Si no manipulan las estadísticas, hay retroceso frente al Covid-19

Declaraciones del Ministro de Salud Pública aumentan la percepción de que están manipulando las estadísticas relativas al Covid-19 en el país, con fines electorales, tras una semana que registra un incremento del 69% en el promedio diario de fallecidos

Por Juan Bolívar Díaz

La suspensión el miércoles del inicio de la tercera fase de la reactivación al cumplirse tres meses del inicio de la emergencia nacional por el coronavirus, no pareció suficientemente fundamentada pero sí contradictoria con los anuncios de inicio de vuelos internacionales y operaciones turísticas para el primero de julio, despertando temores de manipulación política.

La suspensión se produjo en medio de la peor semana, desde mediados de abril, en la expansión de la pandemia, elevando la tasa de fallecimientos promedio de 5.9 a 10 por día, aunque los contaminados se mantuvieron con un ligero descuento, con una reducción del promedio diario de 365 a 357. El 12 de abril marca el récord de fallecimientos con 38.

Congelada la fase tres

El Gobierno sorprendió la noche del martes 16, cuando el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo anunció la suspensión del inicio de la tercera fase de la reactivación nacional aduciendo que entre la primera y la segunda se había producido un fuerte retroceso con un aumento significativo de los contagios, que habían pasado de unos 350 hasta 500 diarios. Señaló un aumento en la ocupación de las camas en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo.

La información produjo impacto, temiéndose un retroceso, más aún cuando los funcionarios lo atribuyeron a que la población le había perdido el miedo al Covid-19. Dejó en suspenso la autorización a las empresas que tienen hasta 50 empleados para reanudación total, y las que superan los 50 que iban a elevar la empleomanía  hasta el 75%. Los servicios religiosos serían en la terera fase hasta tres semanales.

El acontecimiento fue percibido como un fuerte tropiezo en momentos en que se anunciaba el reinicio de operaciones en los aeropuertos de Punta Cana y Punta Caucedo, y que el sector turístico presentaba al gobierno un protocolo para iniciar la reactivación de ese sector fundamental de la economía nacional.

Sin suficiente fundamento

Sin embargo, la revisión de las estadísticas contenidas en los boletines diarios del Ministerio de Salud Pública no arroja suficiente fundamento, o deja como precipitada, la suspensión de la fase tres, sobre todo cuando en los días siguientes el Gobierno no ha implementado ningún cambio significativo en la prevención, más allá del anuncio de que “apretará” en la exigencia del uso de mascarillas, guardado de distancia y lavado de manos, lo que se recomienda desde el inicio de la emergencia. No ha pasado de amenaza el que sancionarán a quienes no lleven mascarillas, temiéndose que será más difícil lo de guardar distancia, cuando se ha seguido permitiendo cinco y seis personas en los carros de transporte, las aglomeraciones en los mercados y paradas de autobuses y en los repartos de los programas sociales.

Cuando se hizo un análisis de los primeros 59 boletines, comparado con los resultados de los 29 siguientes, hasta el número 88, que incluía los primeros 26 días de la reanudación, fases 1 y 2, se pudo establecer que sólo el promedio de contaminados por día había aumentado significativamente, pasando de 208 a 365, no a 500 como dijo Montalvo, y  en gran medida porque las pruebas realizadas se incrementaron más de 100%, de 903 a 1,917 en promedio diario. Con  una tasa de positividad de 18.2, se registraban 185 contaminados más por día. Tampoco había saturación de los hospitales, porque el miércoles el director del Sistema Nacional de Salud situó la ocupación en 48%,  y un boletín del Ministerio de Salud marcaba 51%. Los enfermos en cuidados intensivos se mantenían exactamente en  la misma cantidad, 145.

Entre los dos períodos, la proporción de fallecimientos diarios se había reducido de 7.3 a 5.9, la tasa de letalidad, o proporción de fallecidos en relación a los contaminados, había bajado de 3.5 a 2.6, y el promedio de recuperados subió de 47 a 60% de los contaminados, mientras la positividad de las pruebas realizadas había descendido de 20.8 a 18.2%.

Se disparan las alarmas

Hubo una razón para que en esta semana se dispararan las alarmas: los fallecimientos por el Covid-19 se incrementaron 70% en el promedio diario, que pasó de 5.9 a 10 en la semana del sábado 13 hasta ayer viernes 19, inclusive. Aunque ese incremento no ha elevado todavía la tasa de letalidad que sigue en 2.6%.

 Una declaración el miércoles del Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, contribuyó a fortalecer las versiones que circulan hace semanas de que el Gobierno manipula las estadísticas en función del interés político. Por ejemplo que el domingo 17 de mayo, cuando el presidente Medina iba a cantar victoria sobre el Covid-19, el boletín oficial de ese día no registró ni un fallecido. Pero en los días que se buscaba mantener las medidas de excepción que limitan la campaña electoral, sobre todo de la oposición, se dispararon las cifras. Ya en otro discurso, el 17 de abril, el mandatario había sostenido que se estaba alcanzando la meseta o aplanamiento de la línea ascendente de los contagios, lo que ahora indicaría un fracaso.

Al responder una pregunta en su diaria rueda de prensa, el ministro Sánchez dijo que clínicas y hospitales tardan en reportar las incidencias. “No es posible que los reportes se estén tardando, uno, dos y tres meses, en reportes de casos que sean obligatorios, incluyendo las defunciones” y prometió medidas drásticas. Ayer viernes el funcionario se retractó, aduciendo que “esencialmente lo que estamos hablando es de otras enfermedades”. Enredado en sus propias palabras añadió que “hay centros privados y clínicas que  están tardando uno o dos días, y hay algunos casos excesivos que han alcanzado un mes”.

