La prolongación de la lucha interna eleva la vulnerabilidad del PLD

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La encarnizada lucha por el liderazgo y la candidatura presidencial del PLD y la acumulación de problemas nacionales y de grandes insatisfacciones abren perspectivas para un cambio político en el 2020 si la oposición logra sintonizar con la ciudadanía

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Todo parece indicar que la encarnizada lucha entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández por el liderazgo y la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para el 2020 se prolongará por tiempo aún indefinido incrementando la vulnerabilidad de su dominio político y poniendo en riesgo su unidad.

Las grandes insatisfacciones nacionales estallan cada vez más en las calles, pero la dispersión de la oposición dificulta romper la percepción de que no es posible desplazar al peledeísmo del poder por los niveles de controles políticos, institucionales y sociales que le han permitido gobernar por cuatro períodos consecutivos.

Todos dependen de Danilo

            Es cada vez más visible que en el PLD todos dependen de la decisión que tome el presidente Danilo Medina sobre si acatará el límite constitucional que él mismo se autoimpuso en un pacto interno y juramento ante la nación para justificar una reforma constitucional que le permitió reelegirse en el 2016.

Como el mismo Medina dijo a mediados de agosto, sería en marzo cuando comunicará su decisión, que adelantó ya tiene adoptada, de si optará por otro período gubernamental, aunque en un segundo momento habló también de julio, lo que podría prolongar aún más la incertidumbre en su partido, mientras su contrincante sigue repasando la geografía nacional en su empeño por retornar al poder.

La prolongación de la indefinición de Medina sería letal para los precandidatos alternativos que esperan ganar su apoyo para intentar competir con el presidente del partido, que aparece líder en las encuestas tanto en el universo de los electores como entre los que confiesan su preferencia por el PLD, apenas con Francisco Domínguez Brito superando el 2 por ciento de las preferencias en encuestas como la de Gallup para HOY.

Es relevante que después de los dos mayores líderes peledeistas, que han gobernado cinco de los últimos seis períodos, quien aparece con mayores preferencias en todas las encuestas es la vicepresidenta Margarita Cedeño, generalmente ignorada en un partido donde el machismo parece lejos de haberse batido en retirada. Si pensaran en una candidatura alternativa de transacción ella debería ser la primera a ser tomada en cuenta, aunque muchos creen que no le beneficia su condición de esposa de Leonel Fernández, aunque podría sobrarle personalidad para actuar con suficiente independencia.

Tremendo círculo vicioso

            La lucha grupal en el PLD, que ya se expande por todos sus niveles y alcanza límites de altos riesgos, ha caído en un tremendo círculo vicioso por el rechazo mutuo entre danilistas y leonelistas. Los primeros acarician la ilusión de encontrar una brecha que permita otra reforma constitucional para anular el impedimento del actual presidente para volver a postularse. Pero para eso lo primero sería convencer a unos 42 legisladores peledeístas firmemente comprometidos con Leonel, como quedó demostrado en más de un año de lucha de los danilistas por imponer el padrón abierto para elegir los candidatos. Si lo lograran todavía les faltaría buscarse una veintena de votos en la oposición política.

Hay quienes están convencidos de que el poder presidencial lo puede todo, pero lo del padrón abierto demostró, en la Cámara de Diputados, que tiene límites en las actuales circunstancias. Si Danilo no es rehabilitado para la candidatura, los peledeístas seguirán prefiriendo a Fernández, como mejor garantía de prolongarse en el disfrute del poder.

Los empeños por rehabilitar a Medina chocan con un rechazo tan grande que se ha extendido hasta el 71 por ciento de la población en la encuesta Gallup-HOY publicada en octubre, en incremento, ya que en febrero era 67 por ciento. Incluyó al 57 por ciento de los que se confesaron peledeístas. Aún cuando el 80 por ciento dijo creer que el presidente persigue continuar. Es cierto que en el 2015 pudo reformar la Constitución, pero la Gallup-HOY de septiembre del 2014 arrojaba un 66 por ciento que la favorecía. En la encuesta ASISA de septiembre los opuestos a otra reforma constitucional reeleccionista alcanzaron el 75 por ciento.

Aferrados a la ilusión

La cultura continuista nacional y las 39 reformas de la Constitución, las últimas 4 a partir de 1994 relacionadas con la reelección presidencial, más el arraigo de la creencia de que el presidencialismo lo puede todo, podría mantener la ilusión de que tarde o temprano se impondrá el continuismo y prolongar el tiempo en que Danilo anuncie su decisión final, si para marzo no ha cambiado la correlación de las fuerzas internas.

Los entusiastas promotores del continuismo de Danilo se ilusionan tanto, que a falta de ingredientes nacionales que los alienten, se han entusiasmado con “el extraordinario éxito de la histórica visita” del mandatario a China. La enorme propaganda desarrollada al respecto no será suficiente para cambiar las perspectivas en términos objetivos y tendrán que buscarse un palo que derribe a Leonel y le quite el apoyo del 40 por ciento de los legisladores del partido morado.

La alta tensión alcanzada por la rivalidad peledeísta es un factor que dificulta la imposición, pues ambos sectores son conscientes de que, aún con las debilidades de la oposición política, se necesitan mutuamente para seguir predominando cualquiera que sea el candidato. Pero además crece el número de los que entienden que será necesario un nuevo pacto interno para mantener la unidad y evitar los riesgos de perder tanto poder acumulado.

Las perspectivas no indican una pronta superación de la contienda, en tanto no emerja una alternativa opositora fuerte que los sacuda y permita ganar terreno a los partidarios de las negociaciones, algunos conscientes de que los grandes partidos se dividen generalmente en las luchas por las candidaturas presidenciales y que las divisiones no dan preaviso de fecha ni circunstancias. Los ejemplos sobren a nivel internacional y aquí los perredeístas se pelearon durante tres décadas, en el poder y en la oposición y lograban ponerse de acuerdo, hasta que se les agotó la pista y el más antiguo partido nacional cayó de una elección a otra del 47 al 5 por ciento del sufragio.

Retos para la oposición

La prolongación y posible profundización de la lucha intra PLD abre perspectivas para la oposición política, sobre todo cuando crecen las manifestaciones de insatisfacción y hastío por  la gestión gubernamental, que ya no solo se expresa en la Marcha Verde, sino que paralizó recientemente casi todas las 14 provincias del Cibao.

El acuerdo con que los aspirantes a la candidatura presidencial del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno (PRM), llegan a la reunión de su Comité Nacional de mañana domingo, para la ratificación del voto interno para elegir sus candidatos, constituye un aliento y sería un segundo éxito después de haber renovado su dirigencia en todo el país en base a un nuevo padrón que no ha sido objeto de la menor impugnación.

Pero tanto el PRM como los demás partidos de oposición tendrán que convencerse de que ninguno por sí solo, y tal vez ni todos juntos, podrán vencer la inmensa maquinaria de poder montada por el PLD, a menos que consigan desatar fuerzas sociales latentes. Tienen a su favor un creciente movimiento desde la sociedad civil que trata de convertir en fuerza política-electoral las energías manifestadas en la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Una convergencia de grupos y ciudadanos relevantes en las luchas democráticas tiene una prueba en la asamblea que han convocado para mañana domingo para proclamar la necesidad de una “Coalición por la Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico Social”.

El primer gran reto que tendría por delante esa movilización social es conseguir restaurar y profundizar la unidad de acción que mantuvieron durante dos años una decena de partidos, cuyo primer objetivo era presionar por cambios en el régimen electoral que pongan límites al abuso del Estado, en lo que los peledeístas tienen máster y doctorado.

El PLD no es invencible

La oposición tiene que romper el mito de que el PLD es invencible, por más fuerzas y dominación que haya acumulado, recordando que así era el reformismo balaguerista en 1978, con toda su manipulación política de las Fuerzas Armadas y la Policía que ahora ya no es posible,  y terminó desplazado por una conjunción político-social alentada por el hastío, la corrupción y los abusos antidemocráticos.

Tendrían que apelar al liderazgo social para vencer la inercia y la escasa credibilidad de la ciudadanía dominicana en los partidos, sólo 23 por ciento en la última Gallup-HOY, 20 por ciento en el Barómetro de las Américas y 15 por ciento en el Latino-barómetro. Mientras la última encuesta MarkPenn-SIN indicaba en agosto que el 59 por ciento de los dominicanos se confesaba sin vínculos partidarios.

La oposición tendría que aprovechar los meses que quedan de desconcierto en el PLD, sin contar con que pueda terminar en división, elevando al máximo su oposición a otra reforma constitucional reeleccionista y su exigencia de reformas electorales, y prepararse para explotar el hecho de que la más posible alternativa peledeísta, Leonel Fernández, tiene la más alta tasa de rechazo entre los presidenciables del país y que llegaría a la candidatura impulsado y lastrado por varios de los mayores corruptos del partido dominante.

Falta mucho para que el PLD logre salir de su agobiante Torre de Babel

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Leonel Fernández salió reducido de la reunión del Comité Central del PLD y Danilo Medina ganó una vuelta, pero le falta mucho para vencer la resistencia de su antagonista, lo que sólo sería posible con otra reforma constitucional reeleccionista

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Si algo quedó claro para quienes se disputan el control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con miras a la candidatura presidencial del 2020, es que los dos sectores enfrentados reconocen que se necesitan mutuamente, cualquiera que predomine, para no arriesgar la unidad y su férreo control del poder estatal, político y social.

Tal como se preveía, el expresidente salió reducido de la reunión del Comité Central del PLD, evadiendo la confrontación para mantenerse en la contienda, dejando evidente que su afán por la candidatura presidencial sólo podrá ser liquidado por un golpe demoledor que abra paso a una reforma constitucional para que el presidente pueda buscar otra reelección.

Leonel: casi un auto gol

El resultado favorece al presidente Medina, pero no define el torneo, luciendo más bien un tente en pies para ganar tiempo, porque Leonel evadió a último momento la confrontación, confiriéndose un auto gol, que pudo haber sido menos significativo si no hubiera publicado su artículo de la víspera, donde planteaba que en la reunión estaría en juego la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho.

Las partes negociaron porque admiten sus respectivas fuerzas y no quieren arriesgar una confrontación final que los distancie definitivamente, lo que implica un reconocimiento de que cualquiera que prevalezca, sobre todo Fernández, necesitará del otro para mantener el extremo de dominación política y social que han impuesto desde el poder y que estará sometido a prueba de hastío y cansancio en los próximos comicios.

Los peledeístas siguen demostrando su profundo amor al poder y disposición de evadir peleas internas definitivas, y aunque menosprecian las posibilidades de la oposición, parecen conscientes del desgaste generado por cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis, con crecientes dificultades para mantener la estabilidad fiscal y ante una profunda insatisfacción mostrada por la Marcha Verde y la paralización esta misma semana de las 14 provincias del Cibao, sin un contundente brazo convocante.

Era obvio que el danilismo controla el Comité Central, al igual que el Comité Político, en proporciones tan altas que pudieron economizarse el año y medio que llevan batallando por imponer la votación universal. Al mantenerse todo el tiempo en movimiento, al frente del partido, Leonel Fernández ha encarecido el golpe contundente, sobre todo cuando todas las encuestas siguen mostrándolo como fuerte contendiente entre los peledeístas y en el universo.

