La oposición debería dejar que el PLD resuelva solo la crisis que lo consume

04_08_2018 HOY_SABADO_040818_ El País12 B

Sólo con un amplio acuerdo para una reforma integral del Régimen Electoral, que cierre el paso a los abusos del Estado en las campañas electorales, se podría justificar que los partidos opositores le facilitaran al presidente Medina el control total del PLD

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La facción peledeísta del presidente Danilo Medina logró el apoyo del vocero reformista para imponer en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sean los organismos superiores de cada partido los que decidan cómo elegir sus candidaturas, pero en el pleno necesitarían votos leonelistas o del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para instituirlo.

Sólo con un acuerdo que implique al sistema partidista para una reforma que incluya la Ley del Régimen Electoral para establecer la transparencia y la equidad en la competencia, sin el abuso del Estado, podría justificarse que la oposición le facilite al presidente Danilo Medina predominar en la elección de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

 

El danilismo gana una

Gracias al apoyo del vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro, el grupo del presidente Medina salió adelante el jueves consiguiendo que el informe de la Comisión Especial para la Ley de Partidos consigne que serían los máximos organismos, identificados, los que tendrían la facultad de decir el tipo de sistema de elección y de padrón para la elección de las candidaturas de los partidos.

El danilismo necesitaba una victoria, hasta ahora limitada, después de haber fracasado en sus dos propuestas anteriores, la primera que pretendía imponer el padrón abierto a todos los partidos, y la segunda que buscaba que se consignara en la ley que el padrón pudiera ser abierto o cerrado. Ahora busca que en la ley quede consignado que es el Comité Central quien tendría la decisión y nadie duda que en ese organismo, como en el Comité Político del PLD, predominan los actuales detentadores del poder, por encima de los seguidores de Leonel Fernández, que disputa la candidatura presidencial del 2020.

Primero en una subcomisión y luego en Comisión Especial que estudia el proyecto de Ley de Partidos, la fórmula danilista se impuso por lo mínimo, 3 a 2, y 7 a 6. En la primera por los votos de Miriam Cabral, del PLD, de Radhamés González, del aliado PRD, y de Máximo Castro del PRSC. En contra votaron Henry Merán, presidente de la Comisión, leonelista, y Alfredo  Pacheco, vocero del PRM. Ya en la Comisión el reformista volvió a marcar la diferencia, junto a Cabral y Gonzáles, a quienes se adicionaron Gustavo Sánchez, Radhamés Camacho, Plutarco Pérez y Dilepcio Núñez. Allí se sumaron en contra Víctor de Aza, del PRM, Fidel Santana, del Fre4nte Amplio, y los leonelistas Hamlet Melo y Adalgisa Pujols.

Más difícil en el pleno

La victoria en la Comisión Especial no implica que el danilismo haya salido adelante ya con su interés de sobreponer la ley a sus estatutos, que en su artículo 41 establecen que las candidaturas se eligen con el “padrón interno del partido”. Si logran que los 9 diputados reformistas voten a su favor, todavía le faltaría una veintena de votos que tendrían que buscarlos entre los leonelistas y los perremeístas.

La contrapropuesta del PRM a la última formulación del danilismo, es que “cada partido escoja el método de elección”, sin especificar organismos. De esa forma evaden inclinarse en favor de cualquiera de las dos facciones del PLD, pues los leonelistas quieren que se consigne que el método para elegir las candidaturas sea “de acuerdo a los estatutos de cada partido”.  Para modificarlos se requiere la convocatoria de un Congreso del partido, mecanismo complejo que podría abrir de par en par las puertas a la división.

Los perremeistas no pueden inclinar la balanza hacia Leonel sin los votos de los danilistas, pero sí hacia Danilo sin los votos de los leonelistas. no sólo votando a su favor, sino también ausentándose. El artículo 112 de la Constitución establece que para aprobar las leyes orgánicas, se requiere “el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”. La posición adoptada por el máximo organismo del PRD en abril del 2017 fue que la elección sea con el padrón de cada partido, que ya flexibilizó a la propuesta de que cada entidad política decida, sin especificar órgano.  

Solo con reforma integral

Sólo en el marco de una reforma política integral, que privilegie la Ley del Régimen Electoral que es de mayor importancia que la Ley de Partidos, podrían los perremeistas justificar que inclinaran la balanza en la lucha interna de los peledeístas hacia la posición de quien encarna actualmente el reparto estatal. Tendrían que haber olvidado los extremos abusos del Estado con que se reeligió el presidente Medina en el 2016, cuando encargó su campaña a 39 altos funcionarios, desde los ministros hasta los directores de organismos estatales, sobrecargando las nóminas con decenas de miles de empleados temporeros, activistas de campaña, duplicando la publicidad del Estado y acaparando hasta en 80 por ciento la publicidad política.

La sola aprobación de la Ley de Partidos no vale los riesgos de fortalecer la posición de quien “reparte los sobrecitos”, como acuñó Leonel Fernández. Para el PRM la oportunidad es propicia para hacer propia del partido la propuesta de comienzo del año de su precandidato Luis Abinader de que el presidente Medina auspicie una gran concertación para canalizar la reforma integral del sistema electoral. Con ello sintonizaría con las instituciones de la sociedad civil organizada que llevan años requiriendo lo mismo.

Incluso la Ley de Partidos que buscan los peledeístas, como quedó evidente en el proyecto aprobado por el Senado, contiene hasta contra-reformas como la de permitir el financiamiento electoral de empresas extranjeras, y queda muy corta en relación a las “Propuestas desde la Oposición”, sostenidas desde enero por 11 partidos opositores. La sociedad civil también ha rechazado el proyecto aprobado, por carecer de suficiente transparencia, límites del gasto y sanciones eficientes.

El concierto de oposición

Una razón poderosa para que el PRMmida sus pasos frente al proyecto danilista es que el mismo ha tenido el rechazo de la mayoría de los 11 partidos de oposición, que no han aprobado ni siquiera “la flexibilización” de la posición perremeísta. Provocar la disolución o alejarse de la concertación opositora opera en sentido contrario a la línea estratégica marcada por los principales dirigentes del PRM de pretender un “amplio frente opositor para vencer la maquinaria de control peledeísta en el 2020”.

Sería un gran desacierto desbaratar una concertación que comenzó dos semanas antes de los comicios el 2016, mantenida durante dos años y tres meses. Afectaría también los esfuerzos en pro de un “amplio frente político-social” por el rescate de la democracia, que han planteado  grupos ciudadanos, como Conciencia Social, encabezado por personalidades como Enmanuel Esquea, Federico Lalane, Eulogio Santaella y Leopoldo Franco; el Movimiento Independiente Rescate Democrático, promovido por profesionales como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla, o el Congreso Cívico que a nivel nacional integran antiguos militantes de la izquierda.

Múltiples articulistas independientes también vienen sosteniendo que sólo una amplia concertación político-social puede generar las sinergias necesarias para superar el inmenso control del Estado y social que mantiene el PLD, o por lo menos para reducirlo. Inclinar el voto del mayor partido de oposición al interés del presidente Medina afianzaría la amplia convicción de que él terminará por imponer a cualquier precio una nueva repostulación y reelección. Porque los mismos dos tercios necesarios para pasar la ley orgánica, serían suficientes para reformar la Constitución.

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No apagarle el fuego al peledeismo

La más elemental estrategia opositora descartaría contribuir a apagar el fuego que consume al PLD, poniéndolo en riesgo de fuerte división, con posiciones que ya pasan de la confrontación política a la personal, y que afectan la imagen de ese partido y la del gobierno, incluyendo la del presidente Medina, que pese a todo mantiene aprobación cercana al 50%.

Sufragar en aras de que el presidente Medina derrote a Leonel es el camino más corto a la reunificación de esa maquinaria de poder. Porque una vez que eso ocurra, el terror de perder las ventajas del gobierno, el presidencialismo, los repartos del patrimonio público y promesas de apoyos electorales tendrían más fuerza reunificadora, que en el contexto de que Fernández resulte el candidato. Para que esto ocurra tendrán que doblarle el pulso al mandatario y su poderoso grupo, y el apoyo del Estado a esa candidatura sería menos entusiasta.

En cualquier caso, la vocación de poder del peledeísmo podría lograr la reunificación, pero para la oposición, a la que se acusa de pocas garras, sería más difícil enfrentarse al presidente de la nación. Dejarle a los peledeístas resolver ellos sus contradicciones es la más apropiada estrategia. Que se vayan con sus estatutos o se fajen a modificarlos, en lo que se consumirían durante meses.

Al PRM le conviene trazar una línea definitiva y fuete de oposición, ya tiene un padrón que se demostró eficiente, y hasta le convendría no quedar atado a unas primarias en noviembre del 2019, y celebrarla mucho antes, para definir candidaturas que superen la distracción y riesgos de fragmentación que conllevan las largas luchas por las nominaciones. Así podrían concentrarse más temprano en edificar una ilusión de cambio político que no han podido lograr aunque la sociedad muestra las fatigas de la prolongación en el poder de la corporación peledeísta.-

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Ahora hay más motivos para proseguir la Marcha Verde contra la impunidad

28_07_2018 HOY_SABADO_280718_ El País12 B

Los pírricos resultados de las investigaciones del escándalo Odebrecht a 19 meses de su estallido y la persistencia de altos niveles de corrupción justifican ahora más que nunca la movilización de la ciudadanía, convocada a otra marcha el 12 de agosto en Santo Domingo

Por Juan Bolívar Díaz

La convocatoria de otra movilización del movimiento Marcha Verde (MV) para el domingo 12 de agosto es un desafío a los sectores sociales que hace año y medio levantaron banderas contra la corrupción y la impunidad, cuya mayor expresión ha sido el escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras y financiamiento electoral de la empresa Odebrecht.

         La MV perdió vigor el 28 de enero pasado cuando realizó una concentración ante el Palacio Nacional con una asistencia mucho menor a la caminata del 16 de julio del 2017 que movilizó una multitud estimada sobre las 150 mil personas, pero sus promotores estiman que ahora hay tanta o más razones para marchar, por la persistencia de la impunidad.

“La marcha del millón”

La convocada para dentro de dos semanas ha sido ambiciosamente denominada “la marcha del millón”, aunque sus promotores reconocen que es imposible movilizar esa cantidad de personas, y matizan hablando de “un millón de voluntades y de corazones”, pero están convencidos de que ahora se dan más condiciones objetivas para la lucha contra la impunidad después de la burla en que ha devenido la investigación del escándalo Odebrecht que detonó la protesta con una primera manifestación multitudinaria el 22 de enero del año pasado.

El recorrido se orienta otra vez hacia el Centro de los Héroes, donde el 16 de julio del 2017 logró una concurrencia estimada entre 150 y 200 mil personas, catalogada como la mayor de la historia de la movilización social dominicana, con participación sin precedente de sectores sociales que nunca se habían manifestado en las calles. Pero decayó el 28 de enero último cuando los sectores más militantes impusieron una concentración junto al Palacio Nacional que no tuvo aprobación de las mayorías.

Los promotores han mantenido la MV con diversas actividades, las últimas un concierto ante la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado día 8 y los campamentos mantenidos por varias semanas en ese mismo lugar y luego en Santiago, que fueron escenario de variadas manifestaciones. En el ínterin hubo expresiones de disensiones internas, especialmente de los núcleos más radicales que no lograron hacer prevalecer como objetivo la meta de hacer saltar del gobierno al presidente Danilo Medina, lo que la mayoría de los dirigentes consideraron poco realista. Estos estiman que un mayor deterioro de la imagen del gobierno y la pírrica indagatoria del escándalo Odebrecht, cuya última expresión ha sido el rechazo a investigar los contratos con los asesores políticos Joao Santana y Mónica Moura, estimulan la protesta.

