Atascada la maquinaria continuista; Danilo reconocería sus limitaciones

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZA un año de la elección presidencial la opinión pública sigue dominada por el intento sin precedente de una segunda reforma constitucional para la continuidad del mismo mandatario, lo que luce cada vez más riesgoso para la institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Fracasado el publicitado intento de hacer aprobar en la reunión del lunes 13 el proyecto de buscar una nueva reforma constitucional pro reelección, y a pesar de una ofensiva provincial en favor del presidente Danilo Medina, el propósito luce atascado, sin que se vislumbre la brecha por donde pueda ser colado.

Cada vez parece pesar más el enorme rechazo social, que ratifican las encuestas, a la segunda reelección consecutiva para un tercer período presidencial de Medina, a lo que se suman hasta factores internacionales, por lo que crece la convicción de que el pragmatismo llevará al mandatario a declinar, aunque intentaría acuerdo para una candidatura de consenso en su partido.

Ni intentaron sacar cabeza

            Constituyó un revés para los promotores del continuismo gubernamental que ni siquiera pudieran sacar la cabeza en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del pasado lunes 13, tras dos semanas de persistentes versiones de que allí quedaría sellado el proyecto, que el mes de mayo sería definitivo y hasta que el Ministro de la Administración Pública Ramón Ventura Camejo repetiría la hazaña del 2015 cuando tomó la iniciativa que culminó en un acuerdo para modificar la Constitución pro reelección de Medina.

Ni Camejo ni ningún otro propulsor de la reelección sacaron la cabeza en la reunión, cuya agenda fue ratificada horas antes por el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y representantes del presidente del partido, Leonel Fernández, ambos aspirantes a la candidatura presidencial. Y el encuentro transcurrió como si no hubiese una magna confrontación en el seno del partido entre los grupos que encabezan sus dos líderes. Se abocó a ratificar la aprobar la convocatoria de una reforma estatutaria que permita la elección de los candidatos mediante primarias abiertas, y a discutir las opciones tras la salomónica resolución de la Junta Central Electoral sobre el voto de arrastre a los senadores.

            Aunque pocos dirigentes peledeístas quieren referirse públicamente al tema, no son pocos los que admiten en privado que resultaría riesgoso presentar en el Comité Político una resolución que contradiga el acuerdo que ese organismo hizo hace 4 años “para salvar la unidad del partido”, el cual implicó la reforma para habilitar la candidatura a la reelección de Danilo, pero también el compromiso de consignar en la Constitución que él no podrá ser candidato presidencial para el 2020 y “nunca más”, como en efecto se hizo.

No estamos en el 2015

Tres reconocidos abogados constitucionalistas, que incluso han sido consultores de organismos estatales y guardan distancia de la oposición política, advirtieron el miércoles que las circunstancias de ahora no son las del 2015, y que los riesgos de imponer otra reforma constitucional son tan elevados que generarían crispación y una perturbación que podría resultar traumática para la sociedad dominicana. Hace cuatro años las encuestas arrojaban hasta dos tercios en favor de un segundo período para Medina, similar a la proporción que ahora rechaza un tercero.

Las opiniones de Cristóbal Rodríguez, Nassef Perdomo y Eduardo Jorge Prats en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio tuvieron más significación por sus respectivas posiciones políticas moderadas, especialmente la del último, persistente consultor de instituciones estatales y abogado del Partido Revolucionario Dominicano, principal aliado político del gobierno al que se considera dispuesto a respaldar nuevamente otra postulación de Medina. Condicionaron la reforma constitucional a que sea fruto de un consenso social y político que está lejos de vislumbrarse.

Es que nadie ignora que el presidente Medina no tiene consenso ni en su propio partido, y mucho menos en el resto de la sociedad, para intentar la segunda reelección consecutiva, ni los dos tercios de los votos de la Asamblea Nacional necesarios para reformar la Constitución, y que para lograrlos tendría que utilizar el poder económico y político del Estado, en desmedro de la institucionalidad de los partidos y de la democracia misma.

Resistencia en dos frentes

            Para modificar la Constitución los danilistas necesitan pelear al mismo tiempo en dos frentes, interno y externo. El primero está encabezado por Leonel Fernández, quien encarnó los tres primeros gobiernos del PLD, que retiene la presidencia del partido, y se ha mantenido en medio de la calle desde agosto del 2017, buscando de nuevo la candidatura presidencial. En su favor opera no sólo el liderazgo, la gratitud y lealtad que mantiene en amplios segmentos de la dirección y militancia de su partido, sino también el hecho de que ya él declinó dos veces consecutivas en beneficio de la candidatura de Medina, cuyo primer triunfo en el 2012 fue en gran medida debido a que aquel metió el Estado entero en la campaña electoral, gastando en exceso fiscal más de 150 mil millones de pesos.

