización democrática. Lo prometió y consagró en documentos a lo largo de su exitosa campaña electoral, y entiende  que eso contribuyó a la avalancha de votos que este año catapulto su partido en los cuatro niveles de elección.

El presidente Abinader ha conformado un gabinete equilibrado con profesionales y empresarios sin tradición partidista, pero predominan los dirigentes perremeistas en ministerios claves como el de la Presidencia, Economía y Planificación, Obras Públicas, Educación, Energía y Minas, Turismo, Medio Ambiente y otros, y son tantos en cargos medios que el PRM tendrá que afrontar el problema que debilitó al PLD, cuando toda su dirección pasó al gobierno, para terminar empeñados en la búsqueda de beneficios políticos o personales, olvidándose de los compromisos con la sociedad. Los gobiernos exitosos son los que generan algún nivel de coordinación y separación entre las funciones gubernativas y la labor del partido, como el PRI mexicano, lo que contribuyó al más largo período de gobierno en la etapa universal de construcción democrática. 

Autoritarismo y anarquía

            En la historia de la RD los proyectos más liberales y democráticos han fracasado reiteradas veces, desde el origen mismo de la República, por las divisiones internas o la incapacidad para afianzar proyectos, dando oportunidad al predominio de los que nunca han creído en las capacidades del pueblo dominicano para generar instituciones sólidas y desarrollarse sin proteccionismo extranjero. 

            Lo más relevante es que RD ha contado más de un centenar de presidentes, sobre todo en sus primera mitad, cuando hubo un promedio de uno por año, porque muchos duraron apenas meses y semanas, en constante anarquía, para aterrizar en caudillos redentoristas que devenían en dictadores y tiranos, que se prolongaban en el poder o volvían una y otra vez, desde  el primero, Pedro Santana. Pero sólo 8 de ellos gobernaron el país por más de dos tercios de su historia, descontando los 11 años de eclipse de la independencia, por la reanexión a España y las dos ocupaciones norteamericanas.

El régimen más prolongado ha sido la tiranía de Trujillo, de 31 años, la dictadura de Balaguer por 22, Ulises Hereaux por 14 años, una década dictador,  Santana 10, Buenaventura Báez sumó 9, Horacio Vásquez 7 y más recientemente Leonel Fernández se inscribió con 12 años y Danilo Medina con 8. Se dividieron y no predominaron los trinitarios fundadores ni luego los restauradores de la República. Algunos como Vásquez, Leonel y Danilo comenzaron enarbolando los valores democráticos y concluyeron renegándolos y secuestrando la institucionalidad democrática, como precio para prolongarse en el poder. En ese empeño Vásquez creó las condiciones para el advenimiento de la más prolongada tiranía de la historia nacional, desde 1930 al 1961, dejando una impronta que décadas después todavía lastra zonas del alma nacional. 

Juan Bosch y F. Espaillat

            Como ejemplo del fracaso de los liberales dominicanos se citan los efímeros gobiernos de Ulises Francisco Espaillat, en 1876 y el de Juan Bosch, nueve décadas después en 1963, señalados como los más grandes civilistas, teóricos de la democracia social, e incorruptibles que han alcanzado el poder en RD. El primero, auspiciado por el líder restaurador Gregorio Luperón, apenas duró 6 meses, preso de la anarquía que devastó el país en esas décadas. 

Juan Bosch fue derribado a los 7 meses, por el golpe de Estado de septiembre de 1963 que tuvo la desgracia de reunir a políticos derechistas y hasta teóricos izquierdistas, como Juan isidro Jiménes Grullón, al alto empresariado y a la jerarquía eclesiástica, graduados en los privilegios e incapaces de entender un discurso propulsor de libertades, institucionalidad democrática y equidad, aunque no hubiese pasado del texto constitucional y algunas disposiciones. 

Pero el caso de Bosch es relevante por cuanto él mismo agregó ingredientes que facilitaron su desplazamiento. No logró entenderse ni siquiera con su propio partido, el PRD, donde muchos dirigentes no atinaron a entender el proceso histórico que vivían, y llegó al extremo de disponer que cerraran sus locales o los destinaran a escuelas. Se peleó también con sectores sindicales y sociales cercanos a sus planteamientos y quedó tan solo que al día siguiente de su derrocamiento apenas unas decenas de jóvenes acudieron a protestar ante el Altar de la Patria.     

El triste historial del PRD

            Si algo muestra el infortunio de los liberales democráticos dominicanos es el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la más prolongada organización política nacional, que cuenta 81 años desde su fundación en Cuba en 1939 por los más prominentes exiliados de la tiranía trujillista. Durante décadas enfrentó las dictaduras de Trujillo y Balaguer, una invasión norteamericana, un golpe de estado a su primer ejercicio gubernamental y sobrevivió promoviendo normativas democráticas, durante cuatro gobiernos pero ninguno por más de 4 años, y sólo dos consecutivos, pero tan contradictorios como de dos partidos diferentes.

            Al PRD se le cuentan una decena de divisiones, dando origen a otros seis partidos, de los cuales los últimos, el PLD y el PRM, han alcanzado el poder y protagonizado el antagonismo político en los últimos años. Los tres dirigentes que lo trajeron al país en 1961, tras el ajusticiamiento de Trujillo, Angel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se distanciaron apenas meses después y los últimos dos con nuevos partidos.

            El primer gobierno perredeísta que completó su período, el de Antonio Guzmán, cumplió la misión de abrir la más prolongada etapa de construcción democrática y se le acredita por  ello, tras un legado autoritario que acumuló demandas sociales y económicas que apenas pudo afrontar. La gestión fue excesivamente personalizada en el mandatario que desde el primer momento selló que se trataba de “mi gobierno” y con un gabinete casi por completo extraño al PRD,  y tratando de evadir compromisos, incluyendo el histórico de no reelección, se distanció del partido y especialmente de su último gran líder José F. Peña Gómez. La prisa por el relevo interno, encarnado en Salvador Jorge Blanco, contribuyó al trágico final de la vida de Guzmán, pero también qu éste no se preparó para aceptar la alternabilidad que pregonaba el historial partidista.

Los otros dos gobiernos perredeístas, de Jorge Blanco e Hipólito Mejía también sucumbieron en parte por la división y la incapacidad para gestionar la democracia interna. El primero no pretendió la prolongación, pero fue víctima de la terrible “década perdida” de América Latina y las imposiciones fondomonetaristas que acarrearon un alto costo político. El de Hipólito Mejía sucumbió ante la crisis bancaria y se internó en otra división, por la ambición continuista que llegó a la modificación constitucional oportunista. Lo que siguió fueron dos divisiones, que originaron el PRSD y el PRM, reduciendo al viejo PRD a la insignificancia.

Lecciones que deja el PLD 

            Entre los desafíos que tiene el PRM y su gobierno, está interpretar correctamente el historial del PLD, para entender por qué fue desplazada la inmensa maquinaria de poder levantada por Leonel Fernández en 12 años de gobierno y perfeccionada en los últimos 8 por Danilo Medina. Ellos fueron herederos del legado de Bosch, quien abandonó su histórico PRD en 1973 para crear un partido de cuadros a su imagen y semejanza y promover la liberación nacional.

