Las primarias abiertas sacuden el Congreso, el PLD y el PRM

2222Lo montado en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de Ley de Partidos con elección primaria abierta fue un espectáculo indicativo de la resquebrajadura del partido de gobierno, cuyos vientos siembran incertidumbres en el principal opositor 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El boicoteo de la sesión de la Cámara de Diputados que el jueves conocería el proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría peledeísta seguidora del presidente Danilo Medina ratifica la decisión de imponer el padrón nacional en la elección de todos los candidatos, aún al costo de desguañangar el sistema partidista.

El empeño gubernamental, que divide al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reflejó ya sobre el principal partido de oposición, cuando ocho de sus 49 diputados se sumaron al boicot oficialista, y fueron determinantes para impedir la sesión, sembrando incertidumbres sobre la unidad de su organización opuesta al proyecto.

Nudismo en la Cámara Baja

            Lo del jueves en la Cámara de Diputados fue un espectáculo de nudismo y miserias políticas e institucionales, con una mayoría de los legisladores del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) boicoteando una sesión, estando presentes en el mismo edificio congresual, presidida por uno de los propios, el diputado Rubén Maldonado, pero adscrito a la corriente del expresidente Leonel Fernández, enfrentado al presidente Danlo Medina. Alegaron que no participaban de la sesión para evitar “un desorden orquestado”.

            Maldonado presidía solitario, pues los demás directivos de la cámara estaban en el boicot, mientras el vocero de los diputados peledeistas, Gustavo Sánchez, aún dentro del salón de sesiones, escondía la cabeza cuando se pasaba lista para darse por ausente. En tanto  ocho diputados del principal partido opositor, fuera del salón se sumaban a los oficialistas desatendiendo los llamados de su propio vocero, Alfredo Pacheco, para que respetaran la decisión del máximo organismo partidario que junto a casi todos los opositores y gran parte de la sociedad civil ha mantenido rechazo a los intentos de imponer el padrón abierto en la elección de candidaturas.

Seis de los ocho disidentes del PRM son señalados como seguidores de Hipólito Mejía, cuyo vocero Eddy Olivares persiste en coincidir con los oficialistas en la defensa del padrón abierto, mientras la hija del expresidente, la recién electa secretaria general del partido, Carolina Mejía, se manifestaba indignada porque los peledeístas han reducido la ley de partidos a un asunto de padrón abierto o cerrado. Los danilistas no tenían votos para ratificar el proyecto y con múltiples ausencias y el presidente de la Cámara opuesto, temían que pudieran rechazarlo o enviarlo a la comisión propia de la Cámara de Diputados donde pasaría mucho tiempo.

Agudizada la confrontación

            La ocurrenciadel jueves eleva a su máximo nivel la confrontación en el seno del PLD por la candidatura presidencial del 2020, con el presidente Medina impedido por la Constitución de optar por la reelección y el expresidente Fernández lanzado a las calles en búsqueda de la nominación. Cada día crecen los enconos  grupales y la decisión de los danilistas de impedir a cualquier precio  la candidatura “de un Leonel vengativo”.

La situación está fuera de control, ya que la división se incuba en los órganos directivos, después de un año de diferencias sobre la inclusión de las primarias abiertas en la Ley de Partidos. El 2 de Octubre el Comité Político del PLD, máximo organismo ejecutivo, decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminaran sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas como método único de elección de candidatos, objetada por Fernández en base a que la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley que la instituyó en el 2004.

Cuatro meses después, el 5 de febrero, el mismo organismo dejó sin efecto la resolución, y autorizó a sus legisladores a decidir individualmente. Para el 8 de marzo se anunció una nueva sesión del Comité Político, suspendida en la víspera, sin que hayan podido reunirlo nuevamente. Fue ese Comité Político el que saldó la anterior confrontación Danilo-Leonel en mayo  del 2015 por la candidatura presidencial del 2016, votando por  reformar la Constitución para que Medina pudiera optar por la reelección, pero con un transitorio que le impide volver a postularse en el 2020, lo que ahora favorece a Fernández.

¿Un prueba de fuego?

            Dl boicot de los danilistas a la sesión de la Cámara de Diputados, reenviada para el próximo miércoles, pudo haber sido decidido para ganar tiempo en la búsqueda de votos opositores al proyecto de las primarias abiertas en que cifran su preponderancia electoral, pero también para probar cuántos diputados leonelistas y de la oposición habían logrado atraerse, especialmente del PRM que ha advertido su decisión de sancionar a quiénes se vayan contra la línea partidaria.

Con los leonelistas esta vez no avanzaron, porque no desertó ninguno de los 34 diputados que el 18 de abril se comprometieron a rechazar las primarias abiertas. Se cree que ganaron un voto adicional para acumular 3 de los 10 reformistas. Su éxito estuvo en la ausencia probada de los 8 perremeistas, una de los cuales, Jacqueline Montero, adujo que tenía su esposo enfermo. Seis son señalados como hipolitistas; Edelis Olivares (hermana del vocero de Mejía), Cuqui Morel, Lía Díaz, Edward Jorge, Nelson de la Rosa y Andrés Templar, El octavo, Sergio Goris Moya fue la mayor sorpresa, pues se le señala como seguidor de Luis Abinader, como Mejía precandidato presidencial, pero persistente opositor a la imposición de las primarias abiertas.

La actitud de esos diputados estaba en cuestionamiento ayer en los predios del PRM, cuyo Directorio Ejecutivo fue convocado para el lunes a fin de ponderar la situación. El vocero del bloque de diputados, Pacheco, se inclinaba por un llamado a reunión de los 8 para que expliquen su actitud, mientras otros abogaban por una sanción verbal y advertencia de suspensión y expulsión si repiten la coincidencia con los oficialistas.

