Falta un gran empuje social para afianzar las instituciones y garantizar estabilidad

La precaria cultura democrática no es patrimonio exclusivo de los políticos dominicanos y alcanza al liderazgo de las organizaciones empresariales, sindicales, sociales, y eclesiásticas que se asocian al poder político para buscar o preservar privilegios    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En amplios estamentos sociales se descalifica a los partidos políticos, como si fueran los únicos responsables del atraso institucional dominicano, cuando la responsabilidad es compartida por gran parte del liderazgo social que se asocia al poder político en búsqueda de privilegios o para preservarlos. 

            Es obvio que el partidarismo político carga un enorme y justificado descrédito, pero no se quedan muy lejos las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales, que tendrían que desatar un gran empuje para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.    

Gobierno lanzaría desafío

            Compelido por la triple crisis de salubridad  económica y social, y atendiendo al compromiso de cambios postulado en su campaña electoral, el presidente Luis Abinader estaría preparando un gran desafío a la sociedad dominicana con un conjunto de reformas administrativas, estructurales y legales que mejoren la calidad del gasto, fortalezcan la institucionalidad democrática y preserven la estabilidad político-social en el próximo 2021 que se pinta crucial por las consecuencias del coronavirus.

Son muchos los que creen que el gobierno debería extender el próximo año todos los programas de asistencia a los que han perdido el empleo o lo tienen suspendido, que en principio no se contemplaban en el proyecto de presupuesto del 2021, mientras los planificadores tratan de reducir gastos para poder mantener los programas “Fase” “Quédate en casa” y Pa-ti”, al menos en el primer trimestre. Lo que desde el principio se contempla es el incremento del programa “Comer es Primero”, que pasaría de 811 mil a un millón de familias beneficiarias, duplicando el monto mensual para cada una de 830 a mil 600 pesos. 

Fuentes de crédito aseguran que se busca reducir  gastos no esenciales por unos 50 mil millones de pesos, implicando programas de gastos de todos los ministerios, de los poderes públicos, incluyendo el Congreso, y la reducción al 50% de la asignación a los partidos, equivalente a $630 millones, lo que estaría siendo resistido en la comisión bicameral que analiza el proyecto de presupuesto 2021.

El presidente Abinader contempla apelar a la comprensión y el sacrificio de todos los sectores, comenzando por las dependencias del Gobierno Central donde se impondría un plan de absoluta austeridad, con controles y sanciones a quienes lo desconozcan. También tocaría a los organismos autónomos y descentralizados, incluyendo a los que tienen proporciones fijas del presupuesto.

Los números no mienten

Los planificadores del Gobierno tendrán que hacer mayor esfuerzo para que la población pueda digerir la  magnitud de la crisis fiscal, arrastrada por una década y multiplicada este año por el Covid-19, cuando  el financiamiento pasará de 8 mil 300 millones de dólares. A agosto había alcanzado 300 mil millones de pesos y desde entonces a diciembre se calculan otros 185 mil millones de pesos. La deuda consolidada del Estado estaría ya sobre el 60 % del PIB. 

El proyecto de presupuesto 2021 prevé ingresos por $746 mil millones y los gastos por $706 mil, de los cuales casi un tercio, el 31.9, se irán en pago de deuda pública, 19.2% para educación, 9.4 para administración, 9.2 para protección social y 7.2 para salud. Ahí se va el 76.9%, y el restante 23.1 para energía, justicia, orden público, seguridad, protección ambiental y otros servicios. 

La rigidez del presupuesto es mayor cuando se verifica que hay 23 leyes que establecen porcentajes del presupuesto para entidades autónomas y descentralizadas del Estado, que en realidad nunca se cumplen por completo, pero las instancias de más poder defienden cada peso resistiendo reconocer la gravedad de la crisis fiscal. En virtud de las mismas se irá en el 2021 el 6.7% del PIB o el 37% del gasto, que alanzaría al 62% si se cumplieran al pie de la letra.

Una cultura dura de roer 

Urge al Gobierno convencer a los sectores políticos y a su propia base de funcionarios sobre la necesidad de extremar el ahorro para afrontar la crisis y preservar la estabilidad fiscal y social, pues se enfrenta a una cultura política dura de modificar, donde muchos de los que recién llegan a los cargos públicos, al igual que los legisladores, y los funcionarios de3 los organismos autónomos y descentralizados, no muestran disposición a ceder parte de sus beneficios. Por el contrario hay quienes buscan ampliarlos y extenderlos a sus familiares y relacionados.

El aprovechamiento de lo público, la malversación y la concepción del Estado como botín de ganadores de elecciones, constituyen una cultura política vista como normal en amplios estamentos de la sociedad. Pero cada vez es mayor la proporción poblacional que muestra fatiga ante esas prácticas, coronadas por inmensa corrupción, especialmente en las nuevas generaciones y en las clases medias, como se evidenció en la Marcha Verde entre 2017-18 y en las plazas de las grandes ciudades en la primera mitad de este año.

Pero en estos segmentos crece un sentimiento de rechazo a la política y los políticos que puede convertirse en negativa y tiene que ser vencida con decisiones firmes y gran coherencia. Es lo que trata de mostrar el presidente Abinader que desde su juramentación encamina esfuerzos para controlar y sancionar la corrupción y para reducir el dispendio y mejorar la calidad del gasto público.

No son sólo los políticos

            Las inmensas legiones de los insatisfechos con la forma en que se ha administrado el país tienen que mantener un activismo crítico pero también propositivo, realista, estimulando y aferrándose a los esfuerzos de cambios que parten del ámbito gubernamental o congresual, asumiendo que los problemas no son sólo responsabilidad de los políticos, que de ser así hace tiempo que habrían sido relevados. 

            Las investigaciones sociales diagnostican el gran descrédito de los partidos, de los poderes públicos, legisladores, de la justicia, la policía y, militares y hay razones para eso, pues son a quienes la población elige para encargarle la cosa pública, pero ellos no hubiesen llegado tan lejos si no contaran con la complicidad y la participación de los demás actores sociales, especialmente de los empresarios, sindicalistas, eclesiásticos, intelectuales, académicos, comunicadores. Estos y sus organizaciones se acomodan a los gobernantes para reclamar participación directa o indirecta en el reparto del Estado y en la corrupción y para buscar compensaciones y favores, defender exenciones y evasiones impositivas. La asociación comienza en las campañas electorales cuando se adscriben al “rentismo”, financiando políticos como inversión.

Hasta líderes religiosos  

            La institucionalidad democrática y la transparencia superan con mucho el ámbito partidista y se interna en la sociedad. Las organizaciones empresariales, profesionales, sindicales, sociales y religiosas reproducen los vicios de la política, porque sus estructuras no suelen ser democráticas ni participativas, sus líderes se anquilosan y se aferran a los puestos. En todos esos segmentos se cuentan divisiones, hasta en el Country Club, o el Club Naco, en los colegios profesionales y las centrales sindicales. 

            Ni hablar de las iglesias, en cuyas bases hay una inmensidad de personas dedicadas a servir a la sociedad, incluso a los más necesitados, pero sus jerarquías se confunden con los poderes públicos y empresariales. En el liderazgo religioso no se advierte una militancia con los cambios profundos que requiere la sociedad dominicana. Aunque están prestos a encabezar movilizaciones para que se mantenga absoluta penalización del aborto aún si mediara una violación o esté en peligro la vida de una mujer.    

            Con el Covid-19 cientos de miles de personas quedan sin empleo y se demuestra la vulnerabilidad social dominicana, con indicadores de que sin cambios profundos el país se encamina a la insostenibilidad financiera y a la inestabilidad social. Para evitarlo se requiere no sólo la voluntad política, sino de todo el liderazgo nacional. Pendientes están dos de los tres pactos fundamentales planteados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en enero cumple 8 años: el eléctrico para hacer eficiente  ese servicio y economizar un subsidio que en una década consumió miles de millones de dólares, y el fiscal para controlar el dispendio público, reducir exenciones privadas y la extrema desigualdad, y elevar la contribución de los más pudientes.

            A todo el liderazgo nacional tendría que apelar el presidente Abinader, quien pretende erigirse en un refundador del Estado, planteado en su programa de gobierno, con pasos firmes  en sus primeros tres meses, con el Ministerio Público, la transparencia y rendición de cuentas, la prevención de la corrupción, eliminación de botellas y malversaciones, y con la elección de una Junta Central Electoral con personalidades independientes.- 

Parece necesario renovar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE)

El programa iniciado en el 2014 quedó en la provisionalidad para 183 mil 718 inmigrantes, 98% haitianos, que solicitaron regularizar su estatus inmigratorio, con permisos vencidos entre el 2019 y noviembre del 2020, después de renovarlos en 2017-18 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) ejecutado por el gobierno de Danilo Medina, tras ser dispuesto por un decreto de 1990, dos leyes y una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en un limbo, con los  196 mil 471 permisos provisionales de trabajadores temporales vencidos entre el 2019 y 2020.

            La algarabía antihaitiana impuso un plan de regularización muy rígido al que concurrieron sólo el 36% de los inmigrantes registrados por la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes ENI-2017, el 87 por ciento provenientes de Haití, de los que apenas 14 mil 763, el 5 por ciento, han alcanzado un estatus migratorio regular o definitivo.      

