La encuesta Gallup-HOY muestra un fuerte deseo de cambios políticos

A1Una significativa mayoría expresa fatiga por el gobierno del PLD y rechazo a la reelección del presidente Danilo Medina, mientras emerge Luis abinader como opción alternativa 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana indica que el presidente Danilo Medina mantiene un nivel de aprobación alrededor de la mitad de la población, pero con más de dos tercios rechazando la posibilidad de que reforme de nuevo la Constitución para  poder optar por un tercer período de gobierno consecutivo.

Aunque el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue registrando las mayores preferencias, estas se reducen significativamente en medio de la lucha de fracciones que casi lo dividen, mientras el precandidato presidencial Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) emerge como firme alternativa para los comicios del 2020.

La mayoría quiere cambios

Si algo queda claramente manifestado en la encuesta Gallup-HOY publicada esta semana es la insatisfacción de la ciudadanía y su anhelo de cambios políticos, sociales y económicos, reflejando el hastío con el partido que ha controlado casi todos los poderes estatales y sociales en los últimos 15 años, y en 19 de 23. Aunque el PLD sigue registrando las mayores preferencias partidistas, con 39%, seguido por el PRM con 22, un alto 24% confiesa que no prefiere a ninguno. Si las elecciones fueran ahora 38% votaría por el PLD y 25% por el PRM, con 18% que no responde. En la reciente encuesta Mark Penn-SIN el 59% manifestó que no tiene preferencia partidista, con el PLD en 23 y el PRM en 13%.

En la Gallup, el 58% prefiere que la República sea gobernada por un partido diferente, y sólo el 35% dijo preferir que siga el PLD. El 46% cree que “se necesita un cambio radical, tal vez hasta revolucionario”, con otro 32% favoreciendo “un gran cambio”, para sobrepasar las tres cuartas partes.

El deseo de cambio es coherente con el hecho de que alrededor de dos terceras partes muestran insatisfacción con las condiciones de la economía (68% las cree mala o muy mala, con sólo 13% que las aprecias buenas) y con la forma en que opera el sistema democrático en el país (65% contra 32), mientras 71% plantea que las cosas en el país van por mal camino, con sólo 17% que las ve por buen camino. Mientras el 71% cree que el crecimiento económico a quien beneficia es a los ricos.

Está difícil la reelección      

A pesar de la movilización de los funcionarios, legisladores y otros devotos del presidente Danilo Medina que en las últimas semanas intensifican su promoción de una reforma constitucional para que el mandatario pueda optar por un tercer período de gobierno consecutivo, sólo el 29% de los encuestados de Gallup la favorecen, mientras más de dos tercios, 68%, la rechazan, lo que implica que el proyecto sólo avanzó 3 puntos, en relación a la de septiembre pasado, que registro 71% de oposición, pero un punto más que en marzo del 2018, cuando fue de 67%. En la reciente de Mark Penn el rechazo a la reforma constitucional fue del 61%.

A pesar de esos altos porcentajes de rechazo a una segunda reforma de la constitución para la continuidad de Danilo Medina, y de que le faltarían entre 35 y 40 votos para lograr los dos tercios necesarios, son muchos los que piensan que lo conseguirá “por cualquier medio”. Pero tropieza con el hecho de que el 45 % de los encuestados por Gallup dice que en tal caso “con toda seguridad” no votaría por él, más el 19% cree que no le votaría, para totalizar 64% También es significativo que el 42% de los que se manifestaron simpatizantes del PLD no favorecen la reforma constitucional, y 31% dice que no votarían por Medina, si la consiguiera.

El rechazo al continuismo es muy superior al 53% que estima que Medina ha hecho un buen gobierno, y al 49% que aprueba su gestión de más de 6 años, empate técnico con el 48%  que la desaprueba. El mandatario llegó a registrar hasta 91% de aprobación en la Gallup-HOY de agosto del 2014, con descenso desde entonces al 80% en el 2015, al 62 en el 2017, para estabilizarse en 48% en septiembre del 2018, aumentando ahora un punto.

Abinader el mejor situado

            En el análisis de los resultados de esta última Gallup-HOY resalta que el precandidato presidencial del PRM Luis Abinader es quien avanza más entre los que aparecen compitiendo por la presidencia de la nación en el 2020, siendo el único que aparece con certezas de alcanzar  la candidatura presidencial entre los dos partidos que proyectan una bipolarización.

A la pregunta “a quien le gustaría que fuera el próximo presidente”, consigue un 21% de las preferencias, superando en 4 puntos el 17 que logra Medina y en 8 el 13%  que se decanta por el expresidente Leonel Fernández. El 33% considera a Abinader como el líder de la oposición política, muy lejos de los expresidentes Hipólito Mejía y Fernández, señalados por el 8%.

El economista y empresario registra una abrumadora ventaja en la competencia por la candidatura presidencial del PRM, con 78% frente al 10 de Hipólito Mejía, entre los simpatizantes de su partido, y 82 a 7% por ciento entre sus miembros, que son los llamados a elegir sus candidatos. Hace 4 años, en abril del 2015, Abinader fue escogido por primera vez candidato presidencial por votación de 70 a 29% teniendo de contrincante a Mejía.

Mientras los peledeístas superan la crisis que casi los divide por la candidatura presidencial, Abinader luce el principal candidato opositor, con perspectivas de crecimiento si se tiene en cuenta la baja tasa de rechazo que le marcan las encuestas. La reciente de Mark Penn lo coloca segundo en favorabilidad tras Margarita Cedeño, y en bajo rechazo después de David Collado. Si por la unidad del PLD se impone la propuesta de “ni Danilo ni Leonel”, según esta encuesta, Abinader le gana a cualquier otro 39 a 32%.

