Otra reelección de Danilo Medina le saldría muy cara a la nación

25_08_2018 HOY_SABADO_250818_ El País11 A

El presidente Medina incentiva el debate sobre si buscará una segunda reelección consecutiva, lo que muchos dan por hecho, aunque el escenario constitucional y político luce tan adverso que dilatar su decisión podría dejarlo sin pito, sin flauta, y sin que tocar

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina acabó de alborotar la opinión pública con su anuncio de que  será en marzo o julio del año próximo cuando hará pública la decisión, que dijo ya tiene adoptada, de si buscará postularse para un tercer período de gobierno consecutivo, aunque la Constitución que él mismo promulgó hace sólo tres años se lo prohíbe taxativamente.

En lo inmediato el planteamiento presidencial generó críticas, al ser interpretado como desprecio al mandato constitucional, y desconcierta a los peledeístas que pretenden disputar la candidatura al expresidente Leonel Fernández, en abierta campaña, lo que al final podría dejar a Danilo Medina “sin pito, sin flauta y sin que tocar”.

Incentiva el eterno debate

            Al plantear el domingo que no será hasta marzo, o julio del año próximo, cuando dirá si se repostulará, el presidente incentivó el eterno debate sobre la reelección, encendido por el entusiasmo de funcionarios y legisladores desde que a principio del mes logró la aprobación de una Ley de Partidos con posibilidad de padrón abierto para la elección de candidaturas.

            El anuncio podría ser interpretado como una advertencia a su archirrival en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente Leonel Fernández, al producirse una semana antes del muy publicitado acto de masas que éste celebrará mañana para recibir más de un millón de firmas pidiéndole que vuelva a optar por la presidencia de la nación.

Pero en lo interno tal planteamiento genera el efecto de desconcertar las aspiraciones de los peledeístas que han salido a disputarle a Leonel la candidatura presidencial, como Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, y retardar el lanzamiento de otros como Andrés Navarro, Temístocles Montás o Francisco Javier García, lo que aumentaría la enorme ventaja que sobre estos ha registrado el presidente del PLD en todas las encuestas.

Retardar su decisión hasta la proximidad de la convención fortalece la posición dominante de Fernández, pero también la creencia de que sólo el presidente Medina, con todo el poder, podría ganarle la candidatura. Una tardía declinación podría dejarlo como pregona un refrán, sin pito, sin flauta y sin qué tocar, como le ocurrió al presidente Antonio Guzmán en el 1981, cuando esperando abrir la posibilidad de repostularse, impedida por doctrina partidaria, no por la Constitución, decidió muy tarde apoyar la candidatura de su vicepresidente Jacobo Majluta, cuando ya Salvador Jorge Blanco la tenía asegurada con años de promoción.

Aumenta el desconcierto

            El anuncio del presidente tuvo el efecto inmediato de incrementar el desconcierto nacional, con dispendio de atención y energías dentro de su propio gobierno y en la sociedad en general. Se le impugna un desprecio a la Constitución que él mismo promulgó hace tres años para superar la prohibición de la reelección consecutiva, tras un acuerdo pactado por el Comité Político del PLD conjurando la crisis detonada por un radical rechazo del presidente del partido.

El acuerdo de 10 puntos implicó la reforma de la Constitución para permitir dos períodos presidenciales y nunca más, con la adición de una disposición transitoria, la vigésima, donde se consigna que en caso de resultar reelecto en el 2020, el Presidente de la República “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Danilo firmó el pacto en el Palacio Nacional el 28 de mayo del 2015, como lo hicieron a su vez los otros 34 integrantes del Comité Político, incluido Leonel.

Esta semana saltó a las redes sociales un fragmento del discurso con que Medina aceptó la candidatura el 30 de agosto, en la convención de su partido: “juro aquí, ante todos ustedes, y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la Presidencia de la República”. Ya entonces ignoró reiterados planteamientos de que sólo gobernaría un período por lo dañina para la democracia que ha sido la reelección en el país.

Al borde del abismo

Dada la tradición nacional, nadie puede negar toda posibilidad de que el actual mandatario busque una repostulación y alcance otra reelección, pero esta vez el camino está lleno de obstáculos y lo obligaría al equilibrismo al borde del abismo político, tanto a lo interno de su partido, como en el ámbito nacional, ahora navegando contra las aguas de la propia Constitución, apenas tres años después de promulgada.

Hay quienes sobre estiman el poder presidencial, pero ignoran que también lo tenía Leonel Fernández en el 2012 y tuvo que permitir la candidatura de Medina, pese a que gran parte de su partido y funcionarios pasaron un año promoviendo el continuismo. Llegaron a entregarle “dos millones 400 mil firmas” en un multitudinario acto, pero la generalidad de los sectores sociales y una parte importante de su propio partido rechazaron que se volviera a reformar la Constitución proclamada por el mismo Leonel dos años antes.

También se subestima la capacidad de resistencia de Fernández, porque el 28 de mayo del 2015 capituló en favor de Danilo tres días después de un discurso oponiéndose tajantemente a la reforma constitucional. Entonces era racional dar una segunda oportunidad al mandatario, él con tres períodos de gobierno, pero ahora le beneficia el pacto con que contribuyó a mantener la unidad partidaria. Le dejaba la ilusión de volver cuatro años después, pero ahora carecería de objeto político rehuir el enfrentamiento, por lo que hace un año emprendió la marcha.

Muy difícil de justificar

Danilo Medina tendría dos caminos para intentar el continuismo, ninguno de fácil acceso: una nueva reforma de la Constitución para eliminar la disposición transitoria que se lo prohíbe, o mediante una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la declare violatoria de su derecho, lo que ya ha sido recurrido por un abogado y está pendiente de fallo. El mes pasado se atribuyó en comunicado público a un Congreso de la Federación Interamericana de Abogados celebrado aquí haber emitido una declaración de que la disposición transitoria “viola los derechos humanos de Medina. Pero fue desmentido por los dirigentes de esa entidad con sede en Washington.

Para reunir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, Medina tendría que conseguir una treintena de votos, de los seguidores de Fernández, ninguno de los cuales cedió en el conflicto por las primarias abiertas, o de la decena del Partido Reformista o del medio centenar del Partido Revolucionario Moderno. Nadie lo descarta porque hace tres años “convencieron” al triple, pero en circunstancias muy distintas. Aquella vez le favoreció lo interno y la desbandada del Partido Revolucionario Dominicano.

Lo del TC sacudiría profundamente la institucionalidad democrática nacional, pues un tribunal de 11 personas declararía la “inconstitucionalidad de la Constitución” el pacto nacional determinado por un Congreso de 222 miembros.  Tiene al menos un precedente, en Bolivia, donde un Tribunal Constitucional invocó la Convención de Derechos Humanos para avalar una tercera postulación del presidente Evo Morales, por encima de las disposiciones de su propia Constitución, y consiguió imponerse en el 2015.

La reelección no es un derecho humano

Por el precedente boliviano, la Organización de Estados Americanos tramitó una consulta a la “Comisión de Venecia”, órgano consultivo de derechos humanos del Consejo de Europa, publicada el 9 de abril pasado, donde plantea tajantemente que “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”.

El informe final de la comisión integrada por expertos independientes de varios países concluye que “la reelección deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que solicitó la opinión consultiva “por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución para buscar la reelección”, y afirmó que “en casos peores mediante sentencias judiciales”.

Un costo muy elevado        

            Sea por reforma constitucional o por sentencia del TC, el costo institucional y para la democracia dominicana, con graves repercusiones en el Estado de Derecho y derivaciones económicas, sería muy alto para la nación dominicana, que afronta desafíos tan fuertes como el de la sostenibilidad fiscal. Habría tanta o más resistencia que cuando el intento continuista de Leonel Fernández en el 2012, que incluyó a las organizaciones empresariales, las iglesias y los medios de comunicación, además de gran parte del sistema político. Esta vez arriesgaría la división del propio partido gobernante.

Ya esta semana dirigentes de la Asociación de Industrias y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios rechazaron en duros términos la posibilidad de que sea modificada la Constitución. El presidente de los industriales, Campos de Moya, pareció hablar por todo el empresariado, cuando dijo que ”el sector empresarial dominicano entiende que la Constitución fue modificada ya recientemente y establece los cánones para la reelección. No estamos de acuerdo con modificarla nuevamente”.-

Un gobierno atrapado y desgastado que sobrevive por el endeudamiento

18_08_2018 HOY_SABADO_180818_ El País12 B

El gobierno de Danilo Medina consumió a la defensiva la mitad de su último período, agobiado por el escándalo Odebrecht, tratando de abrir brechas al continuismo, dependiendo del endeudamiento y sin responder ninguno de los grandes desafíos nacionales

                                                Por Juan Bolivar Díaz

Las graves implicaciones del escándalo Odebrecht cayeron como rayo y petrificaron el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando apenas iniciaba su segundo período gubernamental, sin haber podido salir de la defensiva al agotar la primera mitad, sacudido por la indignación de amplios núcleos poblacionales que reclaman poner fin a la impunidad.

El balance de los 6 años de la gestión de Medina arroja un crecimiento económico motorizado por un incremento insostenible de la deuda estatal, con fortalecimiento del presidencialismo y debilitamiento de las instituciones, y sin haber podido resolver ninguno de los graves problemas del país, excepto la construcción de aulas escolares.

La maldición de Odebrecht

El entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrech petrificó el gobierno del presidente Medina, quien no ha podido salir de la defensiva ni librarse de su implicación, por sus tres viajes a Brasil antes de asumir la presidencia en el 2012, por el asesoramiento político de Joao Santana, agente electoral de la constructora con la que se firmó el cuestionado contrato para las plantas de carbón de Punta Catalina por 2 mil 40 millones de dólares.

Para colmo de males, la Odebrech reclama otros 802 millones de dólares para concluir las plantas desde el principio denunciadas como sobrevaluadas y que registran más de un año de atraso dilatando los efectos positivos que se cifraban para afrontar el grave problema energético nacional. Mientras han acaparado una alta proporción de la inversión pública basada en un endeudamiento que alcanza niveles de advertida insostenibilidad.

El manejo político y judicial del escándalo Odebrecht ha disparado la indignación manifiesta en el movimiento Marcha Verde, al  ignorarse que los ejecutivos de la constructora testimoniaron que cuando la justicia los persiguió en Brasil, trasladaron sus operaciones mafiosas a República Dominicana, por considerarla un lugar seguro. Durante el gobierno de Medina la empresa transfirió al país el 74 por ciento de los fondos destinados a sobornos, pero no hay procesados de ese período gubernamental.

La negligencia en auditar las obras de Odebrecht, pese a la confesión de que tenían un patrón del 22 por ciento de sobrevaluación, la negativa a investigar  el financiamiento de campañas electorales, la reducción a la mitad de los imputados originales por los sobornos y la documentación de que se otorgaron contratos sin licitación a las empresas de Joao Santana por casi mil 400 millones de pesos, han alimentado la hoguera en que se consume el gobierno.

