¡Viva la Comisión de Derechos Humanos!

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Por Juan Bolívar Díaz

Contra todos los prejuicios y maledicencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos  celebra en estos días en la capital dominicana su 168 período de sesiones, a contrapelo del furor nacionalista que ha afectado la vida nacional en los últimos años y creado confusión en una parte apreciable de la ciudadanía.

Hay que darle crédito al gobierno del presidente Danilo Medina por haberle cursado la invitación para que sesione en el país y conozca de la situación de los derechos humanos en múltiples naciones del continente, atendiendo a la misión que le fuera encomendada cuando fue creada por los estados americanos en 1959 y ratificada una década después cuando fue adoptada la Convención Americana de los Derechos Humanos, y en ambos casos la República Dominicana puede reclamar la condición de cofundadora.

En sus ya casi seis décadas la CIDH tiene legítimos méritos en la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente,  tanto que aún siendo un instrumento de los estados, se ha ganado la animadversión de varios de ellos por no haber transigido en el cumplimiento de su misión, actuando con la independencia que le confieren sus estatutos, aunque sus miembros titulares son electos por la Asamblea General de la OEA..

El simple anuncio de que sesionaría en el país, disparó  las alarmas del ultranacionalismo que la detecta por su persistente  preocupación por los derechos de los dominicanos de ascendencia extranjera, en gran proporción haitianos, nacidos  en el país y dejados en apatridia por decisión administrativa de la Junta Central Electoral posteriormente avalada por la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Si posteriormente adoptamos la Ley 169-14 que ha rescatado a gran parte de los decenas de miles de desnacionalizados se le debe en buena gran medida a la firmeza con que la CIDH defendió sus derechos, denunciando el despojo retroactivo de quienes habían recibido un estatus de ciudadanos dominicanos. Esa fue la decisión consensuada por el presiente Danilo Medina y adoptada por el Congreso Nacional ante un problema que superaba a mera condición de legalidad para inscribirse en un drama humano de magnitud.

Si fuimos obligados a adoptar esa legislación por el papel preponderante de la CIDH y otros organismos internacionales, deberíamos reconocer que su prestigio y fuerza internacional están por encima de las arbitrariedades, miserias y mezquindades.

Comisiones de ese organismo vinieron varias veces al país reclamando derechos fundamentales, desde la caída de la tiranía trujillista en 1961, tras el golpe de estado del 1963 y durante la guerra civil y la ocupación militar norteamericana de 1965. También en 1991, en 1997 y finalmente en el 2013 tras la crisis de los desnacionalizados.

No es cierto que la CIDH se ensañara contra la República Dominicana como algunos han pretendido, simplemente cumplió su misión, como lo ha hecho en múltiples naciones  por violaciones a derechos humanos, políticos y sociales, especialmente de lo que han dejado de los pueblos originarios del continente. Y sus denuncias y reclamos han chocado con miembros tan poderosos como Estados Unidos, México, Brasil o Argentina, durante tiranías y dictaduras y bajo nuestras precarias democracias.

En el caso particular de Estados Unidos sólo habría que leer el informe de la CIDH de junio del 2015 que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en la prisión norteamericana de Guantánamo, pide liberación de detenidos sin acusaciones ni juicios, cese, investigación y sanción de torturas, traslado de prisioneros y reparación a las víctimas de abusos, concluyendo con la demanda del cierre de ese establecimiento.

La CIDH ha tenido muchos enemigos y la desidia de países miembros, salvándose  por donaciones de naciones europeas y entidades internacionales. Hace sólo dos años Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá ayudaron a superar su peor crisis financiera. Aunque algunos de ellos habían sido objeto de sus denuncias y reclamos.

En un mundo de tantas ignominias, siempre serán necesarias instituciones independientes que promuevan y defiendan los derechos humanos. ¡Que viva la CIDH!

 

 

 

                       

 

La Encuesta Nacional de Inmigrantes destroza el discurso ultra nacionalista

Programa Nacional de Regularización de ExtranjerosLa ENI-2017 vuelve a romper el mito de la invasión, al situar la inmigración haitiana en casi 500 mil personas, el 5 por ciento de la población nacional, aunque creciendo,  y evidencia que decenas de miles de sus descendientes nacidos aquí están en apátridia 

                                                Juan Bolívar Díaz

            La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), cuyos resultados fueron publicados esta semana, guarda proporción con la primera del 2012, rompiendo el mito de la invasión haitiana que sustenta el discurso xenófobo de los ultra nacionalistas, que ahora tratan de restar méritos a una  investigación científica.

            El estudio de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), avalado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, evidencia también que decenas de miles de descendientes de inmigrantes nacidos en el país, han quedado en la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que amortigua los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.    

Son menos de medio millón

            Los primeros resultados de la ENI-2017 guardan bastante coherencia con la primera, efectuada en el 2012, volviendo a destrozar el discurso ultranacionalista que ha fijado en el imaginario de gran proporción de los dominicanos la idea de que “estamos siendo invadidos por los haitianos”, con exageraciones de hasta dos millones.

            Según la investigación, el total de los inmigrantes en el país al año pasado sería de 570 mil 933 personas, equivalentes al 5.6% de la población nacional, de los cuales 497 mil 825 provienen de Haití, representando el 4.89 por ciento de 10 millones 189 mil 895  residentes en el país. En relación a la ENI-2012, cuando representaban 4.72%, se registra un crecimiento absoluto de 48 mil 301 haitianos, equivalente al 9.20% en cinco años. 

            Pero contrario a la creencia generalizada, el incremento de los últimos cinco años es menor al que se registró en el quinquenio anterior a la primera ENI del 2012. El 62% de los inmigrantes registrados entonces había llegado al país en el período 2006-12, y el 80.7 desde el 2000. Resalta que 176, 875, el 38.6 %,  ingresaron ó entre el 2010 y 2012. Mientras en los dos años anteriores a la última encuesta, 2015-17,  el incremento fue de 131,594 inmigrantes, ahora sólo el 26.4% del total, con reducción de 45 mil 281, ó 26%. 

            Al igual que en la encuesta anterior, la ENI-2017 muestra que la inmigración haitiana tiene una gran movilidad, porque aún cuando sigue en incremento, también una parte de los anteriores se van se regreso o son deportados, lo que ocurrió con decenas de miles en el 2014, al vencer el plazo para acogerse al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).El mayor incremento histórico tuvo efecto en los dos años que siguieron al terremoto que devastó a Haití en el 2010.

Con pocas variaciones

            Cuando se comparan los resultados de la ENI-2017 con la del 2012 se comprueba que hay pocas variaciones, no sólo en los totales, sino también en la distribución geográfica y por actividades económicas. Los haitianos eran 87.3 % y ahora el 87.2% de los inmigrantes. El 77.9% se dedicaba a tres actividades: agropecuaria 35.7%, construcción 25.9 y comercio el 16.3%.Cinco años después la variación del total es sólo de 1.5%, totalizando 76.4%, con mínima reducción de los dedicados al agro, ahora 33.8%, y casi igual en la construcción, 26.3% y sin variación en el comercio.

            Como es normal en todos los movimientos migratorios, en los provenientes de Haití dominan los jóvenes, en 76%. y los hombres en 61.6%. La mayor concentración está en el gran Santo Domingo, con 35.7%, Casi lo mismo, 35%, se ubica en la gran región del Cibao, dividida en norte, sur, nordeste y noroeste. 

            La gran variante registrada por la ENI-2017 se refiere a los llegados de Venezuela, que desplazaron a Estados Unidos que con 13 mil 514, constituía la segunda fuente de inmigrantes al país. Los venezolanos pasaron de 3 mil 434 a 25 mil 872, para un incremento de 653% en los últimos cinco años. Los procedentes de Estados Unidos se redujeron ahora en 3 mil 498, un 25.9%.

            En lo referente a los descendientes de haitianos nacidos en el país resalta que sólo 6.6% carece de alguna instrucción, con 48.3% en el nivel primario o násico, 35.7% en el secundario y 7.6% con el universitario, y 951 alcanzaron postgrado, maestría o doctorado. 

 Documenta la apatridia 

            Aunque las autoridades nacionales niegan sistemáticamente que en el país haya apátridas, como sostienen organismos internacionales y entidades nacionales que defienden derechos humanos, la ENI-2017 indica que más de cien mil personas han quedado en un limbo, equivalente a la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que trató de enmendar la desnacionalización masiva producida por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

            Esta investigación documenta que en el país residen 253 mil 255 hijos de haitianos, o por lo menos de uno de los dos progenitores, nacidos en territorio nacional, con un incremento de 43 mil 343, un 8.6% en relación a la del 2012. Si estos últimos nacieron desde el 2012 de inmigrantes indocumentados, ya no tienen apelación para que los documenten como dominicanos, ya que la Constitución del 2010 los excluyó.