El problema se complica porque Leonel aparece firme en que “esta vez no hay marcha atrás”, ratificando que defenderán la Constitución y la democracia, lo que fue ratificado esta semana por 36 diputados peledeístas con un duro pronunciamiento. Junto a 6 senadores, serían 42 votos del PLD  en la asamblea nacional. Si le suman los 46 del Partido Revolucionario Moderno que también esta semana publicaron su decidido rechazo a la reforma constitucional, ya serían 13 votos más de los 75 que impiden los dos tercios. Sin contar por lo menos la mitad de la docena de reformistas, y los de 6 diputados  de partidos minoritarios, incluyendo tres que fueron electos en las boletas peledeístas. También faltarían varios perremeistas que, como Ginett Bournigal estiman innecesario firmar un documento al respecto.

Muchos consideran que el gobierno tiene poder para comprar treinta votos, pero la resistencia dentro y fuera del PLD llega a niveles que crea dudas. Peledeístas y reformistas han prometido denunciar en “un paredón moral” a quien venda su voto, y los líderes del PRM han ratificado que expulsarán a quien traicione la línea partidaria.

Hasta factores externos

Entre los ingredientes que han atascado el proyecto continuista aparecen los recientes resultados de las encuestas más acreditadas del mercado electoral dominicano, la Gallup-HOY y la de Mark Penn-Sin, manteniendo el rechazo a otra reforma constitucional reeleccionista cerca de los dos tercios. Según El Caribe del 8 de mayo, el rechazo promedió 64% en 14 encuestas publicadas desde marzo del 2018. En la última Penn fue 61%, pero en la Gallup 68, con el agravante de que un 62% dijo que no votaría por Medina si lograra ser postulado.

Los factores externos tampoco han sido favorables para el proyecto continuista, incluyendo la nada disimulada preferencia expresada por la embajadora Bernstein por la alternabilidad democrática, al ponderar lo beneficioso que es el sistema estadounidense de dos períodos presidenciales y nunca más, como indica la Constitución que promulgó Medina.

En esa dirección se inscribió el jueves el senador Bob Meléndez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EU, en una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, expresando “profunda preocupación” por los esfuerzos para reformar la Constitución dominicana a fin de permitir al presidente Medina “una segunda reelección sin precedente”.

Meléndez recordó que a principio del año el Senado aprobó una resolución reafirmando el compromiso con los principios democráticos en Bolivia y en toda América Latina y el Caribe “respaldando los límites del período presidencial con controles razonables contra una historia de golpes, corrupción y abusos de poder”. Pidió que EU “utilice todas las herramientas diplomáticas a su disposición para subrayar la importancia de la gobernabilidad democrática” en la RD.

La iniciativa ocurrió pocos dis después que el principal precandidato opositor, Luis Abinader, anduviera por Washington denunciando los riesgos del continuismo dominicano. Y es que una segunda reforma constitucional seguida para mantenerse en el poder, colocaría  la nación al nivel de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, donde la carta magna se reforma cada vez que es necesaria en aras del continuismo en el poder. Con esos dos vecinos, y con Cuba y Haití, lo que menos quiere arriesgar EU es la inestabilidad política en RD.

La gran opción de Danilo

Cada vez son más los que entienden que son grandes los riesgos a que se expondría el presidente Danilo Medina, tanto para su partido como para la sociedad dominicana, intentar “lo que nunca se ha hecho” en materia de reelección, dos reformas constitucionales consecutivas por el mismo mandatario. Ya esta semana los diputados de su partido Juan Comprés, Carlos Quiñonez y Demóstenes Martínez  le recordaron que fue él mismo quien redactó el transitorio de su Constitución que le prohíbe ser candidato en el 2020 y nunca más.

Las ambiciones de algunos seguirán produciendo actos como los anunciados para este domingo en la metrópoli capitalina, pero la sagacidad de Medina le deben llevar a seguir el ejemplo de Leonel Fernández, quien en situaciones desfavorables desestimó los clamores de que reformara la Constitución para proseguir en el poder en el 1998 y en el 2012, y logró mantenerse vigente hasta ahora. La primera vez dejó el Senado reunido un sábado, esperando el proyecto de reforma, tras comprobar que le faltarían votos, aunque habían “conquistado” casi todos los reformistas y algunos perredeístas. Y hasta la fecha Fernández dice que otros querían arrastrarlo.