Resultados muy irritantes

            A más de año y medio del estallido del mayor escándalo transnacional de corrupción, en víspera de la Navidad del 2016, que embarró altamente a la República Dominicana, los resultados de las investigaciones locales han sido considerados pírricos, en relación con los de otros países donde presidentes, expresidentes, un vicepresidente y ministros han sido apresados y/o procesados. Aquí el ministerio público sólo se ha ocupado tímidamente del aspecto sobornos, de lo confesado por los ejecutivos de la constructora Odebrecht, ignorando las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales, de mayores implicaciones económicas  y políticas.

En las imputaciones por los sobornos, presentadas por la PGR en mayo del  2016, aparecieron 14 implicados, doce funcionarios y políticos más el intermediario de Odebrecht Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga. El Procurador general Jean Alain Rodríguez proclamó entonces que “están todos los que son y son todos los que están”. Pero al formalizar acusaciones judiciales un año después, la docena se redujo a cuatro y se agregó al exsenador y dirigente del principal partido opositor Jesús Vásquez, excluyendo a tres que son del miembros del Comité Político del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exfuncionario Radhamés Segura y el senador Julio César Valentín.

Es más relevante que a 19 meses de las confesiones de Odebrecht todavía no han sido auditadas las obras contratadas en el país por 5 mil 957 millones de dólares. Los testimonios de los ejecutivos de la constructora indican un patrón de sobrevaluaciones del 22%, que en el caso dominicano alcanzarían a 1,119 millones de dólares, 12 veces el monto de los sobornos confesados. Un consorcio internacional de investigaciones periodísticas estimó que en RD las sobrevaluaciones habrían ascendido a 1,217 millones de dólares.

El componente político

            Sobre las sobrevaluaciones, la PGR ha argumentado que solicitó a la Cámara de Cuentas, las correspondientes auditorias, la que en principio dijo que no podía realizarlas  “por falta de fondos”, pero los testimonios sobre el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, a través de sus asesores Joao Santana y Mónica Moura, han sido totalmente ignorados. La última expresión es la reciente negativa de la Cámara de Diputados a investigar los certificados de la Contraloría General de la República, presentados por cuatro diputados opositores encabezados por Faride Raful, que muestran contratos por más de 1,300 millones de pesos, de dos organismos de la Presidencia con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 de los esposos Santana Moura mientras daban asesoría política al presidente Danilo Medina

Los certificados publicados implican posibles violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones y abuso de recursos públicos para pagar asesoría electoral, pero desde mayo del año pasado la PGR fue apoderada de documentos que muestran el envío desde Lima de 4 millones 396 mil 796 dólares, en una triangulación de empresas de Odebrecht en Perú a una cuenta bancaria de CineArt2013, en 16 transferencias a un banco dominicano entre 2013 y 2014, en pleno período de la asesoría política y de marketing de los Santana-Moura.

El esfuerzo de la PGR ha sido concentrado sólo en los sobornos confesados por 92 millones de dólares, mediatizado por el “pacto de impunidad” suscrito con la Odebrecht, con un cómodo compromiso de pago escalonado a ocho años, de 184 millones de dólares, el doble de las coimas. Pero ese acuerdo ignoró que la misma empresa también confesó que mediante los sobornos había derivado utilidades por 165 millones de dólares. Y todavía se espera la lista de los sobornados que repetidas veces se dijo entregaría Odebrecht. Lo entregado es una clara burla de los términos del acuerdo homologado por un juez.

No se vale el cansancio

La fortaleza de la MV fue consecuencia de la indignación generada por el cúmulo de escándalos de corrupción, que tuvo como detonante el de Odebrecht, pero que ya acumulaba otros como los 130 millones de dólares en pagarés vendidos por la empresa Sun Land, los sobornos y sobrevaluaciones en la compra de los aviones Tucano, las extorsiones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, además de los expedientes de Félix Bautista y las denuncias de gran escala contra los altos funcionarios Víctor Díaz Rúa y Diandino Peña.

Todavía en Septiembre pasado, en el último Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, RD era situada en los últimos escalones en los renglones relacionados con la corrupción entre 137 países. En favoritismo de los funcionarios públicos quedó en penúltimo lugar, el 136, el 135 en desvío de los fondos públicos, en el 133 en eficientes políticas antimonopolios, 132 en comportamiento ético-empresarial, 131 en eficiencia del gasto y en el 130 en independencia de la justicia.

No hay motivo para que la ciudadanía reduzca su presión para contener el desbordamiento de la corrupción y reclamar el fin de la impunidad. Pero muchos de los que se lanzaron a las calles creían que verían rápidamente resultados positivos, ignorando la resistencia de quienes se benefician personal y políticamente de la malversación en todas sus expresiones. Otros sobrevaluaron las fuerzas desatadas pretendiendo metas que excluían en vez de incentivar la acumulación de fuerzas.

La Lucha para lograr la inversión del 4 por ciento del PIB para la educación comenzó a principio de los años noventa y se consagró en la Ley General de Educación del 1997, pero no fue hasta el 2012 que se logró su aplicación, tras varios años de fuerte presión de la sociedad organizada, que incluyeron la marcha de unas 10 mil personas, muy lejos de las multitudinarias de ahora contra la corrupción y la impunidad.

Un esfuerzo gubernamental

Podría parecer exageración, pero hay quienes atribuyen las imputaciones formuladas por la PGR el jueves a 11 personas, incluyendo funcionarios, por el escándalo de la venta del barrio de Los Tres Brazos al temor gubernamental de que se reanuden las multitudinarias marchas verdes.  Los cargos incluyen implican a la actual directora nacional de Registro de Títulos y al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Leoncio Almánzar.

El escándalo se produjo a fines del 2016, cuando los programas matinales de tres canales de televisión, el periódico El Día y la cadena de emisoras católicas transmitieron un programa en vivo desde el barrio de la parte oriental de la ciudad. Habían vendido el barrio con todas sus infraestructuras de escuelas, acueducto, centro de salud, calles y las construcciones particulares de 14 mil familias por 80 millones de pesos, que luego fueron reducidos a 65 millones. La CORDE sólo recibió 15 millones de pesos, de los cuales pagó 11.3 millones para el deslinde que correspondía a la empresa compradora, para un balance final recibido de 3.3 millones de pesos. Con el absurdo de que recibió a cambio otros tres inmuebles que nunca pudo asumir porque estaban registrados a nombre de abogados de los mismos compradores.

La mayor parte de los cargos presentados el jueves por la PGR ya figuraron en la investigación que hizo en solo un mes una comisión especial designada por el presidente Medina, encabezada por su consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Fue entregada a la Procuraduría a fines de enero del 2017, es decir hace año y medio, y nunca se habló del asunto aunque el caso figuraba en la galería de escándalos de corrupción.

 

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Contrastes del escándalo Odebrecht

*República Dominicana fue el tercer país en volumen de los sobornos confesados por Odebrecht, después de Brasil y Venezuela, con 92 millones de dólares. Pero el mayor en términos proporcionales, tanto de población como de montos contratados.

* El país fue sede del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (o de sobornos), a partir del 2014, cuando la justicia brasileña empezó a descifrar su entramado de corrupción, porque lo consideraban un lugar seguro, según testimonios de sus ejecutivos.

* Joao Santana y Mónica Moura fue certificados por Odebrecht como sus brazos para la asesoría de campañas electorales que luego se cobraban con contrataciones,  y llegaron a despachar en el Palacio Nacional, y aquí estaban cuando fueron requeridos y apresados por la trama, pero aquí eso no ha tenido consecuencias.

* Los sobornos certificados por la PGR, por US$83.2 millones llegaron entre 2007 y 2015, el 72% durante el gobierno de Danilo Medina, pero no hay imputaciones de ese período.

*Tres de los cinco acusados por los sobornos son actualmente de la oposición, dos legisladores y un ejecutivo del período en que se contrató el 5% del monto con Odebrecht.

* Un solo senador del partido de gobierno está acusado de sobornos para aprobar contratos y adendas con Odebrecht aunque su bancada era de 24 y luego 31 de los 32 miembros.

* Danilo Medina hizo tres viajes a Brasil, como ministro de la presidencia, como candidato y como presidente electo, donde entró en contactos con los presidentes Lula y Dilma, que luego abogarían por su reelección.

 

 

El presidente DM está en mala racha, de escándalos, gestión política y fiscal

21_07_2018 HOY_SABADO_210718_ El País11 A

Danilo Medina luce cada vez más empantanado en el escándalo Odebrecht, los apremios fiscales suturados a golpe de endeudamiento, falso combate a la inseguridad, mayor mortalidad infantil, crisis de la seguridad social y sin poder dar salida a la Ley de Partidos 

 

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Acercándose a la mitad de su período, el gobierno del presidente Danilo Medina atraviesa una de sus peores rachas, cada vez más enredado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, con apuros fiscales, llevando la deuda pública al borde de la insostenibilidad para financiar sus infortunadas plantas de carbón, mientras el peso se reduce a dos centavos de un dólar escaso.

Con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana sin poder superar su peor crisis, la posición del mandatario sigue obstruyendo la aprobación de la Ley de Partidos, mientras entra en crisis la seguridad social y se reporta un escandaloso incremento en el año de la mortalidad infantil, que avala los cuestionamientos a la gestión de la salud pública.

El pantano de Odebrecht

            Todo parece indicar que el escándalo Odebrecht, que ha marchitado la primera mitad de su último período gubernamental, seguirá persiguiendo al presidente Danilo Medina sin respuesta a los indicadores que lo salpican y en medio del descrédito por la pobre investigación de su Ministerio Público.

El gobierno quedó atrapado con las revelaciones de cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con documentos de la Contraloría General de la República (CGR) que demuestran contrataciones públicas con los asesores de las campañas electorales que ejecutivos de la Odebrecht confesaron haber financiado, entre ellas las del presidente Medina. El secretario administrativo de la Presidencia y su director de Comunicaciones trataron de disminuir el nivel del escándalo, admitiendo que a Joao Santana y Mónica Moura se le pagaron 430 millones de pesos por asesorías y marketing político.

Los registros de 11 contratos, entregados por la CGR a requerimiento de los diputados demuestran que lo contratado con las empresas Polis Cribe y Cine&Art 2013, de Joao Santana y Mónica Moura, sobrepasaron los 1,300 millones de pesos, que comenzaron el primer día del gobierno de Medina en agosto del 2012, y se extendían hasta diciembre del 2016. Los libramientos 7231, 7236 y 7587 de la Contraloría autorizaron pagos hasta enero del 2017, estos tres por 24 millones 451 mil pesos, 11 meses después la pareja dejó la asesoría a Medina en febrero del 2016, para ser condenados en Brasil por su implicación en el escándalo Odebrecht.

Nada que transparentar

Tanto en la respuesta de funcionarios palaciegos como en la reacción de la mayoría peledeísta que controla la Cámara de Diputados, resalta su negativa a dilucidar el contenido de los papeles certificados por la CGR y a aceptar el requerimiento de los cuatro legisladores de crear una comisión que investigue contratos “para asesoría en marketing, comunicación y planificación de campaña” un asunto que salpica al propio presidente Medina, al tratarse de los asesores políticos de sus dos campañas electorales. La admisión de pagos por 430.5 millones de pesos, debería obligar a una minuciosa rendición de cuentas, al implicar posible violación de la ley de Compras y Contrataciones y uso político de fondos públicos.

Al menos podrían haber detallado cómo y por qué sólo pagaron esa suma, cuando contrataron fueron por más de 1,300 millones de pesos, incluyendo 4 en años sucesivos a razón  a razón de 100 mil dólares mensuales. Más aún porque una relación de erogaciones del Ministerio de Educación indica que allí también pagaron a la empresa Cine&Arte 2013, una de las dos involucradas,16 millones 800 mil pesos en noviembre del 2014. Los documentos de la CGR deberían ser respondidos también con documentos y no con afirmaciones descalificativas.

