Falta mucho para que el PLD logre salir de su agobiante Torre de Babel

03_11_2018 HOY_SABADO_031118_ El País12 B

Leonel Fernández salió reducido de la reunión del Comité Central del PLD y Danilo Medina ganó una vuelta, pero le falta mucho para vencer la resistencia de su antagonista, lo que sólo sería posible con otra reforma constitucional reeleccionista

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Si algo quedó claro para quienes se disputan el control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con miras a la candidatura presidencial del 2020, es que los dos sectores enfrentados reconocen que se necesitan mutuamente, cualquiera que predomine, para no arriesgar la unidad y su férreo control del poder estatal, político y social.

Tal como se preveía, el expresidente salió reducido de la reunión del Comité Central del PLD, evadiendo la confrontación para mantenerse en la contienda, dejando evidente que su afán por la candidatura presidencial sólo podrá ser liquidado por un golpe demoledor que abra paso a una reforma constitucional para que el presidente pueda buscar otra reelección.

Leonel: casi un auto gol

El resultado favorece al presidente Medina, pero no define el torneo, luciendo más bien un tente en pies para ganar tiempo, porque Leonel evadió a último momento la confrontación, confiriéndose un auto gol, que pudo haber sido menos significativo si no hubiera publicado su artículo de la víspera, donde planteaba que en la reunión estaría en juego la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho.

Las partes negociaron porque admiten sus respectivas fuerzas y no quieren arriesgar una confrontación final que los distancie definitivamente, lo que implica un reconocimiento de que cualquiera que prevalezca, sobre todo Fernández, necesitará del otro para mantener el extremo de dominación política y social que han impuesto desde el poder y que estará sometido a prueba de hastío y cansancio en los próximos comicios.

Los peledeístas siguen demostrando su profundo amor al poder y disposición de evadir peleas internas definitivas, y aunque menosprecian las posibilidades de la oposición, parecen conscientes del desgaste generado por cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis, con crecientes dificultades para mantener la estabilidad fiscal y ante una profunda insatisfacción mostrada por la Marcha Verde y la paralización esta misma semana de las 14 provincias del Cibao, sin un contundente brazo convocante.

Era obvio que el danilismo controla el Comité Central, al igual que el Comité Político, en proporciones tan altas que pudieron economizarse el año y medio que llevan batallando por imponer la votación universal. Al mantenerse todo el tiempo en movimiento, al frente del partido, Leonel Fernández ha encarecido el golpe contundente, sobre todo cuando todas las encuestas siguen mostrándolo como fuerte contendiente entre los peledeístas y en el universo.

Un conato de reunión

La sesión del sábado 27 fue tan breve que más bien pareció un conato, pues arreglos de último minuto permitieron al presidente del partido presentar su capitulación al rígido rechazo que había mantenido hasta horas antes a la aprobación del método de padrón abierto, o universal para la elección de sus candidaturas. Se sometió a votación una fórmula sin que ningún sector, ni los escasos dispuestos a presentar alternativa, tuviera ni tiempo para pedir que se les escuchara, como deploró Paíno Abréu Collado quien, junto a Melanio Paredes, encabeza un núcleo que se define como “Corriente Institucional” del PLD.

Horas antes, los sectores enfrentados decidieron pactar una tregua, con Leonel cediendo terreno al aceptar el padrón abierto. El mismo leería el acuerdo de tres puntos: el CC aprueba el padrón de la JCE para elegir los candidatos; que una comisión del Comité Político redacte la “adecuación de los estatutos del PLD a la Ley 33.18”; y “que los nuevos estatutos, luego de su adecuación a la ley 33-18, sean RATIFICADOS por la Asamblea de Delegados del partido…”

Melanio Paredes lo calificaría como “una obra de teatro, o una farsa débil y pasajera”, que en realidad no honra la institucionalidad partidista. Primero porque los estatutos no están en contradicción con la ley, puesto que ya establecían uno de los métodos de elección que ésta instituye, y segundo porque los mismos instituyen que es al Congreso del partido a quien corresponde su aprobación. Para optar por otro método de elección, de los previstos en la ley, se imponía abrir los estatutos, es decir modificarlos.

Torre de Babel peledeísta

Lo de “farsa débil y pasajera” quedó evidente pocas horas después del acuerdo, cuando las partes enfrentadas comenzaron a interpretarlos, con suficientes subjetividades para evidenciar que los peledeístas están atrapados en una confusión de lenguas como la derivada de la bíblica Torre de Babel, y que el acuerdo en realidad fue una tregua cada sector buscando ganar tiempo para abrirse senderos más seguros. Leonel buscaba restarle impacto a su tropiezo, aduciendo que el PLD salió más fortalecido porque la fórmula aprobada “salva la Constitucionalidad”.

Para el expresidente, según declaró el día siguiente, lo acordado implica que en la elección de los candidatos votarían todos los peledeístas más los ciudadanos que no estén inscritos en otros partidos, que es el padrón semiabierto, pero lo que el leyó es “primarias abiertas y simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral”, como indica la ley 33-18. Es toda la ciudadanía, sin discriminar sobre inscripción partidaria.

Por otro lado, el secretario general Reinaldo Pared Pérez, quien fuera de los negociadores de último momento para la fórmula transaccional, la ignoraba parcialmente al planear que las primarias abiertas están al margen de los otros dos puntos, por lo que no necesitan ratificación alguna, en lo que se abanderaron otros dirigentes partidistas y legisladores, pero motivo una reacción adversa del notable leonelista, y miembro del Comité Político, Franklin Almeyda.

La opción de las primarias abiertas fue formalmente llevada a la JCE sin aplacar la diversidad de lenguas entre los dirigentes del partido gobernante, indicando que las contradicciones superan los niveles de la racionalidad.

Aliento al reeleccionismo

El danilismo no pudo aplastar a Leonel, como algunos interpretan, pero le redujo los bonos políticos que traía en incremento. Y al igual que ocurrió a mediados de agosto con la promulgación de la Ley de Partidos 33-18, que remitió a los órganos directivos la posibilidad de instituir el padrón abierto en la elección de candidatos, hubo aliento entre los que apuestan a la imposición de otra reforma constitucional para una nueva reelección presidencial y aumentó el pesimismo entre quienes no la favorecen pero temen la imposición de la voluntad presidencial.

De inmediato la diputada Miriam Cabral, una fuerte dirigente estrechamente vinculada al presidente Medina, dijo que todavía no le había llegado un proyecto para convocar la asamblea revisora de la Constitución, pero la aprobaría tan pronto ocurriera. Mientras su colega Elpidio Báez fue más específico, indicando que se barajan tres opciones: convocar la asamblea para volver a unir en una sola jornada las elecciones municipales con las presidenciales y congresualesy por ahí colar la reelección; una simple reforma para  que Medina pueda repostularse a partir del 2024; y simplemente eliminar desde ya la restricción constitucional, manifestando su preferencia por esta última por su efecto inmediato.

Aunque Leonel evadió la confrontación total, el danilismo ganó puntos también al reafirmarlo como alguien “que canta como gallo, pero pone como gallina”, frase con la que ya se le estigmatizó en el 2015, cuando dos días después de un discurso de fuerte confrontación, en el que llegó a definir a Danilo como el Trujillo del siglo 21, firmó su capitulación para que el mandatario pudiera reformar la Constitución y optar por la reelección.

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Falta mucho juego para el desenlace

La transacción en la reunión de los 607 del Comité Central y la continuación de las confrontaciones grupales, indican que lo del sábado 27 fue un partido ganado por el danilismo, pero que falta mucho juego para determinar el campeón entre los dos equipos contendientes del torneo. Los demás fueron ignorados en la transacción, y ni siquiera le dieron un turno de emergentes para empezar a romper el virtual empate.

Obviamente que el danilismo presidencialista mostró sus ventajas, pero también se reafirmó que “sólo Danilo frena a Leonel”, lo que no ocurrirá por completo sin una previa reforma constitucional que habilite al presidente para buscar la candidatura y otra reelección, lo que genera fuertes resistencias por ya haberse dado y en forma muy cuestionada hace solo tres años, con un pacto en el Comité Político y un juramento público de que sería el último período.  Esta semana la Fundación Institucionalidad lo recordó volviendo a advertir sobre el costo político que implicaría un nuevo intento.

Hasta las encuestas del danilismo indican la fuerza que mantiene Leonel en un partido que llevó al poder por tres períodos y que fue clave para el relevo de Medina desde el 2012. Es la razón por la que han invertido tanto para declinar la elección de las candidaturas al universo ciudadano, y por la que volvieron a transar cuando una gran mayoría del comité central podía simplemente derrotarlo.

Sin un golpe contundente Leonel seguirá manteniendo la lealtad de la mayoría de los 42 legisladores de su partido que lo siguen, haciendo muy difícil lograr los dos tercios para la reforma constitucional. Y aún con todos los legisladores del PLD, todavía habría que buscar o comprar casi una veintena en la oposición. Aquí nada es imposible para el exacerbado presidencialismo y la cultura continuista, pero esta vez no luce nada fácil y el desgaste del presidente Medina y del PLD podría continuar, como han marcado las encuestas.

El presidencialismo danilista buscará hoy la reducción de Leonel en el PLD

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Se da por hecho que la fuerza del presidente Danilo Medina hará aprobar hoy la votación universal para elegir el candidato presidencial abriendo brecha al continuismo a riesgo de división interna, y como expresión de la miseria institucional del sistema político                                                                  

Por Juan Bolívar Díaz

La fuerza del presidencialismo juega hoy la integridad del Partido de la Liberación Dominicana con la decisión de su Comité Central (CC) de imponer el voto universal ciudadano en la elección por lo menos del candidato presidencial en base a la recién promulgada Ley de Partidos impugnada de inconstitucionalidad.

Se persigue un fuerte golpe para iniciar la liquidación del liderazgo del expresidente Leonel Fernández y su ambición de volver al poder, para de paso reducir la oposición interna y abrir brecha a otra reforma constitucional que permita una nueva postulación presidencial de Danilo Medina, contando con el poder del Estado.

El poder presidencial    

Tanto en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como en la opinión pública se daba por hecho hasta ayer tarde que en la reunión del CC de esa organización programada para hoy sábado se impondrá el poder presidencial ahora representado por Danilo Medina y aprobarán el padrón abierto, o voto universal de la ciudadanía, por lo menos para escoger su candidatura presidencial para los comicios del 2020.

Nadie duda que Danilo Medina con todo el poder del Estado mantiene el dominio de los 600 integrantes del CC de su partido, en gran mayoría altos funcionarios del Estado, legisladores y funcionarios municipales que dependen de la gracia de quien “reparte los sobrecitos”, aunque parece diferente en la totalidad de los militantes del partido, pues se busca el auxilio exterior en desmedro de los derechos de los miembros.

La decisión llevaría el mayor partido del sistema político nacional a las orillas de la división, dependiendo de la profundidad de la disposición de pelea que tenga Leonel Fernández, quien preside la organización y hasta ahora se aferra a la inconstitucionalidad de la imposición de las primarias abiertas declarada en el 2005 por la Suprema Corte de Justicia y recién ratificada indirectamente por el Tribunal Constitucional, y sobre la cual hay recursos de impugnación.

