Si no manipulan las estadísticas, hay retroceso frente al Covid-19

Declaraciones del Ministro de Salud Pública aumentan la percepción de que están manipulando las estadísticas relativas al Covid-19 en el país, con fines electorales, tras una semana que registra un incremento del 69% en el promedio diario de fallecidos

Por Juan Bolívar Díaz

La suspensión el miércoles del inicio de la tercera fase de la reactivación al cumplirse tres meses del inicio de la emergencia nacional por el coronavirus, no pareció suficientemente fundamentada pero sí contradictoria con los anuncios de inicio de vuelos internacionales y operaciones turísticas para el primero de julio, despertando temores de manipulación política.

La suspensión se produjo en medio de la peor semana, desde mediados de abril, en la expansión de la pandemia, elevando la tasa de fallecimientos promedio de 5.9 a 10 por día, aunque los contaminados se mantuvieron con un ligero descuento, con una reducción del promedio diario de 365 a 357. El 12 de abril marca el récord de fallecimientos con 38.

Congelada la fase tres

El Gobierno sorprendió la noche del martes 16, cuando el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo anunció la suspensión del inicio de la tercera fase de la reactivación nacional aduciendo que entre la primera y la segunda se había producido un fuerte retroceso con un aumento significativo de los contagios, que habían pasado de unos 350 hasta 500 diarios. Señaló un aumento en la ocupación de las camas en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo.

La información produjo impacto, temiéndose un retroceso, más aún cuando los funcionarios lo atribuyeron a que la población le había perdido el miedo al Covid-19. Dejó en suspenso la autorización a las empresas que tienen hasta 50 empleados para reanudación total, y las que superan los 50 que iban a elevar la empleomanía  hasta el 75%. Los servicios religiosos serían en la terera fase hasta tres semanales.

El acontecimiento fue percibido como un fuerte tropiezo en momentos en que se anunciaba el reinicio de operaciones en los aeropuertos de Punta Cana y Punta Caucedo, y que el sector turístico presentaba al gobierno un protocolo para iniciar la reactivación de ese sector fundamental de la economía nacional.

Sin suficiente fundamento

Sin embargo, la revisión de las estadísticas contenidas en los boletines diarios del Ministerio de Salud Pública no arroja suficiente fundamento, o deja como precipitada, la suspensión de la fase tres, sobre todo cuando en los días siguientes el Gobierno no ha implementado ningún cambio significativo en la prevención, más allá del anuncio de que “apretará” en la exigencia del uso de mascarillas, guardado de distancia y lavado de manos, lo que se recomienda desde el inicio de la emergencia. No ha pasado de amenaza el que sancionarán a quienes no lleven mascarillas, temiéndose que será más difícil lo de guardar distancia, cuando se ha seguido permitiendo cinco y seis personas en los carros de transporte, las aglomeraciones en los mercados y paradas de autobuses y en los repartos de los programas sociales.

Cuando se hizo un análisis de los primeros 59 boletines, comparado con los resultados de los 29 siguientes, hasta el número 88, que incluía los primeros 26 días de la reanudación, fases 1 y 2, se pudo establecer que sólo el promedio de contaminados por día había aumentado significativamente, pasando de 208 a 365, no a 500 como dijo Montalvo, y  en gran medida porque las pruebas realizadas se incrementaron más de 100%, de 903 a 1,917 en promedio diario. Con  una tasa de positividad de 18.2, se registraban 185 contaminados más por día. Tampoco había saturación de los hospitales, porque el miércoles el director del Sistema Nacional de Salud situó la ocupación en 48%,  y un boletín del Ministerio de Salud marcaba 51%. Los enfermos en cuidados intensivos se mantenían exactamente en  la misma cantidad, 145.

Entre los dos períodos, la proporción de fallecimientos diarios se había reducido de 7.3 a 5.9, la tasa de letalidad, o proporción de fallecidos en relación a los contaminados, había bajado de 3.5 a 2.6, y el promedio de recuperados subió de 47 a 60% de los contaminados, mientras la positividad de las pruebas realizadas había descendido de 20.8 a 18.2%.

Se disparan las alarmas

Hubo una razón para que en esta semana se dispararan las alarmas: los fallecimientos por el Covid-19 se incrementaron 70% en el promedio diario, que pasó de 5.9 a 10 en la semana del sábado 13 hasta ayer viernes 19, inclusive. Aunque ese incremento no ha elevado todavía la tasa de letalidad que sigue en 2.6%.

 Una declaración el miércoles del Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, contribuyó a fortalecer las versiones que circulan hace semanas de que el Gobierno manipula las estadísticas en función del interés político. Por ejemplo que el domingo 17 de mayo, cuando el presidente Medina iba a cantar victoria sobre el Covid-19, el boletín oficial de ese día no registró ni un fallecido. Pero en los días que se buscaba mantener las medidas de excepción que limitan la campaña electoral, sobre todo de la oposición, se dispararon las cifras. Ya en otro discurso, el 17 de abril, el mandatario había sostenido que se estaba alcanzando la meseta o aplanamiento de la línea ascendente de los contagios, lo que ahora indicaría un fracaso.

Al responder una pregunta en su diaria rueda de prensa, el ministro Sánchez dijo que clínicas y hospitales tardan en reportar las incidencias. “No es posible que los reportes se estén tardando, uno, dos y tres meses, en reportes de casos que sean obligatorios, incluyendo las defunciones” y prometió medidas drásticas. Ayer viernes el funcionario se retractó, aduciendo que “esencialmente lo que estamos hablando es de otras enfermedades”. Enredado en sus propias palabras añadió que “hay centros privados y clínicas que  están tardando uno o dos días, y hay algunos casos excesivos que han alcanzado un mes”.

Temores de manipulación

La pretendida rectificación del ministro contribuyo al escepticismo sobre el manejo de las estadísticas, porque los retrasos, aunque sólo algunos sean de un mes, impiden ver con certeza cuándo se produjo el contagio o el fallecimiento, pudiendo alterar los de una semana o mes, hacia arriba o hacia abajo. También facilitan la discrecionalidad de determinar, en función de la conveniencia, cuándo se publica una información llegada con mucho retraso  

Otro factor contribuyente a los temores de manipulación es que en las últimas dos semanas aparecen en los boletines unas “Notas Técnicas” que antes no se incluían y que sugieren un cambio de metodología. La segunda de esas notas indica que “una defunción confirmada o probable” se notifica en plazo de 72 horas. La tercera habla de “total de casos positivos o probables de Covid-19”  y la última se refiere a “casos positivos o probables de Covid-19 pendientes de verificación territorial”. Probable y pendiente de verificación parecen elementos subjetivos

Semanas atrás se cuestionaban los boletines porque no incluían fallecidos sospechosos del coronavirus, si no se le había hecho la prueba, en una primera etapa en que  ni siquiera había suficientes insumos para hacerlas. Aunque todavía esta semana el Ministro de Salud se quejó de que el Laboratorio Nacional no puede procesar todas las pruebas necesarias porque los insumos  se le suministran “a chorritos”.

Desincentivo a la votación

La difusión de una campaña visual en las redes sociales con el logo de la Presidencia de la República ha fortalecido la convicción de los opositores de que estaría en marcha una campaña para intimidar s los electores. Es grotesco que en una se utilice una carabela y en otra una tumba para advertir que “el Covid mata”. Esa línea gráfica llamó la atención de los expertos en comunicación y fue exhibida repetidas veces por televisión y cuestionada en las redes.

 Se cree que la alarma difundida procuraría provocar abstención, sobre todo en las clases medias que son más celosos de su seguridad y salud, donde se aprecia el mayor porcentaje de insatisfacción con el gobierno. Esos sectores son también más difícil de acarrear a las urnas por dádivas, presiones o engaños.

Para las elecciones municipales del 15 de marzo, cuando la mitad de la población no concurrió a las urnas, se criticó que el Gobierno anunciara  el aislamiento del país, con el cierre total de puertos y aeropuertos a causa del coronavirus, a las 7 de la noche de la víspera, a 11 horas del inicio del sufragio, cuando no se perdía mucho con esperar que concluyera. Se cree que eso contribuyó a la baja votación,  que en la provincia de Santo Domingo no alcanzó el 40%, y apenas esa cifra en el Distrito Nacional, Santiago y otros grandes centros urbanos, mientras en las provincias de la pobreza, y en las más alejadas, votaban hasta sobre el 70%.

Temiendo que el temor reduzca la votación, los partidos opositores han iniciado una campaña tendente a convencer a los electores de que si ya hacen vida casi normal, incluyendo filas en los mercados, bancos y establecimientos de todo tipo, pueden ir a depositar su voto tomando las medidas precautorias de lugar para legitimar el próximo gobierno. La Coalición Democrática por la Regeneración Nacional entregó una comunicación esta semana a la Junta Central Electoral insistiendo en mayores previsiones para incentivar el voto dentro de la pandemia, como extensión del horario en dos horas, franja inicial para los mayores de edad, eliminación del entintado de dedo y prueba de temperatura para los operarios de los colegios electorales y los delegados políticos.-         

                                                 Boletín 59       Boletín 88      Boletínes  86 al 92

                                                           16 de mayo           15 de junio     19 de junio                 

Contaminados por día                 208                     365               357

Promedio de pruebas                  903                     1,917           1,735

Positividad de pruebas (%)        20.8                      18.2            18.83

Recuperados (%)                           47                         60                58

Fallecimientos                               428                        605          647

Promedio diario fallecidos           7.3                       5.9   10.0

Tasa de letalidad                             3.5                         2.6                 2.6

En cuidados intensivos                 145                        145              167

Elaboración de JBD en base a Los boletines del Ministerio de Salud Pública         

El gobierno busca acorralar a la oposición para reducir la ventaja que registra el PRM

Forzó extender la limitación de tránsito, manifestaciones y reuniones hasta el final de la campaña electoral, aunque el candidato Luis Abinader quedó recluido por el coronavirus cuando las encuestas persisten en ratificarle muy amplia ventaja

Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno de Danilo Medina logró imponer en el Congreso un virtual corral a la oposición hasta la víspera de las elecciones del 5 de julio, extendiendo el estado de excepción que limita las manifestaciones y reuniones durante el día y el tránsito  nocturno, con el pretexto del coronavirus, aunque se han reanudado gran parte de las actividades nacionales.

Aunque el candidato presidencial Luis Abinader quedó limitado al contraer el virus, las encuestas siguen alarmando a los oficialistas y las tres últimas conocidas esta semana ratifican la posibilidad de que sea electo en primera vuelta, con muy amplia ventaja para la eventualidad de que se necesite una segunda votación que defina mayoría absoluta.

Imposición sin precedente

El gobierno logró ayer imponer la continuidad del estado de excepción que le permite mantener limitadas las manifestaciones, reuniones y movilizaciones de los dirigentes y activistas de los partidos de oposición por otros 17 días, hasta dos días antes de concluir la campaña electoral el jueves 2 de julio, para las elecciones del domingo 5, sin precedente en la historia política. Como la oposición tiene una precaria mayoría en la Cámara de Diputados, la extensión del estado de excepción falló el miércoles, pero dos días después, en medio de denuncias de intentos de sobornos, lograron que 3 diputados del Partido Reformista Social Cristiano la favorecieran, frustrando la resistencia de los dos principales partidos opositores.

El gobierno desoyó todos los reclamos de que levantara las restricciones a los derechos políticos, ante la inminencia de una elección presidencial y congresual, aunque amparado en la Ley General de Salud pudiera mantener suspendidas las actividades recreativas, bares y restaurantes y colmadones, que son las únicas que siguen restringidas cuando el país lleva más de tres semanas en un proceso de reactivación general.

Las medidas dispuestas por la emergencia sanitaria prohíben todo tipo de reuniones y manifestaciones a cualquier hora, y la reclusión de los ciudadanos a partir de las 7 de la noche, y los domingos desde las 5 de la tarde, lo cual limita hasta las caravanas vehiculares que no romperían las previsiones de distancia por la pandemia. Mientras la oposición y los medios informativos muestran activistas del partido oficialista repartiendo ayudas en horas de la noche hasta con asistencia de las fuerzas de seguridad pública.