Crecimiento con esteroides

El crecimiento económico con promedio alrededor del 6 por ciento durante los 6 años del actual gobierno es enarbolado como uno de sus mayores éxitos, tanto que cundió el pánico cl año pasado cuando quedó en 4.6 por ciento. Pero tal como sostuvo el economista Pavel Isa, se trata de un “crecimiento con esteroides”, no derivado de un incremento significativo de la producción y la productividad, sino en base al más acelerado endeudamiento.

El gobierno de Danilo Medina quedará como el de mayor endeudamiento de la historia nacional, con un aumento del 64 por ciento de la deuda pública consolidada registrada, que se eleva al 82 por ciento, cuando se computa la deuda pública flotante o no registrada, como hace el economista Apolinar Veloz, exgerente general delo Banco Central y hasta hace meses funcionario del Fondo Monetario Internacional.

Un cuadro anexo, entregado por Veloz en el Almuerzo del Grupo Comunicaciones Corripio hace 10 días, eleva la deuda total del Estado a 46 mil 689 millones de dólares, equivalentes a un escandaloso 60.64 por ciento del producto interno bruto. Incluye 33,604 millones de dólares del sector público no financiero, más 11 mil 848 del sector bancario público, 570 millones de dólares del sector eléctrico público, entre otros. La deuda de cada dominicano asciende a 4 mil 465 dólares, equivalentes a 222 mil pesos.

Altos déficits crónicos

El gobierno no ha podido superar los crónicos déficits fiscales y de balanza comercial heredados de su antecesor, por no haber querido pagar el precio de la contención de la malversación y el clientelismo que demandan los pactos fiscal y eléctrico, por demás dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Según un estudio de Oxfam por esos renglones y la corrupción se perderían este año 96 mil millones de pesos.

El déficit fiscal acumulado en los 6 años supera los 409 mil millones de pesos, financiado con deudas, en gran proporción para pagar intereses de la deuda anterior. El déficit de la balanza comercial pasó de 8 mil millones de dólares el año pasado, en una economía que se salva por las remesas de los dominicanos que han tenido que ganarse vida en el exterior, sobre 6 mil millones de dólares este año, además de los 7 mil millones de dólares aportados por un turismo cada vez más dependiente del capital externo, con el 80 por ciento de las habitaciones. hoteleras.

Adscrito a la política clientelar y de reparto, con políticas sociales que no promueven el alejamiento de la pobreza, informalidad laboral que ya se documenta en el 59 por ciento del empleo, con salarios mínimos que promedian 11 mil pesos cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre se aproxima a los 15 mil pesos. el régimen se ha negado a atender el reclamo de cambiar un modelo de desarrollo concentrado por otro que promueva la producción, la productividad y mayor equidad. Se aduce un relativo mayor apoyo a las micros y medianas empresas y a los productores agropecuarios, pero que no se traduce en incremento significativo de las exportaciones ni en expansión de la formalidad. Solo somos competitivos en el mercado haitiano y con Estados Unidos de un superávit comercial de 4 mil millones de dólares en el 2004, acumulamos un déficit de 31 mil millones, catorce años después.

Auge del presidencialismo

Otra característica del gobierno de Medina ha sido un notable incremento del presidencialismo, con una mayor concentración del poder, sustituyendo o duplicando instituciones y organismos estatales, en vez de atender el reclamo de reducir los inoperantes. Las “visitas sorpresas” del presidente reemplazaron la planificación para convertirse en un mecanismo de promoción del nuevo salvador providencialista.

Requeriría un extenso espacio para documentar la concentración de recursos y repartos de la Presidencia de la República, pero debería bastar con la cantidad de dinero dejada de entregar desde el 2013 al 2018, inclusive, a los gobiernos municipales, estimada en 184 mil millones de pesos por el experto municipalista Domingo Matías. La ley de Municipios 166-03 destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos, pero ya sólo entregan el 3 por ciento. El año pasado, con ingresos de 537 mil 886 millones, debieron entregarle 53 mil 788 millones de pesos, pero sólo les dieron 17 mil 55 millones, apenas 32 por ciento de lo que les correspondía.

El dinero tampoco alcanza para lo que dispone la ley para la justicia, ni a los municipios donde hay explotaciones mineras, pero el presidente Medina reparte cada fin de semana en poblaciones y campos. Y ya la presidencia tiene su propio programa para equipos municipales que entrega a discreción, sustituyendo de paso a la inoperante Liga Municipal Dominicana. Hace poco se conoció la circular que concentra en la secretaría Administrativa de la Presidencia todo lo que tiene que ver con China, como si no existieran la cancillería y el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

El rosario de programas dependientes de la presidencia rebasa toda racionalidad y viola numerosas leyes, generando duplicidades y rompiendo la institucionalidad, en cuyo renglón el país cayó al escalón 129 de 137 naciones evaluadas en el Indice de Competitividad Global 2017-18, del Foro Económico Mundial.

Los desafíos acumulados

Las perspectivas indican que el gobierno de Medina completará sus ocho años sin haber afrontado definitivamente ninguno de los graves problemas nacionales, aunque ha concentrado esfuerzos en la educación, gracias a la inversión del 4 por ciento del PIB, pero con poco éxito en calidad, sin variaciones significativa de los curriculos en la tanda extendida; habrá adelantado mucho en el 911, pero sin detener el incremento de la inseguridad; y mejorará el tránsito, al entrar en operación la prolongación al este de la segunda línea del metro, que recibió en etapa final hace 6 años y apenas la acaba de terminar, porque priorizó su teleférico, de mucho menor impacto en la demanda de transporte.

En salud podrá reivindicar la remodelación, ampliación y equipaje de 56 hospitales, que mantuvo semi-paralizados durante 5-6 años, generando graves problemas, a los que habría que atribuir el increíble incremento de las muertes de neonatales, que entre enero y julio han sumado mil 965, casi 10 por dia, 431 más que en el mismo período del 2017, un 28 por ciento más. El sistema de la seguridad social se cae a pedazos, sin que las autoridades reaccionen. Es notable la reducción de la inversión en vivienda, aunque promueva los proyectos de ciudades Juan Bosch, junto al sector privado.

Todavía podría tener mejores resultados en los dos años que le restan, pero las fuerzas espirituales del gobierno están demasiado concentradas en la política, atrapadas en la maldición del continuismo, con los vientos tan en contra como los tuvo Leonel Fernández en sus dos últimos intentos por seguir gobernando. La fatiga que se registra en el país no augura un camino fácil para el continuismo, y para lograrlo el costo podría resultar traumático.

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Regresión de la transferencia de fondos desde el nivel central a los gobiernos locales

Ahora hay más motivos para proseguir la Marcha Verde contra la impunidad

28_07_2018 HOY_SABADO_280718_ El País12 B

Los pírricos resultados de las investigaciones del escándalo Odebrecht a 19 meses de su estallido y la persistencia de altos niveles de corrupción justifican ahora más que nunca la movilización de la ciudadanía, convocada a otra marcha el 12 de agosto en Santo Domingo

Por Juan Bolívar Díaz

La convocatoria de otra movilización del movimiento Marcha Verde (MV) para el domingo 12 de agosto es un desafío a los sectores sociales que hace año y medio levantaron banderas contra la corrupción y la impunidad, cuya mayor expresión ha sido el escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras y financiamiento electoral de la empresa Odebrecht.

         La MV perdió vigor el 28 de enero pasado cuando realizó una concentración ante el Palacio Nacional con una asistencia mucho menor a la caminata del 16 de julio del 2017 que movilizó una multitud estimada sobre las 150 mil personas, pero sus promotores estiman que ahora hay tanta o más razones para marchar, por la persistencia de la impunidad.

“La marcha del millón”

La convocada para dentro de dos semanas ha sido ambiciosamente denominada “la marcha del millón”, aunque sus promotores reconocen que es imposible movilizar esa cantidad de personas, y matizan hablando de “un millón de voluntades y de corazones”, pero están convencidos de que ahora se dan más condiciones objetivas para la lucha contra la impunidad después de la burla en que ha devenido la investigación del escándalo Odebrecht que detonó la protesta con una primera manifestación multitudinaria el 22 de enero del año pasado.

El recorrido se orienta otra vez hacia el Centro de los Héroes, donde el 16 de julio del 2017 logró una concurrencia estimada entre 150 y 200 mil personas, catalogada como la mayor de la historia de la movilización social dominicana, con participación sin precedente de sectores sociales que nunca se habían manifestado en las calles. Pero decayó el 28 de enero último cuando los sectores más militantes impusieron una concentración junto al Palacio Nacional que no tuvo aprobación de las mayorías.

Los promotores han mantenido la MV con diversas actividades, las últimas un concierto ante la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado día 8 y los campamentos mantenidos por varias semanas en ese mismo lugar y luego en Santiago, que fueron escenario de variadas manifestaciones. En el ínterin hubo expresiones de disensiones internas, especialmente de los núcleos más radicales que no lograron hacer prevalecer como objetivo la meta de hacer saltar del gobierno al presidente Danilo Medina, lo que la mayoría de los dirigentes consideraron poco realista. Estos estiman que un mayor deterioro de la imagen del gobierno y la pírrica indagatoria del escándalo Odebrecht, cuya última expresión ha sido el rechazo a investigar los contratos con los asesores políticos Joao Santana y Mónica Moura, estimulan la protesta.

Resultados muy irritantes

            A más de año y medio del estallido del mayor escándalo transnacional de corrupción, en víspera de la Navidad del 2016, que embarró altamente a la República Dominicana, los resultados de las investigaciones locales han sido considerados pírricos, en relación con los de otros países donde presidentes, expresidentes, un vicepresidente y ministros han sido apresados y/o procesados. Aquí el ministerio público sólo se ha ocupado tímidamente del aspecto sobornos, de lo confesado por los ejecutivos de la constructora Odebrecht, ignorando las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales, de mayores implicaciones económicas  y políticas.

En las imputaciones por los sobornos, presentadas por la PGR en mayo del  2016, aparecieron 14 implicados, doce funcionarios y políticos más el intermediario de Odebrecht Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga. El Procurador general Jean Alain Rodríguez proclamó entonces que “están todos los que son y son todos los que están”. Pero al formalizar acusaciones judiciales un año después, la docena se redujo a cuatro y se agregó al exsenador y dirigente del principal partido opositor Jesús Vásquez, excluyendo a tres que son del miembros del Comité Político del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exfuncionario Radhamés Segura y el senador Julio César Valentín.

Es más relevante que a 19 meses de las confesiones de Odebrecht todavía no han sido auditadas las obras contratadas en el país por 5 mil 957 millones de dólares. Los testimonios de los ejecutivos de la constructora indican un patrón de sobrevaluaciones del 22%, que en el caso dominicano alcanzarían a 1,119 millones de dólares, 12 veces el monto de los sobornos confesados. Un consorcio internacional de investigaciones periodísticas estimó que en RD las sobrevaluaciones habrían ascendido a 1,217 millones de dólares.