Alto costo institucional

            Si los promotores de la imposición del padrón abierto a todos los partidos avanzaron con 9 opositores, todavía le faltaría conquistar otra veintena para estar en capacidad de pasar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, lo que no paree tan fácil, dado el nivel de oposición política y social al proyecto y sin dañar severamente la institucionalidad de los partidos. Esta misma semana 18 de los 26 partidos llegaron hasta la Cámara de Diputados para manifestar su oposición al proyecto.

También esta semana Participación Ciudadana y la Fundación institucionalidad y Justicia, mostraban las incoherencias y contradicciones del proyecto aprobado en el Senado, y el presidente de la Asociación de Industrias, Campos de Moya, reiteró ayer  por televisión la posición de las entidades empresariales de que se deje a cada partido escoger cualquier método democrático para elegir sus candidatos.

Seguía impactando el costo sobre 5 mil 600 millones de pesos en que la Junta Central Electoral ha estimado unas complicadas elecciones primarias de 26 partidos a la vez, con el padrón universal, lo que podría implicar hasta 320 mil precandidaturas, con un promedio de tres por cada uno de los 4 mil 106 cargos a elegir. Saltó al debate que no podrían ser entregando a cada elector la boleta por el partido que prefiera, porque violaría el principio del secreto del voto, y obligaría a entregarle las 26 enormes boletas.

La dicotomía de Hipólito

El proyecto comienza a cobrar su costo institucional ya no sólo en el PLD, sino también en el PRM, que no esperaba tan alto número de deserciones, en medio de versiones de que los gobiernistas se muestran dispuestos a utilizar recursos estatales para conquistar opositores y con ya inocultables inquietudes sobre la real posición de Hipólito Mejía, quien todavía la semana anterior declaraba por escrito que aunque favorecía las primarias abiertas, respetaba la decisión de su partido, que ue adoptada el año pasado tras varias reuniones de su Dirección Ejecutiva, se dice que por una “mayoría holgada”.

Pero llama la atención que todavía en la víspera de la sesión de los diputados, el vocero oficial de Mejía, Eddy Olivares, volviera a defender lo que prefiere el grupo del presidente Medina y rechazan casi todos los partidos y la sociedad civil. Se cree que Mejía envió una señal errónea cuando hace dos semanas en Santiago se enganchó al presidente Medina, éste de brazos cruzados, en una foto que difundieron ampliamente los medios oficialistas.

Defensores del gobierno en todos los medios cuentan con que los legisladores que siguen a Hipólito votarán finalmente por las primarias abiertas, aún desafiando al partido. Y no faltan quienes alientan la idea de que el mandatario peledeísta, imposibilitado de buscar la reelección, pudiera respaldar a Mejía en una fórmula que envolvería al Partido Revolucionario Dominicano, para evitar un eventual triunfo de Leonel.

Mejía tiene gran desventaja en las encuestas para la candidatura del PRM. Gallup-HOY de marzo arrojó 67 a 9% de preferencias a favor de Luis Abinader entre los que se dijeron perremeistas. En Octubre pasado fue 69 a 14%. Abinader le ganó la  candidatura para el 2016 por 70 a 29%, casi el 69 a 28% que arrojó la Gallup-HOY un mes antes. Por eso los hipolitistas creen que les conviene el padrón abierto, aunque también en el universo de los electores las preferencias por Abinader superan con mucho las de Mejia: 49 a 1l% en la Gallup-HOY de marzo pasado.-

 

Las costosas primarias de Danilo con entre 110-327 mil precandidatos

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El presidente de la JCE puso en jaque el proyecto de ley con primarias abiertas aprobado por el Senado, por su elevado costo económico, que además resultaría impracticable al involucrar por lo menos 110 mil precandidatos en 26 boletas   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La declaración del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, de que la elección obligatoria de los candidatos de todos los partidos para las elecciones del 2020 con padrón abierto costarían 5 mil 628 millones de pesos, sacudió los ámbitos políticos esta semana, mientras seguían las objeciones al proyecto de ley.

Lo que no ha hecho la JCE es un estimado del número de precandidatos a los que habría que contarle votos individuales, los que en boletas separadas de al menos 26 partidos oscilarían entre 110 mil y 327 mil, un descomunal desafío organizativo  con un cómputo  imposible en el plazo de tres días que establece el proyecto aprobado por el Senado.

Imposible de materializar

El proyecto original sometido por la JCE desde el 2011 establecía la obligatoriedad de elecciones primarias sólo para los partidos “mayoritarios”, es decir los que reciben más del 5 por ciento de la votación, que actualmente serían cuatro, el de la Liberación
Dominicana (PLD) el Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC). Podrían escoger el padrón abierto o cerrado y en la fecha de su conveniencia dentro de un plazo; organizadas por ellos mismos, o por el órgano electoral, pero costeado del subsidio estatal.

Pero el proyecto aprobado por el Senado y remitido esta semana a la Cámara de Diputados  establece en su artículo 42 que “Todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos de elección popular, mediante elecciones primarias abiertas, y simultáneas, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto”.

El proyecto no hace excepción ni siquiera en los casos de alianzas o coaliciones políticas, lo que implicaría a los 26 partidos actualmente reconocidos, que junto a nuevos y agrupaciones locales podrían llegar a la treintena. Debe asumirse que cada organización tendrá que tener al menos una extensa boleta con sus precandidatos a nivel presidencial, congresual y municipal, que para el 2016 totalizaban 4,106. Si se depositan en urnas comunes, habría que separarlas para iniciar el escrutinio.