Leonel sigue bien firme

El balance indica que una vez más quien ostenta la presidencia de la República supera en posibilidades a quienes buscan reemplazarlo dentro de su propio partido, pero dadas las severas dificultades que arroja la encuesta para que Medina pueda modificar la Constitución y constituirse en candidato unificador del PLD, las perspectivas indican que Leonel Fernández sigue siendo una alternativa firme, muy por encima de los otros competidores dentro de su partido.

Si no fuera por el impedimento constitucional y el rechazo a otra reelección, Medina tendría las mayores probabilidades de ser el candidato del PLD. El 24% cree que él será el próximo presidente, contra el 17% que creen que lo será Fernández o Abinader. El 49% lo preferiría de candidato muy arriba del 28 que se inclina por Leonel, pero entre los miembros del PLD la ventaja se reduce con 47 a 36%. En los máximos organismos peledeístas, Comité Político y Comité Central, el dominio de los danilistas es absoluto, pero se reduce en las bases, según las encuestas. La de Mark Penn arrojó entre los peledeístas una diferencia de sólo 5 puntos: 43 a 38%, indicativa de que un aplastamiento del Estado a Leonel puede acarrear alto costo.

La Gallup indica que contando con el impedimento constitucional de Danilo, Leonel conseguiría el 50% de las preferencias para la candidatura presidencial entre los simpatizantes del partido y el 53% de los miembros, con su esposa Margarita Cedeño en segundo lugar, con 6 y 5% respectivamente. Después de ellos, sólo Reinaldo Pared, en el primer caso, alcanza 4%, y todos los demás aspirantes menos del 2%. Incluyendo a Danilo, en esta encuesta Leonel aparece empatado con 17% en la competencia con Abinader, y en la de Mark Penn le lleva un punto, 21 a 20%, indicando que si fuere candidato contra Abinader le ganaría 38 a 33%. Aunque con amplias indefiniciones que beneficiarían al del PRM por su baja tasa de rechazo, mientras el expresidente la tiene alta. En la Gallup el 21% dijo que nunca votaría por Leonel.

Más resultados relevantes

              La encuesta Gallup-HOY muestra un panorama preocupante para la democracia dominicana, devastador para los partidos, con bipolarización PLD-PRM, sin que ni el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con el 4.5%,  ni el Reformista Social Cristiano (PRSC), con 2.5%,  alcancen el 5% necesario para mantener la categoría de “mayoritarios”, con acceso a la franja privilegiada que recibe el 80% del subsidio estatal. Entre los alternativos sólo Alianza País y el Partido Demócrata Institucional se levantan sobre el 1 por ciento de las preferencias.

La mayor aprobación del gobierno de Medina sigue registrándose en la inversión en educación, donde alcanza tasa del 66%. La corrupción sigue en los peores niveles, con aprobación de sólo 17 por ciento, con 69% marcando el fracaso en su combate, lo mismo que el 61% en cuanto a la inseguridad ciudadana. Un 57% ve con preocupación el año que queda de la actual gestión y sólo 39% con esperanza. Y la población aparece dividida en tercios iguales entre quienes creen que el país está en progreso, estancado o avanzando, con cada vez más pobre apreciación sobre las instituciones del Estado.-

Ahora las democracias ya no mueren manu militari, sino de inanición política

27_04_2019 HOY_SABADO_270419_ El País12 B

Sobran razones al arzobispo Francisco Ozoria y a todos los que temen que el país se encamina a un nuevo tipo de dictadura, que ya no se define por los sables, el asesinato y el exilio, sino por el socavamiento de las bases institucionales y el predominio caudillista

                                                Por Juan Bolívar Díaz

No sería racional sostener que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina es una dictadura clásica del siglo pasado, como la definió el general peruano Manuel Odría cuando le pidieron que explicara su afirmación de que él gobernaba con la religión y el deporte (1948-56), y respondió: “que quien no comulga conmigo, lo deporto”.

Tal como sostienen los académicos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro de septiembre pasado “Cómo Mueren las Democracias”, éstas ya no fracasan de forma dramática a manos de generales, sino de líderes electos que socavan poco a poco las bases institucionales, en pasos apenas apreciables.

La dictadura según Ozoria

Han tenido que manipular al Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para intentar descalificarlo por su advertencia de que “si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia una dictadura”, tras quejarse de que la actual estructura gubernamental no respeta la independencia de poderes en que se fundamenta la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución. Y le sobran razones tanto a él como a otros prelados, sacerdotes, ministros de diversos credos y dirigentes políticos y sociales que en las últimas semanas denuncia la erosión de las frágiles bases de la democracia dominicana, en aras del continuismo en el poder.

Los detonantes han sido dramáticos: la impudicia con que a la vista de todos el presidente Medina manejó el Consejo Nacional de la Magistratura, colocando en un paredón de calumnias y mentiras al mayor símbolo de la independencia judicial, Miriam Germán, para sustituir sin la correspondiente evaluación a casi la mitad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en violación de la Constitución, varias leyes y el reglamento del organismo. Y luego por las presiones, amenazas y acciones intimidatorias contra los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por la sentencia que afecta a un partido aliado del gobierno, lo que Participación Ciudadana definió como ominosa advertencia contra otros órganos, entidades y ciudadanos.

Es obvio que en el país no hay presos políticos ni los asesinatos y deportaciones que caracterizaron las dictaduras desde el inicio de la República, pero es cuasi dictatorial que se sustituyan jueces clamando falsedades, o que al presidente del TSE le despojaran de su escolta en plena calle, y que ministros y el mismo Procurador General lo citaran de madrugada, o que se revele que  en dos años se solicitaron 17 mil 637 interceptaciones de teléfonos bajo el pretexto de una investigación judicial, muchos de ellos con nombres ocultos, porque no procedían.

Baja calidad democrática

La pobreza institucional de la nación quedó documentada en el reciente informe sobre Calidad de la Democracia en la República Dominicana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resumido en El Tema de HOY del 30 de marzo último, en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe, sólo mejor que Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. De 100 indicadores, sólo registramos 20 como satisfactorios, con 32 aceptables y 48 deficitarios.

“Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial  y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las leyes… aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo en el país” (página 98 del informe).

“La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado. Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia ante situaciones con potencial desestabilizador” (página 129).

“La República Dominicana presenta calificaciones bajas y muy bajas en lo relativo a los límites y controles de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del funcionariado público” (página 140).

El control casi absoluto del PLD

  • Mantiene la presidencia de la nación desde el 2004, en elecciones profundamente desiguales, con abuso del Estado y grandes déficits fiscales en las campañas electorales
  • Absoluto control del Poder Legislativo, arrebatando hasta la única senaduría opositora en el 20l0
  • Reformas constitucionales en el 2010 y 2015 para garantizarse el control del Estado
  • Dirigentes del PLD controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público
  • Elección de una mayoría de dirigentes y allegados en los órganos electorales
  • Apropiación de dos tercios del 10 por ciento de los ingresos fiscales que la ley destina a los ayuntamientos, a los que sustrajo $184 mil millones sólo en el lapso 2013-18
  • Violación sistemática de leyes fundamentales, como la del sistema financiero, la de salarios públicos, y la de Estrategia Nacional de Desarrollo
  • Manipulación de la opinión pública con tres mil comunicadores en las nóminas estatales, inversión publicitaria de $10 millones por día y presión a independientes.
  • Utilización de jueces y árbitros electorales para destruir o reducir partidos opositores
  • El Comité Político del PLD, 35 miembros, decide hasta las reformas constitucionales
  • Cooptación de gran parte del liderazgo político, sindical,profesional, artístico, y dirigentes sociales mediante empleos, becas, compras y contrataciones.
  • Creación de miles de empresas de dirigentes y allegados, mediante corrupción y privilegios
  • Controles sobre 1 millón 200 mil personas, mediante programas sociales que apenas promedian 30 dólares mensuales
  • Incorporación a las nóminas y nominillas públicas de decenas de miles de dirigentes del PLD
  • En el 2016 designaron 33 mil empleados temporeros, activistas electorales

La muerte de la democracia

            En un libro de 335 páginas, Levitsky y Ziblatt sostienen que la democracia se bate en retirada en muchas partes del mundo, incluido los Estados Unidos, sobre todo tras el apogeo de Donald Trump, víctima de los políticos, no de los generales, que abusan de los mismos mecanismos que les permitieron acceder al poder, desconociendo las reglas de la tolerancia mutua y la contención institucional, “apresando a los árbitros, marginando a los actores clave, y reescribiendo las reglas del juego para inclinar el campo en contra de sus adversarios” (página 206).

“Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama. Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas, Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos” (página 13).

Con múltiples ejemplos americanos y de otros continentes, los autores dedican un capítulo 4 a describir cómo se realiza “La subversión de la democracia”. Con frecuencia el desmantelamiento es paulatino. “Al principio puede resultar imperceptible…siguen celebrando elecciones, los políticos de oposición siguen ocupando escaños en el Congreso y la prensa sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco (página 95).

“Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad…Y las agencias de inteligencia pueden dedicarse a espiar a las personas críticas y desenterrar material para chantajearlas…despidiendo a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por leales” (página 96).

Una descripción local

El libro de Levitsky y Ziblatt parece una descripción del proceso seguido por el PLD en el poder. Subraya que “La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rasgo de disidencia… A medida que los medios de comunicación más destacados son atacados, otros se vuelven recelosos y empiezan a practicar la autocensura… también buscan debilitar a los empresarios con medios para financiar a la oposición e intentan silenciar a figuras culturales populares o de reputación moral (páginas 103-104).

“Los autócratas que pretender consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución,, el sistema electoral y otras instituciones de modo que resultan desfavorable o debilitan a la oposición” (página 106). Para que el sistema constitucional funcione, debe darse un delicado equilibrio entre el poder ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. El Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia” (páginas 147-148).

Los autores sostienen que “Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no solo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe realizarse mediante sistemas democráticos… La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.

La maldita reelección

            Como siempre en la historia nacional, detrás de grandes intentos por subvertir el orden institucional, se encuentro un proyecto de prolongación indefinida en el poder, lo que se ha llamado “la maldita reelección”, y eso comenzó a tomar cuerpo desde antes de la mitad del segundo período del presidente Medina, pese a una prohibición constitucional por él mismo auspiciada en el 2015, como ha quedado documentado en esta página:

  • “Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política”. 14 de abril del 2018, cuando su Senado aprobó el absurdo proyecto de ley que buscaba imponer a todos los partidos el padrón abierto para elegir candidatos.
  • “Otra reelección de Danilo Medina le saldrá muy cara a la nación” (25 de agosto del 2018).       
  • “Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática” (29 de diciembre del 2018).
  • “El discurso de Medina inicia la ofensiva por su reelección” (2 de marzo del 2019)
  • “La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región” (30 de marzo del 2019)
  • “Nuevo escándalo: el PLD y su Gobierno socavan la institucionalidad democrática” (13 de abril del 2019).

 

La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región

Calle El Conde en la actualidad. HOY/Rafael Segura Imagen Digital / 4/01/008

Un informe del PNUD coloca el país en la posición 20 de 24 de América Latina y el Caribe en el índice de elecciones libres y justas, sólo superando a Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela y sostiene que su progreso económico no se refleja en lo institucional y social

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Un informe entregado esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)coloca el país entre los cinco de peor calidad democrática de 24 evaluados en América Latina y el Caribe, con puntuación de 54 sobre 100, con deficiencia en 48 por ciento de 108 indicadores, 32 por ciento aceptables y sólo 20 por ciento satisfactorios.

El estudio indica que los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales, sino  estructurales y contrastan con el progreso económico, que no se refleja en el institucional y social, con creciente desconfianza en las instituciones estatales y los partidos políticos, registrando una reducción de la libertad de expresión.