Con su negativa a investigar la Cámara de Diputados, desaprovechó la oportunidad para demostrar que los documentos eran falsos como afirmó su presidente Rubén Maldonado, y renunció al deber de fiscalización de los gastos públicos que le ordena la Constitución, ratificando la pobreza institucional y la precariedad de la democracia dominicana.

La espina de las plantas

            Los papeles de la Contraloría pusieron en apuros al gobierno, cuando trata de completar el financiamiento de las cuestionadas plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina para concluirlas al margen del reclamo de otros 708 millones de dólares que le ha formulado Odebrecht. A eso se atribuye, en parte, la colocación de bonos por 1,300 millones de dólares de la semana pasada, que a la vez alivia la escasez de divisas racionadas para administrar la devaluación del peso que ya llega a 50 por dólar, la que esta semana generó una exigencia pública de la Asociación de Industriales de Herrera al Banco Central para que los empresarios puedan cumplir sus compromisos internacionales.

Tras los nuevos bonos, HOY dio cuenta el sábado 14 que el gobierno de Medina ha emitido más de 12 mil millones de dólares desde el 2013, mientras el exgobernador del Banco Central daba cuenta de que la deuda pública estatal consolidada alcanza 43 mil 400 millones de dólares, 52 por ciento del producto nacional, reiterando sus advertencias de que va camino a la insostenibilidad. El economista Apolinar Veloz, hasta hace poco funcionario del Fondo Monetario Internacional, la cuantificó en 46 mil millones en una entrevista el jueves en Uno+Uno de Teleantillas, al sumarle deudas no registradas con suplidores y constructores.

Las perspectivas apuntan a la continuación del endeudamiento, en su mayoría para cubrir gastos corrientes, ya que el Ministerio de Hacienda advirtió que el presupuesto para el 2019, en proceso de elaboración, contendrá menos recursos para proyectos prioritarios, cuando la inversión de capital apenas alcanza el 15 por ciento del presupuesto. En los lineamientos presupuestarios para el próximo año recién presentados al presidente Medina por el ministro Donald Guerrero, sigue ausente el pacto fiscal postulado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el gobierno ha evadido, según dio cuenta el Diario Libre al comenzar la semana.

Traspiés eléctrico en China

            El gobierno tuvo otro revés esta misma semana cuando se reprodujo aquí una información publicada en un portal internacional de que el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, José Rafael Santana, firmó un acuerdo para la instalación de una planta eléctrica de 1,200 megavatios, que incluiría facilidades del puerto de Manzanillo, en Montecristi, con la empresa china Huayang Investment Holdings. El mismo día el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo,  y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, negaron calidad a Santana para firmar tal acuerdo.

Cuando se esperaba que el funcionario sería destituido, al día siguiente Bichara precisó que lo que se firmó fue un “memorándum de entendimiento no vinculante”, como unos 26 suscritos en los últimos meses con otras empresas interesadas en el negocio eléctrico en el país. Ese tipo de “acuerdos de intención” son de carácter confidencial y por tanto no publicable. Pero este se firmó en una ceremonia en el “Salón del Pueblo” de la capital de China, Beijing, con la concurrencia de varios funcionarios dominicanos y chinos.

Desde luego nadie informó quién cubrió los gastos para esa “carta de intención”, mientras se especulaba sobre la precipitación con que el gobierno procura beneficios económicos, por lo menos de inversión, de su reciente reconocimiento diplomático de la República Popular China.

Una reacción de Danilo

El presidente Medina, negado sistemáticamente a responder cuestionamientos o preguntas, tuvo una reacción de enojo esta semana cuando recriminó a los que criticaron los vicios de construcción develados por los aguaceros en dos grandes hospitales capitalinos, en especial el Moscoso Puello, en cuya remodelación se gastaron más de 400 millones de pesos.

El sector salud está revuelto desde hace meses, con declaraciones de colapso por parte de los gremios como el Colegio Médico Dominicano, con el agravante de que el sistema de seguridad social ha sido sumido en una crisis, con sus organismos inoperantes, al punto que tras un coro de quejas y demandas, contra las aseguradoras de de Riesgos de Salud, esta semana el Ministro de Salud Pública reaccionó proponiendo una mesa de diálogo para buscar soluciones.

Mientras tanto, las muertes de recién nacidos se elevaron en el primer semestre de este año en un alarmante 29.4 por ciento, al totalizar 1,659, con 377 más que las 1,282 ocurridas en el mismo período del año pasado, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 26. Las muertes maternas del mismo período se redujeron de 88 a 93.

Tampoco en la política

En el rumbo político tampoco ha tenido suerte el presidente Medina, aunque en las últimas semanas han aparecido en las redes cinco spots de promoción de su reelección, con la misma línea gráfica, y el viernes se publicaron fotografías de afiches reeleccionistas con la foto del mandatario, todos de igual impresión, durante una inauguración oficial.

Hace dos semanas se aprovechó un congreso en el país de la Federación Interamericana de Abogados para atribuirle a un supuesto “Comité de Derecho Electoral” haber dictaminado “a unanimidad” que el transitorio de la Constitución que prohíbe otra repostulación de Medina, viola sus derechos, lo que fue rápidamente desautorizado por el presidente de la entidad con sede en Washington, quien dijo que ni siquiera tienen tal comité.

La última propuesta del danilismo para viabilizar la controversial Ley de Partidos, que pedía consagrar tanto el padrón abierto como el cerrado para elegir candidatos, habría sido respondida por el Partido Revolucionario Moderno con que cada partido quede en libertad de escoger el método de elección, pero parece que eso tampoco satisface al danilismo que quiere una ley que le economice los riesgos de convocar un congreso  para modificar los estatutos del PLD que establecen el padrón interno. Mientras tanto, el próximo miércoles concluirá otra legislatura sin aprobarse la Ley de Partidos.-

 

Gobierno de Danilo contrató más de $1,300 millones con Joao y Mónica

5A_El País_13_1,p01Una certificación de la Contraloría General, obtenida por la diputada Faride Raful, revela 11 contrataciones y al menos 35 libramientos de pagos por $1,108 millones y 4.8 millones de dólares a dos empresas de Santana y Moura, que siguieron aún después de ser apresados  

 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Una certificación de la Contraloría General de la República (CGR), obtenida por la diputada Faride Raful, revela contrataciones por más de 1,300 millones de pesos de dos organismos gubernamentales con dos empresas de Joao Santana y Mónica Moura los instrumentos políticos de Odebrecht que asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina.

Las contrataciones y pagos a las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 comenzaron el mismo día de la juramentación presidencial de Medina, el 16 de agosto del 2012, y se extendieron hasta enero del 2017, 11 meses después que los dos publicistas fueran apresados en Brasil al llegar desde Santo Domingo y procesados por corrupción pasiva y lavado de activos.

Del primer día hasta 2016

El primer contrato de los certificados por la CGR, otorgado a Polis Caribe por la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), rigió desde el día inicial del gobierno de Medina, el 16 de agosto del 2012, hasta el 24 de noviembre del mismo año, por un monto de 18 millones 815 mil pesos, para producir la “campaña 100 días de gobierno”, y el último fue un contrato por un millón 200 mil dólares para “asesoría en comunicación y Planificación estratégica”, que venció el 3 de diciembre del 2016.

En la relación de libramientos autorizados por la CGR aparecen 7 pagos a la empresa Cine&Art 2013 entre marzo del 2016 y enero del 2017 por un total de 72.5 millones de pesos, cuando ya los esposos Santana-Mouray había sido apresados y procesados, siendo condenados en enero del 2017 a 8 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de activos provenientes de la empresa Petrbras, tomándose en cuenta que hicieron “declaraciones premiadas”, por lo que cumplen la condena en domicilio privado.

Polis Caribe, representada por Mónica Moura, obtuvo contratos de la Secretaría Administrativa de la Presidencia por 1 millón 400 mil dólares, por 4 años, del 2013 al 2016, con una adenda estableciendo que debían pagársele cada mes 100 mil dólares más el Itebis. El objeto   “asesoría en comunicación y planificación estratégica” es poco descriptivo, pero con mensualidad muy por encima del mercado nacional, casi 5 millones de pesos a la tasa de ahora.

Pero los contratos más generosos fueron dos por 480 millones de pesos cada uno, firmados por la misma secretaría, con vigencia del 3 de marzo del 2014 al mismo día y mes del 2016. Estos fueron con Cine&Art 2013 para “servicio de coordinación de marketing y diseño para campañas en los medios de comunicación”.

Más de $1,300 millones

El total de lo contratado con las dos empresas de los Santana-Moura ascendió a 4  millones 800 mil dólares, que a la tasa actual de 49.40 pesos, sumarían 237 millones 120 mil pesos, más 1,109 millones de pesos para un total general de 1,346 millones 841 mil 796, equivalentes a 27 millones 247 mil dólares.

Pero las contrataciones fueron mayores, ya que la certificación de la CGR indica que no podía establecer los montos de diez de los libramientos solicitados por la diputada Raful, porque “el sistema de información dela Gestión Financiera sólo nos permite visualizar las informaciones de los últimos tres años”. Hace más de un año fue documentado un pago del Ministerio de Educación a Cine&Art 2013 en noviembre del 2014 por 16 millones 198 mil pesos.

La CGR certificó 12 libramientos a Cine&Art 2013 por un total de    164 millones 455 mil pesos, y otros 23 en favor de Polis Caribe por 119 millones 593 mil pesos, todos entre el 2014 y 2017.

Las contrataciones de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, certificadas por la CGR, no aparecen en las relaciones de pago de esta, ni hay constancia de que fueran sometidas a las licitaciones o concursos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones. En las de Polis Caribe figura Mónica Moura como representante, y en la de Cine&Art 2013 la brasileña Marcela Masotti, asociada de los Santana-Moura.

La magia de Cine&Art 2013

Como describimos en el artículo “Una ayudita al Procurador General”, en HOY, 20 de julio del 2017, la empresa Cine&Art 2013 fue constituida el 18 de junio del 2013 en Santo Domingo con un capital de apenas 100 mil pesos, por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayla de Souza Santana. Cinco meses después el primero traspasó sus acciones a Daniel Moura Marques y éste luego a su hermana Alice Moura, es decir hijos de la pareja Joao-Mónica. Su registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el 100084SD, con sede en calle Helios 102, de Bella Vista, la misma de Polis Caribe.

Cine&Art 2013 saltó a la luz pública cuando un consorcio de periodistas peruanos revelo que la investigación del parlamento del Perú a las operaciones ilegales de Odebrecht en ese país había establecido que la empresa constituida en Santo Domingo había recibido 16 transferencias bancarias por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares, entre 2013-14, proveniente de tres filiales de la constructora brasileña en lo que denominaron “conexión del Lavajato en Santo Domingo”.

En mayo del 2017 las entidades sociales Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos depositaron una denuncia en la Procuraduría General que solicitaba, entre otros asuntos, esclarecer el destino de los casi 4.4 millones de dólares enviados por Odebrecht a Cine&Art 2013. La denuncia fue reiterada meses después con la adición del Centro Bonó, pero la Procuraduría nunca se ha referido a la misma.        

Una propuesta fallida

Armada con las certificaciones que obtuvo de la CGR amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la diputada Raful y otros tres legisladores del Partido Revolucionario Moderno sometieron el jueves una propuesta para que la Cámara de Diputados creara una “Comisión Especial que fiscalice e investigue las contrataciones públicas hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2016 con las empresas vinculadas a Joao Cerqueira Santana y su esposa Mónica Regina Cunha Moura: Cine&Art 2013 SRL y Polis Caribe SRL, por un monto aproximado a RD$1,400,000,000.00”.

