Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática

29_12_2018 HOY_SABADO_291218_ El País11 AAunque fundamentado en un ya alarmante endeudamiento público, el crecimiento económico con estabilidad salva la gestión gubernamental de un año signado por la crisis del partido oficial con el continuismo amenazando la precaria institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El crecimiento económico otra vez sobre el 6 por ciento, con estabilidad cambiaria y muy baja inflación es el aspecto más positivo del 2018 en la República Dominicana, aunque una vez más se fundamenta en un alarmante incremento de la deuda pública, que ya llega a ser estimada sobre el 60 por ciento del producto bruto interno.

En términos democráticos e institucionales el año marca una deriva determinada por una profunda confrontación en el partido gobernante y una vez más los pujos continuistas que condicionan la gestión gubernamental, sin el menor avance en la lucha contra el flagelo de la corrupción y la impunidad generalizada y con deterioro de la salubridad y la seguridad social.

Los elementos positivos

El crecimiento económico, que este año repuntó sobre el 6 por ciento, tras un  2017 en que se había reducido por debajo de 5, sigue siendo lo más positivo de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, con estabilidad cambiaria y de precios, con una inflación alrededor del 2 por ciento.

Hay consenso entre los economistas en que el crecimiento sigue impulsado por la demanda interna y por la locomotora norteamericana, con incremento en el turismo y las remesas, que aportan más de 12 mil millones de dólares, para compensar parcialmente los fuertes déficits comerciales. Este “año de las exportaciones” registra un modesto crecimiento de estas estimado en 9 por ciento, pero se cree que las importaciones ascenderán en mayor proporción, por el  incremento de la factura petrolera que al tercer trimestre alcanzó los 700 millones de dólares.

Otro elemento positivo del año lo constituyó la expansión del sistema de vigilancia y asistencia 911 a una treintena de comunidades, como la mayor inversión para contener la delincuencia que en dos ocasiones obligó a las autoridades a reforzar la policía con efectivos militares. Se hicieron esfuerzos también por controlar el flujo de inmigrantes haitianos, aunque viciado por la prevalencia de un discurso de odio y estigmatización de una mano de obra que sigue sosteniendo dos renglones fundamentales, la agricultura y la construcción, pública y privada.

El gobierno se anotó dos reconocimientos, primero al sacar el país de la veintena de naciones que durante décadas persistieron en desconocer diplomáticamente la realidad de la República Popular China y por haber auspiciado una renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional con un 75 por ciento de consenso, mejorando el comportamiento de las anteriores decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura y reduciendo la politización de las altas cortes.

Crecimiento con esteroides

Lo malo del crecimiento económico nacional es que siguió fundado en un galopante endeudamiento externo e interno por el déficit fiscal de toda una década. Es significativo que el 2018 comenzó con una colocación de bonos internacionales por 1,800 millones de dólares y termina con una aprobación congresual por más del doble, autorizando bonos por 190 mil millones de pesos, equivalentes a 3,800 millones de dólares.

El economista Pavel Isa Contreras acuñó la frase de crecimiento económico con esteroides en agosto, cuando junto a sus colegas Apolinar Veloz y Ernesto Selman convino en señalar como insostenible el ritmo de incremento de la deuda estatal. Veloz, hasta hace meses funcionario del  Fondo Monetario Internacional, cuantifica la deuda consolidada de todo el Estado en casi 50 mil millones de dólares al término del año.

Como se puede ver en el cuadro anexo, Apolinar Veloz, quien también ha sido gerente general del Banco Central, además de sumar la deuda del sector público no financiero de 33.6 millones de dólares y la del sector bancario público de 12.8 millones, para totalizar 46.4. millones de dólares, le agrega las del sector eléctrico público, de los ayuntamientos, de fideicomisos, de red viales y los 708 millones de dólares que reclama la Odebrecht por las plantas de Punta Catalina, para totalizar 49 mil 927 millones de dólares, equivalentes al 64.92 por ciento del producto bruto.