            La inmensa mayoría de los 209 mil 912 restantes nacieron antes de la prohibición constitucional y deben ser considerados entre los excluidos por la sentencia 168-13, retrospectivamente hasta 1929, y que luego la ley 169-14 trata devolverle la ciudadanía a los que ya habían sido registrados, y daba oportunidad de acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), a los que nunca fueron inscritos.

            Tras la promulgación de la Ley 169-14, hace cuatro años, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado con más de 55 mil personas, indicándoles que podían pasar por las oficialías civiles para recuperar sus actas de nacimiento y cédulas de identidad. Pero hasta enero pasado, sólo 21 mil 850 lo habían logrado, y los que  pudieron inscribirse en el PNRE fueron sólo 8 mil 755. Ambos suman 30 mil 645, faltando 179 mil 267, cuyo estatus queda indefinido, pero que seguirán en el país, serían apátridas y, peor aún, transmitirán esa condición a sus descendientes que nazcan aquí, pues no podrán declararlos como dominicanos. Eso seguirá pesando contra la nación en los organismos internacionales y constituye un desafío para el gobierno que auspició la ENI.  

También cuestiona el PNRE

            La ENI-2017 también cuestiona el programa de regularización de extranjeros, que da tumbos desde hace 4 años, y aunque 250 mil 241 fueron aceptados con el estatus provisional de inmigrantes, hasta julio pasado sólo 230 mil 65 habían recibido el carnet provisional. Un ínfimo 3%, 7 mil 834, habían podido llenar todos los requisitos para obtener el estatus definitivo de inmigrante regularizado.

            Al comenzar este año la Dirección General de Migración suavizó los  requerimientos, para facilitar la regularización, que todavía aún genera tumultos en las oficinas habilitadas. La realidad es que funcionarios, políticos y ciudadanos no acaban de entender el objetivo de la regularización y en gran proporción no colaboran y niegan a los inmigrantes las certificaciones de empleo, de vivienda, de arraigo  y otros. 

            En cualquier caso, si los inmigrantes haitianos son ahora 497 mil 825, según la ENI-2017, quiere decir que hay un excedente de 267 mil 760, un 116 por ciento por encima de los habilitados provisionalmente para ser regularizados.    

El grito de los nacionalistas    

            Frente a l desmitificación que contiene la ENI-2017, los ultranacionalistas han procedido a restarle validez, llegando a configurar una “conspiración” del gobierno, que la auspició y la presentó, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ejecutada por la Oficina Nacional de Estadística, al igual que la ENI-2012 realizada durante la gestión presidencial de Leonel Fetrnández. Entonces los ultranacionlistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras. Y en ese período ingresó el 62% de los inmigrantes haitianos que registró la encuesta.     

            El ex director de Migración, José RicardoTaveras,  reaccionó esta semana diciendo que sólo en Santiago hay 500 mil haitianos, aunque la población del municipio es de un millón de habitantes y millón y medio en toda la provincia, lo que implica que habría un haitiano por cada dos o tres santiaguenses, un absurdo. 

            Pero es que durante años, y aún después de la ENI-2012, se ha insistido en que los haitianos en el país pasan del millón y hasta de dos millones. El mismo presidente Danilo Medina dijo en una cumbre de la CELAC en Jamaica, en el 2014,0 que el país acogía a más de un millón de haitianos. Y el juez constitucional Víctor J. Castellanos dijo en marzo durante una conferencia en Montecristi que pasan del millón y medio. 

            La ficha técnicas de la encuesta indica que abarcó 73 mil viviendas, distribuidas en 912 unidades primarias de muestreo científico, con 223 mil 528 personas entrevistadas por técnicos de la ONE, de las cuales 24 mil 547 eran inmigrantes. Tuvo la asistencia técnica del Programa de Población de las Naciones Unidas y el patrocinio económico de la Unión Europea. Si con todo eso no merece crédito, entonces hay que descalificar todas las encuestas de opinión que abarcan de mil a 2 mil personas aquí y en todo el mundo.-   

Comparación de los resultados ENI-2012 y ENI-2017

 

ENI-2012

ENI-2017

Variación  Absoluta

Porcentaje %

Población total 

9,716,940

10,189,895

472,955

4.87%

Población nativa 

9,192,308

9,618,962

426,654

4.64%

Población de inmigrantes 

524,632

570,933

48,301

9.20%

Nacidos en Haití

458,233

497,825

39,592

8.64%

Descendientes de haitianos nacidos en RD 

209,912

253,255

43,343

20.64%

Población de inmigrantes más sus descendientes 

768,783

847,979

79,196

10.30%

Llegados  desde Haití en los dos años anteriores 

176,878

131,594

-45,284

-25.60%

Inmigrantes Venezolanos 

3,424

25,872

22,438

653.40%

      Elaborado por JBD en base a los datos oficiales  de las ENI-2012 y ENI-2017

 

Las perspectivas apuntan a un posible cambio político en comicios del 2020

07_04_2018 HOY_SABADO_070418_ El País11 AUn frente electoral con un programa de transición democrática pudiera aprovechar la dura división interna del partido gobernante, el desgaste del gobierno y la creciente insatisfacción ciudadana para por lo menos reducir la concentración del poder estatal

                             Por Juan Bolívar Díaz         

            En los ámbitos de la oposición política se baraja la posibilidad de un frente electoral  para enfrentar los poderes casi absolutos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2020, en base a un programa para el rescate de las instituciones democráticas  y un nuevo modelo de desarrollo económico social.

La profunda división interna en el partido gobernante, llamada a profundizarse por  los pujos continuistas de los danilistas, la progresiva reducción de la aprobación de la gestión del presidente Danilo Medina y el incremento de la insatisfacción ciudadana alientan la posibilidad de vencer o reducir el dominio del Estado de cuatro períodos.

Indicadores del desgaste

Las últimas encuestas y la percepción general indican un deterioro del absoluto dominio que ha ejercido el PLD sobre los poderes del Estado y la sociedad dominicana, con una caída de la aprobación del gobierno de Medina (45-47% en Gallup) al mismo tiempo que se incrementa la insatisfacción ciudadana por la falta de soluciones a la corrupción e impunidad, la inseguridad ciudadana, el desproporcionado endeudamiento del Estado, el escaso empleo y de baja calidadd y la precariedad de los servicios básicos.

La crisis en que se ha sumido el PLD apuntan a un mayor deterioro por la confrontación entre los liderazgos de Danilo Medina y Leonel Fernández por la persistencia del sector dominante en abrir un espacio para otra modiuficación de la Constitución, q rrue rechaza entre el 67 y 71% de la población, según las encuestas Gallup y Asisa de marzo pasado, mientras las encuestas marcan una recuoeración del expresidente.

El deterioro financiero del Estado tuvo efectos el año pasado en una notable reducción del crecimiento económico, mientras aumentan los temores de que el país seencamina a la insostenibilidad con una deuda que según el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles rebasó en marzo los 42mil millones dedólares y el 55% del  producto bruto, habiendo crecido 843% en menos de dos décadas.

Las perspectivas del caso Odebrecht, pendiente deefectiva investigación y sanción, los retrasos y problemas por los que atraviesa la obra emblemática de las plantas de carbón no apuntan en dirección de satisfacer las expectativas de la población que se ha expresado de forma contundente en el movimiento Marcha Verde que, aunque algo adormecido seguiría constituyendo un elemento detonante, tanto como elaccionar de los partidos.

Ningún cambio será fácil

Nadie cree que será fácil destronar al PLD del dominio político que ha ejercido en casi dos décadas de gobierno, con un intervalo de 4 años del presidente perredeísta Hipólito Mejía. Su profunda vocación de poder le puede llevar a superar sus luchas intestinas si aumentan los indicadores del desgaste que  marcan .las encuestas. Aunque esta vez, como nunca antes la confrontación política se ha convertido en personal, con enconos y agravios que impulsan temores al retorno de Fernández al poder dificultando soluciones.

El danilismo que ahora hegemoniza el poder peledeísta se enfrenta a un Leonel Fernández ya con meses en campaña de retorno, y que tiene a su favor el pacto de unidad mediante  el cual él cedió hace tres años por la unidad del partido y que permitió la reelección de Medina, ahora con mucho mayores dificultades para justificar una nueva reforma a su propia Constitución., aunque es amplia  la convicción de que el reeleccionismo siempre se impone, lo que no fue cierto con Balaguer en 1978, Mejìa en el 2000 y con Fernández en el 2012. Un sagaz dirigente peledeísta, del poderoso Comité Político, y para nada favorecedor de Fernández, opinó a título confidencial que para salvar de nuevo la unidad partidaria, éste sería el candidato del 2020.

Podrán ponerse de acuerdo por amor al poder, pero eso llegaría a la convención del 2019 y el deterioro político tenderá a crecer. Aúnasì, si evitan la división los peledeístas podrán apelar a los recursos del clientelismo y los abusos del Estado que han caracterizado su  reinado electoral, con un inmenso aparato mediático, control de organismos decisorios, y recursos multimillonarios acumulados. Por esa razón seguirán barajando los proyectos de reformas electorales y de ley de partidos.