Persistente deseo de cambio

El empeño en mantener acorralada a la oposición es relacionado con el deseo de cambio que manifiesta desde el año pasado hasta del 78 % de la población, como registró la encuesta Gallup-HOY de mayo del 2019, y con cifras aproximadas en otras acreditadas, que colocan al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros  seis aliados con las mayores posibilidades de encarnarlo.

Una decena de encuestas publicadas ultimamente mantienen las ventajas de Abinader. Esta misma semana se publicaron dos y se conoció una tercera que configuran la posibilidad de que sea electo en primera vuelta y en caso de una segunda, le otorgan  hasta 20 puntos  sobre su más cercano competidor Gonzalo Castillo,  el candidato del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y una decena de aliados.

Las dos encuestas publicadas son de la firma norteamericana Cygnal y del dominicano Centro  de Innovación y Políticas Públicas (CIPP). La primera, contratada por empresarios, fue telefónica entre 1,200 personas, y en su presentación sostiene que fue señalada como la número uno en investigación durante 2018 por el diario The New York Times. Arrojó en primera vuelta 45% para Abinader, 23 a Castillo, 11 a Leonel Fernández y 3 a Guillermo Moreno, pero al restarle los que no votarían o están indecisos, se convierten en 55, 28, 14 y 3% respectivamente. En la eventual segunda vuelta Abinader 55 contra 31 de Castillo.

La del CIPP fue presencial, con 1,200 entrevistados llenando un cuestionario, y arrojó 52 % para Abinader, Castillo 36, Leonel 8 y Moreno 1%. En segunda vuelta el del PRM obtendría 63%, y el peledeísta 33%.

La tercera es reservada, contratada por empresarios, que ya en octubre y enero pasado auspiciaron otras, realizadas por una acreditada firma transnacional, reseñadas en El Tema de HOY. La última, realizada del 4 al 8 de junio, fue también presencial y con muestra de 1,200. En primera vuelta Abinader 52%, Gonzalo 38 y Leonel 9%. En segunda vuelta, el perremeísta ganaría al peledeísta 58 a 38%.

Proceso antidemocrático

Las ventajas que la opinión pública y las encuestas atribuyen a la oposición para los comicios de julio, y que ya se expresaron en los municipales de marzo, se mantienen a pesar de las inequidades de la campaña electoral, especialmente tras la aparición del coronavirus cuando el gobierno ha dispuesto de más de 100 mil millones de pesos para subvencionar sociales, y que ha manejado con inocultable ventajismo político.

 A las persistentes denuncias de la oposición, se suman las de instituciones como Participación Ciudadana que emitió ayer un comunicado expresando “profunda preocupación por las innumerables violaciones a la Constitución y a las leyes en la campaña electoral”, hasta planear que “en este panorama no podremos afirmar que las elecciones nacionales sean libres, democráticas y equitativas como establecen nuestras leyes”.  

La entidad, que lleve un cuarto de siglo observando los procesos electorales plantea que “a pesar de los esfuerzos desarrollados por más de 20 años para adecentar y regular la actividad política en el país, el actual proceso electoral está plagado del mismo comportamiento antidemocrático, inequidad y falta de transparencia que se quiso corregir con la Ley 15-19 del Régimen Electoral”.

Especifica que  su observación del proceso electoral que realiza desde mediados del 2019 “muestra que se han incumplido los preceptos de la democracia y se acrecienta la cantidad de violaciones a las leyes, ante la impotencia de una población que aspira y lucha por una práctica política más decente, equitativa y transparente”. Documenta la participación del gobierno en la campaña, el uso de recursos públicos, la falta de control del gasto que estableció la Ley de Partidos y la inefectividad de la Procuraduría Especial para perseguir los delitos electorales, entre otros aspectos.

Pobre arbitraje electoral

Los abusos del poder gubernamental han sido sistemáticamente denunciados por los partidos opositores que han levantado instancias ante la Junta Central Electoral pidiendo medidas cautelares, por ejemplo la del PRM denunciando que unos 95 candidatos oficialistas no habían tomado la licencia que manda la ley a quienes ocupan cargos ejecutivos en los organismos estatales, incluyendo a la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño. Sin que la JCE reaccionara, la actual vicepresidenta resignó la dirección de los programas sociales que con la pandemia dispuso ayuda para cientos de miles de personas.

La JCE también se ha quedado corta sobre las solicitudes de disposiciones para dar garantías a la población de que pueda votar sin poner en riesgo la salud, como la extensión del horario, con franja para los mayores de edad, eliminación de entintado de dedos o permitir que el ciudadano pueda marcar la boleta con su propio bolígrafo. A tres semanas de las elecciones aún no ha convocado a los partidos, como dispone la ley, para reestructurar su departamento informático, cuyo titular fue despedido tras la suspensión de los comicios municipales en febrero. Y bajo presión de la oposición  fue que convocó las votaciones en el exterior, que evidentemente no favorecía el gobierno.

Con poco crédito por el fracaso de la elección en febrero, el organismo arrastra un pecado de origen: dos de sus cinco miembros llegaron por ser  dirigentes del PLD y su aliado el PRD, lo que contribuye a su lentitud e inmovilidad. Fue dramática la reciente declaración del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, quien planteó que  la JCE “es una institución que parecería que está pegada con saliva en la pared, que no tiene una base política, que por eso es que hemos insistido en que debe dejarse acompañar, asistir de los partidos políticos” a lo que no está obligada, pero sí en las actuales circunstancias.

Supremo interés nacional

Cada semana son más dramáticos los vaticinios sobre las repercusiones económicas y sociales del coronavirus en el país, con más de un millón de empleados que fueron suspendidos, déficits que podrían pasar de 250 mil millones pesos este año, con el turismo paralizado y sin perspectivas de recuperación a corto plazo, e incremento de la pobreza, todo lo cual y mucho más genera graves incertidumbres sobre la estabilidad del país.

Con la pandemia aún sin ser controlada, parece más prioritario que nunca que la nación pase la prueba de unas elecciones que legitimen el nuevo gobierno que debe establecerse ya dentro de dos meses. Pero tanto en el gobierno como en sectores de la oposición, del empresariado y en la sociedad en general, hay gente que no termina de hacer conciencia de la necesidad de un mínimo de respeto a la competencia electoral para no generar mayores enconos y confrontaciones que contribuyan a la desestabilización.

No faltan quienes se frotan las manos pensando que la comunidad internacional no estará tan pendiente de lo que ocurra aquí en el proceso electoral, debido a la pandemia universal. Como si la principal responsabilidad no fuera con los más de 11 millones de dominicanos, incluyendo a la diáspora que ha sido fundamental en la estabilidad macroeconómica con los 50 mil millones de dólares que ha aportado en remesas en la última década.- 

                                        Con cuadro en la siguiente página

Resultados en porcentajes de tres encuestas empresariales

   Octubre 2019, enero y junio 2020

                                                       Octubre     Enero         4-8 de junio

Por quién votaría hoy?

Luis Abinader                                                     39%                48%                52%

Gonzalo Castillo                                                 26                    26                    38

Leonel Fernández                                               17                    13                      9

Cómo votaría en segunda vuelta?               

Luis Abinader                                                     59                    61                    58

Gonzalo Castillo                                                 36                    37                    38

Al margen de simpatía, quién cree ganaría?

Luis Abinader                                                     40                    48                    55

Gonzalo Castillo                                                 26                    32                    33

Leonel Fernández                                              21                    11                      7

Por quién jamás votaría?

Luis Abinader                                                       7                    12                    18  

Gonzalo Castillo                                                 21                    26                    32

Leonel Fernández                                               37                    36                    22  

Partido por el que más simpatiza?

PRM                                                                   38                    39                    45

PLD                                                                    37                    36                    36

LFP                                                                       7                    —                       7  

Habrá ganador en primera vuelta?                             59%  SI

El coronavirus será causa para que Ud no vote?       30%  SI           68%  NO

NOTAS:

1.- Elaboración de JBD con los informes finales de las tres encuestas, realizadas por una firma internacional contratada por empresarios.

2.- De las dos primeras se dio cuenta en El Tema de Hoy, del 2 de noviembre y del 1  de febrero pasados.

3.- La de este junio es de las dos primeras encuesta que se hacen presenciales después de la pandemia, con muestra de 1,200 entrevistas.

Ya no se discute la elección en julio y hasta en el exterior se abre paso

Todavía ayer se batallaba en España, donde a última hora se aseguraba la votación dominicana, para alcanzar el 85% de 595 mil 879 empadronados en el exterior, con la JCE imprimiendo boletas, pero sin reestructurar su clave departamento de Informática

Por Juan Bolívar Díaz

Con gran parte de las actividades nacionales reanudadas y estabilizada la expansión del coronavirus, ya no se discute que la nación celebrará las elecciones presidenciales y congresuales el 5 de julio próximo y la Junta Central Electoral avanza en el calendario de ejecución, aunque le falta la reestructuración del clave departamento de Informática.

El esfuerzo de las comunidades en el exterior también abre paso al voto de la diáspora, asegurado ya para el 85% de los empadronados, faltando New Jersey, Washington y Holanda, y apenas ayer se lograba en España, donde pedían una prórroga por dos días del plazo, para ubicar 9 de 58 mesas en Madrid y las de Asturias, ya con autorización sanitaria.

Camino a la normalidad

 Con la mayor parte de las actividades en camino a la plena normalización y estabilizada la expansión del coronavirus, la población aprende a vivir con la pandemia y crecen las perspectivas para el éxito de las elecciones presidenciales y congresuales reprogramadas para el 5 de julio, hasta el punto que ya no se discute en los medios si podrán ser celebradas en esa fecha.

Es significativo que el miércoles arrancó la segunda fase de la reactivación, que proseguirá con una tercera el día 17, programándose la normalización total para cuatro días antes de las elecciones. Aunque quedan pendientes las actividades docentes, de hoteles, restaurantes y bares, deportivas, artísticas y sociales, en las jornadas diurnas las ciudades alcanzan casi la normalidad, con los habituales taponamientos del tránsito, especialmente en las entradas y salidas de las urbes  y los suburbios.

También es relevante que a pesar de las aglomeraciones, especialmente en el transporte, los mercados y el pequeño comercio, el crecimiento de la pandemia ha mantenido estabilidad, con un incremento de 323 contaminados y 5 fallecimientos en promedio diario durante los 17 días de reactivación. Y la última semana, hasta ayer viernes, el promedio de contaminados por día se redujo a 257, y los fallecimientos a 4, claro indicativo de mejoría.

Resalta que la mayoría de las contaminaciones siguen concentradas en el gran Santo Domingo, que ayer registraba el 64% de los que estaban en cuidados intensivos. El 75% fallecen en la gran urbe y 9 provincias. Ese mismo promedio de los contaminados se han registrado en el DN y 5 provincias, mientras en otras 12 provincias apenas llegaban al 1.5%. Eso implica que en gran parte del territorio la incidencia de la pandemia no debería afectar la concurrencia a las urnas.

Tareas pendientes en JCE

 La JCE ha dado pasos decisivos en la actualización del calendario de acciones preparativas para los comicios, incluyendo la impresión de las boletas y la adquisición de los materiales, incluidos los del necesario saneamiento de los locales e instrumentos de votación, así como para el personal operativo. El director nacional de elecciones dio seguridades de que disponen de los 80 mil que integrarán los 16 mil colegios electorales, y que tienen suficientes reservas para sustituciones. Pero no dijo qué proporción de los mayores de 65 años han declinado, ni si están consultando su disponibilidad.

Una de las cuestiones más delicadas que tiene pendiente la JCE es la reestructuración de su departamento de informática, imperativa después del fracaso de los comicios municipales en febrero y los informes técnicos de expertos internacionales que lo atribuyeron a la programación electrónica y su operatividad, lo que generó la cancelación de su director, Miguel Angel García. De acuerdo a la ley electoral esa tarea tiene que hacerse en consulta con los partidos, algunos de los cuales han pedido una reestructuración más allá del cambio de director.

