Ahora las democracias ya no mueren manu militari, sino de inanición política

27_04_2019 HOY_SABADO_270419_ El País12 B

Sobran razones al arzobispo Francisco Ozoria y a todos los que temen que el país se encamina a un nuevo tipo de dictadura, que ya no se define por los sables, el asesinato y el exilio, sino por el socavamiento de las bases institucionales y el predominio caudillista

                                                Por Juan Bolívar Díaz

No sería racional sostener que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina es una dictadura clásica del siglo pasado, como la definió el general peruano Manuel Odría cuando le pidieron que explicara su afirmación de que él gobernaba con la religión y el deporte (1948-56), y respondió: “que quien no comulga conmigo, lo deporto”.

Tal como sostienen los académicos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro de septiembre pasado “Cómo Mueren las Democracias”, éstas ya no fracasan de forma dramática a manos de generales, sino de líderes electos que socavan poco a poco las bases institucionales, en pasos apenas apreciables.

La dictadura según Ozoria

Han tenido que manipular al Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para intentar descalificarlo por su advertencia de que “si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia una dictadura”, tras quejarse de que la actual estructura gubernamental no respeta la independencia de poderes en que se fundamenta la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución. Y le sobran razones tanto a él como a otros prelados, sacerdotes, ministros de diversos credos y dirigentes políticos y sociales que en las últimas semanas denuncia la erosión de las frágiles bases de la democracia dominicana, en aras del continuismo en el poder.

Los detonantes han sido dramáticos: la impudicia con que a la vista de todos el presidente Medina manejó el Consejo Nacional de la Magistratura, colocando en un paredón de calumnias y mentiras al mayor símbolo de la independencia judicial, Miriam Germán, para sustituir sin la correspondiente evaluación a casi la mitad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en violación de la Constitución, varias leyes y el reglamento del organismo. Y luego por las presiones, amenazas y acciones intimidatorias contra los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por la sentencia que afecta a un partido aliado del gobierno, lo que Participación Ciudadana definió como ominosa advertencia contra otros órganos, entidades y ciudadanos.

Es obvio que en el país no hay presos políticos ni los asesinatos y deportaciones que caracterizaron las dictaduras desde el inicio de la República, pero es cuasi dictatorial que se sustituyan jueces clamando falsedades, o que al presidente del TSE le despojaran de su escolta en plena calle, y que ministros y el mismo Procurador General lo citaran de madrugada, o que se revele que  en dos años se solicitaron 17 mil 637 interceptaciones de teléfonos bajo el pretexto de una investigación judicial, muchos de ellos con nombres ocultos, porque no procedían.

Baja calidad democrática

La pobreza institucional de la nación quedó documentada en el reciente informe sobre Calidad de la Democracia en la República Dominicana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resumido en El Tema de HOY del 30 de marzo último, en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe, sólo mejor que Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. De 100 indicadores, sólo registramos 20 como satisfactorios, con 32 aceptables y 48 deficitarios.

“Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial  y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las leyes… aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo en el país” (página 98 del informe).

“La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado. Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia ante situaciones con potencial desestabilizador” (página 129).

“La República Dominicana presenta calificaciones bajas y muy bajas en lo relativo a los límites y controles de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del funcionariado público” (página 140).

El control casi absoluto del PLD

  • Mantiene la presidencia de la nación desde el 2004, en elecciones profundamente desiguales, con abuso del Estado y grandes déficits fiscales en las campañas electorales
  • Absoluto control del Poder Legislativo, arrebatando hasta la única senaduría opositora en el 20l0
  • Reformas constitucionales en el 2010 y 2015 para garantizarse el control del Estado
  • Dirigentes del PLD controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público
  • Elección de una mayoría de dirigentes y allegados en los órganos electorales
  • Apropiación de dos tercios del 10 por ciento de los ingresos fiscales que la ley destina a los ayuntamientos, a los que sustrajo $184 mil millones sólo en el lapso 2013-18
  • Violación sistemática de leyes fundamentales, como la del sistema financiero, la de salarios públicos, y la de Estrategia Nacional de Desarrollo
  • Manipulación de la opinión pública con tres mil comunicadores en las nóminas estatales, inversión publicitaria de $10 millones por día y presión a independientes.
  • Utilización de jueces y árbitros electorales para destruir o reducir partidos opositores
  • El Comité Político del PLD, 35 miembros, decide hasta las reformas constitucionales
  • Cooptación de gran parte del liderazgo político, sindical,profesional, artístico, y dirigentes sociales mediante empleos, becas, compras y contrataciones.
  • Creación de miles de empresas de dirigentes y allegados, mediante corrupción y privilegios
  • Controles sobre 1 millón 200 mil personas, mediante programas sociales que apenas promedian 30 dólares mensuales
  • Incorporación a las nóminas y nominillas públicas de decenas de miles de dirigentes del PLD
  • En el 2016 designaron 33 mil empleados temporeros, activistas electorales

La muerte de la democracia

            En un libro de 335 páginas, Levitsky y Ziblatt sostienen que la democracia se bate en retirada en muchas partes del mundo, incluido los Estados Unidos, sobre todo tras el apogeo de Donald Trump, víctima de los políticos, no de los generales, que abusan de los mismos mecanismos que les permitieron acceder al poder, desconociendo las reglas de la tolerancia mutua y la contención institucional, “apresando a los árbitros, marginando a los actores clave, y reescribiendo las reglas del juego para inclinar el campo en contra de sus adversarios” (página 206).

“Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama. Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas, Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos” (página 13).

Con múltiples ejemplos americanos y de otros continentes, los autores dedican un capítulo 4 a describir cómo se realiza “La subversión de la democracia”. Con frecuencia el desmantelamiento es paulatino. “Al principio puede resultar imperceptible…siguen celebrando elecciones, los políticos de oposición siguen ocupando escaños en el Congreso y la prensa sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco (página 95).

“Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad…Y las agencias de inteligencia pueden dedicarse a espiar a las personas críticas y desenterrar material para chantajearlas…despidiendo a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por leales” (página 96).

Una descripción local

El libro de Levitsky y Ziblatt parece una descripción del proceso seguido por el PLD en el poder. Subraya que “La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rasgo de disidencia… A medida que los medios de comunicación más destacados son atacados, otros se vuelven recelosos y empiezan a practicar la autocensura… también buscan debilitar a los empresarios con medios para financiar a la oposición e intentan silenciar a figuras culturales populares o de reputación moral (páginas 103-104).

“Los autócratas que pretender consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución,, el sistema electoral y otras instituciones de modo que resultan desfavorable o debilitan a la oposición” (página 106). Para que el sistema constitucional funcione, debe darse un delicado equilibrio entre el poder ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. El Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia” (páginas 147-148).

Los autores sostienen que “Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no solo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe realizarse mediante sistemas democráticos… La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.

La maldita reelección

            Como siempre en la historia nacional, detrás de grandes intentos por subvertir el orden institucional, se encuentro un proyecto de prolongación indefinida en el poder, lo que se ha llamado “la maldita reelección”, y eso comenzó a tomar cuerpo desde antes de la mitad del segundo período del presidente Medina, pese a una prohibición constitucional por él mismo auspiciada en el 2015, como ha quedado documentado en esta página:

  • “Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política”. 14 de abril del 2018, cuando su Senado aprobó el absurdo proyecto de ley que buscaba imponer a todos los partidos el padrón abierto para elegir candidatos.
  • “Otra reelección de Danilo Medina le saldrá muy cara a la nación” (25 de agosto del 2018).       
  • “Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática” (29 de diciembre del 2018).
  • “El discurso de Medina inicia la ofensiva por su reelección” (2 de marzo del 2019)
  • “La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región” (30 de marzo del 2019)
  • “Nuevo escándalo: el PLD y su Gobierno socavan la institucionalidad democrática” (13 de abril del 2019).

 

Nuevo escándalo: el PLD y su gobierno socavan la institucionalidad democrática

27_04_2019 HOY_SABADO_270419_ El País12 B

 

Las presiones e intimidaciones contra jueces del Tribunal Electoral, tras la escandalosa ofensiva que sacó a Miriam Germán de la Suprema Corte, repercute sobre otras instituciones y buscarían allanar el camino al temido asalto constitucional reeleccionista 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Hay indicios de consternación en la sociedad dominicana por las presiones desatadas contra la mayoría de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anularon una convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), principal aliado del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al extremo de ser amenazados con juicio político.

Ante una situación que pudiera ser subsanada, el gobierno prefirió un nuevo escándalo político, apenas dejando atrás el protagonizado con las violaciones constitucionales, legales y reglamentarias en que incurrió el Consejo Nacional de la Magistratura con la Suprema Corte de Justicia, lo que indica una escalada contra la institucionalidad democrática.

¡Expectativas y presiones!

Con esas dos palabras encabezaba HOY su portada del pasado lunes 8, informando que “Grandes expectativas y un ambiente inusual de presiones se han creado desde mediados de la semana pasada en relación con la sentencia que será leída hoy por el Tribunal Superior Electoral tocante a una convención del Partido Revolucionario Dominicano”. Agregaba que la sentencia se habría filtrado al PRD y esferas del gobierno, originando presiones y acciones “que de conocerse escandalizarían a la sociedad” y que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica había sido enterada.

Las primeras indagatorias periodísticas del lunes antes de emitirse el veredicto develaron el escándalo. Ministros del gobierno (el Listín Diario luego informaría que cuatro, tres de ellos dirigentes del PLD), habían efectuado llamadas y otros mecanismos de presión sobre el presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo para que revirtiera el dictamen que anula la 34 Convención del PRD celebrada en diciembre del 2017, recurrida ante ese tribunal por un grupo de dirigentes disidentes del secuestro democrático en que cayó ese partido a partir del 2013.

Al doctor Liranzo lo interceptaron el viernes 5 en plena calle para retirarle la custodia militar que le corresponde, acción que fue revocada después que se evidenció su inutilidad al leerse la sentencia a media mañana del lunes. También sustituyeron al coronel jefe de seguridad de las instalaciones del TSE, y medios informaron que hasta el Procurador Jean Alain Rodríguez había citado al titular de ese tribunal. Aunque todas esas informaciones tuvieron profusa difusión por todos los medios, hasta anoche nadie del gobierno ni del PLD las había desmentido.

Hubo más, pues el abogado Julio Cury, quien sostiene que el presidente Danilo Medina puede repostularse sin modificar la Constitución, twiteó planteando que la procuraduría debería investigar quién es el propietario del penthouse donde se presume que vive el doctor Liranzo con su esposa, sembrando dudas sobre su legitimidad, y recordando el inicio de la campaña sucia contra la jueza Miriam Germán hasta su destitución, sin motivación, en violación de la Constitución, la Ley del Consejo de la Magistratura y el reglamento de evaluación.

Una intimidación general

            No causó mucha sorpresa que diputados y dirigentes del PRD gritaran contra el presidente del TSE y los jueces Santiago Sosa y Rafaelina Peralta, que habían sostenido su sentencia, pese a los votos disidentes de los otros dos miembros, Arístides Madera y Cristian Perdomo. Pero el escándalo cobró mayor dimensión cuando Reinaldo Pared, presidente del Senado, secretario general del PLD y miembro del Consejo de la Magistratura, planteó una investigación de la cámara de Diputados para determinar si procede un juicio político a los  magistrados que se atrevieron a emitir un fallo que pone en aprietos a un partido aliado.

El presidente de la Cámara, Radhamés Camacho, se mostró presto a examinar el pedido, mientras en los medios de comunicación la legión de comentaristas del gobierno pregonaba las consecuencias de desafiar al poder, ya fuera desde los partidos opositores como de las instituciones del Estado. Todo ello generó alarma en los diversos sectores, con rechazos tajantes de líderes políticos e instituciones sociales como Participación Ciudadana, Finjus, dirigentes evangélicos, con gran acogida en los medios informativos y editoriales como los del Listín Diario y El Día, que lo denunciaron “inadmisible abuso de poder” y “Amenaza inaceptable”.

