Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina

22_09_2018 HOY_SABADO_220918_ El País11 A

El costo económico y político de las emblemáticas plantas de carbón de Punta Catalina del presidente Medina se incrementa con el abono de otros US$336 millones a la constructora Odebrecht, y ya podría alcanzar los 3 mil millones, superando los peores vaticinios

Por Juan Bolívar Díaz

El anuncio unilateral de que el gobierno abonará US$336 millones a la constructora
Odebrecht para concluir las infortunadas plantas de carbón de Punta Catalina, apunta a reconocer sino la totalidad al menos gran parte del sobre costo de 708 millones reclamado, en la mayor inversión nacional, saturada de opacidades y conflictos desde su origen.

Las proyecciones de los mayores críticos llevan su costo sobre los US$3 mil millones, un
volumen escandaloso convertido en el gran calvario del presidente Danilo Medina, empeñado en concluirla antes de un año y medio de retraso para paliar una nueva crisis energética, y alejarla del próximo proceso electoral.

Generosidad con Odebrecht

El anuncio unilateral, de “un fondo de contingencia” para entregar US$336 millones
adicionales a Odebrecht para que concluya las plantas de carbón de Punta Catalina, es otro acto de extrema generosidad del gobierno con la constructora que empieza a reconocer el sobrecosto reclamado de US$708 millones, con una tentativa rebaja que se adelantó el 2 de septiembre del 2017 en el análisis “Las plantas Catalina ser convierten en calvario del presidente Medina”.

Desde antes de oficializarse el adicional, se decía que sería de entre 300 y US$500
millones, pero se habría acordado pedir 708 para dejar un margen de reducción que permita al gobierno “amortiguar el golpe de cara a la opinión pública”. Amparándose en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite un incremento hasta el 25% de los contrato, en este caso de US$1,945millones, podrían transarse por US$486.2 millones, antes o después del fallo sobre el recurso ante una corte de arbitraje internacional en Nueva York.

Aunque se estableció un precio definitivo, en el contrato se incluyó un artículo 9.1
indicando que “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del Contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Y en efecto, luego indica que cualquier aumento de precio tendrá que ser sometido a aprobación de la Vicepresidencia de la CDEEE, derivando al gobierno la responsabilidad del costo de implementar “medidas de protección, contención y remediación derivadas del posible impacto ambiental” En esa dirección van los reclamos de Odebrecht que se refieren a “condiciones oceanográficas imprevistas”, aumento de altura del muelle, modificación del puente de acceso y de planos. Los expertos dan por hecho de que saldría gananciosa del arbitraje, sino en su totalidad, en gran parte, y en última instancia negociaría rebaja.

Sobre US$3 mil millones

Desde el principio, los mayores críticos del contrato vaticinan que las plantas terminarán
costando cerca de US$3 mil millones, entre ellos los expertos energéticos Eulogio Santaella, Antonio Almonte, los economistas José Rijo, Juan Lladó y Pedro Silverio y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático. Pero ya algunos creen que sobrepasará ese monto. Las cifras oficiales siguen sin la menor transparencia, y aunque la CDEEE sostiene que a las plantas le faltan sólo un 5% para concluirse y que está casi para iniciar pruebas, los 336 millones adicionales, representan el 17% de lo contratado.

A una solicitud de información de la diputada del PRM Faride Raful, en diciembre del
2016, la CDEEE dijo que habían pagado US$1,316 millones y que tenía 179.9 millones en hitos ya facturados, y otros 724.2 por facturar, lo que totalizaría US$2,220 millones. A lo pagado hasta 2016, Rijo le suma 670 millones en el 2017 (600 de bonos soberanos) y 334 millones en el 2018, provenientes de bonos globales, bonos internos y del fondo general, lo que totalizaría US$2,320 millones, que con los 336 llegarían a US$2,656 millones y si pagan los 708 millones reclamados, ya sumarían US$3,028 millones, sin el costo de los terrenos y obras físicas conexas, de los intereses del período de construcción, seguros y enorme gasto publicitario.

El costo cercano o superior a los US$3 mil millones es de cualquier forma dramático para
Eulogio Santaella, quien documenta que la asociada de Odebrecht como subcontratista en Punta Catalina, firmó dos contratos para plantas de carbón en Brasil a mitad del precio de aquí.

Una en Porto di Itaqui, de 360 mws. por US$494 millones, y otra en porto do Pecem, de 720 mws. por US$910 millones. El experto recuerda que la licitación que anuló Medina en el 2010 implicaba la inversión privada de US$3,000 millones para generar 1,500 mws. En México, la empresa española Iberdrola construye dos plantas en los estados de Nuevo León y Sinaloa con inversión propia de 800 millones para generar 1,737 mws. En base a gas natural. El único compromiso del Estado es comprarle la energía al precio del mercado.

Odebrecht no cumple nada

Contrasta la generosidad del gobierno con Odebrecht, a la que sólo multó por la
confesión de sobornos y no ha hecho ningún esfuerzo por auditar para ver si en el país siguió su confesado patrón de sobrevaluaciones del 22 por ciento. La revisión del contrato indica que la constructora no ha cumplido nada de lo fundamental, ni en los costos ni en la fecha de entrega, que era en septiembre del 2017 y que ya pasa del año en retraso, con proyección de llegar a los 18 meses. Al formular su reclamo de costo adicional, prometió qjue entregaría la primera planta en febrero del 2019 y la segunda en mayo. A ese tiempo se encamina si las pruebas de la primera comienzan en diciembre próximo.

La empresa brasileña falló también en conseguir los financiamientos. El Eximbank se
negó a invertir en carbón, el Banco dce Desarrollo de Brasil no pudo aportar lo prometido por el escándalo que pratagonizó la misma Odebrecht y que terminó afectando también elunos US$ 650 millones de financiamiento comprometido por un pool de bancos europeos, los cuales llegaron a desembolsar cerca de la mitad, de los que 80 millones se destinaron a pago de seguros. Eso obligó al Estado a elevar su endeudamiento para no paralizar la mega obra.

Mientras la empresa va al arbitraje internacional reclamando un incremento del 36%
sobre lo contratado, el gobierno no le aplica las cláusulas de penalidades por retraso, que a un máximo del 10 por ciento implicaría US$194 millones. La comisión especial que creó el
presidente Medina para indagar sobre la contratación no sólo concluyó en que no deben pagar un solo peso más, lo que en palabras el gobierno dice sustentar, sino que también dejó constancia de que cada mes de retraso en la conclusión de la obra implica 25 millones de d´+olares de pérdida, por 18 meses totalizarían US$450 millones.

Salir pronto del calvario

Para el gobierno y los intereses políticos del presidente Medina, lo prioritario es salir lo
más rápido posible del laberíntico calvario de las plantas de Punta Catalina. De ahí el adelanto de los US$336 millones, sabiendo que el contrato dejó margen legal para el sobrecosto. Se trata de conseguir que el inicio de la generación aporte su cuota al mejoramiento del servicio energético antes de que entre de lleno el año 2019 en que se definirán muchos asuntos de cara a las elecciones del 2020, más aún con la actual crisis de apagones aunque más financieros que de oferta.

Es que las Plantas Catalinas fueron convertidas en la obra emblemática del actual
gobierno, y ya tiene una carga muy grande de costo político, pues las encuestas y la percepción generalizada indican que hubo favoritismo y corrupción en su contratación, y el presidente Medina se involucró en el proceso desde sus viajes a Brasil, hasta sus conversaciones con los ex presidentes brasileño Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Más temprano que tarde, los costos totales y reales de la construcción tendrán que ser
aireados y reconocidos, así como la carga de deuda e intereses que dejan y que pudieron ser evitados dejando que continuara la licitación que Medina encontró en marcha al asumir el gobierno en el 2012, que por demás preveía que las plantas, de carbón y gas natural, estarían en servicio en el 2016. Ya las Catalina son un peso muerto para Danilo Medina, y lo serán peor cuando todo quede en la transparencia, hasta ahora evadida.

El oscuro calvario de las plantas de carbón

* Danilo Medina inicia su gestión suspendiendo anulando una licitación ya con empresas precalificadas que invertirían en plantas por mil kws. Sin costo financiero para el Estado
* Una nueva licitación desestima las plantas de gas natural, más eficientes por las de carbón que están en proceso de desmantelamiento
* El comité de licitación dominado por la CDEEE y los dos integrantes externos rechazan otorgarla a Odebrecht al quedar con un solo concursante, querían otro siquiera “virtual”
* En la licitación la empresa constructora garantiza el financiamiento y a precio fijo, pero en el contrato
queda bajo responsabilidad del Estado y con posibilidad de escalamiento
* Fracasa el financiamiento por el Eximbank USA, Bndes, Brasil y queda a medias el de un pool de bancos europeos
* Se hacen cálculos sobre rendimiento bruto de 720 mws, pero el neto sería 674
* La fecha original de entrega 7 de agosto y de octubre del 2017, concluiría en el 2019
* La mayor inversión estatal se hace en terreno privado, sin completar estudios de suelo y costa
* Tras el escándalo Odebrecht, la Procuraduría dice que hubo sobornos en todas sus contrataciones, luego rectifica que en las plantas sólo para la aprobación y acusa un único senador
* DM designa una comisión para investigar la licitación y denuncias de sobrevaluación, pero presidida por un directivo de la empresa Estrella, asociada de Odebrecht
* La Procuraduría firma un acuerdo de impunidad con Odebrecht, sin hacer auditoría
* El sector privado no responde la oferta de inversión en las plantas en reunión y en discurso de DM
* Odebrecht reclama US$708 millones adicionales al contrato de 1,945 millones, con exenciones impositivas. Le adelantan US$336 millones
———————————————————————————————————-

Otra reelección de Danilo Medina le saldría muy cara a la nación

25_08_2018 HOY_SABADO_250818_ El País11 A

El presidente Medina incentiva el debate sobre si buscará una segunda reelección consecutiva, lo que muchos dan por hecho, aunque el escenario constitucional y político luce tan adverso que dilatar su decisión podría dejarlo sin pito, sin flauta, y sin que tocar

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina acabó de alborotar la opinión pública con su anuncio de que  será en marzo o julio del año próximo cuando hará pública la decisión, que dijo ya tiene adoptada, de si buscará postularse para un tercer período de gobierno consecutivo, aunque la Constitución que él mismo promulgó hace sólo tres años se lo prohíbe taxativamente.