El organismo electoral también tiene pendiente responder instancias de los partidos que han solicitado medidas adicionales a las ya adoptadas para garantizar la salubridad en los locales electorales, como la extensión en 2 horas del horario de votación, una franja inicial para los mayores de 65 años, que son más de 1 millón 800 mil, supresión del entintado de dedos y prueba de temperatura a los operarios de los colegios y delegados de partidos. También se ha sugerido que se permita que los electores usen bolígrafo propio para marcar las boletas y no tener que usar uno colectivo.

El voto de la diáspora

 Se avanzó definitivamente en la preparación de la votación en el exterior, para lo cual ha sido necesaria la aprobación de las autoridades de 18 países donde hay 595 mil 879 ciudadanos dominicanos empadronados. Ayer el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la JCE, Orlando Jorge Mera, aseguró que sólo faltaban por aprobar la votación por las autoridades de New Jersey, Washington, Holanda y España, pero en la tarde se informó desde Madrid que también allí se habían superado las dificultades, lo que implicaría que el 85% de los empadronados en el exterior podrían votar. De estos el 12.8% corresponden a New Jersey,  que pudieran ser autorizados a sufragar en Nueva York, del cual sólo los separa un puente.

Lo de España fue una agonía contra el tiempo, ya que la funcionaria de la JCE en Madrid insistía en que anoche concluiría el plazo para arreglar las posibilidades de votar en julio 5. Al igual que en Estados Unidos, donde el senador Adriano Espaillat y los dirigentes de la comunidad  fueron clave para lograr la autorización de las autoridades, en España todavía ayer dirigentes de las organizaciones sociales y los partidos batallaban al respecto.

 Al caer la tarde habían logrado la aprobación de las autoridades de salud y sólo les faltaba conseguir locales para  algunos colegios en Asturias, y para 9 de los 58 que operarán en Madrid donde hay 37 mil 595 electores. En toda España suman 82 mil 893, incluyendo los 29 mil 298 registrados en Barcelona. Pedro Alvarez, un dirigente del gobernante Partido Socialista Obrero Español, casado con la dirigente  social dominicana Bernarda Jiménez, aseguró que se habían conseguido locales para la votación dominicana con su partido, asociaciones de inmigrantes y centros culturales, y que incluso pagaron los seguros por riesgos de daños.

En el país han sido los partidos de oposición los que más han presionado para que se busque la forma de garantizar el voto de la diáspora que representa el 8% del padrón electoral. Todavía esta semana el dirigente del PRM Eddy Olivares, un ex titular de la JCE, acusó al canciller Miguel Vargas Maldonado de negligencia en la gestión de las autorizaciones para la votación en el exterior, indicando que las embajadas y los consulados no han hecho los esfuerzos.

Corta campaña electoral

La  campaña electoral, de acuerdo a la ley, concluye el jueves 2 de julio, para lo que ya restan sólo 4 semanas menos dos días. Será la campaña electoral más corta de la historia nacional, lo que se ha considerado en detrimento de la oposición política, porque es en las calles y plazas públicas donde ésta tiene más posibilidades de competir con los abundantes recursos del partido gobernante.

Al gobierno se le ha acusado de pretender mantener lo más posible el estado de excepción que limita la circulación y las actividades masivas, incluso con toque de queda nocturno, que no respetan los activistas del partido gobernante. Al mantener el toque de queda desde las 5 de la tarde de los domingos, han afectado las actividades de los fines de semana.  Se da por hecho que el estado de excepción concluirá el próximo viernes 12, y que el gobierno no pretenderá extenderlo hasta los mismos comicios. Sólo restarían tres fines de semana para las mayores actividades proselitistas.

La desigualdad ha vuelto a ser características de esta  campaña electoral, con un candidato oficialista sustituyendo al Estado en la provisión de equipos y suministros para enfrentar la pandemia, con flotillas de aviones, helicópteros, camiones y otros vehículos, con la mayor proporción de la publicidad por todos los medios, altos funcionarios en labores proselitistas, y miles de comunicadores y comentaristas pagados por el Estado.

De nada han valido los reclamos opositores, por ejemplo, para que la candidata vicepresidencial tome licencia de su cargo de directora de los programas sociales de subsidios, duplicados por la pandemia, que la han hecho vocera de la asistencia a cientos de miles de personas, pronunciando discursos por cadenas de medios oficiales.

De nada han servido las nuevas regulaciones electorales contenidas en las leyes de partido y del Régimen Electoral aprobadas en los dos últimos años. Como tampoco los principios constitucionales de equidad, objetividad, y transparencia en las competencias electorales. Pocos se acuerdan que la ley electoral instituyó una procuraduría fiscal para perseguir los delitos electorales, que ha brillado por su silencio.-                

Encuesta Penn apunta a doble votación y ratifica a Abinader como el favorito

La encuesta de Mark Penn sacude los ámbitos políticos, con resultados estrechos de cara a la elección presidencial,  con el 50% de las preferencias en la oposición, dejando a Leonel Fernández en posibilidad de decidir, pero con dudas al ser telefónica       

   Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Mark Penn/Stagwell sacudió esta semana los ámbitos políticos, al arrojar un alto crecimiento de la candidatura presidencial del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que recibe un aliento que parecía necesitar, aunque deja dudas por haber tenido una muestra de sólo un millar de cuestionados por la insegura vía telefónica.

La investigación plantea un escenario de doble votación y ratifica a Luis Abinader, del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) como el candidato de mayor preferencia para convertirse en el próximo presidente, dejando al expresidente Leonel Fernández con la posibilidad de negociar para inclinar la balanza.

El más estrecho resultado

La encuesta Penn, que auspicia el informativo SIN, sorprendió esta semana con los resultados más estrechos arrojados por las investigaciones de mayor credibilidad, provocando intensos debates y dejando algunas dudas porque por primera vez esa firma se vale de la vía  telefónica, más vulnerable por la alta proporción de personas dependiendo actualmente de la ayuda gubernamental y con una muestra de sólo 1020 entrevistas.

Para la votación del 5 de julio, el resultado fue un virtual empate técnico entre el favorito Luis Abinader y Gonzalo Castillo del partido gobernante, con preferencias de 39 y 37%, dejando en tercer lugar, con 10%, al expresidente Leonel Fernández, candidato del nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP), y con un alto 13% de personas que no respondieron. Tal resultado remite a una segunda votación, que se realizaría a fin de julio, en la cual, según la misma encuesta, Abinader obtendría un 46% y Castillo 42, todavía con un alto 12% que no sabe o no responde por quién votaría.

 Abinader mantiene las mayores posibilidades de crecer porque es el candidato de mejor tasa de favorabilidad en la misma encuesta entre todos los candidatos presidenciales, con una opinión favorable de 57% y desfavorable de 35 para un balance neto positivo de 22, mientras Castillo registra favorabilidad de 50 con 44% desfavorable, para un neto de sólo 6. Fernández aparece con un  neto negativo de 15 puntos, 3 más que Guillermo Moreno, el cuarto candidato presidencial, del partido Al País, que aparece con 12.

En relación a la anterior encuesta de Penn, publicada en enero, resalta que Gonzalo Castillo creció 9 puntos, al pasar de 28 a 37% en las preferencias para próximo presidente, mientras Abinader cayó 4 puntos, de 43 a 39%. Las preferencias por Leonel Fernández se redujeron de 19 a 10% y las de Moreno de 3 a 1%, configurando una progresiva bipolarización.

Las otras encuestas

Una hipótesis válida es que el crecimiento de las preferencias por la candidatura oficialista de Gonzalo Castillo ha sido generado por el inesperado coronavirus.  Otras dos encuestas acreditadas también dieron mayores ventajas a Abinader antes de la aparición de  la pandemia. La Gallup-HOY en enero le otorgó 42% frente a 31 de Castillo y 16 de Fernández, y la Greenberg-Diario Libre en marzo lo colocó ganador en primera vuelta con 52%, dejando a los oteros dos en  24 y 17%.

En los ámbitos del PRM rechazan enfáticamente el balance arrojado por la Penn, basados en sus propias investigaciones, especialmente las del Centro Económico del Cibao (CEC) en las que han mantenido una victoria en primera vuelta. La última de esta misma semana arrojó 54%, frente a 39 para Castillo y 10 para Fernández. Pero esta es ahora telefónica. Las de esa firma, dirigida por el sociólogo Leonardo Aguilera, fueron acertadas al adelantar con bastante aproximación la victoria del PRM en las elecciones municipales de marzo en el DN, Santo Domingo Este y Oeste, La Vega, Puerto Plata, Higuey, San Pedro de Macorís y otros municipios.  No le dieron ganancia en Santiago, Santo Domingo Norte o en Moca, donde efectivamente perdieron.

Otras encuestadoras, como la ASISA,  ABC Marketing, Estudios e Investigaciones Profesionales Grupo de Investigación y Desarrollo Lerebours también han otorgado amplias ventajas en mayo a la candidatura perremeísta. Mientras la Mercadología de Dorín Cabrera, difundida esta semana por el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, arrojaba una amplia ventaja para la del PLD de 46.9 a 36.7, con sólo 9.5 para FP. Pero esta encuestadora dio ganadores a los candidatos peledeístas en el DN, SDE, SDO y en otros municipios donde la oposición obtuvo más del 50% en marzo.   

Las encuestas telefónicas  

Las encuestas de Mark Penn son de las más acreditadas del mercado nacional y se realizan desde hace 4 décadas, con muchos más aciertos que fallos, pero siempre se habían hecho con una muestra territorial, y en persona, por segmentos económico-sociales, edad y sexo. Así fue la de enero, pero ahora por vía telefónica, que no ofrece la misma garantía, aunque en ambos casos se indica el mismo margen de error, de 3%.

La ficha técnica de ahora indica que se comprobó en el padrón electoral que el dueño del teléfono por donde se hizo la entrevista está registrado en el lugar seleccionado como muestra. Sin embargo, no puede haber la misma garantía de que quien responda sea el dueño efectivo. Pero sobre todo que las respuestas sean sinceras, por la altísima proporción de personas que por la emergencia del coronavirus están recibiendo subsidios del gobierno, cientos de miles dependientes del plan social que dirige la vicepresidenta Margarita Cedeño, a la vez candidata vicepresidencial del partido oficialista.

A diferencia de las encuetas personales, donde el entrevistador puede mostrar identificación, y vérsele la cara, por teléfono el receptor no tiene ninguna forma de saber si quien le interroga es un encuestador o agente de un partido o de una agencia gubernamental, por lo que puede optar por ocultar su preferencia. Aún antes de la emergencia sanitaria, el 8 de febrero, “El Tema de Hoy” presentó un cuadro demostrativo de que el 25% del electorado recibía pago mensual del Estado, como empleado o a través de diversos programas de subsidios. Esa proporción se ha incrementado con cientos de miles de personas favorecidas por los programas de emergencia Quédate en Casa y FASE. Eso pudo incidir en que quienes no responden pasaran de 6 a 13% en las dos encuestas Penn. 

El Estado en la campaña

Pero asumiendo como objetivo, el crecimiento de 9 puntos de la candidatura presidencial del PLD, no debería ser sorprendente con todas las ventajas que le ha otorgado el “Estado en campaña”, presidido por Danilo Medina, quien proclamó en discurso público que él ganará las elecciones, aún después de no haber podido ser candidato. El estado de excepción para combatir el coronavirus le ha permitido disponer de más de 100 mil millones de pesos, para asistencia social y financiamientos, de los cuales a junio habrán gastado 57 mil millones, según informo el ministro de Hacienda.

Con recursos ilimitados, flotillas de aviones y helicópteros, así como de camiones y vehículos para desinfectar, Gonzalo Castillo ha emergido como el chapulín colorado de la pandemia. El gobierno le auspició que sustituyera al Estado en la búsqueda, hasta en China, de los primeros equipos y materiales para afrontar la pandemia, igual en el rescate de dominicanos varados en diversos países. Desinfectó y repartió alimentos, mascarillas, gas propano y otros artículos hasta en las horas del toque de queda, mostrado en videos. Sus recursos han alcanzado hasta para regalar y reparar viviendas, que aparecen en su campaña publicitaria. Su gasto en propaganda supera muchas veces la de todos los demás candidatos presidenciales juntos. Empresas asociadas y cotizantes del candidato oficialista han sido beneficiarias de una alta proporción de las Compras de emergencia, en licitaciones cuestionadas,  por velocidad y sobrevaluaciones.