            Ambos gobernantes comenzaron reclamando el legado boschista pero terminaron hundiéndolo en el estiércol de la corrupción, la impunidad, el secuestro de las instituciones democráticas, la compra de conciencia, el clientelismo y le negación de  rendición de cuentas, que ni siquiera permitían preguntas de los periodistas. Se distanciaron tanto de la población que perdieron la brújula y se dividieron por  el poder ilimitado y eterno, sin dar paso a la menor renovación, secuestrando hasta el propio partido.            El PRM fue beneficiario de la hartura de la sociedad dominicana con los engaños que repiten la misma historia, expresada sobradamente en la Marcha Verde y en las plazas y cacerolazos. Ese sentimiento está vivo y deberá ser respetado y honrado, a no ser que los perremeistas se quieran conformar con un ejercicio gubernamental limitado a 4 años, como sus antecesores perredeístas y a repetir la historia de fracasos de los proyectos democráticos.-  

Hay que rescatar la ley de salarios públicos, aprobada en 2013, para reordenar el Estado

La Ley 105-13 fue ignorada por el presidente Danilo Medina, el mismo que la promulgó en agosto del 2013, tras más de dos décadas de ponderaciones, con financiamiento  internacional, manteniendo una enorme inequidad y desorden salarial en el Estado  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Uno de los desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, que pretende un reordenamiento del Estado, es el de rescatar la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público, promulgada hace 7 años, pero que data de la década de 1991 cuando se aprobó la Ley 14-01 de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Durante más de dos décadas, primero desde la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP)  y luego por el Ministerio de Administración Pública (MAP) se ponderó y consensuó la ley para regular los salarios públicos, dejada de lado por el mismo presidente que la promulgó, quien archivó sl proyecto de reglamento que le entregaron en el 2014.

Para reordenar el Estado

            El objeto consignado en la Ley 105-13 es establecer el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano”. Es redundante en dejar claro que es para “todos los funcionarios y empleados del Estado y las entidades que lo conforman”, como reza su artículo 2, y el siguiente enumera primero los tres poderes clásicos del Estado, los entes y órganos constituidos con régimen propio, organismos autónomos y descentralizados, financieros y no financieros, de la seguridad social, los ayuntamientos y hasta las empresas públicas.

            La ley dispone, en su artículo 4, un sistema remunerativo para los servidores públicos integrado por un conjunto de principios, políticas y procesos para las prestaciones laborales, enumerando equidad, jerarquía, equilibrio, con un salario base y sólo el 13 navideño, y plantea la escala reglamentaria, revisable cada dos años. 

            Pero su mayor virtud, como también contradicción, es su capítulo VI, con 8 artículos, que comienzan con principios de incompatibilidad y conflictos de intereses y prohibiciones de carácter ético, que aunque muchas ya están en la Ley de Función Pública, son sistemáticamente ignorados y violados abiertamente. 

            Lo más relevante es que prohíbe los pagos adicionales por cumplimiento de los objetos de las funciones, por participar en juntas o comisiones, los aumentos salariales aislados, la asignación de tarjetas de crédito, exceptuando los presidentes de los poderes del Estado, limita el pago de gastos de representación y combustibles al 15% de los salarios, exclusivamente para los más altos funcionarios. Por demás, se prohíbe violar las escalas salariales, y el artículo 12 consigna un tope máximo inicial de $450 mil para el presidente y $400 mil para vicepresidente y los presidentes de los otros poderes del Estado.       

Data de 1991 y del 2008

            Desde el comienzo de la década de los noventa se discute en el país la necesidad de una legislación para promover salarios justos y equitativos que dignifiquen el servicio público e incentiven su eficiencia. Por eso en la Ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de 1991, se instituyó la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), “que elaborará y desarrollará un sistema uniforme y equitativo de remuneraciones” para los empleados estatales, como se lee en sus artículos 14 y15.

Especialmente a partir del primer gobierno del PLD y Leonel Fernández 1996-00), se impulsa el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, y el Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública, que con la ONAP daría los primeros pasos para materializar la carrera administrativa instituida al final del régimen de Balaguer. Fruto de muchas inversiones, mayoritariamente de la entonces Comisión Europea y luego Unión Europea, del BID y la USAID y del gobierno nacional se promovió un gran debate con consultas a expertos internacionales. Todavía en el 2010 la Unión Europea aportó al programa $124.5 millones. 

Con altas y bajas siguieron las consultas y tras más de una década se logró aprobar la Ley de Función Pública 41-08, que crea la Secretaría de Estado de la Administración Pública, que la Constitución del 2010 convertiría en Ministerio. En sus artículos 8 y 31 la ley del 2008  encarga “elaborar y actualizar anualmente el  sistema retributivo del personal de la administración pública central y descentralizada” y su reglamentación.

LF la vetó en último día

El MAP, encabezado por Ramón Ventura Camejo, quien dirigió grandes esfuerzos desde la ONAP, prosiguió promoviendo la carrera administrativa y la ley de salarios tropezando con la resistencia de los funcionarios de los organismos descentralizados, que a toda costa querían quedar fuera de cualquier reglamentación que les restringiera los enormes privilegios de que disfrutan en materia salarial, de pensiones, gastos de representación, seguros internacionales, educación de los hijos,  y bonificaciones que en algunos casos alcanzan 15 y 16 salarios anuales, todo un mundo de distancia con el resto de los servidores públicos y desde luego de los empleados privados. 

Esos privilegios, que comenzaron hace décadas por el Banco Central, y el Banco de Reservas, se extendieron a todo el sector financiero estatal, incluyendo las superintendencias, y luego a órganos autónomos como JCE, TSE, Cámara de Cuentas, y alcanzaron altos niveles hasta del Ministerio Público, de algunos ministerios, como el de Hacienda, y hasta de direcciones generales, como Aduanas, Impuesto sobre la Renta y Portuaria.

Pese a todo, la ley fue aprobada por primera vez en el Congreso Nacional al finalizar el tercer período de gobierno de Leonel Fernández quien, contradiciendo  su inicio como  gran promotor de las reformas del Estado, la observó o vetó en su último día como presidente, el 15 de agosto del 2012, tratando de sembrar graciosidades. Se desperdició así el inicio de otro gobierno, momento más propicio para implementar restricciones que los nuevos funcionarios tendrían que aceptar.  

DM se guardó el reglamento

            La incubación de la ley de salarios prosiguió con nuevas consultorías internacionales, seminarios y transacciones hasta ser de nuevo aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Danilo Medina, al agotar su primer año de gobierno, en agosto del 2013. Fue celebrada en el MAP y por lo menos en Teleantillas, donde se le había promovido en paneles y entrevista con cuantos consultores fueron traídos al país con ese objetivo. 

            Ventura Camejo y sus técnicos del MAP se adelantaron al plazo de seis meses que la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público consignó para que se promulgara el reglamento complementario y la primera tarifa salarial, lo que llegó a manos del presidente Medina en enero del 2014 para quedarse allí en una gaveta, repitiendo la constante nacional de pasar años gastando recursos y buscando consensos para aprobar leyes que no se cumplen. Se juntó con la de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada un año antes, en el 2012. 

            Ya para entonces el PLD daba claras demostraciones de fatiga democrática, lo que lo conducía a gobernar mediante otra “normativa” nacional, “la ley de la conveniencia”, y lo que siguió fue el mayor desorden administrativo y salarial, duplicando la nómina pública, la multiplicación de organismos, sobrepuestos, el minifundio del Estado, en el que cada alto ejecutivo era dueño de su parcela y la sembraba de clientes de todos los niveles, para manipular conciencias y prolongarse indefinidamente en el poder.

            Pasaron 7 años desde la promulgación de la ley y de nada sirvieron los discretos recordatorios de los organismos internacionales que la patrocinaron, los ejecutivos del MAP se doblegaron y la opinión pública se fue olvidando de la normativa.

La nueva oportunidad

En las prioridades económicas y sociales, de los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Salarial” de la “Coalición Democrática por el Cambio” que ganó las elecciones de este año, se consigna el cumplimiento de la Ley Salarial del Estado, como la de Estrategia Nacional de Desarrollo. La crisis en que el Coronavirus ha sumido el país hace más perentoria la reorganización del Estado, planteada como fundamental por el presidente Luis Abinader.

            Para poner en vigencia la ley salarial habría que rescatar primero el proyecto de reglamento que quedó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y proceder a elaborar una nueva escala salarial, tomando en cuenta que en lo único que se aplicó la normativa del 2013 fue en ajustar hacia arriba los altos salarios que quedaron por debajo de la tarifa. 

