Leonel le cierra el paso a Danilo, pero lo lastran Bautista y Díaz Rúa

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Luce empatada la batalla entre Danilo Medina y Leonel Fernández por la candidatura del PLD, uno sin el padrón abierto para un plebiscito reeleccionista, y el otro lanzado a las calles pero con el lastre de corrupción de Félix Bautista y Díaz Rúa

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Parece destinado al fracaso el último intento del presidente Danilo Medina por consignar en la ley de partidos  la posibilidad del padrón abierto para la elección de los candidatos, que podría ser utilizado como plebiscito para buscar reformar la Constitución y permitirle una nueva postulación, o auspiciar a otro de su confianza.

Mientras tanto se acentúa el fraccionalismo en el Partido de la Liberación Dominicana, petrificado y sin árbitros, con su presidente, Leonel Fernández,  a la ofensiva en las calles, pero cargando el lastre de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, en quienes se personifica una corrupción que trasciende el ámbito nacional.

Fracasa la nueva fórmula

            Tras dos semanas de la propuesta de transacción de los danilistas para que se consigne en la ley de partidos que cada organización escoja el método de elección de sus candidaturas, pero precisando que pueda ser también el padrón abierto, se mantiene el tranque que ha impedido la aprobación de esa  legislación, básicamente por la división que afecta al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A mediados de abril los danilistas estaban tan decididos a imponer las primarias abiertas obligatorias, que abandonaron una Comisión Bicameral, donde  bregaron por un año, para aprobarla en el Senado donde reúnen los dos tercios necesarios. Pero tropezaron en la cámara baja al comenzar mayo con el bloque de 34 diputados leonelistas, además de los de oposición, que suman casi la mitad. La maniobra de quedarse fuera de la sesión del 3 de mayo les permitió contactar que ninguno de los leonelistas desertaban, y sólo 7 del medio centenar de los del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que pronto rectificaron y se comprometieron con la posición de rechazo a las primarias abiertas.

Cuando el 7 de mayo el expresidente Hipólito Mejía acató la línea del PRM, murió el primer proyecto de los danilistas y llegó la carta del presidente Danilo Medina, pidiendo que volvieran a la Comisión Bilateral en búsqueda de consenso. Se instaló una negociación infructífera entre los presidentes de ambas cámaras y los voceros de las bancadas, por lo que el 1 de junio llegó la propuesta de transacción rechazada de inmediato por los leonelistas, y que tuvo alguna receptividad entre perremeistas y reformistas, pero pronto recordaron que en la víspera 11 partidos de oposición habían reiterado en comunicado público la posición adoptada el 26 de enero: que se escogiera libremente, pero “en caso de optar por el método de las elecciones primarias, estas deben ser cerradas”.

El plebiscito de Danilo

            Los perremeistas, que parecían inclinados por la propuesta libertad absoluta, para viabilizar la Ley de Partidos, debieron frenar para salvar el bloque de oposición, ya que varios integrantes se oponían firmemente a abandonar lo sostenido durante meses. Más firmes los leonelistas para quienes parece de vida o muerte evitar que el presidente Medina les imponga el padrón abierto.

Una línea de análisis considera que la insistencia en el padrón abierto es para que sea “el plebiscito de Danilo”, quien sería inscrito como precandidato, y pocos dudan que utilizando todo el poder del Estado, aplastaría a Leonel, para luego convencer al partido de acatar “el mandato plebiscitario popular” y proceder a reformar de nuevo la Constitución para poder inscribir la candidatura presidencial. Contarían con que el temor a dividirse y perder el poder, produciría la reunificación en torno a la magia presidencial.

La hipótesis del plebiscito se fundamenta en que “sólo Danilo frena a Leonel”, por las ventajas que éste registra en todas las encuestas sobre los peledeístas alternativos, excepto su propia esposa la vicepresidenta Margarita Cedeño. Temen que los leonelistas objeten la precandidatura plebiscitaria ante el Tribunal Constitucional, lo que conllevaría incertidumbres y profundización de las divisiones.

Calculan que los riesgos disminuirían si es una ley la que permite la opción del padrón abierto, sobre todo si es acogida por la oposición. Imponerlo sólo en el PLD, demandaría una modificación estatutaria, pues está establecido el voto de sus miembros, y puede ser traumático con Leonel Fernández de presidente del partido.

Leonel tirado a las calles

No es secreto que los danilistas hace tiempo tratan de “evitar el retorno al poder de un Leonel vengativo, por los auspicios que se le atribuyeron de las denuncias del narcotraficante convicto Quirino Paulino, que contribuyeron a sacar al expresidente de la competencia por la candidatura presidencial en el 2015. Como este conoce muy bien de las ventajas que tienen “los que reparten los sobrecitos” y emplean ventajosamente todo los poderes del Estado, decidió lanzarse temprano a la precampaña electoral para fortalecer su posicióna dentro y fuera del partido y hacer más costoso que Medina pueda burlar los acuerdos del 2015, que incluyeron una cláusula constitucional que le prohíbe optar por la reelección en el 2020.

La ofensiva leonelista comenzó en agosto del año pasado, cuando lanzaron su proyecto “RD-2044”, atendiendo al planteamiento de Fernández de que el PLD debe gobernar hasta el bicentenario de la República. El lider peledeísta comenzó dictando conferencias,  mientras sus fieles iniciaron la recaudación de “dos millones de firmas”.

En la primera semana de Junio les alentó un análisis de The Economic que le atribuía al expresidente muchas posibilidades de ganar la candidatura del PLD y también de  volver al poder, y con una encuesta de la firma Latin Insights, desconocida en el país, y de la que él es cliente consultor, que lo colocaba en amplia ventaja frente a cualquier candidato de la oposición de cara al 2020. Y el domingo Leonel salió a  las calles en caravana por los barrios populosos del norte capitalino, seguido por miles de fieles, proclamando que “el calor del pueblo lo motiva a seguir” buscando volver al poder.