La brecha reeleccionista

            Muchos indicadores y algunas confidencias permiten advertir que el presidente Medina y sus más férreos seguidores siguen empeñados en abrir alguna brecha que les permita continuar en el poder, convencidos de que el primer paso es liquidar los empeños del expresidente Fernández por la candidatura presidencial para optar al menos por un cuarto mandato, en parte temerosos de que pueda vengar lo que consideran “bellaquerías políticas” con que fue anulado en el proceso electoral anterior.

Esos sectores y muchos otros dentro y fuera del PLD están convencidos de que “sólo Danilo puede ganarle a Leonel la candidatura presidencial” y se basan en la multiplicidad de las encuestas, públicas y privadas, que le otorgan a este una enorme ventaja sobre todos los que se han lanzado a procurar la nominación y varios que suenan, e incluso sobre el propio Medina en tanto entre el 60 y 70 por ciento de la población se expresa contra otra reforma constitucional.

Se trataría de liquidar a Fernández para abrir brecha a la reforma de la Constitución antes que en febrero el presidente Medina se defina al respecto, como adelantó el mes pasado. Tras ello se confía que el poder presidencial disuada a la mayoría de los seguidores del expresidente de que es preferible mantenerse en el poder que jugar una aventura divisionista. No se descarta que la resolución de padrón abierto sea sólo para la candidatura presidencial, con lo cual volverían a jugar la carta del 2015 de “reelección por reelección”, que disuadió a los leonelistas.

Unificar el partido en torno al presidente Medina es el primer escalón para buscar una nueva reforma de la Constitución, que tendría gran rechazo nacional y en la oposición política, pero que sumando los aliados del perredeísmo y el reformismo, reduciría a una veintena los votos necesarios para completar los dos tercios de la asamblea revisora. El pragmatismo y la tradición dan por hecho que el poder del Estado los lograría.

Casi todos contra Leonel   

Para la reunión de hoy del CC del PLD confluye una alianza táctica de casi “todos contra el león”, porque los demás aspirantes a la candidatura albergan la esperanza de que humillado y reducido Leonel, Medina desista de la aventura reeleccionista y se decante por uno de ellos. Hasta ahora aspiran formalmente el secretario general Reinaldo Pared, los exministros Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante, Temístocles Montás y Manuel Crespo, y la exdirectora de Pasaportes Maritza Hernández. Aún sin lanzarse oficialmente se señala como aspirantes a los ministros de Educación, Andrés Navarro, al de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y al de Turismo, Francisco Javier García, además del dirigente Radhamés Segura y de la vicepresidenta y esposa de Leonel Fernández, Margarita Cedeño.

Con la excepción lógica de la doctora Fernández, todos los aspirantes confluyen en el proyecto de reducción de Leonel, a quien consideran desconsideradamente ambicioso, porque habiendo agotado tres períodos de gobierno, y pese a haber proclamado al PLD como “una fábrica de presidentes”, cierra el paso a las nuevas opciones.

Queda un segmento importante, llamado a jugar un papel de moderación y negociación, integrado por la vieja guardia peledeísta que, aunque también distanciada de Leonel, alberga temores de una fractura importante en el partido que les haga perder el poder, sobre todo si tras la imposición interna hay que “comprar otra reforma constitucional”, como en el 2015, para tener que utilizar todo el poder del Estado en un nuevo proceso reeleccionista.

En este sector están quienes se inscriben por no apretar el lazo en torno a la cabeza de Fernández y acarician otra transacción, como en el 2015, esta vez en beneficio de la candidatura de Leonel, bajo el compromiso de volver a la Constitución del 2010 que prohibía la reelección consecutiva, pero la permitía en períodos alternos, y de esa forma dejar habilitado a Danilo para el 2024, con un solo período de Leonel.

El león trata de resistir.

Tirado al medio de la calle, en abierta campaña desde agosto del 2017, Leonel Fernández llega a la crucial reunión de hoy con la decisión de resistir, en la que hasta ahora ha tenido cierto éxito, y todavía al medio día de ayer decía a relacionados que defenderá los principios constitucionales “por encima de todo”. En un artículo de página entera en la mañana de ayer en el Listín Diario concluyó pidiendo “Que Dios nos ilumine, para que la razón impere y sirva de fundamento a la unidad”.

En ese artículo Fernández reitera los planteamientos jurídicos que junto a sus seguidores ha enarbolado contra la imposición de las elecciones primarias abiertas por encima de los estatutos partidarios, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 286-04 del 2004 que las instituyó por primera vez. Y recuerda que el Tribunal Constitucional está apoderado de 8 recursos de inconstitucionalidad a la recién aprobada Ley de Partidos, que autoriza a determinados órganos directivos a optar por ese método de elección.

Reivindica la autonomía y libertad de los agrupamientos políticos y el estatuto del PLD, que en su artículo 10 señala que el máximo organismo del partido es su Congreso Nacional, que en el 12 es el facultado para aprobarlo, y que el 40 establece que la elección de sus candidaturas es “mediante primarias internas”.

En el cuarto párrafo de su extenso artículo, Fernández proclama que “Lo que está en juego es la prevalencia o no de la supremacía de la Constitución y la existencia de un Estado de Derecho como forma de organización de una sociedad democrática y moderna” Mientras tanto esta semana el presidente del PLD dedicó dos extensas jornadas a escuchar a miles de dirigentes medios y de base de todo el país, movilizados por sus parciales, y que desde luego se pronunciaron en consonancia con su posición, como una nueva demostración de que conserva fuerzas significativas.

Que el Estado vuelva a vencer

El empeño de los danilistas por imponer el padrón abierto en la elección de los candidatos en la Ley de Partidos, sostenido durante más de un año, es un reconocimiento implícito de la fuerza de Leonel Fernández en su membresía, porque de lo contrario no se hubiese gastado tanta energía y tiempo buscando que decidan todos los electores. Pero aún con el voto universal, las encuestas siguen dejando en gran ventaja al expresidente, sobre todo con Danilo inhabilitado constitucionalmente.

Reducir a Leonel imponiéndole las primarias abiertas no sería garantía de éxito. porque como él mismo ha dicho, no teme al voto universal y las encuestan indican que le ganaría con mucho a cualquiera de los demás aspirantes que no sea Danilo, razón por la que buscarían a todo costo rehabilitar la postulación del mandatario.

En cualquiera de los dos escenarios, con Danilo o con un precandidato alternativo, el padrón abierto permitiría mayor influjo del Estado en la campaña interna, porque habría 5-6 millones de personas a ser incentivadas para votar, entre ellas los 2.6 millones de beneficiarios de programas sociales identificados, y los que venden su voto. Con 500 millones de pesos, que no es nada para el poder estatal sin escrúpulos, a mil pesos por voto, se comprarían 500 mil.

Utilizar el poder del Estado es la explicación de los riesgos de división que implica imponer el padrón abierto. Se recuerda el grito de Danilo de “me venció el Estado”, cuando para el 2008 Leonel utilizó sus poderes para imponerse en la candidatura. Fue con el padrón interno del PLD, pero entonces no había prohibición de la reelección. Danilo podría cobrarle la afrenta.

 

Se registra una fatiga política por el gobierno y los partidos

06_10_2018 HOY_SABADO_061018_ El País12 B

Si algo queda claro en la última Gallup-HOY es la decadencia del partidismo político y el descreimiento en el gobierno y el liderazgo, y el único que muestra alguna recuperación es Leonel Fernández, lo que dificulta el reeleccionismo, aunque Abinader sigue compitiendo.

Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana registra una clara fatiga del cuerpo
social dominicano con una decadencia del partidismo y del liderazgo político nacional, sin
precedente en el proceso de institucionalización democrática, tanto como el descreimiento en la gestión gubernamental, sin que asome un relevo.

Las perspectivas para las elecciones del 2020 siguen inciertas y el único que avanza es el
expresidente Leonel Fernández, quien a su vez registra la mayor tasa de rechazo, mientras los intentos de abrir paso a otra reelección de Danilo Medina con nueva reforma constitucional tropiezan con un creciente rechazo, y Luis Abinader lidera la oposición, pero se estanca.

Indiscutible incertidumbre

No se recuerda un precedente en el país de que a 19 meses de unas elecciones
presidenciales ninguno de los líderes políticos alcance el 15 por ciento de las preferencias, que tres estén empatados y entre cuatro apenas pasen el umbral del 50 por ciento, con un 21 porciento que no sabe o no responde sobre a quién le gustaría de próximo presidente de  la nación.

Luis Abinader y Leonel Fernández sobre el 14 por ciento, el presidente Danilo Medina
con fracciones por debajo (13.8), y la vicepresidenta Margarita con el 10 por ciento, apenas
totalizan el 52 por ciento de las preferencias para las elecciones presidenciales de mayo del 2020, que por primera vez estarán precedidas tres meses por elecciones municipales en febrero. Ese resultado de la consulta realizada entre el 16 y el 21 de septiembre pasado conforma un panorama caracterizado por la incertidumbre, que se acentúa cuando se observa que todos los partidos políticos pierden terreno en las simpatías de la ciudadanía dominicana, incluyendo relevantemente al gobernante de la Liberación Dominicana (PLD), sin que se salve el principal opositor, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que había avanzado en marzo.

El PLD, que en la Gallup-HOY de abril del 2016, un mes antes de los últimos comicios,
registró 60 por ciento de las simpatías, cayó al 42, 40 y 39 por ciento en las tres siguientes. El PRM, que alcanzó 26%, se redujo al 14 en octubre del 2017, repuntó a 22 en marzo, pero bajó ahora al 15 por ciento. Los otros dos de los llamados mayoritarios por haber obtenido ambos poco más del 5 por ciento en las últimas presidenciales, han caído también significativamente. El Partido Revolucionario Dominicano subió al 7 por ciento hace un año, para caer ahora al 4 por ciento. Y el Partido Reformista Social Cristiano, afectado por el cáncer de la división, y que en marzo subió al 3 por ciento, volvió ahora al 2.

Afluentes de la fatiga

Las complicaciones de los problemas nacionales, sin soluciones a la vista, mientras los
partidos, líderes y congresistas se han mantenido en un infructífero enfrentamiento político, por ejemplo en la Ley de Partidos, aprobada y promulgada con numerosas contradicciones, vaguedades y evidentes vicios de inconstitucionalidad, después de 16 años dando tumbos en el Congreso Nacional, pueden haber contribuido a la fatiga nacional que registran las encuestas.

El partido dominante ha devenido en una corporación con dos grupos que disputan
rabiosamente la hegemonía, enfocados desde que comenzó el actual período gubernamental más en echar las bases del predominio para el 2020 que en resolver los problemas nacionales.

Al natural desgaste de cuatro períodos de gobierno consecutivos, con once años seguidos de déficits fiscales y gran endeudamiento, se suman los escándalos de corrupción que han llevado al 58 por ciento de los encuestados a considerarla ahora mayor, con 27 por ciento que la ve igual y sólo 13 por ciento menor. En abril del 2016 sólo 33 por ciento la estimaba mayor que antes.

Esta Gallup indica que la ciudadanía no certifica una oposición significativa al gobierno,
pues quien aparece como principal líder del PRM, Luis Abinader, apenas es calificado como opositor por el 21.4 por ciento y es relevante que señalen a Leonel Fernández, presidente del partido gobernante, como segundo opositor en proporción de 10.7 por ciento, por encima del 6 por ciento de Hipólito Mejía, también en el liderazgo del mayor partido de la oposición.