La propuesta fue rechazada enfáticamente por voceros del Partido de la Liberación Dominicana, como el diputado Radhamés Camacho, que llegó a ofender a la proponente diciendo que se presenta como una flor pero tiene espinas de guasábara.

La propuesta dirigida al presidente de los diputados considera, en base a la documentación recibida de la CGR, que en las contrataciones pudieron haberse violado varios artículos de la Constitución de la República, el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas 340-06 y el artículo 114 del Código Penal. También los artículos 47,55 y 174 de la Ley Electoral, los artículos 3,7,18 y 24 de la Ley sobre Lavado de Activos, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 3 de la Ley 448-06 sobre Sobornos.

La asesoría de Joao-Moura

Joao Santana y Mónica Moura asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina en el 2012 y 2016, y en principio se dijo que habían sido contratados por empresarios privados. Pero luego los esposos brasileños aparecieron como el brazo de Odebrecht en el financiamiento de  campañas electorales en los países donde esa empresa constructora montó un sistema de sobornos y sobrevaluaciones, incluyendo República Dominicana, lo que fue ampliamente admitido y denunciado por los más altos ejecutivos de la constructora de Brasil.

La influencia de la pareja en la República Dominicana parece haber superado a los otros 10 países involucrados en lo que se ha estimado el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia, exepto Brasil mismo, donde asesoraron campañas de los expresidentes Lula de Silva y Dilma Rouseauff. En Santo Domingo llegaron a despachar en la misma sede del gobierno y aquí estaban asesorando la campaña del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña. En principio se les atribuyó haber incluido a República Dominicana en el financiamiento de campañas por Odebrecht, pero luego la excluyeron. Y aquí les siguieron pagando sus contratos y hasta hace poco se afirmaba que seguían operando sus hijos.

En la instancia de los 4 diputados del PRM se resalta que tras su triunfo electoral del 2012, el presidente Medina agradeció públicamente la asesoría de Joao Santana, pero indica que en los informes del Partido de la liberación Dominicana a la Junta Central Electoral no aparece pago alguno al brasileño. Tampoco en los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Joao Santana se despidió el 22 de febrero del 2016, en plena campaña por la reelección de Medina, en carta dirigida al PLD.-

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CONTRATACIONES CON POLIS CARIBE, SRL

(Asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas)

Contratante                           Fecha                                                  Monto                                       

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-12 del 2012 al 3-12 del 2013     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2013 al 3-12 del 2014     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2014 al 3-12 del 2015     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2015 al 3-12 del 2016     US$ 1,200,000

Direc. Gral. Comunicaciones   Del 16-8 del 2012 al 24-11 del 2012  RD$ 18,815,100

Del 1-6 del 2013 al 30-8 del 2013       RD$ 48,720,757

Del 29-7 del 2013 al 297 del 2014      RD$ 24,190,944

CONTRATACIONES CON CINE&ART 2013, SRL

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-3 del 2014 al 3-3 del 2015                     RD$ 480,000,000

Del 3-3 del 2015 al 3-3 del 2016         RD$ 480,000,000

Del 1-1 del 2014 al 1-1 del 2015                     RD$   22,232,144

Del 14-12 del 2014 al 27-2 del 2015   RD$   35,762,850

Fuente: certificaciones de la Contraloría General de la República a la diputada Faride Raful

El fenómeno López Obrador liquida el partidismo tradicional en América Latina

Mexico's President-elect Andres Manuel Lopez Obrador gives a press conference in Mexico City, Thursday, July 5, 2018. Lopez Obrador is proposing former Mexico City Mayor Marcelo Ebrard to be the country's next top diplomat. (AP Photo/Moises Castillo) (AP Photo/Moises Castillo)

AMLO no es un izquierdista emocional y su MORENA sienta ejemplo e interpreta la agobiada sociedad mexicana para una barrida electoral, venciendo a dos partidos de 90 y 80 años de vigencia y a todos los poderes fácticos que durante 12 años le cerraron el paso

                                 Por Juan Bolívar Díaz

Con la inmensa victoria electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que lleva a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México caen los dos últimos vestigios del partidismo político latinoamericano, con 90 y 80 años de vigencia, en un laborioso proceso que superó el veto de los poderes fácticos tradicionales.

Aunque su partido tiene menos de cinco años, López Obrador no es un improvisado, sino un tenaz y vigoroso contendiente que rompe paradigmas y ensambla su poder desde la estructura municipal, comprometido con las mayorías, con un testimonio y discurso contra la corrupción y la descomposición social en acertada interpretación de las frustraciones mexicanas.

Vencen todos los poderes

La victoria de López Obrador y su MORENA ha sido tan contundente que sólo tiene parangón con las décadas de dominio absoluto del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sólo perdió en uno de los 32 estados de México, incluido el capitalino Distrito Federal,  alcanzando desde la oposición el 53 por ciento de los votos para ganar no sólo la presidencia de la nación, sino también mayoría en ambas cámaras legislativas, en muy diversa alianza con el Partido del Trabajo,  de izquierda, y el Partido Encuentro Social, de conservadores evangélicos.

Han desplazado a los dos partidos dominantes del último siglo mexicano, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), que el próximo año tendrán 90 y 80 años de fundados. De paso dejaron en la insignificancia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) creado en 1988 y que fue la plataforma de lanzamiento del liderazgo de AMLO. Esta vez el viejo PRI sólo ha ganado la gobernación del Estado de Yucatán, tropiezo histórico sin precedente.

Pero no sólo han sido vencidos los partidos tradicionales, López Obrador logró superar el veto de los poderes fácticos, especialmente del gran capital y sus medios de comunicación que, como Televisa y TV-Azteca lograron cerrarle el paso en 2006 y 2012, cuando perdió por escaso margen, especialmente en la primera cuando el panista Felipe Calderón fue proclamado presidente por una disputada diferencia de 0.56 por ciento, tras dos meses y 4 días de graves denuncias de fraude electoral.

Los esfuerzos por cerrar el paso a AMLO llegaron en mayo al extremo de que grandes empresarios reunieron a sus trabajadores para advertirles “los peligros” que representaba el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, pero esta vez la oposición de los poderes fácticos obró en sentido adverso, ya que en medio año pasó del 40  al 53 por ciento.

Un fenómeno llamado AMLO

No se debe simplificar el fenómeno llamado AMLO, que no es un improvisado en la política ni un izquierdista tradicional, como lo han presentado para arrinconarlo, y si algo lo define es la coherencia con que ha actuado desde que en los ochenta abandonó el PRI, junto a un grupo disidente generado por la represión de 1968 y la institucionalización de la corrupción. Entre los fundadores del PRD para los comicios de 1988, partió desde las bases para hacerse con la jefatura del Distrito Federal en las elecciones del 2000, y fue ahí donde sembró su poder político con una brillante gestión que mejoró notablemente la gran urbe mexicana, administrando un presupuesto entonces similar al de República Dominicana, sin que nadie le imputara actos de corrupción.

Otro factor del éxito ha sido su tenaz persistencia. La victoria de ahora no se puede entender sin el arrojo con que se enfrentó a los partidos dominantes en las dos elecciones anteriores, obligando a reformas políticas importantes que esta vez no le permitieron al presidente López Nieto meter al Estado en la campaña como hizo Vicente Fox en el 2006. Ni al duopolio televisivo repetir la campaña sucia, ni a sus contrincantes gastar miles de millones de pesos como en las ocasiones anteriores.

En el 2006 López Obrador y sus fieles ocuparon durante 50 días la principal plaza capitalina El Zócalo e instalaron campamentos en otras avenidas, denunciando fraude y manipulaciones. Sus recursos se extendieron los cinco meses de la larga transición mexicana y Felipe Calderón tuvo que celebrar el acto de juramentación en la residencia presidencial de Los Pinos, porque el Congreso estaba sitiado por los opositores.

Los cuatro años de Morena

Tras perder por segunda vez en el 2012, con mayor diferencia, de 8 puntos, López Obrador consideró que el PRD se había convertido en una carga y en enero del 2014 fundaba un nuevo partido, con un nombre que subrayaba su proyecto: Movimiento de Regeneración Nacional, y a eso se dedicó con un vigor admirable, captando dirigentes comunitarios de base para competir en comicios locales y crear ayuntamientos modelos, como el de Valladolid, en Yucatán, cuyo ejemplo se expandió.

AMLO acarreó gran proporción de los diputados del PRD, bajo una mística de renovación y regeneración en dimensión inversa al deterioro del país. El rigor contra la corrupción y las incoherencias implicaron varios centenares de medidas disciplinarias y sanciones impuestas por su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, presidida por el antropólogo dominico-mexicano Héctor Díaz Polanco. Las sanciones alcanzaron a dirigentes nacionales y diputados, como el caso de Eva Cadena, a quien en el 2017 grabaron un video recibiendo dinero. El mismo día de la denuncia quedó separada de la bancada y posteriormente despojada de una candidatura a alcaldesa en Veracruz.

La vida personal de López Obrador fue convertida en ejemplo de austeridad y modestia, mientras recorría el inmenso país de casi dos millones de kilómetros cuadrados, 40 veces el territorio dominicano, y de 123 millones de habitantes, alcanzando zonas como la norteña, donde antes tuvo poco apoyo. Si algo le faltaba lo suplió con alianzas hacia la derecha y la izquierda. Desarrolló suficientes iniciativas y energías para vencer la dominación política de casi un siglo y sus poderosos opositores, sin puritanismo, acogiendo grupos provenientes de todos los sectores.

No podía haber más miedo

Esta vez la campaña del miedo a López Obrador no dio resultado. Hace meses que quedó en evidencia, porque la sociedad mexicana ya está saturada de miedo, a la inseguridad ciudadana, a la extrema desigualdad y a la crispación social, traducida en violencia de todo género.

La descomposición social y el derrumbe de la seguridad agobian a los mexicanos, con cerca de 100 homicidios por día, 21 mil 726 desaparecidos en el período de gobierno (6 años) de Peña Nieto que concluye, fruto de las bandas de narcotraficantes y otros géneros, que han operado cementerios clandestinos en la mayoría de sus estados, con casos tan dramáticos como la desaparición y asesinato de 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa. Guerrero, cuatro años después en la impunidad.

A pesar del potencial de su inmenso territorio y un mercado interior de 123 millones de personas, la mitad menores de 29 años, México ha acumulado más de 50 millones de personas viviendo en la pobreza, pero es al mismo tiempo un país de grandes fortunas, algunas de las más grandes del mundo.

AMLO ha interpretado las carencias y frustraciones de las mayorías mexicanas, convirtiéndose en una esperanza, bajo la promesa de hacer la cuarta gran transformación, después de la independencia de 1810, la reforma de mediados del siglo 19 y la revolución en la segunda década del veinte.

Caen los viejos partidos

La magnitud de la derrota del PRI y el PAN, que juntos apenas sumaron 38.63 por ciento de los votos, el 73 por ciento del 53.17 por ciento y 30.4 millones de votos alcanzados por AMLO, viene a sellar la caída de los partidos más antiguos de América Latina, tras el derrumbe del peronismo en Argentina, del Aprismo y Acción Popular en Perú, de Acción Democrática y Copey en Venezuela, de Liberación Nacional en Costa Rica, y por igual las catedrales políticas de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Chile, Guatemala, Panamá.

El desafío es inmenso para López Obrador y su partido, con los graves problemas que heredan. Ha proclamado que “no levito y no voy a cambiar nunca”, que se mantendrá cerca de la realidad, hasta el punto de anunciar que no se mudará a la residencia presidencial de Los Pinos.