Los lastres de Leonel

            La resolución de Leonel y sus seguidores, advirtiendo que ya cedieron en el 2012 y en el 2016 a favor de Danilo, ha contribuido decididamente a cerrarle el paso a los intentos reeleccionistas, sembrando la idea de que desconocer el pacto del 2015 en el Comité Político conlleva la división, lo que ha dejado fuera de acción a ese como a los demás organismos del partido.

Pero el camino de ninguna manera está desbrozado para un Fernández que carga el lastre de la enorme corrupción de que se acusa a sus gobiernos, personificada en varios  de sus más cercanos colaboradores, como los secretarios de Organización y de Finanzas del PLD, Félix Bautista y Víctor Díaz Rua. El primero es el mayor implicado en las acusaciones de la semana pasada de la Procuraduría General de la República por los sobornos de Odebrecht, y el segundo puesto esta semana por Estados Unidos en una lista que le prohíbe no sólo el ingreso de él y su familia a ese país, sino que le impide cualquier negocio con empresas norteamericanas.

La sanción de Bautista, quien el domingo acompañaba a Leonel en su caravana,  por supuesos actos de corrupción en Haiti fue celebrada en el país, por la imagen que se  conserva de quien fuera acusado en un expediente del Ministerio Público por irregularidades administrativa que envolvieron más de 26 mil millones de pesos. Es convicción general que el no ha lugar que dictaminó la justicia, fue parte de los acuerdos para la repostulaicón de Medina en el 2016. Se secretea que otro de los acaudalados colaboradores de Leonel, el constructor del metro Diandino Peña, podría también enfrentrar dificultades por las denuncias sobre su patrimonio formuladas por reportaje de Alicia Ortega, en manos de la Procuraduría. Y que se reservan otras iniciativas.

Ya no podemos mirarnos a los ojos

            Con los dos líderes del partido enfrentados, en duelo político y ya personal, con el presidente y el secretario general disputándose agriamente la candidatura presidencial, y la salida al mismo ruedo de dos ministros del actual gobierno,  Francisco Domínguez Brito y Carlos Amarante Baret, estimulados por el presidente Medina, con indicaciones de que saldrían otros dos, Andrés Navarro y Gonzalo Castillo, más los jóvenes dirigentes Carlos Peña y Manuel Crespo, ya en campaña, el PLD pasa su peor crisis sin arbitraje.

Cuando esta semana se levantaron voces pidiendo la suspensión  de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, por su vinculación a la corrupción, el vocero del partido, Héctor Olivo, se apresuró a advertir que los tribunales de disciplina y ética del PLD no están conformados.

Los enconos entre los peledeístas por el poder fueron dramatizados recientemente por un reflexivo legislador, que los consideró casi insuperables, “porque la desconfianza es tan grande que ya no podemos mirarnos a los ojos”. En ese escenario algunos opositores consideran que lo que más les conviene es dejar que los peledeístas se consuman en la pelea por el padrón abierto o cerrado, por lo que descartan que puedan ayudar al que utiliza el poder a derrotar a su adversario y fortalecerse para abrirse paso al continuismo.-

La fallida investigación de la PGR abona el camino a la impunidad

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Tras más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, los imputados por la escandalosa  corrupción de Odebrecht se reducen a la mitad, sin determinar el destino de los sobornos ni la sobrevaluación de sus obras ni su financiamiento político 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La conclusiones de un año y medio de investigación sobre las implicaciones en el país del escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht son profundamente decepcionantes, reduciendo a la mitad el número de imputados y sin avance en determinar los montos de las sobrevaluaciones ni los destinatarios del financiamiento político.

A todas luces la Procuraduría General de la República evadió investigar las responsabilidades del gobierno del que depende, sin imputar ahora ni uno solo de sus funcionarios, ni los responsables legislativos, y revocando las acusaciones que formuló hace un año a tres miembros del Comité Político del partido gobernante.

Vergonzoso e indignante

            El presidente del partido opositor Alianza País, Guillermo Moreno, no necesitó muchas horas para estimar que “la acusación presentada por el procurador en el caso Odebrecht produce vergüenza e indignación ante este nuevo  capítulo de impunidad”, porque han parido un ratón después de un año y medio de investigación, con más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, que abarcó a más de 400 personas y compañías, y la revisión de más de 800 mil transacciones y operaciones financieras.

Tan arduo trabajo, según explicó al país el procurador Jean Alain Rodríguez, no logró ni por asomo identificar los destinatarios de los 92 millones de dólares de sobornos confesados por Odebrecht, ni tampoco la magnitud de las sobrevaluaciones de las 17 obras contratadas por tres gobiernos, ni mucho menos los beneficiarios del financiamiento electoral testimoniado por altos ejecutivos de la constructora brasileña.

Resalta que los 14 imputados hace un año por los sobornos se redujeran a 6 y que sólo pudieran añadir un séptimo, el secretario general del principal partido de oposición, y expresidente del Senado Jesús Vásquez, intercambiado por  el expresidente de la Cámara de Diputados  Alfredo Pacheco, del mismo partido, liberado ahora de responsabilidad.

Más relevante es que entre los liberados estén tres miembros del Comité Politico del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exadministrador de la CDEEE Radhamés Segura, y el expresidente del Senado Julio César Valentín, Además el aliado gubernamental y exdiputado Ruddy Gonzalez.  Los otros liberados fueron César Sánchez, exadministrador de la CDEEE Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos, exfuncionarios de la hidroeléctrica estatal. Parece quedar demostrado que, como proclamó entonces la jueza Miriam Germán, sus imputaciones estaban pobremente fundamentadas.