Alientan unidad opositora

Conscientes de los poderes peledeístas y por las experiencias, en diversos ámbitos políticos y sociales se alienta la posibilidad de promover un frenteamplio opositor para los comicios del 2020, y plantean adelantar las gestiones para un consenso programático que aliente optimismo aprovechando la lucha interna que paraliza al PLD, en  baja en las preferencias. La encuestaAsisa lo dejó esta semana en 52%, todavìa alto por la debilidad de una oposición que no acaba de recomponerse tras el alentado desguañangue del viejo Partido Revolucionario Dominicano, cooptado por el poder peledeísta.

En la oposición el principal propulsor del frente unido ha sido el presidente de Al País, Guillermo Morenoconmedia docena de artículos en su página de los lunes en el Diario Libre. Plantea la discusión de un programa básico que de substancia y aliente un cambio que no sea simplemente de gestores de la actual descomposición del Estado.

Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRD) han planteado también el proyecto de unidad. Con el mismose objetivo salió recientemente a la luz pública elMovimiento Ciudadano de Rescate Democrático (MIRD), encabezado por profesionales de la calidad experto fiscal José Rijo. El experto en turismo Juan Lladó ha insistido y hasta ha publicado un amplio proyecto de programa. Se sabe de varios grupos de clases medias que “reflexionan” sobre la necesidad de concertaciòn para un cambio político, al igual quesociòlogos como Cèsar Pèrez y Wilfredo Lozano.

De hecho, traslas elecciones del 2016, que culminaron en un proceso profundamente desigual, con inconmensurabkle abuso del poder estatal, la decena de partidos de oposición vienen concertando para exigir las reformas políticas y electorales que se discuten hace dos décadas, aunque un par de ellos pudieran volver a aliarse al PLD, sobre todo si Fernández resulta su candideato.

Un programa fundamental

            Los analistas entienden que si bin es fundamental un programa, no puede ser muy mbicioso si su primer objetivo es vencer el enorme poder del PLD. “Es casi un proyecto de trasición democrática, portdor de un nuevo modelo de desarrollo que reùna las energías y decisión de amplios sectores sociales, incluyendo del empresariado, o que por lo menos neutralicen su apoyo a los gobernantes.

Las encuestas marcan las preocupa iones fundamentales que tienen que abordarse: la corrupciòn, impunidad y el clientelismo, la inseguridad ciudadana, el desempleo y los bajos salarios, deterioro de los servicios básicos, como salud, reforma de la seguridad social, transporte, vivienda, saneamiento ambiental y calidad de la educación. Deberá priorizar las reformas institucionales, polìtica y electorales para restablecer la independencia de los poderes y garantizar el ejercicio polìtico.

Un programa para rescatar el concierto nacional deberà reivindicar la Ley de EstrategiaNacional deDesarrollo y su pacto fiscal y reales controles financieros para contener el endeudamiento y garantizar sostenibilidad, corregir la malversación y el derroche y hacer menos regresiva la tributación, y generar un nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos y promueva las exportaciones.

Así mismodeberá atraerse a la sociedad civil, recogiendo sus reivindicaciones y propiciando la pendiente Ley de Participaciòn Social, partiendo del reconocimiento dela poca confianza y credibilidad que tiene actualmente el partidarismo polìtico,documentada por las encuestas de los últimos meses: Latinobrómetro(15%), Barómetro de la Américas (20%),  Penn-SIN (15% de los jóvenes), Gallup-HOY (15.5%). Asisa deesta semana indica que desde el 2014 los que se declaran miembros de partidos cayeron del 31 al 14%, yque los independientes crecieron del 4 al 29%.

Un frente como el chileno

Hay muchas experiencias en el mundo de concertación parni a vencer un dominio polìtico absolutista, y entre losmàs relevantes siempre se recuerda el que permitiò superar la dictradur de Pinochet en Chile, que reuniò a todo el epectro opositor, desde la dercha a la izquierda, incluso a partidos que contribuyeron al sangriento derrocamiento del gobierno de popular de Salvador Allende. Esa concertción se ha mantenido durante màs de dos dècadas escogiendo candidatos comunes mediante primarias democráticas.

En el país no ha habido tanta vocaciòn ni urgencia para una concertaciòn, pero el cansancio y el deterioro del Estado social y democrático de derechos parece demandarla, y los dirigentes polìticos tendràn que aprender que no vale la pena concurrir una y otra vez al real “matacero electoral” que denunciaba el PLD en sus origenes.

Tendrìan que entender que todos no pueden sercandidatos presidenciales  paraquedarse por debajo del 2 % del sufragio, por lo meos hasta que se institucionalicen mecanimos que garanticen competencia más equitativa. Que muchos de ellos serían estrellas en el Congreso o a la cabeza de municipios desde los cuales podrìan constituir nuevas opciones de poder.-

Danilo deberá concentrarse para contener la caída de su valoración

24_03_2018 HOY_SABADO_240318_ El País12 BLa encuesta Gallup-HOY muestra una persistente reducción de su aceptación del 82 al 47% en dos años y medio, una caída de 43%, y que la población no le cree que haya mejorado la economía ni reducido la pobreza, como persiste en afirmar    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El análisis de los resultados de la encuesta Gallup-HOY publicados esta semana indica que la popularidad del presidente Danilo Medina sigue en picada, con descenso de la valoración de su gestión, y evidencia las serias dificultades con que tropieza el proyecto reeleccionista en discusión, con rechazo de dos terceras partes  a reformar la Constitución.

Resulta relevante que Luis Abinader corre virtualmente solo para la candidatura presidencial del principal partido opositor, y que su aceptación se acerca a la de Medina, quien pierde terreno ante Leonel Fernández, resaltando que una alta proporción aún no tiene claras preferencias a casi dos años de las elecciones presidenciales.

Los segundos períodos

            La Gallup-HOY parece ratificar la percepción de que los segundos períodos de gobierno consecutivos resultan malos en el país, por cansancio o porque el poder obnubila y crea distancia de la ciudadanía. A la mitad de su primer periodo, en agosto del 2014, Gallup-HOY le registro una aprobación histórica del 91%. En Julio del 2015 al aceptar su segunda postulación consecutiva estaba en 82%, pero ya en febrero del 2017 se había reducido a 62%, la proporción con que fue reelecto en el 2016,  y en octubre bajó al 51%, a razón de 1.4% menos por mes el año pasado.

En la investigación realizada del 5 al 11 de este marzo, sólo el 45.5% evaluó como bueno o muy bueno el desempeño de Medina, en sus primeros cinco años de gobierno, pero a la pregunta de si aprueba o desaprueba su gestión, independientemente de su posición política, la aprobación alcanzó 47%.

Resalta que la encuesta fue realizada apenas una semana después del discurso del mandatario ante la asamblea nacional, y a través de más de 400 medios de comunicación electrónicos y digitales, donde presentó una situación optimista de sus realizaciones con gran despliegue publicitario y de su amplio aparato mediático propio, pero el 63% de los encuestados dijo que no lo escuchó, pese a lo cual 73% opinó que no tocó todos los temas que debía, coincidiendo con las críticas de la oposición y analistas independientes.

Una avalancha muy negativa

            Varios otros resultados de la encuesta Gallup-HOY muestran una avalancha muy negativa para el presidente Medina. Comenzando porque la población niega los grandes logros económicos y de reducción de la pobreza que él sostuvo en su discurso del 27 de febrero. El 79% considera mala o muy mala la situación de la economía nacional, 5 puntos más que en la de octubre. Y sólo el 9% la consideró buena o muy buena. El 78% opinó que el país va mal o muy mal, contra el 18% que lo estimó bien o muy bien. Con el agravante de que 45% cree que estará peor al término del período gubernamental.

Aunque el presidente, sus funcionarios y propagandistas sostienen que han sacado de la pobreza a un millón 200 mil personas y creado más de 600 mil empleos, 120 mil sólo el año pasado, y que el país es casi de clase media, el 46% de los encuestados estima que ahora hay más pobres y otro 27% que sigue igual para totalizar 73%, mientras apenas 25% considera que hay menos pobreza. Y a la pregunta de cómo está la familia en relación a dos años atrás, 35% responde que peor y 36 por ciento igual, totalizando 71%.

La opinión sobre la situación económica personal de los encuestados también fue mayoritariamente negativa, para el 56%, cuatro puntos más que en octubre pasado. Mientras apenas 17% dijo que es buena o muy buena. Y peor cuando se preguntó para quién gobierna Danilo Medina, pues 46% dijo que para los dirigentes y miembros de su partido, y sólo 29% para beneficio de todo el pueblo.

No reforma constitucional

            En términos políticos los  resultados de la Gallup-HOY también resultan negativos para el presidente Medina y los que promueven su reelección. Justo dos tercios, el 67%, rechaza otra reforma de la Constitución para posibilitar una tercera postulación consecutiva, y sólo el 30% la favorece. Contrasta con el resultado de febrero del 2015, de la misma encuestadora, que arrojó un 61% a favor de dos períodos consecutivos y 70% favoreció la reforma constitucional para que Medina pudiera buscar el segundo.