Eso implica que cada dominicano (10.5 millones) enfrenta  una factura por 4 mil 755 millones de dólares,  237 mil pesos. El monto total de la deuda estatal se incrementa sobre los 3 mil millones de dólares anuales, sin que el gobierno se haya acogido a las recomendaciones nacionales y de organismos internacionales sobre lo inaplazable de un pacto fiscal que, por demás, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012.

El fantasma continuista

Como es constante en la historia nacional, el fantasma de la reelección presidencial planeó a lo largo del año sobre la institucionalidad democrática, lo que junto a la prematura lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) marcó el debate nacional, distrayendo la opinión pública y condicionando las actuaciones y programas gubernamentales.

Cuando se esperaba que el presidente Danilo Medina reconociera que la Constitución que ya él modificó tres años antes para viabilizar su reelección le prohíbe volver a ser candidato, el mandatario remitió para marzo o junio próximo fijar su posición al respecto. El miércoles dijo en un agasajo a periodistas digitales que podría ser en junio y no en marzo como la generalidad esperaba. Ya este año el Tribunal Constitucional rechazó un recurso que pretendía una declaración de inconstitucionalidad de la disposición transitoria que le impide a Medina volver a postularse a la presidencia. El dictamen indica que no se puede asumir que la Constitución sea inconstitucional.

Ahora en diciembre se conoció otro recurso que pretende habilitar la repostulación de Medina, a través del Tribunal Superior Electoral, bajo el mismo argumento de que la prohibición le viola sus derechos constitucionales, implementada por uno de los partidos minoritarios de menor vigencia, el Partido Demócrata Popular. Una benevolente sonrisa fue la respuesta de un versado especialista ante la remota posibilidad de que este tribunal pretenda pasar por encima del encargado de juzgar la constitucionalidad de los actos públicos.

Presidencialismo infinito

El presidente ha mantenido silencio, aunque en su presencia altos funcionarios y dirigentes políticos aprovechan los actos públicos para formular reclamos continuistas y se difundieron en las redes sociales y medios electrónicos media docena de spots promocionales de la reelección, con idéntica manufactura y línea gráfica profesional.

El activismo auto promocional del gobierno implicaba hasta octubre una inversión publicitaria diaria de unos 10 millones de pesos, de acuerdo con un monitoreo profesional privado de la publicidad. Mientras el mandatario acentuaba sus “visitas sorpresas”, donde distribuye los recursos que le niega a los ayuntamientos, a la justicia, y a la salubridad pública, que este año registró un inconcebible incremento de las muertes neo-natales, a ritmo 9.4 por día y crecimiento del 30 por ciento en relación al mismo período del 2017. Los municipios recibieron el 3 por ciento de los ingresos fiscales, aunque su ley orgánica les destina el 10.

Con una docena de duplicaciones, bajo dependencia directa de la presidencia, que incluyen programas sociales y hasta municipales, el resultado es el debilitamiento institucional y el fortalecimiento del acendrado presidencialismo nacional. Por todo eso se mantiene la incertidumbre sobre si el presidente Medina logrará “por algún medio”, imponer su continuidad en el poder en el 2020.

Pobre Ley de Partidos

La tendencia del presidente Medina en el PLD procuró a toda costa imponer en la ley de partidos el padrón abierto como mecanismo para elegir candidaturas y sus senadores llegaron a aprobarlo como obligatorio y de ejecución simultánea para todos los partidos, lo que no pasó en la Cámara de Diputados, aunque posteriormente se le encontró “un bajadero” para que su mayoría en el órgano superior de su partido pudiera hacerlo propio.

Tras 20 años de debates se terminó aprobando una Ley de Partidos que incorpora importantes demandas como la transparencia del financiamiento, mayor equidad de género, y límites a los tiempos y gastos de campaña. Pero quedó también con débil régimen de sanciones que la hace vulnerable y con planteamientos de dudosa constitucionalidad, como prohibir la postulación a cargos electivos de quienes no estén inscritos en un partido, penalizar (esa si severa) con cárcel a quien “difunda informaciones que afecten la imagen de algún candidato”, y prohibir las alianzas a nuevos partidos, mientras mantuvo un régimen muy desigual de distribución del financiamiento público.