Democracia en descenso

El informe parte de los avances logrados por la República Dominicana, al haber encabezado la transición democrática a partir de 1978, pero con degradación a principios de los noventa. Tras el fraude electoral de 1994 cayó a la puntuación más baja, 0.28 en el índice de Democracia Electoral del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, para alcanzar la más alta, 0.72 en el 2002.

Las “grandes mejoras” registradas en el periodo de reformas, desde 1994 a principios de la década del 2000, se evaporan desde mediados de la década del 2010, con retrocesos en calidad de las elecciones,  uso arbitrario de la publicidad estatal, autocensura y falta de diversidad de opinión en los principales medios de comunicación, niveles muy bajos de transparencia en la financiación privada de los partidos y deficiencias democráticas en las prácticas partidistas.

En el 2017 la puntuación dominicana se redujo a 0.54 colocándose en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe incluidos en el índice de democracia electoral, donde sólo aparecen con peor puntuación Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, esta última con 0.27, siendo la mejores Costa Rica, Chile y Uruguay, entre 0.89 y 0.86. En elecciones libres y justas el país mantiene la misma puntuación y posición, pero Nicaragua y Venezuela en el último escalón con 0.28, mientras Chile encabeza con 0.97, seguido de Costa Rica y Uruguay, con 0.96.

Dimensiones y componentes

La calidad democrática medida por el estudio del PNUD, de 196 páginas,  parte de seis dimensiones: Derechos políticos y sistema electoral, Derechos fundamentales, Estado de Derecho, Calidad de la gestión pública, Calidad de vida y equidad social y económica, y Cultura política democrática. Estas dimensiones tienen a su vez 22  componentes desagregados en 108 indicadores.

El semáforo de indicadores dominicanos arroja un déficit democrático en el 48 por ciento de los indicadores, con sólo 20 por ciento satisfactorios y 32 por ciento aceptables. El informe partió de cruces y sistematización de fuentes de variada adscripción ideológica y metodológica, como 15 índices y encuestas de organismos multilaterales y de organizaciones internacionales de la sociedad civil, y nueve encuestas nacionales con datos oficiales de entidades estatales.

En la primera dimensión, Derechos políticos y electorales, hay 30 indicadores, en los que RD recibe partes iguales entre satisfactorios, deficitarios y aceptables, Con la puntuación más baja entre 23 países de la región, y la peor desde la transición democrática iniciada en 1978, en medios de comunicación críticos y en compra de votos, por una práctica generalizada en el territorio y por la mayoría de los actores políticos relevantes.

En censura gubernamental la posición 20 de 23 países, y en libertad de expresión sólo supera a Honduras, Nicaragua y Venezuela. Recoge el índice de Freedom House que hasta el 2000 tenía al país en la categoría de libre, pero desde entonces lo degradó a parcialmente libre. También es alto el déficit en  libertad de asociación, sólo mejor que Ecuador, Venezuela y Nicaragua. En injerencia del gobierno en los partidos de oposición, solo superado por Venezuela y Nicaragua.

Sistema frágil y vulnerable

En ninguno de los 14 indicadores de Derechos fundamentales el país tiene una situación satisfactoria, con 7 aceptables y otros tantos deficitarios, entre estos derechos de mujeres e inmigrantes. En Estado de Derecho, de 21 indicadores sólo 2 aparecen satisfactorios y 4 aceptables, con 15 deficitarios. Aparece mejor en Calidad de la gestión pública, con 3 indicadores satisfactorios, 6 aceptables y 4 deficitarios. Peor en Calidad de vida y equidad, con 5 satisfactorios y 5 aceptables, pero 16 deficitarios. Y en Cultura Política 3 indicadores aceptables y 1 satisfactorio.

Se observa un Poder Ejecutivo con amplio margen de discrecionalidad, lo que afecta negativamente el imperio de la ley y el respeto a los derechos fundamentales. Como positivo se destaca alto nivel de participación cívica, tercero mejor en la región y en democracia local y gestión municipal.

En las consideraciones finales del estudio se plantea que un balance tan deficitario de la calidad democrática de la RD, con sólo 20 por ciento de indicadores satisfactorios, “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales, de origen interno o externo”.  Plantea que “los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales, sino estructurales, afectan a los pilares de la institucionalidad y tienen efecto sobre la relación de la ciudadanía con el poder y consigo misma, así como sobre las dinámicas de poder entre las tres ramas vertebradoras del Estado”.

Contrastes con la economía   

El informe refleja el contraste de los déficits de la democracia dominicana con el crecimiento del producto bruto interno en las primeras dos décadas del siglo. “El progreso económico no fue acompañado por progreso institucional ni social, ni por una mejora sustancial en la distribución de la riqueza. Las desigualdades económicas, sociales y políticas están presentes y son transversales a todas las dimensiones, componentes e indicadores estudiados”, se expresa en las consideraciones finales.

No se puede llegar a otras consideraciones cuando se registra un aumento progresivo de la desconfianza de la ciudadanía en todas las instituciones fundamentales del Estado y en los partidos políticos, ampliamente documentada en el estudio coordinado por la Unidad de Gobernabilidad Democrática del PNUD en el país, con participación del Instituto de investigación para el Desarrollo y con la asesoría de la politóloga dominicana Rosario Espinal y del uruguayo Miguel Manzi.

Concluye en que el resultado de los indicadores, con sólo 20 por ciento satisfactorio “no autoriza a ser complaciente, sino que obliga a las y los dirigentes nacionales, en los ámbitos político, económico, académico y social, a actuar sobre las prioridades que señalan las evidencias, con la urgencia que reclaman las circunstancias”.