Las preferencias electorales por Danilo también han caído y debe asumirse que en parte por la  institución de dos períodos y “jamás” en la constitución que él mismo auspició hace sólo tres años para repetir en el cargo. A la pregunta de a quién le gustaría que sea el próximo Presidente, quedó empatado justamente en 14.8% con su archirrival Leonel Fernández, quien aparece en recuperación, y cuatro puntos por debajo de Luis Abinader, quien lidera con 18.8%.

También empató técnicamente con Fernández, 20 a 19%, cuando se preguntó a los encuestados quién debería ser el candidato presidencial del PLD en el 2020. Danilo le sacó una ventaja de 5 puntos, 31 a 26%, cuando se hizo la misma pregunta a los que se identificaron con el PLD, mientras la vicepresidenta y esposa de Fernández obtenía el 6%.

Es notable que el presidente Medina sólo obtuviera un 17% de simpatía, entre los dirigentes políticos, superando apenas por 4 puntos el 13% de Luis Abinader y a Leonel Fernández, que queda en tercer lugar con 10%, e Hipólito Mejía 6%.

Abinader sigue en ascenso

            El dirigente político que sale mejor parado, por segunda Gallup-HOY consecutiva, es Luis Abinader, quien encabeza en preferencias para próximo presidente, con 4 puntos por encima de los dos líderes del PLD y con enorme ventaja para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno en el 2020. Aunque en octubre su ventaja sobre Danilo era de 8 puntos 29 a 21 %, y de 11 sobre Leonel.

Donde Abinader luce bien cómodo es en la disputa de la candidatura presidencial del PRM, seguido de lejos por el expresidente de la República Hipólito Mejía. En la respuesta a quién le gustaría que fuera el próximo presidente, le triplica 19 a 6%, en simpatía 14 a 6%. Frente a un listado de potenciales candidatos del PRM, Abinader obtiene 49% y Mejía 17, y ahí queda bien parado con 15% el alcalde capitalino David Collado.

Pero donde Abinader mantiene enorme ventaja es cuando se preguntó quién cree que debe ser el candidato presidencial para el 2020 a los que se identificaron con el PRM, obteniendo 67 a 9% sobre Hipólito. En la encuesta de octubre fue 69 a 14%, lo que indica que el primero mantiene estabilidad y el segundo está en retroceso, mientras Collado apenas consigue el 1.5% de las preferencias de los perremeistas.

Guillermo Moreno sigue siendo el alternativo que más preferencias registra en la serie Gallup-HOY. Esta vez consigue el 7%, un punto más que Hipólito, en la respuestas a quien le gustaría que sea Presidente en el 2020.

Mucha incertidumbre aún

Esta encuesta registra un alto nivel de incertidumbre de cara a las próximas presidenciales,  sobre todo en el universo de los electores y en particular en cuanto a la candidatura del PLD. Ni hablar del Partido Reformista sobre el cual el 84% de los encuestados no respondió o dijo no saber. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano respondió igual el 67%, y 50% sobre el del PRM y 46% sobre el del PLD.

En el partido gobernante la incertidumbre estaría en alta proporción determinada por las incógnita de si los reeleccinistas lograrán reformar la Constitución o imponer otro mecanismo para postular de nuevo al presidente Medina, empatado ahora con Fernández en el universo de los encuestados para candidato de su partido. Y en la lista cerrada, sin Medina, la esposa de Leonel, Margarita Cedeño, empata técnicamente con su esposo 27 a 26%.

Llama la atención que en los últimos meses los gobiernistas no han publicado encuestas y que éstas han escaseado en el mercado, como si se temieran los resultados

tras la avalancha de insatisfacciones que se han expresado en el movimiento ciudadano Marcha Verde.

El Gallup no será la única a publicarse, pero tiene la mayor tradición de credibilidad y continuidad. Por el momento el balance es que Danilo Medina está en retroceso, en la valoración como gobernante y en las preferencias electorales con la reelección cada vez en mayor dificultad; Leonel Fernández en recuperación para la candidatura del PLD; Margarita Cedeño sigue teniendo buen posicionamiento, aunque discriminada por mujer y esposa;  y Luis Abinader prosigue su fortalecimiento, como alternativa de oposición, sin competencia interna.-

           

 

Un discurso con algunos aciertos, muchas omisiones y manipulaciones

A1El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero y el escenario de propaganda y manifestantes muestran un tufo continuista, repitiendo promesas y evadiendo los problemas básicos como la sostenibilidad financiera y la corrupción   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El tono y las promesas del discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el martes 27, tienen el tradicional tufo continuista de la historia nacional,  acentuado por la propaganda que lo precedió y que prosigue siguió para venderlo como otro mandatario imprescindible, un nuevo predestinado para desarrollar la nación.

El mandatario se erigió como un habilidoso manipulador de datos, experto en evadir asuntos tan fundamentales como la sostenibilidad fiscal, la corrupción e impunidad y en repetir promesas anteriores, llegando al extremo de sostener que  la nacional es una sociedad de clase media con progresiva reducción de la pobreza.

Los aciertos notables

            No es posible desconocer los aciertos del gobierno del presidente Danilo Medina sin caer en la mezquindad, relevantemente por haber cumplido la ley y reclamo ciudadano de elevar la inversión en educación, que ha adelantado en la construcción de aulas y comienza la estancias infantiles, en la formación de maestros, becas, desayuno y almuerzo escolar.

También tiene derecho el mandatario a exhibir sus obras viales, continuidad de una política de su antecesor y muchas otras construcciones físicas, aunque la inversión se haya estancado en un 16 % del presupuesto nacional, porque se mantiene el incremento desbordante del gasto corriente. Pero no hay dudas que también ha destinado más recursos a crédito para pequeñas y mediana empresas y productores agropecuarios.

El presidente Medina se ha empeñado en acercarse más a la población, aunque lo hace distribuyendo el dinero que corresponde a los ayuntamientos, a los cuales les ha reducido la asignación por debajo del 3%, en vez del 10 que establece la ley de municipios. El crecimiento, aún ralentizado el año pasado, del 4.6% y la inflación del 4% son también logros de la gestión. Pero no hay ninguna revolución ni educativa, ni del transporte, ni del campo, como ha indicado, que lo proyecte como un nuevo ser providencial que debe continuar en el poder sin medir costo institucional y moral por encima de lo dispuesto en la Constitución que él mismo promovió para reelegirse hace apenas dos años.

Mientras manifestantes transportados pedían  “cuatro años más”, Danilo Medina los alentaba con la conocida proclama de que “aún nos queda mucho por hacer”, prometiendo que después de más de cinco años de trabajo intenso “no vamos a parar, No vamos a bajar el ritmo. Especialmente ahora, después de todas las batallas que hemos ganado juntos”.

Omisiones fundamentales

            Como advirtió el reconocido sociólogo César Pérez lo más desconcertante no fue lo que el presidente dijo, sino lo que omitió, comenzando por los recurrentes déficits de toda una década, que conducen el país hacia la insostenibilidad fiscal, y la consiguiente carrera de endeudamiento estatal que el año pasado pasó de 40 mil millones de dólares, creciendo a un ritmo de 12 millones de dólares, más de 580 millones de pesos,  por día, que ya sobrepasan el50% del PIB y cuyos intereses ya comprometen el 24% de los ingresos.

Pasó por alto el informe que acaba de emitir una misión del FMI advirtiendo la necesidad de contener el ya crónico déficit fiscal, las advertencias sobre insostenibilidad formuladas a fin del 2017 por las escuelas de economía de la Universidad Autónoma, de la Universidad Madre y Maestra y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, así como por múltiples economistas y centros de estudios económicos.

El informe presidencial ignoró que el año pasado el país fue sacudido por multitudes que reclamaron en las calles límites a la corrupción y la impunidad, a partir del escándalo Odebrecht y los que se sucedieron cada mes. No mencionó la palabra Odebrecht ni siquiera para explicar cómo esa empresa va a concluir las plantas de carbón sin que se le pague los 708 millones de dólares adicionales que reclama.

Tampoco se refirió el presidente a los factores que han impedido la conclusión del Pacto Eléctrico, ni mucho menos a las razones por las que no ha iniciado las gestiones del Pacto Fiscal, mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, con plazos vencidos, y a los que él mismo se había comprometido desde su discurso de juramentación del 2012.

Manipulación de datos

            Hubo en el discurso de Danilo Medina manipulaciones de datos, por ejemplo en el presupuesto de salud y de la justicia, comparando la asignación total del 2012-18, en vez de hacerlo como porcentaje del gasto total. En salud hace tiempo que está estancado, por debajo del 2% del PIB cuando los organismos internacionales sugieren el 5, y es de los más bajos de la región.