El componente político

            Sobre las sobrevaluaciones, la PGR ha argumentado que solicitó a la Cámara de Cuentas, las correspondientes auditorias, la que en principio dijo que no podía realizarlas  “por falta de fondos”, pero los testimonios sobre el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, a través de sus asesores Joao Santana y Mónica Moura, han sido totalmente ignorados. La última expresión es la reciente negativa de la Cámara de Diputados a investigar los certificados de la Contraloría General de la República, presentados por cuatro diputados opositores encabezados por Faride Raful, que muestran contratos por más de 1,300 millones de pesos, de dos organismos de la Presidencia con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 de los esposos Santana Moura mientras daban asesoría política al presidente Danilo Medina

Los certificados publicados implican posibles violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones y abuso de recursos públicos para pagar asesoría electoral, pero desde mayo del año pasado la PGR fue apoderada de documentos que muestran el envío desde Lima de 4 millones 396 mil 796 dólares, en una triangulación de empresas de Odebrecht en Perú a una cuenta bancaria de CineArt2013, en 16 transferencias a un banco dominicano entre 2013 y 2014, en pleno período de la asesoría política y de marketing de los Santana-Moura.

El esfuerzo de la PGR ha sido concentrado sólo en los sobornos confesados por 92 millones de dólares, mediatizado por el “pacto de impunidad” suscrito con la Odebrecht, con un cómodo compromiso de pago escalonado a ocho años, de 184 millones de dólares, el doble de las coimas. Pero ese acuerdo ignoró que la misma empresa también confesó que mediante los sobornos había derivado utilidades por 165 millones de dólares. Y todavía se espera la lista de los sobornados que repetidas veces se dijo entregaría Odebrecht. Lo entregado es una clara burla de los términos del acuerdo homologado por un juez.

No se vale el cansancio

La fortaleza de la MV fue consecuencia de la indignación generada por el cúmulo de escándalos de corrupción, que tuvo como detonante el de Odebrecht, pero que ya acumulaba otros como los 130 millones de dólares en pagarés vendidos por la empresa Sun Land, los sobornos y sobrevaluaciones en la compra de los aviones Tucano, las extorsiones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, además de los expedientes de Félix Bautista y las denuncias de gran escala contra los altos funcionarios Víctor Díaz Rúa y Diandino Peña.

Todavía en Septiembre pasado, en el último Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, RD era situada en los últimos escalones en los renglones relacionados con la corrupción entre 137 países. En favoritismo de los funcionarios públicos quedó en penúltimo lugar, el 136, el 135 en desvío de los fondos públicos, en el 133 en eficientes políticas antimonopolios, 132 en comportamiento ético-empresarial, 131 en eficiencia del gasto y en el 130 en independencia de la justicia.

No hay motivo para que la ciudadanía reduzca su presión para contener el desbordamiento de la corrupción y reclamar el fin de la impunidad. Pero muchos de los que se lanzaron a las calles creían que verían rápidamente resultados positivos, ignorando la resistencia de quienes se benefician personal y políticamente de la malversación en todas sus expresiones. Otros sobrevaluaron las fuerzas desatadas pretendiendo metas que excluían en vez de incentivar la acumulación de fuerzas.

La Lucha para lograr la inversión del 4 por ciento del PIB para la educación comenzó a principio de los años noventa y se consagró en la Ley General de Educación del 1997, pero no fue hasta el 2012 que se logró su aplicación, tras varios años de fuerte presión de la sociedad organizada, que incluyeron la marcha de unas 10 mil personas, muy lejos de las multitudinarias de ahora contra la corrupción y la impunidad.

Un esfuerzo gubernamental

Podría parecer exageración, pero hay quienes atribuyen las imputaciones formuladas por la PGR el jueves a 11 personas, incluyendo funcionarios, por el escándalo de la venta del barrio de Los Tres Brazos al temor gubernamental de que se reanuden las multitudinarias marchas verdes.  Los cargos incluyen implican a la actual directora nacional de Registro de Títulos y al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Leoncio Almánzar.

El escándalo se produjo a fines del 2016, cuando los programas matinales de tres canales de televisión, el periódico El Día y la cadena de emisoras católicas transmitieron un programa en vivo desde el barrio de la parte oriental de la ciudad. Habían vendido el barrio con todas sus infraestructuras de escuelas, acueducto, centro de salud, calles y las construcciones particulares de 14 mil familias por 80 millones de pesos, que luego fueron reducidos a 65 millones. La CORDE sólo recibió 15 millones de pesos, de los cuales pagó 11.3 millones para el deslinde que correspondía a la empresa compradora, para un balance final recibido de 3.3 millones de pesos. Con el absurdo de que recibió a cambio otros tres inmuebles que nunca pudo asumir porque estaban registrados a nombre de abogados de los mismos compradores.

La mayor parte de los cargos presentados el jueves por la PGR ya figuraron en la investigación que hizo en solo un mes una comisión especial designada por el presidente Medina, encabezada por su consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Fue entregada a la Procuraduría a fines de enero del 2017, es decir hace año y medio, y nunca se habló del asunto aunque el caso figuraba en la galería de escándalos de corrupción.

 

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Contrastes del escándalo Odebrecht

*República Dominicana fue el tercer país en volumen de los sobornos confesados por Odebrecht, después de Brasil y Venezuela, con 92 millones de dólares. Pero el mayor en términos proporcionales, tanto de población como de montos contratados.

* El país fue sede del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (o de sobornos), a partir del 2014, cuando la justicia brasileña empezó a descifrar su entramado de corrupción, porque lo consideraban un lugar seguro, según testimonios de sus ejecutivos.

* Joao Santana y Mónica Moura fue certificados por Odebrecht como sus brazos para la asesoría de campañas electorales que luego se cobraban con contrataciones,  y llegaron a despachar en el Palacio Nacional, y aquí estaban cuando fueron requeridos y apresados por la trama, pero aquí eso no ha tenido consecuencias.

* Los sobornos certificados por la PGR, por US$83.2 millones llegaron entre 2007 y 2015, el 72% durante el gobierno de Danilo Medina, pero no hay imputaciones de ese período.

*Tres de los cinco acusados por los sobornos son actualmente de la oposición, dos legisladores y un ejecutivo del período en que se contrató el 5% del monto con Odebrecht.

* Un solo senador del partido de gobierno está acusado de sobornos para aprobar contratos y adendas con Odebrecht aunque su bancada era de 24 y luego 31 de los 32 miembros.

* Danilo Medina hizo tres viajes a Brasil, como ministro de la presidencia, como candidato y como presidente electo, donde entró en contactos con los presidentes Lula y Dilma, que luego abogarían por su reelección.

 

 

¡Viva la Comisión de Derechos Humanos!

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Por Juan Bolívar Díaz

Contra todos los prejuicios y maledicencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos  celebra en estos días en la capital dominicana su 168 período de sesiones, a contrapelo del furor nacionalista que ha afectado la vida nacional en los últimos años y creado confusión en una parte apreciable de la ciudadanía.

Hay que darle crédito al gobierno del presidente Danilo Medina por haberle cursado la invitación para que sesione en el país y conozca de la situación de los derechos humanos en múltiples naciones del continente, atendiendo a la misión que le fuera encomendada cuando fue creada por los estados americanos en 1959 y ratificada una década después cuando fue adoptada la Convención Americana de los Derechos Humanos, y en ambos casos la República Dominicana puede reclamar la condición de cofundadora.

En sus ya casi seis décadas la CIDH tiene legítimos méritos en la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente,  tanto que aún siendo un instrumento de los estados, se ha ganado la animadversión de varios de ellos por no haber transigido en el cumplimiento de su misión, actuando con la independencia que le confieren sus estatutos, aunque sus miembros titulares son electos por la Asamblea General de la OEA..

El simple anuncio de que sesionaría en el país, disparó  las alarmas del ultranacionalismo que la detecta por su persistente  preocupación por los derechos de los dominicanos de ascendencia extranjera, en gran proporción haitianos, nacidos  en el país y dejados en apatridia por decisión administrativa de la Junta Central Electoral posteriormente avalada por la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Si posteriormente adoptamos la Ley 169-14 que ha rescatado a gran parte de los decenas de miles de desnacionalizados se le debe en buena gran medida a la firmeza con que la CIDH defendió sus derechos, denunciando el despojo retroactivo de quienes habían recibido un estatus de ciudadanos dominicanos. Esa fue la decisión consensuada por el presiente Danilo Medina y adoptada por el Congreso Nacional ante un problema que superaba a mera condición de legalidad para inscribirse en un drama humano de magnitud.

Si fuimos obligados a adoptar esa legislación por el papel preponderante de la CIDH y otros organismos internacionales, deberíamos reconocer que su prestigio y fuerza internacional están por encima de las arbitrariedades, miserias y mezquindades.

Comisiones de ese organismo vinieron varias veces al país reclamando derechos fundamentales, desde la caída de la tiranía trujillista en 1961, tras el golpe de estado del 1963 y durante la guerra civil y la ocupación militar norteamericana de 1965. También en 1991, en 1997 y finalmente en el 2013 tras la crisis de los desnacionalizados.

No es cierto que la CIDH se ensañara contra la República Dominicana como algunos han pretendido, simplemente cumplió su misión, como lo ha hecho en múltiples naciones  por violaciones a derechos humanos, políticos y sociales, especialmente de lo que han dejado de los pueblos originarios del continente. Y sus denuncias y reclamos han chocado con miembros tan poderosos como Estados Unidos, México, Brasil o Argentina, durante tiranías y dictaduras y bajo nuestras precarias democracias.

En el caso particular de Estados Unidos sólo habría que leer el informe de la CIDH de junio del 2015 que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en la prisión norteamericana de Guantánamo, pide liberación de detenidos sin acusaciones ni juicios, cese, investigación y sanción de torturas, traslado de prisioneros y reparación a las víctimas de abusos, concluyendo con la demanda del cierre de ese establecimiento.

La CIDH ha tenido muchos enemigos y la desidia de países miembros, salvándose  por donaciones de naciones europeas y entidades internacionales. Hace sólo dos años Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá ayudaron a superar su peor crisis financiera. Aunque algunos de ellos habían sido objeto de sus denuncias y reclamos.

En un mundo de tantas ignominias, siempre serán necesarias instituciones independientes que promuevan y defiendan los derechos humanos. ¡Que viva la CIDH!

 

 

 

                       

 

La Encuesta Nacional de Inmigrantes destroza el discurso ultra nacionalista

Programa Nacional de Regularización de ExtranjerosLa ENI-2017 vuelve a romper el mito de la invasión, al situar la inmigración haitiana en casi 500 mil personas, el 5 por ciento de la población nacional, aunque creciendo,  y evidencia que decenas de miles de sus descendientes nacidos aquí están en apátridia 

                                                Juan Bolívar Díaz

            La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), cuyos resultados fueron publicados esta semana, guarda proporción con la primera del 2012, rompiendo el mito de la invasión haitiana que sustenta el discurso xenófobo de los ultra nacionalistas, que ahora tratan de restar méritos a una  investigación científica.