En lo inmediato el planteamiento presidencial generó críticas, al ser interpretado como desprecio al mandato constitucional, y desconcierta a los peledeístas que pretenden disputar la candidatura al expresidente Leonel Fernández, en abierta campaña, lo que al final podría dejar a Danilo Medina “sin pito, sin flauta y sin que tocar”.

Incentiva el eterno debate

            Al plantear el domingo que no será hasta marzo, o julio del año próximo, cuando dirá si se repostulará, el presidente incentivó el eterno debate sobre la reelección, encendido por el entusiasmo de funcionarios y legisladores desde que a principio del mes logró la aprobación de una Ley de Partidos con posibilidad de padrón abierto para la elección de candidaturas.

            El anuncio podría ser interpretado como una advertencia a su archirrival en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente Leonel Fernández, al producirse una semana antes del muy publicitado acto de masas que éste celebrará mañana para recibir más de un millón de firmas pidiéndole que vuelva a optar por la presidencia de la nación.

Pero en lo interno tal planteamiento genera el efecto de desconcertar las aspiraciones de los peledeístas que han salido a disputarle a Leonel la candidatura presidencial, como Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, y retardar el lanzamiento de otros como Andrés Navarro, Temístocles Montás o Francisco Javier García, lo que aumentaría la enorme ventaja que sobre estos ha registrado el presidente del PLD en todas las encuestas.

Retardar su decisión hasta la proximidad de la convención fortalece la posición dominante de Fernández, pero también la creencia de que sólo el presidente Medina, con todo el poder, podría ganarle la candidatura. Una tardía declinación podría dejarlo como pregona un refrán, sin pito, sin flauta y sin qué tocar, como le ocurrió al presidente Antonio Guzmán en el 1981, cuando esperando abrir la posibilidad de repostularse, impedida por doctrina partidaria, no por la Constitución, decidió muy tarde apoyar la candidatura de su vicepresidente Jacobo Majluta, cuando ya Salvador Jorge Blanco la tenía asegurada con años de promoción.

Aumenta el desconcierto

            El anuncio del presidente tuvo el efecto inmediato de incrementar el desconcierto nacional, con dispendio de atención y energías dentro de su propio gobierno y en la sociedad en general. Se le impugna un desprecio a la Constitución que él mismo promulgó hace tres años para superar la prohibición de la reelección consecutiva, tras un acuerdo pactado por el Comité Político del PLD conjurando la crisis detonada por un radical rechazo del presidente del partido.

El acuerdo de 10 puntos implicó la reforma de la Constitución para permitir dos períodos presidenciales y nunca más, con la adición de una disposición transitoria, la vigésima, donde se consigna que en caso de resultar reelecto en el 2020, el Presidente de la República “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Danilo firmó el pacto en el Palacio Nacional el 28 de mayo del 2015, como lo hicieron a su vez los otros 34 integrantes del Comité Político, incluido Leonel.

Esta semana saltó a las redes sociales un fragmento del discurso con que Medina aceptó la candidatura el 30 de agosto, en la convención de su partido: “juro aquí, ante todos ustedes, y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la Presidencia de la República”. Ya entonces ignoró reiterados planteamientos de que sólo gobernaría un período por lo dañina para la democracia que ha sido la reelección en el país.

Al borde del abismo

Dada la tradición nacional, nadie puede negar toda posibilidad de que el actual mandatario busque una repostulación y alcance otra reelección, pero esta vez el camino está lleno de obstáculos y lo obligaría al equilibrismo al borde del abismo político, tanto a lo interno de su partido, como en el ámbito nacional, ahora navegando contra las aguas de la propia Constitución, apenas tres años después de promulgada.

Hay quienes sobre estiman el poder presidencial, pero ignoran que también lo tenía Leonel Fernández en el 2012 y tuvo que permitir la candidatura de Medina, pese a que gran parte de su partido y funcionarios pasaron un año promoviendo el continuismo. Llegaron a entregarle “dos millones 400 mil firmas” en un multitudinario acto, pero la generalidad de los sectores sociales y una parte importante de su propio partido rechazaron que se volviera a reformar la Constitución proclamada por el mismo Leonel dos años antes.

También se subestima la capacidad de resistencia de Fernández, porque el 28 de mayo del 2015 capituló en favor de Danilo tres días después de un discurso oponiéndose tajantemente a la reforma constitucional. Entonces era racional dar una segunda oportunidad al mandatario, él con tres períodos de gobierno, pero ahora le beneficia el pacto con que contribuyó a mantener la unidad partidaria. Le dejaba la ilusión de volver cuatro años después, pero ahora carecería de objeto político rehuir el enfrentamiento, por lo que hace un año emprendió la marcha.

Muy difícil de justificar

Danilo Medina tendría dos caminos para intentar el continuismo, ninguno de fácil acceso: una nueva reforma de la Constitución para eliminar la disposición transitoria que se lo prohíbe, o mediante una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la declare violatoria de su derecho, lo que ya ha sido recurrido por un abogado y está pendiente de fallo. El mes pasado se atribuyó en comunicado público a un Congreso de la Federación Interamericana de Abogados celebrado aquí haber emitido una declaración de que la disposición transitoria “viola los derechos humanos de Medina. Pero fue desmentido por los dirigentes de esa entidad con sede en Washington.

Para reunir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, Medina tendría que conseguir una treintena de votos, de los seguidores de Fernández, ninguno de los cuales cedió en el conflicto por las primarias abiertas, o de la decena del Partido Reformista o del medio centenar del Partido Revolucionario Moderno. Nadie lo descarta porque hace tres años “convencieron” al triple, pero en circunstancias muy distintas. Aquella vez le favoreció lo interno y la desbandada del Partido Revolucionario Dominicano.

Lo del TC sacudiría profundamente la institucionalidad democrática nacional, pues un tribunal de 11 personas declararía la “inconstitucionalidad de la Constitución” el pacto nacional determinado por un Congreso de 222 miembros.  Tiene al menos un precedente, en Bolivia, donde un Tribunal Constitucional invocó la Convención de Derechos Humanos para avalar una tercera postulación del presidente Evo Morales, por encima de las disposiciones de su propia Constitución, y consiguió imponerse en el 2015.

La reelección no es un derecho humano

Por el precedente boliviano, la Organización de Estados Americanos tramitó una consulta a la “Comisión de Venecia”, órgano consultivo de derechos humanos del Consejo de Europa, publicada el 9 de abril pasado, donde plantea tajantemente que “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”.

El informe final de la comisión integrada por expertos independientes de varios países concluye que “la reelección deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que solicitó la opinión consultiva “por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución para buscar la reelección”, y afirmó que “en casos peores mediante sentencias judiciales”.

Un costo muy elevado        

            Sea por reforma constitucional o por sentencia del TC, el costo institucional y para la democracia dominicana, con graves repercusiones en el Estado de Derecho y derivaciones económicas, sería muy alto para la nación dominicana, que afronta desafíos tan fuertes como el de la sostenibilidad fiscal. Habría tanta o más resistencia que cuando el intento continuista de Leonel Fernández en el 2012, que incluyó a las organizaciones empresariales, las iglesias y los medios de comunicación, además de gran parte del sistema político. Esta vez arriesgaría la división del propio partido gobernante.

Ya esta semana dirigentes de la Asociación de Industrias y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios rechazaron en duros términos la posibilidad de que sea modificada la Constitución. El presidente de los industriales, Campos de Moya, pareció hablar por todo el empresariado, cuando dijo que ”el sector empresarial dominicano entiende que la Constitución fue modificada ya recientemente y establece los cánones para la reelección. No estamos de acuerdo con modificarla nuevamente”.-

Ahora hay más motivos para proseguir la Marcha Verde contra la impunidad

28_07_2018 HOY_SABADO_280718_ El País12 B

Los pírricos resultados de las investigaciones del escándalo Odebrecht a 19 meses de su estallido y la persistencia de altos niveles de corrupción justifican ahora más que nunca la movilización de la ciudadanía, convocada a otra marcha el 12 de agosto en Santo Domingo

Por Juan Bolívar Díaz

La convocatoria de otra movilización del movimiento Marcha Verde (MV) para el domingo 12 de agosto es un desafío a los sectores sociales que hace año y medio levantaron banderas contra la corrupción y la impunidad, cuya mayor expresión ha sido el escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras y financiamiento electoral de la empresa Odebrecht.

         La MV perdió vigor el 28 de enero pasado cuando realizó una concentración ante el Palacio Nacional con una asistencia mucho menor a la caminata del 16 de julio del 2017 que movilizó una multitud estimada sobre las 150 mil personas, pero sus promotores estiman que ahora hay tanta o más razones para marchar, por la persistencia de la impunidad.

“La marcha del millón”

La convocada para dentro de dos semanas ha sido ambiciosamente denominada “la marcha del millón”, aunque sus promotores reconocen que es imposible movilizar esa cantidad de personas, y matizan hablando de “un millón de voluntades y de corazones”, pero están convencidos de que ahora se dan más condiciones objetivas para la lucha contra la impunidad después de la burla en que ha devenido la investigación del escándalo Odebrecht que detonó la protesta con una primera manifestación multitudinaria el 22 de enero del año pasado.

El recorrido se orienta otra vez hacia el Centro de los Héroes, donde el 16 de julio del 2017 logró una concurrencia estimada entre 150 y 200 mil personas, catalogada como la mayor de la historia de la movilización social dominicana, con participación sin precedente de sectores sociales que nunca se habían manifestado en las calles. Pero decayó el 28 de enero último cuando los sectores más militantes impusieron una concentración junto al Palacio Nacional que no tuvo aprobación de las mayorías.

Los promotores han mantenido la MV con diversas actividades, las últimas un concierto ante la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado día 8 y los campamentos mantenidos por varias semanas en ese mismo lugar y luego en Santiago, que fueron escenario de variadas manifestaciones. En el ínterin hubo expresiones de disensiones internas, especialmente de los núcleos más radicales que no lograron hacer prevalecer como objetivo la meta de hacer saltar del gobierno al presidente Danilo Medina, lo que la mayoría de los dirigentes consideraron poco realista. Estos estiman que un mayor deterioro de la imagen del gobierno y la pírrica indagatoria del escándalo Odebrecht, cuya última expresión ha sido el rechazo a investigar los contratos con los asesores políticos Joao Santana y Mónica Moura, estimulan la protesta.