El debate sobre la Ley de Partidos expuso todo el año la encarnizada lucha interna en el PLD y terminó disolviendo la concertación que durante más de dos años habían mantenido una docena de partidos políticos, encabezados por el mayor de la oposición, el Revolucionario Moderno, que a principios de año logró estrenar con éxito su nuevo padrón de miembros, con el cual renovó sus dirigentes en todos los niveles nacionales. Esa fractura fue contradictoria con los planteamientos dentro del mismo PRM y desde múltiples instancias partidistas y sociales, de la necesidad de una gran coalición para rescatar la devaluada institucionalidad democrática.

Los interminables debates partidistas habrían contribuido al incremento de la desconfianza en los partidos y en las instituciones democráticas, que por primera vez caen por debajo del 50 por ciento en encuestas y al manifiesto deseo de irse del país expresado por la mitad de los dominicanos, y hasta el 60 por ciento de los jóvenes de 18 a 25 años.-

 

 

A dos años del escándalo Odebrecht prevalece una burlesca impunidad

22_12_2018 HOY_SABADO_221218_ El País11 A

Cumplidos ayer dos años del destape del mayor escándalo transnacional de corrupción, en el país no se han investigado las sobrevaluaciones en obras por casi 6 mil millones de dólares, ni el financiamiento electoral y el proceso judicial luce revestido de burlesca impunidad

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Dos años después del estallido del escándalo de corrupción en contratación de obras con la constructora Odebrecht en una docena de países, el 21 de diciembre del 2016 tras investigaciones judiciales en Estados Unidos, en la República Dominicana prevalece la impunidad a pesar de haber liderado proporcionalmente los sobornos confesados por la empresa.

Ni siquiera se ha realizado la auditoría de costos sobre 17 obras contratadas por el Estado dominicano, mucho menos se han investigado las admisiones de ejecutivos de la constructora sobre financiamiento de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina y de que sus operaciones mafiosas transnacionales fueron trasladadas al país evadiendo la justicia brasileña.

Muy escasas expectativas

            Han transcurrido 19 meses desde que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas, doce de ellas exfuncionarios y legisladores, por los sobornos que Odebrecht confesó en el país por 92 millones de dólares, de un total internacional de 788 millones, y seis meses de que decidió procesar sólo a 7, sin que el caso haya pasado de la fase de instrucción, sin que alguno guarde prisión.

La impunidad prevaleciente determinó una deficiente investigación nacional, contrastando con las de Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y El Salvador donde una decena de presidentes, expresidentes y vicepresidentes han sido investigados, procesados y arrestados tras diligentes indagatorias, las cuales en varios casos demostraron que los sobornos fueron hasta el triple de lo admitido por la constructora.

En el caso dominicano las imputaciones se han basado sólo en lo que Odebrecht ha confesado ante la justicia de Estados Unidos y Brasil, con escasas especificaciones o pruebas fehacientes de sus sobornos en el país para que los jueces puedan dictar sentencias y sólo en dos o tres casos se han reunido evidencias suficientes de enriquecimiento ilícito.

El escándalo desató las mayores movilizaciones ciudadanas de la historia nacional, expresadas en la Marcha Verde, que pusieron presión al gobierno y sus fiscales, a lo que se atribuyó las imputaciones originales al cabildero de Odebrech y su abogado, y a 12 funcionarios y legisladores en mayo del 2017, pero de esta docena, 8 quedaron liberados 13 meses después, en junio pasado, 3 de ellos miembros del mayor órgano directivo del partido gobernante, mientras se incluyó a un tercero de la oposición política. La percepción generalizada es que se juega al paso del tiempo y la reducción de la demanda de castigo.

El liderazgo dominicano

            La República Dominicana fue el tercer país en los niveles de los sobornos admitidos por Odebrecht, detrás de Brasil y Venezuela, pero el primero en términos proporcionales, de población, territorio y tamaño de la economía. Fue también después de Brasil, el lugar escogido por la constructora para establecer su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que manejaba sobornos y financiamientos de campaña, según confesiones de sus ejecutivos Fernando Miglaccio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha.