Podrían llegar a 320 mil   

Se ignora si los promotores del proyecto calcularon la cantidad de precandidaturas que implicarían esas primarias, lo que no es tan difícil partiendo de tres aspirantes por partido a cada uno de los 4,106 cargos electivos, límite que establecía el proyecto de la JCE, pero que desapareció en el del Senado. Asumiendo que promedien tres, el total por partido serían 12 mil 318, que por 26 partidos totalizarían 320 mil 268 precandidatos.

Si se quiere un cálculo conservador, asumiendo que los cuatro partidos mayoritarios mantengan el promedio de 3 precandidatos por cargo, sumarían cada uno 12 mil 318, que  totalizarían 49 mil 272. Con otros 6 partidos que lleven dos candidatos a cada cargo, los aspirantes se duplicarían a 98 mil 544. Asumiendo que sólo 13 agrupaciones postulen, y los otros 3 con sólo un precandidato por cargo, habría que agregar otros 12 mil 318 y entonces el gran total sería de 110 mil 862 precandidaturas.

Con cualquiera de los dos cálculos, la JCE tendría serias dificultades para computarles sus votos individuales al mismo tiempo, y ni hablar de que pueda concluirlo en el plazo de 72 horas, ni proclamar los ganadores en la primera semana de diciembre, cuando las primarias serían en el tercer domingo de noviembre, según el proyecto aprobado. El artículo 40 indica que la precampaña se iniciaría el tercer domingo de agosto del año anterior a las elecciones, y que la escogencia de candidatos sería tres meses después. En febrero se celebrarían las elecciones municipales y en mayo las presidenciales y congresuales, con la eventual segunda vuelta en julio, lo que podría implicar cuatro procesos electivos en 8 meses.

En los comicios del 2016 la JCE sólo computó individualmente los votos para elegir 190 diputados nacionales, que con un promedio de 12 aspirantes, incluidas las alianzas, habrían sido sólo 2,280, y en cientos de colegios no se hizo este cómputo y terminaron anuladas los preferenciales. El resultado final tomó dos semanas. Tanto la JCE como muchos dirigentes políticos han considerado casi imposible cumplir la ley que instituye el voto preferencial para los cargos municipales desde el 2020, que sólo serían unos 3 mil 900 que por 12 aspirantes (incluidas alianzas) totalizarían 46 mil 800.

Un costo muy elevado

            Al hablar el miércoles ante la Cámara Americana de Comercio, el doctor Castaños Guzmán informó que un estimado realizado por la Dirección General de Elecciones de la JCE sitúa el costo que tendría organizar las primarias de todos los partidos simultáneamente en 5 mil 628 millones de pesos.

Aunque los defensores del proyecto de ley aprobado por el Senado consideraron exagerado ese monto, no lo parece si se compara con los 4 mil 980.4 millones de la ejecución presupuestaria de la JCE para las elecciones del 2016, cuando sólo se manejó una boleta por cada nivel de elección. En las prima4rias podrían ser 26 boletas con los tres niveles de candidaturas juntos, ó 78 si se separan por presidencial, congresual y municipal.

El costo estimado sería equivalente al 42 por ciento de los 13 mil 480.4 millones de pesos que el Estado ha gastado en subsidio a los partidos en los 20 años de instituido a partir del 1998. Superaría en 4 mil 18 millones de pesos, el subsidio entregado a todos los partidos para las elecciones del 2016.

El proyecto aprobado por el Senado establece, en su artículo 54, que los costos de las primarias “serían deducidos” del aporte que daría el Estado a los partidos, pero el estimado de la JCE, supera en 250  por ciento el subsidio de los comicios pasados, y sería más del doble del monto del 2020. Aparte estaría la inversión de los por lo menos 110 mil precandidatos buscando votos en el universo de los electores.

En la Cámara de diputados

            Cada vez es más generalizada la convicción de que no habrá ley de partidos ni una nueva ley del Régimen electoral para los comicios del 2020 y que la JCE tendrá que cumplir su promesa de  establecer los reglamentos para garantizar la equidad y transparencia, como le faculta el artículo 212 de la Constitución. Por eso esta semana el partido Alianza País, que lidera Guillermo Moreno, intimó al organismo para que proceda en consecuencia.

El proyecto de Ley de Partidos llegó el jueves a la Cámara de Diputados, presidida por un declarado opositor a las primarias abiertas, Rubén Maldonado, un  seguidor del expresidente Leonel Fernández, quien ha reiterado que no habrá imposición y se decidirá democráticamente, sin ninguna prisa, tras el estudio de la comisión correspondiente. Los diputados realizan su propio estudio de los dos proyectos introducidos por la JCE.

El jueves la dirigente peledeista Alejandrina Germán se quejó de que el Comité Político de su partido evadió la responsabilidad de decidir si las primarias deben ser abiertas o cerradas, olvidando que en el 2014 había optado por dejar en libertad a cada partido de escoger el método, como establece el proyecto de la JCE. Y según los acuerdos que el PLD adoptó en el 2015 para pactar a reforma constitucional, ahora ese organismo tendría que decidir por consenso y si no con al menos 75 por ciento de sus votos. Mientras el expresidente Fernández decía en Nueva York que si imponen lss primarias  de manera forzada “habrán vencido, pero no convencido”.

Intrigas contra oposición

            Los once partidos de oposición que sostienen posición común ante la Ley de Partidos, fueron esta semana a la Cámara de Diputados para reiterar su rechazo al padrón abierto y reclamar que se priorice la Ley del Régimen Electoral, lo que podría ser también una opción para ese órgano legislativo. Coincidieron  con ellos allí los dirigentes de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, que agrupa a miles de iglesias protestantes.  .   