            El estudio de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), avalado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, evidencia también que decenas de miles de descendientes de inmigrantes nacidos en el país, han quedado en la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que amortigua los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.    

Son menos de medio millón

            Los primeros resultados de la ENI-2017 guardan bastante coherencia con la primera, efectuada en el 2012, volviendo a destrozar el discurso ultranacionalista que ha fijado en el imaginario de gran proporción de los dominicanos la idea de que “estamos siendo invadidos por los haitianos”, con exageraciones de hasta dos millones.

            Según la investigación, el total de los inmigrantes en el país al año pasado sería de 570 mil 933 personas, equivalentes al 5.6% de la población nacional, de los cuales 497 mil 825 provienen de Haití, representando el 4.89 por ciento de 10 millones 189 mil 895  residentes en el país. En relación a la ENI-2012, cuando representaban 4.72%, se registra un crecimiento absoluto de 48 mil 301 haitianos, equivalente al 9.20% en cinco años. 

            Pero contrario a la creencia generalizada, el incremento de los últimos cinco años es menor al que se registró en el quinquenio anterior a la primera ENI del 2012. El 62% de los inmigrantes registrados entonces había llegado al país en el período 2006-12, y el 80.7 desde el 2000. Resalta que 176, 875, el 38.6 %,  ingresaron ó entre el 2010 y 2012. Mientras en los dos años anteriores a la última encuesta, 2015-17,  el incremento fue de 131,594 inmigrantes, ahora sólo el 26.4% del total, con reducción de 45 mil 281, ó 26%. 

            Al igual que en la encuesta anterior, la ENI-2017 muestra que la inmigración haitiana tiene una gran movilidad, porque aún cuando sigue en incremento, también una parte de los anteriores se van se regreso o son deportados, lo que ocurrió con decenas de miles en el 2014, al vencer el plazo para acogerse al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).El mayor incremento histórico tuvo efecto en los dos años que siguieron al terremoto que devastó a Haití en el 2010.

Con pocas variaciones

            Cuando se comparan los resultados de la ENI-2017 con la del 2012 se comprueba que hay pocas variaciones, no sólo en los totales, sino también en la distribución geográfica y por actividades económicas. Los haitianos eran 87.3 % y ahora el 87.2% de los inmigrantes. El 77.9% se dedicaba a tres actividades: agropecuaria 35.7%, construcción 25.9 y comercio el 16.3%.Cinco años después la variación del total es sólo de 1.5%, totalizando 76.4%, con mínima reducción de los dedicados al agro, ahora 33.8%, y casi igual en la construcción, 26.3% y sin variación en el comercio.

            Como es normal en todos los movimientos migratorios, en los provenientes de Haití dominan los jóvenes, en 76%. y los hombres en 61.6%. La mayor concentración está en el gran Santo Domingo, con 35.7%, Casi lo mismo, 35%, se ubica en la gran región del Cibao, dividida en norte, sur, nordeste y noroeste. 

            La gran variante registrada por la ENI-2017 se refiere a los llegados de Venezuela, que desplazaron a Estados Unidos que con 13 mil 514, constituía la segunda fuente de inmigrantes al país. Los venezolanos pasaron de 3 mil 434 a 25 mil 872, para un incremento de 653% en los últimos cinco años. Los procedentes de Estados Unidos se redujeron ahora en 3 mil 498, un 25.9%.

            En lo referente a los descendientes de haitianos nacidos en el país resalta que sólo 6.6% carece de alguna instrucción, con 48.3% en el nivel primario o násico, 35.7% en el secundario y 7.6% con el universitario, y 951 alcanzaron postgrado, maestría o doctorado. 

 Documenta la apatridia 

            Aunque las autoridades nacionales niegan sistemáticamente que en el país haya apátridas, como sostienen organismos internacionales y entidades nacionales que defienden derechos humanos, la ENI-2017 indica que más de cien mil personas han quedado en un limbo, equivalente a la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que trató de enmendar la desnacionalización masiva producida por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

            Esta investigación documenta que en el país residen 253 mil 255 hijos de haitianos, o por lo menos de uno de los dos progenitores, nacidos en territorio nacional, con un incremento de 43 mil 343, un 8.6% en relación a la del 2012. Si estos últimos nacieron desde el 2012 de inmigrantes indocumentados, ya no tienen apelación para que los documenten como dominicanos, ya que la Constitución del 2010 los excluyó.

            La inmensa mayoría de los 209 mil 912 restantes nacieron antes de la prohibición constitucional y deben ser considerados entre los excluidos por la sentencia 168-13, retrospectivamente hasta 1929, y que luego la ley 169-14 trata devolverle la ciudadanía a los que ya habían sido registrados, y daba oportunidad de acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), a los que nunca fueron inscritos.

            Tras la promulgación de la Ley 169-14, hace cuatro años, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado con más de 55 mil personas, indicándoles que podían pasar por las oficialías civiles para recuperar sus actas de nacimiento y cédulas de identidad. Pero hasta enero pasado, sólo 21 mil 850 lo habían logrado, y los que  pudieron inscribirse en el PNRE fueron sólo 8 mil 755. Ambos suman 30 mil 645, faltando 179 mil 267, cuyo estatus queda indefinido, pero que seguirán en el país, serían apátridas y, peor aún, transmitirán esa condición a sus descendientes que nazcan aquí, pues no podrán declararlos como dominicanos. Eso seguirá pesando contra la nación en los organismos internacionales y constituye un desafío para el gobierno que auspició la ENI.  

También cuestiona el PNRE

            La ENI-2017 también cuestiona el programa de regularización de extranjeros, que da tumbos desde hace 4 años, y aunque 250 mil 241 fueron aceptados con el estatus provisional de inmigrantes, hasta julio pasado sólo 230 mil 65 habían recibido el carnet provisional. Un ínfimo 3%, 7 mil 834, habían podido llenar todos los requisitos para obtener el estatus definitivo de inmigrante regularizado.

            Al comenzar este año la Dirección General de Migración suavizó los  requerimientos, para facilitar la regularización, que todavía aún genera tumultos en las oficinas habilitadas. La realidad es que funcionarios, políticos y ciudadanos no acaban de entender el objetivo de la regularización y en gran proporción no colaboran y niegan a los inmigrantes las certificaciones de empleo, de vivienda, de arraigo  y otros. 

            En cualquier caso, si los inmigrantes haitianos son ahora 497 mil 825, según la ENI-2017, quiere decir que hay un excedente de 267 mil 760, un 116 por ciento por encima de los habilitados provisionalmente para ser regularizados.    

El grito de los nacionalistas    

            Frente a l desmitificación que contiene la ENI-2017, los ultranacionalistas han procedido a restarle validez, llegando a configurar una “conspiración” del gobierno, que la auspició y la presentó, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ejecutada por la Oficina Nacional de Estadística, al igual que la ENI-2012 realizada durante la gestión presidencial de Leonel Fetrnández. Entonces los ultranacionlistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras. Y en ese período ingresó el 62% de los inmigrantes haitianos que registró la encuesta.     

            El ex director de Migración, José RicardoTaveras,  reaccionó esta semana diciendo que sólo en Santiago hay 500 mil haitianos, aunque la población del municipio es de un millón de habitantes y millón y medio en toda la provincia, lo que implica que habría un haitiano por cada dos o tres santiaguenses, un absurdo. 

            Pero es que durante años, y aún después de la ENI-2012, se ha insistido en que los haitianos en el país pasan del millón y hasta de dos millones. El mismo presidente Danilo Medina dijo en una cumbre de la CELAC en Jamaica, en el 2014,0 que el país acogía a más de un millón de haitianos. Y el juez constitucional Víctor J. Castellanos dijo en marzo durante una conferencia en Montecristi que pasan del millón y medio. 

            La ficha técnicas de la encuesta indica que abarcó 73 mil viviendas, distribuidas en 912 unidades primarias de muestreo científico, con 223 mil 528 personas entrevistadas por técnicos de la ONE, de las cuales 24 mil 547 eran inmigrantes. Tuvo la asistencia técnica del Programa de Población de las Naciones Unidas y el patrocinio económico de la Unión Europea. Si con todo eso no merece crédito, entonces hay que descalificar todas las encuestas de opinión que abarcan de mil a 2 mil personas aquí y en todo el mundo.-   

Comparación de los resultados ENI-2012 y ENI-2017

 

ENI-2012

ENI-2017

Variación  Absoluta

Porcentaje %

Población total 

9,716,940

10,189,895

472,955

4.87%

Población nativa 

9,192,308

9,618,962

426,654

4.64%

Población de inmigrantes 

524,632

570,933

48,301

9.20%

Nacidos en Haití

458,233

497,825

39,592

8.64%

Descendientes de haitianos nacidos en RD 

209,912

253,255

43,343

20.64%

Población de inmigrantes más sus descendientes 

768,783

847,979

79,196

10.30%

Llegados  desde Haití en los dos años anteriores 

176,878

131,594

-45,284

-25.60%

Inmigrantes Venezolanos 

3,424

25,872

22,438

653.40%

      Elaborado por JBD en base a los datos oficiales  de las ENI-2012 y ENI-2017

 

Las perspectivas apuntan a un posible cambio político en comicios del 2020

07_04_2018 HOY_SABADO_070418_ El País11 AUn frente electoral con un programa de transición democrática pudiera aprovechar la dura división interna del partido gobernante, el desgaste del gobierno y la creciente insatisfacción ciudadana para por lo menos reducir la concentración del poder estatal

                             Por Juan Bolívar Díaz         

            En los ámbitos de la oposición política se baraja la posibilidad de un frente electoral  para enfrentar los poderes casi absolutos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2020, en base a un programa para el rescate de las instituciones democráticas  y un nuevo modelo de desarrollo económico social.

La profunda división interna en el partido gobernante, llamada a profundizarse por  los pujos continuistas de los danilistas, la progresiva reducción de la aprobación de la gestión del presidente Danilo Medina y el incremento de la insatisfacción ciudadana alientan la posibilidad de vencer o reducir el dominio del Estado de cuatro períodos.

Indicadores del desgaste

Las últimas encuestas y la percepción general indican un deterioro del absoluto dominio que ha ejercido el PLD sobre los poderes del Estado y la sociedad dominicana, con una caída de la aprobación del gobierno de Medina (45-47% en Gallup) al mismo tiempo que se incrementa la insatisfacción ciudadana por la falta de soluciones a la corrupción e impunidad, la inseguridad ciudadana, el desproporcionado endeudamiento del Estado, el escaso empleo y de baja calidadd y la precariedad de los servicios básicos.

La crisis en que se ha sumido el PLD apuntan a un mayor deterioro por la confrontación entre los liderazgos de Danilo Medina y Leonel Fernández por la persistencia del sector dominante en abrir un espacio para otra modiuficación de la Constitución, q rrue rechaza entre el 67 y 71% de la población, según las encuestas Gallup y Asisa de marzo pasado, mientras las encuestas marcan una recuoeración del expresidente.