Con el PRD y el PRSC consumidos por las divisiones y su papel de comodines
electorales, y con la mayoría de los líderes políticos recibiendo ínfima valoración como
opositores, no debería sorprender la fatiga política nacional. Apenas se salva Guillermo Moreno, señalado por el 30 por ciento para candidato presidencial entre los partidos minoritarios.

Grandes insatisfacciones

La caída de la valoración del presidente Medina registrada en las anteriores Gallup-HOY,
desde 91 en el 2014, al 81 en 2015, 63 en febrero del 2017, hasta 47 en marzo pasado, se contuvo esa vez, con un registro de 48 por ciento de aprobación. Pero cuando se preguntó sobre sus seis años de gestión gubernamental sólo 43 por ciento le dio aprobación y sólo 39 por ciento cree que ha cumplido sus promesas, contra 57 que opina negativamente.

A pesar del crecimiento económico indicado por las estadísticas oficiales, la insatisfacción sobre la situación de la economía nacional sigue muy alta, con un 66 por ciento que la ve peor que hace seis años y 75 por ciento que la considera negativa para el país, mientras las expectativas para final del período gubernamental son de que será peor en un 56 por ciento de los encuestados, 11 puntos más que el 45 por ciento registrado en marzo pasado.

La delincuencia y la inseguridad siguen siendo percibidas como el principal problema
nacional, en 66 por ciento, con una desaprobación de 84 por ciento a las políticas
gubernamentales de combate a las mismas. Igual alta, 81 por ciento, al combate a las drogas y narcotráfico, y 81por ciento de desaprobación a los controles inmigratorios. Es relevante el 85 por ciento de los encuestados que aprueba el movimiento de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad, aunque casi la mitad cree que no logrará el objetivo.

La generalidad de las respuestas a esta encuesta indica la fatiga nacional por los
problemas insolutos y el desparpajo de la política, con un debate de bajos vuelos que se repite incesantemente.

Sólo Leonel avanzó

De todos los aspirantes declarados a las candidaturas presidenciales, sólo el expresidente
Leonel Fernández registró avance en esta última versión de la encuesta más acreditada del
mercado nacional, y lo logró tanto en el universo de los encuestados como entre quienes se
dijeron vinculados al PLD, y es relevante que en todos los escenarios superó en preferencias al presidente Medina, con quien se disputa hace años el liderazgo de su partido.

Favorecido por el impedimento constitucional a la reelección de Danilo, Leonel lo supera
por fracciones (empate técnico) en las preferencias generales para próximo presidente, y 22 a 19 por ciento para la candidatura del PLD, pero la diferencia crece, 39 a 22 por ciento entre los encuestados que se manifestaron simpatizantes de ese partido.

El exmandatario parece favorecido por llevar más de un año, desde agosto del 2017,
recorriendo el país promoviendo sus expectativas de volver al Palacio Nacional, mientras
Medina se desgasta en el poder y sin poder promoverse abiertamente, aunque sí lo hacen sus partidarios, que en los últimos tres meses han colocado en las redes por lo menos 6 spots reeleccionistas con similar línea gráfica y de contenido.

La cultura política nacional que inviste como presidentes de por vida a todos los que
logran más de un periodo gubernamental, favorece a Fernández, quien acumula tres y fue el arquitecto principal del dominio que su agrupación ha impuesto sobre todas las instituciones del Estado y gran parte de las entidades sociales, medios de comunicación y comunicadores.

Buena proporción de los peledeístas le agradecen su prosperidad y la de los suyos, y hasta el haber llevado al poder a Danilo Medina en el 2012, gracias al desbordamiento del gasto que en ese año electoral generó un déficit fiscal sin precedente que superó los 150 mil millones de pesos.

Entre Leonel y Abinader

Con las crecientes dificultades para eliminar la restricción constitucional para la repostulación de Danilo Medina, Leonel Fernández aparece con las mayores posibilidades de encarnar la candidatura del PLD para los comicios del 2020, sin que emerja un contendiente fuerte entre los demás aspirantes de su partido, más allá de su propia esposa, Margarita Cedeño, que esta vez se reduce al 4 por ciento. De los cuatro que adicionalmente se han lanzado de precandidatos, sólo Francisco Domínguez Brito supera el 2 por ciento de preferencias.

A Fernández le favorece que el porcentaje de quienes se manifiestan opuestos a la
reforma constitucional para posibilitar la reelección se incrementó en esta Gallup-HOY al 71 por ciento, del 67 en la anterior de marzo. Y es relevante que incluye al 57 por ciento de quienes se confesaron simpatizantes del PLD, lo que junto a las preferencias que registra entre los peledeístas para la candidatura presidencial, explica por qué los danilistas quieren a toda costa elegir sus candidatos con padrón abierto.

Aunque se ha frenado el avance que Luis Abinader registró en las dos Gallup anteriores,
en octubre del 2017 llevaba 11 puntos sobre Leonel y 8 sobre Danilo, y ahora empatados, el
economista sigue como el mejor situado para encabezar la oposición en el 2020, superando ampliamente a Hipólito Mejía, en el universo de los encuestados por 32 a 10 para la candidatura del PRM, y entre los que se manifiestan simpatizantes de este partido, por 70 a 16 por ciento, más de cuatro a uno.-

La Ley de Partidos en incertidumbre por recursos de inconstitucionalidad

Un recurso de inconstitucionalidad contra una decena de disposiciones de la Ley de Partidos que ultiman nueve agrupaciones políticas, otro de dos abogados y el que anuncian los leonelistas prolongarán la crisis del partido gobernante y del sistema electoral

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El sistema electoral y particularmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quedarán en la incertidumbre cuando en los primeros días de octubre nueve organizaciones opositoras lleven ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra una decena de disposiciones de la recién promulgada Ley de Partidos.

Se complicará aún más con las objeciones que anuncia el sector leonelista del partido gobernante, mientras ya dos abogados recurrieron contra el artículo de la ley que dispone cárcel para quienes divulguen “mensajes negativos” de los candidatos, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) advirtió que otro choca con el derecho ciudadano a elegir y ser elegido.

Tres frentes contra una ley

Nueve partidos opositores ultiman detalles para elevar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSA) contra numerosas disposiciones de la recién promulgada Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, mientras los leonelistas preparan otra impugnación constitucional, anunciada por el Delegado ante la JCE, José Manuel Hernández Peguero, enfocada primordialmente contra las primarias abiertas.

No serán las primeras objeciones por cuanto ya los abogados Namphy Rodríguez y Héctor Herrera Cabral, a nombre de la Fundación Prensa y Democracia, recurrieron ante el TC contra el numeral 6 del artículo 44 de la ley que sanciona que cárcel y multa a quienes difundan “mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos”, más severa que la que se dispone para quienes hagan fraudes electorales. La objetan como violatoria del derecho constitucional a la libre expresión.

Hasta el presidente de la JCE, Julio César Castaños, expresó el pasado fin de semana su convicción de que el numeral 3 del artículo 49 de la Ley 33-08 rebasa la Constitución al establecer que los estatutos partidistas requerirán un tiempo de militancia como condición para postular candidatos, lo que desconoce el derecho ciudadano a elegir y ser elegido.

Las organizaciones que preparan la instancia concertaron acciones durante más de dos años con los partidos Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano, de los cuales se separaron cuando estos apoyaron la aprobación de la ley 33-18.  Ellos son Alianza País, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano, Alianza por la Democracia, Fuerza Nacional Progresista, Revolucionario Social Demócrata, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Adelanta doce objeciones

            En los ámbitos de los nueve partidos se aseguró que trabajan intensamente en la elaboración de dos instancias para atacar la ley ante el TC y el TSE, y que esperan entregarla en los primeros días de octubre, y de hecho el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, adelantó una docena de objeciones en su artículo del pasado lunes en el periódico Diario Libre, entre las cuales se cuentan tanto el artículo 49.3 objetado por Castaños Guzmán, como el 44.6 que impugnan los abogados Rodríguez y Herrera.

También el artículo 46 que instituye las primarias simultáneas bajo responsabilidad de la JCE, por no figurar en las fechas que la Constitución dispone para convocar los colegios electorales y por contradictorio al instituir primarias abiertas pero con campaña interna. Igual objetan el 44.III que dispone la retención de los fondos públicos a un partido por violaciones en que incurriera un solo candidato, y el artículo 8 que sanciona como “renuncia automática” al partido, al que haga pronunciamientos en contra de sus candidaturas.

Moreno también objetó el artículo 9 que obliga a depositar ante la JCE el padrón de miembros, por circunscripción, municipio y provincia, argumentando que choca con el secreto del voto y podría facilitar coacciones. Igual el 15.8 que condiciona el reconocimiento de un partido a que tenga organismos operando en cada uno de los municipios, y el 25.12 que consideran discriminatorio al prohibir a los partidos concurrir aliados en los primeros comicios tras su reconocimiento. Así mismo el artículo 31 por establecer que los partidos deberán tener un comité de ética nacional, en las 32 provincias y los 158 municipios, el artículo 42 por disponer un tope de gastos tan alto que “legaliza que sea el dinero y no el debate de ideas lo que determine las candidaturas, y el 49.5 que obliga a los precandidatos a presentar ante la JCE certificados de no adicción a sustancias sicotrópicas.

Afectaría el calendario

            Con una proporción tan alta de los 27 partidos reconocidos objetando la ley 33-18, el TC y el TSE tendrían que priorizar el conocimiento de sus instancias, pero mientras tanto los interesados se proponen recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo pidiendo la suspensión cautelar de la aplicación de la ley, lo que de inmediato afectaría el calendario electoral organizativo que ha presentado la JCE y que tiene como plazo hasta el 5 de diciembre para que todas las organizaciones digan cuál será el método para elegir sus candidaturas. Namphy Rodríguez dijo también que se impone esa medida cautelar.

La JCE originalmente dio un plazo de 90 días que luego extendió a 105 para que los partidos escojan el método de elección de candidatos acorde con la ley, dada la complejidad de  una elección primaria que podría ser con el padrón universal y el partidario simultáneamente, y que requerirá un entrenamiento especial a decenas de miles de miembros para los colegios que nunca se han visto con un desafío similar. Y aún no se sabe con qué equipos se procesarían los datos y el tiempo que requeriría, todo lo cual se traduce en incertidumbre.

Por otro lado, con tantas objeciones, la labor del TC, que requiere años para recursos ordinarios, sería más compleja, y nadie sabe si termina acogiendo sólo tres o cuatro objeciones a artículos con claros indicios de inconstitucionalidad o si encuentra suficientes para terminar anulando por completo la ley, en cuyo caso la elección de candidaturas quedaría, como ha sido norma, bajo responsabilidad de cada partido.

Prolonga crisis del PLD

Con un sector importante objetando la ley, al mismo PLD le resultará más difícil decidir por cuál de los métodos de elección de candidaturas opta, especialmente si la mayoría danilista insiste en las primarias abiertas, que figuran entre los aspectos recusados. De hecho, diversos dirigentes peledeístas esperaban que la JCE extendiera hasta principios del 2019 el plazo para optar, especialmente después que el presidente Danilo Medina dijera que será en marzo cuando anunciaría su decisión sobre si busca una nueva nominación presidencial reclamada por sus más fieles seguidores.

Leonelistas y juristas independientes señalan una contradicción entre el párrafo II del artículo 26 y el III del 45. El primero establece que “sin perjuicio de las leyes que les sean aplicables, los estatutos constituyen la norma fundamental de los partidos… y establecen los poderes, derechos y obligaciones partidarias a las que sus autoridades y a afiliados ajustarán sus actuaciones”. Mientras el segundo atribuye la decisión a órganos específicos, el Comité Central en el caso del PLD.