Temores de manipulación

La pretendida rectificación del ministro contribuyo al escepticismo sobre el manejo de las estadísticas, porque los retrasos, aunque sólo algunos sean de un mes, impiden ver con certeza cuándo se produjo el contagio o el fallecimiento, pudiendo alterar los de una semana o mes, hacia arriba o hacia abajo. También facilitan la discrecionalidad de determinar, en función de la conveniencia, cuándo se publica una información llegada con mucho retraso  

Otro factor contribuyente a los temores de manipulación es que en las últimas dos semanas aparecen en los boletines unas “Notas Técnicas” que antes no se incluían y que sugieren un cambio de metodología. La segunda de esas notas indica que “una defunción confirmada o probable” se notifica en plazo de 72 horas. La tercera habla de “total de casos positivos o probables de Covid-19”  y la última se refiere a “casos positivos o probables de Covid-19 pendientes de verificación territorial”. Probable y pendiente de verificación parecen elementos subjetivos

Semanas atrás se cuestionaban los boletines porque no incluían fallecidos sospechosos del coronavirus, si no se le había hecho la prueba, en una primera etapa en que  ni siquiera había suficientes insumos para hacerlas. Aunque todavía esta semana el Ministro de Salud se quejó de que el Laboratorio Nacional no puede procesar todas las pruebas necesarias porque los insumos  se le suministran “a chorritos”.

Desincentivo a la votación

La difusión de una campaña visual en las redes sociales con el logo de la Presidencia de la República ha fortalecido la convicción de los opositores de que estaría en marcha una campaña para intimidar s los electores. Es grotesco que en una se utilice una carabela y en otra una tumba para advertir que “el Covid mata”. Esa línea gráfica llamó la atención de los expertos en comunicación y fue exhibida repetidas veces por televisión y cuestionada en las redes.

 Se cree que la alarma difundida procuraría provocar abstención, sobre todo en las clases medias que son más celosos de su seguridad y salud, donde se aprecia el mayor porcentaje de insatisfacción con el gobierno. Esos sectores son también más difícil de acarrear a las urnas por dádivas, presiones o engaños.

Para las elecciones municipales del 15 de marzo, cuando la mitad de la población no concurrió a las urnas, se criticó que el Gobierno anunciara  el aislamiento del país, con el cierre total de puertos y aeropuertos a causa del coronavirus, a las 7 de la noche de la víspera, a 11 horas del inicio del sufragio, cuando no se perdía mucho con esperar que concluyera. Se cree que eso contribuyó a la baja votación,  que en la provincia de Santo Domingo no alcanzó el 40%, y apenas esa cifra en el Distrito Nacional, Santiago y otros grandes centros urbanos, mientras en las provincias de la pobreza, y en las más alejadas, votaban hasta sobre el 70%.

Temiendo que el temor reduzca la votación, los partidos opositores han iniciado una campaña tendente a convencer a los electores de que si ya hacen vida casi normal, incluyendo filas en los mercados, bancos y establecimientos de todo tipo, pueden ir a depositar su voto tomando las medidas precautorias de lugar para legitimar el próximo gobierno. La Coalición Democrática por la Regeneración Nacional entregó una comunicación esta semana a la Junta Central Electoral insistiendo en mayores previsiones para incentivar el voto dentro de la pandemia, como extensión del horario en dos horas, franja inicial para los mayores de edad, eliminación del entintado de dedo y prueba de temperatura para los operarios de los colegios electorales y los delegados políticos.-         

                                                 Boletín 59       Boletín 88      Boletínes  86 al 92

                                                           16 de mayo           15 de junio     19 de junio                 

Contaminados por día                 208                     365               357

Promedio de pruebas                  903                     1,917           1,735

Positividad de pruebas (%)        20.8                      18.2            18.83

Recuperados (%)                           47                         60                58

Fallecimientos                               428                        605          647

Promedio diario fallecidos           7.3                       5.9   10.0

Tasa de letalidad                             3.5                         2.6                 2.6

En cuidados intensivos                 145                        145              167

Elaboración de JBD en base a Los boletines del Ministerio de Salud Pública         

El Gobierno ha quedado atrapado por la pobreza y poca concertación

La necesidad de los trabajadores informales y de las pequeñas y medianas empresas han roto la cuarentena en su octava semana, mientras los funcionarios lucen atrapados con pobre resultado en el control del coronavirus y temiendo aún mayor expansión

                                               Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno dominicano perdió el tiempo apostando al mercado, con licitaciones ineficientes y lentitud de respuestas, tanto que aún no dispone de los insumos suficientes para las pruebas del coronavirus, manteniendo el peor resultado en la región, sin que se pueda vaticinar para cuándo podrá controlarse su expansión, sobre todo en las grandes urbes.

Mientras tanto, los trabajadores informales, el 55% de los empleados en el país, y las pequeñas y medianas empresas agotaron sus posibilidades de mantener el confinamiento y están imponiendo la ley del mercado laboral, reanudando todo tipo de actividades, por encima de unas autoridades atrapadas por el temor real de mayor expansión del Covid-19.      

La pobreza se ha impuesto

Basta ver las fotografías y los videos difundidos por todos los medios para advertir que en esta octava semana de la cuarentena impuesta por el coronavirus se han reanudado gran parte de las actividades comerciales, de los trabajadores informales, 55% de los empleados, y de las pequeñas y medianas empresas, el 95% de las unidades productivas nacionales. Hasta los taponamientos del caótico tráfico vehicular hicieron su reaparición en el gran Santo Domingo, donde vive el 40% de la población del país.

 La ruptura del confinamiento se ha advertido también en Santiago y la mayoría de las grandes ciudades, especialmente en los suburbios de la pobreza urbana, en los mercados populares, mientras los vendedores ambulantes empezaron a retomar el control de las vía públicas. Pequeñas tiendas de todo género, abrieron parcialmente, igual que lavanderías, peluquerías y salones de belleza que se reactivan discretamente, con una puerta entreabierta,  o que ofrecen servicios a domicilio, lo mismo que todo género de técnicos, sean de computadoras, electricistas o plomeros, mientras las trabajadoras y vigilantes domésticos que se habían quedado en casa, se están reintegrando a sus labores.

Contrasta que las autoridades han seguido empeñadas en mantener el toque de queda nocturno, acatado durante más de siete semanas por más del 99% de la población, pero han observado impasibles la reanudación de tantas actividades entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde, tal vez por reconocimiento de la realidad económico social y temores de que la represión pudiera agravar la situación.