Con todo el poder que heredó y el que ha acumulado, Danilo podría buscarse una negociación en su partido, para una candidatura de consenso, o que se le garantice seguridad, y hasta quitarle el “nunca más” para después del 20, evadiendo lo que cada vez más luce como una peligrosa aventura política. Puede ser que lo sepa hace tiempo y que hasta lo tenga decidido, pero crea necesitar un clamor mayor en su favor para imponer la transacción más favorable.-

Ahora las democracias ya no mueren manu militari, sino de inanición política

27_04_2019 HOY_SABADO_270419_ El País12 B

Sobran razones al arzobispo Francisco Ozoria y a todos los que temen que el país se encamina a un nuevo tipo de dictadura, que ya no se define por los sables, el asesinato y el exilio, sino por el socavamiento de las bases institucionales y el predominio caudillista

                                                Por Juan Bolívar Díaz

No sería racional sostener que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina es una dictadura clásica del siglo pasado, como la definió el general peruano Manuel Odría cuando le pidieron que explicara su afirmación de que él gobernaba con la religión y el deporte (1948-56), y respondió: “que quien no comulga conmigo, lo deporto”.

Tal como sostienen los académicos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro de septiembre pasado “Cómo Mueren las Democracias”, éstas ya no fracasan de forma dramática a manos de generales, sino de líderes electos que socavan poco a poco las bases institucionales, en pasos apenas apreciables.

La dictadura según Ozoria

Han tenido que manipular al Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para intentar descalificarlo por su advertencia de que “si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia una dictadura”, tras quejarse de que la actual estructura gubernamental no respeta la independencia de poderes en que se fundamenta la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución. Y le sobran razones tanto a él como a otros prelados, sacerdotes, ministros de diversos credos y dirigentes políticos y sociales que en las últimas semanas denuncia la erosión de las frágiles bases de la democracia dominicana, en aras del continuismo en el poder.

Los detonantes han sido dramáticos: la impudicia con que a la vista de todos el presidente Medina manejó el Consejo Nacional de la Magistratura, colocando en un paredón de calumnias y mentiras al mayor símbolo de la independencia judicial, Miriam Germán, para sustituir sin la correspondiente evaluación a casi la mitad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en violación de la Constitución, varias leyes y el reglamento del organismo. Y luego por las presiones, amenazas y acciones intimidatorias contra los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por la sentencia que afecta a un partido aliado del gobierno, lo que Participación Ciudadana definió como ominosa advertencia contra otros órganos, entidades y ciudadanos.

Es obvio que en el país no hay presos políticos ni los asesinatos y deportaciones que caracterizaron las dictaduras desde el inicio de la República, pero es cuasi dictatorial que se sustituyan jueces clamando falsedades, o que al presidente del TSE le despojaran de su escolta en plena calle, y que ministros y el mismo Procurador General lo citaran de madrugada, o que se revele que  en dos años se solicitaron 17 mil 637 interceptaciones de teléfonos bajo el pretexto de una investigación judicial, muchos de ellos con nombres ocultos, porque no procedían.

Baja calidad democrática

La pobreza institucional de la nación quedó documentada en el reciente informe sobre Calidad de la Democracia en la República Dominicana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resumido en El Tema de HOY del 30 de marzo último, en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe, sólo mejor que Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. De 100 indicadores, sólo registramos 20 como satisfactorios, con 32 aceptables y 48 deficitarios.

“Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial  y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las leyes… aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo en el país” (página 98 del informe).

“La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado. Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia ante situaciones con potencial desestabilizador” (página 129).

“La República Dominicana presenta calificaciones bajas y muy bajas en lo relativo a los límites y controles de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del funcionariado público” (página 140).

El control casi absoluto del PLD

  • Mantiene la presidencia de la nación desde el 2004, en elecciones profundamente desiguales, con abuso del Estado y grandes déficits fiscales en las campañas electorales
  • Absoluto control del Poder Legislativo, arrebatando hasta la única senaduría opositora en el 20l0
  • Reformas constitucionales en el 2010 y 2015 para garantizarse el control del Estado
  • Dirigentes del PLD controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público
  • Elección de una mayoría de dirigentes y allegados en los órganos electorales
  • Apropiación de dos tercios del 10 por ciento de los ingresos fiscales que la ley destina a los ayuntamientos, a los que sustrajo $184 mil millones sólo en el lapso 2013-18
  • Violación sistemática de leyes fundamentales, como la del sistema financiero, la de salarios públicos, y la de Estrategia Nacional de Desarrollo
  • Manipulación de la opinión pública con tres mil comunicadores en las nóminas estatales, inversión publicitaria de $10 millones por día y presión a independientes.
  • Utilización de jueces y árbitros electorales para destruir o reducir partidos opositores
  • El Comité Político del PLD, 35 miembros, decide hasta las reformas constitucionales
  • Cooptación de gran parte del liderazgo político, sindical,profesional, artístico, y dirigentes sociales mediante empleos, becas, compras y contrataciones.
  • Creación de miles de empresas de dirigentes y allegados, mediante corrupción y privilegios
  • Controles sobre 1 millón 200 mil personas, mediante programas sociales que apenas promedian 30 dólares mensuales
  • Incorporación a las nóminas y nominillas públicas de decenas de miles de dirigentes del PLD
  • En el 2016 designaron 33 mil empleados temporeros, activistas electorales