Un conato de reunión

La sesión del sábado 27 fue tan breve que más bien pareció un conato, pues arreglos de último minuto permitieron al presidente del partido presentar su capitulación al rígido rechazo que había mantenido hasta horas antes a la aprobación del método de padrón abierto, o universal para la elección de sus candidaturas. Se sometió a votación una fórmula sin que ningún sector, ni los escasos dispuestos a presentar alternativa, tuviera ni tiempo para pedir que se les escuchara, como deploró Paíno Abréu Collado quien, junto a Melanio Paredes, encabeza un núcleo que se define como “Corriente Institucional” del PLD.

Horas antes, los sectores enfrentados decidieron pactar una tregua, con Leonel cediendo terreno al aceptar el padrón abierto. El mismo leería el acuerdo de tres puntos: el CC aprueba el padrón de la JCE para elegir los candidatos; que una comisión del Comité Político redacte la “adecuación de los estatutos del PLD a la Ley 33.18”; y “que los nuevos estatutos, luego de su adecuación a la ley 33-18, sean RATIFICADOS por la Asamblea de Delegados del partido…”

Melanio Paredes lo calificaría como “una obra de teatro, o una farsa débil y pasajera”, que en realidad no honra la institucionalidad partidista. Primero porque los estatutos no están en contradicción con la ley, puesto que ya establecían uno de los métodos de elección que ésta instituye, y segundo porque los mismos instituyen que es al Congreso del partido a quien corresponde su aprobación. Para optar por otro método de elección, de los previstos en la ley, se imponía abrir los estatutos, es decir modificarlos.

Torre de Babel peledeísta

Lo de “farsa débil y pasajera” quedó evidente pocas horas después del acuerdo, cuando las partes enfrentadas comenzaron a interpretarlos, con suficientes subjetividades para evidenciar que los peledeístas están atrapados en una confusión de lenguas como la derivada de la bíblica Torre de Babel, y que el acuerdo en realidad fue una tregua cada sector buscando ganar tiempo para abrirse senderos más seguros. Leonel buscaba restarle impacto a su tropiezo, aduciendo que el PLD salió más fortalecido porque la fórmula aprobada “salva la Constitucionalidad”.

Para el expresidente, según declaró el día siguiente, lo acordado implica que en la elección de los candidatos votarían todos los peledeístas más los ciudadanos que no estén inscritos en otros partidos, que es el padrón semiabierto, pero lo que el leyó es “primarias abiertas y simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral”, como indica la ley 33-18. Es toda la ciudadanía, sin discriminar sobre inscripción partidaria.

Por otro lado, el secretario general Reinaldo Pared Pérez, quien fuera de los negociadores de último momento para la fórmula transaccional, la ignoraba parcialmente al planear que las primarias abiertas están al margen de los otros dos puntos, por lo que no necesitan ratificación alguna, en lo que se abanderaron otros dirigentes partidistas y legisladores, pero motivo una reacción adversa del notable leonelista, y miembro del Comité Político, Franklin Almeyda.

La opción de las primarias abiertas fue formalmente llevada a la JCE sin aplacar la diversidad de lenguas entre los dirigentes del partido gobernante, indicando que las contradicciones superan los niveles de la racionalidad.

Aliento al reeleccionismo

El danilismo no pudo aplastar a Leonel, como algunos interpretan, pero le redujo los bonos políticos que traía en incremento. Y al igual que ocurrió a mediados de agosto con la promulgación de la Ley de Partidos 33-18, que remitió a los órganos directivos la posibilidad de instituir el padrón abierto en la elección de candidatos, hubo aliento entre los que apuestan a la imposición de otra reforma constitucional para una nueva reelección presidencial y aumentó el pesimismo entre quienes no la favorecen pero temen la imposición de la voluntad presidencial.

De inmediato la diputada Miriam Cabral, una fuerte dirigente estrechamente vinculada al presidente Medina, dijo que todavía no le había llegado un proyecto para convocar la asamblea revisora de la Constitución, pero la aprobaría tan pronto ocurriera. Mientras su colega Elpidio Báez fue más específico, indicando que se barajan tres opciones: convocar la asamblea para volver a unir en una sola jornada las elecciones municipales con las presidenciales y congresualesy por ahí colar la reelección; una simple reforma para  que Medina pueda repostularse a partir del 2024; y simplemente eliminar desde ya la restricción constitucional, manifestando su preferencia por esta última por su efecto inmediato.

Aunque Leonel evadió la confrontación total, el danilismo ganó puntos también al reafirmarlo como alguien “que canta como gallo, pero pone como gallina”, frase con la que ya se le estigmatizó en el 2015, cuando dos días después de un discurso de fuerte confrontación, en el que llegó a definir a Danilo como el Trujillo del siglo 21, firmó su capitulación para que el mandatario pudiera reformar la Constitución y optar por la reelección.

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Falta mucho juego para el desenlace

La transacción en la reunión de los 607 del Comité Central y la continuación de las confrontaciones grupales, indican que lo del sábado 27 fue un partido ganado por el danilismo, pero que falta mucho juego para determinar el campeón entre los dos equipos contendientes del torneo. Los demás fueron ignorados en la transacción, y ni siquiera le dieron un turno de emergentes para empezar a romper el virtual empate.

Obviamente que el danilismo presidencialista mostró sus ventajas, pero también se reafirmó que “sólo Danilo frena a Leonel”, lo que no ocurrirá por completo sin una previa reforma constitucional que habilite al presidente para buscar la candidatura y otra reelección, lo que genera fuertes resistencias por ya haberse dado y en forma muy cuestionada hace solo tres años, con un pacto en el Comité Político y un juramento público de que sería el último período.  Esta semana la Fundación Institucionalidad lo recordó volviendo a advertir sobre el costo político que implicaría un nuevo intento.

Hasta las encuestas del danilismo indican la fuerza que mantiene Leonel en un partido que llevó al poder por tres períodos y que fue clave para el relevo de Medina desde el 2012. Es la razón por la que han invertido tanto para declinar la elección de las candidaturas al universo ciudadano, y por la que volvieron a transar cuando una gran mayoría del comité central podía simplemente derrotarlo.

Sin un golpe contundente Leonel seguirá manteniendo la lealtad de la mayoría de los 42 legisladores de su partido que lo siguen, haciendo muy difícil lograr los dos tercios para la reforma constitucional. Y aún con todos los legisladores del PLD, todavía habría que buscar o comprar casi una veintena en la oposición. Aquí nada es imposible para el exacerbado presidencialismo y la cultura continuista, pero esta vez no luce nada fácil y el desgaste del presidente Medina y del PLD podría continuar, como han marcado las encuestas.

El presidencialismo danilista buscará hoy la reducción de Leonel en el PLD

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Se da por hecho que la fuerza del presidente Danilo Medina hará aprobar hoy la votación universal para elegir el candidato presidencial abriendo brecha al continuismo a riesgo de división interna, y como expresión de la miseria institucional del sistema político                                                                  

Por Juan Bolívar Díaz

La fuerza del presidencialismo juega hoy la integridad del Partido de la Liberación Dominicana con la decisión de su Comité Central (CC) de imponer el voto universal ciudadano en la elección por lo menos del candidato presidencial en base a la recién promulgada Ley de Partidos impugnada de inconstitucionalidad.

Se persigue un fuerte golpe para iniciar la liquidación del liderazgo del expresidente Leonel Fernández y su ambición de volver al poder, para de paso reducir la oposición interna y abrir brecha a otra reforma constitucional que permita una nueva postulación presidencial de Danilo Medina, contando con el poder del Estado.

El poder presidencial    

Tanto en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como en la opinión pública se daba por hecho hasta ayer tarde que en la reunión del CC de esa organización programada para hoy sábado se impondrá el poder presidencial ahora representado por Danilo Medina y aprobarán el padrón abierto, o voto universal de la ciudadanía, por lo menos para escoger su candidatura presidencial para los comicios del 2020.

Nadie duda que Danilo Medina con todo el poder del Estado mantiene el dominio de los 600 integrantes del CC de su partido, en gran mayoría altos funcionarios del Estado, legisladores y funcionarios municipales que dependen de la gracia de quien “reparte los sobrecitos”, aunque parece diferente en la totalidad de los militantes del partido, pues se busca el auxilio exterior en desmedro de los derechos de los miembros.

La decisión llevaría el mayor partido del sistema político nacional a las orillas de la división, dependiendo de la profundidad de la disposición de pelea que tenga Leonel Fernández, quien preside la organización y hasta ahora se aferra a la inconstitucionalidad de la imposición de las primarias abiertas declarada en el 2005 por la Suprema Corte de Justicia y recién ratificada indirectamente por el Tribunal Constitucional, y sobre la cual hay recursos de impugnación.

La brecha reeleccionista

            Muchos indicadores y algunas confidencias permiten advertir que el presidente Medina y sus más férreos seguidores siguen empeñados en abrir alguna brecha que les permita continuar en el poder, convencidos de que el primer paso es liquidar los empeños del expresidente Fernández por la candidatura presidencial para optar al menos por un cuarto mandato, en parte temerosos de que pueda vengar lo que consideran “bellaquerías políticas” con que fue anulado en el proceso electoral anterior.

Esos sectores y muchos otros dentro y fuera del PLD están convencidos de que “sólo Danilo puede ganarle a Leonel la candidatura presidencial” y se basan en la multiplicidad de las encuestas, públicas y privadas, que le otorgan a este una enorme ventaja sobre todos los que se han lanzado a procurar la nominación y varios que suenan, e incluso sobre el propio Medina en tanto entre el 60 y 70 por ciento de la población se expresa contra otra reforma constitucional.

Se trataría de liquidar a Fernández para abrir brecha a la reforma de la Constitución antes que en febrero el presidente Medina se defina al respecto, como adelantó el mes pasado. Tras ello se confía que el poder presidencial disuada a la mayoría de los seguidores del expresidente de que es preferible mantenerse en el poder que jugar una aventura divisionista. No se descarta que la resolución de padrón abierto sea sólo para la candidatura presidencial, con lo cual volverían a jugar la carta del 2015 de “reelección por reelección”, que disuadió a los leonelistas.

Unificar el partido en torno al presidente Medina es el primer escalón para buscar una nueva reforma de la Constitución, que tendría gran rechazo nacional y en la oposición política, pero que sumando los aliados del perredeísmo y el reformismo, reduciría a una veintena los votos necesarios para completar los dos tercios de la asamblea revisora. El pragmatismo y la tradición dan por hecho que el poder del Estado los lograría.

Casi todos contra Leonel   

Para la reunión de hoy del CC del PLD confluye una alianza táctica de casi “todos contra el león”, porque los demás aspirantes a la candidatura albergan la esperanza de que humillado y reducido Leonel, Medina desista de la aventura reeleccionista y se decante por uno de ellos. Hasta ahora aspiran formalmente el secretario general Reinaldo Pared, los exministros Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante, Temístocles Montás y Manuel Crespo, y la exdirectora de Pasaportes Maritza Hernández. Aún sin lanzarse oficialmente se señala como aspirantes a los ministros de Educación, Andrés Navarro, al de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y al de Turismo, Francisco Javier García, además del dirigente Radhamés Segura y de la vicepresidenta y esposa de Leonel Fernández, Margarita Cedeño.

Con la excepción lógica de la doctora Fernández, todos los aspirantes confluyen en el proyecto de reducción de Leonel, a quien consideran desconsideradamente ambicioso, porque habiendo agotado tres períodos de gobierno, y pese a haber proclamado al PLD como “una fábrica de presidentes”, cierra el paso a las nuevas opciones.

Queda un segmento importante, llamado a jugar un papel de moderación y negociación, integrado por la vieja guardia peledeísta que, aunque también distanciada de Leonel, alberga temores de una fractura importante en el partido que les haga perder el poder, sobre todo si tras la imposición interna hay que “comprar otra reforma constitucional”, como en el 2015, para tener que utilizar todo el poder del Estado en un nuevo proceso reeleccionista.