Tendrá que incrementar las habilidades que le permitieron vencer  a todos los poderes fácticos mexicanos, incluyendo la de haber escogido como jefe de gabinete a uno de los grandes empresarios de Monterrey, Ricardo Romo, y de haber anunciado medio año antes un gabinete de lujo, en paridad de hombres y mujeres, y estas en secretarías o ministerios importantes, como Economía, Gobernación, Energía y en la de Función Pública, Irma Sandoval, cuya especialidad es la investigación de la corrupción.-

La oposición no puede prescindir de una reforma electoral integral

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El documento “Propuestas desde la Oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático”, entregado en enero a la Comisión Bicameral contempla las esencias de la Ley de Partidos y de la más importante Ley del Régimen Electoral  

 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            A menos que quieran volver en el 2020 a enfrentarse al abuso del Estado en la campaña electoral, los once partidos opositores en concertación tienen que dedicar sus mayores esfuerzos a enarbolar como fundamentales sus “Propuestas desde la Oposición para el Establecimiento de un Sistema Electoral Realmente Democrático”, presentadas el 26 de enero pasado.

Después de más de dos años de concertación, tras las demostradas inequidades y abusos del Estado en el último proceso electoral, los opositores no han logrado vencer las resistencias del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a unas reformas electorales que democraticen los procesos eleccionarios, lo que los obliga a mayores presiones.

Se acaba otra legislatura

            La encarnizada lucha del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández por el absoluto control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha determinado el nuevo estancamiento del proyecto de Ley de Partidos con 16 años dando tumbos en el Congreso. Esta semana se vence el plazo de un mes que se dio a la comisión especial de la Cámara de Diputados para dictaminar sobre el proyecto, y el próximo 26 concluirá otra legislatura de vanos debates.

El diferendo intra peledeísta sigue siendo el tipo de padrón a utilizarse en la elección de las candidaturas, que el actual mandatario quiere que sea el de todos los ciudadanos (abierto), mientras su antecesor reivindica el estatuto orgánico del PLD, que la limita a los miembros del partido (cerrado), como ocurrió en el 2015, con los aspirantes a los cargos municipales, y una fracción de los diputados, pues  la mayoría de estos como los senadores, fueron repostulados como parte de los acuerdos políticos para unificarlos en torno a la reforma constitucional que posibilitó a Medina optar por la reelección.

Aunque voceros de los sectores peledeístas enfrentados siguen diciendo que habrá acuerdos, la comisión especial ya ni logra quorum, porque ambos saben que no reúnen los dos tercios de los votos necesarios para una aprobación que, de ser contraria a los intereses de los danilistas, chocaría contra el muro del Senado, donde estos aprobaron el proyecto con primarias abiertas. Como la presidencia de los diputados está en el leonelista Rubén Maldonado, la otra facción podría esperar el inicio de la próxima legislatura, el 16 de agosto, cuando pasará a manos del danilista Radhamés Camacho, por el reparto del poder acordado. Aunque esta semana circuló la versión de que Camacho sería designado en agosto como ministro de Educación, en lugar de Andrés Navarro, quien pasaría a trabajar por la candidatura presidencial, y que volvería al mando de los diputados Lucía Medina, la experimentada hermana del presidente.

Responsabilidad del PRM

            El principal parido de la oposición, el Revolucionario Moderno (PRM), con 50 de los 190 diputados, tuvo la posibilidad de inclinar la balanza a la posición del presidente Danilo Medina, cuando llegó la última propuesta de éste, de que la Ley de Partidos establezca que las primarias puedan ser abiertas o cerradas. El vocero de los diputados perremeístas, Alfredo Pacheco, no ocultó su inclinación a aceptar esa fórmula transaccional “en interés de sacar adelante la ley”, y hay quienes dicen que hasta Luis Abinader la contempló, pero tropezó con el compromiso contraído con los otros diez partidos de oposición, con los que vienen concertando acciones.

            Cuando revisaron sus “Propuestas desde la Oposición”, se encontraron con que allí se consigna que cada partido podrá decidir el método de elección de sus candidatos “de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos”, y que las primarias deberán realizarse “con el padrón de cada partido”. Un comunicado conjunto lo acababa de ratificar y el rechazo de los demás partidos de la oposición pareció liquidar el último intento por las primarias abiertas, vetadas por los leonelistas, amparados en la declaración de inconstitucionalidad del 2005.

Los perremeístas no podían poner en riesgo la concertación con el resto de la oposición para aparecer transando con el poder presidencial y contribuir a que éste se impusiera sobre la facción de Leonel Fernández, a menos que fuera en el marco de un firme compromiso con el conjunto de reformas electorales demandadas por toda la oposición y la sociedad civil, que no ha  aparecido en ninguno de los sectores peledeístas que aspiran a llegar a otras elecciones, ya a año y medio las municipales, sin democratizar el sistema electoral, como lo dispone la Constitución del 2010. Después de esta hubo tres elecciones, ese año congresuales y municipales, en el 2012 presidenciales, y generales en el 2016. Los abusos del Estado en esta última pasaron de la inequidad a la iniquidad, obligando a los opositores a la concertación.

El éxito de los peledeístas  

Aunque la lucha de facciones ha debilitado al PLD, con sus organismos inoperantes y casi al punto de la división, sus facciones han tenido el éxito de mantener el debate político en torno al padrón, abierto o cerrado, cuando en el proyecto de Ley de Partidos hay otros aspectos más trascendentes, como el respeto a la equidad competitiva, la transparencia del financiamiento privado y rendición de cuentas y mejor distribución del estatal.

Pero el mayor de los éxitos peledeístas está en haber subordinado la reforma del régimen electoral, más trascendente que la Ley de Partidos, para que “los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, como dispone el artículo 212 de la Constitución. Las facciones enfrentadas confían en que el final el amor por el poder salve su unidad, y seguir disfrutando de la falta de regulaciones efectivas de la competencia electoral.

Esta semana los nuevos presidente y secretaria general del PRM; José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, dejaron claro por televisión, como lo había hecho días antes Luis Abinader, que mantendrán la posición unitaria de los once partidos de oposición sin doblarse ante la posición de ninguna de las facciones peledeístas, y que seguirán luchando por la ley de Partidos, pero sobre todo por la reforma del Régimen Electoral, que es más trascendente.

Retoman sus propuestas

            En el bloque de los once partidos parece predominar la decisión de retomar sus propuestas electorales del 26 de enero, consignadas en un folleto que entregaron no sólo al Congreso, sino también a las principales entidades de la sociedad civil, a los organismos electorales y a instituciones y diplomáticos internacionales.

Como se puede apreciar en síntesis en el recuadro anexo, formularon 25 propuestas, la mayoría con detalles específicos que recogen los planteamientos y expectativas que datan de los años noventa, para la actualización y democratización del régimen electoral dominicano, considerado el más atrasado de América Latina, y que han sido objeto de numerosos consensos no sólo entre los partidos, sino también con las instituciones sociales.

Gran parte de esas propuestas están contempladas en los proyectos sometidos al Congreso por la Junta Central Electoral, fruto de asesoría internacional y de consenso partidista, pero son desconocidas, como la transparencia del financiamiento privado,  y hasta objeto de contra reforma, por ejemplo, en el proyecto aprobado por el Senado se instituye que empresas extranjeras puedan financiar a los partidos, reducir la proporción del financiamiento público destinado a educación y formación política, y elevar la cuota de candidaturas que decidirían las cúpulas partidarias.

Entre las propuestas de los 11 partidos resaltan las sanciones para el abuso de los recursos del Estado, para el transfuguismo y el clientelismo, considerados delitos electorales, topes reales de gastos por candidaturas, regulación del tiempo y el gasto en las campañas, separar la elección de senadores y diputados, más equidad en la distribución del financiamiento y de las curules de diputados, el debate de los candidatos presidenciales y el escrutinio público de las votaciones.

Necesitan mayor presión

En los ámbitos opositores se admite que no han podido desarrollar la presión necesaria para forzar al PLD a negociar una reforma electoral integral, aunque propuestas no han faltado, como la formulada al respecto dos veces por el precandidato perremeísta Luis Abinader, dirigida específicamente al presidente Danilo Medina y su partido, que las han ignorado.

En el silencio del presidente Medina frente a los reclamos de las reformas electorales por los partidos, de la mayoría de las instituciones sociales, incluyendo las empresariales y las iglesias, sobrevive el interés por mantener el absoluto dominio de las instituciones públicas y gran parte de la sociedad, logrado por el PLD en elecciones altamente viciadas por el peso del Estado y la concentración del financiamiento.

El continuismo sigue planeando sobre la nación, y aunque atraviesa serias dificultades por la prohibición constitucional de otra reelección, el mandatario no ha dado ningún paso a la concertación político social. Su único interés ha sido imponer las primarias abiertas, buscando el total control de su partido y de las candidaturas del 2020. El desafío es total a la eficiencia de la oposición y de la sociedad dominicana que reclama un ordenamiento más democrático, que abarate el costo de la política y abra posibilidades de reducir la corrupción.

En la concertación opositora participan los partidos Revolucionario Moderno,   Reformista Social Cristiano, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Revolucionario Social Demócrata, Opción Democrática y Partido Socialista Cristiano.-

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Propuestas de Reformas Electorales de 11 partidos opositores

I.- Para la Ley del Régimen Electoral

1.- Establecer el “Cociente Hare”, para distribuir los escaños de diputados

2.- Separar la elección de senadores y diputados

3.- Descentralización y depuración de las Juntas Municipales Electorales

4.- Incorporar un sistema de voto electrónico con respaldo físico

5.- Establecer la obligatoriedad del voto ciudadano

6.- Regulación más equitativa del financiamiento público a los partidos

7.- Sancionar el financiamiento ilícito, del Estado y/o extranjero de las campañas

8.- Fijar topes de gastos para cada nivel de candidaturas

9.- Instituir un sistema de transporte gratis para la jornada electoral

10.- Hacer obligatorio al menos un debate entre candidatos presidenciales

11.- Regular las encuestas y sondeos electorales

12.- Establecer períodos de pre-campañas y campañas electorales, con sanciones

13.- Que los pactos de alianzas se anticipen al período de las precampañas

14.- Establecer un régimen de sanciones para cada tipo de delito electoral

15.- Incluir la degradación o “muerte” civil a condenados por delitos electorales

16.- Tipificar como delitos electorales el transfuguismo y el clientelismo

17.- Más equidad en distribuir los diputados nacionales y al Parlacén

18.- Garantizar el acceso del público al escrutinio electoral

II.- Para la Ley de Partidos Políticos

1.- Limitar la propaganda a los períodos de campaña, con equidad y sanciones

2.- Garantizar representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas

3.- Establecer un máximo de 20% para reserva de candidaturas

4.- Controlar y transparentar el financiamiento público y privado a los partidos

5.- Un régimen efectivo de rendición de cuenta del financiamiento público

6.- Cada partido escoge el método de elección de candidatos acorde con sus estatutos; Las elecciones primarias con el padrón de cada partido

7.- Eliminar la concesión de poderes absolutos a una persona

 

La JCE debe reglamentar la elección de candidatos y la campaña electoral

A2

Ante el bloqueo del proyecto de Ley de Partidos, que se extenderá al del Régimen Electoral, la Junta Central Electoral está en el deber de utilizar sus facultades  constitucionales para reglamentar toda la precampaña y la campaña electoral  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La  ciudadanía organizada debería dar pleno apoyo a la Junta Central Electoral (JCE) para que, ante el bloqueo de los proyectos de leyes de partidos y del Régimen Electoral, utilice sus facultades constitucionales para reglamentar tanto la elección  de candidatos (o primarias), como la campaña electoral propiamente dicha.