La muerte de la democracia

            En un libro de 335 páginas, Levitsky y Ziblatt sostienen que la democracia se bate en retirada en muchas partes del mundo, incluido los Estados Unidos, sobre todo tras el apogeo de Donald Trump, víctima de los políticos, no de los generales, que abusan de los mismos mecanismos que les permitieron acceder al poder, desconociendo las reglas de la tolerancia mutua y la contención institucional, “apresando a los árbitros, marginando a los actores clave, y reescribiendo las reglas del juego para inclinar el campo en contra de sus adversarios” (página 206).

“Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama. Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas, Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos” (página 13).

Con múltiples ejemplos americanos y de otros continentes, los autores dedican un capítulo 4 a describir cómo se realiza “La subversión de la democracia”. Con frecuencia el desmantelamiento es paulatino. “Al principio puede resultar imperceptible…siguen celebrando elecciones, los políticos de oposición siguen ocupando escaños en el Congreso y la prensa sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco (página 95).

“Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad…Y las agencias de inteligencia pueden dedicarse a espiar a las personas críticas y desenterrar material para chantajearlas…despidiendo a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por leales” (página 96).

Una descripción local

El libro de Levitsky y Ziblatt parece una descripción del proceso seguido por el PLD en el poder. Subraya que “La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rasgo de disidencia… A medida que los medios de comunicación más destacados son atacados, otros se vuelven recelosos y empiezan a practicar la autocensura… también buscan debilitar a los empresarios con medios para financiar a la oposición e intentan silenciar a figuras culturales populares o de reputación moral (páginas 103-104).

“Los autócratas que pretender consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución,, el sistema electoral y otras instituciones de modo que resultan desfavorable o debilitan a la oposición” (página 106). Para que el sistema constitucional funcione, debe darse un delicado equilibrio entre el poder ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. El Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia” (páginas 147-148).

Los autores sostienen que “Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no solo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe realizarse mediante sistemas democráticos… La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.

La maldita reelección

            Como siempre en la historia nacional, detrás de grandes intentos por subvertir el orden institucional, se encuentro un proyecto de prolongación indefinida en el poder, lo que se ha llamado “la maldita reelección”, y eso comenzó a tomar cuerpo desde antes de la mitad del segundo período del presidente Medina, pese a una prohibición constitucional por él mismo auspiciada en el 2015, como ha quedado documentado en esta página:

  • “Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política”. 14 de abril del 2018, cuando su Senado aprobó el absurdo proyecto de ley que buscaba imponer a todos los partidos el padrón abierto para elegir candidatos.
  • “Otra reelección de Danilo Medina le saldrá muy cara a la nación” (25 de agosto del 2018).       
  • “Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática” (29 de diciembre del 2018).
  • “El discurso de Medina inicia la ofensiva por su reelección” (2 de marzo del 2019)
  • “La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región” (30 de marzo del 2019)
  • “Nuevo escándalo: el PLD y su Gobierno socavan la institucionalidad democrática” (13 de abril del 2019).

 

Habrá que defender los beneficios de la elección municipal separada

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ

En las últimas semanas han cobrado intensidad los rumores del interés de sectores peledeístas por volver a unificar las elecciones, lo que requeriría una reforma constitucional, por donde también podrían intentar colar el proyecto reeleccionista

                   

Por Juan Bolívar Díaz

            En ámbitos políticos se anuncia como inminente un intento de pactar entre los grandes partidos la reunificación nuevamente de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales para mayo del 2020, lo que requeriría una reforma constitucional para colar la eliminación de la disposición transitoria que impide repostular al presidente Danilo Medina.

Dirigentes del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno (PRM) advierten de  los riesgos de considerar la reunificación de los comicios, por lo menos mientras exista el interés de modificar los postulados constitucionales sobre la reelección, en tanto líderes de partidos alternativos proclaman como fundamental mantener esa reforma de la Constitución del 2010.

Rumor que cobra fuerza

            Desde hace meses se escuchan clamores contra la separación de las elecciones, provenientes de la misma mayoría apabullante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en gran parte integrantes de la Asamblea Nacional que la instituyó en la Constitución promulgada por el presidente Leonel Fernández en el 2010, pero en las últimas semanas ha cobrado renovado impulso, tanto que algunos la ven como parte de los esfuerzos por abrir una brecha por lo menos a la eliminación de la disposición transitoria incluida en la Constitución promulgada por Danilo Medina en el 2015 para posibilitar su segunda postulación presidencial.