Participación Ciudadana estimó que “se trata de un mensaje mordaza, que va mucho más allá del TSE, y afecta a todos, desde periodistas, sociedad civil, entidades públicas, aún a aquellas autónomas como la Junta Central Electoral”. Esta tiene pendiente fallar sobre controversias que envuelven al partido gobernante, como el arrastre de los senadores por el voto de los diputados, y el reglamento de la nueva Ley Electoral, y el Tribunal Constitucional (TC) tiene para emisión fallos sobre una decena de impugnaciones de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos. El mensaje también puede estar dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo, donde algunos pretenden buscar amparo sobre  “el derecho del Presidente” a la reelección

Una sentencia bien fundamentada

La sentencia TSE-012-2019 está bien fundamentada a juicio de juristas como Servio Tulio Castaños y Francisco Alvarez Valdez. Está contenida en 79 páginas, seguidas de los dos votos disidentes, más extensos, que la llevan a 173. Tiene 123 consideraciones y, contrario a lo que algunos alegan, acata sin discutirla la del TC que acogió en revisión la primera anulación de la convención del PRD dictada por el TSE en marzo del 2018, acogiendo la impugnación de un grupo de dirigentes perredeístas porque no se les convocó previamente a la sesión de su Comisión Política que originó el proceso convencional.

El TC consideró que el TSE se había excedido al aplicar estándares ordinarios de derechos que no figuraban en los estatutos del PRD. Pero como los impetrantes también objetaban el siguiente paso del proceso, por falta de quorum en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del partido que convocó la Convención para diciembre del 2017, con las audiencias de rigor se revisó ese alegato. El acta de esa reunión aportada por el PRD dice que asistieron 975 de un listado de 1176 miembros registrado en la JCE, pero sin constancia de fiscalización de este organismo, y el notario público sólo certificó las firmas del presidente y el secretario, sin referirse a los asistentes.

En minucioso relato, el dictamen indica que los dirigentes del PRD presentaron un listado de 1257 asistentes, 81 más de los registrados en la JCE, pero sólo aparecen las firmas de 471 en la casilla correspondientes y otras 42, al dorso del listado para totalizar  513, pero 33 de éstos no figuran en el listado registrado en la JCE, por lo que sólo 480, quedaron documentados como asistentes, faltando 109 para la mitad más uno de los 1176 miembros legalizados. En consecuencia el TSE declaró nula la reunión del CEN por falta de quorum, como alegaron los impetrantes, lo que deja sin efecto la convocatoria de  la Convención y las decisiones que ésta tomó, entre ellas una reforma estatutaria y la reelección del presidente Miguel Vargas, la presidenta en funciones Peggy Cabral, el Secretario general Tony Peña Guaba y el secretario de Organización, Rafael (Fiquito) Vásquez, para el período 2017-21.

Obliga a otra convención

            La sentencia es un grave tropiezo para la autocracia impuesta en el PRD por el actual canciller de la República Miguel Vargas, desde que inició su alianza con el PLD, primero con el presidente Leonel Fernández, y luego con el actual mandatario, pero no es catastrófica en sí misma, pues la situación tiene una salida, que no es desafiar un tribunal que, según el artículo 214 de la Constitución “es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo   sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos”. Carece de legalidad la reacción  de que la dirección sigue en funciones.

Los dirigentes afectados pueden volver al TC, pero ahora es difícil que pueda objetar la nueva sentencia, fundada en los estatutos del PRD y en  principios constitucionales y legales. Pero también es un camino largo, que obligaría a audiencias y consumiría las siete semanas que faltan para el plazo del 7 de junio en que, según la Ley de Partidos, deberán hacerse las reservas de hasta el 20 por ciento de las candidaturas para alianzas en los comicios del próximo año. Sin autoridad legítima eso no será viable. Lo procedente sería convocar otra vez el CEN para que decida una nueva convención al menos para elegir los dirigentes. Ahora tendría que ser acorde con el artículo 18, numeral 6 de la Ley Electoral 15-19, que establece la responsabilidad de la JCE, de “organizar, administrar, supervisar y arbitrar, conjuntamente con los partidos” la elección de candidatos y dirigentes. No podrán impedir a tiros la votación de los persistentes disidentes encabezados por Guido Gómez Mazara, quien competía por la presidencia, como ocurrió en la convención de  marzo del 2014 que “reeligió” a Vargas y los suyos, pese a lo cual fue reconocido por los entonces titulares del TSE. Mientras tanto se asume que la JCE no podrá entregar los 25 millones de pesos mensuales que este año corresponderían al PRD, lo que ya fue objetado formalmente por los disidentes.

Suenan las alarmas

            Las acciones y hasta intento de juicio político al TSE, sin suturarse el desparpajo de falsedades, espionajes y calumnias para sacar de loa Suprema Corte al mayor símbolo de la independencia judicial Miriam Germán,  detonado alarmas en la oposición política y la sociedad. Parecería inscribirse en el discurso del presidente Medina del 27 de febrero cuando se manifestó “dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria”. En este escándalo, como en el del Consejo de la Magistratura, el silencio del presidente Danilo Medina luce ominoso.

En plena campaña por la postulación para la reelección del mandatario, gastando decenas de millones de pesos en actos provinciales multiplicados cada fin de semana, con reiteradas afirmaciones de que “la reelección va como quiera”, por vía de la compra de votos para una asamblea revisora de la Constitución, o bajo alegato de que se viola el derecho de Danilo Medina, la reacción ante el dictamen del TSE constituye una escalada que deja en jaque la institucionalidad democrática.-

La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región

Calle El Conde en la actualidad. HOY/Rafael Segura Imagen Digital / 4/01/008

Un informe del PNUD coloca el país en la posición 20 de 24 de América Latina y el Caribe en el índice de elecciones libres y justas, sólo superando a Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela y sostiene que su progreso económico no se refleja en lo institucional y social

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Un informe entregado esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)coloca el país entre los cinco de peor calidad democrática de 24 evaluados en América Latina y el Caribe, con puntuación de 54 sobre 100, con deficiencia en 48 por ciento de 108 indicadores, 32 por ciento aceptables y sólo 20 por ciento satisfactorios.

El estudio indica que los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales, sino  estructurales y contrastan con el progreso económico, que no se refleja en el institucional y social, con creciente desconfianza en las instituciones estatales y los partidos políticos, registrando una reducción de la libertad de expresión.

Democracia en descenso

El informe parte de los avances logrados por la República Dominicana, al haber encabezado la transición democrática a partir de 1978, pero con degradación a principios de los noventa. Tras el fraude electoral de 1994 cayó a la puntuación más baja, 0.28 en el índice de Democracia Electoral del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, para alcanzar la más alta, 0.72 en el 2002.

Las “grandes mejoras” registradas en el periodo de reformas, desde 1994 a principios de la década del 2000, se evaporan desde mediados de la década del 2010, con retrocesos en calidad de las elecciones,  uso arbitrario de la publicidad estatal, autocensura y falta de diversidad de opinión en los principales medios de comunicación, niveles muy bajos de transparencia en la financiación privada de los partidos y deficiencias democráticas en las prácticas partidistas.

En el 2017 la puntuación dominicana se redujo a 0.54 colocándose en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe incluidos en el índice de democracia electoral, donde sólo aparecen con peor puntuación Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, esta última con 0.27, siendo la mejores Costa Rica, Chile y Uruguay, entre 0.89 y 0.86. En elecciones libres y justas el país mantiene la misma puntuación y posición, pero Nicaragua y Venezuela en el último escalón con 0.28, mientras Chile encabeza con 0.97, seguido de Costa Rica y Uruguay, con 0.96.

Dimensiones y componentes

La calidad democrática medida por el estudio del PNUD, de 196 páginas,  parte de seis dimensiones: Derechos políticos y sistema electoral, Derechos fundamentales, Estado de Derecho, Calidad de la gestión pública, Calidad de vida y equidad social y económica, y Cultura política democrática. Estas dimensiones tienen a su vez 22  componentes desagregados en 108 indicadores.

El semáforo de indicadores dominicanos arroja un déficit democrático en el 48 por ciento de los indicadores, con sólo 20 por ciento satisfactorios y 32 por ciento aceptables. El informe partió de cruces y sistematización de fuentes de variada adscripción ideológica y metodológica, como 15 índices y encuestas de organismos multilaterales y de organizaciones internacionales de la sociedad civil, y nueve encuestas nacionales con datos oficiales de entidades estatales.

En la primera dimensión, Derechos políticos y electorales, hay 30 indicadores, en los que RD recibe partes iguales entre satisfactorios, deficitarios y aceptables, Con la puntuación más baja entre 23 países de la región, y la peor desde la transición democrática iniciada en 1978, en medios de comunicación críticos y en compra de votos, por una práctica generalizada en el territorio y por la mayoría de los actores políticos relevantes.

En censura gubernamental la posición 20 de 23 países, y en libertad de expresión sólo supera a Honduras, Nicaragua y Venezuela. Recoge el índice de Freedom House que hasta el 2000 tenía al país en la categoría de libre, pero desde entonces lo degradó a parcialmente libre. También es alto el déficit en  libertad de asociación, sólo mejor que Ecuador, Venezuela y Nicaragua. En injerencia del gobierno en los partidos de oposición, solo superado por Venezuela y Nicaragua.

Sistema frágil y vulnerable

En ninguno de los 14 indicadores de Derechos fundamentales el país tiene una situación satisfactoria, con 7 aceptables y otros tantos deficitarios, entre estos derechos de mujeres e inmigrantes. En Estado de Derecho, de 21 indicadores sólo 2 aparecen satisfactorios y 4 aceptables, con 15 deficitarios. Aparece mejor en Calidad de la gestión pública, con 3 indicadores satisfactorios, 6 aceptables y 4 deficitarios. Peor en Calidad de vida y equidad, con 5 satisfactorios y 5 aceptables, pero 16 deficitarios. Y en Cultura Política 3 indicadores aceptables y 1 satisfactorio.

Se observa un Poder Ejecutivo con amplio margen de discrecionalidad, lo que afecta negativamente el imperio de la ley y el respeto a los derechos fundamentales. Como positivo se destaca alto nivel de participación cívica, tercero mejor en la región y en democracia local y gestión municipal.

En las consideraciones finales del estudio se plantea que un balance tan deficitario de la calidad democrática de la RD, con sólo 20 por ciento de indicadores satisfactorios, “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales, de origen interno o externo”.  Plantea que “los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales, sino estructurales, afectan a los pilares de la institucionalidad y tienen efecto sobre la relación de la ciudadanía con el poder y consigo misma, así como sobre las dinámicas de poder entre las tres ramas vertebradoras del Estado”.

Contrastes con la economía   

El informe refleja el contraste de los déficits de la democracia dominicana con el crecimiento del producto bruto interno en las primeras dos décadas del siglo. “El progreso económico no fue acompañado por progreso institucional ni social, ni por una mejora sustancial en la distribución de la riqueza. Las desigualdades económicas, sociales y políticas están presentes y son transversales a todas las dimensiones, componentes e indicadores estudiados”, se expresa en las consideraciones finales.

No se puede llegar a otras consideraciones cuando se registra un aumento progresivo de la desconfianza de la ciudadanía en todas las instituciones fundamentales del Estado y en los partidos políticos, ampliamente documentada en el estudio coordinado por la Unidad de Gobernabilidad Democrática del PNUD en el país, con participación del Instituto de investigación para el Desarrollo y con la asesoría de la politóloga dominicana Rosario Espinal y del uruguayo Miguel Manzi.

Concluye en que el resultado de los indicadores, con sólo 20 por ciento satisfactorio “no autoriza a ser complaciente, sino que obliga a las y los dirigentes nacionales, en los ámbitos político, económico, académico y social, a actuar sobre las prioridades que señalan las evidencias, con la urgencia que reclaman las circunstancias”.