Si se quiere mayor ventajismo ahí está el caso de la candidata a la Vicepresidencia que ha dispuesto ayudas para cientos de miles de personas, en una labor ejecutiva prohibida por la Constitución y las leyes del Régimen Electoral y de Función pública para los candidatos a cargos electivos. De nada han valido los reclamos de la oposición, pues no hay órgano de contención ante la irrupción del Estado en las campañas electorales.      

Con tantas ventajas la candidatura de Castillo debió haber crecido más de los 9 puntos acumulados en los 4 meses de enero a mayo. Faltándole todavía 13 puntos para que pueda alcanzar la mayoría absoluta, apenas a 5 semanas de las elecciones.

Advertencias a la oposición      

El crecimiento de las preferencias por la candidatura oficialista puede haber sido inflado por la desconfianza en la vía telefónica, pero nadie debe dudar que sea objetivo en mayor o menor medida. En lo inmediato tiene un doble efecto, un balón de oxígeno para los dirigentes peledeístas, muchos ausentes de la campaña, incluyendo a figuras relevantes de su Comité Político y a los que disputaron la candidatura presidencial. Mientras por el otro lado, produce desconcierto en los ámbitos opositores, tanto del PRM como de la FP.

Los opositores no deberían permitirse la tentación de la simple descalificación de una encuestadora con suficiente crédito acumulado, y más bien deberían asumir la posibilidad de que el gobierno esté sacando capital electoral de la crisis sanitaria y las necesidades económicas y sociales que ha detonado. Deberían enfatizar las demandas de equidad en la competencia electoral, de transparencia en el gasto público y de cumplimiento de las normativas constitucionales y legales.

Desde luego que eso remite a las debilidades institucionales dominicanas con órganos maniatados por la manipulación del gobierno y su partido y una opinión pública que ve como normales cualquier atropello a la competencia democrática, influida por miles de comentaristas y comunicadores pagados  por nóminas y con la inmensa publicidad estatal.

El sacudimiento generado por la encuesta Penn podría tener como efecto que en el PRM baje un poco el triunfalismo y retome su apelación a la sociedad civil y comunitaria, a los dirigentes sociales, especialmente a los jóvenes que antes de la pandemia protagonizaban en las plazas públicas y las redes. El proyecto de Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional se inscribe en la dirección correcta, pero requerirán mucho más en esta recta final, siempre contando con que el gobierno manipulará todo lo referente a la pandemia, sin la cual probablemente no se estaría hablando de elecciones.-        

Mejoran las perspectivas para las elecciones del 5 de julio, incluyendo voto en el exterior

Crece el clamor político y social porque se procure viabilizar el voto de la diáspora dominicana, 8% del padrón electoral de julio 5, mientras en Estados Unidos las autoridades adelantan que es posible con las condiciones que impone el coronavirus

           Por Juan Bolívar Díaz

Las perspectivas de realización de las elecciones presidenciales y congresuales reprogramadas para el 5 de julio a causa del coronavirus, parecen más auspiciosas en la medida en que en el país, como en todo el mundo, se reinician las actividades normales aprendiendo a convivir con una pandemia aún sin límite visible.

Incluso crece la posibilidad de que los residentes en el exterior puedan votar, después que autoridades de Estados Unidos, donde está el 75% de los empadronados, ha informado que lo permitirían si los organizadores respetan los protocolos de salud impuestos por la pandemia que sacude al mundo.

Avance hacia las elecciones

 Con el reinicio de la mayoría de las actividades productivas y de la movilización social en una primera etapa que proseguirá al comienzo de junio, han aumentado las expectativas de que las reprogramadas elecciones presidenciales y congresuales puedan  efectuarse dentro de 43 días, el 5 de julio, y así evitar que a la nación le caiga una crisis política- institucional y de legitimidad democrática, encima de la pandemia y sus graves consecuencias económicas y sociales. Desde la oposición política ya se inició una campaña tendente a convencer a la ciudadanía de que si se puede ir a los trabajos, o de compra y actividades bancarias o gubernamentales, también se puede concurrir a las urnas.

 Esta semana la Junta Central Electoral (JCE) se reunió con los partidos políticos para ponderar las posibilidades de implementar el voto en el exterior y emitió tres resoluciones  autorizando veedores de los partidos ante su Dirección de Elecciones y su Centro de Informática, para la presencia de observadores en el escrutinio de los votos y para permitir que el mismo sea grabado, acogiendo demandas partidistas.

Sin embargo, una cuarta resolución ratificó el horario de votación establecido en la Ley del Régimen Electoral, de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sin acoger peticiones de ampliación hasta las 7 de la noche, para espaciar más la presencia de los electores en  los colegios electorales. Tampoco acoge las propuestas de tandas por sexo, para reducir las aglomeraciones en las mañanas, ni de un horario inicial exclusivo para mayores de 60 años. Si la emergencia justificó aplazar la fecha de la votación, establecida en la Constitución, con mayor razón se puede sobrepasar el horario que es sólo de ley. Esas peticiones y un protocolo de higiene y desinfección, persiguen la participación electoral aún con la pandemia. El promedio nacional de votación en elecciones presidenciales es de 70 por ciento, y la legitimidad de las nuevas autoridades podría ser cuestionada si cayera por debajo del 50.  

El voto fuera del país

La posibilidad de que los dominicanos residentes en el exterior, 7.9% del padrón nacional, puedan votar para elegir presidente, vicepresidente y siete diputados estuvo en el centro de los debates de los últimos días, particularmente de los dirigentes del exterior, de los partidos políticos, especialmente los de oposición, y de instituciones sociales, que incluyeron a entidades como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, que denunciaron retrasos en los preparativos para organizar los colegios electorales en 18 países y 28 ciudades donde se concentra la diáspora dominicana. El Partido Fuerza del Pueblo y cuatro aliados emplazaron a la JCE a que convoque la votación en el exterior, tras señalar que esta no fue incluida en la resolución que reprogramó las elecciones para el 5 de julio.

 Uno de los últimos reclamos está contenido en la carta del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral dirigida el jueves 21 a los titulares de la JCE, bajo la firma de su coordinar general Hamilk Chahín, del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria, de otros dos obispos católicos y un emérito episcopal, así como personalidades evangélicas, empresariales, académicas, sociales y de la comunicación social. Solicitan que en el menor plazo emitan la proclama convocando las elecciones en las circunscripciones del exterior.

“Habiendo quedado establecido que no existe a la fecha ningún impedimento regulatorio de los Estados receptores a la celebración de elecciones presenciales en sus territorios; y siendo el derecho a elegir un derecho constitucional fundamental, que no puede ser conculcado en forma alguna, se impone la organización y celebración de elecciones en el extranjero en la misma fecha que las elecciones nacionales, para que los votos de la diáspora también cuenten a nivel presidencial”, indica la comunicación.

Sospechan del PLD

En los ámbitos opositores se sospecha que el gobernante Partido de la Liberación Dominicana estaría interesado en una nueva posposición de las elecciones, esperando circunstancias más propicias para posicionar su candidatura presidencial, cuando múltiples encuestas siguen indicando que “no acaba de pegar”. Menos interés se le atribuye en el voto de la diáspora, donde surten poco efecto sus políticas clientelares, y recuerdan que en el 2016, el PLD y sus aliados sólo obtuvieron el 40% del voto del exterior, cuando en el país se le atribuyó el 62%. Declaraciones de al menos tres legisladores, un embajador y dos dirigentes peledeístas, además de aliados y comunicadores vinculados, han abonado esa desconfianza.

El PLD esperó más de tres semanas para acoger tímidamente la nueva convocatoria de las elecciones que no se pudieron celebrar el 17 de mayo. Una comunicación a la firmada por el presidente del partido, Temístocles Montás planteó esta semana que se contemple la posibilidad de implementar el voto exterior, y si no es posible, remite a un acuerdo político.

La posibilidad del voto en el exterior se afianzó en los últimos días con la publicación de comunicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, del gobernador y del alcalde de Nueva York, y del alcalde de Providence, Rhode Island, que coinciden en señalar que no prohíben el voto presencial en sus territorios, si los organizadores se acogen a los soberanos protocolos de seguridad y sanidad determinados por el Covid-19.

Una declaración de la cancillería española fue menos auspiciosa al indicar que “no se puede confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial”, que dependerá de las restricciones sanitarias que puedan estar en vigor para el 5 de julio, pero  precisa que eso se podrá evaluar unos días antes de la fecha. España, como Estados Unidos, dos de los países más afectados por la pandemia, sale progresivamente del confinamiento y reanuda la próxima semana gran parte de sus actividades.

Son casi 600 mil votos

El voto de los dominicanos residentes fuera del país quedó instituido en la reforma electoral de 1997, por la Ley 275-97, y obtuvo categoría constitucional en el artículo 81 de  la Constitución del 2010, y fue ratificado en la Ley del Régimen Electoral del 2019. Se puso en vigencia en la elección presidencial del 2004, cuando votaron 35 mil de 52,440 empadronados. Para el 2012 ya fueron 147 mil 479 los empadronados, para ascender a 384 mil 522 en el 2016, cuando sufragaron 189 mil 27, el 49%.

 Para las elecciones del 2020, se empadronaron otros 211 mil 357 ciudadanos para totalizar ahora 595 mil 879. De ellos 408 mil están radicados en Estados Unidos, que más 39 mil en Puerto Rico, arrojan un total de 447 mil, equivalentes al 75% del padrón exterior. En Madrid hay 56 mil y otros 29 mil en Barcelona, para sumar 85 mil en esa nación, 14%. El restante 11% está registrado en Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Francia, Inglaterra y Uruguay. Están distribuidos en tres circunscripciones: la primera abarca Canadá y Estados Unidos, sin la Florida, que está integrada en la segunda con Puerto Rico, las Antillas y América Latina, y la tercera es Europa.    

Ese casi 8% del padrón total de electores dominicanos es una proporción significativa, que supera el total de las 10 provincias nacionales de menor población, por lo que su exclusión de la votación podría constituirse en una fuente de impugnaciones y de cuestionamiento a la legitimidad de los que resulten electos.

Los aportes de la diáspora nacional

El desaparecido líder político José Francisco Peña Gómez fue el primer impulsor de la doble nacionalidad, que logró incluir en la reforma constitucional del 1994, y del voto de la diáspora consagrado por primera vez en la reforma electoral de 1997. Fue también pionero  s en reivindicar la importancia de la comunidad dominicana en Estados Unidos, por su creciente número y sus aportes en remesas al país, incluso al financiamiento de las actividades partidistas.

Desde entonces la comunidad dominicana en el exterior se revaloriza en mayor grado y la mejor muestra es el crecimiento de los empadronados, que ha ido paralelo al de las remesas formales que en la última década se incrementaron en 92%, al pasar de  3,683  millones de dólares en el 2010, a 7,087 millones en el 2019, de acuerdo a los registros del Banco Central. Si se pudieran cuantificar los envíos personales de dinero y paquetes y lo que gastan al venir al país, superarían con mucho los 8 mil millones de dólares, y los 7,500 millones que ingresaron por el turismo el año pasado.

Otra forma de evaluar esos aportes es convertirlos a pesos, y el año pasado a una tasa de 52 por dólar, las remesas por el sistema financiero ascendieron a 368 mil 524 millones de pesos, más del 50 por ciento de todas las recaudaciones fiscales del Estado. Es a esos aportes que se debe atribuir gran parte del mejoramiento del ingreso familiar dominicano, que se traduce en  adquisición y mejoramiento de viviendas y en miles de pequeñas empresas.

 Por esas y otras razones es que los líderes de la diáspora dominicana defienden ardientemente su derecho al voto, especialmente porque siguen atados al destino nacional y no admiten que no se hagan los esfuerzos y acuerdos necesarios para montar las elecciones en el exterior.-

Es inaplazable la reactivación económica y la transparencia del gasto del Gobierno

Aún sin avance en contener el coronavirus, el Gobierno tendrá que disponer esta semana el reinicio de las actividades de la economía formal, con las máximas previsiones posibles, y responder los requerimientos de transparencia del gasto extraordinario.

