Contundente álbum de la corrupción agravada cada año por la impunidad

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El partido Alianza País acaba de publicar un contundente álbum de la corrupción y la impunidad, muy superior al del PLD de 1981 y que se inscribe en los más recientes informes de Participación Ciudadanos “20 años de Impunidad y “La corrupción sin castigo”  

Por Juan Bolívar Díaz

         El Partido Alianza País (AL País) acaba de publicar un contundente álbum de la Corrupción que supera con creces el de “Vanguardia del Pueblo”, el periódico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en 1981 y se inscribe en la línea de los más recientes  informes de Participación Ciudadana “20 Años de Impunidad” y “la Corrupción sin castigo”.

La verificación gráfica de la magnitud de los casos de corrupción de los últimos años evidencia la cada vez más complicada trama de corrupción que afecta la sociedad dominicana y el nivel de impunidad predominante a pesar de que crece en la población la consciencia sobre su impacto en la pobreza material y en la institucionalidad democrática.

Valioso documento gráfico

                  El vocero oficial de Al País, “El Aliancista” dedica sus veinte páginas tabloides bajo el título “20 años de corrupción e impunidad” a recopilar más de 50 escándalos de corrupción de dos décadas que incluyen varios  del gobierno del presidente Hipólito  Mejía 2000-04, pero la mayoría de los tres períodos del presidente Leonel Fernández y luego de los dos que agota el presidente Danilo Medina.    Los escándalos más antiguos en que se detiene la publicación son los de las sobrevaluación denunciada en la construcción del aeropuerto La Isabela, el Programa de Empleos Mínimos Estatales (PEME) y desfalco en el Banco Agrícola en el primer gobierno de Fernández. Luego los del período de Mejía: tarjeta de Pepe Goico (Pepegate), en Autoridad Portuaria, el Instituto de la Vivienda y el Plan de  Renovación de Vehículos (Renove).

Del período de 8 años de Fernández (2004-12) son la mayoría: en la Liga Municipal, Lotería Nacional, direcciones de Migración, Pasaporte e Instituto de Recursos Hidráulicos, desfalco aduanal en Santiago, los mayúsculos de la Sun Land y los aviones Tucano, la construcción de polideportivos del Ministerio de Deportes, las sobrevaluaciones en los parqueos de la UASD, de Bellas Artes, los vagones del metro, en la OTTT, Ministerio de la Juventud,  y 29 empresas encubiertas de Diandino Peña.

De los gobiernos de Medina se incluyen los referentes a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la venta de Los Tres Brazos, la tragedia del CEA en San Pedro de Macorís, la de OMSA y asesinato del abogado Juniol Ramírez, la tecnología de la Junta Central Electoral,  y el malecón de Nagua. Espacios especiales tienen el escándalo de Odebrecht, la contratación de las plantas de carbón, el déficit fiscal del 2012 por 153 mil millones de pesos, la Fundacion Global, los barrilitos y los cofrecitos de los diputados.  Muchos de ellos documentados en auditorías de la Cámara de Cuentas, todos impunes, excepto el Plan Renove,  aunque ampliamente dilucidados en los medios informativos.

El Album de la Corrupción              

El PLD hizo historia en 1981 con la publicación de su “Album de la Corrupción”, referente sólo a los tres primeros años del gobierno del presidente Antonio Guzmán, en los tiempos en que ese mal social formaba parte de su credo político. Cuando se le revisa resulta “un juego de niños” comparado con la magnitud de los escándalos denunciados en sus gobiernos, algunos que han envuelto hasta 130 millones de dólares como el de Sun Land, o las aún no cuantificadas sobrevaluaciones, sobornos y financiamientos electorales de Odebrecht por miles de millones de pesos..

Lo más relevante fueron las fotografías de tres residencias construidas por el vicepresidente Jacobo Majluta, el secretario sin cartera Lorenzo Sánchez Baret y el secretario particular de Peña Gómez, Aridio García de León, con inversión, según el periódico, de $475 mil, 250 mil pesos, y más de cien mil pesos, respectivamente. Resalta que una auditoría reveló que el síndico del DN Pedro Franco Badía gastó 673 mil pesos en asistencia social entre 1977 y 1981, con interés de promoverse.

Como “Fraude escandaloso” indica que Frank Desueza Fleury, director del IDSS, efectuó compras por 550 mil pesos, cuando solo le habían autorizado 235 mil, para favorecer a 7 empresas en detrimento de otras 6. A Gustavo Sánchez Díaz, quien después sería aceptado en el PLD, le endilgan como corrupción haber hecho donaciones por 203 mil pesos en los 3 años que dirigió el INESPRE.