En cuanto al Poder Judicial es peor, porque la ley194-04 le asigna el 2.66% de los gastos, y en el período 2012-18 apenas le otorgan un promedio del 1.1%, y el 46.5% de lo que les correspondía. Si bien los $6,872 millones del año pasado, superaron en más de 66% los 4,007 del 2012, eso sólo fue superior en 0.2% y el 48% de lo que le correspondía por ley. Por igual a la Procuraduría General de la República la ley le dispone el 1.4% y se le entrega el 0.8% que representa el 66% de lo correspondiente en los cinco años, según cuadro del experto fiscal José Rijo.

Igual es manipulación anunciar que las exportaciones dominicanas alcanzan por primera vez los US$10 mil millones, Según el Barómetro del Comercio del Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano, de la Universidad Madre y Maestra, en 2017 fueron por US$8,831millones, pero sólo US$3,236 de los exportadores nacionales, y la mayoría de las zonas francas. Pero Medina ignora que hubo un desbalance o déficit comercial de US$9,184 millones, ya que las importaciones totalizaron US$18,015 millones.

Por igual el presidente se encontró con una evaluación positiva a la transparencia de su gobierno de la Oficina de Presupuesto Abierto Internacional para defenderse, pero ignoró que las más reconocidas del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional lo colocan entre los más opacos y de mayor corrupción en el mundo.

El país de clase media        

            Pero lo que más burla ha levantado del discurso de Medina es su afirmaicón de que la RD es ya un país de clase media, gracias a la redención de la pobreza en sus cinco años de gobierno. El destacado sociólogo Cándido Mercedes cita el parámetro del Banco Interamericano  de Desarrollo de un ingreso entre US$10 y US$50 diarios para ser considerado clase media que él redondea entre $15,000 y $75,000 mensuales.

El promedio de los salarios formales dominicanos estimado en $21.000, queda lejos de esa meta, mientras el costo promedio de la canasta familiar es situado por el Banco Central en $30,000. El 80% de los asalariados formales ganan menos de $25,000, y el ingreso de los informales es un tercio menor. El salario mínimo en zonas francas es $9,000  y sus 165,796 empleados ganan un promedio de apenas $11,000. En turismo es un poco mejor, con 330 mil empleados, pero el salario mínimo está aún en $10,300. Cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre está en $14,000.

Medina segura que se crearon 120,237 empleos el año pasado y hasta que en mayoría formales, pero el Centro Regional de Estudios Estratégicos Sostenibles (CREES) asegura que la mayoría fueron informales, y amprado en estadísticas del Banco Central publica un cuadro donde consigna que apenas en el gobierno creció el empleo formal, en 2017, con 44,004, y que en el sector privado se redujo en 6,092. Afirma que el año pasado la informalidad creció al 58.7% del total de los empleados.

Pese a ser este un país de clase media, contrasta que el 48% de los jóvenes hayan dicho que planean irse del país, según el Barómetro de las Américas. Y el mismo 27 de febrero 20 dominicanos eran detenidos tratando de ingresar por yola al devastado Puerto Rico.

Repetición de promesas

            En el discurso abundaron repeticiones de promesas de obras, como la de la Presa de Monte Grande y muchas viales, sin explicar cuáles están incluidas en el presupuesto nacional. Parece haber olvidado  los 7 grandes obras para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del sur, prometidos el año pasado.

Olvidados están también los compromisos anteriores de revisar el modelo económico nacional,  pero se repiten promesas de fortalecer la frontera, de revolucionar el t4ransporte urbano, de viviendas, agua potable y electricidad, cuyas carencias no son compatibles con países de clase media.

Otro vacío fue el de la institucionalidad democrática. El presidente expresó su esperanza de que se aprueben ls reformas electorales, pero sin asumir mayor compromiso, ni tratar de  desbloquearla, ni mucho menos responder los cuestionamientos de la sociedad civil o de los partidos de oposición, que para él no existen, como tampoco los gobiernos municipales.

En resumen, el discurso tuvo sus aspectos positivos, pero el presidente Medina no trató de disipar las mayores incertidumbres económicas ni políticas.-

Es difícil sustituir los carro-conchos con mayoría del pasaje, y el metro 6%

A1El drama del transporte de la gran urbe de Santo Domingo es cada año peor, a pesar de la enorme inversión en un metro que a 9 años de operación apenas moviliza el 6% de los pasajeros, mientras el 90% sigue dependiendo de carros, minibuses y motores

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Causó gran sorpresa el anuncio de la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, de que sacarán los “carro-conchos” de las nueve avenidas principales del Gran Santo Domingo, cuando ese medio suple gran parte de la demanda de una población de 3 millones 775 mil 455 al 2017.

Otra información reciente evidencia que la inversión en el metro de Santo Domingo sigue siendo un fiasco, cuando a 9 años del inicio de sus operaciones y cinco de su segunda línea, sólo cubre el 6% de la demanda de transporte público en la capital, sin concluir la línea 2-B a casi 2 años que “la puso en operación” el presidente Danilo Medina.

Un persistente fracaso

            Ya en los años cincuenta, cuando la capital dominicana llegaba a los 500 mil pobladores, el transporte público se realizaba mayoritariamente en los llamados “carros de concho”. El estudio en que se fundamentó la nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  63-17, titulado Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo 2012, estableció que los conchos, microbuses, minibuses y motocicletas  movían más del 91% de los pasajeros capitalinos.

Las estadísticas se ese diagnóstico parece que siguen siendo la referencia, pues fueron avaladas en un foro sobre seguridad vial el año pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hace 6 años los conchos fueron estimados en 16 mil 500 (ahora más de 20 mil) y junto con 2 mil 800 micro y minibuses, movilizaban el 80.5% de los pasajeros de la gran urbe que abarca el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Le seguía el peligroso “moto-concho”, en motocicletas, que cubría el 10.6%, los 160 autobuses de la OMSA el 3.6%, el metro estaba en 3.3%, y 90 autobuses privados el 2%. No se precisaba el porcentaje que se movía en conchos, pero los expertos aseguran que alrededor de la mitad. Desde entonces lo que más ha crecido es el moto-concho, tanto que la directora del INTRANT los cuantificó el mes pasado en la mitad de más de 2 millones de motocicletas.

Hace más de cinco décadas que se viene anunciando la sustitución de los carro-conchos, lo que requiere una gran inversión en vehículos de transporte colectivo, como autobuses, y nada se ha avanzado, registrándose un persistente fracaso en las inversiones públicas al efecto, incluyendo la del metro, y el sector privado ha preferido concentrarse en las rutas interurbanas, donde no hay control del costo de los pasajes.

Un anuncio precipitado

            Lo mínimo que se puede estimar del anuncio de la exclusión de los conchos de nueve principales avenidas es que fue precipitado, porque primero tendrían que invertir en muchos cientos de autobuses, y luego ver cómo controlar a una masa de 20 mil operadores que defenderán su medio de vida. El marco regulatorio y su cumplimiento son tan débiles que no se ha podido evitar que esos mismos operadores ocupen un carril en cuadras enteras de alto tráfico en las principales avenidas, aún del polígono central.

Pero si por ineficiencia fuera, la mayor ofensiva debería hacerse contra el moto-concho que tiene un costo escandaloso en muertes y lesionados y que contribuye en gran medida a que el país sea el segundo en el mundo en tasa de mortalidad por accidentes  vehiculares. La directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Alexandra Izquierdo,  informó en octubre que 18  mil 800 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito entre el 2007 y 2016, y todas las estadísticas  indican que casi dos terceras partes en motocicletas. El presidente de la Fundación Red de la Dignidad, ingeniero Mario Holguín sostuvo en el foro sobre seguridad vial que el país gasta anualmente por los accidentes de tránsito tanto como el 4% del PIB que se destina a educación.

El moto-concho es una de las más claras expresiones de la pobre calidad del empleo en el país, de la informalidad en que el 59 por ciento se gana la vida. Tal vez sea exagerado estimarlos en el 50% de las motocicletas, pero es seguro que son más de medio millón y que resultará de alto costo social desplazarlos para juntarlo al otro medio millón en que se calculan los que no tienen oportunidad de estudiar ni trabajar.

El pobre metro capitalino

            Hace dos semanas muchos ponderaron como gran éxito que el metro de Santo Domingo transportara 75.6 millones de pasajeros en el 2017, pero resulta que esa cifra apenas representa el 6.4 por ciento de la demanda del Gran Santo Domingo, que dividida entre 360 días promedia 212 mil 500 pasajeros diariamente.  Cuando el diagnóstico del 2012 la población era de 3 millones 339 mil, y se estimó una demanda de 3 millones de pasajes, que ahora serían 3 millones 300 mil, guardando proporción al incremento poblacional. La ONE proyecta la población al 2017 en 3 millones 775 mil 455.

Es dramático que tras una inversión que se estima en más de 2 mil millones de dólares, en las dos líneas del metro y la extensión en curso de la segunda, ese vehículo apenas transporte poco más de la mitad de los que mueve el moto-concho. Asumiendo que sus 212 mil 500 pasajeros diarios son en ida y vuelta, entonces los beneficiarios del metro serían sólo 106 mil 250 personas, el 2.81% de la población de la urbe que se divide en 2 millones 753 mil 219 en la provincia Santo Domingo y 1 millón 22 mil 236 en el DN.