El deterioro financiero del Estado tuvo efectos el año pasado en una notable reducción del crecimiento económico, mientras aumentan los temores de que el país seencamina a la insostenibilidad con una deuda que según el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles rebasó en marzo los 42mil millones dedólares y el 55% del  producto bruto, habiendo crecido 843% en menos de dos décadas.

Las perspectivas del caso Odebrecht, pendiente deefectiva investigación y sanción, los retrasos y problemas por los que atraviesa la obra emblemática de las plantas de carbón no apuntan en dirección de satisfacer las expectativas de la población que se ha expresado de forma contundente en el movimiento Marcha Verde que, aunque algo adormecido seguiría constituyendo un elemento detonante, tanto como elaccionar de los partidos.

Ningún cambio será fácil

Nadie cree que será fácil destronar al PLD del dominio político que ha ejercido en casi dos décadas de gobierno, con un intervalo de 4 años del presidente perredeísta Hipólito Mejía. Su profunda vocación de poder le puede llevar a superar sus luchas intestinas si aumentan los indicadores del desgaste que  marcan .las encuestas. Aunque esta vez, como nunca antes la confrontación política se ha convertido en personal, con enconos y agravios que impulsan temores al retorno de Fernández al poder dificultando soluciones.

El danilismo que ahora hegemoniza el poder peledeísta se enfrenta a un Leonel Fernández ya con meses en campaña de retorno, y que tiene a su favor el pacto de unidad mediante  el cual él cedió hace tres años por la unidad del partido y que permitió la reelección de Medina, ahora con mucho mayores dificultades para justificar una nueva reforma a su propia Constitución., aunque es amplia  la convicción de que el reeleccionismo siempre se impone, lo que no fue cierto con Balaguer en 1978, Mejìa en el 2000 y con Fernández en el 2012. Un sagaz dirigente peledeísta, del poderoso Comité Político, y para nada favorecedor de Fernández, opinó a título confidencial que para salvar de nuevo la unidad partidaria, éste sería el candidato del 2020.

Podrán ponerse de acuerdo por amor al poder, pero eso llegaría a la convención del 2019 y el deterioro político tenderá a crecer. Aúnasì, si evitan la división los peledeístas podrán apelar a los recursos del clientelismo y los abusos del Estado que han caracterizado su  reinado electoral, con un inmenso aparato mediático, control de organismos decisorios, y recursos multimillonarios acumulados. Por esa razón seguirán barajando los proyectos de reformas electorales y de ley de partidos.

Alientan unidad opositora

Conscientes de los poderes peledeístas y por las experiencias, en diversos ámbitos políticos y sociales se alienta la posibilidad de promover un frenteamplio opositor para los comicios del 2020, y plantean adelantar las gestiones para un consenso programático que aliente optimismo aprovechando la lucha interna que paraliza al PLD, en  baja en las preferencias. La encuestaAsisa lo dejó esta semana en 52%, todavìa alto por la debilidad de una oposición que no acaba de recomponerse tras el alentado desguañangue del viejo Partido Revolucionario Dominicano, cooptado por el poder peledeísta.

En la oposición el principal propulsor del frente unido ha sido el presidente de Al País, Guillermo Morenoconmedia docena de artículos en su página de los lunes en el Diario Libre. Plantea la discusión de un programa básico que de substancia y aliente un cambio que no sea simplemente de gestores de la actual descomposición del Estado.

Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRD) han planteado también el proyecto de unidad. Con el mismose objetivo salió recientemente a la luz pública elMovimiento Ciudadano de Rescate Democrático (MIRD), encabezado por profesionales de la calidad experto fiscal José Rijo. El experto en turismo Juan Lladó ha insistido y hasta ha publicado un amplio proyecto de programa. Se sabe de varios grupos de clases medias que “reflexionan” sobre la necesidad de concertaciòn para un cambio político, al igual quesociòlogos como Cèsar Pèrez y Wilfredo Lozano.

De hecho, traslas elecciones del 2016, que culminaron en un proceso profundamente desigual, con inconmensurabkle abuso del poder estatal, la decena de partidos de oposición vienen concertando para exigir las reformas políticas y electorales que se discuten hace dos décadas, aunque un par de ellos pudieran volver a aliarse al PLD, sobre todo si Fernández resulta su candideato.

Un programa fundamental

            Los analistas entienden que si bin es fundamental un programa, no puede ser muy mbicioso si su primer objetivo es vencer el enorme poder del PLD. “Es casi un proyecto de trasición democrática, portdor de un nuevo modelo de desarrollo que reùna las energías y decisión de amplios sectores sociales, incluyendo del empresariado, o que por lo menos neutralicen su apoyo a los gobernantes.

Las encuestas marcan las preocupa iones fundamentales que tienen que abordarse: la corrupciòn, impunidad y el clientelismo, la inseguridad ciudadana, el desempleo y los bajos salarios, deterioro de los servicios básicos, como salud, reforma de la seguridad social, transporte, vivienda, saneamiento ambiental y calidad de la educación. Deberá priorizar las reformas institucionales, polìtica y electorales para restablecer la independencia de los poderes y garantizar el ejercicio polìtico.

Un programa para rescatar el concierto nacional deberà reivindicar la Ley de EstrategiaNacional deDesarrollo y su pacto fiscal y reales controles financieros para contener el endeudamiento y garantizar sostenibilidad, corregir la malversación y el derroche y hacer menos regresiva la tributación, y generar un nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos y promueva las exportaciones.

Así mismodeberá atraerse a la sociedad civil, recogiendo sus reivindicaciones y propiciando la pendiente Ley de Participaciòn Social, partiendo del reconocimiento dela poca confianza y credibilidad que tiene actualmente el partidarismo polìtico,documentada por las encuestas de los últimos meses: Latinobrómetro(15%), Barómetro de la Américas (20%),  Penn-SIN (15% de los jóvenes), Gallup-HOY (15.5%). Asisa deesta semana indica que desde el 2014 los que se declaran miembros de partidos cayeron del 31 al 14%, yque los independientes crecieron del 4 al 29%.

Un frente como el chileno

Hay muchas experiencias en el mundo de concertación parni a vencer un dominio polìtico absolutista, y entre losmàs relevantes siempre se recuerda el que permitiò superar la dictradur de Pinochet en Chile, que reuniò a todo el epectro opositor, desde la dercha a la izquierda, incluso a partidos que contribuyeron al sangriento derrocamiento del gobierno de popular de Salvador Allende. Esa concertción se ha mantenido durante màs de dos dècadas escogiendo candidatos comunes mediante primarias democráticas.

En el país no ha habido tanta vocaciòn ni urgencia para una concertaciòn, pero el cansancio y el deterioro del Estado social y democrático de derechos parece demandarla, y los dirigentes polìticos tendràn que aprender que no vale la pena concurrir una y otra vez al real “matacero electoral” que denunciaba el PLD en sus origenes.

Tendrìan que entender que todos no pueden sercandidatos presidenciales  paraquedarse por debajo del 2 % del sufragio, por lo meos hasta que se institucionalicen mecanimos que garanticen competencia más equitativa. Que muchos de ellos serían estrellas en el Congreso o a la cabeza de municipios desde los cuales podrìan constituir nuevas opciones de poder.-

Danilo deberá concentrarse para contener la caída de su valoración

24_03_2018 HOY_SABADO_240318_ El País12 BLa encuesta Gallup-HOY muestra una persistente reducción de su aceptación del 82 al 47% en dos años y medio, una caída de 43%, y que la población no le cree que haya mejorado la economía ni reducido la pobreza, como persiste en afirmar    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El análisis de los resultados de la encuesta Gallup-HOY publicados esta semana indica que la popularidad del presidente Danilo Medina sigue en picada, con descenso de la valoración de su gestión, y evidencia las serias dificultades con que tropieza el proyecto reeleccionista en discusión, con rechazo de dos terceras partes  a reformar la Constitución.

Resulta relevante que Luis Abinader corre virtualmente solo para la candidatura presidencial del principal partido opositor, y que su aceptación se acerca a la de Medina, quien pierde terreno ante Leonel Fernández, resaltando que una alta proporción aún no tiene claras preferencias a casi dos años de las elecciones presidenciales.

Los segundos períodos

            La Gallup-HOY parece ratificar la percepción de que los segundos períodos de gobierno consecutivos resultan malos en el país, por cansancio o porque el poder obnubila y crea distancia de la ciudadanía. A la mitad de su primer periodo, en agosto del 2014, Gallup-HOY le registro una aprobación histórica del 91%. En Julio del 2015 al aceptar su segunda postulación consecutiva estaba en 82%, pero ya en febrero del 2017 se había reducido a 62%, la proporción con que fue reelecto en el 2016,  y en octubre bajó al 51%, a razón de 1.4% menos por mes el año pasado.

En la investigación realizada del 5 al 11 de este marzo, sólo el 45.5% evaluó como bueno o muy bueno el desempeño de Medina, en sus primeros cinco años de gobierno, pero a la pregunta de si aprueba o desaprueba su gestión, independientemente de su posición política, la aprobación alcanzó 47%.

Resalta que la encuesta fue realizada apenas una semana después del discurso del mandatario ante la asamblea nacional, y a través de más de 400 medios de comunicación electrónicos y digitales, donde presentó una situación optimista de sus realizaciones con gran despliegue publicitario y de su amplio aparato mediático propio, pero el 63% de los encuestados dijo que no lo escuchó, pese a lo cual 73% opinó que no tocó todos los temas que debía, coincidiendo con las críticas de la oposición y analistas independientes.

Una avalancha muy negativa

            Varios otros resultados de la encuesta Gallup-HOY muestran una avalancha muy negativa para el presidente Medina. Comenzando porque la población niega los grandes logros económicos y de reducción de la pobreza que él sostuvo en su discurso del 27 de febrero. El 79% considera mala o muy mala la situación de la economía nacional, 5 puntos más que en la de octubre. Y sólo el 9% la consideró buena o muy buena. El 78% opinó que el país va mal o muy mal, contra el 18% que lo estimó bien o muy bien. Con el agravante de que 45% cree que estará peor al término del período gubernamental.

Aunque el presidente, sus funcionarios y propagandistas sostienen que han sacado de la pobreza a un millón 200 mil personas y creado más de 600 mil empleos, 120 mil sólo el año pasado, y que el país es casi de clase media, el 46% de los encuestados estima que ahora hay más pobres y otro 27% que sigue igual para totalizar 73%, mientras apenas 25% considera que hay menos pobreza. Y a la pregunta de cómo está la familia en relación a dos años atrás, 35% responde que peor y 36 por ciento igual, totalizando 71%.

La opinión sobre la situación económica personal de los encuestados también fue mayoritariamente negativa, para el 56%, cuatro puntos más que en octubre pasado. Mientras apenas 17% dijo que es buena o muy buena. Y peor cuando se preguntó para quién gobierna Danilo Medina, pues 46% dijo que para los dirigentes y miembros de su partido, y sólo 29% para beneficio de todo el pueblo.