¿Dónde están los cuartos?

            La pregunta fue formulada en esta página el 8 de julio del 2017. La PGR partió de la documentación de 101 transferencias de fondos de cinco empresas de Odebrecht a dos del imputado Angel Rondón, “el hombre del maletín de reparto”, montante a US$83.2 millones, que ingresaron al país entre el 2007 y enero del 2015, el 25% en el período 2007-11, y el 75% entre 2012-15. El 33% bajo el gobierno de Leonel Fernández, hasta agosto del 2012, y el 67% en el del presidente Danilo Medina, de agosto del 12 a enero del 2015.

Ahora que quedan libres Montás, Segura, Valentín y González, del gobierno de Medina, y que la PGR insiste en que no hubo sobornos en la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, cobra más fuerza la pregunta: dónde fueron a parar esas transferencias, si no hay imputados de este período, a quién y para qué se sobornaba?

Las transferencias, lo mejor documentado en toda la investigación de la PGR, fueron en ascenso progresivo: de US$11.4 millones en el 2012, pasaron a 15.8 millones en el 2013 y a 33.8 millones en el 2014, con una sóla, de 1.1 millón en enero del 2015, cuando la acción judicial en Brasil paralizó las operaciones. Entre el 13 y el 14, ya en el gobierno de Medina fue la mayor contratación con Odebrecht, las plantas de carbón por US$2,040 millones, y la Circunvalación de La Romana por US$298.8 millones.

El fuerte tufo político

El tufo político fue evidente en las imputaciones de mayo del 2017, cuando acusaron y apresaron igual número de funcionarios y legisladores del período 2000-04, que en los gobiernos de Fernández y Medina, 6 de cada uno, aunque en el primero sólo se contrataron dos obras por US$293 millones, una de las cuales no llegó a iniciar, por sólo  el 5% de los US$5 mil 957 millones, 987,457 de las obras contratadas con Odebrecht.

Quedan imputados dos expresidentes del Senado, que ejercieron hasta agosto del 2006, desde el Partido Revolucionario Dominicano, y que ahora son nada menos que presidente y secretario general del principal opositor el Revolucionario Moderno (PRM). También Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto de Aguas Potables hasta el 2004, los tres antes que comenzaran las transferencias documentadas. De los años de las transferencias, cuando se aprobó el 95% de lo contratado, sólo hay un senador imputado, Tommy Galán, quien no presidió el organismo, el ministro de Fernández, Víctor Díaz Rúa y su abogado Conrado Pittaluga. Por partidos, tres son del PRM y sólo dos del PLD, más Rondón, que habría sido de todos, y el abogado de Díaz Rúa.

Con los resultados presentados por el procurador se justifica la indignación del jurista Guillermo Moreno. Más aún si después de un año de las imputaciones a 14 personas, el funcionario confiesa que no habían reunido evidencias documentales para acusar y meter presos, en un aparatoso circo político, a más de la mitad.

Financiamiento electoral

            Si hay algo en el escándalo que la PGR ha rehuido son las denuncias sobre el financiamiento de campañas electorales, porque todos los caminos conducen al presidente Danilo Medina, quien hizo tres viajes a Brasil, en contacto con los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff y los funcionarios de Petrobras y Odebrecht, en 2005 como ministro de le presidencia, 2011 como candidato presidencial y 2012 como presidente Electo. En el segundo consiguió la asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, identificados en múltiples interrogatorios, hasta del presidente de Odebrecht, como sus brazos políticos para el auspicio de campañas electorales en Brasil, República Dominicana y otros 5 países.

Debe asumirse que a la PGR tanto Odebrecht como las autoridades judiciales de Brasil le entregaron los interrogatorios de las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht, y de los directores de su departamento de “Operaciones Estructuradas” o propinas, Fernando Miggliacio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha. Da Silva testimonió que entre 2006-14 invirtieron US$ 3,390 millones en campañas electorales. Todos señalan reiteradas veces cómo operaban con Joao Santana y Mónica, y cómo trasladaron sus operaciones a Santo Domingo, por lugar seguro, cuando la justicia brasileña apretó sus investigaciones. Santana y Moura tuvieron despacho en el Palacio Nacional de Medina hasta que fueron requeridos y apresados al llegar a Brasil, para ser luego condenados. Los procuradores de países como Perú y Colombia incluso obtuvieron interrogar directamente a esos ejecutivos y por eso han investigado y procesado a expresidentes y en ejercicio.

Pero Jean Alain Rodríguez no tiene independencia para llegar tan lejos, y ni siquiera explica cómo liberó a Temístocles Montás, quien admitió en espacio pagado de junio 2017, que recibió financiamiento de Angel Rondón para las campañas electorales del PLD en 2008, 2012 y 2016. Tampoco se ha referido a la instancia formal de investigación de cuatro entidades sociales dominicanas que recogieron la detección en Perú de una triangulación de empresas de Odebrecht que en el 2013 hicieron 16 transferencias por US4 millones 396,796 a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao y Mónica, aunque se le proporcionó el número de la cuenta y el banco donde operaba.

Nada de sobrevaluaciones

            También es indignante que a más de 18 meses del estallido del escándalo de Odebrecht, en diciembre del 2016, se llegue al plazo de las imputaciones sin haber realizado las auditorías reclamadas desde el principio para establecer los montos de las sobrevaluaciones, que según confesión de los ejecutivos de la constructora brasileña “tenían como patrón el 22%, para financiar los sobornos y campañas electorales.