Para esos 106 mil que se benefician, a un precio promedio subsidiado de 20 pesos, el metro es una bendición caída del cielo. Pero con lo que ha costado se habría podido colectivizar el transporte y renovado los autobuses en una solución de carriles exclusivos y trenes aéreos, abaratando para todos un transporte público que consume entre 15 y 20% de los salarios del 67% de los empleados, trabajadores formales o informales.

Un tren demasiado lento

            No puede haber duda de que el metro de Santo Domingo ha sido un tren demasiado lento como solución del transporte capitalino. Se inició al comenzar el 2005 y su primera línea arrancó en enero del 2009, sirviendo al 3% de los pasajeros. Con la segunda línea, abierta en abril del 2013, los duplicó al 6.l % en el 2015, ínfimo en relación a las expectativas creadas y la inversión, y en dos años sólo avanzó hasta el 6.4% actual, ahora con mayor población.

La ineficiencia ha sido fruto de la improvisación, comenzando por la primera línea que se trazó de norte a sur, de mucho menos tráfico humano que de este-oeste que se ha pretendido cubrir con la segunda, pero ésta no penetró a ninguno de los barrios de gran población del este y oeste capitalino. Eso se alcanzaría con la línea 2-B, o tercera, que uniría a Los Alcarrizos con Los Minas. Se debe esperar que entonces los usuarios del metro superen al moto-concho.

La utilidad ya sería mucho mayor si hubiesen implementado las “rutas alimentadoras” del metro, con un sistema de relevo que abarataría el costo para los usuarios, muchos de los cuales siguen utilizando el sistema obsoleto porque no pueden pagar dos o tres veces. El informe sobre la utilidad del metro el año pasado muestra claramente que está concentrada entre 7 y 10 de la mañana y entre 5 y 9 de la noche, llegando a transportar hasta 15 mil pasajeros a primera hora de la mañana, cuando incluso los vagones ya son insuficientes, pero se cae a una cuarta  parte el resto del tiempo.

El metro de Santo Domingo se inscribió entre los sueños del “Nueva York Chiquito” del presidente Leonel Fernández. Cuando lo anunció por primera vez en el 2004, al inicio de su segundo período de gobierno, la mayor parte de los expertos lo consideraron una solución muy costosa y recomendaron otras de menor costo y más rápidas. El Consejo Económico y Social que él mismo había creado, recomendó seguir los criterios de los expertos, lo que el mandatario pareció acoger, pero en enero del 2005 lo inició sin más discusiones.

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La línea 2-B que “manejó” Danilo

Cuando Leonel Fernández salió del poder en el 2012 dejó por la mitad la prolongación de la línea 2 de su metro, denominada 2-B, pero su sucesor Danilo Medina la ha conducido lentamente y cinco años y medio después no la ha terminado, aunque hace 21 meses, en mayo del 2016 durante su campaña electoral reeleccionista él mismo, con gran comitiva y mucha propaganda, “manejó” un tren prestado de la línea 2 y se anunció su próxima puesta en servicio.

El ingeniero Diandino Peña, hasta mayo del año pasado, director de la OPREP y de la construcción del metro, reclamó varias veces los recursos para concluir la obra. Dijo que ya habían invertido en la línea 2-B unos 385 millones de dólares, pero que el Congreso no había aprobado un préstamo por otros 60 millones para la compra de los vehículos, que tan pronto llegaran podrían completar y operar la ruta complementaria. Pero advirtió que no sabía cuánto tiempo tomaría la entrega, después que los contrataran.

Mientras tanto, la enorme inversión del metro todavía no se justifica y nadie precisa cuál ha sido su costo, incluyendo el pago de los intereses del financiamiento y el tiempo perdido mientras el tránsito y el transporte urbano capitalinos son cada día más caóticos.-

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Sigue un cuadro

                                             Metro de Santo Domingo      

2015                            2016                            2017

Total  de pasajeros                   66.2 millones               74.1 millones               76.5 millones

Pasajeros  por mes                  5,5 millones                  6.1 millones                 6.3 millones

Pasajeros por día                     183,989                       205,833                       212,500

Beneficiarios (ida y vuelta)     91,995                         102,916                       106,250

Porcentaje del pasaje                    6.1%                           6.3%                            6.4%

Porcentaje de la población            2.6%                           2.7%                           2.8%

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La Marcha Verde debe seguir sin cansarse ni sobrestimarse

La Marcha Verde afronta el desafío de seguir acumulando fuerza con metas realistas, consciente de que doblegar la corrupción y la impunidad no es cuestión de meses, controlando a los que se desesperan y a quienes subestiman el poder gubernamental  

Por Juan Bolívar Díaz

El movimiento Marcha Verde (MV), reconocido como el acontecimiento político-social más impactante del año pasado, tiene su primer desafío del 2018 el próximo domingo 28 con una concentración ante el Palacio Nacional llamada a demostrar que, al cumplir su primer aniversario,  no se ha extinguido como anhelan y pregonan los voceros del gobierno.

Para entonces los líderes del movimiento contra la corrupción y por el fin de la impunidad tendrán que presentar demandas concretas con metas alcanzables progresivamente y fomentar la conciencia de que vencer las resistencias de un sistema político profundamente corrompido no es cuestión de meses, probablemente años, aún con la incorporación de múltiples segmentos sociales.

La convocatoria al Palacio

Una asamblea nacional de la MV impuso una meta muy alta para comenzar el 2018, después de una pausa de meses en sus exitosas movilizaciones por gran parte del país, como es la de reunir una significativa concurrencia ante la sede del gobierno que se da por hecho que tendrá un cerco policíaco militar capaz de disuadir a una proporción de los inconformes.

Hubiese sido mejor inversión repetir la marcha con que arrancó el movimiento el 22 de enero del 2017, la cual partió de la confluencia de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez hasta el Altar de la Patria, pasando por el costado norte del Palacio Nacional, para demostrar que ahora son muchos más los que sustentan la lucha contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Pero predominaron los “más vigorosos” que ya para la marcha del 16 de julio querían ir hacia la sede del gobierno, y luego proponían una ruta de 12 kilómetros, a la Plaza de la bandera en la avenida Luperón, inalcanzable para las mayorías.

La concentración del 28 está prevista para la confluencia de la avenida México y 30 de Marzo, con tribuna de espalda al Palacio, conscientes de que las autoridades establecerán límites que tendrá que acatar una movilización ciudadana pacífica y ordenada, que convoca hasta a los niños, y le obligará a invertir recursos humanos para evitar y evadir provocaciones que degeneren en algún incidente para buscar su descrédito. El gobierno, que ha evadido confrontar abiertamente el movimiento no puede exponerse a una represión que potencie la protesta, pero sus bocinas intentarán meter miedo para reducir la participación.

Seguir acumulando fuerza

No hay dudas de que la MV logrará una gran concurrencia el 28, cuando deberá presentar la agenda para el 2018, que diseñó en los foros regionales de noviembre y diciembre pasados.  Lo que correspondería es proseguir la acumulación de fuerza manteniendo las características que le han dado impacto, de movimiento ciudadano pacífico y ordenado, de amplio espectro social, apartidista, de un gran liderazgo horizontal, sin protagonismos individualistas,  que convoca a todos los preocupados por el nivel que ha alcanzado la corrupción y la impunidad que la incentiva.

Los que pretenden milagros a corto plazo se muestran insatisfechos de los resultados del primer año de la MV, aunque la mayoría de sus líderes están conscientes del impacto logrado, posicionando la preocupación por la corrupción y la impunidad en el primer plano del debate nacional en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y en las tertulias cotidianas. La concentración evangélica del día de año nuevo y la pastoral de los obispos dominicanos de esta semana podrían ser fruto de la esencia de la movilización ciudadana. La orden de los Jesuitas difundió un video exhortando a proseguir la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Es obvio que el  gobierno y sus sustentadores han apostado a que la población se canse de marchar, guardando silencio frente a la movilización y sus demandas, pero no han podido dejar traslucir sus temores de que alcance mayores dimensiones, sobre todo cuando tiene pendiente en lo inmediato documentación de las acusaciones por el escándalo Odebrecht y salida de la incierta situación de las polémicas plantas de carbón, cuya finalización está afectada por la demanda de  708 millones de dólares adicionales para una obra considerada sobrevaluada desde su inicio.

Hay quienes se desesperan y preguntan si la MV podrá alcanzar su objetivo fundamental. Y la respuesta es que lo peor es darse por vencido o pretender que toda una cultura de corrupción puede ser desarraigada en cuestión de meses. El éxito de la lucha por la aplicación de la ley del 4% del PIB para la educación fue fruto de la persistencia de la movilización ciudadana durante varios años y era más fácil que poner límites a la corrupción y la impunidad.