Es de rigor romper la extrema desigualdad en un Estado donde alrededor del 50% de sus servidores tienen sueldos que no alcanzan al valor de la canasta familiar del quintil más pobre, que ya sobrepasa los $14 mil mensuales. El salario mínimo estatal apenas fue elevado hace dos años desde $5 mil a $10 mil. La tabla 12 del anteproyecto de presupuesto para el 2021, indica que el sueldo promedio de los tres poderes del Estado es de $28 mil 850, por debajo del promedio de los cinco quintiles que según el Banco Central está en $32 mil. 

Conviven con salarios y pensiones de cientos de miles de pesos y multiplicidad de privilegios prohibidos en la ley salarial, ya no sólo en organismos autónomos, sino también en el mismo gobierno central. Y las diferencias alcanzan hasta el doble entre lo que ganan funcionarios de idénticas responsabilidades, en un mismo ministerio o frente a otro, como documentó Participación Ciudadana en su estudio “Niveles de Diferencia en los Salarios de la Administración Públñica”. 

Por cierto que la tabla citada cuantifica los asalariados de los tres poderes del Estado y órganos especiales en 581 mil 109, lo que implica que la totalidad estatal ronda los 800 mil si se les suman los ayuntamientos, demás entidades descentralizadas y los pensionados.

La supresión de los privilegios extra salariales y la imposición de límites en todos los organismos del Estado, amparadas en mandatos constitucionales y legales podría constituirse en un crédito importante para el gobierno de Abinader, que deberá irse abriendo ventanas y luego puertas para el pacto fiscal que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, también en espera de rescate.-   

Conviene restablecer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Bastaría con que el Congreso Nacional ratifique la competencia de la Corte, ya contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acogiendo ese requisito de la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional dominicano   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            A la República Dominicana le convendría poner fin a los cuestionamientos internacionales derivados de dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC), pudiendo comenzar por someter al Congreso Nacional la ratificación de la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejada en un limbo ya por seis años. 

            Un segundo paso para recuperar la imagen del país en los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional seria empeñarse en la plena aplicación de la Ley 169-14 que enmendó la desnacionalización producida por la sentencia del TC 169-13 de enorme repercusión universal y que dividió agriamente la sociedad dominicana.

En un limbo jurídico

            Con su sentencia 256-14 de noviembre del 2014 el TC pretendió evadir las responsabilidades que le reclamó parte de la comunidad nacional y la internacional prácticamente a unanimidad, y específicamente la CIDH por haber dejado anulada la nacionalidad que ostentaban decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país (en gran parte haitianos), retroactivamente hasta el 1929, con su sentencia 169-13 del año anterior, pero sólo logró profundizar el descrédito.

            El esfuerzo fue doblemente fallido porque arrojó nuevas condenas de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su similar de las Naciones Unidas, así como de numerosas instituciones que velan por los derechos humanos en el mundo, y también por haber dejado al país en un limbo respecto a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. 

            RD suscribió la Convención el 7 de septiembre de 1977 siendo ratificada mediante la Resolución 739 del Congreso Nacional en diciembre del mismo año, y registrada el 21 de enero de 1978 ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos. La misma Convención instituyó la Corte Interamericana y dejó establecido que para aceptar su jurisdicción no se requería nueva convención, que bastaba la adscripción de un representante de los Estados suscribientes. Por eso el presidente Leonel Fernández aceptó la jurisdicción, como casi todos los países, sin otro protocolo que un escrito del 25 de marzo de 1999.

            A raíz de la desvinculación de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió que esa decisión solo tendría efecto con la denuncia de la Convención sobre Derechos Humanos, lo que no se ha producido, dejando el país en un limbo, pero susceptible de seguir siendo objeto de sentencias de la CIDH.         

Vergüenza internacional      

La segunda sentencia del TC también apeló a la retroactividad para declarar inconstitucional la jurisdicción de la CIDH en la RD sobre la base de que el Congreso Nacional no la había ratificado, aunque lo “descubrió” 15 años después y tras una decena de eventos que la reconocían, incluyendo algunos del mismo tribunal. La generalidad de los constitucionalistas dominicanos la rechazaron. Eduardo Jorge Prats con un artículo que tituló “¡Qué vergüenza!”.  Con similares calificativos se expresaron  otros como Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez Huerta, Flavio Darío Espinal, Carlos Salcedo, Nassef Perdomo y Ariel Gautreaux, y juristas de la categoría de Jorge Subero Isa y Francisco Alvarez Valdez. Las juezas del mismo tribunal Katia Jiménez y Ana Isabel Bonilla, y el juez Hermógenes Acosta, dieron votos disidentes en términos absolutos. 

Se recordó que el Congreso Nacional ratificó la competencia de la CIDH al aprobar la Ley orgánica del TC 137-11, que la reconoce como la máxima instancia en materia de derechos humanos. Para colmo, el mismo TC en sus sentencias 0084-13 y 136-13 también había reconocido “el carácter vinculante de los dictámenes de la CIDH”. Y su presidente, Milton Ray Guevara había firmado, en noviembre del 2012,  un “Acuerdo Marco de Colaboración” con la Corte que dos años después desconocían.

Algunos de los constitucionalistas opinaron que para el país salirse de la Convención, que es la única forma legítima de desconocer la jurisdicción de la CIDH, tendría que mediar una reforma constitucional, ya que el artículo 74.3 de la Constitución proclamada en el 2010, otorga jerarquía constitucional a los tratados y convenciones suscritos por el Estado. Para colmo, la RD logró en el 2006 que la jurista dominicana Rhadys Abréu de Polanco fuera electa como jueza de la CIDH, cargo que ejerció durante 6 años.     

Fácil remedio diplomático

            Ahora que se ha reducido el furor ultranacionalista de la pasada década y que se pone en vigencia una profesionalización de la diplomacia dominicana, empeñada en mejorar el posicionamiento de la República en el ámbito global, sería conveniente restablecer la jurisdicción de la CIDH y salir del limbo, porque al final ese organismo seguirá juzgando casos de violaciones de derechos humanos aunque aquí no la reconozcan, lo que en el ámbito latinoamericano sólo ocurre además con Venezuela, que en estos tiempos no parece la mejor compañía.

            Cualquier legislador o bloque de legisladores, o el Poder Ejecutivo podría tomar la iniciativa con el simple procedimiento de retomar el protocolo enviado por Leonel Fernández en 1999 y someterlo a la ratificación del Congreso Nacional, atendiendo así la única objeción formulada por el TC. Seguro que ello sería celebrado en el ámbito de los organismos internacionales como parte de las rectificaciones que comenzaron con la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad a decenas de miles de afectados por la sentencia 169-13 del TC, que “muy a la dominicana” sostuvo que esta era de aplicación obligatoria, pero “se le buscó la vuelta” para enmendarla.

Poco después de la ley de mayo del 2014, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado de 55 mil personas que podían volver a procurar sus actas de nacimiento. Se estima que sólo 26 mil lo han hecho, y que casi la mitad no han podido, unos porque se habían muerto o marchado del país y muchos porque viven en la extrema pobreza y no han tenido los recursos para gestionar un documento ya de poca utilidad para su condición socio-económica.  

Para salir de la apatridia

            El país  necesita reconciliarse con los organismos multilaterales e instituciones sociales internacionales que velan por los derechos humanos, pero también adoptar políticas efectivas que le permitan salir del estigma de auspiciador de apatridia. No basta con que se niegue, si hay señales tan objetivas como la de los que se acogieron al plan B de  la Ley 169-14, que otorga la ciudadanía por naturalización a los descendientes de extranjeros nacidos en el país, pero que no hicieron, o no se les aceptó oportunamente la declaración de nacimiento. Se da el caso que en una misma familia hijos mayores obtuvieron el registro, pero no así los que llegaron cuando empezó la discriminación, y así unos son ciudadanos dominicanos y otros extranjeros indocumentados. 