En un comunicado publicado el miércoles bajo la firma del diputado Fidel Santana, como presidente del Frente Amplio, se advierte que sectores oficialistas estarían contando con el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para una ley de convocatoria de la reforma constitucional con el pretexto de reunificar las elecciones, pero tratar de colar una brecha al continuismo. Dirigentes de por lo menos otros dos partidos opositores también expresan en privado sus temores de que “sectores perremeistas se dejen atrapar por el interés de volver a las elecciones unificadas”.

Altas fuentes del PRM confirman que han recibido tanteos, pero sostienen que eso no será posible de ninguna manera, “por lo menos antes de las elecciones primarias” que definirían las candidaturas del PLD. Uno de ellos avanzó que personalmente no estaría de acuerdo en volver a las elecciones conjuntas. De otro lado, Alfredo Pacheco, miembro de la dirección ejecutiva del PRM e influyente diputado, autorizó a publicar su rechazo, indicando que la versión “es parte de la rumoreología que difunden los oficialistas en interés de crear confusión”. Fue categórico en que el PRM está firme y unificado en el rechazo a todo intento por modificar la Constitución en la actual coyuntura política.

Arrastre presidencialista

Se atribuye a legisladores peledeístas el intento de ganar adeptos entre sus colegas de la oposición sobre la base de que al ser las elecciones municipales tres meses antes de las congresuales y presidenciales, los que ganen en las primeras ya no harían mucho esfuerzo para ayudarlos a mantener sus curules. Objetan que la Constitución estableciera el 24 de abril como fecha para que asuman los que resulten electos en las elecciones municipales de febrero, porque le estarían quitando más de tres meses al período de 4 años por el que los actuales fueron electos, sin haberlo especificado en una disposición transitoria, alegando que “eso podría crear un conflicto constitucional”.

Los abogados del propósito parten del temor de que una elección municipal adelantada fragmente más los resultados electorales, especialmente del PLD que ha dependido mucho del apoyo de 14 partidos aliados para mantener su control político. De hecho en las elecciones unificadas del 2016, el partido oficialista obtuvo en su boleta del nivel presidencial el 50.2 por ciento de los votos, para bajar en el congresual al 41.7 y caer al 35.7 por ciento en el municipal. Esos temores se intensifican ante los esfuerzos de casi todos sus partidos aliados de unificarse para competir en las municipales, compelidos por la Ley de Partidos que ya no les garantiza la personería jurídica por sacar un regidor, y los obliga a buscarse por lo menos el 1 por ciento en alguno de los niveles de votación, y el más viable sería el municipal.

La situación del PLD podría ser más frágil aún en los niveles locales, donde las confrontaciones entre los seguidores de los dos líderes que se disputan el partido y las candidaturas, podría abrir túneles por donde se cuelen los opositores. En algunos lugares, quienes resulten perdedores en las primarias podrían vengarse no participando en la campaña y hasta auspiciando votos por alternativos, sobre todo si provienen de organizaciones sociales. Los aliados peledeístas agrupados en “Juntos Podemos” han dicho que apostarían hasta el 50 por ciento de las candidaturas municipales y congresuales con dirigentes sociales y comunitarios, mientras la mayoría de los partidos opositores estarían contemplando una “Coalición Democrática”, que combinaría candidaturas de sus dirigentes y de líderes sociales.

Un plebiscito anticipado

            El temor de que los resultados de las elecciones municipales puedan representar una especie de plebiscito anticipado para las presidenciales y congresuales tres meses después, es otro de los factores que motivan el interés por reunificarlas. Sin el arrastre presidencial y con una alta proporción de alcaldes, regidores y directores de distritos que están en ventaja competitiva por los mismos puestos, existe el riesgo de que se materialice un mayor rechazo local. Muchos de ellos han perdido popularidad hasta entre sus propios compañeros de partido, por la generalización del sectarismo grupal.

Los dirigentes sociales que promueven la “Coalición Democrática” político-social parten precisamente de la importancia de las elecciones municipales adelantadas “para reivindicar la importancia del gobierno y el poder local” y proponen apelar a la amplia franja de electores insatisfechos con el partidarismo tradicional, especialmente a las mujeres que protagonizan el activismo comunitario y a los jóvenes. Tres millones de electores están en la franja de 18 a 35 años, y otros dos millones hasta los 50. El objetivo de esa plataforma sería el desplazamiento total del dominio estatal  peledeísta, o por lo menos la reducción significativa del mismo “de abajo hacia arriba”.