Otro intento fallido

            El PNRE, iniciado en el 2014 en plena euforia antihaitiana, tras la sentencia del TC 168-13 que lo ordenó, se encuentra atascado en la provisionalidad a consecuencia de los múltiples requerimientos que se impuso para el registro de una población inmigrante de extrema pobreza y víctima de prejuicios y exclusiones. 

Después de medio año 2014 para el registro de los inmigrantes, 87 por ciento de origen haitiano, apenas un 3 por ciento logró cumplir todos los requisitos para obtener un permiso de trabajo, y para no reconocer el fracaso se apeló a emitir carnets provisionales al 97 por ciento, por uno o dos años, renovados por segunda vez en el 2017-18 y que han vencido entre el 2019 y 2020, sin que las autoridades nacionales hayan tomado decisión. 

Contrario a lo que se insiste, la imposibilidad de la regularización no ha sido por falta de documentos de identidad, ya que de los 288 mil 481 solicitantes originales, el 93 por ciento los presentó y el 7 restante quedó descalificado de inmediato, por lo que se partió de 259,973. Pero de estos el 97 por ciento nunca pudo cumplir 29 requisitos en 4 ejes fundamentales, en especial  las “condiciones laborales y socio-económicas”.

Como predominó el discurso antiinmigrante, los empleadores y la población en general no entendió los beneficios que para el control de la inmigración ilegal, supone la regularización de los trabajadores que necesitan las actividades económicas, en particular la agropecuaria y la construcción, donde se encuentra más del 60 por ciento de los inmigrantes haitianos. Además, su condición temporera y volatilidad de esos trabajadores dificulta que consigan certificación de empleos, de viviendas y de arraigo.

Las cifras no mienten

            Las estadísticas registradas en un “Informe Final Proceso de  Renovación o Cambio de Categoría Migratoria de  los Extranjeros acogidos al Nacional de Regulación” de la Dirección General de Migración, no dejan dudas del fracaso. Sólo 14 mil 763 tienen en la actualidad un permiso vigente para permanecer legalmente en el país, 8,847 como estudiantes no residentes y 5 mil 916 como residentes temporales. Mientras 196 mil 480 carnets de trabajadores temporeros quedaron vencidos a noviembre del 2020, de ellos 12,779 al finalizar 2019 y otros 183 mil 701 en  11 meses del 2020.

            La dimensión del fracaso se mide cuando se apela a la Segunda ENI-2017, de la Oficina Nacional de Estadísticas, auspiciada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con apoyo internacional, según la cual en el 2017 los inmigrantes residentes en el país ascendían a 570 mil 933, de los cuales, 87 por ciento, 497 mil 825, son de nacionalidad haitiana. Los que tienen un estatus migratorio totalizan apenas el 2.58 por ciento.

            El fallo es de origen, porque en la inscripción del 2015 de los 259 mil 973 solicitantes de regularización acogidos, sólo el 3 por ciento, 7 mil 831, pudieron completar los requisitos para recibir el permiso de residencia temporal ordinaria. Entonces para ocultar el fracaso se decidió darles carnets provisionales al grueso, 252,142 inmigrantes. Y de estos sólo 183 mil 718 lograron renovarlo al 2017, que son los que entre 2019-20 han visto caducar sus permisos. 

Se redujeron en 68 mil 423, Migración estima que el 20 por ciento de estos porque se fue del país, y el resto por múltiples causas, incluida la falta de recursos para seguir asistiendo a las oficinas oficiales, donde muchos son víctima de extorsión. La mayoría del 3 por ciento regularizados lo lograron con apoyo económico y legal de grandes empresas azucareras, como el consorcio Vicini y  Central Romana. Sus a bogados estimaron que salían sobre los 15 mil pesos.  

Tres décadas por regularizar

            La regularización de los inmigrantes es otro de los esfuerzos fallidos de la sociedad dominicana, que ha pasado por cuatro diferentes gobiernos a lo largo de 30 años, pues comenzó en el 1990 con el decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer que la declaró de alto interés nacional. Ya entonces se discutía una actualización de la Ley General de Migración, lo que vino a lograrse en el 2004, al final del gobierno de Hipólito Mejía. El texto dispuso la realización de un plan de registro y regularización de los inmigrantes, pero el gobierno siguiente, de Leonel Fernández, no hizo caso y el reglamento de la ley, que según la misma debía emitirse en 6 meses, se tomó 7 años, apareciendo en octubre del 2011.

            Durante todos esos años se discutió y consensuó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, finalmente promulgada por el presidente Fernández en enero del 2012, y en la misma volvió a aparecer la prioridad del programa de regularización de extranjeros para comenzar a organizar y controlar la inmigración haitiana.

            Un año después, en septiembre del 2013 el TC emitió su sentencia 168-13 que privó retroactivamente de la nacionalidad, hasta 1929,  a decenas de miles de descendientes de inmigrantes, casi todos haitianos, que habían sido registrados como ciudadanos dominicanos, desatando un escándalo de dimensiones internacionales que sería conjurado en gran parte  al año siguiente con la Ley 169-14 que se la devolvió a la mayoría, pero dejó un parte con la única opción de registrarse como extranjeros para luego optar por la nacionalidad.

            La polémica sentencia volvió a disponer la realización del Plan de Regularización, lo que acató el gobierno del presidente Danilo Medina con su decreto 327-13, que lo dispuso finalmente, para 7 años después tener un balance pírrico de 14 mil regularizados, la mayoría inscritos en universidades dominicanas..      

Carga al nuevo gobierno

            La situación del PNRE es una carga pesada para el nuevo gobierno, que hasta el momento no ha dicho ni una palabra al respecto, tal vez consciente de que el asunta despierta pasiones que han impedido que gran parte de la población entienda que el país necesita una parte de los inmigrantes y que registrarlos es el primer paso para controlar su desbordamiento. De cualquier forma, después de iniciado el plan, ha seguido en crecimiento la inmigración haitiana, aunque no en las dimensiones del período 2006-12 cuando llegó el 62 por ciento de los registrados en la ENI-2012.

En la ENI-2017 los inmigrantes haitianos habían crecido en 39 mil 592 para cifrarse en 497 mil 825, muy lejos de los 2 millones 100 mil en que los estimó en el 2018 el “Manifiesto Patriótico” de un núcleo antihaitiano. De hecho los ultranacionalistas han sido sobreestimados, porque organizados son unos pocos miles. El partido que más los representa, la Fuerza Nacional Progresista, viene en sistemática caída electoral, pasando en su boleta presidencial del 0.73 por ciento en el 2012, al 0.35 en 2016 y apenas 0.20 en las elecciones de este año, con 8 mil 98 votos.

El nuevo gobierno tiene dos opciones: volver a renovar la provisionalidad vencida o si quiere iniciar un control real  de la inmigración, sincerar los requisitos para que los 196 mil con permisos vencidos puedan alcanzar un estatus migratorio definitivo. Pero la situación se complica si se piensa en qué hacer con los otros 301 mil haitianos que según la ENI-2017 residen en el país pero no han solicitado regularización. Lo peor puede ser mantener el desorden inmigratorio del que sacan enormes ventajas económicas sectores empresariales, políticos  y militares.-        . 

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Largo proceso a la regularización

1.- El decreto 417-90 de J. Balaguer dispone regularizar los inmigrantes

2.- La Ley General de Migración 285-04 ratifica la regularización

3.- La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 la replantea

4.- La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional la ordena

5.- El decreto 327-13 de Danilo Medina dispone el PNRE

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El duro calvario del PNRE

2014-2015

288,481 extranjeros se acogieron al PNRE 

259,973 fueron acogidos provisionalmente 

  28,508 no calificaron por falta de documentos

252,142 recibieron permisos de No Residentes 

    7,831 recibieron permiso de Residencia temporal ordinaria

2017-2018

203,798 solicitan renovación o cambio de categoría migratoria

    9,842 reciben carnet de residente temporal ordinario

183,718 reciben carnet de trabajadores temporeros

   8,847 reciben carnet de estudiantes no residentes

   5,916 renovaron su estatus de residentes temporales 

 12,779 vencieron sus carnets temporeros en el 2019

183,701 vencen carnets temporeros en los meses del 2020

Fuente: “Informe Final Proceso de Renovación o Cambio de Categoría Migratoria de los Extranjeros Acogidos al Plan Nacional de Regularización”. Dirección General de Migración         

El PRM desafiado a superar la arritmia histórica de los proyectos democráticos

La gestión de los proyectos liberales democráticos ha constituido un fracaso desde la fundación de la República, que fueron efímeros y abonaron la anarquía  o sucumbieron a la tentación autoritaria, al presidencialismo caudillista y al continuismo en el poder 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La experiencia histórica presenta un desafío al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en su primera experiencia de gobierno de desarrollar una gestión democrática que comience en sus propias estructuras y su capacidad para renovar su dirigencia y pasa por una relación constructiva entre los poderes del Estado.

            La historia política dominicana registra un fracaso de los proyectos más democráticos y liberales, comenzando por el de los fundadores de la República, permitiendo que predominara la anarquía o prolongados gobiernos conservadores, tanto que 8 presidentes han gobernado el 69% de los años de independencia.