Resultados muy irritantes

            A más de año y medio del estallido del mayor escándalo transnacional de corrupción, en víspera de la Navidad del 2016, que embarró altamente a la República Dominicana, los resultados de las investigaciones locales han sido considerados pírricos, en relación con los de otros países donde presidentes, expresidentes, un vicepresidente y ministros han sido apresados y/o procesados. Aquí el ministerio público sólo se ha ocupado tímidamente del aspecto sobornos, de lo confesado por los ejecutivos de la constructora Odebrecht, ignorando las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales, de mayores implicaciones económicas  y políticas.

En las imputaciones por los sobornos, presentadas por la PGR en mayo del  2016, aparecieron 14 implicados, doce funcionarios y políticos más el intermediario de Odebrecht Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga. El Procurador general Jean Alain Rodríguez proclamó entonces que “están todos los que son y son todos los que están”. Pero al formalizar acusaciones judiciales un año después, la docena se redujo a cuatro y se agregó al exsenador y dirigente del principal partido opositor Jesús Vásquez, excluyendo a tres que son del miembros del Comité Político del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exfuncionario Radhamés Segura y el senador Julio César Valentín.

Es más relevante que a 19 meses de las confesiones de Odebrecht todavía no han sido auditadas las obras contratadas en el país por 5 mil 957 millones de dólares. Los testimonios de los ejecutivos de la constructora indican un patrón de sobrevaluaciones del 22%, que en el caso dominicano alcanzarían a 1,119 millones de dólares, 12 veces el monto de los sobornos confesados. Un consorcio internacional de investigaciones periodísticas estimó que en RD las sobrevaluaciones habrían ascendido a 1,217 millones de dólares.

El componente político

            Sobre las sobrevaluaciones, la PGR ha argumentado que solicitó a la Cámara de Cuentas, las correspondientes auditorias, la que en principio dijo que no podía realizarlas  “por falta de fondos”, pero los testimonios sobre el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, a través de sus asesores Joao Santana y Mónica Moura, han sido totalmente ignorados. La última expresión es la reciente negativa de la Cámara de Diputados a investigar los certificados de la Contraloría General de la República, presentados por cuatro diputados opositores encabezados por Faride Raful, que muestran contratos por más de 1,300 millones de pesos, de dos organismos de la Presidencia con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 de los esposos Santana Moura mientras daban asesoría política al presidente Danilo Medina

Los certificados publicados implican posibles violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones y abuso de recursos públicos para pagar asesoría electoral, pero desde mayo del año pasado la PGR fue apoderada de documentos que muestran el envío desde Lima de 4 millones 396 mil 796 dólares, en una triangulación de empresas de Odebrecht en Perú a una cuenta bancaria de CineArt2013, en 16 transferencias a un banco dominicano entre 2013 y 2014, en pleno período de la asesoría política y de marketing de los Santana-Moura.

El esfuerzo de la PGR ha sido concentrado sólo en los sobornos confesados por 92 millones de dólares, mediatizado por el “pacto de impunidad” suscrito con la Odebrecht, con un cómodo compromiso de pago escalonado a ocho años, de 184 millones de dólares, el doble de las coimas. Pero ese acuerdo ignoró que la misma empresa también confesó que mediante los sobornos había derivado utilidades por 165 millones de dólares. Y todavía se espera la lista de los sobornados que repetidas veces se dijo entregaría Odebrecht. Lo entregado es una clara burla de los términos del acuerdo homologado por un juez.

No se vale el cansancio

La fortaleza de la MV fue consecuencia de la indignación generada por el cúmulo de escándalos de corrupción, que tuvo como detonante el de Odebrecht, pero que ya acumulaba otros como los 130 millones de dólares en pagarés vendidos por la empresa Sun Land, los sobornos y sobrevaluaciones en la compra de los aviones Tucano, las extorsiones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, además de los expedientes de Félix Bautista y las denuncias de gran escala contra los altos funcionarios Víctor Díaz Rúa y Diandino Peña.

Todavía en Septiembre pasado, en el último Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, RD era situada en los últimos escalones en los renglones relacionados con la corrupción entre 137 países. En favoritismo de los funcionarios públicos quedó en penúltimo lugar, el 136, el 135 en desvío de los fondos públicos, en el 133 en eficientes políticas antimonopolios, 132 en comportamiento ético-empresarial, 131 en eficiencia del gasto y en el 130 en independencia de la justicia.

No hay motivo para que la ciudadanía reduzca su presión para contener el desbordamiento de la corrupción y reclamar el fin de la impunidad. Pero muchos de los que se lanzaron a las calles creían que verían rápidamente resultados positivos, ignorando la resistencia de quienes se benefician personal y políticamente de la malversación en todas sus expresiones. Otros sobrevaluaron las fuerzas desatadas pretendiendo metas que excluían en vez de incentivar la acumulación de fuerzas.

La Lucha para lograr la inversión del 4 por ciento del PIB para la educación comenzó a principio de los años noventa y se consagró en la Ley General de Educación del 1997, pero no fue hasta el 2012 que se logró su aplicación, tras varios años de fuerte presión de la sociedad organizada, que incluyeron la marcha de unas 10 mil personas, muy lejos de las multitudinarias de ahora contra la corrupción y la impunidad.

Un esfuerzo gubernamental

Podría parecer exageración, pero hay quienes atribuyen las imputaciones formuladas por la PGR el jueves a 11 personas, incluyendo funcionarios, por el escándalo de la venta del barrio de Los Tres Brazos al temor gubernamental de que se reanuden las multitudinarias marchas verdes.  Los cargos incluyen implican a la actual directora nacional de Registro de Títulos y al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Leoncio Almánzar.

El escándalo se produjo a fines del 2016, cuando los programas matinales de tres canales de televisión, el periódico El Día y la cadena de emisoras católicas transmitieron un programa en vivo desde el barrio de la parte oriental de la ciudad. Habían vendido el barrio con todas sus infraestructuras de escuelas, acueducto, centro de salud, calles y las construcciones particulares de 14 mil familias por 80 millones de pesos, que luego fueron reducidos a 65 millones. La CORDE sólo recibió 15 millones de pesos, de los cuales pagó 11.3 millones para el deslinde que correspondía a la empresa compradora, para un balance final recibido de 3.3 millones de pesos. Con el absurdo de que recibió a cambio otros tres inmuebles que nunca pudo asumir porque estaban registrados a nombre de abogados de los mismos compradores.

La mayor parte de los cargos presentados el jueves por la PGR ya figuraron en la investigación que hizo en solo un mes una comisión especial designada por el presidente Medina, encabezada por su consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Fue entregada a la Procuraduría a fines de enero del 2017, es decir hace año y medio, y nunca se habló del asunto aunque el caso figuraba en la galería de escándalos de corrupción.

 

————————————————————————————–

Contrastes del escándalo Odebrecht

*República Dominicana fue el tercer país en volumen de los sobornos confesados por Odebrecht, después de Brasil y Venezuela, con 92 millones de dólares. Pero el mayor en términos proporcionales, tanto de población como de montos contratados.

* El país fue sede del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (o de sobornos), a partir del 2014, cuando la justicia brasileña empezó a descifrar su entramado de corrupción, porque lo consideraban un lugar seguro, según testimonios de sus ejecutivos.

* Joao Santana y Mónica Moura fue certificados por Odebrecht como sus brazos para la asesoría de campañas electorales que luego se cobraban con contrataciones,  y llegaron a despachar en el Palacio Nacional, y aquí estaban cuando fueron requeridos y apresados por la trama, pero aquí eso no ha tenido consecuencias.

* Los sobornos certificados por la PGR, por US$83.2 millones llegaron entre 2007 y 2015, el 72% durante el gobierno de Danilo Medina, pero no hay imputaciones de ese período.

*Tres de los cinco acusados por los sobornos son actualmente de la oposición, dos legisladores y un ejecutivo del período en que se contrató el 5% del monto con Odebrecht.

* Un solo senador del partido de gobierno está acusado de sobornos para aprobar contratos y adendas con Odebrecht aunque su bancada era de 24 y luego 31 de los 32 miembros.

* Danilo Medina hizo tres viajes a Brasil, como ministro de la presidencia, como candidato y como presidente electo, donde entró en contactos con los presidentes Lula y Dilma, que luego abogarían por su reelección.

 

 

Gobierno de Danilo contrató más de $1,300 millones con Joao y Mónica

5A_El País_13_1,p01Una certificación de la Contraloría General, obtenida por la diputada Faride Raful, revela 11 contrataciones y al menos 35 libramientos de pagos por $1,108 millones y 4.8 millones de dólares a dos empresas de Santana y Moura, que siguieron aún después de ser apresados  

 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Una certificación de la Contraloría General de la República (CGR), obtenida por la diputada Faride Raful, revela contrataciones por más de 1,300 millones de pesos de dos organismos gubernamentales con dos empresas de Joao Santana y Mónica Moura los instrumentos políticos de Odebrecht que asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina.

Las contrataciones y pagos a las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 comenzaron el mismo día de la juramentación presidencial de Medina, el 16 de agosto del 2012, y se extendieron hasta enero del 2017, 11 meses después que los dos publicistas fueran apresados en Brasil al llegar desde Santo Domingo y procesados por corrupción pasiva y lavado de activos.

Del primer día hasta 2016

El primer contrato de los certificados por la CGR, otorgado a Polis Caribe por la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), rigió desde el día inicial del gobierno de Medina, el 16 de agosto del 2012, hasta el 24 de noviembre del mismo año, por un monto de 18 millones 815 mil pesos, para producir la “campaña 100 días de gobierno”, y el último fue un contrato por un millón 200 mil dólares para “asesoría en comunicación y Planificación estratégica”, que venció el 3 de diciembre del 2016.

En la relación de libramientos autorizados por la CGR aparecen 7 pagos a la empresa Cine&Art 2013 entre marzo del 2016 y enero del 2017 por un total de 72.5 millones de pesos, cuando ya los esposos Santana-Mouray había sido apresados y procesados, siendo condenados en enero del 2017 a 8 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de activos provenientes de la empresa Petrbras, tomándose en cuenta que hicieron “declaraciones premiadas”, por lo que cumplen la condena en domicilio privado.

Polis Caribe, representada por Mónica Moura, obtuvo contratos de la Secretaría Administrativa de la Presidencia por 1 millón 400 mil dólares, por 4 años, del 2013 al 2016, con una adenda estableciendo que debían pagársele cada mes 100 mil dólares más el Itebis. El objeto   “asesoría en comunicación y planificación estratégica” es poco descriptivo, pero con mensualidad muy por encima del mercado nacional, casi 5 millones de pesos a la tasa de ahora.