Sostiene que la democracia dominicana sigue en construcción, “acosada por amenazas globales y tentaciones autoritarias”, y que no hay mejor proyecto ni obligación más severa para sus dirigentes que preservarla y fortalecerla, y que a esos propósitos quiere contribuir el informe presentado el 26 de marzo, justo al concluir la misión del español Lorenzo Jiménez de Luis, quien estuvo durante más de cinco años y medio como Representante Residente del PNUD en la República Dominicana, y fue condecorado la semana pasada por el gobierno.-

Grupos políticos y sociales promueven coaliciones para diversificar el poder

545454

 

La propuesta más ambiciosa es la de la Coalición Democrática que pretende una sinergia político-social para desplazar al PLD, pero también una decena de partidos compelidos por las nuevas leyes persiguen alianzas de sobrevivencia en los niveles congresual y municipal   

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Nunca antes en el proceso democrático nacional se habían registrado tantos esfuerzos por alianzas o coaliciones de partidos para unas elecciones generales, determinados por el dominio político del Estado logrado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por el cansancio generado por sus cinco gobiernos de los últimos seis a partir del 1996 y por la Ley de Partidos.

El proyecto más ambicioso se expresa en la llamada “Coalición Democrática por un Gobierno de Regeneración Nacional”, que pretende una conjunción de toda la oposición para desplazar al PLD del gobierno o por lo menos reducir su monopolio del poder, pero muchos partidos minoritarios buscan también unirse para no desaparecer por las nuevas normativas.

Muchos buscan alianzas

Desde el año pasado se plantean alianzas de partidos y sociales para desplazar al PLD del gobierno, promovidas por la experiencia de los comicios del 2012 y 2016, cuando el partido gobernante avasalló abusando de todos los recursos del Estado para afianzar un dominio electoral sin precedentes, que se extiende a las más diversas instancias sociales mediante mecanismos de cooptación como repartos de cargos, subsidios, contratos y exenciones.

Casi todos los partidos de oposición han formulado planteamientos sobre la necesidad de unirse para enfrentar “al monstruo” que domina la sociedad, entre ellos el Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Alianza País, Frente Amplio, Opción Democrática y Dominicanos por el Cambio. Todos estos y otros cinco pasaron más de dos años en un esfuerzo de concertación, pero sufrieron un tropiezo cuando los dos primeros y mayores apoyaron la Ley de Partidos promovida por la facción peledeísta del presidente Danilo Medina.

Partidos que no se aliaron en el 2016, aunque tienen posiciones políticas similares, como Alianza País y Opción Democrática, ahora persisten en constituir una coalición, aunque tuvieron un tropiezo cuando la Junta Central Electoral les rechazó su propuesta de ir coaligados desde las elecciones primarias a celebrarse el 6 de octubre próximo. Estos tratan de atraerse a otros como el Revolucionario Social Demócrata, el Partido Humanista y Dominicanos por el Cambio.

Por otro lado se mueven una decena de partidos, aliados del PLD, pero que buscan conformar una alianza para las elecciones municipales y congresuales, compelidos por la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que les ha puesto más difícil su sobrevivencia jurídica. Están dispuestos a ofrecer la mitad de las candidaturas a dirigentes sociales para atraerse votación.

La Coalición Democrática

El proyecto más ambicioso es el de la Coalición Democrática (CD) proclamada el 11 de noviembre en Santo Domingo por unos 500 militantes sociales y replicada posteriormente por otros 300 en Santiago, así como en otras ciudades, sobre la base de unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico-Social.

Los lineamientos de la CD están contenidos en 20 prioridades políticas e institucionales y económico-sociales con el objetivo de rescatar la institucionalidad democrática, combatir la corrupción y la impunidad, contener el proceso de insostenibilidad fiscal, restablecer la posibilidad de competencia electoral y echar las bases para un nuevo modelo de desarrollo que estimule la competitividad, el desarrollo y la equidad en la distribución del ingreso.

Como no se trata de una nueva organización política, sino un espacio de concertación, la Coalición trabaja sin publicidad, aunque sí lo hacen varios de los grupos que la integran como el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, Bien Común y el Congreso Cívico, con ramificaciones en múltiples regiones y en Nueva York y Florida. Los informes disponibles indican que ya han constituido una mesa de concertación con la mayoría de los partidos de oposición, en la que los lineamientos básicos han tenido absoluto consenso.

La CD parte de la necesidad de unir partidos políticos y dirigentes sociales en torno a candidaturas de los mejores cuadros de los partidos y provenientes de los grupos sociales para generar una sinergia que supere el inmovilismo y el pesimismo de amplios segmentos que han perdido confianza en el partidismo político, bajo las premisas de que se  unen ahora o habrá peledeísmo por muchos años. En la opinión pública prevalece la convicción de que la unidad de la oposición crearía un nuevo escenario de competencia electoral.

El proyecto Juntos Podemos

Una docena de partidos minoritarios están empeñados en crear su propia coalición y también convencidos de que si se juntan con grupos sociales y ciudadanía, lograrán una representación significativa en los municipios y el Congreso Nacional, compelidos por las nuevas normativas de la Ley de Partidos que deja sin personaría jurídica a los que no alcancen el uno por ciento de la votación, aunque obtengan algún  cargo legislativo o en los ayuntamientos, como era hasta ahora.

En Junto Podemos confluyen la mayor parte de los 14 partidos que fueron aliados al PLD en las elecciones del 2016, pero quieren incorporar a otros de oposición para alianzas en las elecciones municipales de febrero del 2020, que serían una especie de referéndum para las de tres meses después. A la cabeza aparece José Francisco  Peña Guaba y su Bloque Institucional Social Demócrata que en el 2016 logró ganar la senaduría de San José de Ocoa, en una alianza variopinta, incluso contra el PLD, a quien sin embargo apoyó al nivel presidencial.

Han tenido la habilidad de realizar un mapeo nacional partiendo de las debilidades provinciales y municipales de los partidos dominantes, especialmente del PLD, ya manifiestas en los resultados del 2016. En esos comicios la votación propia del PLD, sin sus 14 partidos aliados, fue de 50.2 por ciento en el nivel presidencial, pero cayó al 41.7 en el congresual y a 35.7 en el municipal. Juntos Podemos no se define como un proyecto de oposición al PLD, sino de supervivencia política, y deja a quienes lo integren en libertad de decidir a qué candidato presidencial respaldarán. Sus principales promotores son funcionarios del actual gobierno.