En este sector están quienes se inscriben por no apretar el lazo en torno a la cabeza de Fernández y acarician otra transacción, como en el 2015, esta vez en beneficio de la candidatura de Leonel, bajo el compromiso de volver a la Constitución del 2010 que prohibía la reelección consecutiva, pero la permitía en períodos alternos, y de esa forma dejar habilitado a Danilo para el 2024, con un solo período de Leonel.

El león trata de resistir.

Tirado al medio de la calle, en abierta campaña desde agosto del 2017, Leonel Fernández llega a la crucial reunión de hoy con la decisión de resistir, en la que hasta ahora ha tenido cierto éxito, y todavía al medio día de ayer decía a relacionados que defenderá los principios constitucionales “por encima de todo”. En un artículo de página entera en la mañana de ayer en el Listín Diario concluyó pidiendo “Que Dios nos ilumine, para que la razón impere y sirva de fundamento a la unidad”.

En ese artículo Fernández reitera los planteamientos jurídicos que junto a sus seguidores ha enarbolado contra la imposición de las elecciones primarias abiertas por encima de los estatutos partidarios, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 286-04 del 2004 que las instituyó por primera vez. Y recuerda que el Tribunal Constitucional está apoderado de 8 recursos de inconstitucionalidad a la recién aprobada Ley de Partidos, que autoriza a determinados órganos directivos a optar por ese método de elección.

Reivindica la autonomía y libertad de los agrupamientos políticos y el estatuto del PLD, que en su artículo 10 señala que el máximo organismo del partido es su Congreso Nacional, que en el 12 es el facultado para aprobarlo, y que el 40 establece que la elección de sus candidaturas es “mediante primarias internas”.

En el cuarto párrafo de su extenso artículo, Fernández proclama que “Lo que está en juego es la prevalencia o no de la supremacía de la Constitución y la existencia de un Estado de Derecho como forma de organización de una sociedad democrática y moderna” Mientras tanto esta semana el presidente del PLD dedicó dos extensas jornadas a escuchar a miles de dirigentes medios y de base de todo el país, movilizados por sus parciales, y que desde luego se pronunciaron en consonancia con su posición, como una nueva demostración de que conserva fuerzas significativas.

Que el Estado vuelva a vencer

El empeño de los danilistas por imponer el padrón abierto en la elección de los candidatos en la Ley de Partidos, sostenido durante más de un año, es un reconocimiento implícito de la fuerza de Leonel Fernández en su membresía, porque de lo contrario no se hubiese gastado tanta energía y tiempo buscando que decidan todos los electores. Pero aún con el voto universal, las encuestas siguen dejando en gran ventaja al expresidente, sobre todo con Danilo inhabilitado constitucionalmente.

Reducir a Leonel imponiéndole las primarias abiertas no sería garantía de éxito. porque como él mismo ha dicho, no teme al voto universal y las encuestan indican que le ganaría con mucho a cualquiera de los demás aspirantes que no sea Danilo, razón por la que buscarían a todo costo rehabilitar la postulación del mandatario.

En cualquiera de los dos escenarios, con Danilo o con un precandidato alternativo, el padrón abierto permitiría mayor influjo del Estado en la campaña interna, porque habría 5-6 millones de personas a ser incentivadas para votar, entre ellas los 2.6 millones de beneficiarios de programas sociales identificados, y los que venden su voto. Con 500 millones de pesos, que no es nada para el poder estatal sin escrúpulos, a mil pesos por voto, se comprarían 500 mil.

Utilizar el poder del Estado es la explicación de los riesgos de división que implica imponer el padrón abierto. Se recuerda el grito de Danilo de “me venció el Estado”, cuando para el 2008 Leonel utilizó sus poderes para imponerse en la candidatura. Fue con el padrón interno del PLD, pero entonces no había prohibición de la reelección. Danilo podría cobrarle la afrenta.

 

Sugieren pacto de alternabilidad para evitar una división del PLD

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Ante las dificultades para otra reelección del presidente Medina con Leonel Fernández al medio de la calle, estrategas del PLD empiezan a contemplar un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos líderes eliminando el “jamás” constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habrían comenzado a sentar
las bases para un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos principales líderes de la
organización, volviendo a la Constitución del 2010, reconociendo las dificultades internas y externas con que tropieza el proyecto de otra reforma constitucional para hacer posible una tercera postulación consecutiva del presidente Danilo Medina y los riesgos de que devenga en una profunda división que les haga perder el poder en el 2020.

Que Danilo pueda regresar

En los ámbitos de la alta dirección peledeísta crece la convicción sobre la necesidad de
buscar un nuevo pacto entre los dos grupos enfrentados ferozmente por el control del partido gobernante y la candidatura presidencial del 2020, a fin de evitar el visible riesgo de una división que los haga perder el poder, volviendo a la Constitución del 2010 que permitía la reelección sin límites pero no consecutiva.

Dos dirigentes tan influentes como Félix Jiménez (Felucho) y José Ramón Fadul
(Monchy) han expresado últimamente sus reservas sobre la factibilidad de reformar la
Constitución para viabilizar la repostulación de Medina, pero al mismo tiempo han dicho que “en algún momento” habrá que abordar la prohibición de “jamás”, instituida en el artículo 124 de la Constitución del 2015 fruto del pacto en el Comité Político del PLD para permitir la repostulación y posterior reelección del actual mandatario, en la que además se incluyó un transitorio para ratificar que “no podrá postularse en ningún otro periodo”.
En una entrevista en Uno+Uno de Teleantillas esta semana Felucho reconoció un riesgo
real de división del PLD a causa de la disputa por la candidatura presidencial del 2020, y planteó la necesidad de entendimiento. Evadió pronunciarse categóricamente sobre el cumplimiento del pacto del 2015, pero tampoco favoreció una nueva reforma para la continuidad de Medina, aunque expresó que “en algún momento” habrá que revisar la limitación. Monchy Fadul dijo más o menos lo mismo una semana antes en el mismo programa, y lo repitió días después en otro medio. En el PLD se considera “una injusticia” que Leonel, quien ya gobernó tres períodos, pueda postularse a un cuarto y hasta optar por una última reelección, que sería la quinta, y Danilo quede en dos. Plantean como transacción otra reforma para rehabilitarlo con alternabilidad.

Golpe del Constitucional

Además del creciente rechazo en los diversos sectores de la sociedad a las propuestas de
otra reforma constitucional para la continuidad del presidente Medina, sus promotores sufrieron un rudo golpe con el dictamen del Tribunal Constitucional que motivó la imposibilidad de juzgar la “constitucionalidad de la Constitución”. Sin embargo, la promoción continúa a través de dirigentes, legisladores y funcionarios peledeístas, y de una serie de spots profesionales de similar línea gráfica, colocados en las redes sociales.

Eran públicas las expectativas de que el Constitucional declarara nulo el transitorio fruto del pacto del Comité Político peledeísta, para entonces alegar que a Medina le tocaría una segunda postulación, aunque la redacción del artículo 124 de la Constitución tampoco lo permite al instituir que “El Presidente o la Presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá repostularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Después de esa frustración, a los reeleccionistas sólo les queda la posibilidad de otra reforma constitucional, sin contar con los dos tercios de los votos que requerirían en una asamblea revisora, 148 de los 222 integrantes. Contarían seguros con 95 del PLD y 4 de aliados, más la posibilidad de sumar los 14 del PRD y hasta los 11 reformistas, que totalizarían 124. Le faltarían 24 que tendrían que buscarlos entre 42 peledeístas comprometidos con Leonel Fernández, 52 del PRM, más los 4 opositores del Frente Amplio, Alianza País, Moda y Partido Popular Cristiano. No es imposible para el poder, pero esta vez desataría más resistencias y escándalos que hace tres años, hasta por fatiga social.

Leonel sería candidato

Hace ya 6 meses que un destacado miembro del Comité Político peledeísta expresó en privado su convicción de que Leonel Fernández sería el candidato de su partido en el 2020, aunque él personalmente no lo favorece, y lo ratificó hace poco cuando se le replanteó el dilema. Parece partir de las dificultades que tendría ese organismo para evitar la división del partido, como hace tres años, si desconoce los acuerdos en que se sustentó. Cercanos a Fernández juran que por nada del mundo éste aceptaría el desconocimiento del pacto y por ello se lanzó desde agosto del 2017 a buscar el apoyo de su partido.

Esta misma semana se publicaron los resultados de la última encuesta de la firma Asisa,
que se presume encargada por Leonel, donde le otorgan un 62 por ciento de apoyo entre los peledeístas, frente a un 17 por ciento a Medina para la candidatura del 2020, con un 75 por ciento que entiende que la Constitución no le permite repostularse, y un 70 por ciento que rechaza que se le reforme. Frente a Luis Abinader como más probable candidato del PRM, Fernández queda en ventaja 48 a 40 por ciento.

Así como en el 2015 las circunstancias obligaron a Leonel a ceder ante las exigencias de
unidad del Comité Político, para evitar la división, ahora parecen apuntar a Danilo, y esta vez con otra reforma para volver a la Constitución del 2010 que postulaba la prohibición de la reelección consecutiva, pero permitía volver sin límites después de un período fuera de la presidencia. Se da por hecho que hasta dirigentes que se expresan públicamente por la reelección de Medina respaldarían el proyecto de pacto de alternancia si ven en peligro la unidad del partido y los privilegios del poder.
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Informe de la Comisión de Venecia sobre límites a la reelección Síntesis de las conclusiones del informe de 28 páginas a renglón seguido emitido en marzo del 2018 por la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia), a solicitud de la OEA sobre la legitimidad de los límites a la reelección presidencial:

¿Existe un derecho humano a la reelección? En caso afirmativo, ¿cuáles son los límites de este derecho?

117. La Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para un cargo para otro período prevista en la legislación es una modalidad, o una restricción, del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo.

118. Según las normas internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de su forma de constitución o gobierno, los Estados deben adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos protegidos…

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos?

119. En las democracias modernas, a pesar de que el principio del sufragio universal disfruta de amplia aceptación y protección cuidadosa, el derecho de ser elegido puede verse limitado con mayor facilidadcomo consecuencia tanto de los requisitos legales como del número limitado de puestos de elección disponibles…

120. Los límites a la reelección presidencial son comunes tanto en sistemas presidenciales como semipresidenciales y también existen en los sistemas parlamentarios (tanto cuando el Jefe de Estado es elegido directamente como indirectamente), mientras que en estos últimos sistemas no se imponen para los primeros ministros, cuyo mandato, a diferencia del de los presidentas, puede ser retirado por el Parlamento en cualquier momento. En los sistemas presidenciales y semipresidenciales, los límites a la reelección presidencial representan entonces un medio para reducir el peligro del abuso del poder por el jefe del poder ejecutivo. Así pues, persiguen los fines legítimos de proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. El derecho de postularse en elecciones tras un primer mandato no puede ser garantizado si la constitución dispone lo contrario. La restricción del derecho de los presidentes en funciones a ser elegidos se deriva de una elección soberana del pueblo en busca de los objetivos legítimos de interés general a los que se hizo referencia arriba, que prevalecen por sobre el derecho del Presidente en funciones…

121. En conclusión, los límites a la reelección que satisfacen los criterios anteriores no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos.

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los electores?

122. En una democracia constitucional y representativa queda implícito que los representantes ejercen solamente los poderes que se les asignan de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Las elecciones genuinas, libres y periódicas acordes con el párrafo (b) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son esenciales para asegurar la rendición de cuentas de los gobernantes en el ejercicio de los poderes que se les confieren. Estas elecciones deben celebrarse a intervalos que no sean indebidamente prolongados y que aseguren que la autoridad del gobierno continúe basándose en la libre expresión de la voluntad de los electores.