Pero los contratos más generosos fueron dos por 480 millones de pesos cada uno, firmados por la misma secretaría, con vigencia del 3 de marzo del 2014 al mismo día y mes del 2016. Estos fueron con Cine&Art 2013 para “servicio de coordinación de marketing y diseño para campañas en los medios de comunicación”.

Más de $1,300 millones

El total de lo contratado con las dos empresas de los Santana-Moura ascendió a 4  millones 800 mil dólares, que a la tasa actual de 49.40 pesos, sumarían 237 millones 120 mil pesos, más 1,109 millones de pesos para un total general de 1,346 millones 841 mil 796, equivalentes a 27 millones 247 mil dólares.

Pero las contrataciones fueron mayores, ya que la certificación de la CGR indica que no podía establecer los montos de diez de los libramientos solicitados por la diputada Raful, porque “el sistema de información dela Gestión Financiera sólo nos permite visualizar las informaciones de los últimos tres años”. Hace más de un año fue documentado un pago del Ministerio de Educación a Cine&Art 2013 en noviembre del 2014 por 16 millones 198 mil pesos.

La CGR certificó 12 libramientos a Cine&Art 2013 por un total de    164 millones 455 mil pesos, y otros 23 en favor de Polis Caribe por 119 millones 593 mil pesos, todos entre el 2014 y 2017.

Las contrataciones de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, certificadas por la CGR, no aparecen en las relaciones de pago de esta, ni hay constancia de que fueran sometidas a las licitaciones o concursos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones. En las de Polis Caribe figura Mónica Moura como representante, y en la de Cine&Art 2013 la brasileña Marcela Masotti, asociada de los Santana-Moura.

La magia de Cine&Art 2013

Como describimos en el artículo “Una ayudita al Procurador General”, en HOY, 20 de julio del 2017, la empresa Cine&Art 2013 fue constituida el 18 de junio del 2013 en Santo Domingo con un capital de apenas 100 mil pesos, por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayla de Souza Santana. Cinco meses después el primero traspasó sus acciones a Daniel Moura Marques y éste luego a su hermana Alice Moura, es decir hijos de la pareja Joao-Mónica. Su registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el 100084SD, con sede en calle Helios 102, de Bella Vista, la misma de Polis Caribe.

Cine&Art 2013 saltó a la luz pública cuando un consorcio de periodistas peruanos revelo que la investigación del parlamento del Perú a las operaciones ilegales de Odebrecht en ese país había establecido que la empresa constituida en Santo Domingo había recibido 16 transferencias bancarias por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares, entre 2013-14, proveniente de tres filiales de la constructora brasileña en lo que denominaron “conexión del Lavajato en Santo Domingo”.

En mayo del 2017 las entidades sociales Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos depositaron una denuncia en la Procuraduría General que solicitaba, entre otros asuntos, esclarecer el destino de los casi 4.4 millones de dólares enviados por Odebrecht a Cine&Art 2013. La denuncia fue reiterada meses después con la adición del Centro Bonó, pero la Procuraduría nunca se ha referido a la misma.        

Una propuesta fallida

Armada con las certificaciones que obtuvo de la CGR amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la diputada Raful y otros tres legisladores del Partido Revolucionario Moderno sometieron el jueves una propuesta para que la Cámara de Diputados creara una “Comisión Especial que fiscalice e investigue las contrataciones públicas hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2016 con las empresas vinculadas a Joao Cerqueira Santana y su esposa Mónica Regina Cunha Moura: Cine&Art 2013 SRL y Polis Caribe SRL, por un monto aproximado a RD$1,400,000,000.00”.

La propuesta fue rechazada enfáticamente por voceros del Partido de la Liberación Dominicana, como el diputado Radhamés Camacho, que llegó a ofender a la proponente diciendo que se presenta como una flor pero tiene espinas de guasábara.

La propuesta dirigida al presidente de los diputados considera, en base a la documentación recibida de la CGR, que en las contrataciones pudieron haberse violado varios artículos de la Constitución de la República, el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas 340-06 y el artículo 114 del Código Penal. También los artículos 47,55 y 174 de la Ley Electoral, los artículos 3,7,18 y 24 de la Ley sobre Lavado de Activos, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 3 de la Ley 448-06 sobre Sobornos.

La asesoría de Joao-Moura

Joao Santana y Mónica Moura asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina en el 2012 y 2016, y en principio se dijo que habían sido contratados por empresarios privados. Pero luego los esposos brasileños aparecieron como el brazo de Odebrecht en el financiamiento de  campañas electorales en los países donde esa empresa constructora montó un sistema de sobornos y sobrevaluaciones, incluyendo República Dominicana, lo que fue ampliamente admitido y denunciado por los más altos ejecutivos de la constructora de Brasil.

La influencia de la pareja en la República Dominicana parece haber superado a los otros 10 países involucrados en lo que se ha estimado el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia, exepto Brasil mismo, donde asesoraron campañas de los expresidentes Lula de Silva y Dilma Rouseauff. En Santo Domingo llegaron a despachar en la misma sede del gobierno y aquí estaban asesorando la campaña del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña. En principio se les atribuyó haber incluido a República Dominicana en el financiamiento de campañas por Odebrecht, pero luego la excluyeron. Y aquí les siguieron pagando sus contratos y hasta hace poco se afirmaba que seguían operando sus hijos.

En la instancia de los 4 diputados del PRM se resalta que tras su triunfo electoral del 2012, el presidente Medina agradeció públicamente la asesoría de Joao Santana, pero indica que en los informes del Partido de la liberación Dominicana a la Junta Central Electoral no aparece pago alguno al brasileño. Tampoco en los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Joao Santana se despidió el 22 de febrero del 2016, en plena campaña por la reelección de Medina, en carta dirigida al PLD.-

———————————————————————————————————

CONTRATACIONES CON POLIS CARIBE, SRL

(Asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas)

Contratante                           Fecha                                                  Monto                                       

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-12 del 2012 al 3-12 del 2013     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2013 al 3-12 del 2014     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2014 al 3-12 del 2015     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2015 al 3-12 del 2016     US$ 1,200,000

Direc. Gral. Comunicaciones   Del 16-8 del 2012 al 24-11 del 2012  RD$ 18,815,100

Del 1-6 del 2013 al 30-8 del 2013       RD$ 48,720,757

Del 29-7 del 2013 al 297 del 2014      RD$ 24,190,944

CONTRATACIONES CON CINE&ART 2013, SRL

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-3 del 2014 al 3-3 del 2015                     RD$ 480,000,000

Del 3-3 del 2015 al 3-3 del 2016         RD$ 480,000,000

Del 1-1 del 2014 al 1-1 del 2015                     RD$   22,232,144

Del 14-12 del 2014 al 27-2 del 2015   RD$   35,762,850

Fuente: certificaciones de la Contraloría General de la República a la diputada Faride Raful

Leonel le cierra el paso a Danilo, pero lo lastran Bautista y Díaz Rúa

qw

Luce empatada la batalla entre Danilo Medina y Leonel Fernández por la candidatura del PLD, uno sin el padrón abierto para un plebiscito reeleccionista, y el otro lanzado a las calles pero con el lastre de corrupción de Félix Bautista y Díaz Rúa

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Parece destinado al fracaso el último intento del presidente Danilo Medina por consignar en la ley de partidos  la posibilidad del padrón abierto para la elección de los candidatos, que podría ser utilizado como plebiscito para buscar reformar la Constitución y permitirle una nueva postulación, o auspiciar a otro de su confianza.

Mientras tanto se acentúa el fraccionalismo en el Partido de la Liberación Dominicana, petrificado y sin árbitros, con su presidente, Leonel Fernández,  a la ofensiva en las calles, pero cargando el lastre de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, en quienes se personifica una corrupción que trasciende el ámbito nacional.

Fracasa la nueva fórmula

            Tras dos semanas de la propuesta de transacción de los danilistas para que se consigne en la ley de partidos que cada organización escoja el método de elección de sus candidaturas, pero precisando que pueda ser también el padrón abierto, se mantiene el tranque que ha impedido la aprobación de esa  legislación, básicamente por la división que afecta al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A mediados de abril los danilistas estaban tan decididos a imponer las primarias abiertas obligatorias, que abandonaron una Comisión Bicameral, donde  bregaron por un año, para aprobarla en el Senado donde reúnen los dos tercios necesarios. Pero tropezaron en la cámara baja al comenzar mayo con el bloque de 34 diputados leonelistas, además de los de oposición, que suman casi la mitad. La maniobra de quedarse fuera de la sesión del 3 de mayo les permitió contactar que ninguno de los leonelistas desertaban, y sólo 7 del medio centenar de los del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que pronto rectificaron y se comprometieron con la posición de rechazo a las primarias abiertas.

Cuando el 7 de mayo el expresidente Hipólito Mejía acató la línea del PRM, murió el primer proyecto de los danilistas y llegó la carta del presidente Danilo Medina, pidiendo que volvieran a la Comisión Bilateral en búsqueda de consenso. Se instaló una negociación infructífera entre los presidentes de ambas cámaras y los voceros de las bancadas, por lo que el 1 de junio llegó la propuesta de transacción rechazada de inmediato por los leonelistas, y que tuvo alguna receptividad entre perremeistas y reformistas, pero pronto recordaron que en la víspera 11 partidos de oposición habían reiterado en comunicado público la posición adoptada el 26 de enero: que se escogiera libremente, pero “en caso de optar por el método de las elecciones primarias, estas deben ser cerradas”.

El plebiscito de Danilo

            Los perremeistas, que parecían inclinados por la propuesta libertad absoluta, para viabilizar la Ley de Partidos, debieron frenar para salvar el bloque de oposición, ya que varios integrantes se oponían firmemente a abandonar lo sostenido durante meses. Más firmes los leonelistas para quienes parece de vida o muerte evitar que el presidente Medina les imponga el padrón abierto.

Una línea de análisis considera que la insistencia en el padrón abierto es para que sea “el plebiscito de Danilo”, quien sería inscrito como precandidato, y pocos dudan que utilizando todo el poder del Estado, aplastaría a Leonel, para luego convencer al partido de acatar “el mandato plebiscitario popular” y proceder a reformar de nuevo la Constitución para poder inscribir la candidatura presidencial. Contarían con que el temor a dividirse y perder el poder, produciría la reunificación en torno a la magia presidencial.