Un consorcio internacional de periodistas que han investigado el escándalo de Odebrecht  estimó en US$1,217 millones las sobrevaluaciones en las obras contratadas en República Dominicana. El 22% de los US$5 mil 957.7 millones de las 17 obras en el país, arroja US$1,119 millones. En todas las contrataciones hubo adendas para escalar costos, en la hidroeléctrica Pinalito de 176%, en la Palomino 163% y en la circunvalación La Romana 132%. En las plantas de carbón se aducen sobreprecios hasta del 100 por ciento, y todavía Odebrecht reclama otros US$708 millones, sobre los 2,040 originalmente acordados.

El procurador dice simplemente que la Cámara de Cuentas no ha hecho las auditorías de costos, lo que debió exigir, incluso con intimación judicial, pero tampoco procuró determinar los responsables de todos los escalamientos de precios sobre el 25% de lo contratado, penalizados por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Un conteo de 8 de las 17 obras de Odebrecht contratadas por US$1,240 millones, establece que terminaron en 1,838 millones, con escalamiento de US634 millones, para un 51%.-

Las primarias abiertas sacuden el Congreso, el PLD y el PRM

2222Lo montado en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de Ley de Partidos con elección primaria abierta fue un espectáculo indicativo de la resquebrajadura del partido de gobierno, cuyos vientos siembran incertidumbres en el principal opositor 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El boicoteo de la sesión de la Cámara de Diputados que el jueves conocería el proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría peledeísta seguidora del presidente Danilo Medina ratifica la decisión de imponer el padrón nacional en la elección de todos los candidatos, aún al costo de desguañangar el sistema partidista.

El empeño gubernamental, que divide al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reflejó ya sobre el principal partido de oposición, cuando ocho de sus 49 diputados se sumaron al boicot oficialista, y fueron determinantes para impedir la sesión, sembrando incertidumbres sobre la unidad de su organización opuesta al proyecto.

Nudismo en la Cámara Baja

            Lo del jueves en la Cámara de Diputados fue un espectáculo de nudismo y miserias políticas e institucionales, con una mayoría de los legisladores del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) boicoteando una sesión, estando presentes en el mismo edificio congresual, presidida por uno de los propios, el diputado Rubén Maldonado, pero adscrito a la corriente del expresidente Leonel Fernández, enfrentado al presidente Danlo Medina. Alegaron que no participaban de la sesión para evitar “un desorden orquestado”.

            Maldonado presidía solitario, pues los demás directivos de la cámara estaban en el boicot, mientras el vocero de los diputados peledeistas, Gustavo Sánchez, aún dentro del salón de sesiones, escondía la cabeza cuando se pasaba lista para darse por ausente. En tanto  ocho diputados del principal partido opositor, fuera del salón se sumaban a los oficialistas desatendiendo los llamados de su propio vocero, Alfredo Pacheco, para que respetaran la decisión del máximo organismo partidario que junto a casi todos los opositores y gran parte de la sociedad civil ha mantenido rechazo a los intentos de imponer el padrón abierto en la elección de candidaturas.

Seis de los ocho disidentes del PRM son señalados como seguidores de Hipólito Mejía, cuyo vocero Eddy Olivares persiste en coincidir con los oficialistas en la defensa del padrón abierto, mientras la hija del expresidente, la recién electa secretaria general del partido, Carolina Mejía, se manifestaba indignada porque los peledeístas han reducido la ley de partidos a un asunto de padrón abierto o cerrado. Los danilistas no tenían votos para ratificar el proyecto y con múltiples ausencias y el presidente de la Cámara opuesto, temían que pudieran rechazarlo o enviarlo a la comisión propia de la Cámara de Diputados donde pasaría mucho tiempo.

Agudizada la confrontación

            La ocurrenciadel jueves eleva a su máximo nivel la confrontación en el seno del PLD por la candidatura presidencial del 2020, con el presidente Medina impedido por la Constitución de optar por la reelección y el expresidente Fernández lanzado a las calles en búsqueda de la nominación. Cada día crecen los enconos  grupales y la decisión de los danilistas de impedir a cualquier precio  la candidatura “de un Leonel vengativo”.

La situación está fuera de control, ya que la división se incuba en los órganos directivos, después de un año de diferencias sobre la inclusión de las primarias abiertas en la Ley de Partidos. El 2 de Octubre el Comité Político del PLD, máximo organismo ejecutivo, decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminaran sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas como método único de elección de candidatos, objetada por Fernández en base a que la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley que la instituyó en el 2004.

Cuatro meses después, el 5 de febrero, el mismo organismo dejó sin efecto la resolución, y autorizó a sus legisladores a decidir individualmente. Para el 8 de marzo se anunció una nueva sesión del Comité Político, suspendida en la víspera, sin que hayan podido reunirlo nuevamente. Fue ese Comité Político el que saldó la anterior confrontación Danilo-Leonel en mayo  del 2015 por la candidatura presidencial del 2016, votando por  reformar la Constitución para que Medina pudiera optar por la reelección, pero con un transitorio que le impide volver a postularse en el 2020, lo que ahora favorece a Fernández.

¿Un prueba de fuego?

            Dl boicot de los danilistas a la sesión de la Cámara de Diputados, reenviada para el próximo miércoles, pudo haber sido decidido para ganar tiempo en la búsqueda de votos opositores al proyecto de las primarias abiertas en que cifran su preponderancia electoral, pero también para probar cuántos diputados leonelistas y de la oposición habían logrado atraerse, especialmente del PRM que ha advertido su decisión de sancionar a quiénes se vayan contra la línea partidaria.