El hambre, no falta miedo

Es el hambre, la necesidad de sobrevivir de la mayoría de los trabajadores que dependen de lo que ganan cada día, lo que impulsa la ruptura de la cuarentena, no porque hayan perdido el miedo a la pandemia, como especuló el ministro de Salud Pública a mitad de semana al reconocer la realidad. Desde el principio se advirtió que los trabajadores informales no resistirían  muchas semanas el confinamiento. Tampoco los que dependen de pequeñas y medianas empresas, muchas con costos fijos, a los cuales sería difícil alcanzar con los subsidios estatales. Parece que hubo poca disposición en las autoridades para valerse de las asociaciones populares, por ejemplo las de los decenas de miles de transportistas, de pequeños productores o de cooperativas, para garantizarle el subsidio mínimo.

Aun los que alcanzan el subsidio mejorado a 5 mil pesos mensuales no pueden aguantar mucho cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobres es de 14 mil 200 pesos. Y aún una alta proporción de los empleados formales suspendidos, que ya alcanzan el millón, por diversas razones no han podido recibir los 8,500 pesos de subsidio anunciado. Mientras es secreto a voces que gran parte de las empresas empiezan a dar notaciones de incapacidad o falta de voluntad para pagarles la parte que se contempló en el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados.

Por otra parte, las asociaciones de comerciantes y de pequeñas y medianas empresas han denunciado discrimen por cuanto al comercio mediano y bajo se le mantiene cerrado, mientras los supermercados y grandes tiendas por departamentos venden no sólo alimentos, sino vestuarios, calzados, artículos del hogar, ferreteros, de limpieza y otros que ellos están impedidos de comercializar. Otros venden por internet todo género de mercancías y ofrecen servicios, como de lavandería que implican movilidad de empleados internos y de transportadores. Eso ha influido en la decisión de muchos de reactivar sus medios de vida, al igual que el temor a la quiebra de pequeñas y medianas empresas con costos fijos y de financiamientos, y particularmente de productores agropecuarios, de frutas y vegetales, víctimas del cierre de hoteles y restaurantes, de las exportaciones y de los mercados binacionales fronterizos, así como de las dificultades de transporte y comercialización.

Persistencia en el dilema

Ya hace par de semanas que se viene advirtiendo que las autoridades nacionales han quedado atrapadas en el dilema de mantener la cuarentena o reabrir progresivamente las actividades para evitar que la necesidad la imponga caóticamente o con mínimos controles,  como ya está ocurriendo. Por un lado está la recomendación de los organismos de salubridad internacional de mantener el confinamiento para evitar mayor expansión del covid-19, y por el otro el daño económico-social de la parálisis.

La discusión es universal, y aún en naciones más golpeadas por la pandemia, ya se inicia la reactivación, buscando reparar los daños de la paralización, como Estados Unidos, el país de mayor número de contaminados y muertos. Igual se debate en España, Italia y Reino Unido, que le siguen en orden de afectados. En todos como aquí, ha habido divergencias hasta entre los funcionarios gubernamentales.

La diferencia con República Dominicana es que ninguno de aquellos tiene los niveles de pobreza que registra este país y ni por asomo más de la mitad de su fuerza productiva en la informalidad, dependiendo de lo que producen día a día. Esto ha querido ignorarlo el gobierno dominicano, reiterando esta semana que todavía no hay fecha para la reactivación, cuando el mercado laboral la está imponiendo.

Hay quienes creen que expresamente están dejando que la realidad se imponga sin hacer mayores esfuerzos por contenerla. De esa forma el gobierno evadiría pagar el costo de un temido incremento de la contaminación por efecto de la reanudación de las actividades.

Muchos errores acumulados

Desde el principio se advirtió que para enfrentar la pandemia era imprescindible una gran concertación nacional que comprometiera a todos los sectores políticos y sociales, Contradictoriamente no lo planteó el gobierno sino la oposición política y los sectores sociales, sin recibir siquiera una respuesta de cortesía. Concertando hubiesen podido compartir ahora los riesgos de la oportunidad de la reapertura.

Entre los errores iniciales se anota que el gobierno perdió el tiempo al privilegiar los negocios, con un mercado muy limitado de suplidores de los productos necesarios para enfrentar la pandemia, por la enorme demanda, y cuando más de la mitad de las primeras licitaciones, realizadas con horas de plazo, fueron atribuidas a una empresa vinculada con capital de 100 mil pesos, que sólo el día del inicio de la emergencia se registró para ofertarlos, por lo que no pudo cumplirlas por falta de experiencia y relaciones comerciales. No se acudió directamente a empresas nacionales y de zonas francas que podían suplirlos.

Otro error notable fue que el gobierno evadió apelar a tratados firmados con China para adquirir directamente los productos imprescindibles, y garantizar su rápido y masivo transporte, dando oportunidad a que avioncitos, ni siquiera cargueros, de su candidato presidencial viajaran a ese lejano país para traer pequeños cargamentos. Todavía esta semana el ministro de Salud Público hubo de admitir que aún no disponen de los insumos necesarios para las pruebas que permiten la detección y el combate temprano del coronavirus. Hasta el Ayuntamiento del DN anunció el reparto de un millón de mascarillas, y empresas privadas las consiguieron por decenas de miles, antes que el gobierno. Al concluir abril todavía el Colegio de Enfermeras denunciaba la falta de equipos de protección en los hospitales. Las autoridades han evadido concertar hasta con el Colegio Médico Dominicano.

Con los peores resultados regionales

 En el trasfondo de la indecisión de las autoridades nacionales sobre la reapertura gradual y controlada de las actividades productivas, que incluye diferencias públicas entre los ministros de la Presidencia, de Hacienda y de Salud Pública, está el pobre resultado logrado hasta ahora en el control de la pandemia, en parte por el desaprovechamiento de las 8 semanas que el cuerpo social dominicano pudo resistir en cuarentena.