La hipótesis del plebiscito se fundamenta en que “sólo Danilo frena a Leonel”, por las ventajas que éste registra en todas las encuestas sobre los peledeístas alternativos, excepto su propia esposa la vicepresidenta Margarita Cedeño. Temen que los leonelistas objeten la precandidatura plebiscitaria ante el Tribunal Constitucional, lo que conllevaría incertidumbres y profundización de las divisiones.

Calculan que los riesgos disminuirían si es una ley la que permite la opción del padrón abierto, sobre todo si es acogida por la oposición. Imponerlo sólo en el PLD, demandaría una modificación estatutaria, pues está establecido el voto de sus miembros, y puede ser traumático con Leonel Fernández de presidente del partido.

Leonel tirado a las calles

No es secreto que los danilistas hace tiempo tratan de “evitar el retorno al poder de un Leonel vengativo, por los auspicios que se le atribuyeron de las denuncias del narcotraficante convicto Quirino Paulino, que contribuyeron a sacar al expresidente de la competencia por la candidatura presidencial en el 2015. Como este conoce muy bien de las ventajas que tienen “los que reparten los sobrecitos” y emplean ventajosamente todo los poderes del Estado, decidió lanzarse temprano a la precampaña electoral para fortalecer su posicióna dentro y fuera del partido y hacer más costoso que Medina pueda burlar los acuerdos del 2015, que incluyeron una cláusula constitucional que le prohíbe optar por la reelección en el 2020.

La ofensiva leonelista comenzó en agosto del año pasado, cuando lanzaron su proyecto “RD-2044”, atendiendo al planteamiento de Fernández de que el PLD debe gobernar hasta el bicentenario de la República. El lider peledeísta comenzó dictando conferencias,  mientras sus fieles iniciaron la recaudación de “dos millones de firmas”.

En la primera semana de Junio les alentó un análisis de The Economic que le atribuía al expresidente muchas posibilidades de ganar la candidatura del PLD y también de  volver al poder, y con una encuesta de la firma Latin Insights, desconocida en el país, y de la que él es cliente consultor, que lo colocaba en amplia ventaja frente a cualquier candidato de la oposición de cara al 2020. Y el domingo Leonel salió a  las calles en caravana por los barrios populosos del norte capitalino, seguido por miles de fieles, proclamando que “el calor del pueblo lo motiva a seguir” buscando volver al poder.

Los lastres de Leonel

            La resolución de Leonel y sus seguidores, advirtiendo que ya cedieron en el 2012 y en el 2016 a favor de Danilo, ha contribuido decididamente a cerrarle el paso a los intentos reeleccionistas, sembrando la idea de que desconocer el pacto del 2015 en el Comité Político conlleva la división, lo que ha dejado fuera de acción a ese como a los demás organismos del partido.

Pero el camino de ninguna manera está desbrozado para un Fernández que carga el lastre de la enorme corrupción de que se acusa a sus gobiernos, personificada en varios  de sus más cercanos colaboradores, como los secretarios de Organización y de Finanzas del PLD, Félix Bautista y Víctor Díaz Rua. El primero es el mayor implicado en las acusaciones de la semana pasada de la Procuraduría General de la República por los sobornos de Odebrecht, y el segundo puesto esta semana por Estados Unidos en una lista que le prohíbe no sólo el ingreso de él y su familia a ese país, sino que le impide cualquier negocio con empresas norteamericanas.

La sanción de Bautista, quien el domingo acompañaba a Leonel en su caravana,  por supuesos actos de corrupción en Haiti fue celebrada en el país, por la imagen que se  conserva de quien fuera acusado en un expediente del Ministerio Público por irregularidades administrativa que envolvieron más de 26 mil millones de pesos. Es convicción general que el no ha lugar que dictaminó la justicia, fue parte de los acuerdos para la repostulaicón de Medina en el 2016. Se secretea que otro de los acaudalados colaboradores de Leonel, el constructor del metro Diandino Peña, podría también enfrentrar dificultades por las denuncias sobre su patrimonio formuladas por reportaje de Alicia Ortega, en manos de la Procuraduría. Y que se reservan otras iniciativas.

Ya no podemos mirarnos a los ojos

            Con los dos líderes del partido enfrentados, en duelo político y ya personal, con el presidente y el secretario general disputándose agriamente la candidatura presidencial, y la salida al mismo ruedo de dos ministros del actual gobierno,  Francisco Domínguez Brito y Carlos Amarante Baret, estimulados por el presidente Medina, con indicaciones de que saldrían otros dos, Andrés Navarro y Gonzalo Castillo, más los jóvenes dirigentes Carlos Peña y Manuel Crespo, ya en campaña, el PLD pasa su peor crisis sin arbitraje.

Cuando esta semana se levantaron voces pidiendo la suspensión  de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, por su vinculación a la corrupción, el vocero del partido, Héctor Olivo, se apresuró a advertir que los tribunales de disciplina y ética del PLD no están conformados.

Los enconos entre los peledeístas por el poder fueron dramatizados recientemente por un reflexivo legislador, que los consideró casi insuperables, “porque la desconfianza es tan grande que ya no podemos mirarnos a los ojos”. En ese escenario algunos opositores consideran que lo que más les conviene es dejar que los peledeístas se consuman en la pelea por el padrón abierto o cerrado, por lo que descartan que puedan ayudar al que utiliza el poder a derrotar a su adversario y fortalecerse para abrirse paso al continuismo.-

La fallida investigación de la PGR abona el camino a la impunidad

09_06_2018 HOY_SABADO_090618_ El País12 B

Tras más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, los imputados por la escandalosa  corrupción de Odebrecht se reducen a la mitad, sin determinar el destino de los sobornos ni la sobrevaluación de sus obras ni su financiamiento político 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La conclusiones de un año y medio de investigación sobre las implicaciones en el país del escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht son profundamente decepcionantes, reduciendo a la mitad el número de imputados y sin avance en determinar los montos de las sobrevaluaciones ni los destinatarios del financiamiento político.

A todas luces la Procuraduría General de la República evadió investigar las responsabilidades del gobierno del que depende, sin imputar ahora ni uno solo de sus funcionarios, ni los responsables legislativos, y revocando las acusaciones que formuló hace un año a tres miembros del Comité Político del partido gobernante.

Vergonzoso e indignante

            El presidente del partido opositor Alianza País, Guillermo Moreno, no necesitó muchas horas para estimar que “la acusación presentada por el procurador en el caso Odebrecht produce vergüenza e indignación ante este nuevo  capítulo de impunidad”, porque han parido un ratón después de un año y medio de investigación, con más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, que abarcó a más de 400 personas y compañías, y la revisión de más de 800 mil transacciones y operaciones financieras.

Tan arduo trabajo, según explicó al país el procurador Jean Alain Rodríguez, no logró ni por asomo identificar los destinatarios de los 92 millones de dólares de sobornos confesados por Odebrecht, ni tampoco la magnitud de las sobrevaluaciones de las 17 obras contratadas por tres gobiernos, ni mucho menos los beneficiarios del financiamiento electoral testimoniado por altos ejecutivos de la constructora brasileña.

Resalta que los 14 imputados hace un año por los sobornos se redujeran a 6 y que sólo pudieran añadir un séptimo, el secretario general del principal partido de oposición, y expresidente del Senado Jesús Vásquez, intercambiado por  el expresidente de la Cámara de Diputados  Alfredo Pacheco, del mismo partido, liberado ahora de responsabilidad.

Más relevante es que entre los liberados estén tres miembros del Comité Politico del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exadministrador de la CDEEE Radhamés Segura, y el expresidente del Senado Julio César Valentín, Además el aliado gubernamental y exdiputado Ruddy Gonzalez.  Los otros liberados fueron César Sánchez, exadministrador de la CDEEE Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos, exfuncionarios de la hidroeléctrica estatal. Parece quedar demostrado que, como proclamó entonces la jueza Miriam Germán, sus imputaciones estaban pobremente fundamentadas.

¿Dónde están los cuartos?

            La pregunta fue formulada en esta página el 8 de julio del 2017. La PGR partió de la documentación de 101 transferencias de fondos de cinco empresas de Odebrecht a dos del imputado Angel Rondón, “el hombre del maletín de reparto”, montante a US$83.2 millones, que ingresaron al país entre el 2007 y enero del 2015, el 25% en el período 2007-11, y el 75% entre 2012-15. El 33% bajo el gobierno de Leonel Fernández, hasta agosto del 2012, y el 67% en el del presidente Danilo Medina, de agosto del 12 a enero del 2015.

Ahora que quedan libres Montás, Segura, Valentín y González, del gobierno de Medina, y que la PGR insiste en que no hubo sobornos en la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, cobra más fuerza la pregunta: dónde fueron a parar esas transferencias, si no hay imputados de este período, a quién y para qué se sobornaba?

Las transferencias, lo mejor documentado en toda la investigación de la PGR, fueron en ascenso progresivo: de US$11.4 millones en el 2012, pasaron a 15.8 millones en el 2013 y a 33.8 millones en el 2014, con una sóla, de 1.1 millón en enero del 2015, cuando la acción judicial en Brasil paralizó las operaciones. Entre el 13 y el 14, ya en el gobierno de Medina fue la mayor contratación con Odebrecht, las plantas de carbón por US$2,040 millones, y la Circunvalación de La Romana por US$298.8 millones.

El fuerte tufo político

El tufo político fue evidente en las imputaciones de mayo del 2017, cuando acusaron y apresaron igual número de funcionarios y legisladores del período 2000-04, que en los gobiernos de Fernández y Medina, 6 de cada uno, aunque en el primero sólo se contrataron dos obras por US$293 millones, una de las cuales no llegó a iniciar, por sólo  el 5% de los US$5 mil 957 millones, 987,457 de las obras contratadas con Odebrecht.

Quedan imputados dos expresidentes del Senado, que ejercieron hasta agosto del 2006, desde el Partido Revolucionario Dominicano, y que ahora son nada menos que presidente y secretario general del principal opositor el Revolucionario Moderno (PRM). También Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto de Aguas Potables hasta el 2004, los tres antes que comenzaran las transferencias documentadas. De los años de las transferencias, cuando se aprobó el 95% de lo contratado, sólo hay un senador imputado, Tommy Galán, quien no presidió el organismo, el ministro de Fernández, Víctor Díaz Rúa y su abogado Conrado Pittaluga. Por partidos, tres son del PRM y sólo dos del PLD, más Rondón, que habría sido de todos, y el abogado de Díaz Rúa.