123. Es cierto que los límites a la reelección pueden desalentar a los votantes de seleccionar de nuevo a un presidente o ex presidente. Sin embargo, esta es una consecuencia inevitable de la necesidad de restringir el derecho a la reelección de un presidente o de un expresidente… Contribuyen a garantizar que las elecciones periódicas sean “genuinas” en el sentido del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 23(1b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a asegurar que los representantes sean libremente elegidos y responsables ante los ciudadanos.

Adicionalmente, cuando el pueblo decide adoptar un sistema presidencial o semipresidencial, también tiene la facultad de decidir el poder presidencial y el período de la presidencia. Por lo tanto, los límites a la reelección presidencial son una restricción autoimpuesta al poder del pueblo de elegir libremente a un representante con el objetivo de mantener un sistema democrático.

124. En opinión de la Comisión y a la luz del análisis comparativo de las constituciones de los 58 países considerados, abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en materia de logros democráticos. Sea como fuere, si el pueblo desea modificar los límites a la reelección, ha de buscarse una enmienda constitucional acorde con las normas constitucionales aplicables.

¿Cuál es la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un Estado
constitucional?

127. Los límites a la reelección presidencial están consagrados en la constitución; por lo tanto, se requiere una reforma constitucional para modificarlos. Solamente el pueblo, que tiene poder soberano legal, puede modificar el alcance de la delegación que le otorgó al presidente. La decisión de alterar o eliminar los límites a la reelección presidencial debe sujetarse a un escrutinio y debate públicos minuciosos y debe respetar plenamente los procedimientos constitucionales y legales relevantes.

128. Cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los altos niveles de Estado, dichas enmiendas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo.

Otra reelección de Danilo Medina le saldría muy cara a la nación

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El presidente Medina incentiva el debate sobre si buscará una segunda reelección consecutiva, lo que muchos dan por hecho, aunque el escenario constitucional y político luce tan adverso que dilatar su decisión podría dejarlo sin pito, sin flauta, y sin que tocar

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina acabó de alborotar la opinión pública con su anuncio de que  será en marzo o julio del año próximo cuando hará pública la decisión, que dijo ya tiene adoptada, de si buscará postularse para un tercer período de gobierno consecutivo, aunque la Constitución que él mismo promulgó hace sólo tres años se lo prohíbe taxativamente.

En lo inmediato el planteamiento presidencial generó críticas, al ser interpretado como desprecio al mandato constitucional, y desconcierta a los peledeístas que pretenden disputar la candidatura al expresidente Leonel Fernández, en abierta campaña, lo que al final podría dejar a Danilo Medina “sin pito, sin flauta y sin que tocar”.

Incentiva el eterno debate

            Al plantear el domingo que no será hasta marzo, o julio del año próximo, cuando dirá si se repostulará, el presidente incentivó el eterno debate sobre la reelección, encendido por el entusiasmo de funcionarios y legisladores desde que a principio del mes logró la aprobación de una Ley de Partidos con posibilidad de padrón abierto para la elección de candidaturas.

            El anuncio podría ser interpretado como una advertencia a su archirrival en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente Leonel Fernández, al producirse una semana antes del muy publicitado acto de masas que éste celebrará mañana para recibir más de un millón de firmas pidiéndole que vuelva a optar por la presidencia de la nación.

Pero en lo interno tal planteamiento genera el efecto de desconcertar las aspiraciones de los peledeístas que han salido a disputarle a Leonel la candidatura presidencial, como Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, y retardar el lanzamiento de otros como Andrés Navarro, Temístocles Montás o Francisco Javier García, lo que aumentaría la enorme ventaja que sobre estos ha registrado el presidente del PLD en todas las encuestas.

Retardar su decisión hasta la proximidad de la convención fortalece la posición dominante de Fernández, pero también la creencia de que sólo el presidente Medina, con todo el poder, podría ganarle la candidatura. Una tardía declinación podría dejarlo como pregona un refrán, sin pito, sin flauta y sin qué tocar, como le ocurrió al presidente Antonio Guzmán en el 1981, cuando esperando abrir la posibilidad de repostularse, impedida por doctrina partidaria, no por la Constitución, decidió muy tarde apoyar la candidatura de su vicepresidente Jacobo Majluta, cuando ya Salvador Jorge Blanco la tenía asegurada con años de promoción.

Aumenta el desconcierto

            El anuncio del presidente tuvo el efecto inmediato de incrementar el desconcierto nacional, con dispendio de atención y energías dentro de su propio gobierno y en la sociedad en general. Se le impugna un desprecio a la Constitución que él mismo promulgó hace tres años para superar la prohibición de la reelección consecutiva, tras un acuerdo pactado por el Comité Político del PLD conjurando la crisis detonada por un radical rechazo del presidente del partido.

El acuerdo de 10 puntos implicó la reforma de la Constitución para permitir dos períodos presidenciales y nunca más, con la adición de una disposición transitoria, la vigésima, donde se consigna que en caso de resultar reelecto en el 2020, el Presidente de la República “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Danilo firmó el pacto en el Palacio Nacional el 28 de mayo del 2015, como lo hicieron a su vez los otros 34 integrantes del Comité Político, incluido Leonel.

Esta semana saltó a las redes sociales un fragmento del discurso con que Medina aceptó la candidatura el 30 de agosto, en la convención de su partido: “juro aquí, ante todos ustedes, y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la Presidencia de la República”. Ya entonces ignoró reiterados planteamientos de que sólo gobernaría un período por lo dañina para la democracia que ha sido la reelección en el país.

Al borde del abismo

Dada la tradición nacional, nadie puede negar toda posibilidad de que el actual mandatario busque una repostulación y alcance otra reelección, pero esta vez el camino está lleno de obstáculos y lo obligaría al equilibrismo al borde del abismo político, tanto a lo interno de su partido, como en el ámbito nacional, ahora navegando contra las aguas de la propia Constitución, apenas tres años después de promulgada.

Hay quienes sobre estiman el poder presidencial, pero ignoran que también lo tenía Leonel Fernández en el 2012 y tuvo que permitir la candidatura de Medina, pese a que gran parte de su partido y funcionarios pasaron un año promoviendo el continuismo. Llegaron a entregarle “dos millones 400 mil firmas” en un multitudinario acto, pero la generalidad de los sectores sociales y una parte importante de su propio partido rechazaron que se volviera a reformar la Constitución proclamada por el mismo Leonel dos años antes.

También se subestima la capacidad de resistencia de Fernández, porque el 28 de mayo del 2015 capituló en favor de Danilo tres días después de un discurso oponiéndose tajantemente a la reforma constitucional. Entonces era racional dar una segunda oportunidad al mandatario, él con tres períodos de gobierno, pero ahora le beneficia el pacto con que contribuyó a mantener la unidad partidaria. Le dejaba la ilusión de volver cuatro años después, pero ahora carecería de objeto político rehuir el enfrentamiento, por lo que hace un año emprendió la marcha.

Muy difícil de justificar

Danilo Medina tendría dos caminos para intentar el continuismo, ninguno de fácil acceso: una nueva reforma de la Constitución para eliminar la disposición transitoria que se lo prohíbe, o mediante una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la declare violatoria de su derecho, lo que ya ha sido recurrido por un abogado y está pendiente de fallo. El mes pasado se atribuyó en comunicado público a un Congreso de la Federación Interamericana de Abogados celebrado aquí haber emitido una declaración de que la disposición transitoria “viola los derechos humanos de Medina. Pero fue desmentido por los dirigentes de esa entidad con sede en Washington.

Para reunir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, Medina tendría que conseguir una treintena de votos, de los seguidores de Fernández, ninguno de los cuales cedió en el conflicto por las primarias abiertas, o de la decena del Partido Reformista o del medio centenar del Partido Revolucionario Moderno. Nadie lo descarta porque hace tres años “convencieron” al triple, pero en circunstancias muy distintas. Aquella vez le favoreció lo interno y la desbandada del Partido Revolucionario Dominicano.

Lo del TC sacudiría profundamente la institucionalidad democrática nacional, pues un tribunal de 11 personas declararía la “inconstitucionalidad de la Constitución” el pacto nacional determinado por un Congreso de 222 miembros.  Tiene al menos un precedente, en Bolivia, donde un Tribunal Constitucional invocó la Convención de Derechos Humanos para avalar una tercera postulación del presidente Evo Morales, por encima de las disposiciones de su propia Constitución, y consiguió imponerse en el 2015.

La reelección no es un derecho humano

Por el precedente boliviano, la Organización de Estados Americanos tramitó una consulta a la “Comisión de Venecia”, órgano consultivo de derechos humanos del Consejo de Europa, publicada el 9 de abril pasado, donde plantea tajantemente que “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”.

El informe final de la comisión integrada por expertos independientes de varios países concluye que “la reelección deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que solicitó la opinión consultiva “por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución para buscar la reelección”, y afirmó que “en casos peores mediante sentencias judiciales”.

Un costo muy elevado        

            Sea por reforma constitucional o por sentencia del TC, el costo institucional y para la democracia dominicana, con graves repercusiones en el Estado de Derecho y derivaciones económicas, sería muy alto para la nación dominicana, que afronta desafíos tan fuertes como el de la sostenibilidad fiscal. Habría tanta o más resistencia que cuando el intento continuista de Leonel Fernández en el 2012, que incluyó a las organizaciones empresariales, las iglesias y los medios de comunicación, además de gran parte del sistema político. Esta vez arriesgaría la división del propio partido gobernante.

Ya esta semana dirigentes de la Asociación de Industrias y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios rechazaron en duros términos la posibilidad de que sea modificada la Constitución. El presidente de los industriales, Campos de Moya, pareció hablar por todo el empresariado, cuando dijo que ”el sector empresarial dominicano entiende que la Constitución fue modificada ya recientemente y establece los cánones para la reelección. No estamos de acuerdo con modificarla nuevamente”.-

Una Ley de Partidos con aciertos pero de altos riesgos democráticos

El Pais/ El Presidente del Sanado Reynaldo  Pared Perez,dirige la votaciones y los partiicpante del la asamblea para la aprov-ar la ley de los Partido Politico en El Congreso Nacional .Hoy/Jpse Francisco ,-

La Ley de Partidos aprobada por el Congreso contiene importantes normativas democráticas demandadas, pero conlleva serios riesgos al reavivar el continuismo danilista y ya paga el costo de la disolución de la concertación opositora de los últimos 27 meses

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La Ley de Partidos aprobada esta semana por las Cámaras Legislativas contiene la mayoría de las demandas consensuadas durante años, incluyendo límites de campañas y de gastos, transparencia y mayor equidad de género, aunque fue hecha a la medida del interés hegemónico del presidente Danilo Medina.

La ley pendiente de promulgación conlleva fuertes riesgos de ser declarada inconstitucional, de implementación y financiamiento de elecciones primarias, con el efecto inmediato de revivir los pujos continuistas del danilismo, que sale así de su mala racha, y se lleva de paso la concertación que durante 27 meses habían mantenido 11 partidos de oposición.

Muchos aspectos positivos

La revisión del texto de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas arroja un balance  positivo en relación a la mayoría de las demandas y consensos que acompañaron el extenso e intenso debate, especialmente en la limitación del período y las campañas para las candidaturas electivas, que tendrán que ser a lo interno de los partidos, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas y también sin publicidad de radio y televisión, lo que implicaría reducción de costos.