            En un rígido plazo de apenas meses, 8 mil 768 personas se acogieron al plan de naturalización, pero seis años después, apenas 750 la han logrado, mediante el decreto 262-20 emitido por el presidente Danilo Medina el 16 de julio pasado, 11 días después que perdió las elecciones presidenciales. El 89 por ciento todavía espera un documento de identidad, porque aquí nacieron y aquí han vivido siempre y no tienen otra nacionalidad ni piensan ni pueden ir a buscarla en ningún otro país. Por eso los consideran apátridas.

            Es posible que muchos de ellos no hayan completado el paquete de requisitos que se les impuso para ser reconocidos, comenzando por los documentos de identidad de sus padres, que en muchos casos no los tenían, desconocidos, o que hace años volvieron a Haití. Una buena proporción son de padre o madre dominicanos. Otros requisitos difíciles de cumplir para muchos son los testigos de su origen o las comadronas que los recibieron, o los certificados de los hospitales, que en muchos casos ni siquiera los registraban. Tampoco les resulta fácil obtener certificados de empleos. Son una proporción tan ínfima de la población que merece la mayor generosidad.

Hay que borrar el estigma  

            El país necesita quitarse de encima el estigma que lo mantiene junto a Myanmar, Costa de Marfil, Letonia y Estonia, a la cabeza de los mayores auspiciadores de apatridia en el mundo. El pasado 30 de septiembre al cumplirse el 66 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a reclamar a RD un esfuerzo por restañar las heridas  de las sentencias del TC.

            Tras reconocer y celebrar los efectos positivos de la Ley 169-14 que habría devuelto la nacionalidad a 26 mil personas, y el decreto de Medina que naturaliza a 750, la Comisión instó al Estado dominicano a “buscar medidas sostenibles, asequibles y duraderas” para la situación de unos 6 mil 400 que no han podido obtener la nacionalidad vía el proceso de naturalización, considerados en situación de apatridia. En el mismo sentido se pronunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

            Desde las sentencias del TC casi todos los años RD es evaluada en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, Humans Rights y otras unen sus esfuerzos a la nacional Dominicanos por Derecho para mantener los cuestionamientos y reclamos de rectificaciones. 

            No basta negarlo y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene suficientes documentos para avalar la necesidad de borrar un estigma que distanció el país hasta de la comunidad de naciones del Caribe, con daños económicos,  y lo dejó en las cuatro esquinas del mundo.-    

Ruidos absurdos en elección de JCE; PRM ratifica que será independiente

La Dirección Ejecutiva del PRM ratificó a unanimidad el compromiso de integrar la Junta Central Electoral con profesionales ajenos a la militancia partidista y que garanticen su independencia como ha reiterado el presidente Luis Abinader  

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            En reunión celebrada el miércoles la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó a unanimidad su compromiso programático de integrar la Junta Central Electoral (JCE) con profesionales ajenos a la militancia partidista y que garanticen la independencia de ese importante órgano estatal.

            Se espera que la ratificación ponga fin a los intentos de desconocer un compromiso programático enarbolado por el presidente Luis Abinader, que comenzó por el Ministerio Público y se extiende a los demás órganos de control del Estado, como la Cámara de Cuentas, Defensoría del Pueblo y las altas cortes.

Un ruido más que absurdo 

            Ha llamado la atención que a escasas cinco semanas del inicio del Gobierno de Luis Abinader y el PRM se desatara un movimiento que ha implicado a dirigentes y legisladores tendientes a desconocer un compromiso programático, sustentado y reiterado recientemente por el mismo mandatario. Se puede apreciar como una imprudencia política que sólo sirve para revivir las pugnas que caracterizaron al Partido Revolucionario Dominicano, de donde proceden muchos de los perredemeistas.

            La circunstancia de que el extitular de la JCE Eddy Olivares, postulado ahora para presidir el organismo, fuera durante los últimos cinco años vocero del expresidente Hipólito Mejía, dio pie para que este fuera vinculado a la acción, por lo que el vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, consideró necesario advertir que “no habrá medición de fuerzas” entre los dos líderes, sino “coherencia y consenso”.

            El anuncio de que Olivares tenía apoyo de muchos diputados del PRM, desató inquietudes y temores a una absurda lucha interna cuando apenas comienza la gestión gubernamental y en medio de las penalidades de la triple crisis sanitaria, económica y social, que enfrenta. Aunque dirigentes de ese partido han sostenido que sólo es un ruido innecesario, porque no hay la mínima posibilidad de reunir apoyo para contradecir el programa de gobierno y la posición del presidente Abinader, quien ha sido reiterativo en que no auspiciará la politización  de ningún órgano de control del Estado.

Desde el 2016, cuando se eligieron los titulares que concluyen su período en noviembre al frente de la JCE, el PRM se comprometió en dos comunicados públicos con la independencia del organismo, y lo postuló en su programa de gobierno y en los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional” que firmó junto a otros 6 partidos y varios grupos sociales. Su presidente José Ignacio Paliza lo reiteró en dos recientes declaraciones.  

No habrá reparto partidista

            Dirigentes y voceros del Partido de la Liberación Dominicana ponderaron a Olivares, favoreciendo un consenso para elegir los titulares de la JCE, lo que en el PRM se interpreta como un gancho de doble filo, primero para demostrar que “no hay tal cambio y todos los partidos son iguales”, y segundo para garantizarse la inclusión de alguno de sus dirigentes.

            En los altos niveles del PRM se le resta importancia a lo que consideran “un simple incidente inoportuno”, como lo definió un ejecutivo al informar que no hubo el menor problema en ratificar la posición de la Dirección Ejecutiva del Partido, mientras trascendió que el presidente Abinader se reunió con los diputados y allí tampoco hubo dificultades.    

            La independencia de los integrantes de la JCE se discute desde hace décadas, cuando Joaquín Balaguer la conformaba con personas de su confianza, y aunque a veces colocó independientes en la presidencia, incluía a dirigentes partidistas que se encargaban de su politización. La junta de 1994, cuando se verificó el más documentado fraude electoral que incluyó alteración del padrón de electores, era presidida por Manuel García Lizardo, pero fue señalado como responsable otro titular, el dirigente reformista Leonardo Matos Berrido

            Esa junta, como la de 1990 cuando también hubo fuertes indicios de fraude electoral, fue integrada mediante la fórmula del reparto, que garantizaba la presidencia y la mayoría al partido gobernante, y se elegían dos por los opositores, que  lo legitimaban considerando que era preferible “tener gente dentro del organismo”. 

Lo pactado tras la crisis

Tras el pacto que zanjó la crisis postelectoral de 1994 se acordó una JCE sin reparto partidista, y por consenso, la que encabezó el doctor César Estrella Sadhalá, y que pudo organizar exitosamente la doble votación del 1996. Le sucedieron luego Juan Sully Bonelly, Manuel Morel Cerda  y  Luis Arias que tampoco eran dirigentes políticos al ser escogidos. Pero en 1998, en medio de una confrontación con el gobierno del PLD en la Liga Municipal y la Cámara de Diputados, la mayoría senatorial del PRD rompió el consenso al escoger unilateralmente a  Morel Cerda, quien nunca había militado en ese partido y era un reputado jurista, cuatro veces presidente de la Asociación Dominicana de Abogados. Hizo nuevo y desde entonces eficiente padrón electoral y sin trauma las elecciones del 1998 y 2000.

La politización partidista de la JCE volvió con la elección de Roberto Rosario quien presidió el organismo entre el 2010 y 2016. Había llegado en el reparto partidista, restaurado en el 2006 y por cuatro años presidió su entonces determinante Cámara Administrativa, donde comenzó a mostrar su eficiencia partidista. Al ser incorporado a la Junta tomó una licencia de su condición de miembro del Comité Central del PLD. 

El debate se ha mantenido, y en el 2016 el gobierno peledeísta accedió a elegir un presidente apartidista, Julio César Castaños Guzmán, y otros dos miembros sin militancia en partidos, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín. Pero mantuvo a Rosario Graciano, también exdirigente del PLD, y a Henry Mejía, proveniente del PRD.        