Los peledeístas tienen una discordia adicional, porque el artículo 43 de sus estatutos especifica que sus candidatos “se escogerán mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto”. Leonelistas postulan que sus estatutos ya contemplan uno de los métodos indicados en la ley 33-18 y para variarlos deben seguir el mecanismo instituido que es un congreso partidario. Danilistas entienden que basta la decisión del Comité Central, pero por el medio están dirigentes que temen que se precipite una fractura definitiva del partido, y preferirían esperar marzo y la decisión presidencial.

Distracción de la atención nacional

            Todo parece indicar que el 2018 terminará como comenzó discutiéndose la Ley de Partidos que cumplió 16 años dando tumbos en el Congreso antes de ser promulgada en agosto, con múltiples contradicciones, vaguedades y claras violaciones de derechos ciudadanos, y desviando la atención de graves problemas nacionales, como los siguientes planteados en las últimas semanas:

  • Presupuesto para el 2019 con déficit fiscal por onceavo año consecutivo, ahora de $76 mil millones, que obligarán a buscar financiamiento de $232 mil millones, US$4,600 millones.
  • Advertencia del representante del Banco Mundial de que el país necesita reforma fiscal y evaluadoras internacionales ven la deuda nacional en la línea de riesgo considerable.
  • El precio del petróleo sube sobre US$72 el barril y va de nuevo rumbo a 100, con repercusiones inflacionarias y protestas sociales.
  • Déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de US$ 141 millones en el primer semestre, versus superávit de US$417 millones en período igual del 2017
  • Sobrecosto de las plantas de carbón y apagones financieros
  • La ONU pide medidas efectivas contra la tasa de 22% de embarazos de adolescentes dominicanas, mientras la mortalidad infantil se dispara este año en más de 25%
  • Presentación de una nominilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores con 225 botellas por $18 millones mensuales.
  • Informe del BID indica que el despilfarro del gasto público en RD es del 3.8% del PIB, unos $163 mil millones, muy superior al estimado de Oxfam de $96 mil millones.
  • La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley del Régimen Electoral lleva cuatro convocatorias sin lograr quorum.

Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina

22_09_2018 HOY_SABADO_220918_ El País11 A

El costo económico y político de las emblemáticas plantas de carbón de Punta Catalina del presidente Medina se incrementa con el abono de otros US$336 millones a la constructora Odebrecht, y ya podría alcanzar los 3 mil millones, superando los peores vaticinios

Por Juan Bolívar Díaz

El anuncio unilateral de que el gobierno abonará US$336 millones a la constructora
Odebrecht para concluir las infortunadas plantas de carbón de Punta Catalina, apunta a reconocer sino la totalidad al menos gran parte del sobre costo de 708 millones reclamado, en la mayor inversión nacional, saturada de opacidades y conflictos desde su origen.

Las proyecciones de los mayores críticos llevan su costo sobre los US$3 mil millones, un
volumen escandaloso convertido en el gran calvario del presidente Danilo Medina, empeñado en concluirla antes de un año y medio de retraso para paliar una nueva crisis energética, y alejarla del próximo proceso electoral.

Generosidad con Odebrecht

El anuncio unilateral, de “un fondo de contingencia” para entregar US$336 millones
adicionales a Odebrecht para que concluya las plantas de carbón de Punta Catalina, es otro acto de extrema generosidad del gobierno con la constructora que empieza a reconocer el sobrecosto reclamado de US$708 millones, con una tentativa rebaja que se adelantó el 2 de septiembre del 2017 en el análisis “Las plantas Catalina ser convierten en calvario del presidente Medina”.

Desde antes de oficializarse el adicional, se decía que sería de entre 300 y US$500
millones, pero se habría acordado pedir 708 para dejar un margen de reducción que permita al gobierno “amortiguar el golpe de cara a la opinión pública”. Amparándose en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite un incremento hasta el 25% de los contrato, en este caso de US$1,945millones, podrían transarse por US$486.2 millones, antes o después del fallo sobre el recurso ante una corte de arbitraje internacional en Nueva York.

Aunque se estableció un precio definitivo, en el contrato se incluyó un artículo 9.1
indicando que “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del Contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Y en efecto, luego indica que cualquier aumento de precio tendrá que ser sometido a aprobación de la Vicepresidencia de la CDEEE, derivando al gobierno la responsabilidad del costo de implementar “medidas de protección, contención y remediación derivadas del posible impacto ambiental” En esa dirección van los reclamos de Odebrecht que se refieren a “condiciones oceanográficas imprevistas”, aumento de altura del muelle, modificación del puente de acceso y de planos. Los expertos dan por hecho de que saldría gananciosa del arbitraje, sino en su totalidad, en gran parte, y en última instancia negociaría rebaja.

Sobre US$3 mil millones

Desde el principio, los mayores críticos del contrato vaticinan que las plantas terminarán
costando cerca de US$3 mil millones, entre ellos los expertos energéticos Eulogio Santaella, Antonio Almonte, los economistas José Rijo, Juan Lladó y Pedro Silverio y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático. Pero ya algunos creen que sobrepasará ese monto. Las cifras oficiales siguen sin la menor transparencia, y aunque la CDEEE sostiene que a las plantas le faltan sólo un 5% para concluirse y que está casi para iniciar pruebas, los 336 millones adicionales, representan el 17% de lo contratado.

A una solicitud de información de la diputada del PRM Faride Raful, en diciembre del
2016, la CDEEE dijo que habían pagado US$1,316 millones y que tenía 179.9 millones en hitos ya facturados, y otros 724.2 por facturar, lo que totalizaría US$2,220 millones. A lo pagado hasta 2016, Rijo le suma 670 millones en el 2017 (600 de bonos soberanos) y 334 millones en el 2018, provenientes de bonos globales, bonos internos y del fondo general, lo que totalizaría US$2,320 millones, que con los 336 llegarían a US$2,656 millones y si pagan los 708 millones reclamados, ya sumarían US$3,028 millones, sin el costo de los terrenos y obras físicas conexas, de los intereses del período de construcción, seguros y enorme gasto publicitario.

El costo cercano o superior a los US$3 mil millones es de cualquier forma dramático para
Eulogio Santaella, quien documenta que la asociada de Odebrecht como subcontratista en Punta Catalina, firmó dos contratos para plantas de carbón en Brasil a mitad del precio de aquí.

Una en Porto di Itaqui, de 360 mws. por US$494 millones, y otra en porto do Pecem, de 720 mws. por US$910 millones. El experto recuerda que la licitación que anuló Medina en el 2010 implicaba la inversión privada de US$3,000 millones para generar 1,500 mws. En México, la empresa española Iberdrola construye dos plantas en los estados de Nuevo León y Sinaloa con inversión propia de 800 millones para generar 1,737 mws. En base a gas natural. El único compromiso del Estado es comprarle la energía al precio del mercado.

Odebrecht no cumple nada

Contrasta la generosidad del gobierno con Odebrecht, a la que sólo multó por la
confesión de sobornos y no ha hecho ningún esfuerzo por auditar para ver si en el país siguió su confesado patrón de sobrevaluaciones del 22 por ciento. La revisión del contrato indica que la constructora no ha cumplido nada de lo fundamental, ni en los costos ni en la fecha de entrega, que era en septiembre del 2017 y que ya pasa del año en retraso, con proyección de llegar a los 18 meses. Al formular su reclamo de costo adicional, prometió qjue entregaría la primera planta en febrero del 2019 y la segunda en mayo. A ese tiempo se encamina si las pruebas de la primera comienzan en diciembre próximo.

La empresa brasileña falló también en conseguir los financiamientos. El Eximbank se
negó a invertir en carbón, el Banco dce Desarrollo de Brasil no pudo aportar lo prometido por el escándalo que pratagonizó la misma Odebrecht y que terminó afectando también elunos US$ 650 millones de financiamiento comprometido por un pool de bancos europeos, los cuales llegaron a desembolsar cerca de la mitad, de los que 80 millones se destinaron a pago de seguros. Eso obligó al Estado a elevar su endeudamiento para no paralizar la mega obra.

Mientras la empresa va al arbitraje internacional reclamando un incremento del 36%
sobre lo contratado, el gobierno no le aplica las cláusulas de penalidades por retraso, que a un máximo del 10 por ciento implicaría US$194 millones. La comisión especial que creó el
presidente Medina para indagar sobre la contratación no sólo concluyó en que no deben pagar un solo peso más, lo que en palabras el gobierno dice sustentar, sino que también dejó constancia de que cada mes de retraso en la conclusión de la obra implica 25 millones de d´+olares de pérdida, por 18 meses totalizarían US$450 millones.

Salir pronto del calvario

Para el gobierno y los intereses políticos del presidente Medina, lo prioritario es salir lo
más rápido posible del laberíntico calvario de las plantas de Punta Catalina. De ahí el adelanto de los US$336 millones, sabiendo que el contrato dejó margen legal para el sobrecosto. Se trata de conseguir que el inicio de la generación aporte su cuota al mejoramiento del servicio energético antes de que entre de lleno el año 2019 en que se definirán muchos asuntos de cara a las elecciones del 2020, más aún con la actual crisis de apagones aunque más financieros que de oferta.

Es que las Plantas Catalinas fueron convertidas en la obra emblemática del actual
gobierno, y ya tiene una carga muy grande de costo político, pues las encuestas y la percepción generalizada indican que hubo favoritismo y corrupción en su contratación, y el presidente Medina se involucró en el proceso desde sus viajes a Brasil, hasta sus conversaciones con los ex presidentes brasileño Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Más temprano que tarde, los costos totales y reales de la construcción tendrán que ser
aireados y reconocidos, así como la carga de deuda e intereses que dejan y que pudieron ser evitados dejando que continuara la licitación que Medina encontró en marcha al asumir el gobierno en el 2012, que por demás preveía que las plantas, de carbón y gas natural, estarían en servicio en el 2016. Ya las Catalina son un peso muerto para Danilo Medina, y lo serán peor cuando todo quede en la transparencia, hasta ahora evadida.