Un oligopolio político

Aunque en las pasadas elecciones participaron 26 partidos políticos, e igual número están habilitados para el 2020, aparte de otros cuatro que persiguen reconocimiento, el sistema político tiene una tradición oligopólica, descansando casi siempre en dos, desde el 2016 el PLD y el PRM. El PRSC y el PRD, completan  “los mayoritarios”, porque superaron el 5% del sufragio.

A diferencia de lo ocurrido en  toda América Latina, en el país no ha habido emergentes que rompan abruptamente el dominio político, y de hecho apenas dos candidatos alternativos han rebasado el 1 por ciento en elecciones presidenciales en el “período democrático” iniciado en 1978, Elías Wessin con el 1.89 en 1982 y Guillermo Moreno, con 1.37 y 1.83 en 2012 y 2016.

Ha habido candidatos presidenciales de izquierda, como Narciso Isa Conde, Rafael Fafa Taveras, Max Puig, José González Espinosa y Raúl Pérez Peña.  De derecha como Vincho Castillo, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, Francisco Augusto Lora, Pedro Candelier y Luis Julián Pérez. Del centro como César Estrella Sadhalá, Eduardo Estrella, Rafael Abinader, Roberto Saladín o Hatuey de  Camps. También dirigentes populares como Ramón Almánzar y el sacerdote Antonio Reynoso. Como se puede advertir en el cuadro anexo, de 32 candidaturas presidenciales, sólo dos superaron el uno por ciento y tres el 0.50.

Esos resultados tan concentrados no son por falta de méritos, que en muchos sobraban, sino por un sistema político hecho a la medida de los dominantes, por el financiamiento público y privado, por el clientelismo y el abuso de los recursos públicos de los que han usufructuado los poderes del Estado.

Una ley agravante

La ley de Partidos 33-18 agrava la situación de los partidos minoritarios, algunos de los cuales llevan múltiples elecciones adheridos a los dominantes para mantener la personería jurídica. La nueva normativa los pone contra la pared, porque antes bastaba con que obtuvieran algún cargo congresual o municipal, en una alianza para mantener su reconocimiento, pero ahora se requiere que también obtengan al menos el 1 por ciento de la votación.

Si se mide por los resultados de las elecciones del 2016, sólo 12 de los 26 partidos hubiesen mantenido el reconocimiento, al haber obtenido más del 1 por ciento en los tres niveles de elección, presidencial, congresual y municipal. Con el agravante de que ahora los requisitos para nuevos registros son mayores: según el artículo 15 de la Ley 33-18, el 2 por ciento de los votos de la última elección, y tener organismos de dirección y operando en cada municipio. A diferencia de cuando fueron habilitados la mayoría de los partidos, que había un mercado de listados para avalarlos, ahora la JCE verifica por muestreo la validez del apoyo ciudadano.

La nueva legislación también contiene dificultades para los pequeños, como el límite del 20 por ciento de candidaturas para alianzas, aunque hay una contradicción entre la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral. Esta última parece abrir espacio a las coaliciones, más allá de las alianzas, cuando en sus artículos 168 y 269 plantea que “para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos, los partidos aliados o coaligados serán una sola entidad”. Juristas como Francisco Alvarez Valdez y Fernando Henríquez entienden que la coalición supera el límite de las alianzas y podría permitir mayores posibilidades de candidaturas comunes, pero eso dependerá del reglamento que habrá de dictar la JCE.

El tiempo también pone límites, porque según la ley 33-18 y su reglamento, las alianzas   y coaliciones tienen que definirse el 7 de junio, según la Ley 33-18.-

———————————————————————————————————

    Resultados obtenidos por los candidatos alternativos

                          Elecciones Presidenciales 1978-2016

 

Candidato                             partido                     año             votos          %

Guillermo Moreno                 Alianza País            2016           84,399     1.83

Elías Wessin Chávez              PQDC                     2016           20,403     0.44

Pelegrín Castillo                     FNP                        2016           16,283      0.35

Minou Tavárez M.                  APD                       2016           16,256      0.35

Hatuey de Camps                   PRSD                     2016             8,264     0.18

Soraya Aquino                        PUN                       2016              5,678     0.12

Guillermo Moreno                Alianza País           2012           62,290     1.37

Eduardo Estrella                   DXC                        2012             9,340      0.21

Julián Serulle                       Frente Amplio         2012            6,550      0.14

Max Puig                               APD                           2012             5,064      0.11

Eduardo Estrella                 PRSD                        2008           19,309      0.47

Guillermo Moreno              MIUCA                    2008           18,136      0.44

Pedro J. Candelier               PAP                         2008              6,118      0.15

Rafael Flores Estrella          FR                            2004              4,737      0.13

Ramón Almánzar                PNA                          2004             4,195      0.12

Raúl Pérez Peña                  PAD                          2004              1,834     0.05

Ramón Almánzar                    PNA                     2000               5,961     0.19

José González Espinosa       PTD                     2000               6,138     0.19

César Estrella Sadhalá         UNIDO                  2000               3,359     0.11

José R. Abinader                  ASD                      1996                3,907     0.13

Antonio Reynoso                  MIUCA                  1994              22,548    0.75

Marino V. Castillo                 FNP                      1990                 5,956     0.31

Roberto Saladín                   PPC                     1990                 4,196     0.22

Marino Vinicio Castillo        FNP                      1986                 6,502     0.31

Jorge Martínez Lavandier  PDN                      1986                  1,197     0.06

Elías Wessin                       PQD                      1982                33,991    1.89

Narciso Isa Conde              PCD                      1982                11,180     0.62

Rafael  Abinader                ASD                       1982                  8,879     0.49

Rafael Fafa Taveras           IU                          1982                  5,906    0.33

Francisco A.  Lora              MIDA                     1978                13,300    0.81

Narciso Isa Conde             PCD                       1978                  9,828    0.59

Luis Julián Pérez              MSN                       1978                7,782     0.47

Elaborado por Juan Bolívar Díaz

 

 

 

 

El PNUD reconoce crecimiento en RD pero con desigualdad y concentración

075

El último informe del PNUD reconoce un crecimiento económico dominicano del 5 por ciento promedio en la última década, pero todavía con bajos niveles de desarrollo humano, el cual se concentra en el Distrito Nacional y con sólo cuatro provincias en segundo nivel

Por Juan Bolívar Díaz

El Mapa interactivo del Desarrollo Humano en la República Dominicana 2010-2016, que ha publicado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce un crecimiento económico promedio del cinco por ciento, pero concentrado en  el Distrito Nacional con desarrollo humano alto, con cinco provincias bajo y otras 22 en medio bajo.