 Al día de ayer, con 9,376 personas contagiadas y 380 fallecidas, la RD seguía cosechando los peores resultados del Covid-19 en la región centroamericana y del Caribe, sólo superada proporcionalmente por Panamá, que registraba  7,868 enfermos y 225 decesos. Por proporción poblacional el país está peor que México, y Colombia y en todo el continente  sólo lo superan Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú y Brasil.

En la semana del 1 al 7 de mayo, los contaminados en RD pasaron de 6,972 a 9,095, sumando 2,123, para un 30%, y los fallecidos ascendieron a 373, con 80 más sobre 293, para un incremento de 27%. Los datos indican que la curva de crecimiento no ha podido ser detenida, con un bajo promedio de pruebas de 754 por día, lo que podría estar ocultando una expansión peor. Ha mejorado mucho la proporción de recuperados que en dos semanas se triplicó al 24%, aunque en el mundo es de 33%.-

El supremo interés nacional demanda concertación para generar confianza

Al cumplirse un mes de la emergencia el país luce rezagado ante la expansión del coronavirus, con divergencias, hasta en el gobierno, sobre cómo enfrentar la crisis sanitaria, económica y social, asomando lo que sería un grave conflicto institucional.

                               Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, la Junta Central Electoral (JCE) aplazó para julio las elecciones presidenciales y congresuales, pero ya hay quienes cortejan una grave crisis institucional empezando a condicionar a la sociedad a la posibilidad de que no puedan celebrarse dentro del período constitucional.

Mientras tanto, el balance del primer mes de la declaratoria de emergencia para enfrentar el coronavirus arroja pesimismo y genera divergencias hasta en el seno del gobierno dentro de un ambiente general de desconfianza y temores a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia.    

Un balance desolador

Por donde quiera que se le pase balance al mes de la emergencia dominicana por el coronavirus, que se cumple mañana, el resultado es desolador, con más de 4 mil personas contaminadas y una tasa de letalidad de 4.8 por ciento, entre las tres más altas del continente, y una lenta recuperación de apenas 6 por ciento, cuando en el mundo es de 25 por ciento.

Tan pobre resultado es vinculado al escaso número de pruebas realizadas, unas 12 mil desde que el primero de marzo apareció en el país el primer contaminado, por la lentitud con que las autoridades de salud respondieron el desafío, privilegiando los negocios de empresas vinculadas al poder político y porque en principio se dejó al candidato presidencial oficialista la iniciativa para la búsqueda de los medicamentos instrumentos y productos necesarios para prevenir y combatir la pandemia, lo que llevó al principal candidato opositor a participar en una competencia que politizó la crisis.

Durante las primeras semanas el grito se generalizó de parte de los gremios de médicos y enfermeras, así como de sectores sociales reclamando cuestiones tan elementales como mascarillas, desinfectantes o guantes. Las personas pasaban entre 5 y 10 días esperando que les hicieran pruebas para determinar si estaban contaminadas. La pandemia se extendió  principalmente en el distrito Nacional, y provincias del Cibao, como la Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Sánchez Ramírez, y María Trinidad Sánchez.

Hay quienes estiman que el virus no ha ocasionado mayores estragos porque entró por la clase media-alta, con mayor capacidad para aislarse y recibir tratamiento, y se cita como prueba que la mayor concentración urbana y de pobreza del país, la provincia Santo Domingo, es de las de menor tasa de contaminados.   

Divide hasta el gobierno

Con casi todas las actividades nacionales paralizadas, después de 4 semanas de reclusión casi absoluta, los últimos días marcaron una fatiga, con tendencia al relajamiento del aislamiento, aumentó el tránsito vehicular  y los medios de transporte después del asueto de la semana santa, cuando se prohibió salir de las ciudades. Empezó a sentirse la presión de los trabajadores informales, estimados en 57 por ciento de los empleados, unos 2.4 millones de personas, que en su mayor  parte no han podido ser alcanzados por los programas de asistencia implementados por el gobierno.

Empezó el debate sobre la conveniencia de normalizar progresivamente las actividades, lo que dividió la comisión de emergencia del gobierno, quedando en evidencia el miércoles cuando el ministro de Salud Pública expresó su convicción de que es necesario un cierre total de por lo menos una semana para contener la expansión de  la pandemia. El mismo día el Ministro de la presidencia dijo que no se contempla esa posibilidad.

Los empleados formales suspendidos por las empresas alcanzaron esta semana los 800 mil, acogiéndose al fondo de asistencia creado por el gobierno, que les garantiza hasta 8 mil pesos, bajo el compromiso de que las empresas completen el salario, pero esto último no está ocurriendo en gran proporción de las más de 40 mil que se han acogido al programa oficial.

Al igual que en Estados Unidos, en el país ha comenzado a debatirse si se puede mantener por largo tiempo la suspensión de actividades, por los costos que tiene para la economía, por quiebras masivas de empresas y sus consiguientes repercusiones sociales, pero los salubristas, encabezados por la Organización Mundial de la Salud, enfatizan que sólo manteniendo un fuerte aislamiento se podría contener la expansión del virus que ya ha cobrado más de 146 mil vidas, con 2 millones 169 mil contaminados.

Cargos contra el gobierno

Al gobierno no sólo se le ha acusado de lentitud en afrontar la pandemia, sino también de haber privilegiado los negocios y evadido comprar directamente a fabricantes nacionales e internacionales, determinando extrema lentitud en la llegada de los suministros necesarios y comprando a precios sobrevaluados. Las limitaciones del tráfico internacional de mercancías han contribuido, pero candidatos presidenciales, entidades empresariales y el ayuntamiento del DN han podido traer cargamentos de suministros.  

Gobiernos como los de Perú y Brasil apelaron a sus relaciones con China para comprarle millones de pruebas, mascarillas, ventiladores y vestuario de protección. Esta semana Roberto Santana, presidente de la Cámara de Comercio Domínico-China se quejó por televisión de que el gobierno dominicano no haya mostrado interés en un intercambio directo con las autoridades chinas, las que habrían podido incluso facilitar un carguero para traer mercancías de emergencia. Recordó que ambos países firmaron un paquete de protocolos de intercambios y asistencias. Ha trascendido que importadores dominicanos acreditados tienen mercancías de emergencia varadas en China, por falta de transporte internacional.