Sostiene que la democracia dominicana sigue en construcción, “acosada por amenazas globales y tentaciones autoritarias”, y que no hay mejor proyecto ni obligación más severa para sus dirigentes que preservarla y fortalecerla, y que a esos propósitos quiere contribuir el informe presentado el 26 de marzo, justo al concluir la misión del español Lorenzo Jiménez de Luis, quien estuvo durante más de cinco años y medio como Representante Residente del PNUD en la República Dominicana, y fue condecorado la semana pasada por el gobierno.-

Habrá que defender los beneficios de la elección municipal separada

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ

En las últimas semanas han cobrado intensidad los rumores del interés de sectores peledeístas por volver a unificar las elecciones, lo que requeriría una reforma constitucional, por donde también podrían intentar colar el proyecto reeleccionista

                   

Por Juan Bolívar Díaz

            En ámbitos políticos se anuncia como inminente un intento de pactar entre los grandes partidos la reunificación nuevamente de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales para mayo del 2020, lo que requeriría una reforma constitucional para colar la eliminación de la disposición transitoria que impide repostular al presidente Danilo Medina.

Dirigentes del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno (PRM) advierten de  los riesgos de considerar la reunificación de los comicios, por lo menos mientras exista el interés de modificar los postulados constitucionales sobre la reelección, en tanto líderes de partidos alternativos proclaman como fundamental mantener esa reforma de la Constitución del 2010.

Rumor que cobra fuerza

            Desde hace meses se escuchan clamores contra la separación de las elecciones, provenientes de la misma mayoría apabullante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en gran parte integrantes de la Asamblea Nacional que la instituyó en la Constitución promulgada por el presidente Leonel Fernández en el 2010, pero en las últimas semanas ha cobrado renovado impulso, tanto que algunos la ven como parte de los esfuerzos por abrir una brecha por lo menos a la eliminación de la disposición transitoria incluida en la Constitución promulgada por Danilo Medina en el 2015 para posibilitar su segunda postulación presidencial.

En un comunicado publicado el miércoles bajo la firma del diputado Fidel Santana, como presidente del Frente Amplio, se advierte que sectores oficialistas estarían contando con el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para una ley de convocatoria de la reforma constitucional con el pretexto de reunificar las elecciones, pero tratar de colar una brecha al continuismo. Dirigentes de por lo menos otros dos partidos opositores también expresan en privado sus temores de que “sectores perremeistas se dejen atrapar por el interés de volver a las elecciones unificadas”.

Altas fuentes del PRM confirman que han recibido tanteos, pero sostienen que eso no será posible de ninguna manera, “por lo menos antes de las elecciones primarias” que definirían las candidaturas del PLD. Uno de ellos avanzó que personalmente no estaría de acuerdo en volver a las elecciones conjuntas. De otro lado, Alfredo Pacheco, miembro de la dirección ejecutiva del PRM e influyente diputado, autorizó a publicar su rechazo, indicando que la versión “es parte de la rumoreología que difunden los oficialistas en interés de crear confusión”. Fue categórico en que el PRM está firme y unificado en el rechazo a todo intento por modificar la Constitución en la actual coyuntura política.

Arrastre presidencialista

Se atribuye a legisladores peledeístas el intento de ganar adeptos entre sus colegas de la oposición sobre la base de que al ser las elecciones municipales tres meses antes de las congresuales y presidenciales, los que ganen en las primeras ya no harían mucho esfuerzo para ayudarlos a mantener sus curules. Objetan que la Constitución estableciera el 24 de abril como fecha para que asuman los que resulten electos en las elecciones municipales de febrero, porque le estarían quitando más de tres meses al período de 4 años por el que los actuales fueron electos, sin haberlo especificado en una disposición transitoria, alegando que “eso podría crear un conflicto constitucional”.

Los abogados del propósito parten del temor de que una elección municipal adelantada fragmente más los resultados electorales, especialmente del PLD que ha dependido mucho del apoyo de 14 partidos aliados para mantener su control político. De hecho en las elecciones unificadas del 2016, el partido oficialista obtuvo en su boleta del nivel presidencial el 50.2 por ciento de los votos, para bajar en el congresual al 41.7 y caer al 35.7 por ciento en el municipal. Esos temores se intensifican ante los esfuerzos de casi todos sus partidos aliados de unificarse para competir en las municipales, compelidos por la Ley de Partidos que ya no les garantiza la personería jurídica por sacar un regidor, y los obliga a buscarse por lo menos el 1 por ciento en alguno de los niveles de votación, y el más viable sería el municipal.

La situación del PLD podría ser más frágil aún en los niveles locales, donde las confrontaciones entre los seguidores de los dos líderes que se disputan el partido y las candidaturas, podría abrir túneles por donde se cuelen los opositores. En algunos lugares, quienes resulten perdedores en las primarias podrían vengarse no participando en la campaña y hasta auspiciando votos por alternativos, sobre todo si provienen de organizaciones sociales. Los aliados peledeístas agrupados en “Juntos Podemos” han dicho que apostarían hasta el 50 por ciento de las candidaturas municipales y congresuales con dirigentes sociales y comunitarios, mientras la mayoría de los partidos opositores estarían contemplando una “Coalición Democrática”, que combinaría candidaturas de sus dirigentes y de líderes sociales.

Un plebiscito anticipado

            El temor de que los resultados de las elecciones municipales puedan representar una especie de plebiscito anticipado para las presidenciales y congresuales tres meses después, es otro de los factores que motivan el interés por reunificarlas. Sin el arrastre presidencial y con una alta proporción de alcaldes, regidores y directores de distritos que están en ventaja competitiva por los mismos puestos, existe el riesgo de que se materialice un mayor rechazo local. Muchos de ellos han perdido popularidad hasta entre sus propios compañeros de partido, por la generalización del sectarismo grupal.

Los dirigentes sociales que promueven la “Coalición Democrática” político-social parten precisamente de la importancia de las elecciones municipales adelantadas “para reivindicar la importancia del gobierno y el poder local” y proponen apelar a la amplia franja de electores insatisfechos con el partidarismo tradicional, especialmente a las mujeres que protagonizan el activismo comunitario y a los jóvenes. Tres millones de electores están en la franja de 18 a 35 años, y otros dos millones hasta los 50. El objetivo de esa plataforma sería el desplazamiento total del dominio estatal  peledeísta, o por lo menos la reducción significativa del mismo “de abajo hacia arriba”.

Para el PRM el temor al resultado municipal sería menor, porque la diferencia fue de sólo dos puntos entre su voto presidencial y el municipal, de 26.8 a 24.4. El PRSC casi multiplicó por tres el 5.6 por ciento presidencial al registrar 12.7 por ciento en el municipal, a lo que contribuyó que personificó la alianza con el PRM en la candidatura a alcalde del DN de David Collado, que superó a la alianza encabezada por el PLD. Para estos las elecciones separadas implican desventaja en términos de financiamiento de dos campañas frente a un PLD al que le sobren recursos por su hábito de usufructuar los recursos estatales.

Lucha por la supervivencia

Los condicionamientos para mantener la personería jurídica impuestos por la nueva Ley de Partidos (obtener alguna representación y el uno por ciento de los votos en algún nivel) ha creado un escenario más complejo para 15 de los 26 partidos que compitieron en las elecciones del 2016. Como se puede ver en el cuadro anexo, ninguno de estos alcanzó el uno por ciento y sólo dos más del medio por ciento  de la votación en el nivel presidencial, apenas uno pasó del 1 por ciento en el Congresual y sólo tres en el municipal.

Sea con alianzas o sin ella, esos 15 partidos minoritarios tienen que evadir el mismo escenario del 2016, cuando  al menos 11 de ellos hubiesen perdido la personería bajo los nuevos requerimientos. Las perspectivas apuntan una vez más a la bipolarización porque el cansancio del prolongado dominio peledeísta tiende a potenciar el voto útil por la alternativa que aparezca con mayores posibilidades, que hasta ahora sería por segunda vez el PRM, que se estrenó  encabezando una alianza que consiguió el 35 por ciento para su candidatura presidencial.

Desde dos semanas antes de los comicios del 2016 el PRM protagonizó algún nivel de concertación con otros 10 partidos de oposición, pero su apoyo a la Ley de Partidos rechazada por estos, los distanció y ahora resulta más difícil la consecución de acuerdos.

Partidos que promediaron menos del 1% en los

3 niveles de elecciones  en los comicios del 2016

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial              Congresual               Municipal

 

Total

 

Porciento %

De los aliados del PLD          
UDC 0.45 0.55 0.95 1.95 0.65
PCR 0.85 1.13 0.81 2.79 0.93
PTD 0.36 0.50 0.43 1.29 0.43
PPC 0.30 0.45 0.53 1.28 0.43
PAL 0.30 0.39 0.47 1.16 0.39
PASOVE 0.32 0.58 0.47 1.37 0.46
PDI 0.14 0.49 0.44 1.07 0.36
PLR 0.38 0.71 1.02 2.11 0.70
PDP 0.15 0.28 0.21 0.64 0.21
PNVC 0.10 0.24 0.12 0.46 0.15
PRI 0.13 0.24 0.14 0.51 0.17
De los aliados del PRM
DXC 0.64 0.89 1.02 2.55 0.85
Independientes
APD 0.35 0.45 0.28 1.06 0.35
FNP 0.35 0.87 0.46 1.68 0.56
PRSD 0.18 0.47 1.23 1.88 0.63

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  con el boletín final de la JCE  de  las elecciones  del 2016

 

 

La mitad de los partidos podría perecer por la nueva normativa

16_03_2019 HOY_SABADO_160319_ El País12 B

La mitad de los partidos podría

perecer por la nueva normativa

Una veintena de los 27 partidos que participarían en las elecciones del 2020 corren riesgo de perder su personería jurídica, por la Ley de Partidos que endurece las exigencias para su subsistencia y les reduce el financiamiento estatal y por la institución del voto preferencial para regidores y vocales municipales  

Por Juan Bolívar Díaz

Con las normativas que establece la nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas 33-18, doce de los 26 partidos que participaron en  las elecciones generales del 2016 hubiesen perdido su personería jurídica, con el agravante de que ahora las condiciones para recuperarla son mucho más gravosas y es menor el financiamiento estatal.

La mayor anticipación con que ahora hay que registrar las alianzas electorales se constituye también en un rompecabezas para esa forma tradicional de subsistencia de la mayoría de las agrupaciones políticas, las cuales tendrán que centrar su subsistencia principalmente en las adelantadas y separadas elecciones municipales, que serán en febrero próximo y en la búsqueda de candidaturas uninominales.

Verdadera ley del embudo

La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas 33-18, promulgada en agosto pasado se ha constituido en una verdadera “ley del embudo” que hace más difícil la subsistencia de los partidos políticos minoritarios y alternativos, con el agravante de que también establece más condiciones para obtener o recuperar la personería jurídica.

Entretenidos como tuvieron durante más de un año por la discusión sobre el tipo de padrón para las elecciones primarias, aparentemente ni los partidos minoritarios cayeron en cuenta a tiempo de que la normativa que se configuraba se constituía en una “verdadera ley del embudo”, que ratificaba la distribución del  80 por ciento del subsidio estatal en partes iguales, sin ninguna escala, entre los que hayan obtenido más del 5 por ciento de los votos válidos de la última elección, sin especificar en cuál de sus niveles. Así el PLD, PRM, PRSC y PRD reciben cada uno lo mismo que el conjunto de los restantes 23 partidos reconocidos.

Pero el 20 por ciento a distribuir entre los que reciban menos del 5 por ciento de los votos, sí fue dividido en escalas, en el artículo 61 de la Ley 33-18. Entre los que hayan conseguido entre 1 y 5 por ciento se distribuye el 12 por ciento, que si se calcula sobre el nivel presidencial sólo beneficiaría a Al País, PHD, MODA y al BIS. Se adicionarían Frente Amplio, PUN y PQDC si la JCE decide aplicarlo en proporción de los tres niveles de votación. Y el 8 por ciento restante iría a los que hayan obtenido menos del 1 por ciento de los votos válidos, que serían 18 partidos, si es por el nivel presidencial, y 15 por el promedio.