            Mientras crece el rechazo político y social al intento de imponer un único método de elección de candidatura, comienzan las denuncias de intentos de sobornos para lograr unos 30 votos de diputados, o ausencias, que faltarían para poder aprobar las primarias abiertas. El vice-vocero del PRSC en la cámara, Pedro Botello, denuncio ofrecimientos de personeros para conseguir votos.

La ofensiva incluyó la puesta en difusión de una vieja entrevista televisiva al expresidente Hipólito Mejía donde él defendía el padrón abierto, determinando que su vocero aclarara que eso fue el 7 de enero y que “luego el propio presidente (Mejía) ha reiterado que aunque está de acuerdo con primarias abiertas, respeta y apoya la decisión del PRM, su partido, que aprobó que sean primarias cerradas”. Pese a ello la entrevista ganó primeras páginas en varios diarios.

Una fotografía de Mejía con el presidente Dahilo Medina el lunes, durante la inauguración de un centro de convenciones privado en Santiago, fue ampliamente difundida por órganos gubernamentales y sus voceros. Medina muy sonriente aparece de brazos cruzados, mientras Hipólito se le engancha con un brazo. La gráfica también de primera página en diarios generó intrigas y especulaciones.-

Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política

A1Al aprobar el proyecto de ley de partidos con padrón abierto el Senado danilista escoge la confrontación con casi todo el sistema político y las entidades sociales, con riesgo de profundizar la división del PLD y dificultar la gobernabilidad nacional

Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque era una guerra anunciada, no dejó de impactar que el Senado aprobara en primera lectura el proyecto de Ley de Partidos con obligación de voto universal para escoger las candidaturas a cargos electivos, rechazando la oposición de casi todo el sistema partidista y de las instituciones sociales interesadas en la institucionalidad democrática.

La mayoría senatorial del presidente Danilo Medina expone al país a quedarse una vez más sin las normativas electorales y hace temer mecanismos de corrosión y corrupción política para que pase en la Cámara de Diputados y aún así a un extenso y peligroso proceso de impugnaciones constitucionales ya anunciado.

El gobierno contra todos

            La decisión de los dos tercios de los senadores de imponer a todos los partidos el padrón universal abierto para la elección de candidaturas adoptada en primera lectura el miércoles, abre una guerra de quienes controlan el gobierno contra casi todo el sistema político y social, que de ser ratificada en segunda vuelta la próxima semana, dividiría hasta al propio partido gobernante, seis de cuyos senadores y los dos de oposición, se oponen firmemente a un método ya declarado inconstitucional en el 2005.

Han ignorado la oposición del sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabeza el actual presidente de la organización y presidente de la República en tres períodos, Leonel Fernández, del bloque de los 11 partidos de oposición y del Foro Permanente de Partidos Políticos donde participan casi todos los aliados electorales del peledeísmo. El único en respaldarlo ha sido el aliado Partido Revolucionario Dominicano.

Han despreciado también las opiniones de la mayoría de los politólogos y juristas y de las instituciones sociales más interesadas en el fortalecimiento institucional, como la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana,  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de  Industriales de Herrera y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que dos días antes, en reunión con el presidente de la Cámara de Diputados  había pedido concertación política para dejar que cada partido escoja el sistema de elección de candidatos que prefiera, como establecen sus estatutos.

Hasta el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, ha advertido de las inconveniencias de esa imposición, por razones constitucionales y organizativas, y  tras la aprobación senatorial pidió que la fórmula que se apruebe “sea de paz y consenso”.

Sólo interés presidencial

            El camino de confrontación escogido es más grave por cuanto los observadores lo atribuyen al único interés del presidente de la República, tanto que muchos temen que sólo por esa razón terminará pasando en segunda lectura en el Senado y en la Cámara de Diputados y luego hasta en el Tribunal Constitucional. Se le asocia al proyecto  de abrir espacios, a otra reforma constitucional para la reelección, como advirtió el obispo Víctor Masalles, o para un delfín que impida el temido retorno al poder de Leonel Fernández.

Como Danilo Medina no responde cuestionamientos de la prensa ni políticos o sociales, se ignora cuál es su posición definitiva, pero se entiende que “tira la piedra y esconde la mano”, y podría estar interesado en dar un golpe de efecto con su control senatorial en momentos en que las encuestas lo han presentado a la deriva y con el ex presidente Fernández recuperando terreno perdido.

Más necesario aún cuando la OEA acaba de publicar una opinión consultiva de la Comisión Europea donde se niega  que los límites a los períodos gubernamentales violen derechos humanos y desaprueba las reformas constitucionales para permanecer en el poder. También cuando la Embajada de Estados Unidos ha reactualizado un artículo del 2016 donde se aboga por limitar los mandatos presidenciales para preservar la institucionalidad democrática.

Medina parece arriesgarlo todo, pues la persistencia en imponer el padrón abierto podría desatar resistencias más allá del asunto en juego y hacerlo perder el tiempo cuando entra en la segunda mitad del periodo, con inmensos límites fiscales que le impiden responder a los grandes desafíos sociales.

Fuerte reto a la oposición

Se da por hecho que la mayoría senatorial ratificará en segunda lectura su proyecto de Ley de Partidos, y que el desafío tendrá lugar en la Cámara de Diputados, donde la oposición deberá emplearse a fondo para evitar que una parte de sus miembros sean “conquistados” por el poder gubernamental.