Para el PRM el temor al resultado municipal sería menor, porque la diferencia fue de sólo dos puntos entre su voto presidencial y el municipal, de 26.8 a 24.4. El PRSC casi multiplicó por tres el 5.6 por ciento presidencial al registrar 12.7 por ciento en el municipal, a lo que contribuyó que personificó la alianza con el PRM en la candidatura a alcalde del DN de David Collado, que superó a la alianza encabezada por el PLD. Para estos las elecciones separadas implican desventaja en términos de financiamiento de dos campañas frente a un PLD al que le sobren recursos por su hábito de usufructuar los recursos estatales.

Lucha por la supervivencia

Los condicionamientos para mantener la personería jurídica impuestos por la nueva Ley de Partidos (obtener alguna representación y el uno por ciento de los votos en algún nivel) ha creado un escenario más complejo para 15 de los 26 partidos que compitieron en las elecciones del 2016. Como se puede ver en el cuadro anexo, ninguno de estos alcanzó el uno por ciento y sólo dos más del medio por ciento  de la votación en el nivel presidencial, apenas uno pasó del 1 por ciento en el Congresual y sólo tres en el municipal.

Sea con alianzas o sin ella, esos 15 partidos minoritarios tienen que evadir el mismo escenario del 2016, cuando  al menos 11 de ellos hubiesen perdido la personería bajo los nuevos requerimientos. Las perspectivas apuntan una vez más a la bipolarización porque el cansancio del prolongado dominio peledeísta tiende a potenciar el voto útil por la alternativa que aparezca con mayores posibilidades, que hasta ahora sería por segunda vez el PRM, que se estrenó  encabezando una alianza que consiguió el 35 por ciento para su candidatura presidencial.

Desde dos semanas antes de los comicios del 2016 el PRM protagonizó algún nivel de concertación con otros 10 partidos de oposición, pero su apoyo a la Ley de Partidos rechazada por estos, los distanció y ahora resulta más difícil la consecución de acuerdos.

Partidos que promediaron menos del 1% en los

3 niveles de elecciones  en los comicios del 2016

 

Partidos

Niveles de elecciones

Presidencial              Congresual               Municipal

 

Total

 

Porciento %

De los aliados del PLD          
UDC 0.45 0.55 0.95 1.95 0.65
PCR 0.85 1.13 0.81 2.79 0.93
PTD 0.36 0.50 0.43 1.29 0.43
PPC 0.30 0.45 0.53 1.28 0.43
PAL 0.30 0.39 0.47 1.16 0.39
PASOVE 0.32 0.58 0.47 1.37 0.46
PDI 0.14 0.49 0.44 1.07 0.36
PLR 0.38 0.71 1.02 2.11 0.70
PDP 0.15 0.28 0.21 0.64 0.21
PNVC 0.10 0.24 0.12 0.46 0.15
PRI 0.13 0.24 0.14 0.51 0.17
De los aliados del PRM
DXC 0.64 0.89 1.02 2.55 0.85
Independientes
APD 0.35 0.45 0.28 1.06 0.35
FNP 0.35 0.87 0.46 1.68 0.56
PRSD 0.18 0.47 1.23 1.88 0.63

Elaborado por Juan Bolívar Díaz  con el boletín final de la JCE  de  las elecciones  del 2016

 

 

RD desperdició oportunidad de ayudar a restaurar la democracia en Venezuela

26_01_2019 HOY_SABADO_260119_ El País11 A

Bajo presión internacional el gobierno dominicano se suma al desconocimiento del nuevo período de gobierno de Nicolás Maduro, después de haber desperdiciado, con una mediación parcializada, la oportunidad de contribuir a la restauración de la democracia venezolana

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La crisis venezolana ha alcanzado el temido punto de no retorno que presagia agravamiento de la convivencia democrática, de mayor ruptura institucional y de los procedimientos democráticos, con un agobio económico insostenible, y casi total aislamiento internacional tras el generalizado rechazo a la legitimidad del nuevo período de gobierno que inició Nicolás Maduro.

El Gobierno dominicano se ha sumado al concierto internacional que declara la ilegitimidad del gobierno de Maduro, después de haber desperdiciado absurdamente durante dos años la oportunidad de contribuir a la búsqueda de una salida democrática a la peor crisis institucional, económica y social de la historia de Venezuela.

Una crisis sin retorno

             La crisis política, institucional y económica que por varios años abate a Venezuela entró esta semana en un nivel sin aparente retorno después que el presidente Nicolás Maduro se juramentó para  un nuevo período de 6 años, en medio de un desconocimiento sin precedente de las elecciones celebradas en mayo pasado, adelantadas unilateralmente en medio año, con rechazo de la oposición política que se negó a participar por falta de condiciones para competir.