            La mayoría de las instituciones sociales, encabezadas por Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), han promovido sistemáticamente una JCE integrada por personas sin militancia partidista, para evitar los conflictos de intereses. Es lo mismo que postula la Constitución para los jueces, los miembros de la Junta Monetaria, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En estos casos no se consideran violados sus derechos ciudadanos, como ocurre cuando se plantea en órganos electorales o la Cámara de Cuentas.       

“Mentada sociedad civil”

            Los partidos políticos dominicanos han mantenido una relación de amor y odio con las organizaciones sociales que militan en la promoción de reformas políticas e institucionales y en la defensa de los derechos políticos y sociales. Cuando están en la oposición son amantes, pero desde que llegan al gobierno comienzan a menospreciarla, llamándola “la mentada sociedad civil”, pretendiendo desconocer una categoría universal de la democracia, reconocida en convenciones internacionales y códigos y constituciones nacionales. Ante los organismos de las Naciones Unidas hay más de diez mil instituciones sociales reconocidas.

            Ya en ambientes perremeístas se ha comenzado a evocar la “mentada”, a la que le atribuyen un supuesto interés por quitar sus derechos a los militantes políticos, “que son los que se fajan en las campañas electorales”. El desaparecido líder perredeísta José Francisco Peña Gómez fue el dirigente que más importancia ha dado a la participación social, al extremo que reformistas y peledeístas decían que la sociedad civil era perredeísta. Pero cuando el PRD llegó al poder en el 2000, se comenzó a hablar de la “sociedad civil perfumada”, tratando de descalificar a PC y la Finjus. A sus actividades van los políticos cuando están en la oposición, pero se ausentan desde que llegan al poder. 

            La más combatida ha sido Participación Ciudadana, pero eso no impidió que fuera invitada por el PLD, PRSC, PRD y PRM a observar sus elecciones internas, lo que ocurrió en los tres primeros, entre el 2000 y 2006. Con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, PC mantuvo durante varios años un diplomado de formación de dirigentes políticos por el que pasaron más de 2 mil jóvenes dirigentes de esos partidos.

Buscan el buen gobierno

            Hay innumerables definiciones de la Sociedad Civil, aunque algunos la sintetizan en todas las formas de organización de ciudadanos y ciudadanas, e instituciones y organizaciones conformadas para la promoción social, que no forman parte del Estado, y que no tienen por objeto alcanzar el gobierno, como los partidos políticos. Se trata de organizaciones para promover el buen gobierno, que “la sociedad civil no lucha para gobernar, sino para ser bien gobernada”.

            Es la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, incluyendo el partidarismo político, documentada en innumerables investigaciones y encuestas de todo tipo de instituciones nacionales e internacionales lo que ha dado mayor relieve a la necesidad de organizar agrupaciones sociales.

            Esa “mentada” fue la que movilizó a cientos de miles de personas en las marchas verdes contra la corrupción y la impunidad, entre 2017-18 y la que colmó las plazas públicas en muchas ciudades del país y del exterior. Múltiples analistas han coincidido que esa militancia no partidista fue clave para desplazar este año el dominio del Estado y de la sociedad que había impuesto el PLD. 

          El PRM y en especial su candidato presidencial Luis Abinader, interpretaron ese sentimiento social y pactaron “un verdadero cambio”, que incluyó la despolitización de todos los órganos estatales de control, que es lo que acaban de ratificar en la JCE, sin que implique desconocer los méritos de los dirigentes políticos.-  

Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales

Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos.

Por Juan Bolívar  Díaz

Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.

Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos

Tres informes relegados

El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020.

Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica  medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.

Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían  desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.

Las propuestas de Attalí

De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados.

También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.

Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes.

“Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.

Aumentó la desconfianza

Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.

En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018.  En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.

En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.     

Una gran oportunidad

Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.

Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado.

Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo  autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.     

El triste lamento de Danilo

Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias  con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos.

Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.

Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.

Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.-

Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales

Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos 

                                                Por Juan Bolívar  Díaz

            Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.

            Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos

Tres informes relegados

            El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020. 

Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica  medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.

Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían  desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.

Las propuestas de Attalí

De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados. 

También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.

Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres  opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes. “Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.

Aumentó la desconfianza

            Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.

            En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018.  En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.

            En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.     

Una gran oportunidad

            Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.

            Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado. 

            Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo  autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.      

El triste lamento de Danilo

             Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias  con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos. 

            Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.

            Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.

            Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.- 

El informe de la OEA ratifica las criticas al sistema electoral e insiste en reformas

La misión de Observación Electoral de la OEA coincidió con persistentes críticas a las campañas electorales, incluyendo el abuso del poder del Estado, la compra de votos y la inequidad y ratifica la necesidad de reformas para una mayor legitimidad democrática  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio no constituyeron un modelo democrático por los múltiples abusos del Estado y ausencia de reales regulaciones para garantizar la equidad, como se interpreta del informe preliminar de la misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA).

            El documento es el más crítico de las observaciones electorales de la OEA en las elecciones dominicanas de las últimas décadas, pero ha pasado casi desapercibido en medio de las preocupaciones por el coronavirus, aunque merece atención si se quiere mejorar el sistema electoral, incluyendo, las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.     

El abuso del Estado

            El informe recoge muchas de las denuncias que  se formularon durante el recién pasado proceso electoral sobre inequidad y excesos gubernamentales para favorecer las candidaturas del partido oficialista, especialmente las derivadas de las medidas de emergencia y los subsidios sociales originados por el Covid-19, especificando que en la entrega de dádivas y ayudas sociales “pudo comprobar el activismo político de funcionarios públicos desde la figura presidencial hasta los cargos de rango municipal”. También observaron múltiples ejemplos de propaganda y comunicaciones políticas alusivas a los programas sociales de emergencia, por parte de la campaña del partido de gobierno”, y formulan recomendaciones que dejan atrás el lenguaje excesivamente diplomático de otras ocasiones.

            Indica que las medidas de distanciamiento social y toque de queda impuestas por la pandemia impactaron la campaña electoral y que la misión recibió reclamos de distintos actores políticos sobre discriminación en su aplicación. “A lo anterior, se sumó la protesta generalizada por parte de la oposición en torno a las asistencias sociales distribuidas por el gobierno en el marco de la pandemia, que en opinión de muchos actores políticos y sociales fueron instrumentalizadas con fines electorales por el binomio oficialista.

            La MOE/OEA critica también la ocurrencia de amenaza o promesas de empleos como método de campaña electoral, calificándola de atentatoria contra la dignidad de las personas. Reconoce la importancia de que las autoridades públicas atiendan las necesidades de la población ante las devastadoras consecuencias económicas que la pandemia genera en la mayoría de los países, pero “advierte que la institucionalidad democrática demanda una rigurosa separación entre el Estado y las organizaciones políticas, de forma que la ciudadanía pueda tener certeza de que su acceso a servicios públicos y a una red de bienestar no estará condicionado a lealtades partidarias”.

La eterna compra de votos

            Como en anteriores procesos electorales, la misión de la OEA concide con el movimiento cívico Partiipación Ciudadana y otros sectores en la denuncia de la compra de votos y de la propaganda en los recintos electorales en la jornada de votación. Dice que sus observadores “constataron compra de voto en las inmediaciones de los recintos electorales por parte de diversas fuerzas políticas. La Misión reitera de manera enfática que esta ha sido una práctica constante en los procesos electorales dominicanos, que no ha sido suficientemente combatida”. 

Agrega que la compra de votos y cédulas “no solo constituye un delito electoral bajo la legislación dominicana, sino que socava el Artículo 282 inciso 6, Artículo 283 inciso 10 y Artículo 285 inciso 4 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral. el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral”.  insiste en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicar esta práctica, lo que es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, policiales y judiciales, así como de los propios actores políticos y partidarios, y de la ciudadanía en general. 