Las autoridades nacionales prefirieron iniciar licitaciones de emergencia para comprar hasta desinfectantes vías especuladores, cuando pudieron adquirirlos de fabricantes nacionales y de zonas francas, derivando en escándalos, como las adjudicaciones de compras por casi 3 mil millones de pesos por el Sistema Nacional de Salud, que no pudieron ser cumplidas y se perdió una semana. Entre ellas hubo adjudicaciones por 1,515 millones de pesos a una empresa habilitada en el registro mercantil para esos suministros el mismo día en que se decretó la emergencia. La misma apareció en otras denuncias de compras del Ministerio de Salud, documentada esta semana por el Partido Revolucionario Moderno. Se le adjudicaron compras sobrevaluadas por 292 millones de pesos en una licitación que duró 28 minutos. El mayor escándalo fue la denuncia de las compras de emergencia, con enormes sobrevaluaciones, del Instituto Nacional para la Primera Infancia, que provocó la renuncia de su directora y la destitución de su plana mayor.      

Como llanero solitario

Desde el comienzo de la pandemia, en medio de una crisis electoral, causada por la suspensión de las elecciones municipales en febrero, los líderes de la oposición han reclamado al presidente que despeje toda intención de aprovechamiento político de la crisis y que busque concertar con todos los sectores políticos y sociales. A esa  posición se han sumado dirigentes empresariales y de instituciones sociales como Participación Ciudadana,  la Finjus y el Centro Social Juan XXIII, así como religiosos y medios de comunicación.

Los candidatos presidenciales opositores Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno han estado al frente de los reclamos, planteando la necesidad de concertación con el triple objetivo de enfrentar la crisis de salubridad, la parálisis económica y sus derivaciones sociales y el desafío de elegir nuevo gobierno y congreso antes del 16 de agosto. No han conseguido siquiera una respuesta cortés del gobierno de Danilo Medina.

En una declaración conjunta ayer viernes los partidos de oposición endurecieron su actitud, demandando “una actuación responsable, sensible, eficiente y ética del gobierno para combatir el alarmante incremento del Covid-19”, resaltando que sólo en la primera mitad de abril los contaminados aumentaron de 1,284 a 3,755, y los fallecidos de 57 a 183.

Plantearon que “Ante una crisis sanitaria, económica y político-electoral inédita y de una gravedad extrema, que demanda una salida integral y pactada por el conjunto de sectores políticos, sociales y ciudadanos, corresponde al Presidente de la República, como Jefe del Estado, responsable de la ejecución de políticas y del presupuesto, convocar y crear las condiciones para la concertación de voluntades”.

Se agrava a desconfianza

En los  ámbitos opositores se agrava día a día la desconfianza en la gestión gubernamental de la crisis y se esperaba que anoche el presidente Danilo Medina desautorizara el incipiente curso de opiniones de sus voceros mediáticos, que ya consideran  imposible celebrar las elecciones antes del 16 de agosto cuando deben renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo. Contribuyen a la incertidumbre destacados abogados que ya plantean alternativas para una situación sin precedente que generaría una crisis institucional. Algunos insinúan la continuidad de Medina, mediante novedosas interpretaciones constitucionales, y un senador oficialista planteó extender el mandato actual por un año. La desconfianza viene desde que tras la división de su partido, en octubre, el presidente Medina proclamó que “Yo voy a ganar las elecciones”, sin ser candidato. Le atribuyen por lo menos la intención de provocar otra reforma constitucional que le permita volver a optar por la presidencia a partir del 2024.

Ha llamado la atención que el gobernante PLD no ha aprobado formalmente la nueva fecha para las elecciones, 5 de julio, establecida el lunes por la JCE, como lo han hecho los partidos de oposición. Su presidente, Temístocles Montás, se abstuvo de opinar hasta que su Comité Político fije posición.

El aplazamiento de las elecciones de mayo fue avalado por todos los partidos, y predominó que fuera lo más tarde posible antes del límite de agosto, para dar tiempo a una contención del COVID-19 que permita reanudar las actividades nacionales. Para el cambio de gobierno faltan aún 4 meses por lo que no se justifica presumir imposibilidad. En ese período tendrá que mejorar la situación para reactivar las actividades nacionales, y si se renueva el trabajo y transporte masivo, no hay que descartar que también se pueda votar. Dotar a cada elector de una mascarilla y guantes, saldría más barato que una crisis institucional.-            

Urge concertación para las elecciones que se espera puedan celebrarse en julio

El país encabeza Latinoamérica en expansión del coronavirus y en su tasa de letalidad, mientras asoma el tráfico de influencia al otorgarse el 53% de compras estatales a una empresa de $100 mil que acaba de acreditarse para suplir mercancías de emergencia

Por Juan Bolívar Díaz

Crédito de imagen: Periódico Hoy

Con el inicio de la Semana Santa se llega al límite de tiempo razonable para que la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos dominantes reconozcan que no hay condiciones para que las elecciones presidenciales y congresuales puedan celebrarse el 17 de mayo, y ya otros proponen que sean aplazadas hasta julio próximo.

De hecho la solicitud del gobierno para que el Congreso extienda por otros 25 días el estado de emergencia aprobado en principio hasta el 13 de abril, para prolongarlo hasta el 8 de mayo, tiene implicaciones políticas al mantener limitadas las reuniones, manifestaciones públicas y la libre circulación.

Una semana santísima

La que se inicia mañana Domingo de Ramos será una Semana Santa especial, sin cultos para los fieles en los templos, por decisión de sus jerarquías y del gobierno, que además prohibió la concurrencia a los balnearios y congregaciones, con el país sometido, por otras dos semanas a partir a un toque de queda de 5 de la tarde y 6 de la mañana, fundamental para tratar de contener la expansión de la pandemia del coronavirus.