Los dos tercios de los 190 diputados, necesarios para aprobar leyes orgánicas como lo es la de partidos, serían 127. Al danilismo se le atribuyen 76 de los 106 del PLD,  más 14 del PRD y 5 de otros aliados y 1 reformista para totalizar 96, lo que implica casi un empate con los 94 diputados restantes de partidos opuestos al padrón abierto, 50 de los cuales están en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluidos varios del PRD que emigraron.

Para aprobar su proyecto, al PLD-Danilo le faltarían  unos 31 votos, casi los mismos 30 que se le atribuyen a Leonel Fernández. Otros cálculos los reducen a 27, la tercera parte de los que “conquistaron” para la reforma constitucional del 2015, razón por la cual muchos creen que volverían a lograrlo, lo que constituye un desafío definitivo al leonelismo y a los partidos de oposición, especialmente al PRM y al Partido Reformista con sus 11 votos.

Los propagandistas del danilismo cuentan con un grupo de los diputados seguidores de Hipólito Mejía, porque este favorecía las primarias abiertas, aunque ha dicho que acata la decisión mayoritaria de su partido. Si no lo hacen declararían un cisma corrosivo en el mayor partido opositor.  El dinero, los contratos y otros favores del Estado pudieran “conquistar” la treintena de votos, pero a un costo moral alto, generador de más crispación que la que dejó la reforma constitucional del 2015, y mayor ingobernabilidad, ya que ahora no habría acuerdo interno en el PLD.

El problema constitucional

Las perspectivas apuntan a que la ley de partidos seguirá dando tumbos en el Congreso, 20 años después que se redactara el primer proyecto y a 15 años que llegara al poder legislativo. Porque si el gobierno logra imponer el padrón abierto, la oposición ya adelanta que apelaría al Tribunal Constitucional, buscando revalidar la declaratoria de inconstitucionalidad que liquidó ley del 2004 que estableció las primarias abiertas y simultáneas bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral. Por más rápido que la  despachen, una instancia de esa categoría llevaría meses y elevaría la confrontación política con recelos de que el poder presidencial siga doblegando la institucionalidad democrática.

Las  reacciones a la primera aprobación senatorial han sido premonitorias, por el retiro de los 6 senadores que siguen a Leonel y los dos del PRM, mientras el pre-candidato de este partido a la candidatura presidencial Luis Abinader la catalogó como “una insensatez que provocaría niveles de crispación e inestabilidad innecesarios”. El  vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, dijo por Teleantillas que si se impone el padrón abierto, sería una locura política que convertiría los partidos en corporaciones.

El tráfico de dinero en las campañas se incrementaría y generaría la disolución de los partidos por las luchas internas entre precandidatos que tendrían una cantera de votos a “conquistar” en más de la mitad de quienes no votarían para elegir candidatos. En las elecciones presidenciales la abstención histórica es del 29 por ciento, pero en las congresuales y municipales apenas el 50 por ciento. La riqueza de cualquier origen y el clientelismo estatal serían definitivos en las escogencias de candidatos, y la JCE tendría que montar al menos tres elecciones en medio año y cuatro si hay doble vuelta en la presidencial..

Las reformas en el limbo

Hay quienes creen que la ofensiva senatorial danilista es un elemento de distracción y que en última instancia se conformarían con que el proyecto quede empantanado, ya que la oposición tampoco reúne los dos tercios necesarios para aprobar esta ley orgánica. De esa forma evadirían la regulación de los partidos y sus elecciones primarias, lo que les permitiría seguir sirviéndose con la cuchara grande en todo el proceso electoral,

Se asume que la confrontación que bloquearía la ley de partidos impediría también las más importante y trascendente Ley del Régimen Electoral, especialmente en lo concerniente a las sanciones de los abusos del Estado en las campañas electorales que tanto han ayudado a los triunfos peledeístas, especialmente en las dos elecciones de Danilo Medina, a partir del 2012, cuando dispararon el déficit fiscal del gobierno central a los 150 mil millones de pesos.

Tanto el bloque de partidos de oposición, como las entidades de la sociedad civil han demandado que las dos leyes se aprobaran juntas,, o que se privilegiara la más importante, del Régimen Electoral, pero los peledeístas las han mantenido separadas, privilegiando la de partidos. Y de hecho, ya se está acabando el tiempo para que la ley  regule las campañas por las candidaturas del 2020, que ya están en marcha.-

Un discurso con algunos aciertos, muchas omisiones y manipulaciones

A1El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero y el escenario de propaganda y manifestantes muestran un tufo continuista, repitiendo promesas y evadiendo los problemas básicos como la sostenibilidad financiera y la corrupción   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El tono y las promesas del discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el martes 27, tienen el tradicional tufo continuista de la historia nacional,  acentuado por la propaganda que lo precedió y que prosigue siguió para venderlo como otro mandatario imprescindible, un nuevo predestinado para desarrollar la nación.

El mandatario se erigió como un habilidoso manipulador de datos, experto en evadir asuntos tan fundamentales como la sostenibilidad fiscal, la corrupción e impunidad y en repetir promesas anteriores, llegando al extremo de sostener que  la nacional es una sociedad de clase media con progresiva reducción de la pobreza.

Los aciertos notables

            No es posible desconocer los aciertos del gobierno del presidente Danilo Medina sin caer en la mezquindad, relevantemente por haber cumplido la ley y reclamo ciudadano de elevar la inversión en educación, que ha adelantado en la construcción de aulas y comienza la estancias infantiles, en la formación de maestros, becas, desayuno y almuerzo escolar.