A esta mayoría de los partidos se le reduce el subsidio en más de la mitad, ya que en la ley anterior se les distribuía entre todos por igual el 12 por ciento y sólo el 8 en función de la votación. La Ley 33-18 no contempla nada para los nuevos partidos, a diferencia de la anterior que los igualaba a los pequeños, lo que implica desigualdad para los emergentes, que esta vez ya agregaría a Opcion Democrática, con cinco solicitudes pendientes. La JCE aún no ha decidido cómo distribuirá a partir de este año el financiamiento estatal, pues hay quienes reclamarían que hasta que pasen las elecciones no se puede alterar la suma con que ya contaba la mayoría.   

Obligatorio 1% de los votos

Donde está el mayor desafío a los partidos minoritarios es en las condiciones para mantener su personería jurídica. En la Ley Electoral anterior 275-97, se establecía la condición de tener afiliados al menos el  2 por ciento de los votos de la última elección presidencial para solicitar reconocimiento, y la misma proporción para no perderlo. Pero el artículo 65 lo mantenía si el partido obtenía alguna representación en los niveles congresual o municipal.

La Ley Electoral 18-33 disminuye ambos porcentajes al 1 por ciento de los votos de la última elección, pero su artículo 75 consigna también la representación como condición para mantener el reconocimiento jurídico. Ahora se pierde por cualquiera de las dos condiciones, no obtener el 1% o no conseguir representación congresual o municipal. Las alianzas con los partidos grandes garantizaban conseguir al menos un regidor para mantener la personería, como ocurría generalmente. Otra diferencia, esta positiva para los minoritarios, es que en la ley anterior el porcentaje mínimo era del nivel presidencial, y ahora establece del “presidencial, congresual, municipal o de distrito municipal”. Ese o define.

En uno de los cuadros anexos se puede advertir que mientras el partido mayoritario (el PLD), obtenía 50.2% en el nivel presidencial, caía al 41.7 en el Congresual y al 35.7 en el municipal. El PRM también caía su votación propia del 26.8, presidencial, al 20.4 congresual, para repuntar al 24.4 en el municipal. El PRSC ascendía vigorosamente del 5.6 al 9.1 y 12.1 respectivamente. El PRD también subió, del 5.8 presidencial al 7.8 en los otros dos niveles. Todos los demás, excepto Al País, e inclusive los que fueron aliados a partidos mayoritarios, consiguieron más votación en los niveles congresual y municipal.

Apostar por los municipios

            Los resultados anteriores al 2016 marcan la misma pauta, por lo que la apuesta de los partidos minoritarios tiene que centrarse en la elección municipal, que esta vez antecederá en tres meses, en febrero, a la presidencial y congresual, fijadas para mayo del 2020. El mapeo por provincias y municipios permite establecer los lugares donde los partidos mayoritarios tienen menos dominio local, a menudo determinado por luchas internas insuperables, y ahí es donde los minoritarios tienen que apostar fuertemente, tanto para alcanzar el 1 % en algún nivel como para obtener representación congresual o municipal.

Los partidos minoritarios aliados al PLD han hecho consciencia de la situación y tienen actualizado el mapeo local y las luchas internas de los grandes, buscando colarse con una alianza que han denominado “Juntos Podemos”, que los comprometería sólo en los niveles congresual y municipal, porque están conscientes de que el apoyo al partido dominante en el presidencial, podría depender de quién sea su candidato. Unos prefieren a Danilo Medina y otros a Leonel Fernández, sin que falte alguno que pudiera irse con el PRM.

En Juntos Podemos hay varios que favorecen la candidatura presidencial de Fernández, como el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), la Fuerza Nacional Progresista (FNP), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC y el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), que tienen representación congresual y municipal.

Candidaturas uninominales

Los partidos minoritarios tienen otra dificultad para sobrevivir bajo el nuevo ordenamiento electoral, al entrar en vigencia el voto preferencial por regidores y vocales municipales, porque antes se les garantizaba representación, aunque fuera mínima, porque todas las candidaturas municipales eran indivisibles. Ahora los militantes de los partidos mayoritarios tenderán a votar por sus compañeros de partidos, dejando en desventaja a los aliados pequeños. Eso pasa hace años con el voto preferencial por los diputados.

Así las cosas, los partidos minoritarios que pacten con los grandes tendrían que hacerlo en base a cargos uninominales, como vicepresidente, senador, alcalde o director municipal, para tener mayores posibilidades de salvar su personería jurídica, consiguiendo representación, aunque sea en un pequeño municipio o distrito municipal. Pero también deberán agenciarse el 1% de los votos nacionales en alguno de los niveles. Una ventaja sería conseguir personificar la alianza en municipios o distritos donde lleven la candidatura a alcalde o director. En tal caso se le sumarían los votos de todos los electores que no marquen preferencia por regidores y vocales, y elevarían su “votación propia”. Debe recordarse que aún aliados a cada partido se le contarán los votos que se marquen en sus boletas para fines de la personería jurídica y el subsidio estatal.

Para eso y especialmente para determinar la fuerza de las candidaturas a senadores, será importante la reglamentación que haga la JCE de la nueva Ley del Régimen Electoral, que es contradictoria al efecto, porque mientras por un lado los artículos 104 y 267 parecen ratificar el tradicional arrastre, por otro los artículos 92 y 130 definen cuatro niveles indivisibles de votación: presidencial, senatorial, de diputados y municipal. Varios expertos sostienen que con tales artículos sería indispensable establecer la separación del voto por diputados y senadores.

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El calendario dificulta las alianzas

Hasta el calendario dificulta las alianzas en que tradicionalmente se han refugiado la mayoría de los partidos para mantener su reconocimiento legal. En la anterior Ley electoral las alianzas se podían registrar hasta 75 días antes de las elecciones. Pero el artículo 57 de la Ley 33-18 establece un límite del 20 por ciento de las candidaturas que los partidos pueden reservar para alianzas. Y que tendrán que ser notificadas a la JCE a más tardar 30 días antes del inicio de la precampaña electoral.

Como este año la precampaña inicia el 6 de julio, el límite para registrar alianzas será el 6 de junio, es decir 8 meses antes de las elecciones municipales y 11 meses antes de las presidenciales y congresuales. En la práctica eso significa que restan menos de tres meses para la negociación de alianzas, con cargos específicos. El límite del 20 por ciento dificulta las alianzas o coaliciones múltiples, teniendo en cuenta que los partidos mayoritarios también suelen reservar cargos para dirigentes partidarios y personalidades independientes a quienes no se les puede garantizar una candidatura mediante votación interna.

El panorama apunta a las incertidumbres, comenzando por los grandes desafíos de la elección primaria con diversos padrones, a la que se acogieron cinco partidos políticos, incluyendo tres de los mayoritarios, aunque uno, el PRD sólo para el candidato presidencial. Pero si algo luce posible es una drástica reducción de los partidos políticos, porque también será más difícil volver a conseguir la personería, ya que la ley 33-18 establece que tendrían que tener organismos operando en todos los municipios, y antes era sólo en los cabezas de provincias.-

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Partidos que promediaron  más del 1% en los 3 niveles

de elección en comicios del 2016

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial              Congresual               Municipal

 

Total

 

Porciento %

PLD y aliados          
PLD 50.22 41.79 35.76 127.77 42.59
PRD 5.86 7.83 7.84 21.53 7.18
MODA 1.18 2.12 1.69 4.99 1.66
BIS 1.00 2.11 2.26 5.37 1.79
PRM Y aliados
PRSC 5.62 9.16 12.17 26.95 8.98
PHD 1.30 1.29 0.98 3.57 1.19
PRM 26.82 20.43 24.48 71.73 23.91
F.A 0.60 1.06 2.07 3.73 1.24
Independientes  
PQDC 0.44 1.35 1.51 3.30 1.10
PUN 0.12 3.16 1.45 4.73 1.58
AL-PAIS 1.83 1.47 0.98 4.28 1.43

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  en base a los resultados finales

y el orden de la JCE de  las elecciones  del 2016

 

Partidos que promediaron menos del 1% en los 3 niveles

de elección  en los  comicios del 2016

   

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial  Congresual   Municipal

 

Total

 

Porciento %

De los aliados del PLD          
UDC 0.45 0.55 0.95 1.95 0.65
PCR 0.85 1.13 0.81 2.79 0.93
PTD 0.36 0.50 0.43 1.29 0.43
PPC 0.30 0.45 0.53 1.28 0.43
PAL 0.30 0.39 0.47 1.16 0.39
PASOVE 0.32 0.58 0.47 1.37 0.46
PDI 0.14 0.49 0.44 1.07 0.36
PLR 0.38 0.71 1.02 2.11 0.70
PDP 0.15 0.28 0.21 0.64 0.21
PNVC 0.10 0.24 0.12 0.46 0.15
PRI 0.13 0.24 0.14 0.51 0.17
De los aliados del PRM
DXC 0.64 0.89 1.02 2.55 0.85
Independientes
APD 0.35 0.45 0.28 1.06 0.35
FNP 0.35 0.87 0.46 1.68 0.56
PRSD 0.18 0.47 1.23 1.88 0.63

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  con el boletín final

y  el orden de la JCE  de  las elecciones  del 2016

 

 

 

 

 

 

 

La oposición no debería depender de que predomine Danilo o Leonel

09_03_2019 HOY_SABADO_090319_ El País11 A

Aunque la percepción general es que resulta muy difícil vencer los intentos reeleccionistas que siempre implican todo el poder del Estado, hay quienes creen que si el presidente Medina se impone sobre Leonel Fernández, habrá más posibilidades para la oposición   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En ámbitos de la oposición política ha surgido el debate sobre a cuál le convendría más que predominara en la lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que protagonizan en términos casi dramáticos el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández.

La percepción generalizada indica que es más difícil enfrentarse a la reelección del presidente, que siempre implica el abuso total del Estado, que a un candidato alternativo, pero en lo que parece haber consenso es en que la oposición no debe depender de que se defina la pugna Danilo-Leonel y dejar que prosiga el enfrentamiento casi total entre ellos.

La necesaria concertación

            Los partidos de oposición, especialmente el Revolucionario Moderno (PRM), que aparece como la mayor alternativa en la percepción general y la encuestas, tienen como primer responsabilidad compactarse y superar las pequeñas guerrillas internas, cosa difícil estando por delante la definición de más de cuatro mil candidaturas, y tratar de concertar una gran coalición para enfrentar a un partido que ha gobernado cinco de los últimos seis períodos, con un dominio del Estado y de la sociedad casi de corte dictatorial.

Hay abundante consenso, y lo expresa la propuesta de Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, en que sólo una gran concertación política y social, que conecte con las mayores insatisfacciones y demandas de la población, podrá crear la sinergia imprescindible para vencer el inmovilismo y atraer a un alto porcentaje de la ciudadanía que tiene escasa credibilidad en los partidos políticos y percibe al peledeísmo como invencible. Ninguno de los partidos opositores por sí solo, y ni todos juntos, podrán superar los abusos del Estado sobradamente demostrados en los comicios del 2012 y 2016, sin comprometer a la sociedad organizada.

Tendrían que hacer oposición firme no sólo al gobierno de turno, sino al PLD como responsable de que en casi dos décadas no se haya podido resolver ninguno de los problemas básicos, que ellos pregonaban como superables en dos o tres años: educación, salud, electricidad, agua potable, alcantarillados, transporte, pobreza, narcotráfico, delincuencia e inseguridad, frontera y muy especialmente la corrupción y la impunidad.

Que siga la confrontación

            Sería errático que la oposición actuara en función de lo que perjudique o beneficie a Danilo o Leonel en la presente coyuntura, cuando ambos encarnan la misma corporación política, generadora de beneficios económicos y sociales sin precedentes, y por tanto muy consciente de la necesidad de mantener reglas que les permitan prolongarse infinitamente en el poder, o por lo menos hasta el bicentenario de la República, 2044, como plantea Fernández.