 Esta semana comenzó con 719 contagiados y 28 fallecimientos, y ayer acumuló 1488 y 68, con incrementos del 107 y 143 por ciento, respectivamente. Ayer temprano RD encabezaba América Latina en tasa de letalidad del Covid-19, con 4.7% de fallecimientos por contagiados, seguida por Brasil y Ecuador con 3.5 y 3.4% respectivamente. Estos dos con más contagiados, 6,836 y 2,758, y fallecimientos, 241 y 95, pero con poblaciones muy superiores, 210 millones de brasileños y 17 millones de ecuatorianos.

Con casi todas las actividades paralizadas y prohibición de las interrelaciones sociales, mientras la curva de la pandemia sigue ascendiendo, sin visos todavía de que se detendrá en el país y la región, ni en naciones de estrechos vínculos como Estados Unidos y España, no hay perspectivas de que las elecciones presidenciales y congresuales puedan efectuarse el 17 de mayo. Bolivia, que tenía también presidenciales el 3 de mayo, las suspendió sin fecha fija hace más de una semana, aunque allá hasta ayer sólo registraban 132 contagios y 9 decesos.          

No tendrían legitimidad

Si el sistema político persiste en realizar las elecciones en las circunstancias que se prevén para las próximas semanas, podrían abocarse a un nuevo Gobierno y un Congreso Nacional de escasa legitimidad porque una alta proporción de la ciudadanía no estaría en condiciones de acudir a las urnas, por temor al contagio de la pandemia. Sería grave por la  crisis económica que tendrían que enfrentar, que demandará importantes reformas fiscales y grandes sacrificios para recuperar el crecimiento económico, atender la salubridad, y enfrentar el desempleo y el incremento de la pobreza que se prevén.

La JCE tiene la responsabilidad constitucional de organizar los procesos eleccionarios, garantizando el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegida, pero en estas  circunstancias dejaría fuera el 8 por ciento que representan los casi 600 mil dominicanos empadronados en el exterior, 67% en Estados Unidos, 14% en España, 6% en Puerto  Rico, y 2% en Italia, en los países más asolados por la pandemia, que no permiten concentraciones. En el exterior se elige no sólo al presidente, sino también 7 diputados.

 Aunque la JCE ha proseguido su calendario organizativo, tal vez esperando que sean los partidos quienes tomen la iniciativa de aplazamiento, por sus propias condiciones laborales sus ejecutivos deben ser conscientes de las dificultades que tendrían para echar a andar una maquinaria de 143 mil 484 operadores, de los que 80 mil tendrían la misión de habilitar los colegios electorales, sin contar los delegados de los partidos políticos.

Con el país cerrado y los vuelos internacionales suspendidos, tampoco podría contarse con las misiones de observadores ni los asesores del exterior considerados fundamentales. Pero si ni siquiera los fieles pueden ir a las iglesias en Semana Santa, cómo se podrá convencer a toda la ciudadanía de que acuda a los centros de votación.

Iniciativa de los pequeños

A falta de iniciativa de los partidos mayoritarios, los pequeños, agrupados en el Foro Permanente de los Partidos Políticos de RD, han presentado una propuesta de aplazamiento de las elecciones, hasta el domingo 12 de julio, dejando abierta la posibilidad de una segunda votación el 26 de julio. Plantean reabrir las posibilidades de alianzas para reducir las opciones desde la primera vuelta, extender el horario de votaciones y limitar a la mitad la cantidad de electores por colegio para reducir los acercamientos humanos. Pero eso se anularía al requerirse el doble de locales, que serían en los mismos centros, y porque también duplicaría los operarios y delegados de los partidos.

En los diversos sectores políticos y sociales se ha discutido la posibilidad de aplazar las elecciones, y en general se ven imposibles para mayo, pero ninguno de los grandes quiere tomar la iniciativa, esperando que el tiempo lo dictamine, o que la JCE reconozca las dificultades y convoque a consulta. Convienen en que entre mayo y agosto la pandemia estaría en retroceso. Podrían evaluarlo el lunes de resurrección, 13 de abril, a 34 días de la fecha programada y justo cuando se ha programado imprimir las boletas electorales.

Debe asumirse que los agrupados en el Foro Permanente de Partidos llevarán su propuesta a la JCE, con petición de que convoque a consulta. Pero también pudiera hacerlo la Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero, con representantes de la sociedad civil. En cualquier caso tendría que predominar el más amplio consenso político-social, para que en agosto se pueda instalar el nuevo gobierno que prevé la Constitución, pues en caso contrario habría un vacío de poder, porque la carta magna no contempla la posibilidad de que no se elijan las autoridades cada cuatro años.

A quien favorece seguir    

 En principio se calculaba que al gobernante Partido de la Liberación Dominicana le convenía el aplazamiento de las elecciones, buscando ganar tiempo, a la luz de las encuestas que han llegado a dar posibilidad de triunfo en primera vuelta al opositor Partido Revolucionario Moderno  y 6 partidos aliados que postulan al economista Luis Abinader. Los resultados de las elecciones municipales ratificaron sus preferencias.

Sin embargo, de las mismas encuestas y de los resultados aparece otra lectura, que Abinader domina en los grandes centros urbanos y los ámbitos de clases medias, mientras el poder gobernante del PLD y su candidato Gonzalo Castillo tienen mucho mayores recursos para incentivar la votación en las medianas y pequeñas comunidades y los sectores sociales bajos.

En los grandes municipios la votación de marzo quedó en torno al 40%, sobre todo en el gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata, que concentran sobre el 40% de los electores. En los pequeños predominó sobre 60%. En los grandes centros urbanos los riesgos y el temor al contagio del Covid-19 son mayores, lo que habría influido el 15 de marzo, cuando comenzaba la grave crisis. Sin el voto del exterior, la oposición perdería una gran ventaja que se le atribuye allí, donde el poder gubernamental del PLD queda anulado.

Con el panorama de necesidad en que estaría la población pobre en mayo, crecen las las posibilidades de ser incentivada a votar. El PLD por lo menos forzaría la segunda vuelta, contando con seguir sacando ventaja de los repartos sociales, multiplicados por la emergencia, con un candidato que gasta por millones y todo el apoyo del Estado.