No reforma constitucional

            En términos políticos los  resultados de la Gallup-HOY también resultan negativos para el presidente Medina y los que promueven su reelección. Justo dos tercios, el 67%, rechaza otra reforma de la Constitución para posibilitar una tercera postulación consecutiva, y sólo el 30% la favorece. Contrasta con el resultado de febrero del 2015, de la misma encuestadora, que arrojó un 61% a favor de dos períodos consecutivos y 70% favoreció la reforma constitucional para que Medina pudiera buscar el segundo.

Las preferencias electorales por Danilo también han caído y debe asumirse que en parte por la  institución de dos períodos y “jamás” en la constitución que él mismo auspició hace sólo tres años para repetir en el cargo. A la pregunta de a quién le gustaría que sea el próximo Presidente, quedó empatado justamente en 14.8% con su archirrival Leonel Fernández, quien aparece en recuperación, y cuatro puntos por debajo de Luis Abinader, quien lidera con 18.8%.

También empató técnicamente con Fernández, 20 a 19%, cuando se preguntó a los encuestados quién debería ser el candidato presidencial del PLD en el 2020. Danilo le sacó una ventaja de 5 puntos, 31 a 26%, cuando se hizo la misma pregunta a los que se identificaron con el PLD, mientras la vicepresidenta y esposa de Fernández obtenía el 6%.

Es notable que el presidente Medina sólo obtuviera un 17% de simpatía, entre los dirigentes políticos, superando apenas por 4 puntos el 13% de Luis Abinader y a Leonel Fernández, que queda en tercer lugar con 10%, e Hipólito Mejía 6%.

Abinader sigue en ascenso

            El dirigente político que sale mejor parado, por segunda Gallup-HOY consecutiva, es Luis Abinader, quien encabeza en preferencias para próximo presidente, con 4 puntos por encima de los dos líderes del PLD y con enorme ventaja para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno en el 2020. Aunque en octubre su ventaja sobre Danilo era de 8 puntos 29 a 21 %, y de 11 sobre Leonel.

Donde Abinader luce bien cómodo es en la disputa de la candidatura presidencial del PRM, seguido de lejos por el expresidente de la República Hipólito Mejía. En la respuesta a quién le gustaría que fuera el próximo presidente, le triplica 19 a 6%, en simpatía 14 a 6%. Frente a un listado de potenciales candidatos del PRM, Abinader obtiene 49% y Mejía 17, y ahí queda bien parado con 15% el alcalde capitalino David Collado.

Pero donde Abinader mantiene enorme ventaja es cuando se preguntó quién cree que debe ser el candidato presidencial para el 2020 a los que se identificaron con el PRM, obteniendo 67 a 9% sobre Hipólito. En la encuesta de octubre fue 69 a 14%, lo que indica que el primero mantiene estabilidad y el segundo está en retroceso, mientras Collado apenas consigue el 1.5% de las preferencias de los perremeistas.

Guillermo Moreno sigue siendo el alternativo que más preferencias registra en la serie Gallup-HOY. Esta vez consigue el 7%, un punto más que Hipólito, en la respuestas a quien le gustaría que sea Presidente en el 2020.

Mucha incertidumbre aún

Esta encuesta registra un alto nivel de incertidumbre de cara a las próximas presidenciales,  sobre todo en el universo de los electores y en particular en cuanto a la candidatura del PLD. Ni hablar del Partido Reformista sobre el cual el 84% de los encuestados no respondió o dijo no saber. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano respondió igual el 67%, y 50% sobre el del PRM y 46% sobre el del PLD.

En el partido gobernante la incertidumbre estaría en alta proporción determinada por las incógnita de si los reeleccinistas lograrán reformar la Constitución o imponer otro mecanismo para postular de nuevo al presidente Medina, empatado ahora con Fernández en el universo de los encuestados para candidato de su partido. Y en la lista cerrada, sin Medina, la esposa de Leonel, Margarita Cedeño, empata técnicamente con su esposo 27 a 26%.

Llama la atención que en los últimos meses los gobiernistas no han publicado encuestas y que éstas han escaseado en el mercado, como si se temieran los resultados

tras la avalancha de insatisfacciones que se han expresado en el movimiento ciudadano Marcha Verde.

El Gallup no será la única a publicarse, pero tiene la mayor tradición de credibilidad y continuidad. Por el momento el balance es que Danilo Medina está en retroceso, en la valoración como gobernante y en las preferencias electorales con la reelección cada vez en mayor dificultad; Leonel Fernández en recuperación para la candidatura del PLD; Margarita Cedeño sigue teniendo buen posicionamiento, aunque discriminada por mujer y esposa;  y Luis Abinader prosigue su fortalecimiento, como alternativa de oposición, sin competencia interna.-

           

 

Un discurso con algunos aciertos, muchas omisiones y manipulaciones

A1El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero y el escenario de propaganda y manifestantes muestran un tufo continuista, repitiendo promesas y evadiendo los problemas básicos como la sostenibilidad financiera y la corrupción   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El tono y las promesas del discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el martes 27, tienen el tradicional tufo continuista de la historia nacional,  acentuado por la propaganda que lo precedió y que prosigue siguió para venderlo como otro mandatario imprescindible, un nuevo predestinado para desarrollar la nación.

El mandatario se erigió como un habilidoso manipulador de datos, experto en evadir asuntos tan fundamentales como la sostenibilidad fiscal, la corrupción e impunidad y en repetir promesas anteriores, llegando al extremo de sostener que  la nacional es una sociedad de clase media con progresiva reducción de la pobreza.

Los aciertos notables

            No es posible desconocer los aciertos del gobierno del presidente Danilo Medina sin caer en la mezquindad, relevantemente por haber cumplido la ley y reclamo ciudadano de elevar la inversión en educación, que ha adelantado en la construcción de aulas y comienza la estancias infantiles, en la formación de maestros, becas, desayuno y almuerzo escolar.

También tiene derecho el mandatario a exhibir sus obras viales, continuidad de una política de su antecesor y muchas otras construcciones físicas, aunque la inversión se haya estancado en un 16 % del presupuesto nacional, porque se mantiene el incremento desbordante del gasto corriente. Pero no hay dudas que también ha destinado más recursos a crédito para pequeñas y mediana empresas y productores agropecuarios.

El presidente Medina se ha empeñado en acercarse más a la población, aunque lo hace distribuyendo el dinero que corresponde a los ayuntamientos, a los cuales les ha reducido la asignación por debajo del 3%, en vez del 10 que establece la ley de municipios. El crecimiento, aún ralentizado el año pasado, del 4.6% y la inflación del 4% son también logros de la gestión. Pero no hay ninguna revolución ni educativa, ni del transporte, ni del campo, como ha indicado, que lo proyecte como un nuevo ser providencial que debe continuar en el poder sin medir costo institucional y moral por encima de lo dispuesto en la Constitución que él mismo promovió para reelegirse hace apenas dos años.

Mientras manifestantes transportados pedían  “cuatro años más”, Danilo Medina los alentaba con la conocida proclama de que “aún nos queda mucho por hacer”, prometiendo que después de más de cinco años de trabajo intenso “no vamos a parar, No vamos a bajar el ritmo. Especialmente ahora, después de todas las batallas que hemos ganado juntos”.

Omisiones fundamentales

            Como advirtió el reconocido sociólogo César Pérez lo más desconcertante no fue lo que el presidente dijo, sino lo que omitió, comenzando por los recurrentes déficits de toda una década, que conducen el país hacia la insostenibilidad fiscal, y la consiguiente carrera de endeudamiento estatal que el año pasado pasó de 40 mil millones de dólares, creciendo a un ritmo de 12 millones de dólares, más de 580 millones de pesos,  por día, que ya sobrepasan el50% del PIB y cuyos intereses ya comprometen el 24% de los ingresos.

Pasó por alto el informe que acaba de emitir una misión del FMI advirtiendo la necesidad de contener el ya crónico déficit fiscal, las advertencias sobre insostenibilidad formuladas a fin del 2017 por las escuelas de economía de la Universidad Autónoma, de la Universidad Madre y Maestra y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, así como por múltiples economistas y centros de estudios económicos.

El informe presidencial ignoró que el año pasado el país fue sacudido por multitudes que reclamaron en las calles límites a la corrupción y la impunidad, a partir del escándalo Odebrecht y los que se sucedieron cada mes. No mencionó la palabra Odebrecht ni siquiera para explicar cómo esa empresa va a concluir las plantas de carbón sin que se le pague los 708 millones de dólares adicionales que reclama.

Tampoco se refirió el presidente a los factores que han impedido la conclusión del Pacto Eléctrico, ni mucho menos a las razones por las que no ha iniciado las gestiones del Pacto Fiscal, mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, con plazos vencidos, y a los que él mismo se había comprometido desde su discurso de juramentación del 2012.

Manipulación de datos

            Hubo en el discurso de Danilo Medina manipulaciones de datos, por ejemplo en el presupuesto de salud y de la justicia, comparando la asignación total del 2012-18, en vez de hacerlo como porcentaje del gasto total. En salud hace tiempo que está estancado, por debajo del 2% del PIB cuando los organismos internacionales sugieren el 5, y es de los más bajos de la región.

En cuanto al Poder Judicial es peor, porque la ley194-04 le asigna el 2.66% de los gastos, y en el período 2012-18 apenas le otorgan un promedio del 1.1%, y el 46.5% de lo que les correspondía. Si bien los $6,872 millones del año pasado, superaron en más de 66% los 4,007 del 2012, eso sólo fue superior en 0.2% y el 48% de lo que le correspondía por ley. Por igual a la Procuraduría General de la República la ley le dispone el 1.4% y se le entrega el 0.8% que representa el 66% de lo correspondiente en los cinco años, según cuadro del experto fiscal José Rijo.

Igual es manipulación anunciar que las exportaciones dominicanas alcanzan por primera vez los US$10 mil millones, Según el Barómetro del Comercio del Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano, de la Universidad Madre y Maestra, en 2017 fueron por US$8,831millones, pero sólo US$3,236 de los exportadores nacionales, y la mayoría de las zonas francas. Pero Medina ignora que hubo un desbalance o déficit comercial de US$9,184 millones, ya que las importaciones totalizaron US$18,015 millones.

Por igual el presidente se encontró con una evaluación positiva a la transparencia de su gobierno de la Oficina de Presupuesto Abierto Internacional para defenderse, pero ignoró que las más reconocidas del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional lo colocan entre los más opacos y de mayor corrupción en el mundo.

El país de clase media        

            Pero lo que más burla ha levantado del discurso de Medina es su afirmaicón de que la RD es ya un país de clase media, gracias a la redención de la pobreza en sus cinco años de gobierno. El destacado sociólogo Cándido Mercedes cita el parámetro del Banco Interamericano  de Desarrollo de un ingreso entre US$10 y US$50 diarios para ser considerado clase media que él redondea entre $15,000 y $75,000 mensuales.