Con los resultados presentados por el procurador se justifica la indignación del jurista Guillermo Moreno. Más aún si después de un año de las imputaciones a 14 personas, el funcionario confiesa que no habían reunido evidencias documentales para acusar y meter presos, en un aparatoso circo político, a más de la mitad.

Financiamiento electoral

            Si hay algo en el escándalo que la PGR ha rehuido son las denuncias sobre el financiamiento de campañas electorales, porque todos los caminos conducen al presidente Danilo Medina, quien hizo tres viajes a Brasil, en contacto con los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff y los funcionarios de Petrobras y Odebrecht, en 2005 como ministro de le presidencia, 2011 como candidato presidencial y 2012 como presidente Electo. En el segundo consiguió la asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, identificados en múltiples interrogatorios, hasta del presidente de Odebrecht, como sus brazos políticos para el auspicio de campañas electorales en Brasil, República Dominicana y otros 5 países.

Debe asumirse que a la PGR tanto Odebrecht como las autoridades judiciales de Brasil le entregaron los interrogatorios de las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht, y de los directores de su departamento de “Operaciones Estructuradas” o propinas, Fernando Miggliacio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha. Da Silva testimonió que entre 2006-14 invirtieron US$ 3,390 millones en campañas electorales. Todos señalan reiteradas veces cómo operaban con Joao Santana y Mónica, y cómo trasladaron sus operaciones a Santo Domingo, por lugar seguro, cuando la justicia brasileña apretó sus investigaciones. Santana y Moura tuvieron despacho en el Palacio Nacional de Medina hasta que fueron requeridos y apresados al llegar a Brasil, para ser luego condenados. Los procuradores de países como Perú y Colombia incluso obtuvieron interrogar directamente a esos ejecutivos y por eso han investigado y procesado a expresidentes y en ejercicio.

Pero Jean Alain Rodríguez no tiene independencia para llegar tan lejos, y ni siquiera explica cómo liberó a Temístocles Montás, quien admitió en espacio pagado de junio 2017, que recibió financiamiento de Angel Rondón para las campañas electorales del PLD en 2008, 2012 y 2016. Tampoco se ha referido a la instancia formal de investigación de cuatro entidades sociales dominicanas que recogieron la detección en Perú de una triangulación de empresas de Odebrecht que en el 2013 hicieron 16 transferencias por US4 millones 396,796 a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao y Mónica, aunque se le proporcionó el número de la cuenta y el banco donde operaba.

Nada de sobrevaluaciones

            También es indignante que a más de 18 meses del estallido del escándalo de Odebrecht, en diciembre del 2016, se llegue al plazo de las imputaciones sin haber realizado las auditorías reclamadas desde el principio para establecer los montos de las sobrevaluaciones, que según confesión de los ejecutivos de la constructora brasileña “tenían como patrón el 22%, para financiar los sobornos y campañas electorales.

Un consorcio internacional de periodistas que han investigado el escándalo de Odebrecht  estimó en US$1,217 millones las sobrevaluaciones en las obras contratadas en República Dominicana. El 22% de los US$5 mil 957.7 millones de las 17 obras en el país, arroja US$1,119 millones. En todas las contrataciones hubo adendas para escalar costos, en la hidroeléctrica Pinalito de 176%, en la Palomino 163% y en la circunvalación La Romana 132%. En las plantas de carbón se aducen sobreprecios hasta del 100 por ciento, y todavía Odebrecht reclama otros US$708 millones, sobre los 2,040 originalmente acordados.

El procurador dice simplemente que la Cámara de Cuentas no ha hecho las auditorías de costos, lo que debió exigir, incluso con intimación judicial, pero tampoco procuró determinar los responsables de todos los escalamientos de precios sobre el 25% de lo contratado, penalizados por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Un conteo de 8 de las 17 obras de Odebrecht contratadas por US$1,240 millones, establece que terminaron en 1,838 millones, con escalamiento de US634 millones, para un 51%.-

Las primarias abiertas sacuden el Congreso, el PLD y el PRM

2222Lo montado en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de Ley de Partidos con elección primaria abierta fue un espectáculo indicativo de la resquebrajadura del partido de gobierno, cuyos vientos siembran incertidumbres en el principal opositor 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El boicoteo de la sesión de la Cámara de Diputados que el jueves conocería el proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría peledeísta seguidora del presidente Danilo Medina ratifica la decisión de imponer el padrón nacional en la elección de todos los candidatos, aún al costo de desguañangar el sistema partidista.

El empeño gubernamental, que divide al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reflejó ya sobre el principal partido de oposición, cuando ocho de sus 49 diputados se sumaron al boicot oficialista, y fueron determinantes para impedir la sesión, sembrando incertidumbres sobre la unidad de su organización opuesta al proyecto.

Nudismo en la Cámara Baja

            Lo del jueves en la Cámara de Diputados fue un espectáculo de nudismo y miserias políticas e institucionales, con una mayoría de los legisladores del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) boicoteando una sesión, estando presentes en el mismo edificio congresual, presidida por uno de los propios, el diputado Rubén Maldonado, pero adscrito a la corriente del expresidente Leonel Fernández, enfrentado al presidente Danlo Medina. Alegaron que no participaban de la sesión para evitar “un desorden orquestado”.

            Maldonado presidía solitario, pues los demás directivos de la cámara estaban en el boicot, mientras el vocero de los diputados peledeistas, Gustavo Sánchez, aún dentro del salón de sesiones, escondía la cabeza cuando se pasaba lista para darse por ausente. En tanto  ocho diputados del principal partido opositor, fuera del salón se sumaban a los oficialistas desatendiendo los llamados de su propio vocero, Alfredo Pacheco, para que respetaran la decisión del máximo organismo partidario que junto a casi todos los opositores y gran parte de la sociedad civil ha mantenido rechazo a los intentos de imponer el padrón abierto en la elección de candidaturas.

Seis de los ocho disidentes del PRM son señalados como seguidores de Hipólito Mejía, cuyo vocero Eddy Olivares persiste en coincidir con los oficialistas en la defensa del padrón abierto, mientras la hija del expresidente, la recién electa secretaria general del partido, Carolina Mejía, se manifestaba indignada porque los peledeístas han reducido la ley de partidos a un asunto de padrón abierto o cerrado. Los danilistas no tenían votos para ratificar el proyecto y con múltiples ausencias y el presidente de la Cámara opuesto, temían que pudieran rechazarlo o enviarlo a la comisión propia de la Cámara de Diputados donde pasaría mucho tiempo.

Agudizada la confrontación

            La ocurrenciadel jueves eleva a su máximo nivel la confrontación en el seno del PLD por la candidatura presidencial del 2020, con el presidente Medina impedido por la Constitución de optar por la reelección y el expresidente Fernández lanzado a las calles en búsqueda de la nominación. Cada día crecen los enconos  grupales y la decisión de los danilistas de impedir a cualquier precio  la candidatura “de un Leonel vengativo”.

La situación está fuera de control, ya que la división se incuba en los órganos directivos, después de un año de diferencias sobre la inclusión de las primarias abiertas en la Ley de Partidos. El 2 de Octubre el Comité Político del PLD, máximo organismo ejecutivo, decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminaran sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas como método único de elección de candidatos, objetada por Fernández en base a que la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley que la instituyó en el 2004.

Cuatro meses después, el 5 de febrero, el mismo organismo dejó sin efecto la resolución, y autorizó a sus legisladores a decidir individualmente. Para el 8 de marzo se anunció una nueva sesión del Comité Político, suspendida en la víspera, sin que hayan podido reunirlo nuevamente. Fue ese Comité Político el que saldó la anterior confrontación Danilo-Leonel en mayo  del 2015 por la candidatura presidencial del 2016, votando por  reformar la Constitución para que Medina pudiera optar por la reelección, pero con un transitorio que le impide volver a postularse en el 2020, lo que ahora favorece a Fernández.

¿Un prueba de fuego?

            Dl boicot de los danilistas a la sesión de la Cámara de Diputados, reenviada para el próximo miércoles, pudo haber sido decidido para ganar tiempo en la búsqueda de votos opositores al proyecto de las primarias abiertas en que cifran su preponderancia electoral, pero también para probar cuántos diputados leonelistas y de la oposición habían logrado atraerse, especialmente del PRM que ha advertido su decisión de sancionar a quiénes se vayan contra la línea partidaria.

Con los leonelistas esta vez no avanzaron, porque no desertó ninguno de los 34 diputados que el 18 de abril se comprometieron a rechazar las primarias abiertas. Se cree que ganaron un voto adicional para acumular 3 de los 10 reformistas. Su éxito estuvo en la ausencia probada de los 8 perremeistas, una de los cuales, Jacqueline Montero, adujo que tenía su esposo enfermo. Seis son señalados como hipolitistas; Edelis Olivares (hermana del vocero de Mejía), Cuqui Morel, Lía Díaz, Edward Jorge, Nelson de la Rosa y Andrés Templar, El octavo, Sergio Goris Moya fue la mayor sorpresa, pues se le señala como seguidor de Luis Abinader, como Mejía precandidato presidencial, pero persistente opositor a la imposición de las primarias abiertas.

La actitud de esos diputados estaba en cuestionamiento ayer en los predios del PRM, cuyo Directorio Ejecutivo fue convocado para el lunes a fin de ponderar la situación. El vocero del bloque de diputados, Pacheco, se inclinaba por un llamado a reunión de los 8 para que expliquen su actitud, mientras otros abogaban por una sanción verbal y advertencia de suspensión y expulsión si repiten la coincidencia con los oficialistas.

Alto costo institucional

            Si los promotores de la imposición del padrón abierto a todos los partidos avanzaron con 9 opositores, todavía le faltaría conquistar otra veintena para estar en capacidad de pasar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, lo que no paree tan fácil, dado el nivel de oposición política y social al proyecto y sin dañar severamente la institucionalidad de los partidos. Esta misma semana 18 de los 26 partidos llegaron hasta la Cámara de Diputados para manifestar su oposición al proyecto.

También esta semana Participación Ciudadana y la Fundación institucionalidad y Justicia, mostraban las incoherencias y contradicciones del proyecto aprobado en el Senado, y el presidente de la Asociación de Industrias, Campos de Moya, reiteró ayer  por televisión la posición de las entidades empresariales de que se deje a cada partido escoger cualquier método democrático para elegir sus candidatos.