Aprovechamiento sin tregua

Las primeras adjudicaciones de contrataciones para adquirir instrumentos y materiales para afrontar la crisis del Covid-19, publicadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS), muestran la falta de escrúpulos y la disposición a aprovecharse de toda circunstancias de que se acusa a los gobernantes. En el primer paquete de compras, por 2 mil 879 millones de pesos, se le otorgó el 53%, $1,515.7 millones, a la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas tiene un capital de 100 mil pesos, registrada como propiedad de Efraín Santiago Báez Fajardo, a su vez gerente, y de José Andrés Familia.

Hasta hace dos semanas, esa empresa se dedicaba a diseños, planeación y financiación de proyectos de arquitectura e ingeniería, en sus múltiples renglones, pero el 19 de marzo, el mismo día en que el presidente Danilo Medina decretó el Estado de Emergencia que, entre otras cosas, libera de trámites las contrataciones, notificó al registro de la Cámara de Comercio que también se dedicaría al “Suministro general de equipos médicos, productos quirúrgicos y para examen y control de pacientes y suministro para tratamiento y cuidado de enfermos”. Sólo le faltó mencionar el coronavirus.

 Y una semana después, sin tener almacén, ni representar alguna distribuidora de productos de la emergencia, sin la menor experiencia en ese negocio, la Tools & Resources recibió la mayor parte de las contrataciones para entrega en 6 días. Y en la notificación se hace contar que tiene que actualizar su  especialidad ante la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Lo mismo ocurrió con otra empresa beneficiaria del 12% del monto contratado, la Gedco Inversuply.

Cuando se comparan los precios de la contratación con los ofertados hace poco por empresas acreditadas en esos suministros, se encuentra una enorme sobrevaluación, en su mayoría entre 65 y 200% en materiales como termómetros digitales, desinfectantes, mascarillas, guantes, overoles y cubre caras y lentes de protección. Pero alcanza hasta 1,500% en botas de gomas. .           

El director del SNS, Chanel Rosa, un funcionario bien reputado, admitió ayer por televisión que esas empresas pudieron haber aprovechado la escasez para elevar precios, y al mismo tiempo indicó que al concluir el plazo de entrega parece que no podrían cumplir y ahí terminaría el negocio. La Tools está vinculada a un consorcio de construcciones beneficiario de contratos millonarios del Ministerio de Obras Públicas, cuando era su titular el actual candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Mientras tanto, los médicos y enfermeras seguirán pagando con decenas de contaminados por carecer de la debida protección.

Fuertes desafíos políticos y económicos en 2020, por elecciones y nuevo gobierno

Las elecciones generales de febrero y mayo ponen a prueba de nuevo la institucionalidad democrática, y la estabilidad política y hasta económica de la nación, lo que se extenderá todo el año por el inicio de un nuevo gobierno en agosto próximo 

Por Juan Bolívar Díaz

Las debilidades institucionales determinan, una vez  más, que las elecciones generales se constituyan en una nueva prueba para la estabilidad política y económica de la República Dominicana, obligando a los segmentos más influyentes de la sociedad civil a actuar como moderadores para evitar un desmadre del proceso.

Las perspectivas apuntan hacia un cambio del partido que ha gobernado el país en los últimos cuatro periodos y en 20 de 24 años, lo que implicaría importantes reformas políticas y económicas para apuntalar la institucionalidad democrática y garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo nacional, extendiéndose por todo el nuevo año 2020.

¿Elecciones democráticas?

La República afronta el reto de unas elecciones municipales dentro de sólo 5 semana, y una presidenciales y congresuales tres meses después, como siempre con las interrogantes de si quienes detentan el dominio de casi todo el Estado y gran parte de las entidades sociales, permitirán la competencia democrática, bajo los principios de “libertad, transparencia, equidad y objetividad” que instituyen los artículos 211y 212 de su Constitución.

Eso no debería estar en discusión, pero la irrupción del gobierno con todos los recursos del Estado en las elecciones, incrementada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mantiene incertidumbres sobre la limpieza electoral, y si alcanzó niveles sin precedente en el 2016, cuando las encuestas adelantaban una cómoda victoria de la reelección del presidente Danilo Medina, hay razones para temer peor abuso del Estado, tras la división de su partido y ahora con resultados muy desfavorables en las  investigaciones.

Si involucraron a casi todos los altos funcionarios en la elección del candidato presidencial del PLD, para favorecer al delfín del presidente Medina, con casi monopolio de la publicidad, pocos dudan que será peor cuando se trate de mantener el control del Estado. Hace 4 años 39 ministros y altos funcionarios salieron al territorio a dirigir la campaña electoral peledeísta, y designaron 33 mil empleados temporeros. En ministerios como Educación y Obras Públicas multiplicaron hasta 13 veces el gasto en viáticos, ayudas y donaciones, aparte de decenas de miles de dirigentes y militantes empleados fijos del Estado y miles colocados por legisladores, gobernadores, dirigentes municipales y locales.  

La inequidad en la propaganda política marcó hasta un 80 por ciento en favor de las candidaturas peledeístas, mientras el gobierno duplicó su gasto publicitario y, con el control total de los órganos electorales, ignoró todo reclamo de los partidos opositores, así como las denuncias periodísticas y de la observación electoral de Participación Ciudadana.             

Reto del equilibrio fiscal

 Entre los retos que trascienden el mero interés electoral se cuenta el evitar el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral, lo que en el 2012 alcanzó la desmesura de más de 150 mil millones de pesos, como déficit fiscal del gobierno central, que junto al del Banco Central y otras entidades autónomas se llegó a estimar en 200 mil millones de pesos, un 8 por ciento entonces del PBI.

La “inversión política” del 2012 fue varias veces mayor que los 40 mil millones de pesos que el presidente Leonel Fernández anunció, en Nueva York, en noviembre del 2011, que gastaría para garantizar el triunfo de Danilo Medina, cuando las encuestas lo situaban hasta 16 puntos por debajo de Hipólito Mejía, entonces candidato presidencial por el PRD. Logró superarlo 51 a 47 por ciento.