También tiene derecho el mandatario a exhibir sus obras viales, continuidad de una política de su antecesor y muchas otras construcciones físicas, aunque la inversión se haya estancado en un 16 % del presupuesto nacional, porque se mantiene el incremento desbordante del gasto corriente. Pero no hay dudas que también ha destinado más recursos a crédito para pequeñas y mediana empresas y productores agropecuarios.

El presidente Medina se ha empeñado en acercarse más a la población, aunque lo hace distribuyendo el dinero que corresponde a los ayuntamientos, a los cuales les ha reducido la asignación por debajo del 3%, en vez del 10 que establece la ley de municipios. El crecimiento, aún ralentizado el año pasado, del 4.6% y la inflación del 4% son también logros de la gestión. Pero no hay ninguna revolución ni educativa, ni del transporte, ni del campo, como ha indicado, que lo proyecte como un nuevo ser providencial que debe continuar en el poder sin medir costo institucional y moral por encima de lo dispuesto en la Constitución que él mismo promovió para reelegirse hace apenas dos años.

Mientras manifestantes transportados pedían  “cuatro años más”, Danilo Medina los alentaba con la conocida proclama de que “aún nos queda mucho por hacer”, prometiendo que después de más de cinco años de trabajo intenso “no vamos a parar, No vamos a bajar el ritmo. Especialmente ahora, después de todas las batallas que hemos ganado juntos”.

Omisiones fundamentales

            Como advirtió el reconocido sociólogo César Pérez lo más desconcertante no fue lo que el presidente dijo, sino lo que omitió, comenzando por los recurrentes déficits de toda una década, que conducen el país hacia la insostenibilidad fiscal, y la consiguiente carrera de endeudamiento estatal que el año pasado pasó de 40 mil millones de dólares, creciendo a un ritmo de 12 millones de dólares, más de 580 millones de pesos,  por día, que ya sobrepasan el50% del PIB y cuyos intereses ya comprometen el 24% de los ingresos.

Pasó por alto el informe que acaba de emitir una misión del FMI advirtiendo la necesidad de contener el ya crónico déficit fiscal, las advertencias sobre insostenibilidad formuladas a fin del 2017 por las escuelas de economía de la Universidad Autónoma, de la Universidad Madre y Maestra y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, así como por múltiples economistas y centros de estudios económicos.

El informe presidencial ignoró que el año pasado el país fue sacudido por multitudes que reclamaron en las calles límites a la corrupción y la impunidad, a partir del escándalo Odebrecht y los que se sucedieron cada mes. No mencionó la palabra Odebrecht ni siquiera para explicar cómo esa empresa va a concluir las plantas de carbón sin que se le pague los 708 millones de dólares adicionales que reclama.

Tampoco se refirió el presidente a los factores que han impedido la conclusión del Pacto Eléctrico, ni mucho menos a las razones por las que no ha iniciado las gestiones del Pacto Fiscal, mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, con plazos vencidos, y a los que él mismo se había comprometido desde su discurso de juramentación del 2012.

Manipulación de datos

            Hubo en el discurso de Danilo Medina manipulaciones de datos, por ejemplo en el presupuesto de salud y de la justicia, comparando la asignación total del 2012-18, en vez de hacerlo como porcentaje del gasto total. En salud hace tiempo que está estancado, por debajo del 2% del PIB cuando los organismos internacionales sugieren el 5, y es de los más bajos de la región.

En cuanto al Poder Judicial es peor, porque la ley194-04 le asigna el 2.66% de los gastos, y en el período 2012-18 apenas le otorgan un promedio del 1.1%, y el 46.5% de lo que les correspondía. Si bien los $6,872 millones del año pasado, superaron en más de 66% los 4,007 del 2012, eso sólo fue superior en 0.2% y el 48% de lo que le correspondía por ley. Por igual a la Procuraduría General de la República la ley le dispone el 1.4% y se le entrega el 0.8% que representa el 66% de lo correspondiente en los cinco años, según cuadro del experto fiscal José Rijo.

Igual es manipulación anunciar que las exportaciones dominicanas alcanzan por primera vez los US$10 mil millones, Según el Barómetro del Comercio del Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano, de la Universidad Madre y Maestra, en 2017 fueron por US$8,831millones, pero sólo US$3,236 de los exportadores nacionales, y la mayoría de las zonas francas. Pero Medina ignora que hubo un desbalance o déficit comercial de US$9,184 millones, ya que las importaciones totalizaron US$18,015 millones.

Por igual el presidente se encontró con una evaluación positiva a la transparencia de su gobierno de la Oficina de Presupuesto Abierto Internacional para defenderse, pero ignoró que las más reconocidas del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional lo colocan entre los más opacos y de mayor corrupción en el mundo.

El país de clase media        

            Pero lo que más burla ha levantado del discurso de Medina es su afirmaicón de que la RD es ya un país de clase media, gracias a la redención de la pobreza en sus cinco años de gobierno. El destacado sociólogo Cándido Mercedes cita el parámetro del Banco Interamericano  de Desarrollo de un ingreso entre US$10 y US$50 diarios para ser considerado clase media que él redondea entre $15,000 y $75,000 mensuales.

El promedio de los salarios formales dominicanos estimado en $21.000, queda lejos de esa meta, mientras el costo promedio de la canasta familiar es situado por el Banco Central en $30,000. El 80% de los asalariados formales ganan menos de $25,000, y el ingreso de los informales es un tercio menor. El salario mínimo en zonas francas es $9,000  y sus 165,796 empleados ganan un promedio de apenas $11,000. En turismo es un poco mejor, con 330 mil empleados, pero el salario mínimo está aún en $10,300. Cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre está en $14,000.