        Por Juan Bolívar Díaz

A dos meses y medio de la llegada del coronavirus al país y a más de 8 semanas del estado de excepción para combatirlo, los resultados siguen siendo desalentadores mientras cada día crecen los reclamos de reinicio de las actividades de la economía formal, porque la informal sigue rompiendo la cuarentena impuesta.

El Gobierno consiguió lo que la oposición anunció como última prórroga del estado de excepción que ya cumple dos meses, en medio de reclamos políticos y sociales de que rinda cuenta pormenorizada de los recursos extraordinarios que ha dispuesto para subsidios sociales y estímulos financieros.

Resultados inconsistentes

La curva de la expansión del Covid-19 en el país no ha podido ser detenida y muestra inconsistencias en una semana que comenzó con tres jornadas que acumularon 1,253 contagios, entre viernes 8 y domingo 10, para un incremento de 14 por ciento, habiendo alcanzado un pico de 506 en un  solo día, que mostró alivio a mitad de semana al caer tres días seguidos por debajo de 300 casos, para volver ayer sobre los 400.

 No han faltado esfuerzos gubernamentales en las últimas semanas, cuando por fin se ha logrado realizar mayor número de pruebas para detectar el virus y aislar sus portadores, aunque todavía el ministro de Salud admitía que no disponen de los insumos suficientes, pero aun así lanzaron un fuerte operativo de descontaminación en el gran Santo Domingo, que acumula el 47 por ciento y ayer tenía el 51 por ciento de los hospitalizados.

Un nuevo vistazo al récord de la Universidad Johns Hopkins, en el cuadro anexo, permite apreciar que RD se mantiene junto a México y Panamá con los peores resultados frente al Covid-19 entre las 15 naciones más grandes de América Central y el Caribe, donde también se incluye a Colombia y Venezuela, y si se verifica todo el continente, sólo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú y Ecuador, se agregan con mayor incidencia.

Los registros muestran que la pandemia no ha causado grandes estragos en la región, aún en países más pobres que RD, como Haití, Jamaica y casi todos los centroamericanos, lo que algunos atribuyen a factores climáticos, de población más joven y más acostumbrada a sobrevivir en condiciones precarias de salubridad.   

Sin divisarse el pico

La situación dominicana es de incertidumbre, pues mientras el cuerpo social presenta cada día mayores signos de agotamiento en la cuarentena de dos meses, la representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Mundial, Alma Morales, sostuvo esta semana   que el país “no cumple satisfactoriamente ninguno de los requisitos para descontinuar la cuarentena y retomar la normalidad”. No advierte que se esté aplanando la curva, con inconsistencia en los resultados que varían por semanas. 

Esas consideraciones siguen en la cuenta del Gobierno que por primera vez se abrió a consultar con las organizaciones empresariales, sindicales y religiosas, sobre el curso a seguir, presionado por las demandas de reactivación económica provenientes de los más diversos sectores sociales. Pero los gobernantes persistieron en ignorar a la oposición política, a semanas de unas elecciones para renovar el Gobierno, lo mismo que a los gremios de la salud y a entidades como la Alianza por el Derecho a la Salud, que agrupa medio centenar de organizaciones que trabajan en el sector a nivel nacional.

Todos los sectores consultados se debatieron en la disyuntiva de continuar la cuarentena por tiempo indefinido o reiniciar las actividades económicas. Pero en general prevalece el criterio de que ya urge planificar la reapertura con las mayores previsiones para evitar una mayor expansión de la pandemia.

Hay fuertes advertencias

Si no fuere suficiente el incremento día a día de las actividades comerciales informales y el movimiento vehicular, incluyendo ya los normales taponamientos del tránsito,  las autoridades han empezado a recibir advertencias más fuertes, como las formuladas por asociaciones empresariales nacionales. Ayer el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, amenazó con reabrir sus operaciones la próxima semana.

Aparte de denuncias de inminentes quiebras de establecimientos comerciales de todo género, sus voceros se quejan cada vez más agriamente de que mientras los pequeños y medianos establecimientos son obligados a permanecer cerrados, los supermercados y las grandes tiendas por departamentos “hacen zafra” vendiendo no solo alimentos, sino también productos de todo género, incluyendo ferreteros, vestuarios, calzados, adornos, de limpieza, panadería, heladería, licores. Las asociaciones de la micro, pequeñas y medianas empresas también han reclamado en los mismos términos.

La realidad es que cada día son más los talleres de todo género, peluquerías, salones de belleza, pequeñas tiendas, y sobre todo los vendedores ambulantes, que reanudan sus actividades a la vista de todo el que quiere ver, aunque en los conciliábulos gubernamentales se hable de “reabrir la economía”. Parecen ignorar que el 57 por ciento de los trabajadores dominicanos son informales y que el 95 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas.

Con última prórroga

Inconformes con la negativa del gobierno a tomarles en cuenta y la escasez de transparencia, los partidos de oposición que controlan la Cámara de Diputados le aprobaron lo que proclamaron como última prórroga del estado de excepción, bajo el compromiso con legisladores oficialistas de que se darán pasos para una reapertura  de las actividades sin descuidar las medidas preventivas para evitar la expansión del Covis-19. El Gobierno debió ya reconocer la realidad del mercado de trabajo por lo menos ajustando el toque de queda para que esa efectivamente nocturno, a partir de la s7 de la noche,  cuando ya se oculta el sol.

En principio los opositores planteaban una extensión de sólo 10 días del período excepcional, pero accedieron a 15, no los 25 que volvió a pedir el Gobierno, denunciando que los gobernantes han politizado la emergencia nacional, buscando mejorar el posicionamiento electoral de los candidatos oficialistas, mal parados por meses  en las encuestas y golpeados por el resultado de las elecciones municipales del 15 de marzo, tras el aborto de febrero.            

La proximidad de las elecciones presidenciales y congresuales, que debieron celebrarse mañana 17 de mayo, pero reprogramadas para el 5 de julio, es un factor determinante en las actitudes de Gobierno y oposición y particularmente en el estado de excepción que limita derechos de reunión y de tránsito. Con el paso de los días proliferan los cuestionamientos a los candidatos oficialistas que estarían aprovechando los recursos estatales y la emergencia para promoverse. Se señala el caso de la actual vicepresidenta y candidata al mismo cargo, Margarita Cedeño, quien esta semana anunció que extenderán hasta el mes de julio el programa de subsidios “quédate en casa”, al cual el 24 de abril anunció en discurso televisado que agregarían 70 mil familias. La Ley del Régimen Electoral establece que los funcionarios que sean aceptados como candidatos deben tomar licencia de sus cargos. La dirección del gabinete social y los repartos de subsidios corresponden al funcionariado gubernamental, no son funciones vicepresidenciales.

Reclamo de transparencia

Los reclamos de transparencia en el manejo de la crisis de salubridad ya no provienen sólo de los opositores políticos, sino también de las instituciones sociales más comprometidas con la defensa del orden institucional y la lucha contra la corrupción, como son el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) que denunció que “persisten distorsiones e inobservancias sistemáticas  de  la Ley de Compras y Contrataciones”, y reclamó total transparencia en los gastos por la pandemia.

 PC sostuvo que los informes del Gobierno al Congreso sobre usos de fondos de emergencia carecen de información financiera que permita medir su efectividad y costos y reclamó relación de donaciones recibidas por el Gobierno, detalles de ejecución presupuestaria destinada a la asistencia a instituciones y personas y de los fondos para asistencia, relación de compras bajo el estado de emergencia, cantidad de beneficiarios y distribución geográficas del programa “quédate en casa” y las medidas monetarias y financieras adoptadas por el Banco Central, con los  montos y beneficiarios, entre otros aspectos.

Eso en una semana donde el Ministerio de Defensa se vió precisado a revocar una contratación de equipos tras la denuncia periodística de irregularidades, cuarto escándalo vinculado a compras dentro del periodo de emergencia. Esta semana, tras denuncias públicas, las autoridades informaron un mes después que una docena de oficiales son investigados sobre un cargamento de 350 kilos de cocaína embarcados en un avión que salió de Puerto Plata para Bruselas.

Esta semana también hubo cuestionamientos a la operación triangular con que el Banco Central recompró a cuatro AFP bonos que les había vendido por 40 mil millones de pesos, para que éstas a su vez los invirtieran en nuevos bonos del Ministerio de Hacienda, lo que implica una emisión monetaria por esa suma. Ya van 52 mil millones de pesos los traspasos inorgánicos del Banco Central al Gobierno, contando los 12 mil millones atribuidos al comienzo de la crisis de salud, para financiar subsidios.                

CONTAGIOS Y FALLECIDOS POR EL  COVID-19

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE, 14 DE MAYO DE 2020                                                                            

PAÍS POBLACIÓN (Millones) CONTAGIADOS FALLECIDOS LETALIDAD %
MEXICO      127.8 42.595 4.477     10.5
RD       10.5 11.196   409     3.6
PANAMA        4.2 8.944    117     2.8
COLOMBIA        50.3 12.930     509       3.9
CUBA        11.2  1.830      79        4.3
PUERTO RICO         3.2  2.427    117   4.8
HONDURAS         9.2  2.255      123        5.4
COSTA RICA         5.0   815 8          0.9
GUATEMALA        17.3   1.342    29         2.1
EL SALVADOR        6.6   1.112     20      1.7
VENEZUELA       28.8    440      10       2.2
HAITI       11.1       234          18          7.6
NICARAGUA         6.5       25       8       32.0
JAMAICA   2.9      509       9          1.7
TRINIDAD Y TOBAGO        1.3        116          8          6.8


FUENTE:  UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS, coronavirus.jhu.edu

El Gobierno ha quedado atrapado por la pobreza y poca concertación

La necesidad de los trabajadores informales y de las pequeñas y medianas empresas han roto la cuarentena en su octava semana, mientras los funcionarios lucen atrapados con pobre resultado en el control del coronavirus y temiendo aún mayor expansión

                                               Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno dominicano perdió el tiempo apostando al mercado, con licitaciones ineficientes y lentitud de respuestas, tanto que aún no dispone de los insumos suficientes para las pruebas del coronavirus, manteniendo el peor resultado en la región, sin que se pueda vaticinar para cuándo podrá controlarse su expansión, sobre todo en las grandes urbes.

Mientras tanto, los trabajadores informales, el 55% de los empleados en el país, y las pequeñas y medianas empresas agotaron sus posibilidades de mantener el confinamiento y están imponiendo la ley del mercado laboral, reanudando todo tipo de actividades, por encima de unas autoridades atrapadas por el temor real de mayor expansión del Covid-19.      

La pobreza se ha impuesto

Basta ver las fotografías y los videos difundidos por todos los medios para advertir que en esta octava semana de la cuarentena impuesta por el coronavirus se han reanudado gran parte de las actividades comerciales, de los trabajadores informales, 55% de los empleados, y de las pequeñas y medianas empresas, el 95% de las unidades productivas nacionales. Hasta los taponamientos del caótico tráfico vehicular hicieron su reaparición en el gran Santo Domingo, donde vive el 40% de la población del país.

 La ruptura del confinamiento se ha advertido también en Santiago y la mayoría de las grandes ciudades, especialmente en los suburbios de la pobreza urbana, en los mercados populares, mientras los vendedores ambulantes empezaron a retomar el control de las vía públicas. Pequeñas tiendas de todo género, abrieron parcialmente, igual que lavanderías, peluquerías y salones de belleza que se reactivan discretamente, con una puerta entreabierta,  o que ofrecen servicios a domicilio, lo mismo que todo género de técnicos, sean de computadoras, electricistas o plomeros, mientras las trabajadoras y vigilantes domésticos que se habían quedado en casa, se están reintegrando a sus labores.

Contrasta que las autoridades han seguido empeñadas en mantener el toque de queda nocturno, acatado durante más de siete semanas por más del 99% de la población, pero han observado impasibles la reanudación de tantas actividades entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde, tal vez por reconocimiento de la realidad económico social y temores de que la represión pudiera agravar la situación.