El promedio de los salarios formales dominicanos estimado en $21.000, queda lejos de esa meta, mientras el costo promedio de la canasta familiar es situado por el Banco Central en $30,000. El 80% de los asalariados formales ganan menos de $25,000, y el ingreso de los informales es un tercio menor. El salario mínimo en zonas francas es $9,000  y sus 165,796 empleados ganan un promedio de apenas $11,000. En turismo es un poco mejor, con 330 mil empleados, pero el salario mínimo está aún en $10,300. Cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre está en $14,000.

Medina segura que se crearon 120,237 empleos el año pasado y hasta que en mayoría formales, pero el Centro Regional de Estudios Estratégicos Sostenibles (CREES) asegura que la mayoría fueron informales, y amprado en estadísticas del Banco Central publica un cuadro donde consigna que apenas en el gobierno creció el empleo formal, en 2017, con 44,004, y que en el sector privado se redujo en 6,092. Afirma que el año pasado la informalidad creció al 58.7% del total de los empleados.

Pese a ser este un país de clase media, contrasta que el 48% de los jóvenes hayan dicho que planean irse del país, según el Barómetro de las Américas. Y el mismo 27 de febrero 20 dominicanos eran detenidos tratando de ingresar por yola al devastado Puerto Rico.

Repetición de promesas

            En el discurso abundaron repeticiones de promesas de obras, como la de la Presa de Monte Grande y muchas viales, sin explicar cuáles están incluidas en el presupuesto nacional. Parece haber olvidado  los 7 grandes obras para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del sur, prometidos el año pasado.

Olvidados están también los compromisos anteriores de revisar el modelo económico nacional,  pero se repiten promesas de fortalecer la frontera, de revolucionar el t4ransporte urbano, de viviendas, agua potable y electricidad, cuyas carencias no son compatibles con países de clase media.

Otro vacío fue el de la institucionalidad democrática. El presidente expresó su esperanza de que se aprueben ls reformas electorales, pero sin asumir mayor compromiso, ni tratar de  desbloquearla, ni mucho menos responder los cuestionamientos de la sociedad civil o de los partidos de oposición, que para él no existen, como tampoco los gobiernos municipales.

En resumen, el discurso tuvo sus aspectos positivos, pero el presidente Medina no trató de disipar las mayores incertidumbres económicas ni políticas.-

Es difícil sustituir los carro-conchos con mayoría del pasaje, y el metro 6%

A1El drama del transporte de la gran urbe de Santo Domingo es cada año peor, a pesar de la enorme inversión en un metro que a 9 años de operación apenas moviliza el 6% de los pasajeros, mientras el 90% sigue dependiendo de carros, minibuses y motores

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Causó gran sorpresa el anuncio de la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, de que sacarán los “carro-conchos” de las nueve avenidas principales del Gran Santo Domingo, cuando ese medio suple gran parte de la demanda de una población de 3 millones 775 mil 455 al 2017.

Otra información reciente evidencia que la inversión en el metro de Santo Domingo sigue siendo un fiasco, cuando a 9 años del inicio de sus operaciones y cinco de su segunda línea, sólo cubre el 6% de la demanda de transporte público en la capital, sin concluir la línea 2-B a casi 2 años que “la puso en operación” el presidente Danilo Medina.

Un persistente fracaso

            Ya en los años cincuenta, cuando la capital dominicana llegaba a los 500 mil pobladores, el transporte público se realizaba mayoritariamente en los llamados “carros de concho”. El estudio en que se fundamentó la nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  63-17, titulado Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo 2012, estableció que los conchos, microbuses, minibuses y motocicletas  movían más del 91% de los pasajeros capitalinos.

Las estadísticas se ese diagnóstico parece que siguen siendo la referencia, pues fueron avaladas en un foro sobre seguridad vial el año pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hace 6 años los conchos fueron estimados en 16 mil 500 (ahora más de 20 mil) y junto con 2 mil 800 micro y minibuses, movilizaban el 80.5% de los pasajeros de la gran urbe que abarca el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Le seguía el peligroso “moto-concho”, en motocicletas, que cubría el 10.6%, los 160 autobuses de la OMSA el 3.6%, el metro estaba en 3.3%, y 90 autobuses privados el 2%. No se precisaba el porcentaje que se movía en conchos, pero los expertos aseguran que alrededor de la mitad. Desde entonces lo que más ha crecido es el moto-concho, tanto que la directora del INTRANT los cuantificó el mes pasado en la mitad de más de 2 millones de motocicletas.

Hace más de cinco décadas que se viene anunciando la sustitución de los carro-conchos, lo que requiere una gran inversión en vehículos de transporte colectivo, como autobuses, y nada se ha avanzado, registrándose un persistente fracaso en las inversiones públicas al efecto, incluyendo la del metro, y el sector privado ha preferido concentrarse en las rutas interurbanas, donde no hay control del costo de los pasajes.

Un anuncio precipitado

            Lo mínimo que se puede estimar del anuncio de la exclusión de los conchos de nueve principales avenidas es que fue precipitado, porque primero tendrían que invertir en muchos cientos de autobuses, y luego ver cómo controlar a una masa de 20 mil operadores que defenderán su medio de vida. El marco regulatorio y su cumplimiento son tan débiles que no se ha podido evitar que esos mismos operadores ocupen un carril en cuadras enteras de alto tráfico en las principales avenidas, aún del polígono central.

Pero si por ineficiencia fuera, la mayor ofensiva debería hacerse contra el moto-concho que tiene un costo escandaloso en muertes y lesionados y que contribuye en gran medida a que el país sea el segundo en el mundo en tasa de mortalidad por accidentes  vehiculares. La directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Alexandra Izquierdo,  informó en octubre que 18  mil 800 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito entre el 2007 y 2016, y todas las estadísticas  indican que casi dos terceras partes en motocicletas. El presidente de la Fundación Red de la Dignidad, ingeniero Mario Holguín sostuvo en el foro sobre seguridad vial que el país gasta anualmente por los accidentes de tránsito tanto como el 4% del PIB que se destina a educación.

El moto-concho es una de las más claras expresiones de la pobre calidad del empleo en el país, de la informalidad en que el 59 por ciento se gana la vida. Tal vez sea exagerado estimarlos en el 50% de las motocicletas, pero es seguro que son más de medio millón y que resultará de alto costo social desplazarlos para juntarlo al otro medio millón en que se calculan los que no tienen oportunidad de estudiar ni trabajar.

El pobre metro capitalino

            Hace dos semanas muchos ponderaron como gran éxito que el metro de Santo Domingo transportara 75.6 millones de pasajeros en el 2017, pero resulta que esa cifra apenas representa el 6.4 por ciento de la demanda del Gran Santo Domingo, que dividida entre 360 días promedia 212 mil 500 pasajeros diariamente.  Cuando el diagnóstico del 2012 la población era de 3 millones 339 mil, y se estimó una demanda de 3 millones de pasajes, que ahora serían 3 millones 300 mil, guardando proporción al incremento poblacional. La ONE proyecta la población al 2017 en 3 millones 775 mil 455.

Es dramático que tras una inversión que se estima en más de 2 mil millones de dólares, en las dos líneas del metro y la extensión en curso de la segunda, ese vehículo apenas transporte poco más de la mitad de los que mueve el moto-concho. Asumiendo que sus 212 mil 500 pasajeros diarios son en ida y vuelta, entonces los beneficiarios del metro serían sólo 106 mil 250 personas, el 2.81% de la población de la urbe que se divide en 2 millones 753 mil 219 en la provincia Santo Domingo y 1 millón 22 mil 236 en el DN.

Para esos 106 mil que se benefician, a un precio promedio subsidiado de 20 pesos, el metro es una bendición caída del cielo. Pero con lo que ha costado se habría podido colectivizar el transporte y renovado los autobuses en una solución de carriles exclusivos y trenes aéreos, abaratando para todos un transporte público que consume entre 15 y 20% de los salarios del 67% de los empleados, trabajadores formales o informales.

Un tren demasiado lento

            No puede haber duda de que el metro de Santo Domingo ha sido un tren demasiado lento como solución del transporte capitalino. Se inició al comenzar el 2005 y su primera línea arrancó en enero del 2009, sirviendo al 3% de los pasajeros. Con la segunda línea, abierta en abril del 2013, los duplicó al 6.l % en el 2015, ínfimo en relación a las expectativas creadas y la inversión, y en dos años sólo avanzó hasta el 6.4% actual, ahora con mayor población.

La ineficiencia ha sido fruto de la improvisación, comenzando por la primera línea que se trazó de norte a sur, de mucho menos tráfico humano que de este-oeste que se ha pretendido cubrir con la segunda, pero ésta no penetró a ninguno de los barrios de gran población del este y oeste capitalino. Eso se alcanzaría con la línea 2-B, o tercera, que uniría a Los Alcarrizos con Los Minas. Se debe esperar que entonces los usuarios del metro superen al moto-concho.

La utilidad ya sería mucho mayor si hubiesen implementado las “rutas alimentadoras” del metro, con un sistema de relevo que abarataría el costo para los usuarios, muchos de los cuales siguen utilizando el sistema obsoleto porque no pueden pagar dos o tres veces. El informe sobre la utilidad del metro el año pasado muestra claramente que está concentrada entre 7 y 10 de la mañana y entre 5 y 9 de la noche, llegando a transportar hasta 15 mil pasajeros a primera hora de la mañana, cuando incluso los vagones ya son insuficientes, pero se cae a una cuarta  parte el resto del tiempo.

El metro de Santo Domingo se inscribió entre los sueños del “Nueva York Chiquito” del presidente Leonel Fernández. Cuando lo anunció por primera vez en el 2004, al inicio de su segundo período de gobierno, la mayor parte de los expertos lo consideraron una solución muy costosa y recomendaron otras de menor costo y más rápidas. El Consejo Económico y Social que él mismo había creado, recomendó seguir los criterios de los expertos, lo que el mandatario pareció acoger, pero en enero del 2005 lo inició sin más discusiones.

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La línea 2-B que “manejó” Danilo

Cuando Leonel Fernández salió del poder en el 2012 dejó por la mitad la prolongación de la línea 2 de su metro, denominada 2-B, pero su sucesor Danilo Medina la ha conducido lentamente y cinco años y medio después no la ha terminado, aunque hace 21 meses, en mayo del 2016 durante su campaña electoral reeleccionista él mismo, con gran comitiva y mucha propaganda, “manejó” un tren prestado de la línea 2 y se anunció su próxima puesta en servicio.

El ingeniero Diandino Peña, hasta mayo del año pasado, director de la OPREP y de la construcción del metro, reclamó varias veces los recursos para concluir la obra. Dijo que ya habían invertido en la línea 2-B unos 385 millones de dólares, pero que el Congreso no había aprobado un préstamo por otros 60 millones para la compra de los vehículos, que tan pronto llegaran podrían completar y operar la ruta complementaria. Pero advirtió que no sabía cuánto tiempo tomaría la entrega, después que los contrataran.