El oscuro calvario de las plantas de carbón

* Danilo Medina inicia su gestión suspendiendo anulando una licitación ya con empresas precalificadas que invertirían en plantas por mil kws. Sin costo financiero para el Estado
* Una nueva licitación desestima las plantas de gas natural, más eficientes por las de carbón que están en proceso de desmantelamiento
* El comité de licitación dominado por la CDEEE y los dos integrantes externos rechazan otorgarla a Odebrecht al quedar con un solo concursante, querían otro siquiera “virtual”
* En la licitación la empresa constructora garantiza el financiamiento y a precio fijo, pero en el contrato
queda bajo responsabilidad del Estado y con posibilidad de escalamiento
* Fracasa el financiamiento por el Eximbank USA, Bndes, Brasil y queda a medias el de un pool de bancos europeos
* Se hacen cálculos sobre rendimiento bruto de 720 mws, pero el neto sería 674
* La fecha original de entrega 7 de agosto y de octubre del 2017, concluiría en el 2019
* La mayor inversión estatal se hace en terreno privado, sin completar estudios de suelo y costa
* Tras el escándalo Odebrecht, la Procuraduría dice que hubo sobornos en todas sus contrataciones, luego rectifica que en las plantas sólo para la aprobación y acusa un único senador
* DM designa una comisión para investigar la licitación y denuncias de sobrevaluación, pero presidida por un directivo de la empresa Estrella, asociada de Odebrecht
* La Procuraduría firma un acuerdo de impunidad con Odebrecht, sin hacer auditoría
* El sector privado no responde la oferta de inversión en las plantas en reunión y en discurso de DM
* Odebrecht reclama US$708 millones adicionales al contrato de 1,945 millones, con exenciones impositivas. Le adelantan US$336 millones
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Sugieren pacto de alternabilidad para evitar una división del PLD

15_09_2018 HOY_SABADO_150918_ El País11 A

Ante las dificultades para otra reelección del presidente Medina con Leonel Fernández al medio de la calle, estrategas del PLD empiezan a contemplar un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos líderes eliminando el “jamás” constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habrían comenzado a sentar
las bases para un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos principales líderes de la
organización, volviendo a la Constitución del 2010, reconociendo las dificultades internas y externas con que tropieza el proyecto de otra reforma constitucional para hacer posible una tercera postulación consecutiva del presidente Danilo Medina y los riesgos de que devenga en una profunda división que les haga perder el poder en el 2020.

Que Danilo pueda regresar

En los ámbitos de la alta dirección peledeísta crece la convicción sobre la necesidad de
buscar un nuevo pacto entre los dos grupos enfrentados ferozmente por el control del partido gobernante y la candidatura presidencial del 2020, a fin de evitar el visible riesgo de una división que los haga perder el poder, volviendo a la Constitución del 2010 que permitía la reelección sin límites pero no consecutiva.

Dos dirigentes tan influentes como Félix Jiménez (Felucho) y José Ramón Fadul
(Monchy) han expresado últimamente sus reservas sobre la factibilidad de reformar la
Constitución para viabilizar la repostulación de Medina, pero al mismo tiempo han dicho que “en algún momento” habrá que abordar la prohibición de “jamás”, instituida en el artículo 124 de la Constitución del 2015 fruto del pacto en el Comité Político del PLD para permitir la repostulación y posterior reelección del actual mandatario, en la que además se incluyó un transitorio para ratificar que “no podrá postularse en ningún otro periodo”.
En una entrevista en Uno+Uno de Teleantillas esta semana Felucho reconoció un riesgo
real de división del PLD a causa de la disputa por la candidatura presidencial del 2020, y planteó la necesidad de entendimiento. Evadió pronunciarse categóricamente sobre el cumplimiento del pacto del 2015, pero tampoco favoreció una nueva reforma para la continuidad de Medina, aunque expresó que “en algún momento” habrá que revisar la limitación. Monchy Fadul dijo más o menos lo mismo una semana antes en el mismo programa, y lo repitió días después en otro medio. En el PLD se considera “una injusticia” que Leonel, quien ya gobernó tres períodos, pueda postularse a un cuarto y hasta optar por una última reelección, que sería la quinta, y Danilo quede en dos. Plantean como transacción otra reforma para rehabilitarlo con alternabilidad.

Golpe del Constitucional

Además del creciente rechazo en los diversos sectores de la sociedad a las propuestas de
otra reforma constitucional para la continuidad del presidente Medina, sus promotores sufrieron un rudo golpe con el dictamen del Tribunal Constitucional que motivó la imposibilidad de juzgar la “constitucionalidad de la Constitución”. Sin embargo, la promoción continúa a través de dirigentes, legisladores y funcionarios peledeístas, y de una serie de spots profesionales de similar línea gráfica, colocados en las redes sociales.

Eran públicas las expectativas de que el Constitucional declarara nulo el transitorio fruto del pacto del Comité Político peledeísta, para entonces alegar que a Medina le tocaría una segunda postulación, aunque la redacción del artículo 124 de la Constitución tampoco lo permite al instituir que “El Presidente o la Presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá repostularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Después de esa frustración, a los reeleccionistas sólo les queda la posibilidad de otra reforma constitucional, sin contar con los dos tercios de los votos que requerirían en una asamblea revisora, 148 de los 222 integrantes. Contarían seguros con 95 del PLD y 4 de aliados, más la posibilidad de sumar los 14 del PRD y hasta los 11 reformistas, que totalizarían 124. Le faltarían 24 que tendrían que buscarlos entre 42 peledeístas comprometidos con Leonel Fernández, 52 del PRM, más los 4 opositores del Frente Amplio, Alianza País, Moda y Partido Popular Cristiano. No es imposible para el poder, pero esta vez desataría más resistencias y escándalos que hace tres años, hasta por fatiga social.

Leonel sería candidato

Hace ya 6 meses que un destacado miembro del Comité Político peledeísta expresó en privado su convicción de que Leonel Fernández sería el candidato de su partido en el 2020, aunque él personalmente no lo favorece, y lo ratificó hace poco cuando se le replanteó el dilema. Parece partir de las dificultades que tendría ese organismo para evitar la división del partido, como hace tres años, si desconoce los acuerdos en que se sustentó. Cercanos a Fernández juran que por nada del mundo éste aceptaría el desconocimiento del pacto y por ello se lanzó desde agosto del 2017 a buscar el apoyo de su partido.

Esta misma semana se publicaron los resultados de la última encuesta de la firma Asisa,
que se presume encargada por Leonel, donde le otorgan un 62 por ciento de apoyo entre los peledeístas, frente a un 17 por ciento a Medina para la candidatura del 2020, con un 75 por ciento que entiende que la Constitución no le permite repostularse, y un 70 por ciento que rechaza que se le reforme. Frente a Luis Abinader como más probable candidato del PRM, Fernández queda en ventaja 48 a 40 por ciento.

Así como en el 2015 las circunstancias obligaron a Leonel a ceder ante las exigencias de
unidad del Comité Político, para evitar la división, ahora parecen apuntar a Danilo, y esta vez con otra reforma para volver a la Constitución del 2010 que postulaba la prohibición de la reelección consecutiva, pero permitía volver sin límites después de un período fuera de la presidencia. Se da por hecho que hasta dirigentes que se expresan públicamente por la reelección de Medina respaldarían el proyecto de pacto de alternancia si ven en peligro la unidad del partido y los privilegios del poder.
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Informe de la Comisión de Venecia sobre límites a la reelección Síntesis de las conclusiones del informe de 28 páginas a renglón seguido emitido en marzo del 2018 por la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia), a solicitud de la OEA sobre la legitimidad de los límites a la reelección presidencial:

¿Existe un derecho humano a la reelección? En caso afirmativo, ¿cuáles son los límites de este derecho?

117. La Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para un cargo para otro período prevista en la legislación es una modalidad, o una restricción, del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo.

118. Según las normas internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de su forma de constitución o gobierno, los Estados deben adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos protegidos…

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos?

119. En las democracias modernas, a pesar de que el principio del sufragio universal disfruta de amplia aceptación y protección cuidadosa, el derecho de ser elegido puede verse limitado con mayor facilidadcomo consecuencia tanto de los requisitos legales como del número limitado de puestos de elección disponibles…

120. Los límites a la reelección presidencial son comunes tanto en sistemas presidenciales como semipresidenciales y también existen en los sistemas parlamentarios (tanto cuando el Jefe de Estado es elegido directamente como indirectamente), mientras que en estos últimos sistemas no se imponen para los primeros ministros, cuyo mandato, a diferencia del de los presidentas, puede ser retirado por el Parlamento en cualquier momento. En los sistemas presidenciales y semipresidenciales, los límites a la reelección presidencial representan entonces un medio para reducir el peligro del abuso del poder por el jefe del poder ejecutivo. Así pues, persiguen los fines legítimos de proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. El derecho de postularse en elecciones tras un primer mandato no puede ser garantizado si la constitución dispone lo contrario. La restricción del derecho de los presidentes en funciones a ser elegidos se deriva de una elección soberana del pueblo en busca de los objetivos legítimos de interés general a los que se hizo referencia arriba, que prevalecen por sobre el derecho del Presidente en funciones…

121. En conclusión, los límites a la reelección que satisfacen los criterios anteriores no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos.

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los electores?

122. En una democracia constitucional y representativa queda implícito que los representantes ejercen solamente los poderes que se les asignan de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Las elecciones genuinas, libres y periódicas acordes con el párrafo (b) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son esenciales para asegurar la rendición de cuentas de los gobernantes en el ejercicio de los poderes que se les confieren. Estas elecciones deben celebrarse a intervalos que no sean indebidamente prolongados y que aseguren que la autoridad del gobierno continúe basándose en la libre expresión de la voluntad de los electores.

123. Es cierto que los límites a la reelección pueden desalentar a los votantes de seleccionar de nuevo a un presidente o ex presidente. Sin embargo, esta es una consecuencia inevitable de la necesidad de restringir el derecho a la reelección de un presidente o de un expresidente… Contribuyen a garantizar que las elecciones periódicas sean “genuinas” en el sentido del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 23(1b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a asegurar que los representantes sean libremente elegidos y responsables ante los ciudadanos.

Adicionalmente, cuando el pueblo decide adoptar un sistema presidencial o semipresidencial, también tiene la facultad de decidir el poder presidencial y el período de la presidencia. Por lo tanto, los límites a la reelección presidencial son una restricción autoimpuesta al poder del pueblo de elegir libremente a un representante con el objetivo de mantener un sistema democrático.

124. En opinión de la Comisión y a la luz del análisis comparativo de las constituciones de los 58 países considerados, abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en materia de logros democráticos. Sea como fuere, si el pueblo desea modificar los límites a la reelección, ha de buscarse una enmienda constitucional acorde con las normas constitucionales aplicables.

¿Cuál es la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un Estado
constitucional?

127. Los límites a la reelección presidencial están consagrados en la constitución; por lo tanto, se requiere una reforma constitucional para modificarlos. Solamente el pueblo, que tiene poder soberano legal, puede modificar el alcance de la delegación que le otorgó al presidente. La decisión de alterar o eliminar los límites a la reelección presidencial debe sujetarse a un escrutinio y debate públicos minuciosos y debe respetar plenamente los procedimientos constitucionales y legales relevantes.

128. Cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los altos niveles de Estado, dichas enmiendas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo.

Sólo un amplio frente político-social podría desplazar al PLD del poder

01_09_2018 HOY_SABADO_010918_ El País11 A

En los más diversos ámbitos nacionales se afianza la convicción de que será necesaria una amplia concertación de fuerzas políticas y sociales que genere una gran sinergia para vencer el entramado de dominación del Partido de la Liberación Dominicana

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Convencidos de que ningún partido podrá por sí solo vencer la dominación política y social impuesta por el PLD con todos los poderes del Estado, varios agrupamientos de ciudadanos buscan concertar acciones para promover un amplio frente político-social que genere una sinergia capaz de convertirse en aluvión.

Los grupos sociales profundamente insatisfechos con la gestión gubernamental peledeísta y fatigados por la corrupción y la impunidad, confían en que podrán convencer a los partidos opositores de conectarse con las mayorías sin militancia partidista bajo compromisos para un gobierno de transición democrática y un nuevo modelo de desarrollo.

Un movimiento social

En los últimos meses proliferan los grupos sociales alentados por las masivas manifestaciones de insatisfacción, cuya mayor expresión es la Marcha Verde, bajo la premisa de que será necesario darle un contenido político para buscar restablecer las bases de la democracia, secuestradas por el peledeísmo, y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo económico social, sustentable y con mayores y mejores niveles de distribución.