La compra de votos y cédulas es práctica muy vieja en el sistema electoral. Fue comprobada por la observación de Participación Ciudadana en 30 % de los recintos de votación en las primarias de octubre, con registros menores hasta el 17% en las municipales y en las presidenciales y congresuales de este mes. Esta baja podría atribuirse a una campaña en las redes sociales y por parte de la Junta Central Electoral, aunque para nada ha mediado la policía electoral, ni la fiscalía especializada  para perseguir los delitos electorales. El delito ha sido ejecutado por diversos partidos pero también por candidatos a cargos congresuales y municipales, a veces en perjuicio de propios compañeros para buscar beneficios del voto preferencial por los diputados y ahora también para regidores.       

Sobre legislación electoral

            La MOE/OEA saluda la aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en los dos últimos años, pero indica que los recientes procesos electorales han puesto en evidencia la necesidad de realizar ajustes a la legislación, para suplir vacíos legales y clarificar algunas disposiciones. Insta a las autoridades, actores políticos y sociedad dominicana a no abandonar las tareas de reforma, a fin de continuar perfeccionando el sistema electoral y erradicar prácticas perniciosas que han persistido durante muchos años en el país.

Deploran que la legislación electoral no fue cumplida en aspectos fundamentales, desde el inicio de la campaña electoral antes del período legal, a la transparencia del gasto, que estuvo por completo ausente, indicando que incluso las ayudas sociales de partidos y candidatos deben ser consideradas como gasto de campaña electoral. Sostienen que no hubo una verdadera fiscalización del gasto de los partidos, que no identificaron los contribuyentes como manda la ley, denunciando la desigual disposición del subsidio estatal, concentrado excesivamente en grandes partidos y en los candidatos presidenciales.

Sobre la recién creada Procuraduría Especializada para persecución de los Delitos Electorales, el informe  sostiene que todos los actores entrevistados, incluida la propia fiscal electoral, señalaron que carece de los medios materiales, logísticos y de independencia organizacional para llevar adelante sus funciones.

El documento de la OEA no deja dudas de las limitaciones de las dos nuevas leyes que rigen el sistema electoral, de sus vaguedades  y de su falta de cumplimiento, lo que resalta una vez más la descomposición del sistema político nacional y la recurrencia a desconocer las leyes y normativas. Pocos insistieron en el cumplimiento de reformas que se discutieron durante dos décadas.  

Múltiples recomendaciones

            La MOE/OEA reconoce el esfuerzo de la Junta Central Electoral para organizar cuatro procesos electorales en menos de un año, incluyendo el fallido municipal de febrero, y le acredita algunos avances, pero también formula críticas a la tecnología, a los procesos organizativos y a la preparación del personal operativo de los colegios electorales, con las recomendaciones pertinentes.. 

“Subraya la vital importancia de otorgar estabilidad y previsibilidad al proceso, realizando un ejercicio de planificación rigurosa que contemple márgenes suficientes para emprender las campañas políticas bajo reglas definidas y claras. Preocupó especialmente que elementos fundamentales como el número de delegados acreditables ante cada colegio electoral y las condiciones para la votación de las personas que se encontraban en fila al cierre de la jornada, fueran objeto de controversia días antes de la elección. En cuestiones de democracia e institucionalidad electoral, los cambios de último momento no son buenos”, indica dl informe.

Propone garantizar una distribución más equitativa de la contribución económica estatal entre las organizaciones políticas, tanto entre partidos mayoritarios y minoritarios, como entre candidaturas presidenciales, congresuales y municipales, y entre hombres y mujeres. Hacer cumplir el inicio y término de la campaña electoral, utilizando el régimen de consecuencias establecido en la legislación vigente. Fortalecer la unidad de Control Financiero de la JCE e implementar un sistema de monitoreo de cuñas publicitarias en medios públicos y privados, con capacidad de documentar las tarifas aplicadas para hacer cumplir las disposiciones legales en la materia. 

Proponen una revisión de la legislación electoral “para suplir vacíos y clarificar disposiciones”, mayores esfuerzos para garantizar la participación y representación de las mujeres, indicando que fueron apenas el 12 por ciento de las candidaturas al Senado. 

Así mismo, dotar de mayores recursos al Tribunal Superior Electoral y establecerlo como única competencia para conocer de los conflictos electorales. La recurrencia al Tribunal Superior Administrativo para buscar amparo en materia electoral ha sido recurrente  desde la creación del TSE en la reforma constitucional del 2010, chocando frecuentemente con las facultades de este. 

Para ser tomadas en cuenta

El informe contiene muchas otras recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta, siendo lamentable que la gravedad de la crisis desatada por el Covid-19 no haya permitido que se le otorgue la atención debida. Ello podría determinar que como en otros procesos electorales, lo mismo que las recomendaciones formuladas por la observación electoral nacional de Participación Ciudadana, queden de nuevo en los archivos. Pero deberá ser aliento para cuantos abogan por una firme institucionalidad democrática.

Esta misión de la OEA fue presidida por el expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle y estuvo constituida por 73 expertos de 18 nacionalidades. Por la pandemia sólo 57 estuvieron en el país, y 6 observaron las elecciones en Miami, Nueva York y Madrid. Por cierto que recogieron las quejas por las dificultades para votar en el exterior y la realidad de que muchos no pudieron votar por mo haber aparecido en los padrones.-     

Fortalecida la institucionalidad democrática; fracasó el clientelismo y el abuso del Estado

La voluntad de cambio de la población se impuso sobre los intentos continuistas con la elección de Luis Abinader para presidir la nación y el PRM desplazó al PLD al obtener también mayoría en las cámaras legislativas, como ya había ocurrido en los municipios

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La sociedad dominicana dio pasos al mejoramiento de la institucionalidad democrática y disipó las incertidumbres políticas que dominaban el panorama en medio de la pandemia del coronavirus, al elegir sin impugnaciones Presidente y Vicepresidente de la República y un nuevo Congreso Nacional.

Las profundas insatisfacciones que se venían manifestando en la sociedad pasaron por encima de las políticas clientelares y los abusos del poder del Estado en las campañas electorales, avalando un programa de rescate de las instituciones secuestradas por un partido y de poner límites a la desigualdad, la corrupción desenfrenada y a la impunidad.

No hubo muchas sorpresas

El resultado de las elecciones presidenciales y congresuales del domingo 5 de julio no arrojó mayores sorpresas, pues el triunfo de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se vino configurando desde hace más de dos años y fue advertido en 41 de 47  encuestas publicadas desde enero, varias de las cuales fueron ratificadas en las urnas con escasa diferencia, como se muestra en un cuadro anexo.

Además del Poder Ejecutivo, el PRM se ha quedado con la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, Consiguió 18 de las 32 senadurías y determinó el triunfo de aliados en otras seis. En el voto presidencial obtuvo 52.52%, y se quedó con 11 de las 20 representaciones ante el Parlamento Centroamericano. En el exterior la votación perremeista alcanzó el 71% en la presidencial y le otorgó sus 7 escaños de diputados al Congreso Nacional. 

Ni siquiera fue sorpresa la votación obtenida por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de 37.4%, proporción que no alcanzó en la mayoría de las encuestas, en parte fruto de su división. Aunque si sorprendió que apenas se quedara con 6 senadores,  Mientras el candidato Leonel Fernández conseguía el 8.9% de los votos. Pero de 5 senadores que obtuvo la alianza que lo postuló, 4 son leonelistas y les atribuyen dos de los seis del PLD, por lo que podrían constituir la segunda mayoría senatorial. 

Esta elección marcó la decadencia de los viejos partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano a la categoría de minoritarios, al quedar bien por debajo del 5% necesario para estar en la franja privilegiada del 80% del subsidio público a los partidos, con 2.38 y 1.80%, respectivamente. Quedaron fuera casi todos los senadores, pese a sus barrilitos, incluyendo al cacique oriental Amable Aristy, aunque sobrevivió Félix Bautista en San Juan, gracias a  su enorme capacidad de reparto de lo acumulado en el poder público.