Aunque muestra mejoría general en el índice de desarrollo humano de los dominicanos, el informe corrobora la desigualdad que recién diagnosticó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y extrema concentración del ingreso, e incremento de la población que vive en vulnerabilidad económica, resaltando los pobres servicios de educación y salud.

Sí crecimiento económico

El informe reconoce un crecimiento económico sostenido en la última década, con promedio del 5 por ciento, lo que ha generado incremento del índice de desarrollo humano, pero sólo en 3 por ciento. La República Dominicana lidera el crecimiento económico en América Latina, casi duplicando el promedio regional, con movilidad ascendente de la clase media.

Se diagnostica una reducción de la pobreza del 26 por ciento en el período 2003-16, pero partiendo del grave retroceso que implicó la quiebra bancaria del 2003, que según los estimados convirtió en pobres a más de un millón de dominicanos. El PNUD sitúa en 44 por ciento la movilidad ascendente de la clase media, lo que avala afirmaciones del actual gobierno, pero al mismo tiempo señala que desde el 2003 la población en vulnerabilidad económica se ha incrementado en 18 por ciento, afectando a 800 mil familias.

Este índice de desarrollo humano se establece a partir de los niveles del ingreso y de la calidad y cobertura de los servicios de salud y educación. La mayor contribución  fue la del ingreso, con 35.6 por ciento, salud 33.6, y la de educación 30.7 por ciento. Las remesas de la diáspora dominicana, que el año pasado pasaron de 6 mil 500 millones de dólares, y que registran un crecimiento sobre el 75 por ciento en la última década, habrían tenido una contribución del 25 por ciento en el incremento del ingreso de la población, con tendencia a concentrarse en las áreas urbanas a consecuencia de la migración interna.

Entre los compromisos del Estado con los objetivos del desarrollo 2030, el informe sugiere “que pueda impulsar una aceleración en el logro de los objetivos del desarrollo social promoviendo una cultura estadística que genere datos con mayores niveles de desagregación y que asegure la captura de información de grupos vulnerables”.

Concentración territorial

El mapa del PNUD muestra una gran concentración del crecimiento del desarrollo humano en el Distrito Nacional, como resultado de mejores indicadores educativos, de salud y de ingreso, siendo la única jurisdicción con categoría de desarrollo humano alto. Eso “refleja la concentración de las oportunidades en la ciudad capital”. En un segundo nivel, medio alto, quedan las provincias Duarte, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Mirabal.

Es relevante que 22 provincias, que registran el 80 por ciento de la población nacional, aparecen en la tercera categoría, desarrollo medio bajo, y entre ellas se encuentran las más pobladas como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, San Juan y San Pedro de Macorís. Influye tanto la reducción del ingreso, como de la calidad de los servicios de educación y salud.

Elías Piña es la provincia de menor desarrollo humano, 40 por ciento por debajo del promedio nacional. Junto a Bahoruco, Independencia, Pedernales y El Seibo, integra un quinteto de bajo desarrollo humano. Llama la atención que la provincia La Altagracia, donde se concentra el turismo, uno de los motores impulsores del crecimiento económico nacional, registra uno de los más altos niveles de desigualdad, con el 70 por ciento del ingreso en el quintil más rico.

Al presentar el informe, los economistas dominicanos del PNUD Melisa Bretón y Sócrates Barinas resaltaron que los logros registrados en el período “se ven reducidos por la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con tímidas reducciones en la brecha salarial de género, la inserción laboral de las mujeres y su participación en cargos electivos”. Por eso el país pierde el 44 por ciento de su potencial de desarrollo, y en promedio las mujeres tienen ingresos 18 por ciento menores que los hombres. Oxfam lo sitúa en 20 por ciento en la región latinoamericana.

Una dramática desigualdad

La extrema desigualdad del ingreso salarial y la concentración de la riqueza en el país quedan manifiestos en el mapeo del PNUD: el 20 por ciento del quintil de mayores ingresos recibe el 50 por ciento de la riqueza nacional, mientras el 20 por ciento del quintil más pobres apenas el 6 por ciento.

Ese diagnóstico de la desigualdad es similar al presentado en enero por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), donde se marca un ligero descenso de la desigualdad en el país entre el 2002 y el 2012, pero con incremento entre el 2014 y el 2017, en pleno período de alto crecimiento económico. Fue el peor resultado entre 14 países de la región analizados en el Panorama Social de América Latina 2019 de la CEPAL, donde el quintil más alto concentra el 47 por ciento de la riqueza y el más bajo el 7 por ciento.

La pobreza salarial dominicana ha sido resaltada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien hace diez días insistió en que el crecimiento económico debe derramarse para alcanzar a los más pobres. Sostiene que el poder adquisitivo del salario dominicano está a nivel de la década de los noventa. A diciembre pasado el costo de la canasta familiar del quintil más pobre se situó en 13 mil 818 pesos, pero el promedio de los salarios mínimos del sector privado estaba en 10 mil 947 pesos, 21 por ciento por debajo. El salario promedio cotizable a la seguridad social se sitúa en 22 mil 967 pesos, 23 por ciento por debajo del costo promedio de la canasta familiar, anclado en 30 mil pesos.