Se nutren de la insatisfacción de la ciudadanía con el sistema partidista, registrado en las encuestas, tanto que la última de Mark Penn-SIN arrojó un 59 por ciento sin vínculo con los partidos. La insatisfacción se expande particularmente por las clases medias, con tasas de hasta 60 por ciento de los jóvenes que quieren irse del país, pero que no podrán porque las fronteras de la migración se están cerrando por todas partes y no podrá repetirse la égida de millón y medio de dominicanos de los últimos 50 años.

Algunos de los agrupamientos ya han salido a la luz pública como el Movimiento Independiente por el Rescate Democrático (MI-RD) que integra a reconocidos profesionales y artistas, como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla; y el Congreso Cívico, constituido por viejos luchadores democráticos, ambos con ramificaciones en diversas ciudades. También el Grupo Conciencia Nacional, que aglutina a personalidades como Eulogio Santaella, Enmanuel Esquea, Federico Lalane y Leopoldo Franco Barreras.

Expresan consciencia de que unificar la oposición social y política es una tarea muy difícil, y más aún la de competir con una corporación político-empresarial que no guarda el menor escrúpulo en el abuso de todos los poderes del Estado, como quedó documentado en las últimas elecciones presidenciales.

Las líneas fundamentales

Una decena de grupos sociales ya tienen bajo consideración unos “lineamientos básicos para un gobierno de transición democrática que siente las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico y social”, con 12 prioridades políticas e institucionales y 7 económicas y sociales. Persiguen restablecer las prácticas democráticas, promoviendo la separación de los poderes del Estado, la independencia de la justicia y de los mecanismos de control y fiscalización, y declarando “guerra total a la corrupción y la impunidad”.

El proyecto plantea respuestas a las principales preocupaciones de la sociedad reflejadas en las encuestas, desde la corrupción y la impunidad, a la inseguridad ciudadana, el desempleo, el control de la inmigración y el colapso de los servicios de salud, de la seguridad social y del transporte, entre otros. Recoge la demanda de un nuevo modelo de desarrollo económico-social, que revierta el deterioro de la fiscalidad y el desbordamiento del endeudamiento, reivindicando los pactos fiscal y eléctrico dispuestos por la Ley de Estrategia de Desarrollo para promover la producción, la productividad y las exportaciones.

En la concertación de los lineamientos han participado personalidades de los ámbitos empresariales, religiosos, profesionales y comunitarios, economistas, politólogos, sociólogos y comunicadores que de alguna forma se movían en grupos ciudadanos, con la meta de salir a la luz pública a más tardar en octubre.

Imposible competencia

            Los concertadores sociales reconocen lo difícil que es en el país montar un frente electoral amplio, por la enorme diversidad de la oposición, porque todos los dirigentes creen que sólo pueden ser candidatos presidenciales, por el predominio de los intereses individuales sobre los nacionales y hasta por la capacidad demostrada de los peledeístas y su inmenso ejército de comunicadores para intrigar y mantener separados a sus opositores utilizando el poder estatal, financiero y de los organismos electorales.

Aparte de los compromisos programáticos, se basan en que no hay posibilidad de competencia democrática, por el abuso del poder estatal en las campañas electorales, lo que en el 2016 fue reconocido tarde por los candidatos presidenciales opositores cuando a dos semanas de la votación acudieron a la Junta Central Electoral para formular reclamos, y ni siquiera lograron ser recibidos por el dirigente del PLD que presidía ese organismo.

Los informes del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) documentaron cómo el gobierno en pleno, más de 30 altos funcionarios, se lanzó por todo el país, a promover las candidaturas del PLD, que acaparaban tres cuartas partes de la publicidad y  duplicando el gasto publicitario del Estado, con decenas de miles de empleos temporeros de activistas políticos y la manipulación de los programas sociales. El presidente Medina “puso en marcha” la extensión de la segunda línea del metro, que apenas empezó a operar dos años después. La inversión y el gasto del gobierno se concentraba en provincias y municipios donde las encuestas daban más posibilidad a la oposición.

Municipios y el Congreso

El resultado electoral del 2016 mostró que si los partidos de oposición hubiesen concertado candidaturas siquiera en los niveles congresuales y municipales, la concentración del poder peledeísta sería menor, y hasta que los emergentes o minoritarios habrían podido conseguir algunos municipios para implementarlos como modelos, y más de los dos diputados que lograron.

En cuanto a las candidaturas presidenciales, Danilo Medina con el 62 por ciento, y Luis Abinader con 35, acapararon el 97 por ciento del sufragio, las restantes 5 apenas el 3 por ciento, justo la proporción del gasto de campaña que le arrojó la observación de PC. Y de estos sólo Guillermo Moreno pasó del 1 por ciento. Las perspectivas no apuntan a un cambio significativo en las posibilidades de competencia.

“Ni todos los partidos de oposición juntos desprenden del poder a la corporación PLD”, sostienen activistas sociales, quienes creen que hay que importantizar todas las candidaturas congresuales y municipales, con los mejores candidatos provenientes de los partidos y de los ámbitos sociales. En todos los medios se advierte que la oposición carece de un “líder carismático” que la una y enfervorice a la sociedad, pero eso podría convertirse en ventaja para la concertación y, en caso de una victoria, para que otro presidente no se constituya de inmediato en caudillo insustituible que ignore los compromisos para pretender entronizarse y prolongarse en el poder.

Tropiezo reciente por la Ley de Partidos

            Nadie puede ignorar los obstáculos a superar para alcanzar un amplio frente político social. De hecho, los 11 partidos que venían concertando oposición desde los últimos comicios, acaban de tener un tropiezo por la transacción que hizo el mayor, el Revolucionario Moderno (PRM), en aras de la Ley de Partidos, que no fue aceptada por el resto, los cuales publicaron un comunicado de diferenciación y rechazo, aunque no cerraron las puertas a proseguir concertando.

Primero tendrían que restaurar la confianza, lo que corresponderá al PRM, especialmente el sector de Luis Abinader, que luce con mayor posibilidad de alcanzar la candidatura presidencial. Este y varios de sus dirigentes han planteado repetidas veces la necesidad del frente político-social, como lo han hecho otros, en especial Guillermo Moreno y Eduardo Estrella. Más allá de lo que puedan representar los partidos minoritarios, la unidad de propósitos y candidaturas abriría expectativas y participación social que multiplicaría sinergias y votos.

El desafío es grande para todos los insatisfechos con el rumbo de la nación, en los partidos y en la sociedad, pues tendrían que superar la desconfianza, el sectarismo, la prepotencia de quienes se consideran mejor posicionados y las ambiciones individuales para superar el inmovilismo y el pesimismo, especialmente de las mayorías jóvenes.-

 

Otra reelección de Danilo Medina le saldría muy cara a la nación

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El presidente Medina incentiva el debate sobre si buscará una segunda reelección consecutiva, lo que muchos dan por hecho, aunque el escenario constitucional y político luce tan adverso que dilatar su decisión podría dejarlo sin pito, sin flauta, y sin que tocar

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina acabó de alborotar la opinión pública con su anuncio de que  será en marzo o julio del año próximo cuando hará pública la decisión, que dijo ya tiene adoptada, de si buscará postularse para un tercer período de gobierno consecutivo, aunque la Constitución que él mismo promulgó hace sólo tres años se lo prohíbe taxativamente.

En lo inmediato el planteamiento presidencial generó críticas, al ser interpretado como desprecio al mandato constitucional, y desconcierta a los peledeístas que pretenden disputar la candidatura al expresidente Leonel Fernández, en abierta campaña, lo que al final podría dejar a Danilo Medina “sin pito, sin flauta y sin que tocar”.

Incentiva el eterno debate

            Al plantear el domingo que no será hasta marzo, o julio del año próximo, cuando dirá si se repostulará, el presidente incentivó el eterno debate sobre la reelección, encendido por el entusiasmo de funcionarios y legisladores desde que a principio del mes logró la aprobación de una Ley de Partidos con posibilidad de padrón abierto para la elección de candidaturas.

            El anuncio podría ser interpretado como una advertencia a su archirrival en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente Leonel Fernández, al producirse una semana antes del muy publicitado acto de masas que éste celebrará mañana para recibir más de un millón de firmas pidiéndole que vuelva a optar por la presidencia de la nación.

Pero en lo interno tal planteamiento genera el efecto de desconcertar las aspiraciones de los peledeístas que han salido a disputarle a Leonel la candidatura presidencial, como Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, y retardar el lanzamiento de otros como Andrés Navarro, Temístocles Montás o Francisco Javier García, lo que aumentaría la enorme ventaja que sobre estos ha registrado el presidente del PLD en todas las encuestas.

Retardar su decisión hasta la proximidad de la convención fortalece la posición dominante de Fernández, pero también la creencia de que sólo el presidente Medina, con todo el poder, podría ganarle la candidatura. Una tardía declinación podría dejarlo como pregona un refrán, sin pito, sin flauta y sin qué tocar, como le ocurrió al presidente Antonio Guzmán en el 1981, cuando esperando abrir la posibilidad de repostularse, impedida por doctrina partidaria, no por la Constitución, decidió muy tarde apoyar la candidatura de su vicepresidente Jacobo Majluta, cuando ya Salvador Jorge Blanco la tenía asegurada con años de promoción.

Aumenta el desconcierto

            El anuncio del presidente tuvo el efecto inmediato de incrementar el desconcierto nacional, con dispendio de atención y energías dentro de su propio gobierno y en la sociedad en general. Se le impugna un desprecio a la Constitución que él mismo promulgó hace tres años para superar la prohibición de la reelección consecutiva, tras un acuerdo pactado por el Comité Político del PLD conjurando la crisis detonada por un radical rechazo del presidente del partido.

El acuerdo de 10 puntos implicó la reforma de la Constitución para permitir dos períodos presidenciales y nunca más, con la adición de una disposición transitoria, la vigésima, donde se consigna que en caso de resultar reelecto en el 2020, el Presidente de la República “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Danilo firmó el pacto en el Palacio Nacional el 28 de mayo del 2015, como lo hicieron a su vez los otros 34 integrantes del Comité Político, incluido Leonel.

Esta semana saltó a las redes sociales un fragmento del discurso con que Medina aceptó la candidatura el 30 de agosto, en la convención de su partido: “juro aquí, ante todos ustedes, y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la Presidencia de la República”. Ya entonces ignoró reiterados planteamientos de que sólo gobernaría un período por lo dañina para la democracia que ha sido la reelección en el país.

Al borde del abismo

Dada la tradición nacional, nadie puede negar toda posibilidad de que el actual mandatario busque una repostulación y alcance otra reelección, pero esta vez el camino está lleno de obstáculos y lo obligaría al equilibrismo al borde del abismo político, tanto a lo interno de su partido, como en el ámbito nacional, ahora navegando contra las aguas de la propia Constitución, apenas tres años después de promulgada.

Hay quienes sobre estiman el poder presidencial, pero ignoran que también lo tenía Leonel Fernández en el 2012 y tuvo que permitir la candidatura de Medina, pese a que gran parte de su partido y funcionarios pasaron un año promoviendo el continuismo. Llegaron a entregarle “dos millones 400 mil firmas” en un multitudinario acto, pero la generalidad de los sectores sociales y una parte importante de su propio partido rechazaron que se volviera a reformar la Constitución proclamada por el mismo Leonel dos años antes.