En el 2012, Leonel tuvo que guardarse los 2 millones de firmas que le entregaron en carretillas para que inventara una fórmula que violara su Constitución del 2010 y permitir que su rival corporativo Danilo Medina fuera el candidato. Como las encuestas daban ganador a Hipólito Mejía seis meses antes de la votación, el presidente Fernández anunció en Nueva York que invertiría 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo de su partido, y casi cuadruplicó la cifra, con un déficit fiscal superior a los 150 mil millones de pesos. Y Danilo fue presidente.

En el 2016, Leonel volvió a ceder para darle una segunda postulación al presidente Medina, ésta vez acordando una reforma constitucional que le prohíbe ser candidato de nuevo, pero la vendetta alcanza tal nivel que los danilistas sólo ven salvación cerrándole el paso a Leonel, quien por experiencia propia sabía lo que venía y desde el 2017 se lanzó a la calle para promoverse y hacer difícil la ruptura del pacto que hace cuatro años evitó la división.

Ahora el llamado a ceder será Danilo. Lo indican todas las encuestas, donde la oposición a otra reforma constitucional oscila entre 60 y 79 por ciento, 71 en la última Gallup-HOY. El análisis de la situación indica que si Danilo desconoce el pacto que impidió la división en el 2015, ésta vez será inevitable. Y están llegando al punto de no retorno, porque la confrontación se expande por el territorio, mientras Leonel moviliza miles de seguidores en cualquier acto, aunque sea la circulación de un libro, esta semana, o la desmesura de 32 libros en febrero.

Oposición a la reelección

Hay que dejar que ellos resuelvan o disuelvan. Las condiciones están dadas para lo segundo, pero es más previsible que predomine lo primero, ésta vez con un nuevo pacto para garantizar la integridad de la corporación política, impuesto de nuevo por quienes  prefieren mantenerse en el poder, más allá del interés inmediato de los dos máximos ejecutivos. Así como en el 2016 los vientos agitados por Leonel soplaban en favor de Danilo, ahora los agita Danilo, pero en dirección inversa, porque o cumple el pacto o se rompe la baraja.

Un planteamiento en discusión es que la oposición no debe embarcarse en una cruzada antireeleccionista, porque beneficiaría a Leonel en la confrontación de la corporación política. Ello implicaría abandonar una posición casi de principio, sobre lo nefasta que es la reelección para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. No le pueden dejar la anti reelección a un reeleccionista como Leonel, que reformó la Constitución para poder volver luego de tres períodos, y que intentó desconocer su propia carta magna en post de un cuarto.

Sería no sólo incoherencia, sino que generaría confusión al permitir que el expresidente ocupe el liderazgo de la oposición al continuismo de Danilo, cuando él tiene amplias posibilidades de predominar y luce que sería el continuista a ser enfrentado. Claro que muchos mantienen la teoría de que la presidencia lo puede todo, por lo que cantan el réquiem de Leonel, quien esta vez tendría que ser aplastado por completo, con todo el poder del Estado, lo que a las alturas de la confrontación, generaría una división y el mejor escenario para sustituir la corporación. Para evitarlo, podría predominar la advertencia del lúcido Felucho Jiménez: “la reelección está difícil, ninguno de los otros le gana a Leonel, pero éste no gana (la presidencia) sin el apoyo de Danilo; en consecuencia tenemos que entendernos o es pa¨fuera que vamos”. Cuál entre Danilo y Leonel

El mayor riesgo de que el Estado-Danilo aplaste a Leonel es la división, pero si se produce con tiempo, los incentivos económicos, los contratos, postulaciones y promesas podrían ayudar a recomponer el partido, aunque no sea en su totalidad. Ya el presidente dijo el 27 de febrero que está “dispuesto a pagar el precio que haga falta”, sin rendirse, para servir a la patria, “como nos obliga el llamado de la historia”.

El desguañangue institucional sería mayúsculo y probablemente sellaría un todos contra el predestinado, pero si éste usa el Estado para aplastar los de adentro, qué no hará a la hora de vencer a una oposición incoherente. Afianzaría la percepción fatalista de que “el presidente lo puede todo”, aunque no es cierto por las experiencias de Balaguer en 1978, los guzmancistas en 1982 e Hipólito Mejía en el 2004.

Si predomina Leonel, aún con un acuerdo político, la reunificación del PLD sería más difícil, y la irrupción del Estado en la campaña electoral menor, incluso podría haber boicot, a menos que sea bajo una previa reforma para volver a la Constitución del 2010, que restringiría a un solo período y alentaría la ilusión de los danilistas de volver en el 2024. Leonel sería un candidato también difícil de vencer, pero con la más alta tasa de rechazo en todas las encuestas, 22%, con 20 Hipólito, 15 de Danilo y 4% de Abinader, en la Gallup-HOY de octubre. El y sus principales ayudantes tendrían menos cosas positivas que exhibir después de tres periodos que Danilo con dos, aunque el hastío va ahora mismo contra este.

En cualquier caso, el poder del Estado en la campaña, la manipulación de los posesionarios de dos millones de tarjetas de subsidios, en gran proporción desvalidos, la abundancia infinita de recursos económicos, la posibilidad de crear decenas de miles de empleos temporeros, más de 30 mil en el 2016, el control de miles de comunicadores y la capacidad de comprar volverán a ser la diferencia. Sobre todo si se juega a la reelección.-

Danilo de tropiezo en tropiezo

El mayúsculo escándalo protagonizado por el Procurador General de la República en la evaluación de la jueza Miriam Germán y las evidencias de que se le espiaba y hasta se pidió y obtuvo la interceptación ilegal de su teléfono, embarraron al mismo presidente Medina, presente y sin reaccionar en su condición de titular también del Consejo Nacional de la Magistratura, y mostraron de nuevo que anda de tropiezo en tropiezo político.

Hasta en el propio gobierno hay alarma por las repercusiones del escándalo, agravado con explicaciones tan insostenibles como esa de que no sabían que el teléfono que se pedía intervenir era el de la presidenta de una Cámara Penal de la Suprema Corte. Es que cuando se marcha cuesta arriba las posibilidades de caídas y el cansancio son mayores. Buscan a toda costa asesorías para desviar la atención del sacudimiento generado por las graves violaciones al estatuto y la majestad del mayor órgano de la justicia, del derecho a la legítima defensa, y de groserías como la de la “villa de lujo” atribuida al mayor símbolo de la pulcritud judicial dominicana. Tal vez a eso obedece que el jueves abrieran juicio por el asesinato del abogado Juniol Ramírez hace un año y cinco meses. Pero la exclusión de responsabilidad en el crímen del director de la OMSA, como tantas veces se había anticipado, también genera indignación.

La situación generada, más la sorpresiva propuesta de cambiar el padrón abierto optado por el PLD para elegir sus candidatos por uno semi-abierto que excluiría a quienes estén inscritos en otros partidos, y distrae la atención abriendo un nuevo debate, parecen alejar las posibilidades de que Danilo Medina diga en este marzo, como prometió, si intentará burlar su propia Constitución. A menos que ya esté convencido de que los riesgos son muy altos

El discurso de Medina inicia la ofensiva por su reelección

El pais.El presidente de la República Danilo Medina, se dirige a la nación desde la Asamblea Nacional, para rendir cuentas de las ejecutorias de su Gobierno durante el 2018.Hoy/Pablo Matos        27-02-2019

Con un discurso triunfalista que esboza un programa gubernamental de largo alcance con reformas que no ha logrado en 7 años, Danilo Medina dio el banderazo para intentar una nueva postulación a la presidencia que pondría en juego la institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El metamensaje del discurso de Danilo Medina ante el Congreso Nacional ha sido descifrado casi a unanimidad como el banderazo que inicia una ofensiva para buscar la brecha por donde pueda colarse una nueva postulación a la presidencia de la República, lo que pondría en juego la institucionalidad democrática y tal vez hasta la estabilidad económico-social.

Después de pintar un país a punto de superar la pobreza, sin abordar los déficits, endeudamiento y corrupción, el mandatario esbozó un programa de gobierno que supera con mucho los  15 meses que le quedan del mandato, incluyendo reformas que no ha podido emprender en 7  años, con una plegaria de abnegación y disposición a seguir sacrificándose.

Evidente tufo continuista

El discurso de este 27 de Febrero rebasó con mucho el informe de la gestión del año pasado, de orden constitucional, y se constituyó en un recuento de siete años de gobierno, con planes para otro cuatrienio, con un tono triunfalista que magnifica sus éxitos y reclama continuidad. Con 2 horas y media, supera en 30 minutos el del 2016 cuando daba inicio a su segundo período gubernamental consecutivo, y en 20 minutos los de los años 2017 y 18.

Cuando parecía agotado su extenso recuento de éxitos en sus casi 7 años de gobierno, Medina invitó a su audiencia a reflexionar “acerca de quiénes somos como nación, de dónde venimos y, sobre todo a donde queremos llegar”. Con un discurso bien diseñado discurre unos 10 minutos advirtiendo que “todos los esfuerzos pueden perderse de un plumazo”, para recordar los sacrificios y esfuerzos que ha realizado en la presidencia, y proclamar que “casi 7 años más tarde les digo nuevamente: estoy aquí para lo difícil. Sí para lo difícil”. Y entonces pronunció la frase mágica: “Estoy primero, día tras día, hora tras hora. Dispuesto a pagar el precio que haga falta, por servir a nuestra Patria”.

Medina quiso ser más efusivo y expresivo todavía, por lo que dos minutos después, casi atropellando las palabras por el cansancio de su largo discurso, habló como si no entrara en su último año de gobierno y buscara un nuevo mandato: “ustedes ya me conocen. No vengo a traerles trucos de magia, planes faraónicos ni palabras grandilocuentes. Soy un hombre sencillo que ama a su trabajo y su país. Nada Más”. Y cerró con estas perlas: “Elijo intentar nuevos caminos, buscarle la vuelta a los problemas, pero no rendirme jamás”… “Acompáñennos a seguir haciendo Patria juntos”… “No será un camino fácil, es cierto, pero es el único que vale la pena recorrer”… Como nos obliga el llamado de la historia”.

El crecimiento económico

Una vez más la tasa de crecimiento económico ha sido el factor más positivo del gobierno del PLD, que ha promediado 5.5 por ciento en 19 años, y lo más aprovechado en los recuentos y la propaganda. El año pasado con 7 por ciento, mientras la inflación quedaba en menos del 2 por ciento y con bastante estabilidad cambiaria.

Sobre esa base Danilo Medina, como antes Leonel Fernández, reclama un éxito grande en reducción de la pobreza, y aunque los organismos internacionales le dan algún crédito no tanto, al seguir estimando que el país está entre los de mayor crecimiento económico sostenido en 60 años, pero con una distribución tan desigual que no logra traducirse en mejoramiento considerable de los indicadores del desarrollo humano, entre los últimos 10 de 34 de la región, medido por los ingresos salariales, y la calidad de los servicios básicos de educación y salud. Peor cuando le adicionan agua potable, electricidad y transporte público.

Para justificar las altas cifras de hasta millón y medio rescatados de la pobreza y reducida la extrema pobreza casi hasta la desaparición, las nuevas metodologías han creado la categoría de “personas en condición de vulnerabilidad”, donde quedarían gran parte de los beneficiarios de subsidios que promedian 1,500 pesos por familia, y hasta ese 60 por ciento de los asalariados formales e informales, (éstos últimos el 59 por ciento) con ingresos inferiores a los 13 mil 400 pesos en que está estimado el costo de la canasta familiar del quintil poblacional más pobre.

Medina tiene base para reclamar méritos por haber acogido el clamor de mayor inversión en educación, (aulas, estancias infantiles, alimentación escolar) aunque todavía lejos de alcanzar la calidad mínima, y en servicios como el 911 y en el circuito vial. En los dos informes anteriores prometió concluir la remodelación y ampliación de 56 hospitales que inició sin planificación hace 6 años, pero todavía le quedan una veintena, incluyendo los mayores de la capital y Santiago. Las altísimas tasas de mortalidad materno-infantil, constituyen un baldón.