El hambre, no falta miedo

Es el hambre, la necesidad de sobrevivir de la mayoría de los trabajadores que dependen de lo que ganan cada día, lo que impulsa la ruptura de la cuarentena, no porque hayan perdido el miedo a la pandemia, como especuló el ministro de Salud Pública a mitad de semana al reconocer la realidad. Desde el principio se advirtió que los trabajadores informales no resistirían  muchas semanas el confinamiento. Tampoco los que dependen de pequeñas y medianas empresas, muchas con costos fijos, a los cuales sería difícil alcanzar con los subsidios estatales. Parece que hubo poca disposición en las autoridades para valerse de las asociaciones populares, por ejemplo las de los decenas de miles de transportistas, de pequeños productores o de cooperativas, para garantizarle el subsidio mínimo.

Aun los que alcanzan el subsidio mejorado a 5 mil pesos mensuales no pueden aguantar mucho cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobres es de 14 mil 200 pesos. Y aún una alta proporción de los empleados formales suspendidos, que ya alcanzan el millón, por diversas razones no han podido recibir los 8,500 pesos de subsidio anunciado. Mientras es secreto a voces que gran parte de las empresas empiezan a dar notaciones de incapacidad o falta de voluntad para pagarles la parte que se contempló en el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados.

Por otra parte, las asociaciones de comerciantes y de pequeñas y medianas empresas han denunciado discrimen por cuanto al comercio mediano y bajo se le mantiene cerrado, mientras los supermercados y grandes tiendas por departamentos venden no sólo alimentos, sino vestuarios, calzados, artículos del hogar, ferreteros, de limpieza y otros que ellos están impedidos de comercializar. Otros venden por internet todo género de mercancías y ofrecen servicios, como de lavandería que implican movilidad de empleados internos y de transportadores. Eso ha influido en la decisión de muchos de reactivar sus medios de vida, al igual que el temor a la quiebra de pequeñas y medianas empresas con costos fijos y de financiamientos, y particularmente de productores agropecuarios, de frutas y vegetales, víctimas del cierre de hoteles y restaurantes, de las exportaciones y de los mercados binacionales fronterizos, así como de las dificultades de transporte y comercialización.

Persistencia en el dilema

Ya hace par de semanas que se viene advirtiendo que las autoridades nacionales han quedado atrapadas en el dilema de mantener la cuarentena o reabrir progresivamente las actividades para evitar que la necesidad la imponga caóticamente o con mínimos controles,  como ya está ocurriendo. Por un lado está la recomendación de los organismos de salubridad internacional de mantener el confinamiento para evitar mayor expansión del covid-19, y por el otro el daño económico-social de la parálisis.

La discusión es universal, y aún en naciones más golpeadas por la pandemia, ya se inicia la reactivación, buscando reparar los daños de la paralización, como Estados Unidos, el país de mayor número de contaminados y muertos. Igual se debate en España, Italia y Reino Unido, que le siguen en orden de afectados. En todos como aquí, ha habido divergencias hasta entre los funcionarios gubernamentales.

La diferencia con República Dominicana es que ninguno de aquellos tiene los niveles de pobreza que registra este país y ni por asomo más de la mitad de su fuerza productiva en la informalidad, dependiendo de lo que producen día a día. Esto ha querido ignorarlo el gobierno dominicano, reiterando esta semana que todavía no hay fecha para la reactivación, cuando el mercado laboral la está imponiendo.

Hay quienes creen que expresamente están dejando que la realidad se imponga sin hacer mayores esfuerzos por contenerla. De esa forma el gobierno evadiría pagar el costo de un temido incremento de la contaminación por efecto de la reanudación de las actividades.

Muchos errores acumulados

Desde el principio se advirtió que para enfrentar la pandemia era imprescindible una gran concertación nacional que comprometiera a todos los sectores políticos y sociales, Contradictoriamente no lo planteó el gobierno sino la oposición política y los sectores sociales, sin recibir siquiera una respuesta de cortesía. Concertando hubiesen podido compartir ahora los riesgos de la oportunidad de la reapertura.

Entre los errores iniciales se anota que el gobierno perdió el tiempo al privilegiar los negocios, con un mercado muy limitado de suplidores de los productos necesarios para enfrentar la pandemia, por la enorme demanda, y cuando más de la mitad de las primeras licitaciones, realizadas con horas de plazo, fueron atribuidas a una empresa vinculada con capital de 100 mil pesos, que sólo el día del inicio de la emergencia se registró para ofertarlos, por lo que no pudo cumplirlas por falta de experiencia y relaciones comerciales. No se acudió directamente a empresas nacionales y de zonas francas que podían suplirlos.

Otro error notable fue que el gobierno evadió apelar a tratados firmados con China para adquirir directamente los productos imprescindibles, y garantizar su rápido y masivo transporte, dando oportunidad a que avioncitos, ni siquiera cargueros, de su candidato presidencial viajaran a ese lejano país para traer pequeños cargamentos. Todavía esta semana el ministro de Salud Público hubo de admitir que aún no disponen de los insumos necesarios para las pruebas que permiten la detección y el combate temprano del coronavirus. Hasta el Ayuntamiento del DN anunció el reparto de un millón de mascarillas, y empresas privadas las consiguieron por decenas de miles, antes que el gobierno. Al concluir abril todavía el Colegio de Enfermeras denunciaba la falta de equipos de protección en los hospitales. Las autoridades han evadido concertar hasta con el Colegio Médico Dominicano.

Con los peores resultados regionales

 En el trasfondo de la indecisión de las autoridades nacionales sobre la reapertura gradual y controlada de las actividades productivas, que incluye diferencias públicas entre los ministros de la Presidencia, de Hacienda y de Salud Pública, está el pobre resultado logrado hasta ahora en el control de la pandemia, en parte por el desaprovechamiento de las 8 semanas que el cuerpo social dominicano pudo resistir en cuarentena.

 Al día de ayer, con 9,376 personas contagiadas y 380 fallecidas, la RD seguía cosechando los peores resultados del Covid-19 en la región centroamericana y del Caribe, sólo superada proporcionalmente por Panamá, que registraba  7,868 enfermos y 225 decesos. Por proporción poblacional el país está peor que México, y Colombia y en todo el continente  sólo lo superan Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú y Brasil.

En la semana del 1 al 7 de mayo, los contaminados en RD pasaron de 6,972 a 9,095, sumando 2,123, para un 30%, y los fallecidos ascendieron a 373, con 80 más sobre 293, para un incremento de 27%. Los datos indican que la curva de crecimiento no ha podido ser detenida, con un bajo promedio de pruebas de 754 por día, lo que podría estar ocultando una expansión peor. Ha mejorado mucho la proporción de recuperados que en dos semanas se triplicó al 24%, aunque en el mundo es de 33%.-

El interés electoral predomina sobre la crisis de salud y sus consecuencias

La RD registra los peores resultados del coronavirus en la región del Caribe y Centroamérica, con el agravante de que se encuentra en transición hacia un nuevo gobierno que tendrá que enfrentar una grave crisis económica y social       

                                               Por Juan Bolívar Díaz

La región del Caribe y Centroamérica registra una baja incidencia de contaminación y muertes a causa del coronavirus, y la República Dominicana está a la cabeza de los más afectados, dos meses después que se registrara el primer caso y transcurriendo la séptima semana de un período de emergencia y confinamiento de la población.

La coyuntura electoral, en medio de una severa crisis política y de credibilidad en las instituciones, ha dificultado las posibilidades de contener la pandemia y empezar la planificación para enfrentar sus consecuencias económicas y sociales, que podrían sumir el país en la peor conturbación de su etapa de incipiente democracia.

Entre peores en la región

Aunque hace dos semanas el presidente Danilo Medina presumió de buenos resultados dominicanos frente al coronavirus, para hacerlo tuvo que apelar a la comparación con los desastres de España y Estados Unidos. Si se analiza en relación al continente y a la región del Caribe y Centroamérica entonces RD está entre los peores.

Entre los 13 mayores países de la región, incluyendo a México, Colombia y Venezuela, RD tiene el peor resultado. Panamá le supera en la proporción poblacional contaminada, 0.15 a 0.06%, pero la tasa de letalidad, es decir los fallecidos como porcentaje de los enfermos, es superior en el país 4.3 a 2.8 por ciento.

Sólo México acumula más contagiados que RD, 17,799 a 6,972, pero con porcentaje de 0.01, versus 0.06, porque la población  mexicana, de 127,7 millones, es 12 veces superior a la dominicana, estimándola en 11.1 millones.

En el cuadro anexo resalta la alta letalidad de Haití, Honduras y Puerto Rico,  y  pero los tres con muy bajo número de contagiados. La letalidad en Colombia es ligeramente superior a la dominicana, 4.5 a 4.3, pero la proporción de contaminados es mucho menor, 0.01 por ciento.

Un vistazo a las estadísticas sudamericanas, indica que la mayoría de los países también registran menores porcentajes de afectados y fallecidos. Ecuador es el peor, seguido de Perú. Brasil lidera con 79,685 contagiados, pero con población de 211.4 millones, para quedar en un bajo porcentaje de 0.037 contaminados. Todos estos cálculos con datos del periódico El País, de Madrid y de BBC Mundo al 30 de abril.

El gran dilema nacional

Transcurriendo la séptima semana desde que se inició la emergencia nacional por el coronavirus, el 19 de marzo, la población dominicana presenta claros signos de fatiga mientras las autoridades se debaten en el dilema de mantener indefinidamente las restricciones, incluido el cierre de casi todas las actividades productivas, o dar inicio a una reactivación ya programada, porque desde la semana pasada circula un calendario elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, según el cual esa etapa iniciaría el 11 de mayo. El mismo ministerio se cuidó de advertir que no es un documento oficial.

No  es sólo el gobierno que teme fijar posición al respecto, también importantes sectores empresariales y la oposición política, pues todos temen favorecer unas decisión que pudiera desatar una mayor expansión de la pandemia, que no ha entrado con fuerza en los sectores populares, después de haberse iniciado en las clases medias y altas más vinculadas a los países precursores. Sin quererlo, el gobierno incentivó las expectativas de reactivación cuando esta semana reanudó el trabajo de los altos funcionarios, con personal fundamental.

 Entre los empresarios, la posición más favorable al inicio de la reactivación la ha expresado la Asociación de Industrias, seguida de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas, que incluso ha publicado un protocolo a seguir para proteger a empleados  y clientes. Este sector es el más castigado por la parálisis, con gastos fijos, temiendo quiebras masivas. La presión de los trabajadores por cuenta propia y los chiriperos se manifiesta cada día más en la proporción que sale a las calles buscándose el sustento diario.

Alrededor de 850 mil empleados de más de 50 mil empresas formales tienen sus contratos suspendidos, y aunque una parte recibe subsidio del gobierno, no alcanzan a cubrir el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, situado en 14 mil 200 pesos mensuales. Muchas empresas que han estado aportándole una parte del salario, también comienzan a declararse en incapacidad para prolongarlo.

Repercusiones económicas      

La alta dependencia de factores externos, como el flujo turístico, de remesas, inversión extranjera y del financiamiento, particularmente en bonos soberanos en los últimos años, determina más severas repercusiones económicas y sociales derivadas de la pandemia que golpea duramente a Estados Unidos, España, Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, principales socios en esos renglones.

El turismo está paralizado en todo el mundo y nadie se atreve a vaticinar cuánto tiempo necesitará para recuperarse, con un desempleo que en Estados Unidos ha sumado 30 millones de personas y una recesión de 4.8 por ciento en el primer trimestre, agravada a partir del cuarto mes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió esta semana que la caída del turismo en la región del Caribe, donde RD es principal destino, implicará una regresión de 6.2% del producto interno. Todavía después que se reanuden los vuelos y se recupere el empleo, faltará tiempo para que muchos recuperen la confianza en viajar. Las remesas también caerán, ya 20 por ciento en marzo pasado, pero estas sólo dependerán de la recuperación del empleo. Turismo  y remesas generaron el año pasado 15 mil millones de dólares en la RD.

Las perspectivas son de que en el mejor de los casos, como adelantaron el Banco Mundial y la CEPAL, la economía dominicana quedará este año en crecimiento cero, Pero analistas económicos nacionales creen que podría ser peor. Al anunciar un crédito de 650 millones de dólares al país el jueves, el FMI advirtió que el Covid-19 ha perturbado la economía nacional “Y ha creado urgentes necesidades de balanza de pagos y financiamiento fiscal”, que cuando la pandemia retroceda será necesario volver a una consolidación fiscal y flexibilidad cambiaria para mantener reservas internacionales, garantizar que la relación deuda pública BID se mantenga sostenible y en ruta descendente.