No se recuerda un precedente de rechazo casi unánime de la comunidad internacional a unas elecciones ni a un gobierno, incluyendo a la Organización de Estados Americanos, con la gran mayoría de sus miembros, especialmente de los mayores, exceptuando a México, de la Unión Europea y de organismos internacionales, así como una veintena de expresidentes. También es inédito el consenso internacional en reconocer como “presidente legítimo”, al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se erigió presidente de Venezuela hasta nuevas elecciones, después que ese órgano, bajo control de la oposición, proclamara ilegítimo el nuevo período de Maduro.

Maduro pretende desconocer la dimensión y consecuencias de su aislamiento internacional, atribuyéndolo al imperialismo norteamericano, aunque hace tiempo que rebasa con mucho el interés de Estados Unidos. El anuncio de la ruptura de  las relaciones diplomáticas y de la expulsión de los representantes diplomáticos y consulares norteamericanos es una medida temeraria porque puede desatar respuestas que agraven la situación, por ejemplo si se cumple el anuncio estadounidense de que mantendrá su representación  en Venezuela. Se descarta la posibilidad de una intervención militar.

El aislamiento del gobierno venezolano y las presiones internacionales en su contra se han elevado tanto en los últimos meses que Maduro ha venido perdiendo apoyo de gobiernos  de la región a quienes había beneficiado con facilidades de financiamiento al petróleo, como el caso de la República Dominicana, cuyo canciller anunció que no reconocerá el nuevo gobierno de Maduro, un giro de 180 grados, y luego sumándose a unos 15 países de la región que han reconocido a Guaidó como presidente. .

Un colapso casi total

            El problema del gobierno de Maduro es que la crisis no es sólo diplomática, sino también institucional y económica, con graves dificultades para mantener suministros de alimentos, medicinas y equipos y materiales de todo género, con déficits fiscales y de intercambio comercial que han destrozado la economía de la nación, especialmente después que terminó el boom petrolero que llevó el barril de ese combustible sobre los 100 dólares el barril, situándose ahora por menos de la mitad.

Las versiones sobre inflación el año pasado pasan del millòn por ciento, pero sería suficiente considerar que al comenzar este año, el gobierno produjo un incremento salarial de 300 por ciento en un intento por compensar la devaluación del peso. La represión política, altas tasas de criminalidad, entre las mayores del mundo, con creciente inseguridad y desempleo, han generado una masiva huida hacia el exterior, estimada sobre 2 millones de venezolanos.

El jueves decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles a demandar el final del periodo autocrático, que ya muchos califican como dictadura. Fue en una de múltiples concentraciones, en la que Guaidó se proclamó presidente legítimo. La repuesta fue tan violenta que cobró más de dos docenas de vidas. Con fuego dentro del país y aislamiento casi total en el exterior, no se vislumbra la menor estabilidad y por el contrario se pueden esperar agraviantes desbordamientos.

Mientras el presidente Donald Trump  no descarta ninguna vía para sacar a Maduro del poder, la Rusia de Putin teme un baño de sangre y los mandos militares leales al gobierno de Maduro denuncian que se intentaría un  golpe de Estado, parecen extinguirse las posibilidades de una solución negociada ,temiéndose agravamiento de la represión y la violencia.

Maduro se las juega todas  

            El proceso tras la muerte del carismático Hugo Chávez en marzo del 2013, indica que Nicolás Maduro está dispuesto a jugárselas todas bajo cualquier circunstancias, lo que contribuye a que sus oponentes descarten salida que no sea su deposición. La precariedad de su triunfo electoral, tras la desaparición del líder de la “Revolución Bolivariana”, con apenas 50.6% del sufragio, en unos comicios donde el gobierno tuvo las máximas ventajas, indicó que Venezuela entraba en una nueva etapa.

Sin el Chávez que lograba sobre el 60 por ciento de los votos en numerosas consultas, el régimen comenzó a resquebrajarse. La respuesta fue primero la unilateral convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente,  en la que la oposición no participó alegando manipulaciones. Se esperaba que el objetivo fuera una nueva reforma constitucional, pero en la práctica se trató de un golpe de Estado institucional, al despojar a la Asamblea Nacional de sus funciones.

El paso siguiente fue el adelanto de las elecciones presidenciales que deberían efectuarse a final del 2018. Aunque en principio la fijaron para abril de ese año, se materializaron un mes después, sin participación de la oposición, y lo peor es que la decisión fue unilateral justo cuando oposición y gobierno llevaban dos meses de intensas negociaciones buscando solución a la crisis. Por demás, se prohibía la participación de líderes y de la Mesa de la Unidad Democrática que había alcanzado éxito en la elección de la Asamblea Nacional el 30 de julio del 2017.  El régimen no dejó opción a la oposición que no fuera la abstención, con lo que Maduro  evitaba exponerse a otra derrota electoral que le costaría el gobierno.