Mientras tanto, la enorme inversión del metro todavía no se justifica y nadie precisa cuál ha sido su costo, incluyendo el pago de los intereses del financiamiento y el tiempo perdido mientras el tránsito y el transporte urbano capitalinos son cada día más caóticos.-

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Sigue un cuadro

                                             Metro de Santo Domingo      

2015                            2016                            2017

Total  de pasajeros                   66.2 millones               74.1 millones               76.5 millones

Pasajeros  por mes                  5,5 millones                  6.1 millones                 6.3 millones

Pasajeros por día                     183,989                       205,833                       212,500

Beneficiarios (ida y vuelta)     91,995                         102,916                       106,250

Porcentaje del pasaje                    6.1%                           6.3%                            6.4%

Porcentaje de la población            2.6%                           2.7%                           2.8%

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La Marcha Verde debe seguir sin cansarse ni sobrestimarse

La Marcha Verde afronta el desafío de seguir acumulando fuerza con metas realistas, consciente de que doblegar la corrupción y la impunidad no es cuestión de meses, controlando a los que se desesperan y a quienes subestiman el poder gubernamental  

Por Juan Bolívar Díaz

El movimiento Marcha Verde (MV), reconocido como el acontecimiento político-social más impactante del año pasado, tiene su primer desafío del 2018 el próximo domingo 28 con una concentración ante el Palacio Nacional llamada a demostrar que, al cumplir su primer aniversario,  no se ha extinguido como anhelan y pregonan los voceros del gobierno.

Para entonces los líderes del movimiento contra la corrupción y por el fin de la impunidad tendrán que presentar demandas concretas con metas alcanzables progresivamente y fomentar la conciencia de que vencer las resistencias de un sistema político profundamente corrompido no es cuestión de meses, probablemente años, aún con la incorporación de múltiples segmentos sociales.

La convocatoria al Palacio

Una asamblea nacional de la MV impuso una meta muy alta para comenzar el 2018, después de una pausa de meses en sus exitosas movilizaciones por gran parte del país, como es la de reunir una significativa concurrencia ante la sede del gobierno que se da por hecho que tendrá un cerco policíaco militar capaz de disuadir a una proporción de los inconformes.

Hubiese sido mejor inversión repetir la marcha con que arrancó el movimiento el 22 de enero del 2017, la cual partió de la confluencia de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez hasta el Altar de la Patria, pasando por el costado norte del Palacio Nacional, para demostrar que ahora son muchos más los que sustentan la lucha contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Pero predominaron los “más vigorosos” que ya para la marcha del 16 de julio querían ir hacia la sede del gobierno, y luego proponían una ruta de 12 kilómetros, a la Plaza de la bandera en la avenida Luperón, inalcanzable para las mayorías.

La concentración del 28 está prevista para la confluencia de la avenida México y 30 de Marzo, con tribuna de espalda al Palacio, conscientes de que las autoridades establecerán límites que tendrá que acatar una movilización ciudadana pacífica y ordenada, que convoca hasta a los niños, y le obligará a invertir recursos humanos para evitar y evadir provocaciones que degeneren en algún incidente para buscar su descrédito. El gobierno, que ha evadido confrontar abiertamente el movimiento no puede exponerse a una represión que potencie la protesta, pero sus bocinas intentarán meter miedo para reducir la participación.

Seguir acumulando fuerza

No hay dudas de que la MV logrará una gran concurrencia el 28, cuando deberá presentar la agenda para el 2018, que diseñó en los foros regionales de noviembre y diciembre pasados.  Lo que correspondería es proseguir la acumulación de fuerza manteniendo las características que le han dado impacto, de movimiento ciudadano pacífico y ordenado, de amplio espectro social, apartidista, de un gran liderazgo horizontal, sin protagonismos individualistas,  que convoca a todos los preocupados por el nivel que ha alcanzado la corrupción y la impunidad que la incentiva.

Los que pretenden milagros a corto plazo se muestran insatisfechos de los resultados del primer año de la MV, aunque la mayoría de sus líderes están conscientes del impacto logrado, posicionando la preocupación por la corrupción y la impunidad en el primer plano del debate nacional en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y en las tertulias cotidianas. La concentración evangélica del día de año nuevo y la pastoral de los obispos dominicanos de esta semana podrían ser fruto de la esencia de la movilización ciudadana. La orden de los Jesuitas difundió un video exhortando a proseguir la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Es obvio que el  gobierno y sus sustentadores han apostado a que la población se canse de marchar, guardando silencio frente a la movilización y sus demandas, pero no han podido dejar traslucir sus temores de que alcance mayores dimensiones, sobre todo cuando tiene pendiente en lo inmediato documentación de las acusaciones por el escándalo Odebrecht y salida de la incierta situación de las polémicas plantas de carbón, cuya finalización está afectada por la demanda de  708 millones de dólares adicionales para una obra considerada sobrevaluada desde su inicio.

Hay quienes se desesperan y preguntan si la MV podrá alcanzar su objetivo fundamental. Y la respuesta es que lo peor es darse por vencido o pretender que toda una cultura de corrupción puede ser desarraigada en cuestión de meses. El éxito de la lucha por la aplicación de la ley del 4% del PIB para la educación fue fruto de la persistencia de la movilización ciudadana durante varios años y era más fácil que poner límites a la corrupción y la impunidad.

Un programa aglutinante

La MV tendría que darse un programa que  siga convocando la ciudadanía, acentuando didácticamente la iniquidad de la corrupción y sus perjuicios, sobre todo para los sectores sociales excluidos y los más carenciados, que no han predominado en el movimiento de perfil de clases medias.            Es fundamental proponerse metas alcanzables que no generen frustración, y aún si no se consiguen, que  mantengan la indignación. Las propuestas que luzcan ambiciosas, en vez de sumar, desalientan a las mayorías adormecidas en los últimos tiempos por políticas de desmovilización y de cooptación de la dirigencia social, tanto en los niveles populares, como en los sindicales, gremios profesionales y empresariales, medios de comunicación, periodistas, artistas e intelectuales.

Como la MV no es un partido que pretenda el poder para transformar el país, sus metas tienen que estar vinculadas al combate de la corrupción y la proscripción de la impunidad, tanto de corto como mediano y largo plazo, enfatizando un calendario de prioridades.

En lo inmediato debería exigir que el 7 de febrero, al término del plazo de 8 meses, para fundamentar acusaciones por los sobornos del escándalo Odebrecht, la Procuraduría General presente las investigaciones realizadas en el país, independientemente de los vagos testimonios obtenidos en Brasil. También para que procese a todos los implicados, que presente la correspondiente investigación de las denuncias de sobrevaluaciones de las obras y del financiamiento político y que no se pague un peso más por las plantas de carbón.

Otras demandas inmediatas deben dirigirse al presidente Danilo Medina para que desbloquee la aprobación de las urgentes leyes del Régimen Electoral y de partidos, enfatizando los aspectos llamados a reducir la corrupción, como el alto costo de las campañas electorales sin controles ni sanciones, que auspician el abuso de los recursos estatales, la incursión de dinero mal habido, el rentismo empresarial y el culto al clientelismo que manipula la conciencia de los pobres.     De mediano y largo plazo

            En los próximos meses empieza la renovación de órganos como el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, que deben tener la atención de la MV por cuanto inciden en el control de la corrupción política y derechos ciudadanos. Sin descuidar el seguimiento firme al rosario de decenas de escándalos de corrupción pendientes de esclarecimiento y sanciones,

            El programa de la MV tendría que implicar metas de mediano y largo plazo, como las reformas institucionales para dar vigencia a la independencia de los poderes del Estado, especialmente de la justicia y el ministerio público, y para constituir los órganos de control del Estado, desde la Suprema Corte y la Junta Central Electoral, hasta el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional,  Cámara de Cuentas y Defensoría del Pueblo. Y para que el Congreso cumpla su función fiscalizadora, sin barrilitos ni cofrecitos.

Estas metas son de mediano y largo plazo por cuanto implican una reforma constitucional que no saldrá de un Congreso controlado plenamente por el mismo partido gobernante, pero son fundamentales para la regeneración institucional y el control de la corrupción y de la persistente impunidad. Todo eso es más aglutinante que la petición de renuncia y/o de juicio político al presidente Medina, cuando éste tiene bajo absoluto control todos los órganos del Estado.

Ni subestimar ni sobrestimar

            Los sectores incidentes en la MV tienen que tener en cuenta que el PLD ni su gobierno cederán nada si nl se ven obligados, para lo cual al movimiento y a la oposición política partidista les falta acumular mucho más fuerza, evadiendo la confrontación con acciones que, como un paro general que algunos acarician, sólo servirían para alejar sectores que apenas empiezan a caminar.

Algunos recuerdan las paralizaciones de los ochenta y noventa, pero olvidan que las promovían los sectores sindicales y populares, y estuvieron siempre acompañadas de coerción al comercio y los transportistas, con obstrucción de calles y carreteras, quemando gomas y árboles, y que nunca lograron cambios significativos.  Métodos que desnaturalizarían los pacifistas de la MV que han movido hasta a las monjas con todo y hábitos y a sectores empresariales.

A atletas que apenas comienzan a caminar no se les puede proponer que salten obstáculos o emprendan maratones, sin riesgos de que se sienten o se lesionen. La dirección de la MV ha tenido éxito en contener a los más entusiastas que sobrestiman sus propias fuerzas y subestiman las de un gobierno con amplio control político y social. También a quienes pretenden convertirla en partido político, desconociendo que ahí mismo empezaría a dividirse y reducirse, porque en ella participan militantes de una decena de grupos partidistas que no han pido concertar y menos unirse.

La coyuntura electoral

Los dirigentes de MV tienen también que seguir conteniendo las corrientes anti partidos, propias de coyunturas revolucionarias donde las masas se imponen a todo costo, lo que está lejos de la realidad. Su éxito dependerá de la persistencia en sus objetivos, como fue el caso del movimiento  por el 4% del PIB para la educación, que logró imponer su meta en la campaña electoral del 2012, por su capacidad para negociar con los partidos, incluyendo al de gobierno.

A menos que se produzca un desbordamiento de masas o un abrupto descalabro económico, que no están en el horizonte del corto plazo, el punto de inflexión para la Marcha Verde será la coyuntura electoral del 2020. Si llega con mayor fuerza  podría obligar a los gobernantes a acoger sus reclamos, o a los partidos opositores a levantarlos en un amplio frente. Si ninguna de estas dos alternativas operan, entonces, y sólo entonces, pudiera nacer alguna opción política nueva.     Pero que nadie sueñe con programas revolucionarios ni ambiciosos, pues la coyuntura nacional ni la internacional parecen ni remotamente propiciarlos. Un proyecto de transición democrática que revierta el deterioro institucional, con respeto de la Constitución y la leyes, que contenga la corrupción, la impunidad y la carrera insostenible de endeudamiento y que mejore las políticas sociales y promueva equidad, sería una revolución en las circunstancias actuales.-