Motores fundamentales

            Tal como se advirtió en esta página durante los últimos años, la sociedad dominicana reflejó en las urnas la fatiga ocasionada por el gobierno partidista de 20 de los últimos 24 años, sin resolver uno solo de los graves problemas nacionales, pero sobre todo por su infinita corrupción y exhibida impunidad. El escándalo Odebrecht marcó la ruptura definitiva cuando cientos de miles de ciudadanos protagonizaron la Marcha Verde en los años 2017-18, recibiendo la impunidad como única respuesta.

            Desde la sociedad civil surgió en el 2018 la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional que se propuso rentabilizar electoralmente la rebelión de la Marcha Verde, e incorporó a muchos de sus más conocidos activistas, elaborando unos lineamientos programáticos básicos que posteriormente llevó a los partidos de oposición, generando una sinergia que se expresó en la Coalición que lleva al poder al binomio Luis Abinader-Raquel Peña. En la estrategia se acordaron candidaturas comunes locales con los partidos nucleados en torno al expresidente Leonel Fernández, cuando el PRM y aliados ni siquiera tenían suficientes candidatos en capacidad de competir por las senadurías con los oficialistas Un cuadro anexo muestra cómo esos partidos se beneficiaron de la avalancha de votos desatada por la coalición que encabezó el PRM.    

            Las elecciones municipales celebradas en marzo mostraron el cambio en el panorama político. Su previo fracaso en febrero determinó que inmensas masas de jóvenes ocuparon las plazas públicas y su protesta se extendió por todo el mundo  donde quiera que se mueve la diáspora dominicana.           

Danilo: el gran perdedor

            Varios protagonistas políticos de las últimas décadas pueden quedar fuera como efecto de las elecciones del domingo, incluyendo a los responsables del descalabro del PRD y el PRSC, al quedar con ínfimo financiamiento público, y posiblemente al expresidente Leonel Fernández, que consiguió una votación de un solo dígito, con un partido constituido a la carrera, que ni siquiera tuvo tiempo de personalizar la alianza que hizo con otros 5 partidos tras su salida del PLD que había llevado  al poder ilimitado, por las traumáticas elecciones primarias para escoger candidatos en octubre.

            Pero nadie fue más derrotado que el presidente Danilo Medina, que pasó su segundo período gubernamental luchando por lo imposible. Primero por imponer el padrón electoral cerrado para la elección de candidatos de todos los partidos, que llegó a aprobar su Senado, pero obligado luego a limitar a la libre decisión, pero manteniéndolo en el PLD para alejar la posibilidad de que sus bases se decantaran por el líder que les permitió disfrutar del poder durante tres periodos. 

            Medina fracasó después en el intento de reformar la Constitución por segunda vez consecutiva para buscar otra reelección y tuvo que resignar sus aspiraciones. Pero entonces se descantó por imponer, con toda la fuerza del gobierno, a un candidato presidencial sin arraigo en el partido ni experiencia política, dejando plantados a varios que él mismo había estimulado a competir desde más de un año atrás. Hubo que votar hasta la medianoche para que Gonzalo Castillo pudiera superar a Leonel y convertirse en candidato presidencial. 

Dejó dividido y desarticulado el PLD, pero el 20 de octubre proclamó que él ganaría las elecciones, sin ser candidato, y para las municipales afirmó que su resultado sería adelanto de lo que ocurriría en la presidencial, en lo que también fallaría. Y cuando apareció la pandemia del Covid-19 Medina dedicó todo su empeño a capitalizarla para posicionar su candidato. En tres programas de asistencia urgente incluyeron 2 millones 566 mil personas, que más 700 mil empleados estatales totalizan 3 millones 266 mil, 47% del padrón electoral restándolo los 595 mil residentes en el exterior, no sujetos al clientelismo. 

Subestimaron el PRM

            Bajo la proclama de que el poder lo puede todo y no se cede, y en base a políticas clientelares, los peledeístas creyeron que reinarían para siempre, sin medir la temperatura del cuerpo social dominicano. Pero además subestimaron al PRM, que al debutar en las urnas hace 4 años, compitiendo con todo el Estado, alcanzó 35% de la votación. Ese partido se organizó en tres años, elaboró un padrón nacional, rejuveneció sus cuadros directivos, en una convención nacional en perfecto orden. Luego abrió unas primarias y eligió candidato a Luis Abinader, quien de inmediato fue respaldado por su competidor Hipólito Mejía.

            Abinader también fue subestimado y ninguneado, pero el economista y empresario mostró frialdad y templanza para hilvanar una amplia coalición político social y recoger los sedimentos de la insatisfacción general. Sistemáticamente fue presentando sus propuestas,  acogió los Lineamientos Básicos para un gobierno de Regeneración Nacional salidos de núcleos sociales y auspició su propio programa de gobierno. Su discurso fue progresivamente firme y logró impactar con su promesa de cambios.

            La coalición que encabeza el PRM también postuló a múltiples dirigentes sociales y tocó puertas para desatar una avalancha que no se detuvo ni siquiera al no poder realizar movilizaciones durante los últimos 4 meses de la campaña electoral. Una inmensa legión de comentaristas pagados por el Estado martilló inútilmente tratando de contener lo que estaba pintado para los auténticos analistas.   

Reconfiguración política

            De estas elecciones surge una reconfiguración política que demandará reformas electorales de fondo para hacer más equitativa la competencia electoral y permitir mayor representación de las minorías y limitar la vieja tendencia a la excesiva concentración del poder. 

            De 26 partidos participantes en estas elecciones, apenas cinco tendrían asegurado el mantenimiento de su personería jurídica, por el endurecimiento de sus condicionamientos impuestos en la Ley de Partidos aprobada en el 2018. Antes bastaba que un partido sacara siquiera un regidor municipal para que mantuviera su reconocimiento legal. La nueva ley impuso que también es necesario alcanzar un mínimo del uno por ciento de la votación.

            Hasta ahora sólo cinco partidos lo tienen garantizado: sin alianzas el PRM obtuvo 48.7%, el PLD 32.9, Fuerza del Pueblo 5.6, el PRD consiguió el 2.3 y el PRSC apenas 1.8%. Alianza País que postuló a Guillermo Moreno para presidente, se quedó en 0.96%. Otro partido, Patria para Todos, reconocido por la JCE en víspera de las elecciones, no pudo participar por lo que deberá mantener su personería jurídica.- 

Si no manipulan las estadísticas, hay retroceso frente al Covid-19

Declaraciones del Ministro de Salud Pública aumentan la percepción de que están manipulando las estadísticas relativas al Covid-19 en el país, con fines electorales, tras una semana que registra un incremento del 69% en el promedio diario de fallecidos

Por Juan Bolívar Díaz

La suspensión el miércoles del inicio de la tercera fase de la reactivación al cumplirse tres meses del inicio de la emergencia nacional por el coronavirus, no pareció suficientemente fundamentada pero sí contradictoria con los anuncios de inicio de vuelos internacionales y operaciones turísticas para el primero de julio, despertando temores de manipulación política.

La suspensión se produjo en medio de la peor semana, desde mediados de abril, en la expansión de la pandemia, elevando la tasa de fallecimientos promedio de 5.9 a 10 por día, aunque los contaminados se mantuvieron con un ligero descuento, con una reducción del promedio diario de 365 a 357. El 12 de abril marca el récord de fallecimientos con 38.

Congelada la fase tres

El Gobierno sorprendió la noche del martes 16, cuando el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo anunció la suspensión del inicio de la tercera fase de la reactivación nacional aduciendo que entre la primera y la segunda se había producido un fuerte retroceso con un aumento significativo de los contagios, que habían pasado de unos 350 hasta 500 diarios. Señaló un aumento en la ocupación de las camas en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo.

La información produjo impacto, temiéndose un retroceso, más aún cuando los funcionarios lo atribuyeron a que la población le había perdido el miedo al Covid-19. Dejó en suspenso la autorización a las empresas que tienen hasta 50 empleados para reanudación total, y las que superan los 50 que iban a elevar la empleomanía  hasta el 75%. Los servicios religiosos serían en la terera fase hasta tres semanales.