Hace cuatro años, en el 2016, el desbordamiento fue menor, 34 mil millones de pesos de déficit entre enero y abril, cuando las encuestas indicaban hasta el 61 por ciento de preferencias por la reelección de Medina, con que fue reelecto, frente a 35 por ciento de Luis Abinader, por el recién constituido Partido Revolucionario Moderno.   

Esta vez los temores por el desbordamiento fiscal en la campaña electoral son mayores por los signos de preocupación derivados del conflictivo escenario internacional, incluyendo una reducción del crecimiento económico, drástica en América Latina, que fue significativa también en el país en el último año, de 7 al 5 por ciento del PIB, con una fuerte caída del turismo, que llegó a perder hasta 60 por ciento de las reservas para la actual temporada y el próximo año, aunque recuperó la mitad en el último trimestre. Este año trae  mayores dificultades a sectores productivos por nuevas desgravaciones que impone el TLC con Estados Unidos.      

La responsabilidad social

 Al no estar en juego la reelección presidencial, los temores por el desbordamiento  fiscal deberían ser menores, pero el peledeísmo  hace tiempo convirtió en “principio político” que el poder no se cede y hay que utilizarlo en la dimensión que sea posible en aras del partido. En el 2012 no estaba en juego una reelección del presidente y no se había producido la división del año pasado.

Los temores por la calidad democrática del actual proceso electoral han pasado de los partidos políticos a importantes segmentos sociales, incluyendo empresariales, sobre todo porque tras la división del PLD en octubre pasado, el presidente Medina proclamó en un discurso que con lo que quedaba de su partido “yo voy a ganar las elecciones”. De ahí el Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral” emitido al comenzar diciembre y que ha nucleado al Foro Ciudadano y decenas de organizaciones sociales, religiosas, académicas, gremiales y a connotados líderes empresariales, comunicadores e intelectuales.

El esfuerzo ha incluido a dos obispos y los rectores de las dos universidades católicas que operan en Santo Domingo, así como a dirigentes del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, y de instituciones como el Centro Social Juan XXIII y Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana y otras. Ya han visitado la Junta Central Electoral, expresando su preocupación por “las prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.

La presión ciudadana por el ejercicio de la real democracia encuentra mejores perspectivas esta vez por nuevos mandatos legales que procuran la equidad y transparencia, por órganos electorales más independientes, y por las convicciones generalizadas de que la repetición de las iniquidades e inequidades del 2016, esta vez conllevarían mayores riesgos de desestabilidad por el hastío generado por un prolongado dominio político. Hace 4 años los partidos de oposición rechazaron reconocer la legitimidad del proceso electoral.

Alternabilidad democrática

 Al comenzar el año las percepciones generalizadas indican la posibilidad de una alternabilidad de partido gobernante, lo que en una democracia, aún de mediana intensidad, no debería causar incertidumbres, cuando históricamente está demostrado aquí y en todo el mundo que la prolongación de los gobernantes corroe la institucionalidad democrática..

 Aquí y ahora son pocos los que discuten que la ciudadanía está mostrando evidencias de fatiga y hastío frente al dominio peledeísta, y que su prolongación luce remota tras la división del PLD que originó un tercer polo electoral encabezado por su ex-presidente y líder Leonel Fernández, y se reconoce el auge del principal partido de oposición y su candidato presidencial Luis Abinader.

Con cinismo político o vergüenza ajena, lo que muchos discuten es si el presidente Danilo Medina permitirá su desplazamiento del poder. Sobreestiman el presidencialismo, como lo hicieron durante más de dos años cuando el actual mandatario, con todo el poder del Estado, se empeñó en buscarse una nueva reforma constitucional para prolongarse. Tras ese fracaso parecería más difícil lograrlo a través de un delfín que no acaba de mostrar mayores méritos políticos que representar la confianza y continuidad de Medina.

A veteranos observadores, el proceso de desgaste del gobierno y las circunstancias nacionales e internacionales que le desfavorecen, les recuerdan el proceso de 1978 cuando se decía que no había forma de vencer el dominio político, económico y militar-policial que ejercía el presidente Balaguer. Resultó traumático pero se alcanzó, y con un candidato como Antonio Guzmán que carecía de habilidades discursivas y expresiones programáticas, aunque suplidas por el entonces líder del PRD José Francisco Peña Gómez. Guzmán como Abinader era un empresario, centrista y con grandes habilidades para la negociación política.

Una pesada herencia financiera

El gobierno que resulte de las elecciones de mayo recibirá una pesada herencia fiscal, y estará obligado a producir de inmediato importantes cambios de políticas para mejorar substancialmente el gasto público, reduciendo el clientelismo, la malversación, la corrupción y el dispendio, a fin de legitimarse para el pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que el presidente Medina ha evadido apoyándose en un galopante endeudamiento que duplicó la deuda consolidada del Estado.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, al igual que los centros de investigación económica nacional, han coincidido en la necesidad de poner límites a más de una década de déficits fiscales consecutivos, para garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación. Quien llegue a gobernar en agosto y pretenda desconocerlo, se arriesga a que la bomba le explote en las manos.

Según últimos informes del FMI la deuda consolidada del Estado compromete ya el 54.6% del PIB, pero el economista dominicano Apolinar Veloz, con experiencia de fiscalizador del mismo organismo, la lleva hasta el 60%, al sumar compromisos no registrados por el Ministerio de Hacienda, que la mantiene en 46 mil millones de dólares y por debajo del 50% del PIB.

El presupuesto del 2020 conlleva un déficit por $96 mil millones. El pago de intereses implica casi la cuarta parte de los ingresos fiscales. Por amortización de capital e intereses de la deuda externa habrá que pagar este año US$ 2 mil 508 millones, equivalentes a $130 mil 416 millones. y de deuda interna otros $136 mil 566 millones, para totalizar $266 mil 982 millones, el 36% de los ingresos ordinarios estimados en 750 mil 800 millones de pesos.-