También se subestima la capacidad de resistencia de Fernández, porque el 28 de mayo del 2015 capituló en favor de Danilo tres días después de un discurso oponiéndose tajantemente a la reforma constitucional. Entonces era racional dar una segunda oportunidad al mandatario, él con tres períodos de gobierno, pero ahora le beneficia el pacto con que contribuyó a mantener la unidad partidaria. Le dejaba la ilusión de volver cuatro años después, pero ahora carecería de objeto político rehuir el enfrentamiento, por lo que hace un año emprendió la marcha.

Muy difícil de justificar

Danilo Medina tendría dos caminos para intentar el continuismo, ninguno de fácil acceso: una nueva reforma de la Constitución para eliminar la disposición transitoria que se lo prohíbe, o mediante una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la declare violatoria de su derecho, lo que ya ha sido recurrido por un abogado y está pendiente de fallo. El mes pasado se atribuyó en comunicado público a un Congreso de la Federación Interamericana de Abogados celebrado aquí haber emitido una declaración de que la disposición transitoria “viola los derechos humanos de Medina. Pero fue desmentido por los dirigentes de esa entidad con sede en Washington.

Para reunir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, Medina tendría que conseguir una treintena de votos, de los seguidores de Fernández, ninguno de los cuales cedió en el conflicto por las primarias abiertas, o de la decena del Partido Reformista o del medio centenar del Partido Revolucionario Moderno. Nadie lo descarta porque hace tres años “convencieron” al triple, pero en circunstancias muy distintas. Aquella vez le favoreció lo interno y la desbandada del Partido Revolucionario Dominicano.

Lo del TC sacudiría profundamente la institucionalidad democrática nacional, pues un tribunal de 11 personas declararía la “inconstitucionalidad de la Constitución” el pacto nacional determinado por un Congreso de 222 miembros.  Tiene al menos un precedente, en Bolivia, donde un Tribunal Constitucional invocó la Convención de Derechos Humanos para avalar una tercera postulación del presidente Evo Morales, por encima de las disposiciones de su propia Constitución, y consiguió imponerse en el 2015.

La reelección no es un derecho humano

Por el precedente boliviano, la Organización de Estados Americanos tramitó una consulta a la “Comisión de Venecia”, órgano consultivo de derechos humanos del Consejo de Europa, publicada el 9 de abril pasado, donde plantea tajantemente que “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”.

El informe final de la comisión integrada por expertos independientes de varios países concluye que “la reelección deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que solicitó la opinión consultiva “por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución para buscar la reelección”, y afirmó que “en casos peores mediante sentencias judiciales”.

Un costo muy elevado        

            Sea por reforma constitucional o por sentencia del TC, el costo institucional y para la democracia dominicana, con graves repercusiones en el Estado de Derecho y derivaciones económicas, sería muy alto para la nación dominicana, que afronta desafíos tan fuertes como el de la sostenibilidad fiscal. Habría tanta o más resistencia que cuando el intento continuista de Leonel Fernández en el 2012, que incluyó a las organizaciones empresariales, las iglesias y los medios de comunicación, además de gran parte del sistema político. Esta vez arriesgaría la división del propio partido gobernante.

Ya esta semana dirigentes de la Asociación de Industrias y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios rechazaron en duros términos la posibilidad de que sea modificada la Constitución. El presidente de los industriales, Campos de Moya, pareció hablar por todo el empresariado, cuando dijo que ”el sector empresarial dominicano entiende que la Constitución fue modificada ya recientemente y establece los cánones para la reelección. No estamos de acuerdo con modificarla nuevamente”.-

Un gobierno atrapado y desgastado que sobrevive por el endeudamiento

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El gobierno de Danilo Medina consumió a la defensiva la mitad de su último período, agobiado por el escándalo Odebrecht, tratando de abrir brechas al continuismo, dependiendo del endeudamiento y sin responder ninguno de los grandes desafíos nacionales

                                                Por Juan Bolivar Díaz

Las graves implicaciones del escándalo Odebrecht cayeron como rayo y petrificaron el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando apenas iniciaba su segundo período gubernamental, sin haber podido salir de la defensiva al agotar la primera mitad, sacudido por la indignación de amplios núcleos poblacionales que reclaman poner fin a la impunidad.

El balance de los 6 años de la gestión de Medina arroja un crecimiento económico motorizado por un incremento insostenible de la deuda estatal, con fortalecimiento del presidencialismo y debilitamiento de las instituciones, y sin haber podido resolver ninguno de los graves problemas del país, excepto la construcción de aulas escolares.

La maldición de Odebrecht

El entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrech petrificó el gobierno del presidente Medina, quien no ha podido salir de la defensiva ni librarse de su implicación, por sus tres viajes a Brasil antes de asumir la presidencia en el 2012, por el asesoramiento político de Joao Santana, agente electoral de la constructora con la que se firmó el cuestionado contrato para las plantas de carbón de Punta Catalina por 2 mil 40 millones de dólares.

Para colmo de males, la Odebrech reclama otros 802 millones de dólares para concluir las plantas desde el principio denunciadas como sobrevaluadas y que registran más de un año de atraso dilatando los efectos positivos que se cifraban para afrontar el grave problema energético nacional. Mientras han acaparado una alta proporción de la inversión pública basada en un endeudamiento que alcanza niveles de advertida insostenibilidad.

El manejo político y judicial del escándalo Odebrecht ha disparado la indignación manifiesta en el movimiento Marcha Verde, al  ignorarse que los ejecutivos de la constructora testimoniaron que cuando la justicia los persiguió en Brasil, trasladaron sus operaciones mafiosas a República Dominicana, por considerarla un lugar seguro. Durante el gobierno de Medina la empresa transfirió al país el 74 por ciento de los fondos destinados a sobornos, pero no hay procesados de ese período gubernamental.

La negligencia en auditar las obras de Odebrecht, pese a la confesión de que tenían un patrón del 22 por ciento de sobrevaluación, la negativa a investigar  el financiamiento de campañas electorales, la reducción a la mitad de los imputados originales por los sobornos y la documentación de que se otorgaron contratos sin licitación a las empresas de Joao Santana por casi mil 400 millones de pesos, han alimentado la hoguera en que se consume el gobierno.

Crecimiento con esteroides

El crecimiento económico con promedio alrededor del 6 por ciento durante los 6 años del actual gobierno es enarbolado como uno de sus mayores éxitos, tanto que cundió el pánico cl año pasado cuando quedó en 4.6 por ciento. Pero tal como sostuvo el economista Pavel Isa, se trata de un “crecimiento con esteroides”, no derivado de un incremento significativo de la producción y la productividad, sino en base al más acelerado endeudamiento.

El gobierno de Danilo Medina quedará como el de mayor endeudamiento de la historia nacional, con un aumento del 64 por ciento de la deuda pública consolidada registrada, que se eleva al 82 por ciento, cuando se computa la deuda pública flotante o no registrada, como hace el economista Apolinar Veloz, exgerente general delo Banco Central y hasta hace meses funcionario del Fondo Monetario Internacional.

Un cuadro anexo, entregado por Veloz en el Almuerzo del Grupo Comunicaciones Corripio hace 10 días, eleva la deuda total del Estado a 46 mil 689 millones de dólares, equivalentes a un escandaloso 60.64 por ciento del producto interno bruto. Incluye 33,604 millones de dólares del sector público no financiero, más 11 mil 848 del sector bancario público, 570 millones de dólares del sector eléctrico público, entre otros. La deuda de cada dominicano asciende a 4 mil 465 dólares, equivalentes a 222 mil pesos.

Altos déficits crónicos

El gobierno no ha podido superar los crónicos déficits fiscales y de balanza comercial heredados de su antecesor, por no haber querido pagar el precio de la contención de la malversación y el clientelismo que demandan los pactos fiscal y eléctrico, por demás dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Según un estudio de Oxfam por esos renglones y la corrupción se perderían este año 96 mil millones de pesos.

El déficit fiscal acumulado en los 6 años supera los 409 mil millones de pesos, financiado con deudas, en gran proporción para pagar intereses de la deuda anterior. El déficit de la balanza comercial pasó de 8 mil millones de dólares el año pasado, en una economía que se salva por las remesas de los dominicanos que han tenido que ganarse vida en el exterior, sobre 6 mil millones de dólares este año, además de los 7 mil millones de dólares aportados por un turismo cada vez más dependiente del capital externo, con el 80 por ciento de las habitaciones. hoteleras.

Adscrito a la política clientelar y de reparto, con políticas sociales que no promueven el alejamiento de la pobreza, informalidad laboral que ya se documenta en el 59 por ciento del empleo, con salarios mínimos que promedian 11 mil pesos cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre se aproxima a los 15 mil pesos. el régimen se ha negado a atender el reclamo de cambiar un modelo de desarrollo concentrado por otro que promueva la producción, la productividad y mayor equidad. Se aduce un relativo mayor apoyo a las micros y medianas empresas y a los productores agropecuarios, pero que no se traduce en incremento significativo de las exportaciones ni en expansión de la formalidad. Solo somos competitivos en el mercado haitiano y con Estados Unidos de un superávit comercial de 4 mil millones de dólares en el 2004, acumulamos un déficit de 31 mil millones, catorce años después.

Auge del presidencialismo

Otra característica del gobierno de Medina ha sido un notable incremento del presidencialismo, con una mayor concentración del poder, sustituyendo o duplicando instituciones y organismos estatales, en vez de atender el reclamo de reducir los inoperantes. Las “visitas sorpresas” del presidente reemplazaron la planificación para convertirse en un mecanismo de promoción del nuevo salvador providencialista.

Requeriría un extenso espacio para documentar la concentración de recursos y repartos de la Presidencia de la República, pero debería bastar con la cantidad de dinero dejada de entregar desde el 2013 al 2018, inclusive, a los gobiernos municipales, estimada en 184 mil millones de pesos por el experto municipalista Domingo Matías. La ley de Municipios 166-03 destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos, pero ya sólo entregan el 3 por ciento. El año pasado, con ingresos de 537 mil 886 millones, debieron entregarle 53 mil 788 millones de pesos, pero sólo les dieron 17 mil 55 millones, apenas 32 por ciento de lo que les correspondía.

El dinero tampoco alcanza para lo que dispone la ley para la justicia, ni a los municipios donde hay explotaciones mineras, pero el presidente Medina reparte cada fin de semana en poblaciones y campos. Y ya la presidencia tiene su propio programa para equipos municipales que entrega a discreción, sustituyendo de paso a la inoperante Liga Municipal Dominicana. Hace poco se conoció la circular que concentra en la secretaría Administrativa de la Presidencia todo lo que tiene que ver con China, como si no existieran la cancillería y el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

El rosario de programas dependientes de la presidencia rebasa toda racionalidad y viola numerosas leyes, generando duplicidades y rompiendo la institucionalidad, en cuyo renglón el país cayó al escalón 129 de 137 naciones evaluadas en el Indice de Competitividad Global 2017-18, del Foro Económico Mundial.

Los desafíos acumulados

Las perspectivas indican que el gobierno de Medina completará sus ocho años sin haber afrontado definitivamente ninguno de los graves problemas nacionales, aunque ha concentrado esfuerzos en la educación, gracias a la inversión del 4 por ciento del PIB, pero con poco éxito en calidad, sin variaciones significativa de los curriculos en la tanda extendida; habrá adelantado mucho en el 911, pero sin detener el incremento de la inseguridad; y mejorará el tránsito, al entrar en operación la prolongación al este de la segunda línea del metro, que recibió en etapa final hace 6 años y apenas la acaba de terminar, porque priorizó su teleférico, de mucho menor impacto en la demanda de transporte.