Las advertencias al PRM 

Aunque todavía los  motivos son poco significativos, ya se han formulado advertencias al PRM para que no repita la constante histórica de los liberales de fracasar en su autogestión para dar paso al autoritarismo o a la anarquía y permitir el predominio de los regímenes autoritarios que no han auspiciado la fortaleza institucional de la nación. Fue relevante que sectores perremeístas insistieran en pretender llevar a la Junta Central Electoral al vocero del expresidente Hipólito Mejía desafiando el reiterado compromiso del presidente Luis Abinader de no auspiciar dirigentes políticos en los organismos estatales de control.

Menos significativo, pero se han dado manifestaciones de dirigentes locales pretendiendo que los nuevos gobernantes se inclinen ante la concepción del Estado como botín partidista, lo que también ha sido rechazado por Abinader, quien se propone convertirse en cimentador de la institucionalización democrática. Lo prometió y consagró en documentos a lo largo de su exitosa campaña electoral, y entiende  que eso contribuyó a la avalancha de votos que este año catapulto su partido en los cuatro niveles de elección.

El presidente Abinader ha conformado un gabinete equilibrado con profesionales y empresarios sin tradición partidista, pero predominan los dirigentes perremeistas en ministerios claves como el de la Presidencia, Economía y Planificación, Obras Públicas, Educación, Energía y Minas, Turismo, Medio Ambiente y otros, y son tantos en cargos medios que el PRM tendrá que afrontar el problema que debilitó al PLD, cuando toda su dirección pasó al gobierno, para terminar empeñados en la búsqueda de beneficios políticos o personales, olvidándose de los compromisos con la sociedad. Los gobiernos exitosos son los que generan algún nivel de coordinación y separación entre las funciones gubernativas y la labor del partido, como el PRI mexicano, lo que contribuyó al más largo período de gobierno en la etapa universal de construcción democrática. 

Autoritarismo y anarquía

            En la historia de la RD los proyectos más liberales y democráticos han fracasado reiteradas veces, desde el origen mismo de la República, por las divisiones internas o la incapacidad para afianzar proyectos, dando oportunidad al predominio de los que nunca han creído en las capacidades del pueblo dominicano para generar instituciones sólidas y desarrollarse sin proteccionismo extranjero. 

            Lo más relevante es que RD ha contado más de un centenar de presidentes, sobre todo en sus primera mitad, cuando hubo un promedio de uno por año, porque muchos duraron apenas meses y semanas, en constante anarquía, para aterrizar en caudillos redentoristas que devenían en dictadores y tiranos, que se prolongaban en el poder o volvían una y otra vez, desde  el primero, Pedro Santana. Pero sólo 8 de ellos gobernaron el país por más de dos tercios de su historia, descontando los 11 años de eclipse de la independencia, por la reanexión a España y las dos ocupaciones norteamericanas.

El régimen más prolongado ha sido la tiranía de Trujillo, de 31 años, la dictadura de Balaguer por 22, Ulises Hereaux por 14 años, una década dictador,  Santana 10, Buenaventura Báez sumó 9, Horacio Vásquez 7 y más recientemente Leonel Fernández se inscribió con 12 años y Danilo Medina con 8. Se dividieron y no predominaron los trinitarios fundadores ni luego los restauradores de la República. Algunos como Vásquez, Leonel y Danilo comenzaron enarbolando los valores democráticos y concluyeron renegándolos y secuestrando la institucionalidad democrática, como precio para prolongarse en el poder. En ese empeño Vásquez creó las condiciones para el advenimiento de la más prolongada tiranía de la historia nacional, desde 1930 al 1961, dejando una impronta que décadas después todavía lastra zonas del alma nacional. 

Juan Bosch y F. Espaillat

            Como ejemplo del fracaso de los liberales dominicanos se citan los efímeros gobiernos de Ulises Francisco Espaillat, en 1876 y el de Juan Bosch, nueve décadas después en 1963, señalados como los más grandes civilistas, teóricos de la democracia social, e incorruptibles que han alcanzado el poder en RD. El primero, auspiciado por el líder restaurador Gregorio Luperón, apenas duró 6 meses, preso de la anarquía que devastó el país en esas décadas. 

Juan Bosch fue derribado a los 7 meses, por el golpe de Estado de septiembre de 1963 que tuvo la desgracia de reunir a políticos derechistas y hasta teóricos izquierdistas, como Juan isidro Jiménes Grullón, al alto empresariado y a la jerarquía eclesiástica, graduados en los privilegios e incapaces de entender un discurso propulsor de libertades, institucionalidad democrática y equidad, aunque no hubiese pasado del texto constitucional y algunas disposiciones. 

Pero el caso de Bosch es relevante por cuanto él mismo agregó ingredientes que facilitaron su desplazamiento. No logró entenderse ni siquiera con su propio partido, el PRD, donde muchos dirigentes no atinaron a entender el proceso histórico que vivían, y llegó al extremo de disponer que cerraran sus locales o los destinaran a escuelas. Se peleó también con sectores sindicales y sociales cercanos a sus planteamientos y quedó tan solo que al día siguiente de su derrocamiento apenas unas decenas de jóvenes acudieron a protestar ante el Altar de la Patria.     

El triste historial del PRD

            Si algo muestra el infortunio de los liberales democráticos dominicanos es el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la más prolongada organización política nacional, que cuenta 81 años desde su fundación en Cuba en 1939 por los más prominentes exiliados de la tiranía trujillista. Durante décadas enfrentó las dictaduras de Trujillo y Balaguer, una invasión norteamericana, un golpe de estado a su primer ejercicio gubernamental y sobrevivió promoviendo normativas democráticas, durante cuatro gobiernos pero ninguno por más de 4 años, y sólo dos consecutivos, pero tan contradictorios como de dos partidos diferentes.

            Al PRD se le cuentan una decena de divisiones, dando origen a otros seis partidos, de los cuales los últimos, el PLD y el PRM, han alcanzado el poder y protagonizado el antagonismo político en los últimos años. Los tres dirigentes que lo trajeron al país en 1961, tras el ajusticiamiento de Trujillo, Angel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se distanciaron apenas meses después y los últimos dos con nuevos partidos.

            El primer gobierno perredeísta que completó su período, el de Antonio Guzmán, cumplió la misión de abrir la más prolongada etapa de construcción democrática y se le acredita por  ello, tras un legado autoritario que acumuló demandas sociales y económicas que apenas pudo afrontar. La gestión fue excesivamente personalizada en el mandatario que desde el primer momento selló que se trataba de “mi gobierno” y con un gabinete casi por completo extraño al PRD,  y tratando de evadir compromisos, incluyendo el histórico de no reelección, se distanció del partido y especialmente de su último gran líder José F. Peña Gómez. La prisa por el relevo interno, encarnado en Salvador Jorge Blanco, contribuyó al trágico final de la vida de Guzmán, pero también qu éste no se preparó para aceptar la alternabilidad que pregonaba el historial partidista.

Los otros dos gobiernos perredeístas, de Jorge Blanco e Hipólito Mejía también sucumbieron en parte por la división y la incapacidad para gestionar la democracia interna. El primero no pretendió la prolongación, pero fue víctima de la terrible “década perdida” de América Latina y las imposiciones fondomonetaristas que acarrearon un alto costo político. El de Hipólito Mejía sucumbió ante la crisis bancaria y se internó en otra división, por la ambición continuista que llegó a la modificación constitucional oportunista. Lo que siguió fueron dos divisiones, que originaron el PRSD y el PRM, reduciendo al viejo PRD a la insignificancia.

Lecciones que deja el PLD 

            Entre los desafíos que tiene el PRM y su gobierno, está interpretar correctamente el historial del PLD, para entender por qué fue desplazada la inmensa maquinaria de poder levantada por Leonel Fernández en 12 años de gobierno y perfeccionada en los últimos 8 por Danilo Medina. Ellos fueron herederos del legado de Bosch, quien abandonó su histórico PRD en 1973 para crear un partido de cuadros a su imagen y semejanza y promover la liberación nacional.

            Ambos gobernantes comenzaron reclamando el legado boschista pero terminaron hundiéndolo en el estiércol de la corrupción, la impunidad, el secuestro de las instituciones democráticas, la compra de conciencia, el clientelismo y le negación de  rendición de cuentas, que ni siquiera permitían preguntas de los periodistas. Se distanciaron tanto de la población que perdieron la brújula y se dividieron por  el poder ilimitado y eterno, sin dar paso a la menor renovación, secuestrando hasta el propio partido.            El PRM fue beneficiario de la hartura de la sociedad dominicana con los engaños que repiten la misma historia, expresada sobradamente en la Marcha Verde y en las plazas y cacerolazos. Ese sentimiento está vivo y deberá ser respetado y honrado, a no ser que los perremeistas se quieran conformar con un ejercicio gubernamental limitado a 4 años, como sus antecesores perredeístas y a repetir la historia de fracasos de los proyectos democráticos.-  

Hay que rescatar la ley de salarios públicos, aprobada en 2013, para reordenar el Estado

La Ley 105-13 fue ignorada por el presidente Danilo Medina, el mismo que la promulgó en agosto del 2013, tras más de dos décadas de ponderaciones, con financiamiento  internacional, manteniendo una enorme inequidad y desorden salarial en el Estado  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Uno de los desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, que pretende un reordenamiento del Estado, es el de rescatar la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público, promulgada hace 7 años, pero que data de la década de 1991 cuando se aprobó la Ley 14-01 de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Durante más de dos décadas, primero desde la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP)  y luego por el Ministerio de Administración Pública (MAP) se ponderó y consensuó la ley para regular los salarios públicos, dejada de lado por el mismo presidente que la promulgó, quien archivó sl proyecto de reglamento que le entregaron en el 2014.