Son relevantes las previsiones para controlar el financiamiento político a costa del Estado o de actividades ilícitas, prohibiendo el patrocinio de empresas, aún nacionales, pues sólo instituye contribuciones individuales, con obligación de colocar en internet un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos. También la institución, dependiente de la Junta Central Electoral (JCE) de una “Unidad de Control Financiero” de los partidos.

Otras demandas atendidas en el texto son la elevación de la cuota en las candidaturas, al menos del 40 por ciento para mujeres y hombres, y la obligación de los partidos de “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de géneros en todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Se obliga a los partidos a mantener un padrón de sus miembros, actualizado cada año ante la JCE.

El maco en el sancocho

            El eterno “maco en el sancocho” de la Ley de Partidos aún por promulgar, está en el párrafo III del artículo 45 que faculta a sus organismos superiores para decidir “el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de elección de candidatos o candidatas”, en detrimento de la democracia interna y por encima de los estatutos de los partidos. El párrafo I indica que “Las primarias (sin especificar si abiertas o cerradas), convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades” para escoger las candidaturas.

Esos dos párrafos, demandados por la tendencia peledeísta del presidente Medina, fueron la concesión de los Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para destrabar la aprobación de la ley. Durante más de un año el danilismo fracasó en su intento de imponer el padrón abierto obligatorio para todos los partidos y luego en que se indicara padrón abierto o cerrado. Por fin sonsiguió que la ley facultara a las cúpulas para decidir, lo que le daría ventaja en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La ley tiene otras limitaciones, como mantener la poco equitativa distribución del financiamiento estatal a los partidos, pero otra más controversial es poner a cargo de la JCE la organización y escrutinio de las primarias simultáneas, abiertas o cerradas, en la que podrían competir más de 12 mil aspirantes por partido para las candidaturas a los 4 mil 106 cargos de elección popular, a los que habría que computar sus votos individuales en cinco días y proclamarlos en otros cinco.

La JCE y entidades sociales han advertido las dificultades y riesgos de las primarias simultáneas, y un costo sobre 5 mil millones de pesos. La previsión de la ley es que se pague con la asignación estatal a los partidos, que en los comicios del 2016 fue de 419 millones de pesos a cada uno de los tres mayoritarios, que en el 2020 pudieran ascender a unos 550 millones, ahora para cuatro. Si sólo dos de ellos escogen primarias, no cubrirían más de la quinta parte del costo.

La opción del PRM y PRSC

            Es obvio que el PRM y el PRSC, los dos mayoritarios de oposición, corrieron el riesgo calculado de aparecer cediendo a la imposición del presidente Medina, “para salvar la ley de partidos”. El primero ha dicho que flexibilizó su posición por considerar fundamental esa legislatura y defiende que logró la mayor parte de las demandas de más de dos décadas, ya que el primer proyecto fue consensuado en 1998, aunque vino a llegar al Congreso en el 2002.

El PRSC dice también que favoreció el consenso en la Cámara de Diputados y que el Senado ratificó al vapor, aunque modificaba substancialmente el proyecto que éste había aprobado en mayo último. Pero uno de su decena de diputados, Pedro Botello, declaró que “no estaba de acuerdo con esa Ley de Partidos, pero nos pusieron una bota en el cuello”, aludiendo a una denunciada extorsión del poder en el conflicto por el control del partido.

El PRM ha apostado por los beneficios de la ley aprobada y la esperanza de que abra perspectivas a la pendiente reforma de la Ley del Régimen Electoral, más importante para fines de la equidad en las campañas electorales, y la reducción de la tradicional irrupción del Estado en beneficio de quienes lo controlan, como en los últimos tres comicios por parte del PLD.

Los riesgos del PLD  

Está pendiente ver si la promulgación de la Ley resuelve la crisis que ha dividido al PLD y si el expresidente Leonel Fernández dará la pelea al danilismo o capitulará como en el 2015, y si sus seguidores se mantienen tan firmes como para encaminar las impugnaciones de inconstitucionalidad de las primarias abiertas, como fue declarada a una ley del 2004, y si esta vez prosperará, pero en lo inmediato, eso prolonga la confrontación y la incertidumbre.

Tras la aprobación, Leonel dijo que no teme a primarias abiertas, porque fue tres veces electo por el pueblo, y según todas las encuestas tendría razón frente a cualquier otro candidato a la nominación del PLD, en caso de que Danilo no pueda por el impedimento constitucional que afronta. Pero, como el mismo Leonel sabe por experiencia propia, “quien reparte los sobrecitos es el líder” y tiene muchas ventajas. Si él pelea y resiste el nivel de irrupción del Estado que se necesitaría para que un tercero lo venciera, los riesgos son altos para la integridad del PLD.

Los efectos secundarios

Los primeros efectos secundarios, desde que el PRM y el PRSC dieran visa a la posibilidad de las primarias abiertas, han sido de euforia en el danilismo que se lanzó a imponer como tendencia en las redes sociales la posibilidad de abrir espacio a la reelección. De inmediato tres de los 35 miembros del Comité Político del PLD renovaron las expectativas de que Medina pueda ser candidato y permanecer en el poder.

            Gonzalo Castillo. Ministro de Obras Públicas, dijo al respecto  que “en la segunda mitad del 2019 es que debemos ver qué es lo que el pueblo dominicano quiere”. El director de Etica del gobierno, Lidio Cadet, actualizando su condición de exsacerdote, expresó sobre la posibilidad de que Danilo siga, que “Dios decidirá a través de su pueblo”, añadiendo que “en este proceso cósmico tu nunca puedes descartar nada”.

Los perremeistas parecen convencidos de que prevalecerá la prohibición constitucional y el presidente Medina no podrá variarla, aunque en múltiples ámbitos, incluyendo gran parte de los analistas y comentaristas, se cree que lo intentará buscando reformar la Constitución o logrando que el Tribunal Constitucional declare violatorio de su derecho el transitorio de la carta magna que le prohíbe expresamente volver a ser candidato. Hay quienes no descartan que Medina les remitiera una promesa confidencial de que no buscará reelegirse.

Un efecto secundario adicional ha sido la ruptura de la concertación que el PRM y el PRSC mantuvieron durante 27 meses, desde la semana antes de las elecciones, con otros 9 partidos de oposición que pretenden cambios profundos en la competencia electoral y temen que el Medina los retorne al escenario del 2016. Esa reacción, expresada el viernes en un comunicado, también pone freno a las gestiones iniciadas desde sectores sociales por un amplio frente político-social por la democracia.

El danilismo se ha animado al llegar a la mitad de su segundo período de gobierno y sexto año consecutivo, con una victoria que les permite creer que han superado una mala racha en momentos en que les amenaza de nuevo el movimiento popular de la Marcha Verde.-

            Aspectos relevantes de la Ley de Partidos

Demandas atendidas:

  • Limita las precampañas electorales a 3 meses y sólo internas, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas, y sin propaganda por radio ni televisión
  • Sólo el Estado, sus rentas propias y personas individuales podrán financiar partidos y candidatos, con transparencia de un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos
  • Instituye una Unidad de Control financiero de los partidos, dependiente de la JCE
  • Eleva a un mínimo del 40% la participación femenina y masculina en las candidaturas y obliga a mecanismos para establecer igualdad genérica en los cargos partidistas
  • Establece que al menos 10% de las candidaturas serán para menores de 35 años
  • Declara ilícitos todos los abusos del Estado, incluyendo sacar rentabilidad electoral de actividades oficiales, como las inauguraciones, en períodos de campañas
  • Dispone mantener actualizado cada año ante la JCE el padrón de miembros de los partidos y pone límites al transfugismo

Deficiencias principales:

  • Privilegia a las cúpulas directivas, en detrimento de los estatutos y la democracia interna en los mecanismos para elegir las candidaturas
  • El sistema de sanciones por violaciones a la ley no es muy disuasorio, con multas de 50 a 200 salarios mínimos oficiales (de $5,100), es decir entre 255,000 y $1,200,000 pesos
  • Mantiene la muy desigual distribución del financiamiento estatal, con 80% para los partidos que saquen más del 5% del voto y con escalas mínimas
  • Reduce del 25 al 10% lo destinado a educación del financiamiento estatal a los partidos
  • Los topes de gastos por precandidatos son muy elevados, hasta $70 para las candidaturas presidenciales ($510 millones) y $60 y $50 por electores para las congresuales y alcaldes
  • Carga a la JCE con la organización de primarias con costos superiores al financiamiento estatal, y con camisa de fuerza para emitir resultados individuales en 5 días

 

 

 

 

 

La oposición debería dejar que el PLD resuelva solo la crisis que lo consume

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Sólo con un amplio acuerdo para una reforma integral del Régimen Electoral, que cierre el paso a los abusos del Estado en las campañas electorales, se podría justificar que los partidos opositores le facilitaran al presidente Medina el control total del PLD

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La facción peledeísta del presidente Danilo Medina logró el apoyo del vocero reformista para imponer en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sean los organismos superiores de cada partido los que decidan cómo elegir sus candidaturas, pero en el pleno necesitarían votos leonelistas o del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para instituirlo.

Sólo con un acuerdo que implique al sistema partidista para una reforma que incluya la Ley del Régimen Electoral para establecer la transparencia y la equidad en la competencia, sin el abuso del Estado, podría justificarse que la oposición le facilite al presidente Danilo Medina predominar en la elección de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

 

El danilismo gana una

Gracias al apoyo del vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro, el grupo del presidente Medina salió adelante el jueves consiguiendo que el informe de la Comisión Especial para la Ley de Partidos consigne que serían los máximos organismos, identificados, los que tendrían la facultad de decir el tipo de sistema de elección y de padrón para la elección de las candidaturas de los partidos.

El danilismo necesitaba una victoria, hasta ahora limitada, después de haber fracasado en sus dos propuestas anteriores, la primera que pretendía imponer el padrón abierto a todos los partidos, y la segunda que buscaba que se consignara en la ley que el padrón pudiera ser abierto o cerrado. Ahora busca que en la ley quede consignado que es el Comité Central quien tendría la decisión y nadie duda que en ese organismo, como en el Comité Político del PLD, predominan los actuales detentadores del poder, por encima de los seguidores de Leonel Fernández, que disputa la candidatura presidencial del 2020.

Primero en una subcomisión y luego en Comisión Especial que estudia el proyecto de Ley de Partidos, la fórmula danilista se impuso por lo mínimo, 3 a 2, y 7 a 6. En la primera por los votos de Miriam Cabral, del PLD, de Radhamés González, del aliado PRD, y de Máximo Castro del PRSC. En contra votaron Henry Merán, presidente de la Comisión, leonelista, y Alfredo  Pacheco, vocero del PRM. Ya en la Comisión el reformista volvió a marcar la diferencia, junto a Cabral y Gonzáles, a quienes se adicionaron Gustavo Sánchez, Radhamés Camacho, Plutarco Pérez y Dilepcio Núñez. Allí se sumaron en contra Víctor de Aza, del PRM, Fidel Santana, del Fre4nte Amplio, y los leonelistas Hamlet Melo y Adalgisa Pujols.

Más difícil en el pleno

La victoria en la Comisión Especial no implica que el danilismo haya salido adelante ya con su interés de sobreponer la ley a sus estatutos, que en su artículo 41 establecen que las candidaturas se eligen con el “padrón interno del partido”. Si logran que los 9 diputados reformistas voten a su favor, todavía le faltaría una veintena de votos que tendrían que buscarlos entre los leonelistas y los perremeístas.