Penosa mediación de RD

            Ahora que casi toda la comunidad internacional aísla y desconoce el régimen de Maduro, el presidente Danilo Medina ha roto sus vínculos con el madurismo y no sólo se ha sumado a la declaración de ilegitimidad del nuevo período gubernamental, sino que también ha reconocido como Presidente a Guaidó, demandando nuevas elecciones.

Pero fue penoso el papel jugado por el gobierno dominicano, con el presidente Medina participando intensamente en una mediación que se parcializó con el régimen venezolano. Fue tanto que la cancillería dominicana montó un escenario para que los opositores firmaran el acuerdo que proponía el gobierno venezolano, que ellos rechazaban porque ignoraba sus reclamos de garantías para participar en las elecciones que habrían de celebrarse al final del 2018.

Los opositores pedían un nuevo consejo electoral independiente, libre participación de todos los partidos y candidatos, restablecimiento de los pode4res de la Asamblea Nacional legítimamente electa, y liberación de presos políticos. Lo peor fue que el adelanto de las elecciones en 6 meses se anunció unilateralmente en Caracas mientras en Santo Domingo las dos partes negociaban solución conjunta.

Una oportunidad perdida

Una mediación menos complaciente pudo haber presionado al gobierno venezolano a atender los reclamos de la oposición y evitado decisiones políticas fundamentales unilaterales en medio de las conversaciones, pero aparentemente pudo más la  gratitud del gobierno dominicano con el venezolano que había dado facilidades de financiamiento petrolero al país por más de 4 mil millones de dólares, utilizados hasta para apoyo presupuestario.

Esa pudo haber sido la razón de la confabulación del gobierno de Medina con el de Maduro, ingratitud ante la histórica deuda por la reiterada solidaridad venezolana con los dominicanos desde el nacimiento de la Repùblica, pero lo que no se ha explicado nunca ha sido la del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, quien por momentos apareció más complaciente aún y renunció al papel del facilitador de acuerdos.

En “El Tema de HOY” del 3 de febrero del 2018 se advertía que la continuidad impuesta de Maduro bloquearía la solución de la crisis venezolana y que “no promete más que la prolongación de una agonía que tropezará con una salida violenta, porque a ese ritmo no resistirá otros seis años”. Las actuales circunstancias no auguran más que mayores sufrimientos para los venezolanos, y una salida que podría ser muy explosiva.-

———————————————————————————————————

Cronología mínima de la crisis venezolana

Marzo del 2013:Muere el presidente Hugo Chávez, tras 14 años de gobierno y Nicolás Maduro asume el poder, convocando elecciones en 30 días.

Abril del 2013:Maduro es electo presidente con el 50.6% del sufragio. Pese a la desigual competencia, el opositor Henrique Capriles alcanza el 49.4%

Abril del 2015:La opositora Mesa de la Unidad Democrática gana dos terceras partes de los escaños en la elección para nueva Asamblea Nacional

2016-2017:Los órganos del poder electoral y judicial rechazan la solicitud de un referéndum con apego a la Constitución para revocar el mandato de Maduro

Marzo del 2016:Se inicia un diálogo oposición-gobierno con la mediación de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos

Mediados del 2017:La confrontación gobierno-oposición alcanza altgos niveles de violencia que se extiende por cien días

Julio del 2017:La oposición se abstiene de participar en la elección de una Asamblea Constituyente convocada por el gobierno, el que obtiene la totalidad de los delegados

Agosto del 2017:La asamblea Constituyente empieza a asumir las tareas de la Asamblea Nacional, desconocida de facto por el gobierno.

Septiembre del 2017: El presidente Danilo Medina releva a Leonel Fernández en la mediación, que se intensifica a fin de año. También queda excluido Torrijos

Enero del 2018:La Asamblea Constituyente y el Consejo Electoral anuncian elección presidencial para el 8 de abril, adelantándola 8 meses, sin consulta a la oposición

Enero del 2018:Fracasa definitivamente el diálogo celebrado durante dos meses en Santo Domingo con participación directa de Medina y Rodríguez Zapatero

Mayo del 2018:Se celebran las elecciones sin participación de la oposición y Maduro se da por reelecto, aunque la abstención pasó del 50%

Durante el 2018:La República Dominicana apoya la posición de Venezuela frente a los reclamos de la OEA y el Grupo de Lima por el el restablecimiento de la democracia. Al final se abstiene

Enero del 2019: Maduro se juramenta para nuevo período de 6 años, con muy amplio rechazo internacional. El Gobierno dominicano se suma en la OEA a la declaración de ilegitimidad