Para reordenar el Estado

            El objeto consignado en la Ley 105-13 es establecer el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano”. Es redundante en dejar claro que es para “todos los funcionarios y empleados del Estado y las entidades que lo conforman”, como reza su artículo 2, y el siguiente enumera primero los tres poderes clásicos del Estado, los entes y órganos constituidos con régimen propio, organismos autónomos y descentralizados, financieros y no financieros, de la seguridad social, los ayuntamientos y hasta las empresas públicas.

            La ley dispone, en su artículo 4, un sistema remunerativo para los servidores públicos integrado por un conjunto de principios, políticas y procesos para las prestaciones laborales, enumerando equidad, jerarquía, equilibrio, con un salario base y sólo el 13 navideño, y plantea la escala reglamentaria, revisable cada dos años. 

            Pero su mayor virtud, como también contradicción, es su capítulo VI, con 8 artículos, que comienzan con principios de incompatibilidad y conflictos de intereses y prohibiciones de carácter ético, que aunque muchas ya están en la Ley de Función Pública, son sistemáticamente ignorados y violados abiertamente. 

            Lo más relevante es que prohíbe los pagos adicionales por cumplimiento de los objetos de las funciones, por participar en juntas o comisiones, los aumentos salariales aislados, la asignación de tarjetas de crédito, exceptuando los presidentes de los poderes del Estado, limita el pago de gastos de representación y combustibles al 15% de los salarios, exclusivamente para los más altos funcionarios. Por demás, se prohíbe violar las escalas salariales, y el artículo 12 consigna un tope máximo inicial de $450 mil para el presidente y $400 mil para vicepresidente y los presidentes de los otros poderes del Estado.       

Data de 1991 y del 2008

            Desde el comienzo de la década de los noventa se discute en el país la necesidad de una legislación para promover salarios justos y equitativos que dignifiquen el servicio público e incentiven su eficiencia. Por eso en la Ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de 1991, se instituyó la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), “que elaborará y desarrollará un sistema uniforme y equitativo de remuneraciones” para los empleados estatales, como se lee en sus artículos 14 y15.

Especialmente a partir del primer gobierno del PLD y Leonel Fernández 1996-00), se impulsa el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, y el Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública, que con la ONAP daría los primeros pasos para materializar la carrera administrativa instituida al final del régimen de Balaguer. Fruto de muchas inversiones, mayoritariamente de la entonces Comisión Europea y luego Unión Europea, del BID y la USAID y del gobierno nacional se promovió un gran debate con consultas a expertos internacionales. Todavía en el 2010 la Unión Europea aportó al programa $124.5 millones. 

Con altas y bajas siguieron las consultas y tras más de una década se logró aprobar la Ley de Función Pública 41-08, que crea la Secretaría de Estado de la Administración Pública, que la Constitución del 2010 convertiría en Ministerio. En sus artículos 8 y 31 la ley del 2008  encarga “elaborar y actualizar anualmente el  sistema retributivo del personal de la administración pública central y descentralizada” y su reglamentación.

LF la vetó en último día

El MAP, encabezado por Ramón Ventura Camejo, quien dirigió grandes esfuerzos desde la ONAP, prosiguió promoviendo la carrera administrativa y la ley de salarios tropezando con la resistencia de los funcionarios de los organismos descentralizados, que a toda costa querían quedar fuera de cualquier reglamentación que les restringiera los enormes privilegios de que disfrutan en materia salarial, de pensiones, gastos de representación, seguros internacionales, educación de los hijos,  y bonificaciones que en algunos casos alcanzan 15 y 16 salarios anuales, todo un mundo de distancia con el resto de los servidores públicos y desde luego de los empleados privados. 

Esos privilegios, que comenzaron hace décadas por el Banco Central, y el Banco de Reservas, se extendieron a todo el sector financiero estatal, incluyendo las superintendencias, y luego a órganos autónomos como JCE, TSE, Cámara de Cuentas, y alcanzaron altos niveles hasta del Ministerio Público, de algunos ministerios, como el de Hacienda, y hasta de direcciones generales, como Aduanas, Impuesto sobre la Renta y Portuaria.

Pese a todo, la ley fue aprobada por primera vez en el Congreso Nacional al finalizar el tercer período de gobierno de Leonel Fernández quien, contradiciendo  su inicio como  gran promotor de las reformas del Estado, la observó o vetó en su último día como presidente, el 15 de agosto del 2012, tratando de sembrar graciosidades. Se desperdició así el inicio de otro gobierno, momento más propicio para implementar restricciones que los nuevos funcionarios tendrían que aceptar.  

DM se guardó el reglamento

            La incubación de la ley de salarios prosiguió con nuevas consultorías internacionales, seminarios y transacciones hasta ser de nuevo aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Danilo Medina, al agotar su primer año de gobierno, en agosto del 2013. Fue celebrada en el MAP y por lo menos en Teleantillas, donde se le había promovido en paneles y entrevista con cuantos consultores fueron traídos al país con ese objetivo. 

            Ventura Camejo y sus técnicos del MAP se adelantaron al plazo de seis meses que la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público consignó para que se promulgara el reglamento complementario y la primera tarifa salarial, lo que llegó a manos del presidente Medina en enero del 2014 para quedarse allí en una gaveta, repitiendo la constante nacional de pasar años gastando recursos y buscando consensos para aprobar leyes que no se cumplen. Se juntó con la de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada un año antes, en el 2012. 

            Ya para entonces el PLD daba claras demostraciones de fatiga democrática, lo que lo conducía a gobernar mediante otra “normativa” nacional, “la ley de la conveniencia”, y lo que siguió fue el mayor desorden administrativo y salarial, duplicando la nómina pública, la multiplicación de organismos, sobrepuestos, el minifundio del Estado, en el que cada alto ejecutivo era dueño de su parcela y la sembraba de clientes de todos los niveles, para manipular conciencias y prolongarse indefinidamente en el poder.

            Pasaron 7 años desde la promulgación de la ley y de nada sirvieron los discretos recordatorios de los organismos internacionales que la patrocinaron, los ejecutivos del MAP se doblegaron y la opinión pública se fue olvidando de la normativa.

La nueva oportunidad

En las prioridades económicas y sociales, de los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Salarial” de la “Coalición Democrática por el Cambio” que ganó las elecciones de este año, se consigna el cumplimiento de la Ley Salarial del Estado, como la de Estrategia Nacional de Desarrollo. La crisis en que el Coronavirus ha sumido el país hace más perentoria la reorganización del Estado, planteada como fundamental por el presidente Luis Abinader.

            Para poner en vigencia la ley salarial habría que rescatar primero el proyecto de reglamento que quedó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y proceder a elaborar una nueva escala salarial, tomando en cuenta que en lo único que se aplicó la normativa del 2013 fue en ajustar hacia arriba los altos salarios que quedaron por debajo de la tarifa. 

Es de rigor romper la extrema desigualdad en un Estado donde alrededor del 50% de sus servidores tienen sueldos que no alcanzan al valor de la canasta familiar del quintil más pobre, que ya sobrepasa los $14 mil mensuales. El salario mínimo estatal apenas fue elevado hace dos años desde $5 mil a $10 mil. La tabla 12 del anteproyecto de presupuesto para el 2021, indica que el sueldo promedio de los tres poderes del Estado es de $28 mil 850, por debajo del promedio de los cinco quintiles que según el Banco Central está en $32 mil. 

Conviven con salarios y pensiones de cientos de miles de pesos y multiplicidad de privilegios prohibidos en la ley salarial, ya no sólo en organismos autónomos, sino también en el mismo gobierno central. Y las diferencias alcanzan hasta el doble entre lo que ganan funcionarios de idénticas responsabilidades, en un mismo ministerio o frente a otro, como documentó Participación Ciudadana en su estudio “Niveles de Diferencia en los Salarios de la Administración Públñica”. 

Por cierto que la tabla citada cuantifica los asalariados de los tres poderes del Estado y órganos especiales en 581 mil 109, lo que implica que la totalidad estatal ronda los 800 mil si se les suman los ayuntamientos, demás entidades descentralizadas y los pensionados.

La supresión de los privilegios extra salariales y la imposición de límites en todos los organismos del Estado, amparadas en mandatos constitucionales y legales podría constituirse en un crédito importante para el gobierno de Abinader, que deberá irse abriendo ventanas y luego puertas para el pacto fiscal que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, también en espera de rescate.-   

Un Congreso Nacional demasiado caro cada senador sobre $27 millones anuales

Los barrilitos y cofrecitos son insostenibles en medio de la triple crisis de salud, económica y social, y los legisladores tienen privilegios autoconferidos, en violación de preceptos constitucionales, los senadores con seguros de vida y de salud internacional  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En el proyecto de presupuesto para el 2021, bajo austeridad, el Congreso Nacional y la representación al Parlamento Centroamericano (Parlacen) se llevarán más de $7 mil 819 millones, un costo que mantiene el país como el cuarto de mayor gasto legislativo y con salarios y bonificaciones superiores a las de España, además de otros varios privilegios.