El acontecimiento fue percibido como un fuerte tropiezo en momentos en que se anunciaba el reinicio de operaciones en los aeropuertos de Punta Cana y Punta Caucedo, y que el sector turístico presentaba al gobierno un protocolo para iniciar la reactivación de ese sector fundamental de la economía nacional.

Sin suficiente fundamento

Sin embargo, la revisión de las estadísticas contenidas en los boletines diarios del Ministerio de Salud Pública no arroja suficiente fundamento, o deja como precipitada, la suspensión de la fase tres, sobre todo cuando en los días siguientes el Gobierno no ha implementado ningún cambio significativo en la prevención, más allá del anuncio de que “apretará” en la exigencia del uso de mascarillas, guardado de distancia y lavado de manos, lo que se recomienda desde el inicio de la emergencia. No ha pasado de amenaza el que sancionarán a quienes no lleven mascarillas, temiéndose que será más difícil lo de guardar distancia, cuando se ha seguido permitiendo cinco y seis personas en los carros de transporte, las aglomeraciones en los mercados y paradas de autobuses y en los repartos de los programas sociales.

Cuando se hizo un análisis de los primeros 59 boletines, comparado con los resultados de los 29 siguientes, hasta el número 88, que incluía los primeros 26 días de la reanudación, fases 1 y 2, se pudo establecer que sólo el promedio de contaminados por día había aumentado significativamente, pasando de 208 a 365, no a 500 como dijo Montalvo, y  en gran medida porque las pruebas realizadas se incrementaron más de 100%, de 903 a 1,917 en promedio diario. Con  una tasa de positividad de 18.2, se registraban 185 contaminados más por día. Tampoco había saturación de los hospitales, porque el miércoles el director del Sistema Nacional de Salud situó la ocupación en 48%,  y un boletín del Ministerio de Salud marcaba 51%. Los enfermos en cuidados intensivos se mantenían exactamente en  la misma cantidad, 145.

Entre los dos períodos, la proporción de fallecimientos diarios se había reducido de 7.3 a 5.9, la tasa de letalidad, o proporción de fallecidos en relación a los contaminados, había bajado de 3.5 a 2.6, y el promedio de recuperados subió de 47 a 60% de los contaminados, mientras la positividad de las pruebas realizadas había descendido de 20.8 a 18.2%.

Se disparan las alarmas

Hubo una razón para que en esta semana se dispararan las alarmas: los fallecimientos por el Covid-19 se incrementaron 70% en el promedio diario, que pasó de 5.9 a 10 en la semana del sábado 13 hasta ayer viernes 19, inclusive. Aunque ese incremento no ha elevado todavía la tasa de letalidad que sigue en 2.6%.

 Una declaración el miércoles del Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, contribuyó a fortalecer las versiones que circulan hace semanas de que el Gobierno manipula las estadísticas en función del interés político. Por ejemplo que el domingo 17 de mayo, cuando el presidente Medina iba a cantar victoria sobre el Covid-19, el boletín oficial de ese día no registró ni un fallecido. Pero en los días que se buscaba mantener las medidas de excepción que limitan la campaña electoral, sobre todo de la oposición, se dispararon las cifras. Ya en otro discurso, el 17 de abril, el mandatario había sostenido que se estaba alcanzando la meseta o aplanamiento de la línea ascendente de los contagios, lo que ahora indicaría un fracaso.

Al responder una pregunta en su diaria rueda de prensa, el ministro Sánchez dijo que clínicas y hospitales tardan en reportar las incidencias. “No es posible que los reportes se estén tardando, uno, dos y tres meses, en reportes de casos que sean obligatorios, incluyendo las defunciones” y prometió medidas drásticas. Ayer viernes el funcionario se retractó, aduciendo que “esencialmente lo que estamos hablando es de otras enfermedades”. Enredado en sus propias palabras añadió que “hay centros privados y clínicas que  están tardando uno o dos días, y hay algunos casos excesivos que han alcanzado un mes”.

Temores de manipulación

La pretendida rectificación del ministro contribuyo al escepticismo sobre el manejo de las estadísticas, porque los retrasos, aunque sólo algunos sean de un mes, impiden ver con certeza cuándo se produjo el contagio o el fallecimiento, pudiendo alterar los de una semana o mes, hacia arriba o hacia abajo. También facilitan la discrecionalidad de determinar, en función de la conveniencia, cuándo se publica una información llegada con mucho retraso  

Otro factor contribuyente a los temores de manipulación es que en las últimas dos semanas aparecen en los boletines unas “Notas Técnicas” que antes no se incluían y que sugieren un cambio de metodología. La segunda de esas notas indica que “una defunción confirmada o probable” se notifica en plazo de 72 horas. La tercera habla de “total de casos positivos o probables de Covid-19”  y la última se refiere a “casos positivos o probables de Covid-19 pendientes de verificación territorial”. Probable y pendiente de verificación parecen elementos subjetivos

Semanas atrás se cuestionaban los boletines porque no incluían fallecidos sospechosos del coronavirus, si no se le había hecho la prueba, en una primera etapa en que  ni siquiera había suficientes insumos para hacerlas. Aunque todavía esta semana el Ministro de Salud se quejó de que el Laboratorio Nacional no puede procesar todas las pruebas necesarias porque los insumos  se le suministran “a chorritos”.

Desincentivo a la votación

La difusión de una campaña visual en las redes sociales con el logo de la Presidencia de la República ha fortalecido la convicción de los opositores de que estaría en marcha una campaña para intimidar s los electores. Es grotesco que en una se utilice una carabela y en otra una tumba para advertir que “el Covid mata”. Esa línea gráfica llamó la atención de los expertos en comunicación y fue exhibida repetidas veces por televisión y cuestionada en las redes.

 Se cree que la alarma difundida procuraría provocar abstención, sobre todo en las clases medias que son más celosos de su seguridad y salud, donde se aprecia el mayor porcentaje de insatisfacción con el gobierno. Esos sectores son también más difícil de acarrear a las urnas por dádivas, presiones o engaños.

Para las elecciones municipales del 15 de marzo, cuando la mitad de la población no concurrió a las urnas, se criticó que el Gobierno anunciara  el aislamiento del país, con el cierre total de puertos y aeropuertos a causa del coronavirus, a las 7 de la noche de la víspera, a 11 horas del inicio del sufragio, cuando no se perdía mucho con esperar que concluyera. Se cree que eso contribuyó a la baja votación,  que en la provincia de Santo Domingo no alcanzó el 40%, y apenas esa cifra en el Distrito Nacional, Santiago y otros grandes centros urbanos, mientras en las provincias de la pobreza, y en las más alejadas, votaban hasta sobre el 70%.

Temiendo que el temor reduzca la votación, los partidos opositores han iniciado una campaña tendente a convencer a los electores de que si ya hacen vida casi normal, incluyendo filas en los mercados, bancos y establecimientos de todo tipo, pueden ir a depositar su voto tomando las medidas precautorias de lugar para legitimar el próximo gobierno. La Coalición Democrática por la Regeneración Nacional entregó una comunicación esta semana a la Junta Central Electoral insistiendo en mayores previsiones para incentivar el voto dentro de la pandemia, como extensión del horario en dos horas, franja inicial para los mayores de edad, eliminación del entintado de dedo y prueba de temperatura para los operarios de los colegios electorales y los delegados políticos.-         

                                                 Boletín 59       Boletín 88      Boletínes  86 al 92

                                                           16 de mayo           15 de junio     19 de junio                 

Contaminados por día                 208                     365               357

Promedio de pruebas                  903                     1,917           1,735

Positividad de pruebas (%)        20.8                      18.2            18.83

Recuperados (%)                           47                         60                58

Fallecimientos                               428                        605          647

Promedio diario fallecidos           7.3                       5.9   10.0

Tasa de letalidad                             3.5                         2.6                 2.6

En cuidados intensivos                 145                        145              167

Elaboración de JBD en base a Los boletines del Ministerio de Salud Pública