La contrapropuesta del PRM a la última formulación del danilismo, es que “cada partido escoja el método de elección”, sin especificar organismos. De esa forma evaden inclinarse en favor de cualquiera de las dos facciones del PLD, pues los leonelistas quieren que se consigne que el método para elegir las candidaturas sea “de acuerdo a los estatutos de cada partido”.  Para modificarlos se requiere la convocatoria de un Congreso del partido, mecanismo complejo que podría abrir de par en par las puertas a la división.

Los perremeistas no pueden inclinar la balanza hacia Leonel sin los votos de los danilistas, pero sí hacia Danilo sin los votos de los leonelistas. no sólo votando a su favor, sino también ausentándose. El artículo 112 de la Constitución establece que para aprobar las leyes orgánicas, se requiere “el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”. La posición adoptada por el máximo organismo del PRD en abril del 2017 fue que la elección sea con el padrón de cada partido, que ya flexibilizó a la propuesta de que cada entidad política decida, sin especificar órgano.  

Solo con reforma integral

Sólo en el marco de una reforma política integral, que privilegie la Ley del Régimen Electoral que es de mayor importancia que la Ley de Partidos, podrían los perremeistas justificar que inclinaran la balanza en la lucha interna de los peledeístas hacia la posición de quien encarna actualmente el reparto estatal. Tendrían que haber olvidado los extremos abusos del Estado con que se reeligió el presidente Medina en el 2016, cuando encargó su campaña a 39 altos funcionarios, desde los ministros hasta los directores de organismos estatales, sobrecargando las nóminas con decenas de miles de empleados temporeros, activistas de campaña, duplicando la publicidad del Estado y acaparando hasta en 80 por ciento la publicidad política.

La sola aprobación de la Ley de Partidos no vale los riesgos de fortalecer la posición de quien “reparte los sobrecitos”, como acuñó Leonel Fernández. Para el PRM la oportunidad es propicia para hacer propia del partido la propuesta de comienzo del año de su precandidato Luis Abinader de que el presidente Medina auspicie una gran concertación para canalizar la reforma integral del sistema electoral. Con ello sintonizaría con las instituciones de la sociedad civil organizada que llevan años requiriendo lo mismo.

Incluso la Ley de Partidos que buscan los peledeístas, como quedó evidente en el proyecto aprobado por el Senado, contiene hasta contra-reformas como la de permitir el financiamiento electoral de empresas extranjeras, y queda muy corta en relación a las “Propuestas desde la Oposición”, sostenidas desde enero por 11 partidos opositores. La sociedad civil también ha rechazado el proyecto aprobado, por carecer de suficiente transparencia, límites del gasto y sanciones eficientes.

El concierto de oposición

Una razón poderosa para que el PRMmida sus pasos frente al proyecto danilista es que el mismo ha tenido el rechazo de la mayoría de los 11 partidos de oposición, que no han aprobado ni siquiera “la flexibilización” de la posición perremeísta. Provocar la disolución o alejarse de la concertación opositora opera en sentido contrario a la línea estratégica marcada por los principales dirigentes del PRM de pretender un “amplio frente opositor para vencer la maquinaria de control peledeísta en el 2020”.

Sería un gran desacierto desbaratar una concertación que comenzó dos semanas antes de los comicios el 2016, mantenida durante dos años y tres meses. Afectaría también los esfuerzos en pro de un “amplio frente político-social” por el rescate de la democracia, que han planteado  grupos ciudadanos, como Conciencia Social, encabezado por personalidades como Enmanuel Esquea, Federico Lalane, Eulogio Santaella y Leopoldo Franco; el Movimiento Independiente Rescate Democrático, promovido por profesionales como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla, o el Congreso Cívico que a nivel nacional integran antiguos militantes de la izquierda.

Múltiples articulistas independientes también vienen sosteniendo que sólo una amplia concertación político-social puede generar las sinergias necesarias para superar el inmenso control del Estado y social que mantiene el PLD, o por lo menos para reducirlo. Inclinar el voto del mayor partido de oposición al interés del presidente Medina afianzaría la amplia convicción de que él terminará por imponer a cualquier precio una nueva repostulación y reelección. Porque los mismos dos tercios necesarios para pasar la ley orgánica, serían suficientes para reformar la Constitución.

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No apagarle el fuego al peledeismo

La más elemental estrategia opositora descartaría contribuir a apagar el fuego que consume al PLD, poniéndolo en riesgo de fuerte división, con posiciones que ya pasan de la confrontación política a la personal, y que afectan la imagen de ese partido y la del gobierno, incluyendo la del presidente Medina, que pese a todo mantiene aprobación cercana al 50%.

Sufragar en aras de que el presidente Medina derrote a Leonel es el camino más corto a la reunificación de esa maquinaria de poder. Porque una vez que eso ocurra, el terror de perder las ventajas del gobierno, el presidencialismo, los repartos del patrimonio público y promesas de apoyos electorales tendrían más fuerza reunificadora, que en el contexto de que Fernández resulte el candidato. Para que esto ocurra tendrán que doblarle el pulso al mandatario y su poderoso grupo, y el apoyo del Estado a esa candidatura sería menos entusiasta.

En cualquier caso, la vocación de poder del peledeísmo podría lograr la reunificación, pero para la oposición, a la que se acusa de pocas garras, sería más difícil enfrentarse al presidente de la nación. Dejarle a los peledeístas resolver ellos sus contradicciones es la más apropiada estrategia. Que se vayan con sus estatutos o se fajen a modificarlos, en lo que se consumirían durante meses.

Al PRM le conviene trazar una línea definitiva y fuete de oposición, ya tiene un padrón que se demostró eficiente, y hasta le convendría no quedar atado a unas primarias en noviembre del 2019, y celebrarla mucho antes, para definir candidaturas que superen la distracción y riesgos de fragmentación que conllevan las largas luchas por las nominaciones. Así podrían concentrarse más temprano en edificar una ilusión de cambio político que no han podido lograr aunque la sociedad muestra las fatigas de la prolongación en el poder de la corporación peledeísta.-

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La oposición no puede prescindir de una reforma electoral integral

30_06_2018 HOY_SABADO_300618_ El País12 B

El documento “Propuestas desde la Oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático”, entregado en enero a la Comisión Bicameral contempla las esencias de la Ley de Partidos y de la más importante Ley del Régimen Electoral  

 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            A menos que quieran volver en el 2020 a enfrentarse al abuso del Estado en la campaña electoral, los once partidos opositores en concertación tienen que dedicar sus mayores esfuerzos a enarbolar como fundamentales sus “Propuestas desde la Oposición para el Establecimiento de un Sistema Electoral Realmente Democrático”, presentadas el 26 de enero pasado.

Después de más de dos años de concertación, tras las demostradas inequidades y abusos del Estado en el último proceso electoral, los opositores no han logrado vencer las resistencias del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a unas reformas electorales que democraticen los procesos eleccionarios, lo que los obliga a mayores presiones.

Se acaba otra legislatura

            La encarnizada lucha del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández por el absoluto control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha determinado el nuevo estancamiento del proyecto de Ley de Partidos con 16 años dando tumbos en el Congreso. Esta semana se vence el plazo de un mes que se dio a la comisión especial de la Cámara de Diputados para dictaminar sobre el proyecto, y el próximo 26 concluirá otra legislatura de vanos debates.

El diferendo intra peledeísta sigue siendo el tipo de padrón a utilizarse en la elección de las candidaturas, que el actual mandatario quiere que sea el de todos los ciudadanos (abierto), mientras su antecesor reivindica el estatuto orgánico del PLD, que la limita a los miembros del partido (cerrado), como ocurrió en el 2015, con los aspirantes a los cargos municipales, y una fracción de los diputados, pues  la mayoría de estos como los senadores, fueron repostulados como parte de los acuerdos políticos para unificarlos en torno a la reforma constitucional que posibilitó a Medina optar por la reelección.

Aunque voceros de los sectores peledeístas enfrentados siguen diciendo que habrá acuerdos, la comisión especial ya ni logra quorum, porque ambos saben que no reúnen los dos tercios de los votos necesarios para una aprobación que, de ser contraria a los intereses de los danilistas, chocaría contra el muro del Senado, donde estos aprobaron el proyecto con primarias abiertas. Como la presidencia de los diputados está en el leonelista Rubén Maldonado, la otra facción podría esperar el inicio de la próxima legislatura, el 16 de agosto, cuando pasará a manos del danilista Radhamés Camacho, por el reparto del poder acordado. Aunque esta semana circuló la versión de que Camacho sería designado en agosto como ministro de Educación, en lugar de Andrés Navarro, quien pasaría a trabajar por la candidatura presidencial, y que volvería al mando de los diputados Lucía Medina, la experimentada hermana del presidente.

Responsabilidad del PRM

            El principal parido de la oposición, el Revolucionario Moderno (PRM), con 50 de los 190 diputados, tuvo la posibilidad de inclinar la balanza a la posición del presidente Danilo Medina, cuando llegó la última propuesta de éste, de que la Ley de Partidos establezca que las primarias puedan ser abiertas o cerradas. El vocero de los diputados perremeístas, Alfredo Pacheco, no ocultó su inclinación a aceptar esa fórmula transaccional “en interés de sacar adelante la ley”, y hay quienes dicen que hasta Luis Abinader la contempló, pero tropezó con el compromiso contraído con los otros diez partidos de oposición, con los que vienen concertando acciones.

            Cuando revisaron sus “Propuestas desde la Oposición”, se encontraron con que allí se consigna que cada partido podrá decidir el método de elección de sus candidatos “de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos”, y que las primarias deberán realizarse “con el padrón de cada partido”. Un comunicado conjunto lo acababa de ratificar y el rechazo de los demás partidos de la oposición pareció liquidar el último intento por las primarias abiertas, vetadas por los leonelistas, amparados en la declaración de inconstitucionalidad del 2005.

Los perremeístas no podían poner en riesgo la concertación con el resto de la oposición para aparecer transando con el poder presidencial y contribuir a que éste se impusiera sobre la facción de Leonel Fernández, a menos que fuera en el marco de un firme compromiso con el conjunto de reformas electorales demandadas por toda la oposición y la sociedad civil, que no ha  aparecido en ninguno de los sectores peledeístas que aspiran a llegar a otras elecciones, ya a año y medio las municipales, sin democratizar el sistema electoral, como lo dispone la Constitución del 2010. Después de esta hubo tres elecciones, ese año congresuales y municipales, en el 2012 presidenciales, y generales en el 2016. Los abusos del Estado en esta última pasaron de la inequidad a la iniquidad, obligando a los opositores a la concertación.

El éxito de los peledeístas  

Aunque la lucha de facciones ha debilitado al PLD, con sus organismos inoperantes y casi al punto de la división, sus facciones han tenido el éxito de mantener el debate político en torno al padrón, abierto o cerrado, cuando en el proyecto de Ley de Partidos hay otros aspectos más trascendentes, como el respeto a la equidad competitiva, la transparencia del financiamiento privado y rendición de cuentas y mejor distribución del estatal.

Pero el mayor de los éxitos peledeístas está en haber subordinado la reforma del régimen electoral, más trascendente que la Ley de Partidos, para que “los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, como dispone el artículo 212 de la Constitución. Las facciones enfrentadas confían en que el final el amor por el poder salve su unidad, y seguir disfrutando de la falta de regulaciones efectivas de la competencia electoral.

Esta semana los nuevos presidente y secretaria general del PRM; José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, dejaron claro por televisión, como lo había hecho días antes Luis Abinader, que mantendrán la posición unitaria de los once partidos de oposición sin doblarse ante la posición de ninguna de las facciones peledeístas, y que seguirán luchando por la ley de Partidos, pero sobre todo por la reforma del Régimen Electoral, que es más trascendente.