Medina segura que se crearon 120,237 empleos el año pasado y hasta que en mayoría formales, pero el Centro Regional de Estudios Estratégicos Sostenibles (CREES) asegura que la mayoría fueron informales, y amprado en estadísticas del Banco Central publica un cuadro donde consigna que apenas en el gobierno creció el empleo formal, en 2017, con 44,004, y que en el sector privado se redujo en 6,092. Afirma que el año pasado la informalidad creció al 58.7% del total de los empleados.

Pese a ser este un país de clase media, contrasta que el 48% de los jóvenes hayan dicho que planean irse del país, según el Barómetro de las Américas. Y el mismo 27 de febrero 20 dominicanos eran detenidos tratando de ingresar por yola al devastado Puerto Rico.

Repetición de promesas

            En el discurso abundaron repeticiones de promesas de obras, como la de la Presa de Monte Grande y muchas viales, sin explicar cuáles están incluidas en el presupuesto nacional. Parece haber olvidado  los 7 grandes obras para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del sur, prometidos el año pasado.

Olvidados están también los compromisos anteriores de revisar el modelo económico nacional,  pero se repiten promesas de fortalecer la frontera, de revolucionar el t4ransporte urbano, de viviendas, agua potable y electricidad, cuyas carencias no son compatibles con países de clase media.

Otro vacío fue el de la institucionalidad democrática. El presidente expresó su esperanza de que se aprueben ls reformas electorales, pero sin asumir mayor compromiso, ni tratar de  desbloquearla, ni mucho menos responder los cuestionamientos de la sociedad civil o de los partidos de oposición, que para él no existen, como tampoco los gobiernos municipales.

En resumen, el discurso tuvo sus aspectos positivos, pero el presidente Medina no trató de disipar las mayores incertidumbres económicas ni políticas.-

El PLD seguiría evadiendo las reformas políticas básicas

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El dejar a los legisladores decidir sobre la ley de partidos refleja la división interna del Partido de la Liberación Dominicana, misma que seguiría impidiendo su aprobación, mientras evaden las reformas poítico-electorales discutidas durante dos décadas

 Por Juan Bolívar Díaz

            El fracaso del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en lograr consenso sobre el proyecto de Ley de Partidos, refleja la fuerte división que lo sacude, con un revés para el grupo dominante del presidente Danilo Medina que, aún teniendo mayoría absoluta  en ese organismo, no pudo imponer el padrón electoral abierto que ha pretendido.

Pero al mismo tiempo, luce casi imposible que las reformas políticas en discusión hace dos décadas  vayan a ser aprobadas por los peledeístas sin la voluntad expresa del presidente Danilo Medina, a no ser que éste reconozca las dificultades de su continuidad en el poder más allá del 2020 y se proponga legar al país el constitucional “Estado Social y Democrático de Derecho”.

Fracasa el Comité Político

Si algo deja claro la decisión del Comité Político (CP) del PLD  del lunes 5 de febrero, es que el máximo y poderoso organismo no ha podido superar el profundo antagonismo que sacude al partido gobernante y evadió el bulto transfiriendo a sus legisladores el empeño del grupo gobernante de imponer el padrón electoral universal en la elección de los candidatos de todos los partidos, que conlleva la búsqueda de mayores posibilidades de continuidad en el poder.

El CP reconoció el fracaso de su resolución del 2 de octubre de constituir una comisión de juristas para que dijeran si es constitucional impone r a todos los partidos un solo método de  elección de sus candidaturas, lo que ya en el 2005 la Suprema Corte de Justicia dictaminó inconstitucional sobre una ley al efecto del 2004. Dejaron pasar 4 meses sin constituir la comisión pero desde que se decidió se veía muy difícil de materializar, por la pugna de poderes entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, por demás presidente del partido y ya lanzado en abierta campaña por la candidatura presidencial del 2020, lo  que los danilistas ven con aprehensión y abierto rechazo.

Que la casi dos tercereas partes del CP alineada con el presidente Medina no haya impuesto  su voluntad es, hasta cierto punto, un revés para ellos, indicativo de la profundidad de la lucha por el poder y la conciencia de que podrían poner en juego la unidad del partido en que han basado su dominio político de 18 años, con el interregno 2000-04.

Pero es también un reconocimiento de que  divididos ninguno de los dos grupos peledeistas  beligerantes tiene posibilidad de reunir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar leyes orgánicas, como la de partidos y la del régimen electoral, Remitirlo a la decisión de los propios legisladores no cambiará la situación, porque los danilistas tropiezan con la negativa de casi todos los legisladores de oposición , y los leonelistas no se atreverán a concertar con los opositores a espaldas del primer mandatario, lo que  mantendrá las reformas en un limbo.

Es que el poder no se cede

No debería sorprender que la propuesta de dejar el tema de la elección  primaria a los legisladores proviniera de José Ramón Fadul, una de las cabezas del llamado “Grupo Otán”  integrado por prominentes dirigentes de la vieja guardia peledeísta, que hace años hacen profesión casi religiosa del fundamentalismo político de que “el poder no se cede”, Ese grupo no sólo se opone y alienta toda resistencia a la ley de partidos, sino también a la reforma del Régimen Electoral, imperante desde que ellos mismos aprobaran y promulgaran en el 2010 su propia Constitución.

Esa Constitución, en la que influyeron los vuelos internacionalistas y modernizantes  del expresidente Fernández, creó nuevos órganos electorales y proclamó un “Estado Social y Democrático de Derecho”, con nuevos ordenamientos políticos y electorales que obligan a una reforma legislativa que los aterrice. Pero no hubo voluntad para hacerlo, como correspondía, antes de las elecciones congresuales y municipales del 2010, ni de  las presidenciales del 2012 y 2016.