Seguía impactando el costo sobre 5 mil 600 millones de pesos en que la Junta Central Electoral ha estimado unas complicadas elecciones primarias de 26 partidos a la vez, con el padrón universal, lo que podría implicar hasta 320 mil precandidaturas, con un promedio de tres por cada uno de los 4 mil 106 cargos a elegir. Saltó al debate que no podrían ser entregando a cada elector la boleta por el partido que prefiera, porque violaría el principio del secreto del voto, y obligaría a entregarle las 26 enormes boletas.

La dicotomía de Hipólito

El proyecto comienza a cobrar su costo institucional ya no sólo en el PLD, sino también en el PRM, que no esperaba tan alto número de deserciones, en medio de versiones de que los gobiernistas se muestran dispuestos a utilizar recursos estatales para conquistar opositores y con ya inocultables inquietudes sobre la real posición de Hipólito Mejía, quien todavía la semana anterior declaraba por escrito que aunque favorecía las primarias abiertas, respetaba la decisión de su partido, que ue adoptada el año pasado tras varias reuniones de su Dirección Ejecutiva, se dice que por una “mayoría holgada”.

Pero llama la atención que todavía en la víspera de la sesión de los diputados, el vocero oficial de Mejía, Eddy Olivares, volviera a defender lo que prefiere el grupo del presidente Medina y rechazan casi todos los partidos y la sociedad civil. Se cree que Mejía envió una señal errónea cuando hace dos semanas en Santiago se enganchó al presidente Medina, éste de brazos cruzados, en una foto que difundieron ampliamente los medios oficialistas.

Defensores del gobierno en todos los medios cuentan con que los legisladores que siguen a Hipólito votarán finalmente por las primarias abiertas, aún desafiando al partido. Y no faltan quienes alientan la idea de que el mandatario peledeísta, imposibilitado de buscar la reelección, pudiera respaldar a Mejía en una fórmula que envolvería al Partido Revolucionario Dominicano, para evitar un eventual triunfo de Leonel.

Mejía tiene gran desventaja en las encuestas para la candidatura del PRM. Gallup-HOY de marzo arrojó 67 a 9% de preferencias a favor de Luis Abinader entre los que se dijeron perremeistas. En Octubre pasado fue 69 a 14%. Abinader le ganó la  candidatura para el 2016 por 70 a 29%, casi el 69 a 28% que arrojó la Gallup-HOY un mes antes. Por eso los hipolitistas creen que les conviene el padrón abierto, aunque también en el universo de los electores las preferencias por Abinader superan con mucho las de Mejia: 49 a 1l% en la Gallup-HOY de marzo pasado.-

 

Las tierras del CEA siguen generando conflictos, ahora las del ingenio Haina

9874598745Una coalición del Consejo de Desarrollo de Haina, con  organizaciones sociales, apoyada por el ayuntamiento y legisladores pone difícil la aprobación en el Congreso de la venta de 168 mil metros cuadrados, que reclaman para obras comunitarias  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Se ha fortalecido en las últimas semanas la oposición de la comunidad de Haina a la venta de los terrenos donde operó la factoría de lo que fuera el mayor ingenio azucarero de la región, contratada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con un consorcio agroindustrial a 1,200 pesos el metro cuadrado, que consideran debajo de su actual valor.

La oposición de la comunidad, que esta semana marchó por las calles, pone difícil a la Cámara de Diputados sellar una venta que ya el Senado aprobó sin vistas públicas, cuyos orígenes datan del 2010, más aún cuando los compradores, tienen arrendados esos terrenos desde el 2002, involucrando los tres últimos gobiernos.

Tirados al medio de la calle

            La falta de información y transparencia podría jugarle una mala pasada tanto al CEA como a los compradores, la Terminal Granelera del Caribe (TEGRA), integrada por un consorcio agroindustrial, pues los dirigentes  del Consejo de Desarrollo Integral de Haina, y los comunitarios están convencidos de que los terrenos incluyen áreas habitadas por miles de personas, aunque sin precisiones. Pero creen que las 14 parcelas que abarcan el distrito catastral 8 del municipio Bajos de Haina, no están claramente deslindadas.

Tanto en los ámbitos del CEA como de la empresa compradora, se asegura que existe el deslinde y que no incluye ninguno de los barrios del municipio de 124 mil habitantes para el censo del 2010, uno de los de mayor densidad poblacional e industrial del país, que alberga uno de los dos mayores puertos nacionales, la refinería de petróleo, tres plantas eléctricas en operación, dos zonas francas y un parque industrial.

Aunque el contrato data del 2010 y fue aprobado por el Senado en diciembre del 2014, los dirigentes sociales dicen que se enteraron cuando fue puesto en la agenda de  la Cámara de Diputados. Desde entonces crece la oposición que esta semana incluyó una marcha de miles de residentes. Además del Consejo de Desarrollo se han unido en la protesta el alcalde municipal y el Consejo de Regidores, sindicatos, asociaciones de comerciantes, la coordinadora de las juntas de vecinos, el Consejo de Pastores Evangélicos y la Asociación de Profesores. Legisladores y dirigentes políticos locales han acogido los reclamos comunitarios, demandando por lo menos información que disipe los temores.

El valor de los terrenos

Entre los argumentos que sustentan la oposición se cuenta la convicción de que los terrenos donde operó durante décadas la factoría industrial del ingenio Haina, con extensos almacenes, tanque de agua y una franja de acceso al muelle, valen más de los 1,200 pesos el metro cuadrado en que están contratadas las 8 parcelas que totalizan 168 mil metros.

Luis Carrasco, un abogado, comerciante y experto en bienes raíces, quien trabaja para dos conocidas inmobiliarias, está en la coalición que denuncia la venta. Entrevistado  por Teleantillas estimó el valor del terreno donde están estuvo la molienda azucarera, con  sus almacenes y acceso al puerto en unos 150 dólares el metro cuadrado, lo que lo elevaría a unos 7,200 pesos. Estimaciones más conservadoras hablan de entre 80 y 100 dólares.

El valor sería menor en agosto del 2011 cuando el presidente Leonel Fernández autorizó la venta, y llamó la atención que en el poder se fijara el precio de 1,200 pesos por metro,  o todavía en el 2012 cuando el director del CEA, Enrique Martínez Reyes, firmó el contrato, enviado al Congreso en el 2014 por el presidente Danilo Medina.  La TEGRA tenía arrendados los terrenos desde el 2002, por autorización del presidente Hipólito Mejía, a razón de 300 mil dólares anuales, con un incremento de 2.3 por ciento por año.

A la firma del contrato la TEGRA pagó 129.2 millones de los 202.5 millones de pesos de la venta, y se comprometió a otros dos pagos de 36.6 millones de pesos en el 2012 y 2013.  El contrato consigna que en caso de no aprobación congresual la vendedora se obliga a devolver lo cobrado.

Para obras comunitarias

            Además de los temores de que las parcelas en venta incluyan zonas habitadas, como ya ha ocurrido en otras operaciones inmobiliarias del CEA, y en el barrio Los Tres Brazos por la CORDE, y de la convicción de que están subvaloradas, la comunidad de Haina tiene otra causa pendiente con TEGRA: contaminación ambiental certificada por Angel Brea, el director provincial de Medio Ambiente. El olor ambiental es nauseabundo y derrames de materias primas, aguas con desechos industriales y polvillo, son focos de atracción de insectos, comprobables a simple vista.

El abogado Víctor Manuel Báez, quien presidente el Consejo de Desarrollo Integral de Haina, viene denunciando la situación hace tiempo y la comunidad es sensible a los altos niveles de contaminación que se han detectado en Haina, tanto  que hasta el 2013 el Instituto Blacksmith de Nueva York, que vela por un planeta limpio, la mantuvo inscrita entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Ese año la sacó de las primeras, tras  esfuerzos de sectores industriales, pero aún prevalece alta contaminación en la zona.

Para Báez lo que procede es que esos terrenos sean destinados a obras comunitarias que requiere Haina, como un hospital un instituto politécnico y área de esparcimiento, como parques. Esa aspiración choca con los intereses creados por más de 15 años por TEGRA, que importa por el puerto local materia prima para la producción avícola y porcina de varias empresas accionistas, producción de aceite y otros renglones. Sus costos de desembarque son más baratos por la rapidez con que una correa transporta la materia prima de los barcos a los viejos almacenes del CEA, con nuevos techos. La empresa dice que ha invertido unos 40 millones de dólares. Alicia Ortega recogió abundante información en su Informe del pasado lunes.

Un gran reparto patrimonial      

Lo que resulta obvio es que este arrendamiento y posterior venta forma parte del reparto del patrimonio del CEA, que en 1987 registraba 3.7 millones de tareas que en su mayoría han sido vendidas subvaloradas, donadas u ocupadas por particulares. No se tomó en cuenta a las comunidades. Por ejemplo en Boca Chica, donde todavía hace poco se vendían parcelas urbanas por decenas de miles de metros cuadrados, no aparecen terrenos cerca de la comunidad para construir un hospital.

En septiembre del 2016 el presidente Medina creó una comisión especial, presidida por el dirigente del PLD Bautista Rojas Gómez, para evaluar las ventas del CEA en plazo de un año, pero al cumplirse solicitó una prórroga por similar período, pues no han podido pasar del examen de la mitad de 42 mil transacciones de ventas y donaciones, que en su mayoría favorecieron a grandes empresas, políticos, legisladores, militares y policías.

El año pasado se denunció que el CEA ha necesitado vender terrenos a cualquier precio para cubrir sus déficits, con una nómina que montaba a 1,684 empleados, en su gran mayoría botellas políticas. En el 2016 sus operaciones inmobiliarias sumaron 536 millones de pesos, pero los gastos de nómina fueron 548 millones de pesos, más 121 millones por “otros gastos personales”.

Tragedias recurrentes

Las irregularidades en las transacciones inmobiliarias del CEA pasan por todos los gobiernos, aunque se han agravado progresivamente, como la corrupción general. Hace una década la asignación de las mismas tierras a una empresa española que arrendó un ingenio de San Pedro de Macorís y a otra nacional, generó enfrentamientos con dos muertos.

Pero el caso más emblemático fue el ocurrido el 14 de febrero del 2017, cuando un individuo desesperado porque había pagado por unos terrenos que ya el CEA había vendido a otro, irrumpió en una cabina radiofónica y mató a balazos a dos comentaristas de un popular programa, también en Macorís. El victimario fue perseguido por la policía y luego se dijo que se había suicidado, aunque fueron públicas las sospechas de que lo ultimaron posra que no testificara.