Retoman sus propuestas

            En el bloque de los once partidos parece predominar la decisión de retomar sus propuestas electorales del 26 de enero, consignadas en un folleto que entregaron no sólo al Congreso, sino también a las principales entidades de la sociedad civil, a los organismos electorales y a instituciones y diplomáticos internacionales.

Como se puede apreciar en síntesis en el recuadro anexo, formularon 25 propuestas, la mayoría con detalles específicos que recogen los planteamientos y expectativas que datan de los años noventa, para la actualización y democratización del régimen electoral dominicano, considerado el más atrasado de América Latina, y que han sido objeto de numerosos consensos no sólo entre los partidos, sino también con las instituciones sociales.

Gran parte de esas propuestas están contempladas en los proyectos sometidos al Congreso por la Junta Central Electoral, fruto de asesoría internacional y de consenso partidista, pero son desconocidas, como la transparencia del financiamiento privado,  y hasta objeto de contra reforma, por ejemplo, en el proyecto aprobado por el Senado se instituye que empresas extranjeras puedan financiar a los partidos, reducir la proporción del financiamiento público destinado a educación y formación política, y elevar la cuota de candidaturas que decidirían las cúpulas partidarias.

Entre las propuestas de los 11 partidos resaltan las sanciones para el abuso de los recursos del Estado, para el transfuguismo y el clientelismo, considerados delitos electorales, topes reales de gastos por candidaturas, regulación del tiempo y el gasto en las campañas, separar la elección de senadores y diputados, más equidad en la distribución del financiamiento y de las curules de diputados, el debate de los candidatos presidenciales y el escrutinio público de las votaciones.

Necesitan mayor presión

En los ámbitos opositores se admite que no han podido desarrollar la presión necesaria para forzar al PLD a negociar una reforma electoral integral, aunque propuestas no han faltado, como la formulada al respecto dos veces por el precandidato perremeísta Luis Abinader, dirigida específicamente al presidente Danilo Medina y su partido, que las han ignorado.

En el silencio del presidente Medina frente a los reclamos de las reformas electorales por los partidos, de la mayoría de las instituciones sociales, incluyendo las empresariales y las iglesias, sobrevive el interés por mantener el absoluto dominio de las instituciones públicas y gran parte de la sociedad, logrado por el PLD en elecciones altamente viciadas por el peso del Estado y la concentración del financiamiento.

El continuismo sigue planeando sobre la nación, y aunque atraviesa serias dificultades por la prohibición constitucional de otra reelección, el mandatario no ha dado ningún paso a la concertación político social. Su único interés ha sido imponer las primarias abiertas, buscando el total control de su partido y de las candidaturas del 2020. El desafío es total a la eficiencia de la oposición y de la sociedad dominicana que reclama un ordenamiento más democrático, que abarate el costo de la política y abra posibilidades de reducir la corrupción.

En la concertación opositora participan los partidos Revolucionario Moderno,   Reformista Social Cristiano, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Revolucionario Social Demócrata, Opción Democrática y Partido Socialista Cristiano.-

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Propuestas de Reformas Electorales de 11 partidos opositores

I.- Para la Ley del Régimen Electoral

1.- Establecer el “Cociente Hare”, para distribuir los escaños de diputados

2.- Separar la elección de senadores y diputados

3.- Descentralización y depuración de las Juntas Municipales Electorales

4.- Incorporar un sistema de voto electrónico con respaldo físico

5.- Establecer la obligatoriedad del voto ciudadano

6.- Regulación más equitativa del financiamiento público a los partidos

7.- Sancionar el financiamiento ilícito, del Estado y/o extranjero de las campañas

8.- Fijar topes de gastos para cada nivel de candidaturas

9.- Instituir un sistema de transporte gratis para la jornada electoral

10.- Hacer obligatorio al menos un debate entre candidatos presidenciales

11.- Regular las encuestas y sondeos electorales

12.- Establecer períodos de pre-campañas y campañas electorales, con sanciones

13.- Que los pactos de alianzas se anticipen al período de las precampañas

14.- Establecer un régimen de sanciones para cada tipo de delito electoral

15.- Incluir la degradación o “muerte” civil a condenados por delitos electorales

16.- Tipificar como delitos electorales el transfuguismo y el clientelismo

17.- Más equidad en distribuir los diputados nacionales y al Parlacén

18.- Garantizar el acceso del público al escrutinio electoral

II.- Para la Ley de Partidos Políticos

1.- Limitar la propaganda a los períodos de campaña, con equidad y sanciones

2.- Garantizar representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas

3.- Establecer un máximo de 20% para reserva de candidaturas

4.- Controlar y transparentar el financiamiento público y privado a los partidos

5.- Un régimen efectivo de rendición de cuenta del financiamiento público

6.- Cada partido escoge el método de elección de candidatos acorde con sus estatutos; Las elecciones primarias con el padrón de cada partido

7.- Eliminar la concesión de poderes absolutos a una persona

 

La JCE debe reglamentar la elección de candidatos y la campaña electoral

A2

Ante el bloqueo del proyecto de Ley de Partidos, que se extenderá al del Régimen Electoral, la Junta Central Electoral está en el deber de utilizar sus facultades  constitucionales para reglamentar toda la precampaña y la campaña electoral  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La  ciudadanía organizada debería dar pleno apoyo a la Junta Central Electoral (JCE) para que, ante el bloqueo de los proyectos de leyes de partidos y del Régimen Electoral, utilice sus facultades constitucionales para reglamentar tanto la elección  de candidatos (o primarias), como la campaña electoral propiamente dicha.

La resolución limitando la precampaña, debe ser sólo el comienzo normativo para reducir el inmenso costo del proselitismo electoral, financiado por la corrupción pública y privada, para sacar al Estado de la competencia electoral y garantizar el mandato constitucional de libertad, transparencia, equidad y objetividad en las elecciones.

La facultad constitucional

            Como en cualquier otro asunto de interés público, podrá haber opiniones encontradas sobre la decisión adoptada esta semana por el pleno de la JCE estableciendo límites a las actividades proselitistas por las candidaturas para los comicios del 2020, pero la lectura de los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República no dejan dudas sobre su procedencia y legitimidad.

El artículo 211 indica que “Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. El 212, declara a la JCE como “un órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, “cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales” y le otorga “facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia”.

Los constitucionalistas parecen reiterativos, cuando en el párrafo IV del mismo, establecen que la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”. Y todavía más cuando dice que “En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Garrafal error político         

Parece un fuerte error político del expresidente Leonel Fernándezdeclarar inconstitucional la decisión de la JCE, tomándosela para sí, cuando afecta más a los demás que en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también habían iniciado campañas con excesiva anticipación, por cuanto necesitan mayor movilización  para disputarle la candidatura presidencial, dadas las amplias ventajas por haber sido tres veces presidente de la nación y por presidir el partido. Por eso Francisco Domínguez  Brito y Carlos Amarante renunciaron a la condición de ministros, lo que ahora parece haber sido precipitado.

Leonel Fernández, que no acostumbra reaccionar precipitada y emocionalmente,  esta vez se lanza contra unos límites que él mismo declara “que aspiran a recoger un sentimiento que se ha albergado en la población durante varios años, que estima que los procesos electorales son muy prolongados en el tiempo y muy costosos desde el ´punto de vista económico”. Peor aún después que su jefe de campaña, Bautista Rojas, se manifestó insultante contra los titulares de la JCE.

Al fin de cuentas, lo que ha prohibido la JCE es realizar manifestaciones abiertas como caminatas, marchas y caravanas vehiculares, así como propaganda en los medios de comunicación, vallas y afiches y uso de altoparlantes  en las vías públicas. Eso no impide actos políticos en locales cerrados, ni conformación de comités de trabajo en los barrios y viviendas, incluso sus visitas a determinadas persona o locales partidarios, en las cuales podrían reunirse decenas y hasta cientos de personas. Si el rechazo se convierte en instancia anti-constitucional, Fernández corre el riesgo de conferirse un autogol o por lo menos marchar contra un sentimiento generalizado.

Legitimidad de la acción

En efecto, la JCE ha respondido un reclamo nacional que lleva más de dos décadas y que se incrementa en la medida en que hasta para alcanzar una candidatura a regidor se requiere invertir varios millones de pesos, y decenas para alcalde, diputado o senador, así como miles millones para presidente, lo que incentiva el dinero mal habido en las campañas, a costa del robo al Estado, de la evasión impositiva, y el rentismo o inversión privada que se cobra con favores y contratas y del narcotráfico. El reclamo de “bajar el costo de la política” ha sido levantado por todos los sectores sociales y  se ha incrementado en el clamor contra la corrupción, sin ser acogido por Fernández y su partido.

La acción de la JCE sería excesiva, si hubiese una ley que rigiera la campaña por las candidaturas, pero a falta de ella cobra mayor vigencia su responsabilidad y la facultad para reglamentarla. Sobre todo porque el PLD con absoluto control del Congreso ha bloqueado un proyecto presentado por la misma en el 2011 y reintroducido varias veces, obviamente porque saca mayores ventajas de la ausencia de regulaciones. Con ese mandato de la Constitución del mismo Leonel Fernández, no puede concluirse que la JCE se excede, cuando hasta los ayuntamientos limitan la propaganda callejera y la circulación vehicular, y el Ministerio de Interior y Policía los actos públicos que pueden afectar las actividades de la sociedad, sin que ello implique violar la libertad de expresión, de circulación o asociación, porque todos los derechos conllevan reglamentos impuestos por el bien común.

Faltará mucho más

            La resolución del 20 de junio ha sido justamente respaldada por múltiples partidos, por editoriales de casi todos los periódicos y por los comentarista y analistas de televisión más independientes. Ese apoyo conlleva el compromiso de la JCE de seguir supliendo la ausencia de reglamentación de las actividades proselitistas.

Esas restricciones no son improvisadas, pues están contempladas en el proyecto de ley de partidos sometidos por la JCE hace 7 años, que fue consensuado con los partidos políticos, por lo que tampoco se justifica el alegato del secretario general peledeista y precandidato presidencial Reinaldo Pared Pérez, de que debió consultar a los partidos.

Por demás, el presidente de la JCE, Julio César Castaños, ya había reiterado que si no se aprueban las nuevas normativas electorales, harían uso de sus facultades reglamentarias. Ahora falta que sigan adelante, y a menos que se apruebe la ley, hagan valer los estatutos de cada partido como normativa para elegir candidaturas.

La independencia y valentía del organismo en cumplir sus facultades serán más necesarias cuando se trate de reglamentar la campaña electoral mismo para “grantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, especialmente para atender el relcamo de sacar al Estado de la campaña electoral.

Leonel tropieza y Danilo estancado

            Leonel Fernández tropezó innecesariamente con la resolución de la JCE, que  percibieron como parte de la ofensiva gubernamental por cerrarle el paso callejero, cuando pudo dejarla pasar y asumir algunas limitaciones. Lo que van directo a él son las suspensiones como dirigentes del PLD, del secretario de Organización Félix Bautista y del secretario de Finanzas Víctor Díaz Rúa, considerados entre sus principales “alcancías”, dispuestas unipersonalmente por el secretario general Reinaldo Pared Pérez.