Con los leonelistas esta vez no avanzaron, porque no desertó ninguno de los 34 diputados que el 18 de abril se comprometieron a rechazar las primarias abiertas. Se cree que ganaron un voto adicional para acumular 3 de los 10 reformistas. Su éxito estuvo en la ausencia probada de los 8 perremeistas, una de los cuales, Jacqueline Montero, adujo que tenía su esposo enfermo. Seis son señalados como hipolitistas; Edelis Olivares (hermana del vocero de Mejía), Cuqui Morel, Lía Díaz, Edward Jorge, Nelson de la Rosa y Andrés Templar, El octavo, Sergio Goris Moya fue la mayor sorpresa, pues se le señala como seguidor de Luis Abinader, como Mejía precandidato presidencial, pero persistente opositor a la imposición de las primarias abiertas.

La actitud de esos diputados estaba en cuestionamiento ayer en los predios del PRM, cuyo Directorio Ejecutivo fue convocado para el lunes a fin de ponderar la situación. El vocero del bloque de diputados, Pacheco, se inclinaba por un llamado a reunión de los 8 para que expliquen su actitud, mientras otros abogaban por una sanción verbal y advertencia de suspensión y expulsión si repiten la coincidencia con los oficialistas.

Alto costo institucional

            Si los promotores de la imposición del padrón abierto a todos los partidos avanzaron con 9 opositores, todavía le faltaría conquistar otra veintena para estar en capacidad de pasar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, lo que no paree tan fácil, dado el nivel de oposición política y social al proyecto y sin dañar severamente la institucionalidad de los partidos. Esta misma semana 18 de los 26 partidos llegaron hasta la Cámara de Diputados para manifestar su oposición al proyecto.

También esta semana Participación Ciudadana y la Fundación institucionalidad y Justicia, mostraban las incoherencias y contradicciones del proyecto aprobado en el Senado, y el presidente de la Asociación de Industrias, Campos de Moya, reiteró ayer  por televisión la posición de las entidades empresariales de que se deje a cada partido escoger cualquier método democrático para elegir sus candidatos.

Seguía impactando el costo sobre 5 mil 600 millones de pesos en que la Junta Central Electoral ha estimado unas complicadas elecciones primarias de 26 partidos a la vez, con el padrón universal, lo que podría implicar hasta 320 mil precandidaturas, con un promedio de tres por cada uno de los 4 mil 106 cargos a elegir. Saltó al debate que no podrían ser entregando a cada elector la boleta por el partido que prefiera, porque violaría el principio del secreto del voto, y obligaría a entregarle las 26 enormes boletas.

La dicotomía de Hipólito

El proyecto comienza a cobrar su costo institucional ya no sólo en el PLD, sino también en el PRM, que no esperaba tan alto número de deserciones, en medio de versiones de que los gobiernistas se muestran dispuestos a utilizar recursos estatales para conquistar opositores y con ya inocultables inquietudes sobre la real posición de Hipólito Mejía, quien todavía la semana anterior declaraba por escrito que aunque favorecía las primarias abiertas, respetaba la decisión de su partido, que ue adoptada el año pasado tras varias reuniones de su Dirección Ejecutiva, se dice que por una “mayoría holgada”.

Pero llama la atención que todavía en la víspera de la sesión de los diputados, el vocero oficial de Mejía, Eddy Olivares, volviera a defender lo que prefiere el grupo del presidente Medina y rechazan casi todos los partidos y la sociedad civil. Se cree que Mejía envió una señal errónea cuando hace dos semanas en Santiago se enganchó al presidente Medina, éste de brazos cruzados, en una foto que difundieron ampliamente los medios oficialistas.

Defensores del gobierno en todos los medios cuentan con que los legisladores que siguen a Hipólito votarán finalmente por las primarias abiertas, aún desafiando al partido. Y no faltan quienes alientan la idea de que el mandatario peledeísta, imposibilitado de buscar la reelección, pudiera respaldar a Mejía en una fórmula que envolvería al Partido Revolucionario Dominicano, para evitar un eventual triunfo de Leonel.

Mejía tiene gran desventaja en las encuestas para la candidatura del PRM. Gallup-HOY de marzo arrojó 67 a 9% de preferencias a favor de Luis Abinader entre los que se dijeron perremeistas. En Octubre pasado fue 69 a 14%. Abinader le ganó la  candidatura para el 2016 por 70 a 29%, casi el 69 a 28% que arrojó la Gallup-HOY un mes antes. Por eso los hipolitistas creen que les conviene el padrón abierto, aunque también en el universo de los electores las preferencias por Abinader superan con mucho las de Mejia: 49 a 1l% en la Gallup-HOY de marzo pasado.-

 

Las tierras del CEA siguen generando conflictos, ahora las del ingenio Haina

9874598745Una coalición del Consejo de Desarrollo de Haina, con  organizaciones sociales, apoyada por el ayuntamiento y legisladores pone difícil la aprobación en el Congreso de la venta de 168 mil metros cuadrados, que reclaman para obras comunitarias  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Se ha fortalecido en las últimas semanas la oposición de la comunidad de Haina a la venta de los terrenos donde operó la factoría de lo que fuera el mayor ingenio azucarero de la región, contratada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con un consorcio agroindustrial a 1,200 pesos el metro cuadrado, que consideran debajo de su actual valor.

La oposición de la comunidad, que esta semana marchó por las calles, pone difícil a la Cámara de Diputados sellar una venta que ya el Senado aprobó sin vistas públicas, cuyos orígenes datan del 2010, más aún cuando los compradores, tienen arrendados esos terrenos desde el 2002, involucrando los tres últimos gobiernos.

Tirados al medio de la calle

            La falta de información y transparencia podría jugarle una mala pasada tanto al CEA como a los compradores, la Terminal Granelera del Caribe (TEGRA), integrada por un consorcio agroindustrial, pues los dirigentes  del Consejo de Desarrollo Integral de Haina, y los comunitarios están convencidos de que los terrenos incluyen áreas habitadas por miles de personas, aunque sin precisiones. Pero creen que las 14 parcelas que abarcan el distrito catastral 8 del municipio Bajos de Haina, no están claramente deslindadas.