La resolución limitando la precampaña, debe ser sólo el comienzo normativo para reducir el inmenso costo del proselitismo electoral, financiado por la corrupción pública y privada, para sacar al Estado de la competencia electoral y garantizar el mandato constitucional de libertad, transparencia, equidad y objetividad en las elecciones.

La facultad constitucional

            Como en cualquier otro asunto de interés público, podrá haber opiniones encontradas sobre la decisión adoptada esta semana por el pleno de la JCE estableciendo límites a las actividades proselitistas por las candidaturas para los comicios del 2020, pero la lectura de los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República no dejan dudas sobre su procedencia y legitimidad.

El artículo 211 indica que “Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. El 212, declara a la JCE como “un órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, “cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales” y le otorga “facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia”.

Los constitucionalistas parecen reiterativos, cuando en el párrafo IV del mismo, establecen que la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”. Y todavía más cuando dice que “En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Garrafal error político         

Parece un fuerte error político del expresidente Leonel Fernándezdeclarar inconstitucional la decisión de la JCE, tomándosela para sí, cuando afecta más a los demás que en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también habían iniciado campañas con excesiva anticipación, por cuanto necesitan mayor movilización  para disputarle la candidatura presidencial, dadas las amplias ventajas por haber sido tres veces presidente de la nación y por presidir el partido. Por eso Francisco Domínguez  Brito y Carlos Amarante renunciaron a la condición de ministros, lo que ahora parece haber sido precipitado.

Leonel Fernández, que no acostumbra reaccionar precipitada y emocionalmente,  esta vez se lanza contra unos límites que él mismo declara “que aspiran a recoger un sentimiento que se ha albergado en la población durante varios años, que estima que los procesos electorales son muy prolongados en el tiempo y muy costosos desde el ´punto de vista económico”. Peor aún después que su jefe de campaña, Bautista Rojas, se manifestó insultante contra los titulares de la JCE.

Al fin de cuentas, lo que ha prohibido la JCE es realizar manifestaciones abiertas como caminatas, marchas y caravanas vehiculares, así como propaganda en los medios de comunicación, vallas y afiches y uso de altoparlantes  en las vías públicas. Eso no impide actos políticos en locales cerrados, ni conformación de comités de trabajo en los barrios y viviendas, incluso sus visitas a determinadas persona o locales partidarios, en las cuales podrían reunirse decenas y hasta cientos de personas. Si el rechazo se convierte en instancia anti-constitucional, Fernández corre el riesgo de conferirse un autogol o por lo menos marchar contra un sentimiento generalizado.

Legitimidad de la acción

En efecto, la JCE ha respondido un reclamo nacional que lleva más de dos décadas y que se incrementa en la medida en que hasta para alcanzar una candidatura a regidor se requiere invertir varios millones de pesos, y decenas para alcalde, diputado o senador, así como miles millones para presidente, lo que incentiva el dinero mal habido en las campañas, a costa del robo al Estado, de la evasión impositiva, y el rentismo o inversión privada que se cobra con favores y contratas y del narcotráfico. El reclamo de “bajar el costo de la política” ha sido levantado por todos los sectores sociales y  se ha incrementado en el clamor contra la corrupción, sin ser acogido por Fernández y su partido.

La acción de la JCE sería excesiva, si hubiese una ley que rigiera la campaña por las candidaturas, pero a falta de ella cobra mayor vigencia su responsabilidad y la facultad para reglamentarla. Sobre todo porque el PLD con absoluto control del Congreso ha bloqueado un proyecto presentado por la misma en el 2011 y reintroducido varias veces, obviamente porque saca mayores ventajas de la ausencia de regulaciones. Con ese mandato de la Constitución del mismo Leonel Fernández, no puede concluirse que la JCE se excede, cuando hasta los ayuntamientos limitan la propaganda callejera y la circulación vehicular, y el Ministerio de Interior y Policía los actos públicos que pueden afectar las actividades de la sociedad, sin que ello implique violar la libertad de expresión, de circulación o asociación, porque todos los derechos conllevan reglamentos impuestos por el bien común.

Faltará mucho más

            La resolución del 20 de junio ha sido justamente respaldada por múltiples partidos, por editoriales de casi todos los periódicos y por los comentarista y analistas de televisión más independientes. Ese apoyo conlleva el compromiso de la JCE de seguir supliendo la ausencia de reglamentación de las actividades proselitistas.

Esas restricciones no son improvisadas, pues están contempladas en el proyecto de ley de partidos sometidos por la JCE hace 7 años, que fue consensuado con los partidos políticos, por lo que tampoco se justifica el alegato del secretario general peledeista y precandidato presidencial Reinaldo Pared Pérez, de que debió consultar a los partidos.

Por demás, el presidente de la JCE, Julio César Castaños, ya había reiterado que si no se aprueban las nuevas normativas electorales, harían uso de sus facultades reglamentarias. Ahora falta que sigan adelante, y a menos que se apruebe la ley, hagan valer los estatutos de cada partido como normativa para elegir candidaturas.

La independencia y valentía del organismo en cumplir sus facultades serán más necesarias cuando se trate de reglamentar la campaña electoral mismo para “grantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, especialmente para atender el relcamo de sacar al Estado de la campaña electoral.

Leonel tropieza y Danilo estancado

            Leonel Fernández tropezó innecesariamente con la resolución de la JCE, que  percibieron como parte de la ofensiva gubernamental por cerrarle el paso callejero, cuando pudo dejarla pasar y asumir algunas limitaciones. Lo que van directo a él son las suspensiones como dirigentes del PLD, del secretario de Organización Félix Bautista y del secretario de Finanzas Víctor Díaz Rúa, considerados entre sus principales “alcancías”, dispuestas unipersonalmente por el secretario general Reinaldo Pared Pérez.

En este caso pudieron haber peleado, porque fue una decisión personal de un competidor, y porque no mediaba la urgencia en que los estatutos facultan al secretario general para adoptar decisiones, aunque “en consulta con el Comité Político”, que no realizó. En el caso de Bautista, llama la atención que aceptara la sanción sin discutirla, cuando ahora no tiene ningún expediente judicial y no lo suspendieron cuando tuvo uno grueso por corrupción, del que fue liberado  tras los acuerdos políticos del 2015 para canalizar la repostulación de Danilo Medina. Francisco Domínguez Brito, quien ahora pidió sanción, le ayudó cuando era Procurador General al no apelar el “no ha lugar” judicial.

Díaz Rúa estaba imputado por la corrupción de Odebrecht desde hacía un año, por lo tanto no había urgencia para justificar la acción unipersonal del secretario general. También lució parcializado que no se suspendiera por igual al senador Tommy Galán por los sobornos de Odebrecht y al ex-director de la OMSA, acusado de un asesinato que envolvió denuncias de corrupción, éstos como miembros del Comité Central del PLD.

Aunque los golpes preanunciados para frenar a Leonel comenzaron, el proyecto de primarias abiertas de Danilo para “el plebiscito reeleccionista”, sigue sin conseguir el apoyo de los dos tercios de los diputados, y parece que cada día crece la renuencia de los perremeistas a echarle una mano, y se afianza la reiteración de su posición, junto al bloque de partidos opositores, de que las primarias sean con el padrón partidario, y dejar que Leonel y Danilo sigan su pelea y carguen el bloqueo de la legislación electoral.-

          

           

             

Leonel le cierra el paso a Danilo, pero lo lastran Bautista y Díaz Rúa

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Luce empatada la batalla entre Danilo Medina y Leonel Fernández por la candidatura del PLD, uno sin el padrón abierto para un plebiscito reeleccionista, y el otro lanzado a las calles pero con el lastre de corrupción de Félix Bautista y Díaz Rúa

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Parece destinado al fracaso el último intento del presidente Danilo Medina por consignar en la ley de partidos  la posibilidad del padrón abierto para la elección de los candidatos, que podría ser utilizado como plebiscito para buscar reformar la Constitución y permitirle una nueva postulación, o auspiciar a otro de su confianza.

Mientras tanto se acentúa el fraccionalismo en el Partido de la Liberación Dominicana, petrificado y sin árbitros, con su presidente, Leonel Fernández,  a la ofensiva en las calles, pero cargando el lastre de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, en quienes se personifica una corrupción que trasciende el ámbito nacional.

Fracasa la nueva fórmula

            Tras dos semanas de la propuesta de transacción de los danilistas para que se consigne en la ley de partidos que cada organización escoja el método de elección de sus candidaturas, pero precisando que pueda ser también el padrón abierto, se mantiene el tranque que ha impedido la aprobación de esa  legislación, básicamente por la división que afecta al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A mediados de abril los danilistas estaban tan decididos a imponer las primarias abiertas obligatorias, que abandonaron una Comisión Bicameral, donde  bregaron por un año, para aprobarla en el Senado donde reúnen los dos tercios necesarios. Pero tropezaron en la cámara baja al comenzar mayo con el bloque de 34 diputados leonelistas, además de los de oposición, que suman casi la mitad. La maniobra de quedarse fuera de la sesión del 3 de mayo les permitió contactar que ninguno de los leonelistas desertaban, y sólo 7 del medio centenar de los del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que pronto rectificaron y se comprometieron con la posición de rechazo a las primarias abiertas.

Cuando el 7 de mayo el expresidente Hipólito Mejía acató la línea del PRM, murió el primer proyecto de los danilistas y llegó la carta del presidente Danilo Medina, pidiendo que volvieran a la Comisión Bilateral en búsqueda de consenso. Se instaló una negociación infructífera entre los presidentes de ambas cámaras y los voceros de las bancadas, por lo que el 1 de junio llegó la propuesta de transacción rechazada de inmediato por los leonelistas, y que tuvo alguna receptividad entre perremeistas y reformistas, pero pronto recordaron que en la víspera 11 partidos de oposición habían reiterado en comunicado público la posición adoptada el 26 de enero: que se escogiera libremente, pero “en caso de optar por el método de las elecciones primarias, estas deben ser cerradas”.

El plebiscito de Danilo

            Los perremeistas, que parecían inclinados por la propuesta libertad absoluta, para viabilizar la Ley de Partidos, debieron frenar para salvar el bloque de oposición, ya que varios integrantes se oponían firmemente a abandonar lo sostenido durante meses. Más firmes los leonelistas para quienes parece de vida o muerte evitar que el presidente Medina les imponga el padrón abierto.

Una línea de análisis considera que la insistencia en el padrón abierto es para que sea “el plebiscito de Danilo”, quien sería inscrito como precandidato, y pocos dudan que utilizando todo el poder del Estado, aplastaría a Leonel, para luego convencer al partido de acatar “el mandato plebiscitario popular” y proceder a reformar de nuevo la Constitución para poder inscribir la candidatura presidencial. Contarían con que el temor a dividirse y perder el poder, produciría la reunificación en torno a la magia presidencial.

La hipótesis del plebiscito se fundamenta en que “sólo Danilo frena a Leonel”, por las ventajas que éste registra en todas las encuestas sobre los peledeístas alternativos, excepto su propia esposa la vicepresidenta Margarita Cedeño. Temen que los leonelistas objeten la precandidatura plebiscitaria ante el Tribunal Constitucional, lo que conllevaría incertidumbres y profundización de las divisiones.

Calculan que los riesgos disminuirían si es una ley la que permite la opción del padrón abierto, sobre todo si es acogida por la oposición. Imponerlo sólo en el PLD, demandaría una modificación estatutaria, pues está establecido el voto de sus miembros, y puede ser traumático con Leonel Fernández de presidente del partido.

Leonel tirado a las calles

No es secreto que los danilistas hace tiempo tratan de “evitar el retorno al poder de un Leonel vengativo, por los auspicios que se le atribuyeron de las denuncias del narcotraficante convicto Quirino Paulino, que contribuyeron a sacar al expresidente de la competencia por la candidatura presidencial en el 2015. Como este conoce muy bien de las ventajas que tienen “los que reparten los sobrecitos” y emplean ventajosamente todo los poderes del Estado, decidió lanzarse temprano a la precampaña electoral para fortalecer su posicióna dentro y fuera del partido y hacer más costoso que Medina pueda burlar los acuerdos del 2015, que incluyeron una cláusula constitucional que le prohíbe optar por la reelección en el 2020.