Un programa aglutinante

La MV tendría que darse un programa que  siga convocando la ciudadanía, acentuando didácticamente la iniquidad de la corrupción y sus perjuicios, sobre todo para los sectores sociales excluidos y los más carenciados, que no han predominado en el movimiento de perfil de clases medias.            Es fundamental proponerse metas alcanzables que no generen frustración, y aún si no se consiguen, que  mantengan la indignación. Las propuestas que luzcan ambiciosas, en vez de sumar, desalientan a las mayorías adormecidas en los últimos tiempos por políticas de desmovilización y de cooptación de la dirigencia social, tanto en los niveles populares, como en los sindicales, gremios profesionales y empresariales, medios de comunicación, periodistas, artistas e intelectuales.

Como la MV no es un partido que pretenda el poder para transformar el país, sus metas tienen que estar vinculadas al combate de la corrupción y la proscripción de la impunidad, tanto de corto como mediano y largo plazo, enfatizando un calendario de prioridades.

En lo inmediato debería exigir que el 7 de febrero, al término del plazo de 8 meses, para fundamentar acusaciones por los sobornos del escándalo Odebrecht, la Procuraduría General presente las investigaciones realizadas en el país, independientemente de los vagos testimonios obtenidos en Brasil. También para que procese a todos los implicados, que presente la correspondiente investigación de las denuncias de sobrevaluaciones de las obras y del financiamiento político y que no se pague un peso más por las plantas de carbón.

Otras demandas inmediatas deben dirigirse al presidente Danilo Medina para que desbloquee la aprobación de las urgentes leyes del Régimen Electoral y de partidos, enfatizando los aspectos llamados a reducir la corrupción, como el alto costo de las campañas electorales sin controles ni sanciones, que auspician el abuso de los recursos estatales, la incursión de dinero mal habido, el rentismo empresarial y el culto al clientelismo que manipula la conciencia de los pobres.     De mediano y largo plazo

            En los próximos meses empieza la renovación de órganos como el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, que deben tener la atención de la MV por cuanto inciden en el control de la corrupción política y derechos ciudadanos. Sin descuidar el seguimiento firme al rosario de decenas de escándalos de corrupción pendientes de esclarecimiento y sanciones,

            El programa de la MV tendría que implicar metas de mediano y largo plazo, como las reformas institucionales para dar vigencia a la independencia de los poderes del Estado, especialmente de la justicia y el ministerio público, y para constituir los órganos de control del Estado, desde la Suprema Corte y la Junta Central Electoral, hasta el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional,  Cámara de Cuentas y Defensoría del Pueblo. Y para que el Congreso cumpla su función fiscalizadora, sin barrilitos ni cofrecitos.

Estas metas son de mediano y largo plazo por cuanto implican una reforma constitucional que no saldrá de un Congreso controlado plenamente por el mismo partido gobernante, pero son fundamentales para la regeneración institucional y el control de la corrupción y de la persistente impunidad. Todo eso es más aglutinante que la petición de renuncia y/o de juicio político al presidente Medina, cuando éste tiene bajo absoluto control todos los órganos del Estado.

Ni subestimar ni sobrestimar

            Los sectores incidentes en la MV tienen que tener en cuenta que el PLD ni su gobierno cederán nada si nl se ven obligados, para lo cual al movimiento y a la oposición política partidista les falta acumular mucho más fuerza, evadiendo la confrontación con acciones que, como un paro general que algunos acarician, sólo servirían para alejar sectores que apenas empiezan a caminar.

Algunos recuerdan las paralizaciones de los ochenta y noventa, pero olvidan que las promovían los sectores sindicales y populares, y estuvieron siempre acompañadas de coerción al comercio y los transportistas, con obstrucción de calles y carreteras, quemando gomas y árboles, y que nunca lograron cambios significativos.  Métodos que desnaturalizarían los pacifistas de la MV que han movido hasta a las monjas con todo y hábitos y a sectores empresariales.

A atletas que apenas comienzan a caminar no se les puede proponer que salten obstáculos o emprendan maratones, sin riesgos de que se sienten o se lesionen. La dirección de la MV ha tenido éxito en contener a los más entusiastas que sobrestiman sus propias fuerzas y subestiman las de un gobierno con amplio control político y social. También a quienes pretenden convertirla en partido político, desconociendo que ahí mismo empezaría a dividirse y reducirse, porque en ella participan militantes de una decena de grupos partidistas que no han pido concertar y menos unirse.

La coyuntura electoral

Los dirigentes de MV tienen también que seguir conteniendo las corrientes anti partidos, propias de coyunturas revolucionarias donde las masas se imponen a todo costo, lo que está lejos de la realidad. Su éxito dependerá de la persistencia en sus objetivos, como fue el caso del movimiento  por el 4% del PIB para la educación, que logró imponer su meta en la campaña electoral del 2012, por su capacidad para negociar con los partidos, incluyendo al de gobierno.

A menos que se produzca un desbordamiento de masas o un abrupto descalabro económico, que no están en el horizonte del corto plazo, el punto de inflexión para la Marcha Verde será la coyuntura electoral del 2020. Si llega con mayor fuerza  podría obligar a los gobernantes a acoger sus reclamos, o a los partidos opositores a levantarlos en un amplio frente. Si ninguna de estas dos alternativas operan, entonces, y sólo entonces, pudiera nacer alguna opción política nueva.     Pero que nadie sueñe con programas revolucionarios ni ambiciosos, pues la coyuntura nacional ni la internacional parecen ni remotamente propiciarlos. Un proyecto de transición democrática que revierta el deterioro institucional, con respeto de la Constitución y la leyes, que contenga la corrupción, la impunidad y la carrera insostenible de endeudamiento y que mejore las políticas sociales y promueva equidad, sería una revolución en las circunstancias actuales.-

Alianza por el derecho a la salud

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Resulta positivo que una treintena de organizaciones sociales y personalidades públicas hayan constituido una Alianza Por el Derecho a la Salud (ADESA), respondiendo a los persistentes problemas de la salubridad nacional, que durante el año recién concluido registró un vergonzoso incremento de las muertes maternas e infantiles, en las que el país ya ocupaba el cuarto y segundo lugar, respectivamente en América Latina y el Caribe.

Esa preocupación debe conectar con el anuncio de la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, de que a mediados del año estará listo un Plan Decenal de Salud y con el llamado del director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH-SIDA, Víctor Terrero, a una jornada nacional permanente contra la mortalidad materna, que a su juicio debe incluir no sólo a los organismos estatales y los gremios sectoriales, sino también a las organizaciones sociales.

Las estadísticas indican que el año pasado el esfuerzo oficial logró reducir significativamente la incidencia de enfermedades contagiosas como el dengue, cólera, malaria y chikungunya, no así la leptospirosis, pero es relevante que no pudieran combatir eficazmente las muertes materno-.infantiles, aunque fue propósito anunciado por el ministerio de Salud al comienzo del 2017.

A mediados del año pasado, un informe de Unicef colocó al país como el segundo en mortalidad neonatal, y desde años anteriores es el cuarto en mortalidad materna en la Latinoamérica. Las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud, muestran que el año pasado hubo un crecimiento sobre el 10 por ciento en  muertes maternas e infantiles, Algo que debería avergonzarnos a todos en pleno siglo 21.

No hay manera de desligar esa ocurrencia del hecho de  que mil 400 médicos y 2 mil 500 enfermeras fueran pensionados sin que se hayan designado sus sustitutos, y de que cerca de medio centenar de hospitales de todo el país permanecen severamente afectados por la reconstrucción a que fueron sometidos al mismo tiempo hace al menos cinco años. Entre ellos los dos principales hospitales de maternidad del gran Santo Domingo y los dos mayores de Santiago, incluyendo al materno-infantil. Estamos pagando las consecuencias de la improvisación y el reparto alegre de obras, sin contar con los recursos necesarios. T en casi todos los costos contratados originalmente han sido superados con creces.

Hay que aferrarse a la esperanza de que esta vez, a diferencia del anterior, el Plan Decenal de Salud en proceso de elaboración, resulte lo que fueron programas similares puestos en vigencia para la educción, en cuanto crearon las condiciones que propiciaron el cumplimiento del mandato de la Ley General de Educación de 1997 que dispuso una inversión mínima del 4 por ciento del PIB para ese sector. Todos sabemos que en Salud Pública todavía estamos a menos de la mitad del 5-6 por ciento del PIB que recomiendan para el sector los organismos internacionales especializados y que en esa materia también nos encontramos en la cola regional.

Mientras tanto  se impone que el gobierno cumpla lo antes posible la promesa formulada por el presidente Danilo Medina en su informe del 27 de febrero pasado, de que concluirían las remodelaciones de 56 hospitales. Parece que apenas pudieron terminar unos ocho, y  que en muchos se avanzó muy poco. El gobierno se mostró satisfecho del aumento en las personas incorporadas al Servicio Nacional de Salud, pero de nada vale una tarjeta plástica, sino mejoran los servicios hospitalarios y se evitan los conflictos con los gremios generan frecuentes paralizaciones por asuntos como los salariales, sobre los que ahora se anuncian acuerdos.