Demagogia continuista

            En varias fases del discurso presidencial del miércoles parecía que iniciaba un período, por la cantidad de planes anunciados, incluyendo reformas tan importantes como las de la Ley de Seguridad Social  y el Código Laboral, barajadas durante años y difíciles de materializar. Tanto que vio con fuerza el diálogo entre empleadores y sindicalistas, aunque éstos acababan de rechazar viejas demandas empresariales. Igual anunció un Plan de Mejora Regulatoria, una Ley de Marco Nacional de Cualificaciones y una Estrategia Nacional de Innovación. Pero evadió referirse a los pactos Fiscal y eléctrico, mucho más trascendentes y dispuestos desde meses antes que iniciara su gobierno en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

En su séptimo año, Medina dispone de golpe un incremento del 95 por ciento en el salario mínimo del sector público, de 5 mil 117 pesos, y en escala hasta los 30 mil pesos, lo mismo que las pensiones del Estado, en 80 por ciento también de 5 mil 117 pesos, aumentándolas en 60 por ciento. En ambos renglones totalizarían más de 100 mil personas y otras 70 mil si incluyen los trabajadores municipales, gran parte de ellos con menos de 5 mil pesos. Todo sin siquiera mirar hacia la Ley de Salarios del Sector Público, promulgada por el mismo Medina en su primer año de gestión. Esa erogación no fue presupuestada para este año y el presidente no dijo cómo la financiaría, lo que implica pura demagogia.

En el discurso aparece un mandatario preocupado por la paridad de género, aunque sólo tiene tres mujeres en el gabinete y altos cargos, y una impresionante cantidad de planes para ejecutar en beneficio de los jóvenes, incluyendo asegurar un primer empleo a 5 mil, menos del 1 por ciento del estimado de 600 mil que no pueden estudiar ni trabajar.

Discurso muy deficitario

            El rechazo al optimismo, la demagogia y las exageraciones del discurso fue generalizado, y el primer balde de agua fría lo recibió el presidente de inmediato, en el tedeum al que acudió en la catedral, cuando el Obispo auxiliar de Santo Domingo, Benito Angeles, abogó por los derechos y la dignidad de los trabajadores y por “una nueva luz que apague las oscuridades del mal, expresadas en la impunidad, la corrupción, la violencia, la inseguridad ciudadana y la indolencia”. Todavía fue más explícito al pedir que “encendamos las luces de una nueva esperanza ante los desafíos inéditos de nuestro tiempo que involucran las desigualdades sociales, las carencias de oportunidades, la inequidad y la injusticia”.

El presidente había presumido de una disminución a la tercera parte de la criminalidad, y citó el informe 2018 de la CEPAL que acredita al país una de las mayores reducciones de la “pobreza monetaria”, en los últimos años, pero ignoró que el mismo documento señala la RD como el único de los 14 países analizados donde la desigualdad creció entre 2014 y 2016.

El discurso presidencial fue deficitario en materia del gasto, de los déficits fiscal y comercial, del endeudamiento estatal a ritmo de casi 10 millones de dólares por día que preanuncia insostenibilidad fiscal, ni a los servicios básicos. No incluyó tampoco la menor referencia a la corrupción y la impunidad que han levantado la mayor movilización ciudadana de la historia nacional. Tampoco a los municipios a los que sustrae dos terceras partes del 10 por ciento de los ingresos nacionales que le asigna la ley, ni a la situación de la justicia.

Institucionalidad democrática        

Con un discurso de eminente corte continuista, el presidente Medina no podía incluir la menor referencia a la institucionalidad democrática, a la separación de poderes en que se fundamenta el Estado de Derecho, ni al respeto que debe a la Constitución y las leyes, en gran proporción reducidas a puras sugerencias. El proyecto reeleccionista fue preanunciado por su poderoso secretario administrativo, José Ramón Peralta, quien días antes dijo que sólo Danilo Medina garantiza la continuidad del PLD en el poder, y tras el discurso, el ministro de Hacienda y también muy cercano, Donald Guerrero, dijo que el presidente tiene un gran compromiso con  la bonanza que el país exhibe y si le piden la reelección sería muy difícil negarse.

El escenario para el discurso incluyó la movilización de varios miles de personas, en autobuses, muchos uniformados en vestuario y pancartas, para reclamar la continuidad de Medina, sin que se vislumbre cómo será superado el muro de la prohibición constitucional, ni el de la resistencia de una buena proporción de su propio partido, cuya integridad parece en juego, mucho menos el de la opinión pública nacional, donde un 70 por ciento se pronuncia en contra.

Ernesto Selman, vicepresidente del empresarial Centro de  Estrategias Económicas Sostenibles, y miembro del Comité Central del partido gobernante, advirtió esta semana que otra reforma constitucional podría generar incertidumbre entre los agentes económicos locales e internacionales. Mientras en múltiples círculos sociales predomina la preocupación por las implicaciones que tendría para la institucionalidad democrática y la estabilidad socio-política y económica. El presidente dijo que está haciendo historia, y la haría mayor si se convierte en el primero en lograr tres períodos presidenciales consecutivos y en reformar dos veces la Constitución para prolongarse en el poder.-

Grupos políticos y sociales promueven coaliciones para diversificar el poder

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La propuesta más ambiciosa es la de la Coalición Democrática que pretende una sinergia político-social para desplazar al PLD, pero también una decena de partidos compelidos por las nuevas leyes persiguen alianzas de sobrevivencia en los niveles congresual y municipal   

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Nunca antes en el proceso democrático nacional se habían registrado tantos esfuerzos por alianzas o coaliciones de partidos para unas elecciones generales, determinados por el dominio político del Estado logrado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por el cansancio generado por sus cinco gobiernos de los últimos seis a partir del 1996 y por la Ley de Partidos.

El proyecto más ambicioso se expresa en la llamada “Coalición Democrática por un Gobierno de Regeneración Nacional”, que pretende una conjunción de toda la oposición para desplazar al PLD del gobierno o por lo menos reducir su monopolio del poder, pero muchos partidos minoritarios buscan también unirse para no desaparecer por las nuevas normativas.

Muchos buscan alianzas

Desde el año pasado se plantean alianzas de partidos y sociales para desplazar al PLD del gobierno, promovidas por la experiencia de los comicios del 2012 y 2016, cuando el partido gobernante avasalló abusando de todos los recursos del Estado para afianzar un dominio electoral sin precedentes, que se extiende a las más diversas instancias sociales mediante mecanismos de cooptación como repartos de cargos, subsidios, contratos y exenciones.

Casi todos los partidos de oposición han formulado planteamientos sobre la necesidad de unirse para enfrentar “al monstruo” que domina la sociedad, entre ellos el Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Alianza País, Frente Amplio, Opción Democrática y Dominicanos por el Cambio. Todos estos y otros cinco pasaron más de dos años en un esfuerzo de concertación, pero sufrieron un tropiezo cuando los dos primeros y mayores apoyaron la Ley de Partidos promovida por la facción peledeísta del presidente Danilo Medina.

Partidos que no se aliaron en el 2016, aunque tienen posiciones políticas similares, como Alianza País y Opción Democrática, ahora persisten en constituir una coalición, aunque tuvieron un tropiezo cuando la Junta Central Electoral les rechazó su propuesta de ir coaligados desde las elecciones primarias a celebrarse el 6 de octubre próximo. Estos tratan de atraerse a otros como el Revolucionario Social Demócrata, el Partido Humanista y Dominicanos por el Cambio.

Por otro lado se mueven una decena de partidos, aliados del PLD, pero que buscan conformar una alianza para las elecciones municipales y congresuales, compelidos por la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que les ha puesto más difícil su sobrevivencia jurídica. Están dispuestos a ofrecer la mitad de las candidaturas a dirigentes sociales para atraerse votación.

La Coalición Democrática

El proyecto más ambicioso es el de la Coalición Democrática (CD) proclamada el 11 de noviembre en Santo Domingo por unos 500 militantes sociales y replicada posteriormente por otros 300 en Santiago, así como en otras ciudades, sobre la base de unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico-Social.

Los lineamientos de la CD están contenidos en 20 prioridades políticas e institucionales y económico-sociales con el objetivo de rescatar la institucionalidad democrática, combatir la corrupción y la impunidad, contener el proceso de insostenibilidad fiscal, restablecer la posibilidad de competencia electoral y echar las bases para un nuevo modelo de desarrollo que estimule la competitividad, el desarrollo y la equidad en la distribución del ingreso.

Como no se trata de una nueva organización política, sino un espacio de concertación, la Coalición trabaja sin publicidad, aunque sí lo hacen varios de los grupos que la integran como el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, Bien Común y el Congreso Cívico, con ramificaciones en múltiples regiones y en Nueva York y Florida. Los informes disponibles indican que ya han constituido una mesa de concertación con la mayoría de los partidos de oposición, en la que los lineamientos básicos han tenido absoluto consenso.

La CD parte de la necesidad de unir partidos políticos y dirigentes sociales en torno a candidaturas de los mejores cuadros de los partidos y provenientes de los grupos sociales para generar una sinergia que supere el inmovilismo y el pesimismo de amplios segmentos que han perdido confianza en el partidismo político, bajo las premisas de que se  unen ahora o habrá peledeísmo por muchos años. En la opinión pública prevalece la convicción de que la unidad de la oposición crearía un nuevo escenario de competencia electoral.

El proyecto Juntos Podemos

Una docena de partidos minoritarios están empeñados en crear su propia coalición y también convencidos de que si se juntan con grupos sociales y ciudadanía, lograrán una representación significativa en los municipios y el Congreso Nacional, compelidos por las nuevas normativas de la Ley de Partidos que deja sin personaría jurídica a los que no alcancen el uno por ciento de la votación, aunque obtengan algún  cargo legislativo o en los ayuntamientos, como era hasta ahora.

En Junto Podemos confluyen la mayor parte de los 14 partidos que fueron aliados al PLD en las elecciones del 2016, pero quieren incorporar a otros de oposición para alianzas en las elecciones municipales de febrero del 2020, que serían una especie de referéndum para las de tres meses después. A la cabeza aparece José Francisco  Peña Guaba y su Bloque Institucional Social Demócrata que en el 2016 logró ganar la senaduría de San José de Ocoa, en una alianza variopinta, incluso contra el PLD, a quien sin embargo apoyó al nivel presidencial.

Han tenido la habilidad de realizar un mapeo nacional partiendo de las debilidades provinciales y municipales de los partidos dominantes, especialmente del PLD, ya manifiestas en los resultados del 2016. En esos comicios la votación propia del PLD, sin sus 14 partidos aliados, fue de 50.2 por ciento en el nivel presidencial, pero cayó al 41.7 en el congresual y a 35.7 en el municipal. Juntos Podemos no se define como un proyecto de oposición al PLD, sino de supervivencia política, y deja a quienes lo integren en libertad de decidir a qué candidato presidencial respaldarán. Sus principales promotores son funcionarios del actual gobierno.

Un oligopolio político

Aunque en las pasadas elecciones participaron 26 partidos políticos, e igual número están habilitados para el 2020, aparte de otros cuatro que persiguen reconocimiento, el sistema político tiene una tradición oligopólica, descansando casi siempre en dos, desde el 2016 el PLD y el PRM. El PRSC y el PRD, completan  “los mayoritarios”, porque superaron el 5% del sufragio.

A diferencia de lo ocurrido en  toda América Latina, en el país no ha habido emergentes que rompan abruptamente el dominio político, y de hecho apenas dos candidatos alternativos han rebasado el 1 por ciento en elecciones presidenciales en el “período democrático” iniciado en 1978, Elías Wessin con el 1.89 en 1982 y Guillermo Moreno, con 1.37 y 1.83 en 2012 y 2016.