Al vicepresidente Jacobo Majluta y su hermano Freddy que después sería aliado y funcionario del PLD les dedican las páginas centrales del álbum. Al primero le endilgan que como director de CORDE había donado más de $92 mil a 160 personas que no eran empleados, en sumas que oscilaban entre $200 y $4,000. También que gastó $116 mil para imprimir calendarios donde aparece en fotografía con el Papa y otros $28 mil para hacerse 200 mil fotografías a color para promoción política.  A Hipólito Mejía, que como secretario de Agricultura hizo compras de fertilizantes de forma irregular  por 10 millones de pesos, entre ellas a la empresa Fuerza Agrícola a la que estaría vinculado, sin aportar pruebas.

Un referente por años

El album de Vanguardia del Pueblo fue de ocho página y tuvo una tirada de 100 mil ejemplares que se distribuyeron en las  calles y durante años quedaría como un referente de las denuncias de corrupción. Su análisis pormenorizado revela una carencia de documentación, incluyendo como corrupción programa de asistencia social que realizaba la entonces  Secretaría de Salud Pública entre apenas cientos de indigentes. Origen de los  programas asistencialistas por miles de millones de pesos en los gobiernos del PLD.

Llegaron al extremo de calificar de “repartidera” el gasto de 260 mil pesos del Fondo de Asistencia Social de Salud Pública, documentando cheques de 500 y 600 pesos. Y hasta dos cheques a un restaurante por 454 y 329 pesos, y siete cheques que pagaron dietas entre 200 y 610 pesos a seis funcionarios por viajes al interior de entre dos y cinco días. Denunciaron como “imperdonable derroche” una remodelación del palco presidencial del Estadio Quisqueya por 175 mil pesos, donde los gobiernos del PLD han invertido cientos de millones de pesos en sucesivas remodelaciones y ampliaciones.

En 8 páginas el vocero del PLD incluyó otros casos menores de denuncias que  quedaron cortas en relación a corrupción y malversación, por escasa investigación y porque la política no había degenerado a los niveles de las últimas décadas, especialmente por la extensión de las campañas electorales que distraen recursos públicos incuantificables.

Participación Ciudadana

            El movimiento cívico Participación Ciudadana ha dedicado mucho esfuerzo a denunciar la corrupción y la impunidad en sus 25 años de existencia, con decenas de pronunciamientos, resaltando dos libros,  bajo los títulos de “20 años de Impunidad” y “La Corrupción sin Castigo”, y un folleto didáctico sobre el expediente de corrupción presentado por la Procuraduría General contra el funcionario y senador Félix Bautista..

El primero fue publicado en febrero del 2004 y se refiere al período 1983-03, abarcando los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Registra 227 denuncias de corrupción, de las cuales 185 llegaron al Departamento de Prevención de la Corrupción, de la Procuraduría General, sólo 22 a los juzgados de instrucción, cámara de calificación y cámaras penales, 2 a cortes de apelación y uno a la Suprema Corte. Apenas en 6 casos hubo decisiones judiciales definitivas.

El segundo libro fue publicado en junio del 2014, con investigación de la corrupción del período 2000-13, que incluyó 94 denuncias, pero sólo hubo 8 dictámenes de los tribunales, el más significativo sobre el Plan Renove, por sobrevaluación y favoritismo en la asignación de minibuses financiados por el Estado. Participación Ciudadana figura entre las entidades que han promovido la Marcha Verde contra la impunidad que durante el último año ha sacudido el país, mientras las encuestas señalan ya registran la corrupción entre los mayores problemas nacionales, junto a la delincuencia e inseguridad ciudadana y el desempleo.

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Cómo definía la corrupción el PLD de 1981

Cuando el PLD publicó su Album de la Corrupción el 4 de noviembre de 1981, su líder e ideólogo Juan Bosch estaba en la plenitud de su sus prédicas sobre la ética y la política en función del servicio público. Se le atribuye  haber escrito los dos párrafos siguientes, que fueron la introducción a esa publicación denuncia:

“La palabra corrupción tiene muchas significaciones. Una de ellas es podrido o putrefacto, así como todas las que se derivan de esas dos,  pero en la lengua de los latinos, de la cual pasó a la española, quería decir, y quizás de manera preponderante, no sólo corrompido sino también corruptor, porque el que ejerce la corrupción necesita que alguien sea su cómplice y para conseguir cómplices corrompe a otro como sucede en todos los casos de aprovechamiento del poder sobre el Estado y sus fondos para enriquecerse.