Con todo, una comisión presidida por el Consultor Jurídico de la Presidencia comprobó que el matador había sido timado por ejecutivos del CEA, pero fuera del relevo del director y del encargado de la inmobiliaria, nada más ha ocurrido. La impunidad es norma nacional en todos los renglones.

Otra tragedia ocurrió el 24 de septiembre pasado, cuando varios centenares de agentes policiales irrumpieron en el barrio Cerros de las Américas, erigido por ocupantes de terrenos del CEA desde hace más de una década, para desbaratar viviendas a las 3 de la madrugada de un domingo y día de festividad religiosa. Un teniente de la fuerza aérea, residente allí, Mateo Ogando, fue muerto en el operativo, y otros tres residentes, incluyendo a una menor, resultaron baleados. Todavía se espera que se informe qué juez o autoridad dispuso ese desalojo de madrugada, y quién es el interesado en las tierras, con mayor valor ahora por la cercana construcción de la “Ciudad Juan Bosch”,-                

Contundente álbum de la corrupción agravada cada año por la impunidad

258

 

El partido Alianza País acaba de publicar un contundente álbum de la corrupción y la impunidad, muy superior al del PLD de 1981 y que se inscribe en los más recientes informes de Participación Ciudadanos “20 años de Impunidad y “La corrupción sin castigo”  

Por Juan Bolívar Díaz

         El Partido Alianza País (AL País) acaba de publicar un contundente álbum de la Corrupción que supera con creces el de “Vanguardia del Pueblo”, el periódico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en 1981 y se inscribe en la línea de los más recientes  informes de Participación Ciudadana “20 Años de Impunidad” y “la Corrupción sin castigo”.

La verificación gráfica de la magnitud de los casos de corrupción de los últimos años evidencia la cada vez más complicada trama de corrupción que afecta la sociedad dominicana y el nivel de impunidad predominante a pesar de que crece en la población la consciencia sobre su impacto en la pobreza material y en la institucionalidad democrática.

Valioso documento gráfico

                  El vocero oficial de Al País, “El Aliancista” dedica sus veinte páginas tabloides bajo el título “20 años de corrupción e impunidad” a recopilar más de 50 escándalos de corrupción de dos décadas que incluyen varios  del gobierno del presidente Hipólito  Mejía 2000-04, pero la mayoría de los tres períodos del presidente Leonel Fernández y luego de los dos que agota el presidente Danilo Medina.    Los escándalos más antiguos en que se detiene la publicación son los de las sobrevaluación denunciada en la construcción del aeropuerto La Isabela, el Programa de Empleos Mínimos Estatales (PEME) y desfalco en el Banco Agrícola en el primer gobierno de Fernández. Luego los del período de Mejía: tarjeta de Pepe Goico (Pepegate), en Autoridad Portuaria, el Instituto de la Vivienda y el Plan de  Renovación de Vehículos (Renove).

Del período de 8 años de Fernández (2004-12) son la mayoría: en la Liga Municipal, Lotería Nacional, direcciones de Migración, Pasaporte e Instituto de Recursos Hidráulicos, desfalco aduanal en Santiago, los mayúsculos de la Sun Land y los aviones Tucano, la construcción de polideportivos del Ministerio de Deportes, las sobrevaluaciones en los parqueos de la UASD, de Bellas Artes, los vagones del metro, en la OTTT, Ministerio de la Juventud,  y 29 empresas encubiertas de Diandino Peña.

De los gobiernos de Medina se incluyen los referentes a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la venta de Los Tres Brazos, la tragedia del CEA en San Pedro de Macorís, la de OMSA y asesinato del abogado Juniol Ramírez, la tecnología de la Junta Central Electoral,  y el malecón de Nagua. Espacios especiales tienen el escándalo de Odebrecht, la contratación de las plantas de carbón, el déficit fiscal del 2012 por 153 mil millones de pesos, la Fundacion Global, los barrilitos y los cofrecitos de los diputados.  Muchos de ellos documentados en auditorías de la Cámara de Cuentas, todos impunes, excepto el Plan Renove,  aunque ampliamente dilucidados en los medios informativos.

El Album de la Corrupción              

El PLD hizo historia en 1981 con la publicación de su “Album de la Corrupción”, referente sólo a los tres primeros años del gobierno del presidente Antonio Guzmán, en los tiempos en que ese mal social formaba parte de su credo político. Cuando se le revisa resulta “un juego de niños” comparado con la magnitud de los escándalos denunciados en sus gobiernos, algunos que han envuelto hasta 130 millones de dólares como el de Sun Land, o las aún no cuantificadas sobrevaluaciones, sobornos y financiamientos electorales de Odebrecht por miles de millones de pesos..

Lo más relevante fueron las fotografías de tres residencias construidas por el vicepresidente Jacobo Majluta, el secretario sin cartera Lorenzo Sánchez Baret y el secretario particular de Peña Gómez, Aridio García de León, con inversión, según el periódico, de $475 mil, 250 mil pesos, y más de cien mil pesos, respectivamente. Resalta que una auditoría reveló que el síndico del DN Pedro Franco Badía gastó 673 mil pesos en asistencia social entre 1977 y 1981, con interés de promoverse.

Como “Fraude escandaloso” indica que Frank Desueza Fleury, director del IDSS, efectuó compras por 550 mil pesos, cuando solo le habían autorizado 235 mil, para favorecer a 7 empresas en detrimento de otras 6. A Gustavo Sánchez Díaz, quien después sería aceptado en el PLD, le endilgan como corrupción haber hecho donaciones por 203 mil pesos en los 3 años que dirigió el INESPRE.

Al vicepresidente Jacobo Majluta y su hermano Freddy que después sería aliado y funcionario del PLD les dedican las páginas centrales del álbum. Al primero le endilgan que como director de CORDE había donado más de $92 mil a 160 personas que no eran empleados, en sumas que oscilaban entre $200 y $4,000. También que gastó $116 mil para imprimir calendarios donde aparece en fotografía con el Papa y otros $28 mil para hacerse 200 mil fotografías a color para promoción política.  A Hipólito Mejía, que como secretario de Agricultura hizo compras de fertilizantes de forma irregular  por 10 millones de pesos, entre ellas a la empresa Fuerza Agrícola a la que estaría vinculado, sin aportar pruebas.

Un referente por años

El album de Vanguardia del Pueblo fue de ocho página y tuvo una tirada de 100 mil ejemplares que se distribuyeron en las  calles y durante años quedaría como un referente de las denuncias de corrupción. Su análisis pormenorizado revela una carencia de documentación, incluyendo como corrupción programa de asistencia social que realizaba la entonces  Secretaría de Salud Pública entre apenas cientos de indigentes. Origen de los  programas asistencialistas por miles de millones de pesos en los gobiernos del PLD.

Llegaron al extremo de calificar de “repartidera” el gasto de 260 mil pesos del Fondo de Asistencia Social de Salud Pública, documentando cheques de 500 y 600 pesos. Y hasta dos cheques a un restaurante por 454 y 329 pesos, y siete cheques que pagaron dietas entre 200 y 610 pesos a seis funcionarios por viajes al interior de entre dos y cinco días. Denunciaron como “imperdonable derroche” una remodelación del palco presidencial del Estadio Quisqueya por 175 mil pesos, donde los gobiernos del PLD han invertido cientos de millones de pesos en sucesivas remodelaciones y ampliaciones.

En 8 páginas el vocero del PLD incluyó otros casos menores de denuncias que  quedaron cortas en relación a corrupción y malversación, por escasa investigación y porque la política no había degenerado a los niveles de las últimas décadas, especialmente por la extensión de las campañas electorales que distraen recursos públicos incuantificables.

Participación Ciudadana

            El movimiento cívico Participación Ciudadana ha dedicado mucho esfuerzo a denunciar la corrupción y la impunidad en sus 25 años de existencia, con decenas de pronunciamientos, resaltando dos libros,  bajo los títulos de “20 años de Impunidad” y “La Corrupción sin Castigo”, y un folleto didáctico sobre el expediente de corrupción presentado por la Procuraduría General contra el funcionario y senador Félix Bautista..

El primero fue publicado en febrero del 2004 y se refiere al período 1983-03, abarcando los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Registra 227 denuncias de corrupción, de las cuales 185 llegaron al Departamento de Prevención de la Corrupción, de la Procuraduría General, sólo 22 a los juzgados de instrucción, cámara de calificación y cámaras penales, 2 a cortes de apelación y uno a la Suprema Corte. Apenas en 6 casos hubo decisiones judiciales definitivas.

El segundo libro fue publicado en junio del 2014, con investigación de la corrupción del período 2000-13, que incluyó 94 denuncias, pero sólo hubo 8 dictámenes de los tribunales, el más significativo sobre el Plan Renove, por sobrevaluación y favoritismo en la asignación de minibuses financiados por el Estado. Participación Ciudadana figura entre las entidades que han promovido la Marcha Verde contra la impunidad que durante el último año ha sacudido el país, mientras las encuestas señalan ya registran la corrupción entre los mayores problemas nacionales, junto a la delincuencia e inseguridad ciudadana y el desempleo.

————————————————————————————————————

Cómo definía la corrupción el PLD de 1981

Cuando el PLD publicó su Album de la Corrupción el 4 de noviembre de 1981, su líder e ideólogo Juan Bosch estaba en la plenitud de su sus prédicas sobre la ética y la política en función del servicio público. Se le atribuye  haber escrito los dos párrafos siguientes, que fueron la introducción a esa publicación denuncia:

“La palabra corrupción tiene muchas significaciones. Una de ellas es podrido o putrefacto, así como todas las que se derivan de esas dos,  pero en la lengua de los latinos, de la cual pasó a la española, quería decir, y quizás de manera preponderante, no sólo corrompido sino también corruptor, porque el que ejerce la corrupción necesita que alguien sea su cómplice y para conseguir cómplices corrompe a otro como sucede en todos los casos de aprovechamiento del poder sobre el Estado y sus fondos para enriquecerse.

“La corrupción tiene muchas formas, porque no se limita al robo de los dineros que el pueblo le paga al Estado a través de los impuestos directos e indirectos. Se actúa en forma corrupta cuando se sabe que alguien está ejerciendo la corrupción y se le protege con el silencio o se le defiende. Es corrupción usar la influencia que da un cargo público para hacer negocios con el Estado o para beneficiarse de negociantes sin escrúpulos, pero sería también corrupción que nosotros, que no tenemos puestos en el aparato del Estado, nos quedáramos callados ante la ola de corrupción que se ha levantado en el país”.

————————————————————————————————————–”