La desigualdad salarial es brutal aún en el sector público, donde todavía el salario mínimo es de 5 mil 117 pesos mensuales, incluyendo a más de 100 mil pensionados del Estado. Conviven con salarios y pensiones que llegan hasta 800 mil pesos.

Mayor concentración internacional

La extrema desigualdad ha sido registrada internacionalmente y en América Latina, considerada la región más desigual del mundo, como lo hizo Oxfam en su último informe de finales del año pasado bajo el título “Democracias Capturadas: El Gobierno de unos pocos”.

Según este informe, el 1 por ciento más rico de América Latina y el Caribe concentra el 37 por ciento de la riqueza, 7 puntos más que en el año 2000. El 20 por ciento más rico concentra el 45 por ciento de los ingresos, mientras el 20 por ciento m ás pobre, sólo alcanza el 6 por ciento de los bienes. La riqueza de 89 latinoamericanos que aparecen en la lista de Forbes con más de mil millones de dólares, es de 440 mil millones de dólares, superando el producto interno bruto de cada uno de los países de la región.

Y las mujeres ganan un promedio del 16 por ciento menos que los hombres, y dedican el doble de horas por día a trabajos no remunerados.

A nivel internacional, el diagnóstico de Oxfam el año pasado sobre la concentración del ingreso es todavía más terrible: el 82 por ciento de la riqueza mundial generada durante el 2017 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre –3 700 millones de personas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. Y sólo 8 hombres acumulan igual cantidad de riquezas que esa mitad de la humanidad.

Una sociedad más insegura

La preocupación por la concentración de la riqueza en el mundo se ha generalizado en los últimos años, sobre todo después de la crisis financiera del 2008, que la disparó aún más, Hasta algunos de los mayores concentradores norteamericanos, como Warren Buffett, se han adherido al clamor, consciente de que están generando un mundo cada vez más inseguro e insostenible.  Los europeos lo han vivido con el terrorismo y los millones de asiáticos y africanos tocando sus puertas, aunque millares hayan convertido el mar Mediterráneo en un inmenso cementerio acuático.

En el mundo desarrollado la concentración y la crisis del capitalismo están reduciendo el estado de bienestar de los últimos 70 años, que amplió la clase media, con expresiones tan desconcertantes como la del brexit en el Reino Unido o el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Mientras en América Latina la democracia capturada hace aguas, entre proyectos populistas insostenibles e inestabilidad política que abre paso a absurdos como el Bolsonaro de Brasil.

En América Latina la concentración y la desigualdad están vinculadas al gobierno para unos pocos a cambio de una enorme corrupción que permite la emergencia de una plutocracia de nuevos multimillonarios. El efecto demostración, los resentimientos y la exclusión generan delincuencia que permea las instituciones represivas del Estado, configurando un futuro sin seguridad para nadie. La República Dominicana no escapará de esa perspectiva, sobre todo cuando termine de agotarse la pista del endeudamiento descontrolado en que se ha cifrado el crecimiento de los últimos años.-

Mayor concentración internacional

La extrema desigualdad ha sido registrada internacionalmente y en América Latina, considerada la región más desigual del mundo, como lo hizo Oxfam en su último informe de finales del año pasado bajo el título “Democracias Capturadas: El Gobierno de unos pocos”.

Según este informe, el 1 por ciento más rico de América Latina y el Caribe concentra el 37 por ciento de la riqueza, 7 puntos más que en el año 2000. El 20 por ciento más rico concentra el 45 por ciento de los ingresos, mientras el 20 por ciento más pobre, sólo alcanza el 6 por ciento de los bienes. La riqueza de 89 latinoamericanos que aparecen en la lista de Forbes con más de mil millones de dólares, es de 440 mil millones de dólares, superando el producto interno bruto de cada uno de los países de la región.
Y las mujeres ganan un promedio del 16 por ciento menos que los hombres, y dedican el doble de horas por día a trabajos no remunerados.

A nivel internacional, el diagnóstico de Oxfam el año pasado sobre la concentración del ingreso es todavía más terrible: el 82 por ciento de la riqueza mundial generada durante el 2017 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre –3 700 millones de personas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. Y sólo 8 hombres acumulan igual cantidad de riquezas que esa mitad de la humanidad.

Una sociedad más insegura

La preocupación por la concentración de la riqueza en el mundo se ha generalizado en los últimos años, sobre todo después de la crisis financiera del 2008, que la disparó aún más, Hasta algunos de los mayores concentradores norteamericanos, como Warren Buffett, se han adherido al clamor, consciente de que están generando un mundo cada vez más inseguro e insostenible. Los europeos lo han vivido con el terrorismo y los millones de asiáticos y africanos tocando sus puertas, aunque millares hayan convertido el mar Mediterráneo en un inmenso cementerio acuático.

En el mundo desarrollado la concentración y la crisis del capitalismo están reduciendo el estado de bienestar de los últimos 70 años, que amplió la clase media, con expresiones tan desconcertantes como la del brexit en el Reino Unido o el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Mientras en América Latina la democracia capturada hace aguas, entre proyectos populistas insostenibles e inestabilidad política que abre paso a absurdos como el Bolsonaro de Brasil.

En América Latina la concentración y la desigualdad están vinculadas al gobierno para unos pocos a cambio de una enorme corrupción que permite la emergencia de una plutocracia de nuevos multimillonarios. El efecto demostración, los resentimientos y la exclusión generan delincuencia que permea las instituciones represivas del Estado, configurando un futuro sin seguridad para nadie. La República Dominicana no escapará de esa perspectiva, sobre todo cuando termine de agotarse la pista del endeudamiento descontrolado en que se ha cifrado el crecimiento de los últimos años.

MAPA DE DESAROLLO POR PROVINCIAS.pngMAPA DE DESAROLLO POR PROVINCIAS 111.png