La ofensiva leonelista comenzó en agosto del año pasado, cuando lanzaron su proyecto “RD-2044”, atendiendo al planteamiento de Fernández de que el PLD debe gobernar hasta el bicentenario de la República. El lider peledeísta comenzó dictando conferencias,  mientras sus fieles iniciaron la recaudación de “dos millones de firmas”.

En la primera semana de Junio les alentó un análisis de The Economic que le atribuía al expresidente muchas posibilidades de ganar la candidatura del PLD y también de  volver al poder, y con una encuesta de la firma Latin Insights, desconocida en el país, y de la que él es cliente consultor, que lo colocaba en amplia ventaja frente a cualquier candidato de la oposición de cara al 2020. Y el domingo Leonel salió a  las calles en caravana por los barrios populosos del norte capitalino, seguido por miles de fieles, proclamando que “el calor del pueblo lo motiva a seguir” buscando volver al poder.

Los lastres de Leonel

            La resolución de Leonel y sus seguidores, advirtiendo que ya cedieron en el 2012 y en el 2016 a favor de Danilo, ha contribuido decididamente a cerrarle el paso a los intentos reeleccionistas, sembrando la idea de que desconocer el pacto del 2015 en el Comité Político conlleva la división, lo que ha dejado fuera de acción a ese como a los demás organismos del partido.

Pero el camino de ninguna manera está desbrozado para un Fernández que carga el lastre de la enorme corrupción de que se acusa a sus gobiernos, personificada en varios  de sus más cercanos colaboradores, como los secretarios de Organización y de Finanzas del PLD, Félix Bautista y Víctor Díaz Rua. El primero es el mayor implicado en las acusaciones de la semana pasada de la Procuraduría General de la República por los sobornos de Odebrecht, y el segundo puesto esta semana por Estados Unidos en una lista que le prohíbe no sólo el ingreso de él y su familia a ese país, sino que le impide cualquier negocio con empresas norteamericanas.

La sanción de Bautista, quien el domingo acompañaba a Leonel en su caravana,  por supuesos actos de corrupción en Haiti fue celebrada en el país, por la imagen que se  conserva de quien fuera acusado en un expediente del Ministerio Público por irregularidades administrativa que envolvieron más de 26 mil millones de pesos. Es convicción general que el no ha lugar que dictaminó la justicia, fue parte de los acuerdos para la repostulaicón de Medina en el 2016. Se secretea que otro de los acaudalados colaboradores de Leonel, el constructor del metro Diandino Peña, podría también enfrentrar dificultades por las denuncias sobre su patrimonio formuladas por reportaje de Alicia Ortega, en manos de la Procuraduría. Y que se reservan otras iniciativas.

Ya no podemos mirarnos a los ojos

            Con los dos líderes del partido enfrentados, en duelo político y ya personal, con el presidente y el secretario general disputándose agriamente la candidatura presidencial, y la salida al mismo ruedo de dos ministros del actual gobierno,  Francisco Domínguez Brito y Carlos Amarante Baret, estimulados por el presidente Medina, con indicaciones de que saldrían otros dos, Andrés Navarro y Gonzalo Castillo, más los jóvenes dirigentes Carlos Peña y Manuel Crespo, ya en campaña, el PLD pasa su peor crisis sin arbitraje.

Cuando esta semana se levantaron voces pidiendo la suspensión  de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, por su vinculación a la corrupción, el vocero del partido, Héctor Olivo, se apresuró a advertir que los tribunales de disciplina y ética del PLD no están conformados.

Los enconos entre los peledeístas por el poder fueron dramatizados recientemente por un reflexivo legislador, que los consideró casi insuperables, “porque la desconfianza es tan grande que ya no podemos mirarnos a los ojos”. En ese escenario algunos opositores consideran que lo que más les conviene es dejar que los peledeístas se consuman en la pelea por el padrón abierto o cerrado, por lo que descartan que puedan ayudar al que utiliza el poder a derrotar a su adversario y fortalecerse para abrirse paso al continuismo.-

La fallida investigación de la PGR abona el camino a la impunidad

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Tras más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, los imputados por la escandalosa  corrupción de Odebrecht se reducen a la mitad, sin determinar el destino de los sobornos ni la sobrevaluación de sus obras ni su financiamiento político 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La conclusiones de un año y medio de investigación sobre las implicaciones en el país del escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht son profundamente decepcionantes, reduciendo a la mitad el número de imputados y sin avance en determinar los montos de las sobrevaluaciones ni los destinatarios del financiamiento político.

A todas luces la Procuraduría General de la República evadió investigar las responsabilidades del gobierno del que depende, sin imputar ahora ni uno solo de sus funcionarios, ni los responsables legislativos, y revocando las acusaciones que formuló hace un año a tres miembros del Comité Político del partido gobernante.

Vergonzoso e indignante

            El presidente del partido opositor Alianza País, Guillermo Moreno, no necesitó muchas horas para estimar que “la acusación presentada por el procurador en el caso Odebrecht produce vergüenza e indignación ante este nuevo  capítulo de impunidad”, porque han parido un ratón después de un año y medio de investigación, con más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, que abarcó a más de 400 personas y compañías, y la revisión de más de 800 mil transacciones y operaciones financieras.

Tan arduo trabajo, según explicó al país el procurador Jean Alain Rodríguez, no logró ni por asomo identificar los destinatarios de los 92 millones de dólares de sobornos confesados por Odebrecht, ni tampoco la magnitud de las sobrevaluaciones de las 17 obras contratadas por tres gobiernos, ni mucho menos los beneficiarios del financiamiento electoral testimoniado por altos ejecutivos de la constructora brasileña.

Resalta que los 14 imputados hace un año por los sobornos se redujeran a 6 y que sólo pudieran añadir un séptimo, el secretario general del principal partido de oposición, y expresidente del Senado Jesús Vásquez, intercambiado por  el expresidente de la Cámara de Diputados  Alfredo Pacheco, del mismo partido, liberado ahora de responsabilidad.

Más relevante es que entre los liberados estén tres miembros del Comité Politico del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exadministrador de la CDEEE Radhamés Segura, y el expresidente del Senado Julio César Valentín, Además el aliado gubernamental y exdiputado Ruddy Gonzalez.  Los otros liberados fueron César Sánchez, exadministrador de la CDEEE Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos, exfuncionarios de la hidroeléctrica estatal. Parece quedar demostrado que, como proclamó entonces la jueza Miriam Germán, sus imputaciones estaban pobremente fundamentadas.

¿Dónde están los cuartos?

            La pregunta fue formulada en esta página el 8 de julio del 2017. La PGR partió de la documentación de 101 transferencias de fondos de cinco empresas de Odebrecht a dos del imputado Angel Rondón, “el hombre del maletín de reparto”, montante a US$83.2 millones, que ingresaron al país entre el 2007 y enero del 2015, el 25% en el período 2007-11, y el 75% entre 2012-15. El 33% bajo el gobierno de Leonel Fernández, hasta agosto del 2012, y el 67% en el del presidente Danilo Medina, de agosto del 12 a enero del 2015.

Ahora que quedan libres Montás, Segura, Valentín y González, del gobierno de Medina, y que la PGR insiste en que no hubo sobornos en la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, cobra más fuerza la pregunta: dónde fueron a parar esas transferencias, si no hay imputados de este período, a quién y para qué se sobornaba?

Las transferencias, lo mejor documentado en toda la investigación de la PGR, fueron en ascenso progresivo: de US$11.4 millones en el 2012, pasaron a 15.8 millones en el 2013 y a 33.8 millones en el 2014, con una sóla, de 1.1 millón en enero del 2015, cuando la acción judicial en Brasil paralizó las operaciones. Entre el 13 y el 14, ya en el gobierno de Medina fue la mayor contratación con Odebrecht, las plantas de carbón por US$2,040 millones, y la Circunvalación de La Romana por US$298.8 millones.

El fuerte tufo político

El tufo político fue evidente en las imputaciones de mayo del 2017, cuando acusaron y apresaron igual número de funcionarios y legisladores del período 2000-04, que en los gobiernos de Fernández y Medina, 6 de cada uno, aunque en el primero sólo se contrataron dos obras por US$293 millones, una de las cuales no llegó a iniciar, por sólo  el 5% de los US$5 mil 957 millones, 987,457 de las obras contratadas con Odebrecht.

Quedan imputados dos expresidentes del Senado, que ejercieron hasta agosto del 2006, desde el Partido Revolucionario Dominicano, y que ahora son nada menos que presidente y secretario general del principal opositor el Revolucionario Moderno (PRM). También Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto de Aguas Potables hasta el 2004, los tres antes que comenzaran las transferencias documentadas. De los años de las transferencias, cuando se aprobó el 95% de lo contratado, sólo hay un senador imputado, Tommy Galán, quien no presidió el organismo, el ministro de Fernández, Víctor Díaz Rúa y su abogado Conrado Pittaluga. Por partidos, tres son del PRM y sólo dos del PLD, más Rondón, que habría sido de todos, y el abogado de Díaz Rúa.

Con los resultados presentados por el procurador se justifica la indignación del jurista Guillermo Moreno. Más aún si después de un año de las imputaciones a 14 personas, el funcionario confiesa que no habían reunido evidencias documentales para acusar y meter presos, en un aparatoso circo político, a más de la mitad.

Financiamiento electoral

            Si hay algo en el escándalo que la PGR ha rehuido son las denuncias sobre el financiamiento de campañas electorales, porque todos los caminos conducen al presidente Danilo Medina, quien hizo tres viajes a Brasil, en contacto con los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff y los funcionarios de Petrobras y Odebrecht, en 2005 como ministro de le presidencia, 2011 como candidato presidencial y 2012 como presidente Electo. En el segundo consiguió la asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, identificados en múltiples interrogatorios, hasta del presidente de Odebrecht, como sus brazos políticos para el auspicio de campañas electorales en Brasil, República Dominicana y otros 5 países.

Debe asumirse que a la PGR tanto Odebrecht como las autoridades judiciales de Brasil le entregaron los interrogatorios de las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht, y de los directores de su departamento de “Operaciones Estructuradas” o propinas, Fernando Miggliacio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha. Da Silva testimonió que entre 2006-14 invirtieron US$ 3,390 millones en campañas electorales. Todos señalan reiteradas veces cómo operaban con Joao Santana y Mónica, y cómo trasladaron sus operaciones a Santo Domingo, por lugar seguro, cuando la justicia brasileña apretó sus investigaciones. Santana y Moura tuvieron despacho en el Palacio Nacional de Medina hasta que fueron requeridos y apresados al llegar a Brasil, para ser luego condenados. Los procuradores de países como Perú y Colombia incluso obtuvieron interrogar directamente a esos ejecutivos y por eso han investigado y procesado a expresidentes y en ejercicio.

Pero Jean Alain Rodríguez no tiene independencia para llegar tan lejos, y ni siquiera explica cómo liberó a Temístocles Montás, quien admitió en espacio pagado de junio 2017, que recibió financiamiento de Angel Rondón para las campañas electorales del PLD en 2008, 2012 y 2016. Tampoco se ha referido a la instancia formal de investigación de cuatro entidades sociales dominicanas que recogieron la detección en Perú de una triangulación de empresas de Odebrecht que en el 2013 hicieron 16 transferencias por US4 millones 396,796 a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao y Mónica, aunque se le proporcionó el número de la cuenta y el banco donde operaba.