En este caso pudieron haber peleado, porque fue una decisión personal de un competidor, y porque no mediaba la urgencia en que los estatutos facultan al secretario general para adoptar decisiones, aunque “en consulta con el Comité Político”, que no realizó. En el caso de Bautista, llama la atención que aceptara la sanción sin discutirla, cuando ahora no tiene ningún expediente judicial y no lo suspendieron cuando tuvo uno grueso por corrupción, del que fue liberado  tras los acuerdos políticos del 2015 para canalizar la repostulación de Danilo Medina. Francisco Domínguez Brito, quien ahora pidió sanción, le ayudó cuando era Procurador General al no apelar el “no ha lugar” judicial.

Díaz Rúa estaba imputado por la corrupción de Odebrecht desde hacía un año, por lo tanto no había urgencia para justificar la acción unipersonal del secretario general. También lució parcializado que no se suspendiera por igual al senador Tommy Galán por los sobornos de Odebrecht y al ex-director de la OMSA, acusado de un asesinato que envolvió denuncias de corrupción, éstos como miembros del Comité Central del PLD.

Aunque los golpes preanunciados para frenar a Leonel comenzaron, el proyecto de primarias abiertas de Danilo para “el plebiscito reeleccionista”, sigue sin conseguir el apoyo de los dos tercios de los diputados, y parece que cada día crece la renuencia de los perremeistas a echarle una mano, y se afianza la reiteración de su posición, junto al bloque de partidos opositores, de que las primarias sean con el padrón partidario, y dejar que Leonel y Danilo sigan su pelea y carguen el bloqueo de la legislación electoral.-

          

           

             

Acorralado, Danilo desanda camino por imponer las primarias abiertas

19_05_2018 HOY_SABADO_190518_ El País11 AEl presidente Medina reconoce que no tiene los votos para imponer las primarias abiertas y plantea volver a la Comisión Bicameral de la que sacaron el proyecto hace dos meses, sin acabar de ceder ante un amplio consenso político-social que las rechaza

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Aunque  plantea un diálogo sobre el proyecto de Ley de Partidos, el presidente Danilo Medina se lanza otra maroma en su afán por imponer a toda la sociedad política y civil el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, con el efecto inmediato de evadir su empantanamiento en la Cámara de Diputados y ganar tiempo.

Devolver el proyecto de ley a una Comisión Bilateral que ya lo discutió durante un año y lo consensuó, excepto, en las primarias abiertas, y que los danilistas disolvieron,  carece de sentido práctico, pues el diferendo de un solo artículo se puede dirimir por igual entre los mismos diputados a quienes se los remitió el Senado,

Una generosa acogida

            Sólo por el cansancio sobre la interminable discusión en torno al proyecto de Ley de Partidos, con 16 años dando tumbos en el Congreso Nacional, y ahora con diferendo sobre las primarias abiertas para elegir candidatos, se puede explicar la acogida que ha tenido la carta del presidente Danilo Medina dirigida a los presidentes de las cámaras legislativas pidiendo que integren una Comisión Bicameral para buscar una solución de consenso.

El texto del documento es engañoso al plantear que “ha llegado el momento de poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, por lo que pide “un escenario de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional con miras a buscar una solución  viable y de consenso que haga posible aprobar esta importante legislación”.

De inmediato gran parte de la opinión pública, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, el presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado,  y el líder opositor Luis Abinader, acogieron la propuesta. Fernández porque quiere mantener un perfil conciliador y necesita la unidad de su partido y el apoyo de Medina en su empeño por para volver a la presidencia. Abinader porque el 9 de enero pasado propuso formalmente al presidente Medina un pacto político por las reformas electorales y la gobernabilidad.

El bloque de partidos de oposición, y entidades como Participación Ciudadana y la Finjus, y organizaciones empresariales también han reclamado la concertación del sistema político para viabilizar una ley de partidos que lleva 16 años dando tumbos en el Congreso, insistiendo como fundamental en la transparencia del financiamiento, límites de gastos y tiempos de campañas y mecanismos democráticos internos y equidad política y de género.

Rebasa los legisladores

El primer elemento que cuestiona la sinceridad de la propuesta presidencial es que Medina, como muchos otros, sabe de sobra que la decisión de una salida consensuada al diferendo sobre la elección de candidatos con padrón abierto sobrepasa el marco legislativo y se inscribe en las alturas del liderazgo político. Sólo los retrasados mentales ignoran que la pelota está en la cancha del Palacio Nacional y que es el mismo presidente quien  persiste en imponer un método electivo que divide  hasta su propio partido y que rechaza casi todo el sistema político y las entidades sociales, empresariales y religiosas.

El segundo elemento es que parece absurdo volver al escenario donde se discutió el proyecto durante un año, como si él lo ignorara. Tras su enésima introducción al Congreso Nacional, el Senado bajo su control aprobó el 29 de marzo del 2007, crear una Comisión Bicameral, que integró con 14 senadores y 15 diputados, presidida por el senador danilista Arístides Victoria Yeb. Realizaron vistas públicas y recibieron 18 propuestas. Aprobaron 75 de los 77 artículos del proyecto sometido por la JCE, con más o menos variantes, pero quedaron empantanados sobre las primarias abiertas obligatorias organizadas por la JCE.

Los senadores agotaron las dos legislaturas del año pasado, mientras ni siquiera el Comité Político del gobernante PLD lograba acuerdo sobre el punto en conflicto, tanto que en octubre decidió integrar una comisión de cinco juristas para que opinara si ese método es inconstitucional, como ya dictaminó la Suprema Corte en el 2005, Tampoco pudo acordar los juristas, por lo que  en febrero revocaron la decisión y dejaron a los legisladores en libertad de votar al respecto. El 7 de marzo los senadores disolvieron la Bicameral y el 18 de abril los más de dos tercios danilistas aprobaron el proyecto con el padrón abierto.

El escenario es la Cámara

Como es mandato constitucional el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados que ahora tiene el poder de decisión. Cierto que allí la división impide lograr dos tercios de los votos para aprobar o para modificar o rechazar el texto del Senado. Alguien tendría que ceder sobre el método de elección de los candidatos, con padrón abierto a toda la ciudadanía o el que el mismo proyecto manda tener en cada partido, o mediante asamblea de delegados, que es lo racional para los pequeños y emergentes, o por encuestas, según lo establecen la diversidad de estatutos. En todo caso bajo estricta fiscalización de la JCE.

Si nadie cede, el proyecto de Ley de Partidos moriría en manos de los diputados, pero ya el escenario de una Comisión Bicameral fue agotado durante  más de 11 meses, de manera que rebasa esas instancias para depender del liderazgo político, en especial del presidente Medina. De él se espera que atienda el clamor casi general del sistema político y social y hasta las advertencias de la JCE sobre el costo y la dificultades de elegir al mismo tiempo las candidaturas de 26 partidos a 4 mil 106 cargos, con multiplicidad de aspirantes que podrían totalizar cientos de miles a quienes tendrían que contar votos individuales, y de tres o cuatro elecciones nacionales en 7 meses.

Es obvio que el mismo esfuerzo que se podría hacer otra vez en la Comisión Bicameral, puede tener efecto en la Cámara de Diputados, escenario lógico si ya los senadores tomaron su decisión y si es allí donde nadie reúne la mayoría calificada de dos tercios para una ley orgánica, como es la de Partidos.

Otro divertimento de Danilo

            Si el presidente Danilo Medina estuvieran en disposición de aceptar lo que es un consenso nacional casi total, en vez de tratar de revivir la Comisión Bicameral, hubiese pedido a sus parciales en la Cámara de Diputados que no siguieran boicoteando allí el conocimiento del proyecto, como hicieron el 3 de mayo cuando sería introducido al pleno y el martes 15 cuando empezaría a ser evaluado por la Comisión Especial de ese organismo.

En su carta, pidiendo consenso, Medina dedica 4 párrafos a defender sus primarias abiertas y la aprobación senatorial que despreció el amplio consenso nacional. La iniciativa presidencial es tan ilógica que parece fruto de una improvisación, como para sobreponerla y restar impacto al comunicado de la Conferencia Episcopal Dominicana, enviado a los medios el miércoles 16 para publicarse en los diarios del jueves. Así ocurrió, pues para casi todos los medios la carta del presidente fue lo más relevante del día y pocos pusieron atención a lo suscrito por los 23 obispos, incluidos los 7 eméritos.

Varios de esos obispos ya se habían pronunciado individualmente contra la imposición del padrón abierto, y ahora el colectivo plantea que es hora de romper la “prolongada espera” de la Ley de Partidos, “de asumir la responsabilidad con el criterio consensuado por todos, y que responda a los principios democráticos del ejercicio partidario”. Así mismo “que no se puede forzar a la Junta Central Electoral, a la que todos debemos dar nuestro voto de confianza, para que tenga que llevar a cabo tantas elecciones en un mismo año o en unos pocos meses sucesivos”.

Un presidente acorrralado

Si algo queda claro del largo debate es que el presidente Medina, como casi todos los que han alcanzado ese cargo en el país, se siente por encima del resto de la sociedad y trata de imponer a cualquier costo lo que cree conveniente al proyecto de eterno poder. En la sociedad faltan pocos sectores importantes por pronunciarse contra un sistema que abriría de par en par las puertas al ya grave mercado de compras de votos y estremecería el sistema político, amenazando dividir hasta su propio partido.

Nada ha hecho el mandatario para disipar la generalizada convicción de que la imposición del padrón abierto en la Ley de Partidos busca crear  espacio a su continuidad en el poder, y que si lograra para ello los dos tercios de los diputados, “conquistando” opositores, los empleará también para modificar la Constitución que le prohíbe volver a ser candidato a la presidencia.

Los más optimistas creen que al reconocer que no ha podido alcanzar esos votos, el presidente está buscando una salida honrada del acorralamiento en que se metió. De ser así devolvería el sosiego a la sociedad. Pero hubiese sido más elegante y más ponderado que siguiera el curso constitucional y lógico de la Cámara de Diputados, puesto que en el Senado el tiene no un tercio, sino tres cuartas partes de los votos.-

————————————————————————————————————–El largo viacrucis de la Ley de Partidos

1998: El “Diálogo Nacional” aprueba instituir una Ley de Partidos y otras reformas             políticas y electorales.

1999: La Comisión para Reforma y Modernización del Estado entrega el primer        consenso  de Ley de Partidos al Presidente Fernández, quien no lo remite al Congreso.

2001: El Consejo Nacional de Reformas del Estado (CONARE) renueva el consenso             con modificaciones, pero el presidente Mejía tampoco lo envía al Congreso.

2002: Varios diputados, encabezados por Liselotte Marte de Barrios,   someten al      Congreso el proyecto de ley consensuado en  el CONARE

2009: Tras varias infructíferas reintroducciones al Congreso, el proyecto es incluido  en el “Pacto de las Corbatas Azules” entre el presidente Fernández y el     presidente del PRD, M. Vargas.

2010: El Comité Político del PLD crea una comisión presidida por el     vicepresidente           Rafael Alburquerque para consensuar el proyecto.

2011: La JCE envía al Congreso proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, elaborados por técnicos de la OEA tras consultas a los partidos.

2012: En la campaña electoral  los candidatos presidenciales firman un compromiso en la PUCMM para aprobar ese mismo año las reformas electorales.

2017: El 29 de Marzo se crea una Comisión Bicameral para consensuar los proyectos            de reformas electorales.

2017: El 2 de Octubre el Comité Político del PLD aprueba crear comisión de    juristas para opinar sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas.

2018: El 5 de  febrero el Comité Político desiste de la comisión de juristas y deja en libertad a sus legisladores para votar sobre las primarias.   

2018: El 7 de marzo los senadores disuelven la Comisión Bicameral.

2018: El 18 de abril el Senado aprueba el proyecto de ley de partidos con primarias abiertas y simultáneas organizadas por la JCE.

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