Tanto en los ámbitos del CEA como de la empresa compradora, se asegura que existe el deslinde y que no incluye ninguno de los barrios del municipio de 124 mil habitantes para el censo del 2010, uno de los de mayor densidad poblacional e industrial del país, que alberga uno de los dos mayores puertos nacionales, la refinería de petróleo, tres plantas eléctricas en operación, dos zonas francas y un parque industrial.

Aunque el contrato data del 2010 y fue aprobado por el Senado en diciembre del 2014, los dirigentes sociales dicen que se enteraron cuando fue puesto en la agenda de  la Cámara de Diputados. Desde entonces crece la oposición que esta semana incluyó una marcha de miles de residentes. Además del Consejo de Desarrollo se han unido en la protesta el alcalde municipal y el Consejo de Regidores, sindicatos, asociaciones de comerciantes, la coordinadora de las juntas de vecinos, el Consejo de Pastores Evangélicos y la Asociación de Profesores. Legisladores y dirigentes políticos locales han acogido los reclamos comunitarios, demandando por lo menos información que disipe los temores.

El valor de los terrenos

Entre los argumentos que sustentan la oposición se cuenta la convicción de que los terrenos donde operó durante décadas la factoría industrial del ingenio Haina, con extensos almacenes, tanque de agua y una franja de acceso al muelle, valen más de los 1,200 pesos el metro cuadrado en que están contratadas las 8 parcelas que totalizan 168 mil metros.

Luis Carrasco, un abogado, comerciante y experto en bienes raíces, quien trabaja para dos conocidas inmobiliarias, está en la coalición que denuncia la venta. Entrevistado  por Teleantillas estimó el valor del terreno donde están estuvo la molienda azucarera, con  sus almacenes y acceso al puerto en unos 150 dólares el metro cuadrado, lo que lo elevaría a unos 7,200 pesos. Estimaciones más conservadoras hablan de entre 80 y 100 dólares.

El valor sería menor en agosto del 2011 cuando el presidente Leonel Fernández autorizó la venta, y llamó la atención que en el poder se fijara el precio de 1,200 pesos por metro,  o todavía en el 2012 cuando el director del CEA, Enrique Martínez Reyes, firmó el contrato, enviado al Congreso en el 2014 por el presidente Danilo Medina.  La TEGRA tenía arrendados los terrenos desde el 2002, por autorización del presidente Hipólito Mejía, a razón de 300 mil dólares anuales, con un incremento de 2.3 por ciento por año.

A la firma del contrato la TEGRA pagó 129.2 millones de los 202.5 millones de pesos de la venta, y se comprometió a otros dos pagos de 36.6 millones de pesos en el 2012 y 2013.  El contrato consigna que en caso de no aprobación congresual la vendedora se obliga a devolver lo cobrado.

Para obras comunitarias

            Además de los temores de que las parcelas en venta incluyan zonas habitadas, como ya ha ocurrido en otras operaciones inmobiliarias del CEA, y en el barrio Los Tres Brazos por la CORDE, y de la convicción de que están subvaloradas, la comunidad de Haina tiene otra causa pendiente con TEGRA: contaminación ambiental certificada por Angel Brea, el director provincial de Medio Ambiente. El olor ambiental es nauseabundo y derrames de materias primas, aguas con desechos industriales y polvillo, son focos de atracción de insectos, comprobables a simple vista.

El abogado Víctor Manuel Báez, quien presidente el Consejo de Desarrollo Integral de Haina, viene denunciando la situación hace tiempo y la comunidad es sensible a los altos niveles de contaminación que se han detectado en Haina, tanto  que hasta el 2013 el Instituto Blacksmith de Nueva York, que vela por un planeta limpio, la mantuvo inscrita entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Ese año la sacó de las primeras, tras  esfuerzos de sectores industriales, pero aún prevalece alta contaminación en la zona.

Para Báez lo que procede es que esos terrenos sean destinados a obras comunitarias que requiere Haina, como un hospital un instituto politécnico y área de esparcimiento, como parques. Esa aspiración choca con los intereses creados por más de 15 años por TEGRA, que importa por el puerto local materia prima para la producción avícola y porcina de varias empresas accionistas, producción de aceite y otros renglones. Sus costos de desembarque son más baratos por la rapidez con que una correa transporta la materia prima de los barcos a los viejos almacenes del CEA, con nuevos techos. La empresa dice que ha invertido unos 40 millones de dólares. Alicia Ortega recogió abundante información en su Informe del pasado lunes.

Un gran reparto patrimonial      

Lo que resulta obvio es que este arrendamiento y posterior venta forma parte del reparto del patrimonio del CEA, que en 1987 registraba 3.7 millones de tareas que en su mayoría han sido vendidas subvaloradas, donadas u ocupadas por particulares. No se tomó en cuenta a las comunidades. Por ejemplo en Boca Chica, donde todavía hace poco se vendían parcelas urbanas por decenas de miles de metros cuadrados, no aparecen terrenos cerca de la comunidad para construir un hospital.

En septiembre del 2016 el presidente Medina creó una comisión especial, presidida por el dirigente del PLD Bautista Rojas Gómez, para evaluar las ventas del CEA en plazo de un año, pero al cumplirse solicitó una prórroga por similar período, pues no han podido pasar del examen de la mitad de 42 mil transacciones de ventas y donaciones, que en su mayoría favorecieron a grandes empresas, políticos, legisladores, militares y policías.

El año pasado se denunció que el CEA ha necesitado vender terrenos a cualquier precio para cubrir sus déficits, con una nómina que montaba a 1,684 empleados, en su gran mayoría botellas políticas. En el 2016 sus operaciones inmobiliarias sumaron 536 millones de pesos, pero los gastos de nómina fueron 548 millones de pesos, más 121 millones por “otros gastos personales”.