            Alguna vez la sociedad dominicana tendrá que reevaluar si su Poder Legislativo  no debería ser de una sola cámara como todos los países centroamericanos, pero en lo inmediato se impone derribar los barrilitos y cofrecitos asumidos ya como símbolos del ventajismo inconstitucional y antidemocrático, estimados en $691.6 millones para el 2021.

En el proyecto para el 2021    

            En el proyecto de presupuesto para el próximo año se consigna un total de $7819, 105,836 para el Congreso Nacional, de los cuales $5183, 326,712, están destinados a la Cámara de Diputados, y $2635, 779,124 para el Senado. Mecánicamente divididos entre los 210 diputados, incluyendo los 20 al Parlacén, estos saldrían a 24.6 millones de pesos anuales, y los 32 senadores a $82.3 millones.

            En las partidas de ambas cámaras aparece un capítulo denominada “contribuciones especiales”, por $461.003, 491 para el Senado, lo que arroja $ 14.4 millones para cada senador, y de $230, 612,789 para la cámara baja, que entre 190 diputados nacionales equivale a $1.2 millón. Se estima que estos son los montos destinados a “ayudas sociales”, popularmente denominados barrilitos y cofrecitos, instituidos sin base constitucional, porque esas actividades no están entre las funciones legislativas, que son legislar y fiscalizar.

            También se le resta legitimidad porque esos fondos se los han atribuido los mismos congresistas y en gran parte se manejan a discreción sobre todo de los presidentes de la Cámara, para que regalen en el Día de las Padres, los Reyes, Navidad e inicio del año escolar y hasta para atender solicitudes adicionales. En el Senado existe un “Manual de Beneficios Senatoriales” y sumas específicas para los barrilitos, atendiendo a la población provincial.       

            Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica, de México, indicó que en el 2005 la RD tenía el cuarto Congreso más caro entre 20 países de América Latina, en términos proporcionales, sólo superado por las tres mayores naciones de la región, Brasil, México y Argentina. Y el mismo año la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa estimó que el Congreso Nacional era el segundo peor en falta de transparencia. El Latinobarómetro registra los congresos entre las instituciones de menor crédito, 20%.

Alto costo de los senadores

            Con el Manual de Beneficios Senatoriales se pudo establecer que los senadores dominicanos reciben $6 millones 147 mil 200 anuales por sueldo, gastos de representación, combustibles, hospedajes, y dietas por asistir a sesiones y a comisiones. Para Navidad $1 millón 500 mil y otros $500 para Reyes. Tienen una asignación mensual de $690 mil, para pagar personal auxiliar y asesores, que por 13 implican $8 millones 970 mil anuales; en muchos casos los entregan a familiares y activistas políticos. Y con los barrilitos se agregan  en promedio otros $8 millones 316 mil para totalizar $25 millones 433 mil 200 anuales, o $2 millones 119 mil 434 mensuales.

            Pero su costo es todavía mayor, porque también les pagan seguro de vida y de salud, internacional que incluye a cónyuge, e hijos hasta 25 años de edad, y pueden disponer de hasta tres vehículos, con chofer y combustible. Y para más privilegios hay que sumarle las exoneraciones de dos vehículos por período de 4 años, que muchos han vendido,  lo que es ilegal, para que empresarios y nuevos ricos importen vehículos de lujo que pagarían millones de pesos de impuestos. Por todos estos renglones el costo por senador sobrepasaría los $27 millones anuales. En muchos casos disponen también de guardaespaldas.

            Los barrilitos no se cargan por igual, sino atendiendo a la proporción poblacional de la provincia: DN, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, las mayores han estado recibiendo $1 millón 59 mil mensuales; las de menor población, Ocoa e Independencia, $609 mil; Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña 619 mil; las demás en ascenso hasta el millón. Hasta ahora se destinan al barrilito $22 millones 180 mil mensuales, que promedian $693 mil 125 entre 32 senadores. Pero Antonio Taveras Guzmán, de Santo Domingo, y Eduardo Estrella, de Santiago, lo rechazaron desde que asumieron la función en agosto. La del DN, Faride Raful, que en principio dijo que lo destinaría a pago de asesores, lo renunció esta semana, acogiendo la demanda generalizada.     

Más modestos los diputados

            Los ingresos de los diputados son mucho más modestos; entre sueldo, “compensación salarial”, gastos de representación y dieta reúnen $364 mil 443 al mes, para $4 millones 373 mil 315 anuales. Su costo se eleva porque la cámara les paga a cada uno, asistente legislativo,  secretaria, mensajero y chofer, sin que se haya podido precisar monto. 

            La asignación de los diputados para asistencialismo o clientelismo no es transparente como en los senadores, después que hace 5 años “la suprimieron”. En realidad quedó a discreción, con partidas para Navidad, Reyes, Día de las Madres, inicio del año escolar, y por solicitudes especiales. Si se parte de los $230 millones 612 mil presupuestados para 2021   en el renglón de “contribuciones especiales”, tocaría a cada diputado $1 millón 213 mil, lo que implica $101 mil 145 cada mes. Esa suma coincide con una confidencia de que se les permite solicitar hasta 100 mil pesos mensuales. También hay contribuciones adicionales en especie, por ejemplo en las cajas navideñas para repartir entre la clientela política y relacionados. 

            En los años recientes, los cofrecitos de los diputados podían ser surtidos generosamente cuando se necesitaba más su voto, incluso a los de oposición. Eso incluye los esfuerzos de los presidentes de la cámara baja por mantener “su popularidad” para ser reelectos.

El lujo de los diputados al Parlacen     

Los 20 diputados que representan el país en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) son en la práctica un premio de consolación para cuadros políticos que no alcanzan las candidaturas a las 190 curules del Congreso Nacional. No se eligen directamente, sino que se distribuyen en función de los votos obtenidos por los partidos. Es una representación simbólica, porque el Parlacen no tiene efectos vinculantes en ningún país.

Estos representantes reciben 2 mil dólares mensuales, cerca de 120 mil pesos. En la proyección de gastos para el 2021 tienen reservados $87 millones 427 mil 567, lo que dividido entre 20 arroja $4 millones 371 mil 378, entre 13 salarios un monto per cápita de $336 mil. La diferencia podría estar en los pasajes y gastos de viaje y seguros que se les paga. 

El Parlacen no aporta nada al país, aunque es una tribuna de interrelación con la dirección política de la región, lo que podría contribuir a una vinculación que ha llegado tardía para la RD, al igual que con los países de la Comunidad del Caribe, donde no ha logrado pasar de la categoría observador, siendo la mayor economía de la región caribeña.    

De iniquidad e inequidad

            Desde que se formalizó el actual esquema de barrilitos y cofrecitos, en la presidencia del Senado de Reinaldo Pared Pérez, en el 2004, la opinión pública los ha rechazado. Se supone que estaba llamado a sustituir la discreción de los repartos anteriores y que sería transparente el gasto, sujeto a rendición de cuentas. Pero eso no ha ocurrido.

            No hay duda de que se trata de un  subsidio para el clientelismo y el ventajismo de los legisladores, que en el caso de los senadores ha implicado el reparto de un promedio de $8.3 millones anuales, varios sobre 12 millones anuales, casi 50 millones de pesos en el período de 4 años. Eso les da una ventaja para competir hasta contra sus propios compañeros de partido, que a la hora de perseguir candidaturas no disfrutan del menor financiamiento público. Mucho más a quienes buscan sustituirlos desde otros partidos. Es lo que se llama inequidad. Pero también es una iniquidad auto conferirse parte del presupuesto nacional para beneficio político personal y para familiares y  relacionados. 

            A los barrilitos y otros financiamientos abusivos se atribuye, en parte, la estabilidad que tuvieron los senadores en las últimas dos décadas. En el 2010 el 84 por ciento de ellos, 27 de los 32, fueron reelectos, y por seis años. También el 74% de los diputados. En el 2016 se repitió casi en similares proporciones. Pera los comicios de este año el ventajismo fue barrido por la avalancha que sacó del poder al Partido de la Liberación Dominicana, que con sus aliados tenía 30, y ahora sólo tres del total están repitiendo.

            El clamor contra los barrilitos y cofrecitos de ha generalizado y en la opinión pública se les tiene como símbolo de oprobio. Muchos de los electos este año, que saben lo difícil que es competir con los beneficiarios de ese financiamiento inconstitucional, han perdido la memoria y ahora quieren mantenerlos. Pero con la grave crisis fiscal y económica, el clamor es tan fuerte que se preparan hasta paradas ante el Congreso y los partidos podrían verse forzados a intervenir. El desafío es mayor para los que ganaron las elecciones prometiendo un cambio político y ético.-    

Conviene restablecer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Bastaría con que el Congreso Nacional ratifique la competencia de la Corte, ya contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acogiendo ese requisito de la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional dominicano   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            A la República Dominicana le convendría poner fin a los cuestionamientos internacionales derivados de dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC), pudiendo comenzar por someter al Congreso Nacional la ratificación de la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejada en un limbo ya por seis años. 