Ha habido candidatos presidenciales de izquierda, como Narciso Isa Conde, Rafael Fafa Taveras, Max Puig, José González Espinosa y Raúl Pérez Peña.  De derecha como Vincho Castillo, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, Francisco Augusto Lora, Pedro Candelier y Luis Julián Pérez. Del centro como César Estrella Sadhalá, Eduardo Estrella, Rafael Abinader, Roberto Saladín o Hatuey de  Camps. También dirigentes populares como Ramón Almánzar y el sacerdote Antonio Reynoso. Como se puede advertir en el cuadro anexo, de 32 candidaturas presidenciales, sólo dos superaron el uno por ciento y tres el 0.50.

Esos resultados tan concentrados no son por falta de méritos, que en muchos sobraban, sino por un sistema político hecho a la medida de los dominantes, por el financiamiento público y privado, por el clientelismo y el abuso de los recursos públicos de los que han usufructuado los poderes del Estado.

Una ley agravante

La ley de Partidos 33-18 agrava la situación de los partidos minoritarios, algunos de los cuales llevan múltiples elecciones adheridos a los dominantes para mantener la personería jurídica. La nueva normativa los pone contra la pared, porque antes bastaba con que obtuvieran algún cargo congresual o municipal, en una alianza para mantener su reconocimiento, pero ahora se requiere que también obtengan al menos el 1 por ciento de la votación.

Si se mide por los resultados de las elecciones del 2016, sólo 12 de los 26 partidos hubiesen mantenido el reconocimiento, al haber obtenido más del 1 por ciento en los tres niveles de elección, presidencial, congresual y municipal. Con el agravante de que ahora los requisitos para nuevos registros son mayores: según el artículo 15 de la Ley 33-18, el 2 por ciento de los votos de la última elección, y tener organismos de dirección y operando en cada municipio. A diferencia de cuando fueron habilitados la mayoría de los partidos, que había un mercado de listados para avalarlos, ahora la JCE verifica por muestreo la validez del apoyo ciudadano.

La nueva legislación también contiene dificultades para los pequeños, como el límite del 20 por ciento de candidaturas para alianzas, aunque hay una contradicción entre la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral. Esta última parece abrir espacio a las coaliciones, más allá de las alianzas, cuando en sus artículos 168 y 269 plantea que “para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos, los partidos aliados o coaligados serán una sola entidad”. Juristas como Francisco Alvarez Valdez y Fernando Henríquez entienden que la coalición supera el límite de las alianzas y podría permitir mayores posibilidades de candidaturas comunes, pero eso dependerá del reglamento que habrá de dictar la JCE.

El tiempo también pone límites, porque según la ley 33-18 y su reglamento, las alianzas   y coaliciones tienen que definirse el 7 de junio, según la Ley 33-18.-

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    Resultados obtenidos por los candidatos alternativos

                          Elecciones Presidenciales 1978-2016

 

Candidato                             partido                     año             votos          %

Guillermo Moreno                 Alianza País            2016           84,399     1.83

Elías Wessin Chávez              PQDC                     2016           20,403     0.44

Pelegrín Castillo                     FNP                        2016           16,283      0.35

Minou Tavárez M.                  APD                       2016           16,256      0.35

Hatuey de Camps                   PRSD                     2016             8,264     0.18

Soraya Aquino                        PUN                       2016              5,678     0.12

Guillermo Moreno                Alianza País           2012           62,290     1.37

Eduardo Estrella                   DXC                        2012             9,340      0.21

Julián Serulle                       Frente Amplio         2012            6,550      0.14

Max Puig                               APD                           2012             5,064      0.11

Eduardo Estrella                 PRSD                        2008           19,309      0.47

Guillermo Moreno              MIUCA                    2008           18,136      0.44

Pedro J. Candelier               PAP                         2008              6,118      0.15

Rafael Flores Estrella          FR                            2004              4,737      0.13

Ramón Almánzar                PNA                          2004             4,195      0.12

Raúl Pérez Peña                  PAD                          2004              1,834     0.05

Ramón Almánzar                    PNA                     2000               5,961     0.19

José González Espinosa       PTD                     2000               6,138     0.19

César Estrella Sadhalá         UNIDO                  2000               3,359     0.11

José R. Abinader                  ASD                      1996                3,907     0.13

Antonio Reynoso                  MIUCA                  1994              22,548    0.75

Marino V. Castillo                 FNP                      1990                 5,956     0.31

Roberto Saladín                   PPC                     1990                 4,196     0.22

Marino Vinicio Castillo        FNP                      1986                 6,502     0.31

Jorge Martínez Lavandier  PDN                      1986                  1,197     0.06

Elías Wessin                       PQD                      1982                33,991    1.89

Narciso Isa Conde              PCD                      1982                11,180     0.62

Rafael  Abinader                ASD                       1982                  8,879     0.49

Rafael Fafa Taveras           IU                          1982                  5,906    0.33

Francisco A.  Lora              MIDA                     1978                13,300    0.81

Narciso Isa Conde             PCD                       1978                  9,828    0.59

Luis Julián Pérez              MSN                       1978                7,782     0.47

Elaborado por Juan Bolívar Díaz

 

 

 

 

Las reformas electorales en la picota y no reducen el alto costo de la política

16_02_2019 HOY_SABADO_160218_ El País12 B

En la Ley del Régimen Electoral hay avances, frustraciones y hasta retrocesos, como en la Ley de Partidos con grandes incertidumbres, ambas aprobadas de emergencia después de muchos años relegadas en el Congreso y por el liderazgo político nacional

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La nueva Ley del Régimen Electoral aprobada esta semana por el Congreso Nacional y aún pendiente de promulgación contiene algunos avances, pero también frustraciones y hasta retrocesos, como ocurrió con la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas de agosto pasado, en ambos casos sin que sus resultados justifiquen la larga espera ni limiten el costo de la política.

“Como caña pa´l ingenio” tituló HOY la aprobación de la Ley Electoral, cuando se cerraba la legislatura y en medio de las incertidumbres que afectan la Ley de Partidos, con impugnaciones de inconstitucionalidad y rechazo al financiamiento estatal adicional de la actividad partidista metido de contrabando.

Como caña pa´l ingenio

            El proyecto de Ley del Régimen Electoral llevaba más de siete años, dando tumbos en el Congreso Nacional, presentado por la Junta Central Electoral (JCE) a fines del 2011 para adecuar esa legislación al nuevo marco establecido en la Constitución del 2010 y le pasaron dos elecciones generales relegado por la mayoría peledeísta. El de Ley de Partidos, aprobado en agosto pasado, pasó 16 años en el Congreso. Ambos fueron aprobados de urgencia, en lecturas consecutivas, sin dar tiempo a la ponderación y sin escuchar viejos clamores de democratización.

Como se trata de un texto de 293 artículos, muchos con varios párrafos, es muy probable que muchos legisladores no conocieron más que el informe de la comisión bicameral que lo sancochó para que pudiera ser aprobado en la legislatura que agonizaba, extendida por el presidente Danilo Medina. No lo pudieron salvar de visibles defectos de redacción, redundancias y hasta confusiones, como el artículo 147 sobre “candidaturas independientes”.

Se ignora si de haber sido ponderado, algún legislador hubiese advertido que el régimen de sanciones contenido en los artículos 278-286, no es disuasivo de las violaciones y que en varios casos es hasta ridículo, como cuando establece multas de 2 y 5 salarios mínimos del sector público, que es de 5 mil 110 pesos. Para casi todas las violaciones, incluyendo fraudes electorales, sobornos para inducir el voto, falsedades de registros, o violación de las restricciones de campaña electorales y topes de gasto, las sanciones son de 6 meses a 2 años de cárcel.

Al igual que en la Ley de Partidos, la mayor sanción está reservada para el que denigre o injurie a candidatos y dirigentes políticos, en esta de 3 a 10 años de cárcel, en aquella se le equipara con los crímenes y delitos de alta tecnología que conllevan cárcel, para quien a través de las redes sociales difunda informaciones “que empañe la imagen de un candidato”.

Los aspectos positivos

            El primer elemento positivo de la Ley del Régimen Electoral es que adecúa la legislación a los principios de legalidad, trasparencia, libertad y equidad, establecidos en la Constitución, y separa por completo las funciones administrativas y normativas de las contenciosas en materia electoral, reconociendo la independencia del Tribunal Superior Electoral, instituido por la Constitución promulgada hace 9 años. Demasiado tiempo para algo fundamental.

La ley sanciona el transfuguismo, impidiendo una vieja práctica de perdedores en elecciones de candidatos, que pasan a ser postulados por otros partidos. Establece una Procuraduría Fiscal especializada para perseguir los delitos electorales, aunque la deja dependiendo de la Ley del Ministerio Público, con escasa independencia del Poder Ejecutivo.

Separa la votación de los municipios de la de los distritos municipales y mantiene el voto preferencial para elegir los regidores y vocales municipales, disposición que muchos querían eliminar, aunque se queda corta al no dar también la opción a los electores de votar por un representante en la sala capitular distinto del acalde seleccionado.

La nueva ley prohíbe realizar campaña fuera del período que proclame la JCE, y las inauguraciones de obras nacionales dentro de los 60 días antes de las elecciones presidenciales y congresuales y las de los ayuntamientos desde 40 días antes de los comicios municipales. El abuso de las inauguraciones llegó al extremo de que un mes antes de las elecciones del 2016, el presidente Medina “puso en marcha” la extensión de la segunda línea del metro, aunque no fue hasta dos años y cuatro meses después, en agosto del 2018, cuando en realidad entró en servicio.

Retroceso y frustraciones

            La mayor objeción a la Ley del Régimen Electoral, apuntada como un gran retroceso, está en la aplicación de la cuota mínima de postulaciones por género. El artículo 136 acoge el principio constitucional de equidad de género, y eleva la cuota femenina al establecer que no debe haber menos del 40 por ciento ni más del 60 por ciento de las postulaciones a cargos electivo para mujeres y hombres. Pero lo daña la coletilla “de la propuesta nacional”, en vez de en cada demarcación electoral y por nivel de elección como regía y ratificó la Ley de Partidos 33-18.

Con razón el “Foro Feminista Magaly Pineda” se apresuró a objetarlo y pidió la observación presidencial, en virtud del mandato del artículo 39 de la Constitución que ordena al Estado“garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular”. Con “la propuesta nacional”, los partidos pueden relegar a las mujeres a las candidaturas en las demarcaciones donde tienen menos probabilidad de ganar, como objeta el Foro. Pero también podrían concentrarlas en las más de 3 mil 500 candidaturas municipales, especialmente para regidoras, vocales y suplentes.

La mayor frustración de la ley aprobada está en haber rechazado el viejo clamor nacional de que se garantice el voto directo, de mandato constitucional, en la elección de los senadores, permitiendo la escogencia de estos independientemente de los diputados con voto preferencial. Eso lo reclamaron hasta la última sesión, sin ser escuchados, los legisladores de varios partidos opositores.

Alto costo de la política

La ley Electoral, como la de Partidos, no proyecta la reducción del costo de la política que hace años reclama la sociedad, al quedarse corta en la limitación de la irrupción del Estado en las campañas electorales, así como en los topes de gastos de los candidatos, que en el caso de los presidenciales llegarían el próximo año a casi mil millones de pesos, a razón de 127 por electores empadronados.

Los topes son igualmente altos para los demás candidatos, a razón de 105 pesos por electores para los congresuales y 87.50 para los aspirantes a alcaldes. Así en la provincia Santo Domingo que tendrá alrededor de millón y medio de electores, a cada candidato a senador y a las 36 curules de diputados, se les legitima gastar hasta 157 millones de pesos, y 131 millones para los candidatos a la alcaldía. En una provincia media, como Espaillat, con 175 mil electores, cada candidato al Congreso podría gastar hasta 18 millones de pesos. Además de que a cada partido se le autoriza gastar 1.75 (sin especificar pesos) por elector, muy poco en relación a los candidatos.

La inversión para obtener cargos electivos es muy superior si se toma en cuenta los topes de gastos establecidos para las precampañas en la Ley de Partidos: 70 pesos por elector para los aspirantes a candidatos presidenciales, 60 para los congresuales, 50 pesos para alcaldes, 25 para regidores y vocales. En resumen, que para ganar un cargo electoral se gasta muchas veces más que lo que se percibe como sueldo en 4 años, lo que mantiene el reinado del dinero en la enclenque democracia dominicana, que en gran parte proviene del Estado, del patrocinio de grupos económicos y de actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico.