En salud podrá reivindicar la remodelación, ampliación y equipaje de 56 hospitales, que mantuvo semi-paralizados durante 5-6 años, generando graves problemas, a los que habría que atribuir el increíble incremento de las muertes de neonatales, que entre enero y julio han sumado mil 965, casi 10 por dia, 431 más que en el mismo período del 2017, un 28 por ciento más. El sistema de la seguridad social se cae a pedazos, sin que las autoridades reaccionen. Es notable la reducción de la inversión en vivienda, aunque promueva los proyectos de ciudades Juan Bosch, junto al sector privado.

Todavía podría tener mejores resultados en los dos años que le restan, pero las fuerzas espirituales del gobierno están demasiado concentradas en la política, atrapadas en la maldición del continuismo, con los vientos tan en contra como los tuvo Leonel Fernández en sus dos últimos intentos por seguir gobernando. La fatiga que se registra en el país no augura un camino fácil para el continuismo, y para lograrlo el costo podría resultar traumático.

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Regresión de la transferencia de fondos desde el nivel central a los gobiernos locales

Una Ley de Partidos con aciertos pero de altos riesgos democráticos

El Pais/ El Presidente del Sanado Reynaldo  Pared Perez,dirige la votaciones y los partiicpante del la asamblea para la aprov-ar la ley de los Partido Politico en El Congreso Nacional .Hoy/Jpse Francisco ,-

La Ley de Partidos aprobada por el Congreso contiene importantes normativas democráticas demandadas, pero conlleva serios riesgos al reavivar el continuismo danilista y ya paga el costo de la disolución de la concertación opositora de los últimos 27 meses

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La Ley de Partidos aprobada esta semana por las Cámaras Legislativas contiene la mayoría de las demandas consensuadas durante años, incluyendo límites de campañas y de gastos, transparencia y mayor equidad de género, aunque fue hecha a la medida del interés hegemónico del presidente Danilo Medina.

La ley pendiente de promulgación conlleva fuertes riesgos de ser declarada inconstitucional, de implementación y financiamiento de elecciones primarias, con el efecto inmediato de revivir los pujos continuistas del danilismo, que sale así de su mala racha, y se lleva de paso la concertación que durante 27 meses habían mantenido 11 partidos de oposición.

Muchos aspectos positivos

La revisión del texto de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas arroja un balance  positivo en relación a la mayoría de las demandas y consensos que acompañaron el extenso e intenso debate, especialmente en la limitación del período y las campañas para las candidaturas electivas, que tendrán que ser a lo interno de los partidos, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas y también sin publicidad de radio y televisión, lo que implicaría reducción de costos.

Son relevantes las previsiones para controlar el financiamiento político a costa del Estado o de actividades ilícitas, prohibiendo el patrocinio de empresas, aún nacionales, pues sólo instituye contribuciones individuales, con obligación de colocar en internet un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos. También la institución, dependiente de la Junta Central Electoral (JCE) de una “Unidad de Control Financiero” de los partidos.

Otras demandas atendidas en el texto son la elevación de la cuota en las candidaturas, al menos del 40 por ciento para mujeres y hombres, y la obligación de los partidos de “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de géneros en todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Se obliga a los partidos a mantener un padrón de sus miembros, actualizado cada año ante la JCE.

El maco en el sancocho

            El eterno “maco en el sancocho” de la Ley de Partidos aún por promulgar, está en el párrafo III del artículo 45 que faculta a sus organismos superiores para decidir “el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de elección de candidatos o candidatas”, en detrimento de la democracia interna y por encima de los estatutos de los partidos. El párrafo I indica que “Las primarias (sin especificar si abiertas o cerradas), convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades” para escoger las candidaturas.

Esos dos párrafos, demandados por la tendencia peledeísta del presidente Medina, fueron la concesión de los Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para destrabar la aprobación de la ley. Durante más de un año el danilismo fracasó en su intento de imponer el padrón abierto obligatorio para todos los partidos y luego en que se indicara padrón abierto o cerrado. Por fin sonsiguió que la ley facultara a las cúpulas para decidir, lo que le daría ventaja en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La ley tiene otras limitaciones, como mantener la poco equitativa distribución del financiamiento estatal a los partidos, pero otra más controversial es poner a cargo de la JCE la organización y escrutinio de las primarias simultáneas, abiertas o cerradas, en la que podrían competir más de 12 mil aspirantes por partido para las candidaturas a los 4 mil 106 cargos de elección popular, a los que habría que computar sus votos individuales en cinco días y proclamarlos en otros cinco.

La JCE y entidades sociales han advertido las dificultades y riesgos de las primarias simultáneas, y un costo sobre 5 mil millones de pesos. La previsión de la ley es que se pague con la asignación estatal a los partidos, que en los comicios del 2016 fue de 419 millones de pesos a cada uno de los tres mayoritarios, que en el 2020 pudieran ascender a unos 550 millones, ahora para cuatro. Si sólo dos de ellos escogen primarias, no cubrirían más de la quinta parte del costo.

La opción del PRM y PRSC

            Es obvio que el PRM y el PRSC, los dos mayoritarios de oposición, corrieron el riesgo calculado de aparecer cediendo a la imposición del presidente Medina, “para salvar la ley de partidos”. El primero ha dicho que flexibilizó su posición por considerar fundamental esa legislatura y defiende que logró la mayor parte de las demandas de más de dos décadas, ya que el primer proyecto fue consensuado en 1998, aunque vino a llegar al Congreso en el 2002.

El PRSC dice también que favoreció el consenso en la Cámara de Diputados y que el Senado ratificó al vapor, aunque modificaba substancialmente el proyecto que éste había aprobado en mayo último. Pero uno de su decena de diputados, Pedro Botello, declaró que “no estaba de acuerdo con esa Ley de Partidos, pero nos pusieron una bota en el cuello”, aludiendo a una denunciada extorsión del poder en el conflicto por el control del partido.

El PRM ha apostado por los beneficios de la ley aprobada y la esperanza de que abra perspectivas a la pendiente reforma de la Ley del Régimen Electoral, más importante para fines de la equidad en las campañas electorales, y la reducción de la tradicional irrupción del Estado en beneficio de quienes lo controlan, como en los últimos tres comicios por parte del PLD.

Los riesgos del PLD  

Está pendiente ver si la promulgación de la Ley resuelve la crisis que ha dividido al PLD y si el expresidente Leonel Fernández dará la pelea al danilismo o capitulará como en el 2015, y si sus seguidores se mantienen tan firmes como para encaminar las impugnaciones de inconstitucionalidad de las primarias abiertas, como fue declarada a una ley del 2004, y si esta vez prosperará, pero en lo inmediato, eso prolonga la confrontación y la incertidumbre.

Tras la aprobación, Leonel dijo que no teme a primarias abiertas, porque fue tres veces electo por el pueblo, y según todas las encuestas tendría razón frente a cualquier otro candidato a la nominación del PLD, en caso de que Danilo no pueda por el impedimento constitucional que afronta. Pero, como el mismo Leonel sabe por experiencia propia, “quien reparte los sobrecitos es el líder” y tiene muchas ventajas. Si él pelea y resiste el nivel de irrupción del Estado que se necesitaría para que un tercero lo venciera, los riesgos son altos para la integridad del PLD.

Los efectos secundarios

Los primeros efectos secundarios, desde que el PRM y el PRSC dieran visa a la posibilidad de las primarias abiertas, han sido de euforia en el danilismo que se lanzó a imponer como tendencia en las redes sociales la posibilidad de abrir espacio a la reelección. De inmediato tres de los 35 miembros del Comité Político del PLD renovaron las expectativas de que Medina pueda ser candidato y permanecer en el poder.

            Gonzalo Castillo. Ministro de Obras Públicas, dijo al respecto  que “en la segunda mitad del 2019 es que debemos ver qué es lo que el pueblo dominicano quiere”. El director de Etica del gobierno, Lidio Cadet, actualizando su condición de exsacerdote, expresó sobre la posibilidad de que Danilo siga, que “Dios decidirá a través de su pueblo”, añadiendo que “en este proceso cósmico tu nunca puedes descartar nada”.

Los perremeistas parecen convencidos de que prevalecerá la prohibición constitucional y el presidente Medina no podrá variarla, aunque en múltiples ámbitos, incluyendo gran parte de los analistas y comentaristas, se cree que lo intentará buscando reformar la Constitución o logrando que el Tribunal Constitucional declare violatorio de su derecho el transitorio de la carta magna que le prohíbe expresamente volver a ser candidato. Hay quienes no descartan que Medina les remitiera una promesa confidencial de que no buscará reelegirse.

Un efecto secundario adicional ha sido la ruptura de la concertación que el PRM y el PRSC mantuvieron durante 27 meses, desde la semana antes de las elecciones, con otros 9 partidos de oposición que pretenden cambios profundos en la competencia electoral y temen que el Medina los retorne al escenario del 2016. Esa reacción, expresada el viernes en un comunicado, también pone freno a las gestiones iniciadas desde sectores sociales por un amplio frente político-social por la democracia.

El danilismo se ha animado al llegar a la mitad de su segundo período de gobierno y sexto año consecutivo, con una victoria que les permite creer que han superado una mala racha en momentos en que les amenaza de nuevo el movimiento popular de la Marcha Verde.-

            Aspectos relevantes de la Ley de Partidos

Demandas atendidas:

  • Limita las precampañas electorales a 3 meses y sólo internas, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas, y sin propaganda por radio ni televisión
  • Sólo el Estado, sus rentas propias y personas individuales podrán financiar partidos y candidatos, con transparencia de un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos
  • Instituye una Unidad de Control financiero de los partidos, dependiente de la JCE
  • Eleva a un mínimo del 40% la participación femenina y masculina en las candidaturas y obliga a mecanismos para establecer igualdad genérica en los cargos partidistas
  • Establece que al menos 10% de las candidaturas serán para menores de 35 años
  • Declara ilícitos todos los abusos del Estado, incluyendo sacar rentabilidad electoral de actividades oficiales, como las inauguraciones, en períodos de campañas
  • Dispone mantener actualizado cada año ante la JCE el padrón de miembros de los partidos y pone límites al transfugismo

Deficiencias principales:

  • Privilegia a las cúpulas directivas, en detrimento de los estatutos y la democracia interna en los mecanismos para elegir las candidaturas
  • El sistema de sanciones por violaciones a la ley no es muy disuasorio, con multas de 50 a 200 salarios mínimos oficiales (de $5,100), es decir entre 255,000 y $1,200,000 pesos
  • Mantiene la muy desigual distribución del financiamiento estatal, con 80% para los partidos que saquen más del 5% del voto y con escalas mínimas
  • Reduce del 25 al 10% lo destinado a educación del financiamiento estatal a los partidos
  • Los topes de gastos por precandidatos son muy elevados, hasta $70 para las candidaturas presidenciales ($510 millones) y $60 y $50 por electores para las congresuales y alcaldes
  • Carga a la JCE con la organización de primarias con costos superiores al financiamiento estatal, y con camisa de fuerza para emitir resultados individuales en 5 días