“La corrupción tiene muchas formas, porque no se limita al robo de los dineros que el pueblo le paga al Estado a través de los impuestos directos e indirectos. Se actúa en forma corrupta cuando se sabe que alguien está ejerciendo la corrupción y se le protege con el silencio o se le defiende. Es corrupción usar la influencia que da un cargo público para hacer negocios con el Estado o para beneficiarse de negociantes sin escrúpulos, pero sería también corrupción que nosotros, que no tenemos puestos en el aparato del Estado, nos quedáramos callados ante la ola de corrupción que se ha levantado en el país”.

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Los grandes retos para el Gobierno, los partidos y la sociedad en el 2018

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 La respuesta judicial al escándalo Odebrecht y la corrupción, la conclusión de las plantas de carbón, el déficit fiscal y endeudamiento, el acato al límite constitucional para la reelección, las reformas electorales y los problemas de salud y seguridad son los mayores desafíos para el gobierno     

Por Juan Bolívar Díaz

            El presidente Danilo Medina afrontará grandes retos institucionales, económicos y políticos en un año que agotará más de la mitad de su gobierno, comenzando con su propia base de sustento partidista sumida en una parálisis por la emergencia de tendencias continuistas que precipitan  una pre-campaña electoral del expresidente Leonel Fernández.

Las limitaciones fiscales, las dificultades para concluir su obra cumbre de las plantas de carbón de Punta Catalina y la respuesta judicial al escándalo de Odebrecht marcan el inicio de un año fundamental para que la oposición política empiece a constituir una alternativa organizativa y con base en las reformas electorales pendientes.

Los primeros desafíos

            Entre los primeros desafíos que enfrenta este año el gobierno está la respuesta al escándalo de corrupción Odebrecht. El 7 de febrero se cumplen los 8 meses del plazo para que la Procuraduría General formalice o amplíe las acusaciones presentadas  a finales de mayo contra 14 implicados en los soborns denunciados por 92 millones de dólares. Aunque el juez Francisco Ortega dictó coerción el 7 de junio, posteriormente la jueza Miriam Germán, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, consideró el expediente cargado de vaguedades o suposiciones.

La generalidad de opiniones de juristas, abogados defensores y comentaristas han coincidido en que el ministerio público se limitó a transcribir las implicaciones caracterizadas por generalidades, que le entregó la justicia brasileña, con notoria ausencia de investigaciones en el ámbito nacional para documentarlas. Lo más objetivo o documentado del expediente fueron el centenar de transferencias de cinco empresas offshore de Odebrecht a dos del dominicano Angel Rondón por 83 millones de dólares. El 21 de diciembre Rondón fue incluido por Estados Unidos en una lista de 15 personas a las que acusa de corrupción o violación de derechos humanos, lo que fue interpretado como aviso de que da seguimiento a las denuncias de Odebrecht ante su justicia.

El gobierno afronta la primera renovación de cuatro de los 13 de los integrantes del Tribunal  Constitucional cuyo  período de 6 años venció en diciembre: Víctor Gómez Bergés, quien por edad debió ser relevado en el 2015, Jottyn Cury David, Leyda Margarita Piña, e Idelfonso Reyes. Con el control mayoritario del Consejo de la Magistratura, será importante hacia qué dirección se inclina el presidente Medina.

La confrontación política

            Con el inicio de la legislatura a fin de febrero, se verá si el presidente mantendrá su empeño en imponer el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, que se inscribe en la ruta continuista que se le atribuye, lo que congeló en el Congreso el proceso de aprobación de la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral, ambas orgánicas, por lo que requieren dos tercios de los votos.

El tranque ha dejado paralizado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que no ha podido decidir al respecto. Pasado más de tres meses de la última reunión de su Comité Político el 2 de octubre, donde decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminen sobre si la imposición a todos los partidos de esa forma de elección es inconstitucional, como ya decidió en el 2004 la Suprema Corte de Justicia sobre una ley que la había establecido.

El discurso-informe del presidente ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero, será crucial para despejar la atmósfera política en su propio partido y a nivel nacional, dependiendo de que prosiga o no la ruta de la imposición, lo que mantiene un malestar que abarca la mayoría de los partidos y de las instituciones sociales, y ha disparado la lucha interna a niveles sin precedentes en el PLD.

El mandatario podría seguir guardando silencio sobre lo que es obvio, pero mientras tanto, su contrincante interno, el expresidente de la República Leonel Fernández,  por demás presidente del PLD, aprovechó diciembre para lanzarse al medio de la calle en la búsqueda de apoyo público para una eventual candidatura que Medina no parece dispuesto a avalar. La decisión sacudirá la segunda mitad de su período gubernamental.