La peor crisis en décadas

La recesión económica y el desempleo y la consiguiente caída de los ingresos fiscales, configuran lo que ya se advierte como la peor crisis económica en todo el período de la incipiente democracia dominicana. Se le compara con la guerra civil que siguió a la invasión militar norteamericana de 1965 que frenó el triunfo de la revolución constitucionalista y con la del 2003-04 por las quiebras bancarias.

Ahora como en 1965 el país ha vivido semanas de parálisis económica, con toque de queda, y aquella vez con mayor número de víctimas mortales, pero con un entorno internacional sin problemas, que buscaba ayudar al país, incluyendo a Estados Unidos, que amortiguó su violenta irrupción con asistencia financiera y alimentaria, mercado preferencial y que abrió sus fronteras a unas inmigración que en medio siglo llevó a su territorio cerca de dos millones de dominicanos. De esa forma contribuyó a la enfriar la caldera social.

La crisis bancaria del 2003 fue también local y los organismos internacionales prestaron rápida asistencia, sin que afectara el turismo ni las remesas, y el país tenía mayor capacidad de endeudamiento que ahora, cuando está llegando a límites de sostenibilidad. La colocación de bonos internacionales con la que se ha financiado el déficit presupuestal, se verá en dificultades en la misma proporción que caigan los ingresos fiscales y se agudicen el desempleo y la pobreza.    

Los intereses electorales

La circunstancia de que la crisis se desencadenara en la etapa final de la campaña electoral para elegir nuevo presidente y Congreso ha dificultado una respuesta concertada y más efectiva y sigue condicionando las políticas públicas y el apoyo de la oposición. Desde el primer momento el gobierno jugó a administrar solo la crisis, pretendiendo encontrar en ella una oportunidad para mejorar el pobre posicionamiento de sus candidatos. Ni por cortesía ha respondido las sugerencias y reclamos de concertación de los partidos de oposición.

En vez de asumir la responsabilidad de buscar asistencia internacional y comprar directamente los insumos y equipos para responder a la emergencia, prefirió dejar que avioncitos del candidato presidencial fueran tan lejos como a China para traer pequeños cargamentos, cuando pudo apelar a acuerdos bilaterales para traer un carguero, incluso con mercancías de empresas que quedaron varadas en ese país por falta de transporte normal.

Todavía el pasado domingo tras el desorden del peregrino que llegó a Puerto Plata con escolta policial, de militares, defensa civil y 911 y congregó una multitud, el gobierno no sólo pretendió culpar al principal partido opositor, porque el alcalde local imprudentemente  prestó un vehículo con altoparlante, sino que permitió que las brigadas del candidato presidencial Gonzalo Castillo llegaran allí a desinfectar en el horario de toque de queda, en vez de hacerlo los organismos del Estado.

 La instrumentalización de la pandemia con interés electoral, llevó a candidatos opositores, especialmente a Luis Abinader del PRM, a una desigual competencia con los mucho mayores recursos del oficialista. Y aun así todavía discuten qué hacer con 15 mil pruebas que entregó al laboratorio de la Universidad Autónoma, sin que recibieran autorización para utilizarlas. La consecuencia es que la oposición ha endurecido sus posiciones  alejando más la concertación reclamada por todos los sectores sociales, no sólo para enfrentar la pandemia, sino también sus consecuencias económicas y sociales. Y no sólo en las 15 semanas que restan al actual gobierno, sino para el que debe comenzar en agosto con el rancho ardiendo.-   

CONTAGIOS COVID-19 REGION DEL CARIBE AL 30 DE ABRIL DE 2019                                                                                  

PAIS POBLACIÓN CONTAGIADOS % CONTAGIADOS FALLECIDOS LETALIDAD %
MEXICO 127,792,000 17.799 0.013 1.731 9.7
RD 11,128,000 6.972 0.062 301 4.3
PANAMÁ 4,175,000 6.378 0.15 178 2.8
COLOMBIA 50,322,000 6.211 0.012 278 4.5
CUBA 11,210,000 1.561 0.013 61 3.9
PUERTO RICO 3,194,000 1.539 0.0005 92 6.0
HONDURAS 9,158,000 771 0.008 71 9.2
COSTA RICA 5,022,000 713 0.014 6 0.8
GUATEMALA 17,263,000 585 0.003 16 2.7
EL SALVADOR 6,623,000 395 0.006 9 2.3
VENEZUELA 28,870,000 331 0.001 10 3.0
HAITI 11,123,000 74 0.0006 15 20.3
NICARAGUA 6,465,000 14 0.0002 3 21.4
           

FUENTES: DIARIO EL PAIS DE ESPAÑA Y BBC MUNDO                              

El supremo interés nacional demanda concertación para generar confianza

Al cumplirse un mes de la emergencia el país luce rezagado ante la expansión del coronavirus, con divergencias, hasta en el gobierno, sobre cómo enfrentar la crisis sanitaria, económica y social, asomando lo que sería un grave conflicto institucional.

                               Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, la Junta Central Electoral (JCE) aplazó para julio las elecciones presidenciales y congresuales, pero ya hay quienes cortejan una grave crisis institucional empezando a condicionar a la sociedad a la posibilidad de que no puedan celebrarse dentro del período constitucional.

Mientras tanto, el balance del primer mes de la declaratoria de emergencia para enfrentar el coronavirus arroja pesimismo y genera divergencias hasta en el seno del gobierno dentro de un ambiente general de desconfianza y temores a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia.    

Un balance desolador

Por donde quiera que se le pase balance al mes de la emergencia dominicana por el coronavirus, que se cumple mañana, el resultado es desolador, con más de 4 mil personas contaminadas y una tasa de letalidad de 4.8 por ciento, entre las tres más altas del continente, y una lenta recuperación de apenas 6 por ciento, cuando en el mundo es de 25 por ciento.

Tan pobre resultado es vinculado al escaso número de pruebas realizadas, unas 12 mil desde que el primero de marzo apareció en el país el primer contaminado, por la lentitud con que las autoridades de salud respondieron el desafío, privilegiando los negocios de empresas vinculadas al poder político y porque en principio se dejó al candidato presidencial oficialista la iniciativa para la búsqueda de los medicamentos instrumentos y productos necesarios para prevenir y combatir la pandemia, lo que llevó al principal candidato opositor a participar en una competencia que politizó la crisis.

Durante las primeras semanas el grito se generalizó de parte de los gremios de médicos y enfermeras, así como de sectores sociales reclamando cuestiones tan elementales como mascarillas, desinfectantes o guantes. Las personas pasaban entre 5 y 10 días esperando que les hicieran pruebas para determinar si estaban contaminadas. La pandemia se extendió  principalmente en el distrito Nacional, y provincias del Cibao, como la Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Sánchez Ramírez, y María Trinidad Sánchez.

Hay quienes estiman que el virus no ha ocasionado mayores estragos porque entró por la clase media-alta, con mayor capacidad para aislarse y recibir tratamiento, y se cita como prueba que la mayor concentración urbana y de pobreza del país, la provincia Santo Domingo, es de las de menor tasa de contaminados.   

Divide hasta el gobierno

Con casi todas las actividades nacionales paralizadas, después de 4 semanas de reclusión casi absoluta, los últimos días marcaron una fatiga, con tendencia al relajamiento del aislamiento, aumentó el tránsito vehicular  y los medios de transporte después del asueto de la semana santa, cuando se prohibió salir de las ciudades. Empezó a sentirse la presión de los trabajadores informales, estimados en 57 por ciento de los empleados, unos 2.4 millones de personas, que en su mayor  parte no han podido ser alcanzados por los programas de asistencia implementados por el gobierno.

Empezó el debate sobre la conveniencia de normalizar progresivamente las actividades, lo que dividió la comisión de emergencia del gobierno, quedando en evidencia el miércoles cuando el ministro de Salud Pública expresó su convicción de que es necesario un cierre total de por lo menos una semana para contener la expansión de  la pandemia. El mismo día el Ministro de la presidencia dijo que no se contempla esa posibilidad.

Los empleados formales suspendidos por las empresas alcanzaron esta semana los 800 mil, acogiéndose al fondo de asistencia creado por el gobierno, que les garantiza hasta 8 mil pesos, bajo el compromiso de que las empresas completen el salario, pero esto último no está ocurriendo en gran proporción de las más de 40 mil que se han acogido al programa oficial.

Al igual que en Estados Unidos, en el país ha comenzado a debatirse si se puede mantener por largo tiempo la suspensión de actividades, por los costos que tiene para la economía, por quiebras masivas de empresas y sus consiguientes repercusiones sociales, pero los salubristas, encabezados por la Organización Mundial de la Salud, enfatizan que sólo manteniendo un fuerte aislamiento se podría contener la expansión del virus que ya ha cobrado más de 146 mil vidas, con 2 millones 169 mil contaminados.

Cargos contra el gobierno

Al gobierno no sólo se le ha acusado de lentitud en afrontar la pandemia, sino también de haber privilegiado los negocios y evadido comprar directamente a fabricantes nacionales e internacionales, determinando extrema lentitud en la llegada de los suministros necesarios y comprando a precios sobrevaluados. Las limitaciones del tráfico internacional de mercancías han contribuido, pero candidatos presidenciales, entidades empresariales y el ayuntamiento del DN han podido traer cargamentos de suministros.  

Gobiernos como los de Perú y Brasil apelaron a sus relaciones con China para comprarle millones de pruebas, mascarillas, ventiladores y vestuario de protección. Esta semana Roberto Santana, presidente de la Cámara de Comercio Domínico-China se quejó por televisión de que el gobierno dominicano no haya mostrado interés en un intercambio directo con las autoridades chinas, las que habrían podido incluso facilitar un carguero para traer mercancías de emergencia. Recordó que ambos países firmaron un paquete de protocolos de intercambios y asistencias. Ha trascendido que importadores dominicanos acreditados tienen mercancías de emergencia varadas en China, por falta de transporte internacional.

Las autoridades nacionales prefirieron iniciar licitaciones de emergencia para comprar hasta desinfectantes vías especuladores, cuando pudieron adquirirlos de fabricantes nacionales y de zonas francas, derivando en escándalos, como las adjudicaciones de compras por casi 3 mil millones de pesos por el Sistema Nacional de Salud, que no pudieron ser cumplidas y se perdió una semana. Entre ellas hubo adjudicaciones por 1,515 millones de pesos a una empresa habilitada en el registro mercantil para esos suministros el mismo día en que se decretó la emergencia. La misma apareció en otras denuncias de compras del Ministerio de Salud, documentada esta semana por el Partido Revolucionario Moderno. Se le adjudicaron compras sobrevaluadas por 292 millones de pesos en una licitación que duró 28 minutos. El mayor escándalo fue la denuncia de las compras de emergencia, con enormes sobrevaluaciones, del Instituto Nacional para la Primera Infancia, que provocó la renuncia de su directora y la destitución de su plana mayor.      

Como llanero solitario

Desde el comienzo de la pandemia, en medio de una crisis electoral, causada por la suspensión de las elecciones municipales en febrero, los líderes de la oposición han reclamado al presidente que despeje toda intención de aprovechamiento político de la crisis y que busque concertar con todos los sectores políticos y sociales. A esa  posición se han sumado dirigentes empresariales y de instituciones sociales como Participación Ciudadana,  la Finjus y el Centro Social Juan XXIII, así como religiosos y medios de comunicación.

Los candidatos presidenciales opositores Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno han estado al frente de los reclamos, planteando la necesidad de concertación con el triple objetivo de enfrentar la crisis de salubridad, la parálisis económica y sus derivaciones sociales y el desafío de elegir nuevo gobierno y congreso antes del 16 de agosto. No han conseguido siquiera una respuesta cortés del gobierno de Danilo Medina.

En una declaración conjunta ayer viernes los partidos de oposición endurecieron su actitud, demandando “una actuación responsable, sensible, eficiente y ética del gobierno para combatir el alarmante incremento del Covid-19”, resaltando que sólo en la primera mitad de abril los contaminados aumentaron de 1,284 a 3,755, y los fallecidos de 57 a 183.