Además de todo eso está el financiamiento a los partidos, que este año es de mil 506 millones de pesos y el doble en el 2020, el presupuesto de varios millones anuales para la JCE y todavía quieren que les financien las elecciones primarias.

Seguirá pendiente la reforma política

Visto el resultado hasta ahora de la Ley de Partidos y tal como se proyecta la del Régimen Electoral, parece que seguirá pendiente una reforma política integral que garantice el libre juego democrático, independientemente de quien usufructúe los poderes del Estado o reúna más dinero, legítimo o ilegítimo.

Lo de la Ley de Partidos no podría ser más decepcionante, con varias demandas de

inconstitucionalidad, algunas indiscutibles, pendientes en el Tribunal Constitucional que ya las declaró de urgencia, y ahí está el lío de las elecciones primarias, después del rechazo general al financiamiento clandestino impuesto, aunque mucho se advirtió que el subsidio de todos los partidos no alcanzaba para cubrir sus costos, como quedó en el artículo 47 de la ley.

El costo de las primarias ha sido calculado por la JCE en mil 449 millones de pesos, por lo que los 200 pesos que se acordó aportarían los 5 partidos que tendrían elecciones primarias, representan apenas el 14 por ciento, y el 13 por ciento del subsidio de todos los partidos para este año.

El futuro de las leyes queda también en el aire, a la luz de sus débiles sanciones y la disposición a violarlas, ya manifiesta en el financiamiento de las primarias.

Por demás es relevante que las campañas por candidaturas, hayan seguido abiertamente sin que nadie pueda aplicar la ley en algo tan visible como las vayas en las vías públicas, lo que deja interrogantes de cómo aplicarán los límites de recaudaciones y de gastos que se pueden ocultar. Se dice que los 32 libros puestos en circulación por Leonel Fernández hace dos semanas, y los regalos de anillos y computadoras de Félix Bautista y Lucía Medina a 70 graduandos con honores en San Juan, no se cuentan como gastos de precandidatos. –

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El PLD en la hora de los hornos; DM y LF se entienden o se dividen

02_02_2019 HOY_SABADO_020219_ El País12 B

La crisis del PLD se profundizó en el primer mes del decisivo 2019, disparando las alarmas de dirigentes, legisladores, y de su amplia tropa comunicativa, quienes advierten una deriva que los lleva al borde de la división, sin árbitros a la vista, temiendo la pérdida del poder  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El primer mes del 2019, año decisivo para determinar quién se queda con el liderazgo y las candidaturas del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue devastador para la unidad partidaria desatando una guerra generalizada entre los seguidores del Presidente Danilo Medina y los del expresidente Leonel Fernández.

En la última semana de enero las hostilidades han sido tan fuertes que hicieron sonar las alarmas entre dirigentes, legisladores y comunicadores con advertencias de que están pisando la línea divisoria y poniendo en juego la continuidad en el poder para las elecciones del próximo 2020, la primera de las cuales, las municipales, justo dentro de un año.

Guerra generalizada

Tras la pausa navideña, los dos sectores hegemónicos que se disputan el control del PLD rompieron hostilidades con más fuerza que nunca. Legisladores y funcionarios, dirigentes, comunicadores partidistas y aliados daban por hecho que ya tenían los votos necesarios para imponer una segunda reforma constitucional para la continuidad de Danilo Medina en la presidencia de la nación, como proclama el diputado Elpidio Báez. Se incrementaba el clamor reeleccionista en las incesantes actividades del presidente Medina por todo el país.  Restaban valor al expresidente Leonel Fernández para enfrentarse decididamente al actual mandatario.

Los leonelistas respondieron a la ofensiva, incrementando las actividades proselitistas en el territorio, casi solos, pues los precandidatos alternativos han seguido dependiendo de lo que decida el mandatario. Con afirmaciones como la del expresidente de la JCE Roberto Rosario de que “no hay posibilidad de que Leonel no sea candidato”, avalando la afirmación leonelista de que  “en cualquier circunstancia es pa´lante que vamos”. Ya el miércoles 8 una treintena de diputados seguidores de Fernández ofrecieron una rueda de prensa para reafirmar su lealtad, asegurando que son 37 más tres de los aliados, a los que sumarían 5 senadores, mientras un sexta, la de Dajabón, Sonia Mateo, habría desertado. El Tema de HOY del 19 de enero les contó 39 legisladores, sin aliados. Días después llegarían a 40 cuando se definió la diputada del MODA, Rosa Iris Guzmán.

A partir de ahí se generalizó la guerra entre legisladores, dirigentes nacionales del partido y de provincias decisivas como Santiago, y entre comentaristas y articulistas de ambos bandos, que ya dicen abiertamente que la unidad partidista está en riesgo, que no volverán a ser como antes, que hay que reordenar la casa, impugnándose unos y otros.

El mayor detonante

El mayor detonante, que disparó todas las alarmas, fue la rueda de prensa del domingo 27 del estado mayor leonelista, donde se denunció la puesta en marcha de una campaña sucia contra Leonel “que ha sido orquestada y está siendo ejecutada por sectores enquistados en el gobierno”, que de manera desesperada intentan convencer al mandatario para que se lance “a una aventura de reformar nueva vez la Constitución para fines de quedarse en el poder, poniendo en riesgo su legado, la tranquilidad social, la estabilidad política y económica y el futuro de nuestra nación”. Identificaron al venezolano J. Rendón, experto en “campaña sucia” como contratado al efecto, el cual lo negó rápidamente por las redes sociales.

Como se leyó y entregó un texto escrito, y con previa convocatoria, se dio por hecho que tenía la autorización de Leonel, por lo que sus contrincantes internos lo interpretaron como declaración de guerra y falta de respeto al presidente. Los precandidatos presidenciales Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared y Carlos Amarante fueron de los primeros en salirle al frente a los leonelistas, lo que fue seguido por una avalancha de declaraciones y acusaciones de la inmensa red de comunicadores apegados al poder.

Sólo dos días después reapareció en las redes el convicto narcotraficante Quirino Paulino para reiterar la acusación de que Leonel le debe 200 millones de pesos que él “le habría prestado” para su campaña del 2004, cuando retornó a la presidencia, lo que para los leonelistas constituyó “una prueba” de que su denuncia tenía fundamento. Esa acusación de Quirino en el 2015 redujo a Leonel, quien no se defendió eficientemente, pero hay quienes creen que esta vez tendría poca relevancia. No faltan quienes entienden que podría revertirse. Por de pronto el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños, deploró un deterioro político tal que el narcotraficante pueda poner la agenda política nacional, y el filósofo peledeísta José Tomás Olivero, crítico desde los gobiernos de Leonel, escribió en Acento.com que la “perpetuidad sin límites reeleccionista”, más “su decisión de construir una estructura compleja de maldad y perversidad nos obliga a emburujarnos con lo absurdo, como forma de vivir la angustia de lo inconcebible”.

Sin árbitros a la vista

El lenguaje ha ido subiendo de tonto, tano que el diputado leonelista Levis Suriel dijo a HOY que deben irse del partido los que provocan división, indicando que “los perversos están ahí en el Palacio Nacional”, incrementando los temores de que la confrontación esté “cruzando la línea de Pizarro”. Por eso el exvicepresidente Jaime David Fernández pidió la convocatoria urgente del Comité Político (CP), lo que fue respaldado por otros dirigentes. El diputado Tobías Crespo, distante del discurso sectario, advirtió a Medina y Fernández que la confrontación no solo se los puede llevar del paso a ellos, sino a toda una generación que ha empujado y disfrutado los triunfos del partido, y se quejó de que no dejan emerger nuevos liderazgos.

No faltan quienes temen creen imprudente convocar el CP con el nivel actual de la confrontación, que tiene como protagonistas a sus principales dirigentes, al presidente de la República, Danilo Medina, al presidente del partido Leonel Fernández y al secretario general Reinaldo Pared, quien se ha pronunciado por una alternativa que no sea ninguno de los dos que ya han sido presidentes de la nación. En igual sentido se manifestó esta semana Rhadamés Segura, otro miembro del CP, al igual que Temístocles Montás quien lo ha expresado antes varias veces.

La convocatoria del CP para dirimir la crisis tiene un inconveniente, y es que va contra el pujo continuista de quienes ostentan el poder, ya que fue en ese organismo donde, para evitar la división, se pactó en el 2015 una reforma constitucional que posibilitó la reelección  de Medina, pero con expresa consignación de que sería un segundo período y nunca más. Roberto Rosario reitera que quienes se oponen a la nueva reelección “son los reales defensores de la línea del partido, plasmada en el acuerdo que firmaron todos los miembros del Comité Político en el 2015”.

Del eterno continuismo

Por más vueltas que se dé al problema, todo concluye en que el principal factor es el eterno continuismo que ha castrado el desarrollo institucional de la nación y dividido a los partidos que han logrado afianzarse en el poder. Así lo reconocen muchos dirigentes del PLD que prefieren mantener silencio para no ir contra el presidencialismo. Todo el partido parece depender de la promesa del presidente Medina de definir su posición “en marzo o en julio”.

En público y en privado quieren que sea en marzo, o incluso en el discurso del 27 de febrero, y eso incluye a los seis que han lanzado precandidaturas alternativas y a otros dos o tres que podrían hacerlo si Medina declina. Temen, con razón que Leonel siga polarizando y corriendo virtualmente solo. Uno de ellos, el secretario general Reinaldo Pared, rechazó en rueda de prensa la “idea tramposa” de que sólo Medina y Fernández puedan mantener al PLD en el poder, reiterando que a lo interno del partido y en la sociedad se aspira a figuras frescas.

En el fondo de todos subyace la convicción de que para Danilo mantenerse en el poder, tendrá que llevarse varios muros, como aplastar a Leonel y a todos los aspirantes a la candidatura, realizar una traumática reforma a su propia Constitución y luego vencer a la oposición con todo el rechazo que generaría en la sociedad. Hasta un ponderado y capaz politólogo danilista, como el embajador ante la OEA Gedeón Santos, lo plasmó en un sonado artículo del 16 de enero en el Listín Diario. Sostuvo que para alcanzar la reelección Danilo tendría que “dinamitar cada muro con un costoso compuesto, de tal poder y letalidad, que no se tendría control de los daños ni de la inevitable secuela de estruendos, escombros, “muertos” y heridos que inevitablemente generará la explosión y el consecuente derribo de los muros”.

Entenderse o dividirse

En medio del fragor de la batalla verbal, Felucho Jiménez, fundador y miembro del CP, señaló el jueves en Uno+Uno de Teleantillas, que Danilo Medina y Leonel Fernández “están obligados a entenderse” o van todos fuera del poder. Aunque expresó su convicción de que el pueblo preferiría que Medina siga gobernando, por su “magnífica obra”, manifestó que “está muy difícil” reformar una Constitución que claramente le prohíbe repostularse. Y aunque hace tiempo es un crítico de Fernández  y cree que este tampoco debe buscar la candidatura por cuarta vez, no titubea en proclamar que ninguno de los otros precandidatos le ganaría una votación. Pero también cree que Leonel no vuelve a la presidencia sin el respaldo de Danilo.

Felucho se atreve a decir lo que muchos otros piensan pero se lo guardan para no contradecir al presidencialismo. En la medida en que siga profundizándose la confrontación y los riesgos de división, tomarán terreno dos posiciones: la de quienes dicen que ni Leonel ni Danilo, o la más silente, que propone un pacto de alternabilidad, ahora en favor de Leonel, con garantías para el mandatario de que se reformaría la Constitución para quitar el nunca más, volviendo a la prohibición de dos períodos consecutivos, para que Medina pueda volver a optar en el 2024. Esa corriente quedó recogida en el Tema de Hoy del 15 de septiembre, bajo el título “Sugieren pacto de alternabilidad para evitar una división del PLD”. –