Tragedias recurrentes

Las irregularidades en las transacciones inmobiliarias del CEA pasan por todos los gobiernos, aunque se han agravado progresivamente, como la corrupción general. Hace una década la asignación de las mismas tierras a una empresa española que arrendó un ingenio de San Pedro de Macorís y a otra nacional, generó enfrentamientos con dos muertos.

Pero el caso más emblemático fue el ocurrido el 14 de febrero del 2017, cuando un individuo desesperado porque había pagado por unos terrenos que ya el CEA había vendido a otro, irrumpió en una cabina radiofónica y mató a balazos a dos comentaristas de un popular programa, también en Macorís. El victimario fue perseguido por la policía y luego se dijo que se había suicidado, aunque fueron públicas las sospechas de que lo ultimaron posra que no testificara.

Con todo, una comisión presidida por el Consultor Jurídico de la Presidencia comprobó que el matador había sido timado por ejecutivos del CEA, pero fuera del relevo del director y del encargado de la inmobiliaria, nada más ha ocurrido. La impunidad es norma nacional en todos los renglones.

Otra tragedia ocurrió el 24 de septiembre pasado, cuando varios centenares de agentes policiales irrumpieron en el barrio Cerros de las Américas, erigido por ocupantes de terrenos del CEA desde hace más de una década, para desbaratar viviendas a las 3 de la madrugada de un domingo y día de festividad religiosa. Un teniente de la fuerza aérea, residente allí, Mateo Ogando, fue muerto en el operativo, y otros tres residentes, incluyendo a una menor, resultaron baleados. Todavía se espera que se informe qué juez o autoridad dispuso ese desalojo de madrugada, y quién es el interesado en las tierras, con mayor valor ahora por la cercana construcción de la “Ciudad Juan Bosch”,-                

Contundente álbum de la corrupción agravada cada año por la impunidad

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El partido Alianza País acaba de publicar un contundente álbum de la corrupción y la impunidad, muy superior al del PLD de 1981 y que se inscribe en los más recientes informes de Participación Ciudadanos “20 años de Impunidad y “La corrupción sin castigo”  

Por Juan Bolívar Díaz

         El Partido Alianza País (AL País) acaba de publicar un contundente álbum de la Corrupción que supera con creces el de “Vanguardia del Pueblo”, el periódico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en 1981 y se inscribe en la línea de los más recientes  informes de Participación Ciudadana “20 Años de Impunidad” y “la Corrupción sin castigo”.

La verificación gráfica de la magnitud de los casos de corrupción de los últimos años evidencia la cada vez más complicada trama de corrupción que afecta la sociedad dominicana y el nivel de impunidad predominante a pesar de que crece en la población la consciencia sobre su impacto en la pobreza material y en la institucionalidad democrática.

Valioso documento gráfico

                  El vocero oficial de Al País, “El Aliancista” dedica sus veinte páginas tabloides bajo el título “20 años de corrupción e impunidad” a recopilar más de 50 escándalos de corrupción de dos décadas que incluyen varios  del gobierno del presidente Hipólito  Mejía 2000-04, pero la mayoría de los tres períodos del presidente Leonel Fernández y luego de los dos que agota el presidente Danilo Medina.    Los escándalos más antiguos en que se detiene la publicación son los de las sobrevaluación denunciada en la construcción del aeropuerto La Isabela, el Programa de Empleos Mínimos Estatales (PEME) y desfalco en el Banco Agrícola en el primer gobierno de Fernández. Luego los del período de Mejía: tarjeta de Pepe Goico (Pepegate), en Autoridad Portuaria, el Instituto de la Vivienda y el Plan de  Renovación de Vehículos (Renove).

Del período de 8 años de Fernández (2004-12) son la mayoría: en la Liga Municipal, Lotería Nacional, direcciones de Migración, Pasaporte e Instituto de Recursos Hidráulicos, desfalco aduanal en Santiago, los mayúsculos de la Sun Land y los aviones Tucano, la construcción de polideportivos del Ministerio de Deportes, las sobrevaluaciones en los parqueos de la UASD, de Bellas Artes, los vagones del metro, en la OTTT, Ministerio de la Juventud,  y 29 empresas encubiertas de Diandino Peña.

De los gobiernos de Medina se incluyen los referentes a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la venta de Los Tres Brazos, la tragedia del CEA en San Pedro de Macorís, la de OMSA y asesinato del abogado Juniol Ramírez, la tecnología de la Junta Central Electoral,  y el malecón de Nagua. Espacios especiales tienen el escándalo de Odebrecht, la contratación de las plantas de carbón, el déficit fiscal del 2012 por 153 mil millones de pesos, la Fundacion Global, los barrilitos y los cofrecitos de los diputados.  Muchos de ellos documentados en auditorías de la Cámara de Cuentas, todos impunes, excepto el Plan Renove,  aunque ampliamente dilucidados en los medios informativos.

El Album de la Corrupción              

El PLD hizo historia en 1981 con la publicación de su “Album de la Corrupción”, referente sólo a los tres primeros años del gobierno del presidente Antonio Guzmán, en los tiempos en que ese mal social formaba parte de su credo político. Cuando se le revisa resulta “un juego de niños” comparado con la magnitud de los escándalos denunciados en sus gobiernos, algunos que han envuelto hasta 130 millones de dólares como el de Sun Land, o las aún no cuantificadas sobrevaluaciones, sobornos y financiamientos electorales de Odebrecht por miles de millones de pesos..