            Un segundo paso para recuperar la imagen del país en los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional seria empeñarse en la plena aplicación de la Ley 169-14 que enmendó la desnacionalización producida por la sentencia del TC 169-13 de enorme repercusión universal y que dividió agriamente la sociedad dominicana.

En un limbo jurídico

            Con su sentencia 256-14 de noviembre del 2014 el TC pretendió evadir las responsabilidades que le reclamó parte de la comunidad nacional y la internacional prácticamente a unanimidad, y específicamente la CIDH por haber dejado anulada la nacionalidad que ostentaban decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país (en gran parte haitianos), retroactivamente hasta el 1929, con su sentencia 169-13 del año anterior, pero sólo logró profundizar el descrédito.

            El esfuerzo fue doblemente fallido porque arrojó nuevas condenas de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su similar de las Naciones Unidas, así como de numerosas instituciones que velan por los derechos humanos en el mundo, y también por haber dejado al país en un limbo respecto a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. 

            RD suscribió la Convención el 7 de septiembre de 1977 siendo ratificada mediante la Resolución 739 del Congreso Nacional en diciembre del mismo año, y registrada el 21 de enero de 1978 ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos. La misma Convención instituyó la Corte Interamericana y dejó establecido que para aceptar su jurisdicción no se requería nueva convención, que bastaba la adscripción de un representante de los Estados suscribientes. Por eso el presidente Leonel Fernández aceptó la jurisdicción, como casi todos los países, sin otro protocolo que un escrito del 25 de marzo de 1999.

            A raíz de la desvinculación de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió que esa decisión solo tendría efecto con la denuncia de la Convención sobre Derechos Humanos, lo que no se ha producido, dejando el país en un limbo, pero susceptible de seguir siendo objeto de sentencias de la CIDH.         

Vergüenza internacional      

La segunda sentencia del TC también apeló a la retroactividad para declarar inconstitucional la jurisdicción de la CIDH en la RD sobre la base de que el Congreso Nacional no la había ratificado, aunque lo “descubrió” 15 años después y tras una decena de eventos que la reconocían, incluyendo algunos del mismo tribunal. La generalidad de los constitucionalistas dominicanos la rechazaron. Eduardo Jorge Prats con un artículo que tituló “¡Qué vergüenza!”.  Con similares calificativos se expresaron  otros como Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez Huerta, Flavio Darío Espinal, Carlos Salcedo, Nassef Perdomo y Ariel Gautreaux, y juristas de la categoría de Jorge Subero Isa y Francisco Alvarez Valdez. Las juezas del mismo tribunal Katia Jiménez y Ana Isabel Bonilla, y el juez Hermógenes Acosta, dieron votos disidentes en términos absolutos. 

Se recordó que el Congreso Nacional ratificó la competencia de la CIDH al aprobar la Ley orgánica del TC 137-11, que la reconoce como la máxima instancia en materia de derechos humanos. Para colmo, el mismo TC en sus sentencias 0084-13 y 136-13 también había reconocido “el carácter vinculante de los dictámenes de la CIDH”. Y su presidente, Milton Ray Guevara había firmado, en noviembre del 2012,  un “Acuerdo Marco de Colaboración” con la Corte que dos años después desconocían.

Algunos de los constitucionalistas opinaron que para el país salirse de la Convención, que es la única forma legítima de desconocer la jurisdicción de la CIDH, tendría que mediar una reforma constitucional, ya que el artículo 74.3 de la Constitución proclamada en el 2010, otorga jerarquía constitucional a los tratados y convenciones suscritos por el Estado. Para colmo, la RD logró en el 2006 que la jurista dominicana Rhadys Abréu de Polanco fuera electa como jueza de la CIDH, cargo que ejerció durante 6 años.     

Fácil remedio diplomático

            Ahora que se ha reducido el furor ultranacionalista de la pasada década y que se pone en vigencia una profesionalización de la diplomacia dominicana, empeñada en mejorar el posicionamiento de la República en el ámbito global, sería conveniente restablecer la jurisdicción de la CIDH y salir del limbo, porque al final ese organismo seguirá juzgando casos de violaciones de derechos humanos aunque aquí no la reconozcan, lo que en el ámbito latinoamericano sólo ocurre además con Venezuela, que en estos tiempos no parece la mejor compañía.

            Cualquier legislador o bloque de legisladores, o el Poder Ejecutivo podría tomar la iniciativa con el simple procedimiento de retomar el protocolo enviado por Leonel Fernández en 1999 y someterlo a la ratificación del Congreso Nacional, atendiendo así la única objeción formulada por el TC. Seguro que ello sería celebrado en el ámbito de los organismos internacionales como parte de las rectificaciones que comenzaron con la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad a decenas de miles de afectados por la sentencia 169-13 del TC, que “muy a la dominicana” sostuvo que esta era de aplicación obligatoria, pero “se le buscó la vuelta” para enmendarla.

Poco después de la ley de mayo del 2014, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado de 55 mil personas que podían volver a procurar sus actas de nacimiento. Se estima que sólo 26 mil lo han hecho, y que casi la mitad no han podido, unos porque se habían muerto o marchado del país y muchos porque viven en la extrema pobreza y no han tenido los recursos para gestionar un documento ya de poca utilidad para su condición socio-económica.  

Para salir de la apatridia

            El país  necesita reconciliarse con los organismos multilaterales e instituciones sociales internacionales que velan por los derechos humanos, pero también adoptar políticas efectivas que le permitan salir del estigma de auspiciador de apatridia. No basta con que se niegue, si hay señales tan objetivas como la de los que se acogieron al plan B de  la Ley 169-14, que otorga la ciudadanía por naturalización a los descendientes de extranjeros nacidos en el país, pero que no hicieron, o no se les aceptó oportunamente la declaración de nacimiento. Se da el caso que en una misma familia hijos mayores obtuvieron el registro, pero no así los que llegaron cuando empezó la discriminación, y así unos son ciudadanos dominicanos y otros extranjeros indocumentados. 

            En un rígido plazo de apenas meses, 8 mil 768 personas se acogieron al plan de naturalización, pero seis años después, apenas 750 la han logrado, mediante el decreto 262-20 emitido por el presidente Danilo Medina el 16 de julio pasado, 11 días después que perdió las elecciones presidenciales. El 89 por ciento todavía espera un documento de identidad, porque aquí nacieron y aquí han vivido siempre y no tienen otra nacionalidad ni piensan ni pueden ir a buscarla en ningún otro país. Por eso los consideran apátridas.

            Es posible que muchos de ellos no hayan completado el paquete de requisitos que se les impuso para ser reconocidos, comenzando por los documentos de identidad de sus padres, que en muchos casos no los tenían, desconocidos, o que hace años volvieron a Haití. Una buena proporción son de padre o madre dominicanos. Otros requisitos difíciles de cumplir para muchos son los testigos de su origen o las comadronas que los recibieron, o los certificados de los hospitales, que en muchos casos ni siquiera los registraban. Tampoco les resulta fácil obtener certificados de empleos. Son una proporción tan ínfima de la población que merece la mayor generosidad.

Hay que borrar el estigma  

            El país necesita quitarse de encima el estigma que lo mantiene junto a Myanmar, Costa de Marfil, Letonia y Estonia, a la cabeza de los mayores auspiciadores de apatridia en el mundo. El pasado 30 de septiembre al cumplirse el 66 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a reclamar a RD un esfuerzo por restañar las heridas  de las sentencias del TC.

            Tras reconocer y celebrar los efectos positivos de la Ley 169-14 que habría devuelto la nacionalidad a 26 mil personas, y el decreto de Medina que naturaliza a 750, la Comisión instó al Estado dominicano a “buscar medidas sostenibles, asequibles y duraderas” para la situación de unos 6 mil 400 que no han podido obtener la nacionalidad vía el proceso de naturalización, considerados en situación de apatridia. En el mismo sentido se pronunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

            Desde las sentencias del TC casi todos los años RD es evaluada en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, Humans Rights y otras unen sus esfuerzos a la nacional Dominicanos por Derecho para mantener los cuestionamientos y reclamos de rectificaciones. 

            No basta negarlo y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene suficientes documentos para avalar la necesidad de borrar un estigma que distanció el país hasta de la comunidad de naciones del Caribe, con daños económicos,  y lo dejó en las cuatro esquinas del mundo.-    

La tecnocracia choca con la realidad política y obliga al presidente Abinader a enmendar

Es obvio que no se dan las condiciones mínimas para incrementos de impuestos y mucho menos sin explicar sus alcances, aunque los propuestos no afectaban a los sectores medios y bajos, y faltando documentar la profundidad de la crisis  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El presidente Luis Abinader rectificó el primer tropiezo de su gobierno al anunciar que no habrá incremento de ningún impuesto en el presupuesto del próximo año y que se buscará consensuar los pactos Fiscal y Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para aplicarlos a partir del 2022, por lo cual merece reconocimiento. .

            No es que los gravámenes propuestos fueran desproporcionados, es que la población no está dispuesta a nuevas contribuciones mientras no se profundice el iniciado desmonte de la malversación, se documente y comunique mejor sus alcances y avancen en el procesamiento de algunos de los responsables de la corrupción que agobió la sociedad.