A dos años de los próximos comicios municipales y a 27 meses de los presidenciales, no hay la menor señal de que el peledeísmo vaya a cambiar las ventajas que otorga el desenfreno y la ausencia de regulaciones de la competencia por el poder de que adolece el país, considerado como el peor en la región en esa materia. De hecho instituir las primarias abiertas sería otro factor a favor de quienes ostenten el poder, porque disponen de más recursos para solventar una doble campaña de búsqueda de votos en el universo de los electores, primero para elegir los candidatos y luego para la elección del presidente, vicepresidente, legisladores y autoridades municipales.

Factor de distracción

            No faltan quienes sustentan que, al margen del interés presidencial por las primarias abiertas el intento de imponer el padrón abierto, mantenido más de un año, es una forma de obstruir los aspectos fundamentales de la ley de partidos y de las reformas al régimen electoral, que incluyen mecanismos democráticos para elegir dirigentes y candidatos, límites a la extensión  de las campañas interna y nacional, así como al gasto de precandidatos y candidatos, limitar y transparentar los ingresos y gastos de partidos y  candidatos, instituir mecanismos de control y sanción del abuso de los recursos estatales y del dinero lavado, con las sanciones disuasivas correspondientes.

De hecho, ya en los principales partidos hay precandidatos a la presidencia en actividades proselitistas y  gastando dinero con miras a las elecciones del 2020, como Hipólito Mejía y Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno, abiertamente Leonel Fernández en el PLD, y  subrepticiamente el presidente Medina y varios de sus ministros, con abundante propaganda  política pagada con recursos públicos. Esta misma semana se publicaron tres páginas pagadas en los periódicos promoviendo la obra del mandatario, y el Ministerio de Obras Públicas pagó patrocinios en la transmisiones del beisbol y en el uniforme del equipo nacional que participó en la Serie del Caribe.

En otras palabras, que ya las campañas internas para definir candidaturas comenzaron otra vez sin que se haya aprobado la ley que las regularía. Aún aprobando la Ley de Partidos en la legislatura que comienza el 27 de febrero, en el mejor de los casos se llegaría a mitad del año y luego vendría la discusión y aprobación de los reglamentos, mientras seguirían corriendo las campañas internas. De ahí que hay quienes postulan que la distracción de la ley de partidos, obstruye la reforma más trascendente políticamente, que es la del Régimen Electoral, que normaría  la disputa por el poder estatal.

Enfocar al presidente DM

La mayoría de los partidos de oposición han venido reclamando en bloque la aprobación de las reformas electorales y oponiéndose al padrón abierto en las primarias, considerándolo como contra reforma que agravaría el tráfico de dinero en la lucha política interna y nacional, incentivando el lavado en la competencia por las candidaturas, y los intereses grupales y personales que han debilitado el sistema partidista. El pasado lunes la presidenta del partido Opción Democrática, Minou Tavaerez Mirabal, adelantó que el bloque opositor de 11 partidos prepara un nuevo comunicado y acciones para presionar por las reformas electorales.

Si bien es cierto que el presidente Medina no tiene una avenida abierta para el continuismo, por la prohibición constitucional y las dificultades internas y a nivel nacional de volver a reformar la Constitución, nadie cree que los legisladores de su partido se asociarán con la oposición para decidir algo que vaya en dirección contraria, sin provocar una grave confrontación política que pondría en juego la unidad del PLD.

De ahí que la presión por las reformas electorales, tanto de los partidos, como de las organizaciones sociales y de la opinión pública, debería dirigirse directamente al presidente Danilo Medina, sobre todo apelando a su condición de máximo responsable del Estado, quien debería reclamar el mérito de auspiciar las reformas políticas ampliamente demandadas por la sociedad.

La próxima comparecencia de Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de este mes para rendir las memorias del 2017, sería una nueva oportunidad para hacer honor a la majestad de la primera magistratura del Estado y asumir un compromiso claro y definitivo con las reformas. Ese día estará obligado a romper el silencio que guarda sobre asuntos cardinales, tanto del orden político, como económico, social  e institucional.

En la cancha del PLD

La circunstancia de que tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral requieren dos tercios de los votos de cada cámara se ha constituido en una retranca para su aprobación, y obliga a un amplio acuerdo político, que es lo que han reclamado sin éxito instituciones como la Finjus y Participación Ciudadana y la mayoría del liderazgo político.

Tras veinte años desde que en 1998 se elaboró el primer anteproyecto de Ley de partidos, por amplio consenso en la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, creada por el presidente Leonel Fernández, retomado y ampliado en la Comisión Nacional para Reforma del Estado instituida por el presidente Hipólto Mejía, la pieza ha sido introducida al Congreso en más de una decena de legislaturas. La evasión ha sido la normativa aunque fue objeto del “Pacto de las Corbatas Azules” del 2009, entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, y en la campaña electoral del 2012  los candidatos presidenciales se comprometieron a aprobarla “tan pronto pasaran las elecciones” de ese año.

Perimidos en la legislatura que concluyó el mes pasado, ya la Junta Central Electoral  anunció que reintroducirá sus proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, que ha presentado sistemáticamente desde el 2011, tras ser elaborados por una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos, en consulta con los partidos y tomando en cuenta los consensos anteriores.

Es significativo que se haya decidido introducir los proyectos por vía del Senado donde el PLD tiene 28 de los 32 votos. La pelota queda en su propia cancha y ahí se verá si hay alguna voluntad para aprobarlo, sin convertirlo en una mojiganga política como ya hizo la Cámara de Diputados en el 2015, considerado tan burlesco, que tuvieron que recogerlo.-