Por todo eso resulta positiva la emergencia de la ADESA que el próximo domingo realizará una caminata en plena capital para reclamar los recursos que son urgentes para enfrentar lo que se ha considerado como colapso de los servicios hospitalarios de salud.-

 

 

 

Los grandes retos para el Gobierno, los partidos y la sociedad en el 2018

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 La respuesta judicial al escándalo Odebrecht y la corrupción, la conclusión de las plantas de carbón, el déficit fiscal y endeudamiento, el acato al límite constitucional para la reelección, las reformas electorales y los problemas de salud y seguridad son los mayores desafíos para el gobierno     

Por Juan Bolívar Díaz

            El presidente Danilo Medina afrontará grandes retos institucionales, económicos y políticos en un año que agotará más de la mitad de su gobierno, comenzando con su propia base de sustento partidista sumida en una parálisis por la emergencia de tendencias continuistas que precipitan  una pre-campaña electoral del expresidente Leonel Fernández.

Las limitaciones fiscales, las dificultades para concluir su obra cumbre de las plantas de carbón de Punta Catalina y la respuesta judicial al escándalo de Odebrecht marcan el inicio de un año fundamental para que la oposición política empiece a constituir una alternativa organizativa y con base en las reformas electorales pendientes.

Los primeros desafíos

            Entre los primeros desafíos que enfrenta este año el gobierno está la respuesta al escándalo de corrupción Odebrecht. El 7 de febrero se cumplen los 8 meses del plazo para que la Procuraduría General formalice o amplíe las acusaciones presentadas  a finales de mayo contra 14 implicados en los soborns denunciados por 92 millones de dólares. Aunque el juez Francisco Ortega dictó coerción el 7 de junio, posteriormente la jueza Miriam Germán, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, consideró el expediente cargado de vaguedades o suposiciones.

La generalidad de opiniones de juristas, abogados defensores y comentaristas han coincidido en que el ministerio público se limitó a transcribir las implicaciones caracterizadas por generalidades, que le entregó la justicia brasileña, con notoria ausencia de investigaciones en el ámbito nacional para documentarlas. Lo más objetivo o documentado del expediente fueron el centenar de transferencias de cinco empresas offshore de Odebrecht a dos del dominicano Angel Rondón por 83 millones de dólares. El 21 de diciembre Rondón fue incluido por Estados Unidos en una lista de 15 personas a las que acusa de corrupción o violación de derechos humanos, lo que fue interpretado como aviso de que da seguimiento a las denuncias de Odebrecht ante su justicia.

El gobierno afronta la primera renovación de cuatro de los 13 de los integrantes del Tribunal  Constitucional cuyo  período de 6 años venció en diciembre: Víctor Gómez Bergés, quien por edad debió ser relevado en el 2015, Jottyn Cury David, Leyda Margarita Piña, e Idelfonso Reyes. Con el control mayoritario del Consejo de la Magistratura, será importante hacia qué dirección se inclina el presidente Medina.

La confrontación política

            Con el inicio de la legislatura a fin de febrero, se verá si el presidente mantendrá su empeño en imponer el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, que se inscribe en la ruta continuista que se le atribuye, lo que congeló en el Congreso el proceso de aprobación de la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral, ambas orgánicas, por lo que requieren dos tercios de los votos.

El tranque ha dejado paralizado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que no ha podido decidir al respecto. Pasado más de tres meses de la última reunión de su Comité Político el 2 de octubre, donde decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminen sobre si la imposición a todos los partidos de esa forma de elección es inconstitucional, como ya decidió en el 2004 la Suprema Corte de Justicia sobre una ley que la había establecido.

El discurso-informe del presidente ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero, será crucial para despejar la atmósfera política en su propio partido y a nivel nacional, dependiendo de que prosiga o no la ruta de la imposición, lo que mantiene un malestar que abarca la mayoría de los partidos y de las instituciones sociales, y ha disparado la lucha interna a niveles sin precedentes en el PLD.

El mandatario podría seguir guardando silencio sobre lo que es obvio, pero mientras tanto, su contrincante interno, el expresidente de la República Leonel Fernández,  por demás presidente del PLD, aprovechó diciembre para lanzarse al medio de la calle en la búsqueda de apoyo público para una eventual candidatura que Medina no parece dispuesto a avalar. La decisión sacudirá la segunda mitad de su período gubernamental.

Sociedad civil y oposición

            Las dificultades del continuismo en el poder podrían agravarse por efectos externos de repercusión fiscal, como la tendencia alcista del precio del petróleo y la drástica reducción de impuestos decidida en Estados Unidos, que podría generar alzas de intereses.

Está por verse si el Movimiento Marcha Verde logra mantener el vigor que exhibió a lo largo del año pasado, cuando se constituyó en la principal preocupación política para el PLD y su gobierno. La primera prueba será el 28 de enero cuando ha convocado una marcha hacia el Palacio Nacional conmemorativa de su debut el 22 de enero del 2016, cuando sorprendió al país al movilizar a decenas de miles de ciudadanos. Tras una decena de grandes marchas por el país, la última 16 de julio con más de cien mil manifestantes en Santo Domingo, quedó como la mayor demostración de la ciudadanía  dominicana.

La oposición política al régimen peledeísta, debilitada desde los desmembramientos de los tradicionales partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, consumidos por luchas internas e incentivos estatales, afronta este año el desafío de su recomposición a través del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que emergió como alternativa en las elecciones del 2016 con el 35 por ciento de los votos.

El fortalecimiento de la opción PRM depende en gran medida del éxito que alcance el 18 de febrero cuando tendrá su primera votación para elegir sus dirigentes nacionales, municipales y locales con un padrón de casi 500 mil militantes confeccionado en los últimos meses. Si prevalece la voluntad mayoritaria de sus miembros, sin mayores conflictos, se fortalecería como partido de oposición y liquidaría el argumento de que los partidos nacionales no pueden tener un padrón confiable de miembros.

Los problemas de fondo

Las prioridades que ponga en ejecución el presidente Medina a partir de este año  indicarán si asume que está en su último periodo, “y que no podrá postularse jamás al mismo cargo”, como consigna su modificación constitucional del 2015 que le permitió optar por su segundo mandato. Así como no debe esperarse que a estas alturas emprenda la urgente pero difícil reforma fiscal, cuyos beneficios netos se cosecharían al finalizar del período, tampoco debería emprender obras que no pueda terminar en dos años, y por el volumen de inversión que demandan, como la presa de Rio Grande en el sur, o el proyecto de remodelación de La Ciénaga-Los Guandules en Santo Domingo.

Las nuevas inversiones deberían priorizar la conclusión de obras fundamentales como las plantas de carbón, afectada por la grave disyuntiva de dilación por un arbitraje internacional que plantea el reclamo de 708 millones de dólares adicionales por la constructora Odebrecht. Así mismo la segunda línea del metro capitalino, a paso de tortuga aunque  Medina la “estrenó” en la campaña electoral del 2016,  el teleférico de Santo Domingo y la remodelación de casi medio centenar de hospitales, varios de los mayores del país, que llevan cinco años semiparalizados. Es lógico el anuncio de  expansión del exitoso programa 911, que ya opera en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Puerto Plata.

En lo que le queda de período el gobierno de Medina ya sólo podrá poner parches en los problemas de fondo, como agua potable, electricidad, seguridad ciudadana, salubridad y seguridad social, reordenamiento del transporte y vivienda, con programas limitados por la precariedad de financiamiento. Mientras al mismo tiempo tendría que contener el déficit fiscal y su correlativo endeudamiento. Parece tarde para alcanzar  mejoramiento de la competitividad y reducción del crónico déficit de balanza comercial.

Necesidad de nuevo aliento

Ya sea que Danilo Medina acate el imperio constitucional que le prohíbe buscar otra reelección, o que contribuya a desmembrar su poderoso partido y enfrentar al resto de la sociedad, para aspirar al éxito requiere insuflar un nuevo aliento, como jefe del Estado.

La reducción del crecimiento económico durante el año pasado constituye un reto adicional, y el gobierno ha comenzado el año en conflicto con el fundamental sector turístico al cambiar unilateralmente las reglas, sin previo estudio ni consulta, para permitir edificaciones de hasta 22 pisos en las playas, con grandes inversiones limitadas a cinco.

El segmento más vivo de la sociedad dominicana ha iniciado el 2018 agobiado por la corrupción, la impunidad y la desconfianza en las instituciones estatales, manifiesta en las calles, en las encuestas y en el debate de los medios de comunicación.

Hay quienes tienen confianza en que Danilo Medina se sobrepondrá a los intereses que abogan por el continuismo a cualquier precio, y leerá los signos de los tiempos buscando el aliento necesario para concluir su gestión gubernamental con relativo éxito. Pero eso ya no será posible prolongando su silencio y dejando que prosiga la impunidad generalizada y el desprecio a la institucionalidad democrática.-