Por debajo de la puerta

            Fue un error del equipo económico del gobierno el plantear una pequeña reforma tributaria sin considerar aspectos fundamentales en el orden político como en una coyuntura de crisis sanitaria con graves repercusiones económicas y sociales que determinan una atmósfera de rechazo a mayores contribuciones.

            Pero fue peor que los incrementos impositivos “se metieran de contrabando” en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 y que trascendieran sin la menor explicación, lo que permitió que fueran sobrestimados, cuando en realidad no afectarían a más del 80 por ciento de la población, en nada a los de menores ingresos. Menos todavía el gravamen a las partes de acondicionadores de aire. El paquetito apena representaría unos 20 mil millones de pesos adicionales, una proporción insignificante que serviría para dilatar el pacto fiscal a que está obligado el gobierno.

            De los cinco o seis renglones afectados, el más significativo que podría generar más de la mitad de los ingresos adicionales, era el impuesto de 1 por ciento a los activos netos del sector financiero, señalado entre los menos afectados por la crisis, o entre los pocos beneficiados. Tampoco afectaría a las clases medias ni a los más pobres el gravamen del 8 por ciento a las ganancias adicionales determinadas por la pandemia en algunos sectores empresariales. El presidente informó que el sector financiero y la Barrick Golf aceptaron un adelanto de contribuciones, y luego se supo que sería descontado en plazo de 15 años.    

Reacción desproporcionada

            La falta de explicación contribuyó a la enérgica reacción de rechazo, incluso desproporcionada para el costo de los impuestos planteados, que se centró en el gravamen  del 3 por ciento a los pagos personales en dólares, y el cobro de impuesto sobre la renta a  salarios navideños exentos del mismo.

            Se estima entre 6 y 7 por ciento la proporción de la población que hace pagos en dólares, importando directamente o por viajes. La pandemia ha incrementado las compras por internet, básicamente de sectores medio-altos y altos, en desmedro del comercio y del empleo nacional. Para estos y el que viaja y paga sobre 20% de propina en restaurantes y bares, un 3 por ciento de impuesto no debería considerarse abusivo.

            En cuanto al salario navideño, la confusión fue doble, pues se creyó que era a todos los empleados, cuando se planteaba mantener el actual nivel de exención en el impuesto sobre la renta, que es de 34 mil 700 pesos, lo que dejaba fuera al 85 por ciento de los asalariados, porque ganan hasta esa suma. Y a quienes perciben más de eso, se les mantenía el nivel de exención, cobrándole sólo sobre el excedente. Por ejemplo, quienes ganan hasta 52 mil pesos, sólo pagarían 15 por ciento sobre el excedente de 34 mil 700, es decir sobre 17 mil 300, lo que arrojaría un descuento de 2 mil 595 pesos. Son menos del 10 por ciento de los asalariados en los registros de la tesorería de la Seguridad Social.   

            Convendría saber que en muchas empresas y hasta en organismos estatales, incluso del gobierno central como es el caso del mismísimo Ministerio de Hacienda, no se paga como “regalía navideña” un solo salario, sino varios. Hay empresas donde se evade impuestos manteniendo sueldos bajos a los mandos medios y altos que se compensan hasta con 6 sueldos navideños, libres de impuestos. Eso se llama evasión fiscal.        

Un comprensible rechazo

            Los funcionarios, sean técnicos, tecnócratas o políticos, deberían comprender que en la población dominicana prevalece una actitud subjetiva que rechaza todo nuevo impuesto, sobre todo en la influyente clase media que mueve todos los medios de comunicación y prevalece en las redes sociales. Esa actitud está determinada en gran medida por los altos y persistentemente crecientes niveles de malversación y de corrupción en la administración pública y de evasión de los más ricos, diagnosticados en los últimos años. 

El fenómeno de la Marcha Verde debería estar fresco en la memoria de todos. Eso no significa que ante el primer tropiezo de un gobierno que está tratando de reducir la malversación y combatir la corrupción, con nuevos mecanismos, millares vayan a lanzarse a las plazas o a marchar por las avenidas, como pretendieron algunos. Pero sí implica el rechazo hasta irracional, subjetivo, que lleva a proclamar que no se necesitan más impuestos. Hay mucha gente de altos ingresos y empresas de enormes ganancias que tienen que contribuir más para reducir la enorme desigualdad, la pobreza extrema y las exclusiones. 

Desde luego, la cultura política nacional es tan primitiva y grotesca que a menos de dos meses de instaurado un gobierno, hay quienes están dispuestos a agitarle las aguas para debilitarlo, aunque tengan que esperar casi cuatro años para sustituirlo, condenando a toda la sociedad a seguir en el atraso. Entre estos resaltan los que tienen cuentas pendientes y quieren anular las posibilidades de que les facturen. Pero también personas que por ignorancia se suman a la irracionalidad y exigen milagros aun cuando “el mundo está patas arriba” por la pandemia que ya cobra un millón de vidas, con un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos, que acarrea el riesgo de “una generación perdida”, como proclamó esta semana Kristalina Georgieva,  la directora general del Fondo Monetario Internacional.

La rápida reacción de Abinader

            Fue relevante la rápida reacción del presidente Luis Abinader ante el generalizado rechazo a la limitada reforma tributaria, sobre todo por haber sido incluida en el proyecto de presupuesto para el 2020 sin previa justificación, demostrativa de sensibilidad ante la opinión pública, primero advirtiendo que no habría imposición y tres días después, en discurso del jueves, anunciando que no habrá nuevos impuestos en el presupuesto del próximo año.

            En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández en 1996, también se intentó iniciar con un presupuesto que incluía impuestos no previamente debatidos, pero la diferencia es que ignoró el rechazo generalizado, aunque el partido gobernante sólo tenía un senador y 14 diputados. Como no modificaron el proyecto, el Congreso opositor lo rechazó y en consecuencia el gobierno tuvo que manejarse en el 1997 con el presupuesto del año anterior.

            Esta vez el PRM y sus aliados podrían reunir votos para aprobar un presupuesto, pero Abinader ha cumplido su promesa de buscar consenso para las grandes decisiones de su gobierno. Tal vez consciente de que una imposición de unos 20 mil millones de pesos adicionales, no sólo mellaría muy rápido su popularidad, sino que dificultaría más el Pacto Fiscal que evadió el presidente Danilo Medina, aunque fue mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en el 2012, antes de iniciarse su doble período de 8 años.

            Abinader anunció que el Pacto Fiscal, y el también pendiente Pacto Eléctrico, se empezarán a discutir con la meta de alcanzar consenso en seis meses para aplicarlos a partir del 2022. Enfatizó esfuerzos por reducir la malversación, combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto, priorizando salud, educación y asistencia social, pese a la contracción por la pandemia, y señaló que encontró las arcas agotadas, en la peor crisis económica en 60 años, y que sólo en pagos de deudas a sus contratistas el gobierno anterior erogó al final 40 mil millones de pesos. José Rijo, director de Presupuesto, precisó luego que en julio, su último mes completo, el gobierno de Medina gastó 102 mil millones de pesos, reducidos a la mitad, 55 mil millones, en septiembre, el primer mes entero del nuevo gobierno. 

Sanciones y recuperaciones 

            En el rechazo a nuevos impuestos reflejado en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, se incluye la indignación porque “todavía no hay un solo preso de la corrupción”, lo que implícitamente respondió de nuevo el presidente Abinader, reclamando auditorías y acción del ministerio público, pero descartando circo. La precipitación podría ser contraproducente, pues sin fundamentos de pruebas, serviría para dictámenes de no ha lugar que harían imposible las sanciones correspondientes.  

            Aún logrando condenas, no es fácil “recuperar lo robado”, como reclama la indignación social, porque generalmente está escondido en paraísos fiscales, a nombre de otras personas, en inversiones y empresas, cuya incautación implica mucho tiempo y recursos. Así quedó demostrado en el caso de las quiebras bancarias, donde el Estado apenas recuperó un mínimo de lo malversado e invertido para solventar la crisis financiera 2002-04.

            El nuevo gobierno ha empezado a reducir la malversación y ha creado mecanismos independientes de prevención y persecución de la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer para recuperar la confianza de la sociedad en el Estado. El partido gobernante y el Congreso Nacional deberían ayudar al presidente, quien ha impuesto austeridad en el Palacio Nacional y renunció a los gatos de representación. Los barrilitos y confrecitos de los legisladores resaltan en la indignación social. Ya son casi dos mil los “diplomáticos”, vicecónsules, subdirectores y subadministradores suspendidos, pero quedan muchos más y en  organismos estatales todavía hay demasiados privilegios que reducir.-    

Ruidos absurdos en elección de JCE; PRM ratifica que será independiente

La Dirección Ejecutiva del PRM ratificó a unanimidad el compromiso de integrar la Junta Central Electoral con profesionales ajenos a la militancia partidista y que garanticen su independencia como ha reiterado el presidente Luis Abinader  

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            En reunión celebrada el miércoles la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó a unanimidad su compromiso programático de integrar la Junta Central Electoral (JCE) con profesionales ajenos a la militancia partidista y que garanticen la independencia de ese importante órgano estatal.

            Se espera que la ratificación ponga fin a los intentos de desconocer un compromiso programático enarbolado por el presidente Luis Abinader, que comenzó por el Ministerio Público y se extiende a los demás órganos de control del Estado, como la Cámara de Cuentas, Defensoría del Pueblo y las altas cortes.