Sociedad civil y oposición

            Las dificultades del continuismo en el poder podrían agravarse por efectos externos de repercusión fiscal, como la tendencia alcista del precio del petróleo y la drástica reducción de impuestos decidida en Estados Unidos, que podría generar alzas de intereses.

Está por verse si el Movimiento Marcha Verde logra mantener el vigor que exhibió a lo largo del año pasado, cuando se constituyó en la principal preocupación política para el PLD y su gobierno. La primera prueba será el 28 de enero cuando ha convocado una marcha hacia el Palacio Nacional conmemorativa de su debut el 22 de enero del 2016, cuando sorprendió al país al movilizar a decenas de miles de ciudadanos. Tras una decena de grandes marchas por el país, la última 16 de julio con más de cien mil manifestantes en Santo Domingo, quedó como la mayor demostración de la ciudadanía  dominicana.

La oposición política al régimen peledeísta, debilitada desde los desmembramientos de los tradicionales partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, consumidos por luchas internas e incentivos estatales, afronta este año el desafío de su recomposición a través del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que emergió como alternativa en las elecciones del 2016 con el 35 por ciento de los votos.

El fortalecimiento de la opción PRM depende en gran medida del éxito que alcance el 18 de febrero cuando tendrá su primera votación para elegir sus dirigentes nacionales, municipales y locales con un padrón de casi 500 mil militantes confeccionado en los últimos meses. Si prevalece la voluntad mayoritaria de sus miembros, sin mayores conflictos, se fortalecería como partido de oposición y liquidaría el argumento de que los partidos nacionales no pueden tener un padrón confiable de miembros.

Los problemas de fondo

Las prioridades que ponga en ejecución el presidente Medina a partir de este año  indicarán si asume que está en su último periodo, “y que no podrá postularse jamás al mismo cargo”, como consigna su modificación constitucional del 2015 que le permitió optar por su segundo mandato. Así como no debe esperarse que a estas alturas emprenda la urgente pero difícil reforma fiscal, cuyos beneficios netos se cosecharían al finalizar del período, tampoco debería emprender obras que no pueda terminar en dos años, y por el volumen de inversión que demandan, como la presa de Rio Grande en el sur, o el proyecto de remodelación de La Ciénaga-Los Guandules en Santo Domingo.

Las nuevas inversiones deberían priorizar la conclusión de obras fundamentales como las plantas de carbón, afectada por la grave disyuntiva de dilación por un arbitraje internacional que plantea el reclamo de 708 millones de dólares adicionales por la constructora Odebrecht. Así mismo la segunda línea del metro capitalino, a paso de tortuga aunque  Medina la “estrenó” en la campaña electoral del 2016,  el teleférico de Santo Domingo y la remodelación de casi medio centenar de hospitales, varios de los mayores del país, que llevan cinco años semiparalizados. Es lógico el anuncio de  expansión del exitoso programa 911, que ya opera en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Puerto Plata.

En lo que le queda de período el gobierno de Medina ya sólo podrá poner parches en los problemas de fondo, como agua potable, electricidad, seguridad ciudadana, salubridad y seguridad social, reordenamiento del transporte y vivienda, con programas limitados por la precariedad de financiamiento. Mientras al mismo tiempo tendría que contener el déficit fiscal y su correlativo endeudamiento. Parece tarde para alcanzar  mejoramiento de la competitividad y reducción del crónico déficit de balanza comercial.

Necesidad de nuevo aliento

Ya sea que Danilo Medina acate el imperio constitucional que le prohíbe buscar otra reelección, o que contribuya a desmembrar su poderoso partido y enfrentar al resto de la sociedad, para aspirar al éxito requiere insuflar un nuevo aliento, como jefe del Estado.

La reducción del crecimiento económico durante el año pasado constituye un reto adicional, y el gobierno ha comenzado el año en conflicto con el fundamental sector turístico al cambiar unilateralmente las reglas, sin previo estudio ni consulta, para permitir edificaciones de hasta 22 pisos en las playas, con grandes inversiones limitadas a cinco.

El segmento más vivo de la sociedad dominicana ha iniciado el 2018 agobiado por la corrupción, la impunidad y la desconfianza en las instituciones estatales, manifiesta en las calles, en las encuestas y en el debate de los medios de comunicación.

Hay quienes tienen confianza en que Danilo Medina se sobrepondrá a los intereses que abogan por el continuismo a cualquier precio, y leerá los signos de los tiempos buscando el aliento necesario para concluir su gestión gubernamental con relativo éxito. Pero eso ya no será posible prolongando su silencio y dejando que prosiga la impunidad generalizada y el desprecio a la institucionalidad democrática.-