Plantearon que “Ante una crisis sanitaria, económica y político-electoral inédita y de una gravedad extrema, que demanda una salida integral y pactada por el conjunto de sectores políticos, sociales y ciudadanos, corresponde al Presidente de la República, como Jefe del Estado, responsable de la ejecución de políticas y del presupuesto, convocar y crear las condiciones para la concertación de voluntades”.

Se agrava a desconfianza

En los  ámbitos opositores se agrava día a día la desconfianza en la gestión gubernamental de la crisis y se esperaba que anoche el presidente Danilo Medina desautorizara el incipiente curso de opiniones de sus voceros mediáticos, que ya consideran  imposible celebrar las elecciones antes del 16 de agosto cuando deben renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo. Contribuyen a la incertidumbre destacados abogados que ya plantean alternativas para una situación sin precedente que generaría una crisis institucional. Algunos insinúan la continuidad de Medina, mediante novedosas interpretaciones constitucionales, y un senador oficialista planteó extender el mandato actual por un año. La desconfianza viene desde que tras la división de su partido, en octubre, el presidente Medina proclamó que “Yo voy a ganar las elecciones”, sin ser candidato. Le atribuyen por lo menos la intención de provocar otra reforma constitucional que le permita volver a optar por la presidencia a partir del 2024.

Ha llamado la atención que el gobernante PLD no ha aprobado formalmente la nueva fecha para las elecciones, 5 de julio, establecida el lunes por la JCE, como lo han hecho los partidos de oposición. Su presidente, Temístocles Montás, se abstuvo de opinar hasta que su Comité Político fije posición.

El aplazamiento de las elecciones de mayo fue avalado por todos los partidos, y predominó que fuera lo más tarde posible antes del límite de agosto, para dar tiempo a una contención del COVID-19 que permita reanudar las actividades nacionales. Para el cambio de gobierno faltan aún 4 meses por lo que no se justifica presumir imposibilidad. En ese período tendrá que mejorar la situación para reactivar las actividades nacionales, y si se renueva el trabajo y transporte masivo, no hay que descartar que también se pueda votar. Dotar a cada elector de una mascarilla y guantes, saldría más barato que una crisis institucional.-            

Urge concertación para las elecciones que se espera puedan celebrarse en julio

El país encabeza Latinoamérica en expansión del coronavirus y en su tasa de letalidad, mientras asoma el tráfico de influencia al otorgarse el 53% de compras estatales a una empresa de $100 mil que acaba de acreditarse para suplir mercancías de emergencia

Por Juan Bolívar Díaz

Crédito de imagen: Periódico Hoy

Con el inicio de la Semana Santa se llega al límite de tiempo razonable para que la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos dominantes reconozcan que no hay condiciones para que las elecciones presidenciales y congresuales puedan celebrarse el 17 de mayo, y ya otros proponen que sean aplazadas hasta julio próximo.

De hecho la solicitud del gobierno para que el Congreso extienda por otros 25 días el estado de emergencia aprobado en principio hasta el 13 de abril, para prolongarlo hasta el 8 de mayo, tiene implicaciones políticas al mantener limitadas las reuniones, manifestaciones públicas y la libre circulación.

Una semana santísima

La que se inicia mañana Domingo de Ramos será una Semana Santa especial, sin cultos para los fieles en los templos, por decisión de sus jerarquías y del gobierno, que además prohibió la concurrencia a los balnearios y congregaciones, con el país sometido, por otras dos semanas a partir a un toque de queda de 5 de la tarde y 6 de la mañana, fundamental para tratar de contener la expansión de la pandemia del coronavirus.

 Esta semana comenzó con 719 contagiados y 28 fallecimientos, y ayer acumuló 1488 y 68, con incrementos del 107 y 143 por ciento, respectivamente. Ayer temprano RD encabezaba América Latina en tasa de letalidad del Covid-19, con 4.7% de fallecimientos por contagiados, seguida por Brasil y Ecuador con 3.5 y 3.4% respectivamente. Estos dos con más contagiados, 6,836 y 2,758, y fallecimientos, 241 y 95, pero con poblaciones muy superiores, 210 millones de brasileños y 17 millones de ecuatorianos.

Con casi todas las actividades paralizadas y prohibición de las interrelaciones sociales, mientras la curva de la pandemia sigue ascendiendo, sin visos todavía de que se detendrá en el país y la región, ni en naciones de estrechos vínculos como Estados Unidos y España, no hay perspectivas de que las elecciones presidenciales y congresuales puedan efectuarse el 17 de mayo. Bolivia, que tenía también presidenciales el 3 de mayo, las suspendió sin fecha fija hace más de una semana, aunque allá hasta ayer sólo registraban 132 contagios y 9 decesos.          

No tendrían legitimidad

Si el sistema político persiste en realizar las elecciones en las circunstancias que se prevén para las próximas semanas, podrían abocarse a un nuevo Gobierno y un Congreso Nacional de escasa legitimidad porque una alta proporción de la ciudadanía no estaría en condiciones de acudir a las urnas, por temor al contagio de la pandemia. Sería grave por la  crisis económica que tendrían que enfrentar, que demandará importantes reformas fiscales y grandes sacrificios para recuperar el crecimiento económico, atender la salubridad, y enfrentar el desempleo y el incremento de la pobreza que se prevén.

La JCE tiene la responsabilidad constitucional de organizar los procesos eleccionarios, garantizando el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegida, pero en estas  circunstancias dejaría fuera el 8 por ciento que representan los casi 600 mil dominicanos empadronados en el exterior, 67% en Estados Unidos, 14% en España, 6% en Puerto  Rico, y 2% en Italia, en los países más asolados por la pandemia, que no permiten concentraciones. En el exterior se elige no sólo al presidente, sino también 7 diputados.

 Aunque la JCE ha proseguido su calendario organizativo, tal vez esperando que sean los partidos quienes tomen la iniciativa de aplazamiento, por sus propias condiciones laborales sus ejecutivos deben ser conscientes de las dificultades que tendrían para echar a andar una maquinaria de 143 mil 484 operadores, de los que 80 mil tendrían la misión de habilitar los colegios electorales, sin contar los delegados de los partidos políticos.

Con el país cerrado y los vuelos internacionales suspendidos, tampoco podría contarse con las misiones de observadores ni los asesores del exterior considerados fundamentales. Pero si ni siquiera los fieles pueden ir a las iglesias en Semana Santa, cómo se podrá convencer a toda la ciudadanía de que acuda a los centros de votación.

Iniciativa de los pequeños

A falta de iniciativa de los partidos mayoritarios, los pequeños, agrupados en el Foro Permanente de los Partidos Políticos de RD, han presentado una propuesta de aplazamiento de las elecciones, hasta el domingo 12 de julio, dejando abierta la posibilidad de una segunda votación el 26 de julio. Plantean reabrir las posibilidades de alianzas para reducir las opciones desde la primera vuelta, extender el horario de votaciones y limitar a la mitad la cantidad de electores por colegio para reducir los acercamientos humanos. Pero eso se anularía al requerirse el doble de locales, que serían en los mismos centros, y porque también duplicaría los operarios y delegados de los partidos.

En los diversos sectores políticos y sociales se ha discutido la posibilidad de aplazar las elecciones, y en general se ven imposibles para mayo, pero ninguno de los grandes quiere tomar la iniciativa, esperando que el tiempo lo dictamine, o que la JCE reconozca las dificultades y convoque a consulta. Convienen en que entre mayo y agosto la pandemia estaría en retroceso. Podrían evaluarlo el lunes de resurrección, 13 de abril, a 34 días de la fecha programada y justo cuando se ha programado imprimir las boletas electorales.

Debe asumirse que los agrupados en el Foro Permanente de Partidos llevarán su propuesta a la JCE, con petición de que convoque a consulta. Pero también pudiera hacerlo la Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero, con representantes de la sociedad civil. En cualquier caso tendría que predominar el más amplio consenso político-social, para que en agosto se pueda instalar el nuevo gobierno que prevé la Constitución, pues en caso contrario habría un vacío de poder, porque la carta magna no contempla la posibilidad de que no se elijan las autoridades cada cuatro años.

A quien favorece seguir    

 En principio se calculaba que al gobernante Partido de la Liberación Dominicana le convenía el aplazamiento de las elecciones, buscando ganar tiempo, a la luz de las encuestas que han llegado a dar posibilidad de triunfo en primera vuelta al opositor Partido Revolucionario Moderno  y 6 partidos aliados que postulan al economista Luis Abinader. Los resultados de las elecciones municipales ratificaron sus preferencias.

Sin embargo, de las mismas encuestas y de los resultados aparece otra lectura, que Abinader domina en los grandes centros urbanos y los ámbitos de clases medias, mientras el poder gobernante del PLD y su candidato Gonzalo Castillo tienen mucho mayores recursos para incentivar la votación en las medianas y pequeñas comunidades y los sectores sociales bajos.

En los grandes municipios la votación de marzo quedó en torno al 40%, sobre todo en el gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata, que concentran sobre el 40% de los electores. En los pequeños predominó sobre 60%. En los grandes centros urbanos los riesgos y el temor al contagio del Covid-19 son mayores, lo que habría influido el 15 de marzo, cuando comenzaba la grave crisis. Sin el voto del exterior, la oposición perdería una gran ventaja que se le atribuye allí, donde el poder gubernamental del PLD queda anulado.

Con el panorama de necesidad en que estaría la población pobre en mayo, crecen las las posibilidades de ser incentivada a votar. El PLD por lo menos forzaría la segunda vuelta, contando con seguir sacando ventaja de los repartos sociales, multiplicados por la emergencia, con un candidato que gasta por millones y todo el apoyo del Estado.

Aprovechamiento sin tregua

Las primeras adjudicaciones de contrataciones para adquirir instrumentos y materiales para afrontar la crisis del Covid-19, publicadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS), muestran la falta de escrúpulos y la disposición a aprovecharse de toda circunstancias de que se acusa a los gobernantes. En el primer paquete de compras, por 2 mil 879 millones de pesos, se le otorgó el 53%, $1,515.7 millones, a la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas tiene un capital de 100 mil pesos, registrada como propiedad de Efraín Santiago Báez Fajardo, a su vez gerente, y de José Andrés Familia.

Hasta hace dos semanas, esa empresa se dedicaba a diseños, planeación y financiación de proyectos de arquitectura e ingeniería, en sus múltiples renglones, pero el 19 de marzo, el mismo día en que el presidente Danilo Medina decretó el Estado de Emergencia que, entre otras cosas, libera de trámites las contrataciones, notificó al registro de la Cámara de Comercio que también se dedicaría al “Suministro general de equipos médicos, productos quirúrgicos y para examen y control de pacientes y suministro para tratamiento y cuidado de enfermos”. Sólo le faltó mencionar el coronavirus.

 Y una semana después, sin tener almacén, ni representar alguna distribuidora de productos de la emergencia, sin la menor experiencia en ese negocio, la Tools & Resources recibió la mayor parte de las contrataciones para entrega en 6 días. Y en la notificación se hace contar que tiene que actualizar su  especialidad ante la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Lo mismo ocurrió con otra empresa beneficiaria del 12% del monto contratado, la Gedco Inversuply.

Cuando se comparan los precios de la contratación con los ofertados hace poco por empresas acreditadas en esos suministros, se encuentra una enorme sobrevaluación, en su mayoría entre 65 y 200% en materiales como termómetros digitales, desinfectantes, mascarillas, guantes, overoles y cubre caras y lentes de protección. Pero alcanza hasta 1,500% en botas de gomas. .           

El director del SNS, Chanel Rosa, un funcionario bien reputado, admitió ayer por televisión que esas empresas pudieron haber aprovechado la escasez para elevar precios, y al mismo tiempo indicó que al concluir el plazo de entrega parece que no podrían cumplir y ahí terminaría el negocio. La Tools está vinculada a un consorcio de construcciones beneficiario de contratos millonarios del Ministerio de Obras Públicas, cuando era su titular el actual candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Mientras tanto, los médicos y enfermeras seguirán pagando con decenas de contaminados por carecer de la debida protección.