Un ruido más que absurdo 

            Ha llamado la atención que a escasas cinco semanas del inicio del Gobierno de Luis Abinader y el PRM se desatara un movimiento que ha implicado a dirigentes y legisladores tendientes a desconocer un compromiso programático, sustentado y reiterado recientemente por el mismo mandatario. Se puede apreciar como una imprudencia política que sólo sirve para revivir las pugnas que caracterizaron al Partido Revolucionario Dominicano, de donde proceden muchos de los perredemeistas.

            La circunstancia de que el extitular de la JCE Eddy Olivares, postulado ahora para presidir el organismo, fuera durante los últimos cinco años vocero del expresidente Hipólito Mejía, dio pie para que este fuera vinculado a la acción, por lo que el vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, consideró necesario advertir que “no habrá medición de fuerzas” entre los dos líderes, sino “coherencia y consenso”.

            El anuncio de que Olivares tenía apoyo de muchos diputados del PRM, desató inquietudes y temores a una absurda lucha interna cuando apenas comienza la gestión gubernamental y en medio de las penalidades de la triple crisis sanitaria, económica y social, que enfrenta. Aunque dirigentes de ese partido han sostenido que sólo es un ruido innecesario, porque no hay la mínima posibilidad de reunir apoyo para contradecir el programa de gobierno y la posición del presidente Abinader, quien ha sido reiterativo en que no auspiciará la politización  de ningún órgano de control del Estado.

Desde el 2016, cuando se eligieron los titulares que concluyen su período en noviembre al frente de la JCE, el PRM se comprometió en dos comunicados públicos con la independencia del organismo, y lo postuló en su programa de gobierno y en los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional” que firmó junto a otros 6 partidos y varios grupos sociales. Su presidente José Ignacio Paliza lo reiteró en dos recientes declaraciones.  

No habrá reparto partidista

            Dirigentes y voceros del Partido de la Liberación Dominicana ponderaron a Olivares, favoreciendo un consenso para elegir los titulares de la JCE, lo que en el PRM se interpreta como un gancho de doble filo, primero para demostrar que “no hay tal cambio y todos los partidos son iguales”, y segundo para garantizarse la inclusión de alguno de sus dirigentes.

            En los altos niveles del PRM se le resta importancia a lo que consideran “un simple incidente inoportuno”, como lo definió un ejecutivo al informar que no hubo el menor problema en ratificar la posición de la Dirección Ejecutiva del Partido, mientras trascendió que el presidente Abinader se reunió con los diputados y allí tampoco hubo dificultades.    

            La independencia de los integrantes de la JCE se discute desde hace décadas, cuando Joaquín Balaguer la conformaba con personas de su confianza, y aunque a veces colocó independientes en la presidencia, incluía a dirigentes partidistas que se encargaban de su politización. La junta de 1994, cuando se verificó el más documentado fraude electoral que incluyó alteración del padrón de electores, era presidida por Manuel García Lizardo, pero fue señalado como responsable otro titular, el dirigente reformista Leonardo Matos Berrido

            Esa junta, como la de 1990 cuando también hubo fuertes indicios de fraude electoral, fue integrada mediante la fórmula del reparto, que garantizaba la presidencia y la mayoría al partido gobernante, y se elegían dos por los opositores, que  lo legitimaban considerando que era preferible “tener gente dentro del organismo”. 

Lo pactado tras la crisis

Tras el pacto que zanjó la crisis postelectoral de 1994 se acordó una JCE sin reparto partidista, y por consenso, la que encabezó el doctor César Estrella Sadhalá, y que pudo organizar exitosamente la doble votación del 1996. Le sucedieron luego Juan Sully Bonelly, Manuel Morel Cerda  y  Luis Arias que tampoco eran dirigentes políticos al ser escogidos. Pero en 1998, en medio de una confrontación con el gobierno del PLD en la Liga Municipal y la Cámara de Diputados, la mayoría senatorial del PRD rompió el consenso al escoger unilateralmente a  Morel Cerda, quien nunca había militado en ese partido y era un reputado jurista, cuatro veces presidente de la Asociación Dominicana de Abogados. Hizo nuevo y desde entonces eficiente padrón electoral y sin trauma las elecciones del 1998 y 2000.

La politización partidista de la JCE volvió con la elección de Roberto Rosario quien presidió el organismo entre el 2010 y 2016. Había llegado en el reparto partidista, restaurado en el 2006 y por cuatro años presidió su entonces determinante Cámara Administrativa, donde comenzó a mostrar su eficiencia partidista. Al ser incorporado a la Junta tomó una licencia de su condición de miembro del Comité Central del PLD. 

El debate se ha mantenido, y en el 2016 el gobierno peledeísta accedió a elegir un presidente apartidista, Julio César Castaños Guzmán, y otros dos miembros sin militancia en partidos, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín. Pero mantuvo a Rosario Graciano, también exdirigente del PLD, y a Henry Mejía, proveniente del PRD.        

            La mayoría de las instituciones sociales, encabezadas por Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), han promovido sistemáticamente una JCE integrada por personas sin militancia partidista, para evitar los conflictos de intereses. Es lo mismo que postula la Constitución para los jueces, los miembros de la Junta Monetaria, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En estos casos no se consideran violados sus derechos ciudadanos, como ocurre cuando se plantea en órganos electorales o la Cámara de Cuentas.       

“Mentada sociedad civil”

            Los partidos políticos dominicanos han mantenido una relación de amor y odio con las organizaciones sociales que militan en la promoción de reformas políticas e institucionales y en la defensa de los derechos políticos y sociales. Cuando están en la oposición son amantes, pero desde que llegan al gobierno comienzan a menospreciarla, llamándola “la mentada sociedad civil”, pretendiendo desconocer una categoría universal de la democracia, reconocida en convenciones internacionales y códigos y constituciones nacionales. Ante los organismos de las Naciones Unidas hay más de diez mil instituciones sociales reconocidas.

            Ya en ambientes perremeístas se ha comenzado a evocar la “mentada”, a la que le atribuyen un supuesto interés por quitar sus derechos a los militantes políticos, “que son los que se fajan en las campañas electorales”. El desaparecido líder perredeísta José Francisco Peña Gómez fue el dirigente que más importancia ha dado a la participación social, al extremo que reformistas y peledeístas decían que la sociedad civil era perredeísta. Pero cuando el PRD llegó al poder en el 2000, se comenzó a hablar de la “sociedad civil perfumada”, tratando de descalificar a PC y la Finjus. A sus actividades van los políticos cuando están en la oposición, pero se ausentan desde que llegan al poder. 

            La más combatida ha sido Participación Ciudadana, pero eso no impidió que fuera invitada por el PLD, PRSC, PRD y PRM a observar sus elecciones internas, lo que ocurrió en los tres primeros, entre el 2000 y 2006. Con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, PC mantuvo durante varios años un diplomado de formación de dirigentes políticos por el que pasaron más de 2 mil jóvenes dirigentes de esos partidos.

Buscan el buen gobierno

            Hay innumerables definiciones de la Sociedad Civil, aunque algunos la sintetizan en todas las formas de organización de ciudadanos y ciudadanas, e instituciones y organizaciones conformadas para la promoción social, que no forman parte del Estado, y que no tienen por objeto alcanzar el gobierno, como los partidos políticos. Se trata de organizaciones para promover el buen gobierno, que “la sociedad civil no lucha para gobernar, sino para ser bien gobernada”.

            Es la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, incluyendo el partidarismo político, documentada en innumerables investigaciones y encuestas de todo tipo de instituciones nacionales e internacionales lo que ha dado mayor relieve a la necesidad de organizar agrupaciones sociales.

            Esa “mentada” fue la que movilizó a cientos de miles de personas en las marchas verdes contra la corrupción y la impunidad, entre 2017-18 y la que colmó las plazas públicas en muchas ciudades del país y del exterior. Múltiples analistas han coincidido que esa militancia no partidista fue clave para desplazar este año el dominio del Estado y de la sociedad que había impuesto el PLD. 

          El PRM y en especial su candidato presidencial Luis Abinader, interpretaron ese sentimiento social y pactaron “un verdadero cambio”, que incluyó la despolitización de todos los órganos estatales de control, que es lo que acaban de ratificar en la JCE, sin que implique desconocer los méritos de los dirigentes políticos.-  

Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales

Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos.

Por Juan Bolívar  Díaz

Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.

Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos

Tres informes relegados

El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020.

Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica  medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.

Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían  desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.

Las propuestas de Attalí

De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados.

También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.

Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes.

“Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.

Aumentó la desconfianza

Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.

En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018.  En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.

En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.     

Una gran oportunidad

Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.

Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado.

Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo  autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.     

El triste lamento de Danilo

Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias  con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos.

Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.

Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.

Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.-

Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales

Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos 

                                                Por Juan Bolívar  Díaz

            Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.

            Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos

Tres informes relegados

            El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020. 

Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica  medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.

Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían  desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.

Las propuestas de Attalí

De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados. 

También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.

Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres  opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes. “Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.

Aumentó la desconfianza

            Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.

            En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018.  En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.

            En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.     

Una gran oportunidad

            Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.

            Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado. 

            Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo  autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.      

El triste lamento de Danilo

             Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias  con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos. 

            Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.

            Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.

            Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.-