Lo más relevante fueron las fotografías de tres residencias construidas por el vicepresidente Jacobo Majluta, el secretario sin cartera Lorenzo Sánchez Baret y el secretario particular de Peña Gómez, Aridio García de León, con inversión, según el periódico, de $475 mil, 250 mil pesos, y más de cien mil pesos, respectivamente. Resalta que una auditoría reveló que el síndico del DN Pedro Franco Badía gastó 673 mil pesos en asistencia social entre 1977 y 1981, con interés de promoverse.

Como “Fraude escandaloso” indica que Frank Desueza Fleury, director del IDSS, efectuó compras por 550 mil pesos, cuando solo le habían autorizado 235 mil, para favorecer a 7 empresas en detrimento de otras 6. A Gustavo Sánchez Díaz, quien después sería aceptado en el PLD, le endilgan como corrupción haber hecho donaciones por 203 mil pesos en los 3 años que dirigió el INESPRE.

Al vicepresidente Jacobo Majluta y su hermano Freddy que después sería aliado y funcionario del PLD les dedican las páginas centrales del álbum. Al primero le endilgan que como director de CORDE había donado más de $92 mil a 160 personas que no eran empleados, en sumas que oscilaban entre $200 y $4,000. También que gastó $116 mil para imprimir calendarios donde aparece en fotografía con el Papa y otros $28 mil para hacerse 200 mil fotografías a color para promoción política.  A Hipólito Mejía, que como secretario de Agricultura hizo compras de fertilizantes de forma irregular  por 10 millones de pesos, entre ellas a la empresa Fuerza Agrícola a la que estaría vinculado, sin aportar pruebas.

Un referente por años

El album de Vanguardia del Pueblo fue de ocho página y tuvo una tirada de 100 mil ejemplares que se distribuyeron en las  calles y durante años quedaría como un referente de las denuncias de corrupción. Su análisis pormenorizado revela una carencia de documentación, incluyendo como corrupción programa de asistencia social que realizaba la entonces  Secretaría de Salud Pública entre apenas cientos de indigentes. Origen de los  programas asistencialistas por miles de millones de pesos en los gobiernos del PLD.

Llegaron al extremo de calificar de “repartidera” el gasto de 260 mil pesos del Fondo de Asistencia Social de Salud Pública, documentando cheques de 500 y 600 pesos. Y hasta dos cheques a un restaurante por 454 y 329 pesos, y siete cheques que pagaron dietas entre 200 y 610 pesos a seis funcionarios por viajes al interior de entre dos y cinco días. Denunciaron como “imperdonable derroche” una remodelación del palco presidencial del Estadio Quisqueya por 175 mil pesos, donde los gobiernos del PLD han invertido cientos de millones de pesos en sucesivas remodelaciones y ampliaciones.

En 8 páginas el vocero del PLD incluyó otros casos menores de denuncias que  quedaron cortas en relación a corrupción y malversación, por escasa investigación y porque la política no había degenerado a los niveles de las últimas décadas, especialmente por la extensión de las campañas electorales que distraen recursos públicos incuantificables.

Participación Ciudadana

            El movimiento cívico Participación Ciudadana ha dedicado mucho esfuerzo a denunciar la corrupción y la impunidad en sus 25 años de existencia, con decenas de pronunciamientos, resaltando dos libros,  bajo los títulos de “20 años de Impunidad” y “La Corrupción sin Castigo”, y un folleto didáctico sobre el expediente de corrupción presentado por la Procuraduría General contra el funcionario y senador Félix Bautista..

El primero fue publicado en febrero del 2004 y se refiere al período 1983-03, abarcando los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Registra 227 denuncias de corrupción, de las cuales 185 llegaron al Departamento de Prevención de la Corrupción, de la Procuraduría General, sólo 22 a los juzgados de instrucción, cámara de calificación y cámaras penales, 2 a cortes de apelación y uno a la Suprema Corte. Apenas en 6 casos hubo decisiones judiciales definitivas.

El segundo libro fue publicado en junio del 2014, con investigación de la corrupción del período 2000-13, que incluyó 94 denuncias, pero sólo hubo 8 dictámenes de los tribunales, el más significativo sobre el Plan Renove, por sobrevaluación y favoritismo en la asignación de minibuses financiados por el Estado. Participación Ciudadana figura entre las entidades que han promovido la Marcha Verde contra la impunidad que durante el último año ha sacudido el país, mientras las encuestas señalan ya registran la corrupción entre los mayores problemas nacionales, junto a la delincuencia e inseguridad ciudadana y el desempleo.

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Cómo definía la corrupción el PLD de 1981

Cuando el PLD publicó su Album de la Corrupción el 4 de noviembre de 1981, su líder e ideólogo Juan Bosch estaba en la plenitud de su sus prédicas sobre la ética y la política en función del servicio público. Se le atribuye  haber escrito los dos párrafos siguientes, que fueron la introducción a esa publicación denuncia:

“La palabra corrupción tiene muchas significaciones. Una de ellas es podrido o putrefacto, así como todas las que se derivan de esas dos,  pero en la lengua de los latinos, de la cual pasó a la española, quería decir, y quizás de manera preponderante, no sólo corrompido sino también corruptor, porque el que ejerce la corrupción necesita que alguien sea su cómplice y para conseguir cómplices corrompe a otro como sucede en todos los casos de aprovechamiento del poder sobre el Estado y sus fondos para enriquecerse.

“La corrupción tiene muchas formas, porque no se limita al robo de los dineros que el pueblo le paga al Estado a través de los impuestos directos e indirectos. Se actúa en forma corrupta cuando se sabe que alguien está ejerciendo la corrupción y se le protege con el silencio o se le defiende. Es corrupción usar la influencia que da un cargo público para hacer negocios con el Estado o para beneficiarse de negociantes sin escrúpulos, pero sería también corrupción que nosotros, que no tenemos puestos en el aparato del Estado, nos quedáramos callados ante la ola de corrupción que se ha levantado en el país”.

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