Nada de sobrevaluaciones

            También es indignante que a más de 18 meses del estallido del escándalo de Odebrecht, en diciembre del 2016, se llegue al plazo de las imputaciones sin haber realizado las auditorías reclamadas desde el principio para establecer los montos de las sobrevaluaciones, que según confesión de los ejecutivos de la constructora brasileña “tenían como patrón el 22%, para financiar los sobornos y campañas electorales.

Un consorcio internacional de periodistas que han investigado el escándalo de Odebrecht  estimó en US$1,217 millones las sobrevaluaciones en las obras contratadas en República Dominicana. El 22% de los US$5 mil 957.7 millones de las 17 obras en el país, arroja US$1,119 millones. En todas las contrataciones hubo adendas para escalar costos, en la hidroeléctrica Pinalito de 176%, en la Palomino 163% y en la circunvalación La Romana 132%. En las plantas de carbón se aducen sobreprecios hasta del 100 por ciento, y todavía Odebrecht reclama otros US$708 millones, sobre los 2,040 originalmente acordados.

El procurador dice simplemente que la Cámara de Cuentas no ha hecho las auditorías de costos, lo que debió exigir, incluso con intimación judicial, pero tampoco procuró determinar los responsables de todos los escalamientos de precios sobre el 25% de lo contratado, penalizados por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Un conteo de 8 de las 17 obras de Odebrecht contratadas por US$1,240 millones, establece que terminaron en 1,838 millones, con escalamiento de US634 millones, para un 51%.-

Acorralado, Danilo desanda camino por imponer las primarias abiertas

19_05_2018 HOY_SABADO_190518_ El País11 AEl presidente Medina reconoce que no tiene los votos para imponer las primarias abiertas y plantea volver a la Comisión Bicameral de la que sacaron el proyecto hace dos meses, sin acabar de ceder ante un amplio consenso político-social que las rechaza

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Aunque  plantea un diálogo sobre el proyecto de Ley de Partidos, el presidente Danilo Medina se lanza otra maroma en su afán por imponer a toda la sociedad política y civil el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, con el efecto inmediato de evadir su empantanamiento en la Cámara de Diputados y ganar tiempo.

Devolver el proyecto de ley a una Comisión Bilateral que ya lo discutió durante un año y lo consensuó, excepto, en las primarias abiertas, y que los danilistas disolvieron,  carece de sentido práctico, pues el diferendo de un solo artículo se puede dirimir por igual entre los mismos diputados a quienes se los remitió el Senado,

Una generosa acogida

            Sólo por el cansancio sobre la interminable discusión en torno al proyecto de Ley de Partidos, con 16 años dando tumbos en el Congreso Nacional, y ahora con diferendo sobre las primarias abiertas para elegir candidatos, se puede explicar la acogida que ha tenido la carta del presidente Danilo Medina dirigida a los presidentes de las cámaras legislativas pidiendo que integren una Comisión Bicameral para buscar una solución de consenso.

El texto del documento es engañoso al plantear que “ha llegado el momento de poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, por lo que pide “un escenario de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional con miras a buscar una solución  viable y de consenso que haga posible aprobar esta importante legislación”.

De inmediato gran parte de la opinión pública, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, el presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado,  y el líder opositor Luis Abinader, acogieron la propuesta. Fernández porque quiere mantener un perfil conciliador y necesita la unidad de su partido y el apoyo de Medina en su empeño por para volver a la presidencia. Abinader porque el 9 de enero pasado propuso formalmente al presidente Medina un pacto político por las reformas electorales y la gobernabilidad.

El bloque de partidos de oposición, y entidades como Participación Ciudadana y la Finjus, y organizaciones empresariales también han reclamado la concertación del sistema político para viabilizar una ley de partidos que lleva 16 años dando tumbos en el Congreso, insistiendo como fundamental en la transparencia del financiamiento, límites de gastos y tiempos de campañas y mecanismos democráticos internos y equidad política y de género.

Rebasa los legisladores

El primer elemento que cuestiona la sinceridad de la propuesta presidencial es que Medina, como muchos otros, sabe de sobra que la decisión de una salida consensuada al diferendo sobre la elección de candidatos con padrón abierto sobrepasa el marco legislativo y se inscribe en las alturas del liderazgo político. Sólo los retrasados mentales ignoran que la pelota está en la cancha del Palacio Nacional y que es el mismo presidente quien  persiste en imponer un método electivo que divide  hasta su propio partido y que rechaza casi todo el sistema político y las entidades sociales, empresariales y religiosas.

El segundo elemento es que parece absurdo volver al escenario donde se discutió el proyecto durante un año, como si él lo ignorara. Tras su enésima introducción al Congreso Nacional, el Senado bajo su control aprobó el 29 de marzo del 2007, crear una Comisión Bicameral, que integró con 14 senadores y 15 diputados, presidida por el senador danilista Arístides Victoria Yeb. Realizaron vistas públicas y recibieron 18 propuestas. Aprobaron 75 de los 77 artículos del proyecto sometido por la JCE, con más o menos variantes, pero quedaron empantanados sobre las primarias abiertas obligatorias organizadas por la JCE.

Los senadores agotaron las dos legislaturas del año pasado, mientras ni siquiera el Comité Político del gobernante PLD lograba acuerdo sobre el punto en conflicto, tanto que en octubre decidió integrar una comisión de cinco juristas para que opinara si ese método es inconstitucional, como ya dictaminó la Suprema Corte en el 2005, Tampoco pudo acordar los juristas, por lo que  en febrero revocaron la decisión y dejaron a los legisladores en libertad de votar al respecto. El 7 de marzo los senadores disolvieron la Bicameral y el 18 de abril los más de dos tercios danilistas aprobaron el proyecto con el padrón abierto.

El escenario es la Cámara

Como es mandato constitucional el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados que ahora tiene el poder de decisión. Cierto que allí la división impide lograr dos tercios de los votos para aprobar o para modificar o rechazar el texto del Senado. Alguien tendría que ceder sobre el método de elección de los candidatos, con padrón abierto a toda la ciudadanía o el que el mismo proyecto manda tener en cada partido, o mediante asamblea de delegados, que es lo racional para los pequeños y emergentes, o por encuestas, según lo establecen la diversidad de estatutos. En todo caso bajo estricta fiscalización de la JCE.

Si nadie cede, el proyecto de Ley de Partidos moriría en manos de los diputados, pero ya el escenario de una Comisión Bicameral fue agotado durante  más de 11 meses, de manera que rebasa esas instancias para depender del liderazgo político, en especial del presidente Medina. De él se espera que atienda el clamor casi general del sistema político y social y hasta las advertencias de la JCE sobre el costo y la dificultades de elegir al mismo tiempo las candidaturas de 26 partidos a 4 mil 106 cargos, con multiplicidad de aspirantes que podrían totalizar cientos de miles a quienes tendrían que contar votos individuales, y de tres o cuatro elecciones nacionales en 7 meses.

Es obvio que el mismo esfuerzo que se podría hacer otra vez en la Comisión Bicameral, puede tener efecto en la Cámara de Diputados, escenario lógico si ya los senadores tomaron su decisión y si es allí donde nadie reúne la mayoría calificada de dos tercios para una ley orgánica, como es la de Partidos.

Otro divertimento de Danilo

            Si el presidente Danilo Medina estuvieran en disposición de aceptar lo que es un consenso nacional casi total, en vez de tratar de revivir la Comisión Bicameral, hubiese pedido a sus parciales en la Cámara de Diputados que no siguieran boicoteando allí el conocimiento del proyecto, como hicieron el 3 de mayo cuando sería introducido al pleno y el martes 15 cuando empezaría a ser evaluado por la Comisión Especial de ese organismo.

En su carta, pidiendo consenso, Medina dedica 4 párrafos a defender sus primarias abiertas y la aprobación senatorial que despreció el amplio consenso nacional. La iniciativa presidencial es tan ilógica que parece fruto de una improvisación, como para sobreponerla y restar impacto al comunicado de la Conferencia Episcopal Dominicana, enviado a los medios el miércoles 16 para publicarse en los diarios del jueves. Así ocurrió, pues para casi todos los medios la carta del presidente fue lo más relevante del día y pocos pusieron atención a lo suscrito por los 23 obispos, incluidos los 7 eméritos.

Varios de esos obispos ya se habían pronunciado individualmente contra la imposición del padrón abierto, y ahora el colectivo plantea que es hora de romper la “prolongada espera” de la Ley de Partidos, “de asumir la responsabilidad con el criterio consensuado por todos, y que responda a los principios democráticos del ejercicio partidario”. Así mismo “que no se puede forzar a la Junta Central Electoral, a la que todos debemos dar nuestro voto de confianza, para que tenga que llevar a cabo tantas elecciones en un mismo año o en unos pocos meses sucesivos”.

Un presidente acorrralado

Si algo queda claro del largo debate es que el presidente Medina, como casi todos los que han alcanzado ese cargo en el país, se siente por encima del resto de la sociedad y trata de imponer a cualquier costo lo que cree conveniente al proyecto de eterno poder. En la sociedad faltan pocos sectores importantes por pronunciarse contra un sistema que abriría de par en par las puertas al ya grave mercado de compras de votos y estremecería el sistema político, amenazando dividir hasta su propio partido.

Nada ha hecho el mandatario para disipar la generalizada convicción de que la imposición del padrón abierto en la Ley de Partidos busca crear  espacio a su continuidad en el poder, y que si lograra para ello los dos tercios de los diputados, “conquistando” opositores, los empleará también para modificar la Constitución que le prohíbe volver a ser candidato a la presidencia.

Los más optimistas creen que al reconocer que no ha podido alcanzar esos votos, el presidente está buscando una salida honrada del acorralamiento en que se metió. De ser así devolvería el sosiego a la sociedad. Pero hubiese sido más elegante y más ponderado que siguiera el curso constitucional y lógico de la Cámara de Diputados, puesto que en el Senado el tiene no un tercio, sino tres cuartas partes de los votos.-

————————————————————————————————————–El largo viacrucis de la Ley de Partidos

1998: El “Diálogo Nacional” aprueba instituir una Ley de Partidos y otras reformas             políticas y electorales.

1999: La Comisión para Reforma y Modernización del Estado entrega el primer        consenso  de Ley de Partidos al Presidente Fernández, quien no lo remite al Congreso.

2001: El Consejo Nacional de Reformas del Estado (CONARE) renueva el consenso             con modificaciones, pero el presidente Mejía tampoco lo envía al Congreso.

2002: Varios diputados, encabezados por Liselotte Marte de Barrios,   someten al      Congreso el proyecto de ley consensuado en  el CONARE

2009: Tras varias infructíferas reintroducciones al Congreso, el proyecto es incluido  en el “Pacto de las Corbatas Azules” entre el presidente Fernández y el     presidente del PRD, M. Vargas.

2010: El Comité Político del PLD crea una comisión presidida por el     vicepresidente           Rafael Alburquerque para consensuar el proyecto.

2011: La JCE envía al Congreso proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, elaborados por técnicos de la OEA tras consultas a los partidos.

2012: En la campaña electoral  los candidatos presidenciales firman un compromiso en la PUCMM para aprobar ese mismo año las reformas electorales.

2017: El 29 de Marzo se crea una Comisión Bicameral para consensuar los proyectos            de reformas electorales.

2017: El 2 de Octubre el Comité Político del PLD aprueba crear comisión de    juristas para opinar sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas.

2018: El 5 de  febrero el Comité Político desiste de la comisión de juristas y deja en libertad a sus legisladores para votar sobre las primarias.   

2018: El 7 de marzo los senadores disuelven la Comisión Bicameral.

2018: El 18 de abril el Senado aprueba el proyecto de ley de partidos con primarias abiertas y simultáneas organizadas por la JCE.

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