Otra implicación particular del país fue que aquí estaban en plena asesoría de la segunda campaña electoral del presidente Danilo Medina Joao Santana y Mónica Moura, identificados múltiples veces como los expertos de Odebrecht en asistencia política, tras sus éxitos en los procesos que llevaron al poder a Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. Despachaban en el Palacio Nacional (único caso conocido) hasta el 22 de febrero del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña para ser apresados y procesados.

El ministerio público y los organismos de control se han negado sistemáticamente a investigar los pagos recibidos por Joao y Mónica en el país: entidades sociales documentaron ante la PGR que en los años 2013-14 empresas peruanas de Odebrecht hicieron 16 transferencias por un total de 4 millones 396 mil dólares a la compañía Cine&Art 2013 constituida por los asesores electorales en Santo Domingo. En julio pasado la diputada Faride Raful presentó una certificación de la Contraloría General de la República de que esa empresa y otra de los mismos asesores, Polis Caribe, recibieron contratos del gobierno dominicano por más de mil 300 millones de pesos.

Serias inconsistencias

            El expediente judicial armado por la PGR está cargado de inconsistencias, desde las primeras imputaciones, cuando el procurador Jean Alain Rodríguez  dijo que “están todos los que son y son todos los que están”. A los 13 meses ya no estaban 8 de los 14 imputados, y se agregó un séptimo nuevo, Jesús Vásquez, quien había sido el secretario general del principal partido opositor, uniéndolo a su expresidente Andrés Bautista. Junto al exdirector del INAPA Roberto Rodríguez, y del agente de Odebretch Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga.

Al final, en el expediente que tramita el juez Francisco Ortega hay 3 procesados por sobornos del período de gobierno de Hipólito Mejía 2000-04, incluyendo a 2 que presidieron el Senado cuando se aprobaron apenas 2 de los 17 contratos de Odebrecht, por un 5% de los US$5,957 millones involucrados en las obras. Del período 2004-16, cuando contrataron el 95% con múltiples escalamientos de costos, sólo quedan procesados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el senador Tommy Galán.

Es inconsistente que ostentando el partido gobernante casi todos los senadores y mayoría absoluta de los diputados, tuvieran que sobornar a un solo legislador para aprobar, casi siempre al vapor y unanimidad oficialista, sus mayores contratos, incluyendo el de las plantas de carbón que involucran el 40% del total contratado. De esos años no se imputa soborno a ningún presidente de las cámaras legislativas. Los miembros del Comité Político del PLD, senador Julio César Valentín, Rhadamés Segura, exadministador de la CDEEE, y el exministro Temístocles Montás, imputados en el 2016, quedaron liberados en junio pasado.

Si se quiere otra grave inconsistencia, vale verificar que el centenar de transferencias a cuentas de Rondón, en que se fundamentan las acusaciones de sobornos, fueron realizadas entre el 2007 y enero del 2015, todas durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina y cuando tenían total control de ambas cámaras legislativas.

Sistema de impunidad      

Una demostración de que el caso Odebrecht cabalga sobre el sistema de impunidad prevaleciente en el país, es que a 2 años del escándalo no se hayan realizado las correspondientes auditorías forenses de las obras contratadas, y que la empresa transgresora haya seguido construyendo, amparada en un acuerdo con la PGR homologado por un juez el 19 de abril del 2007, el cual obligaba a la constructora a entregar toda la información que permitiría procesar a los beneficiarios de sus sobornos. Nunca se le ha exigido, por lo que el acuerdo fue bautizado como de silencio e impunidad.

Se creía que la auditoría era fundamental para determinar si hubo sobrevaluaciones que justificaran unos sobornos que la empresa ni la PGR han documentado de forma convincente. En realidad en casi todas las obras hubo escalamientos de precios con adendas a los contratos originales, en algunos casos hasta superiores al 100%, como en las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino y en la circunvalación de La Romana, todas ejecutadas en los gobiernos de Fernández y Medina. Las plantas de carbón no se sabe aún en cuánto terminarán sobre el contrato original de US$ 2 mil 40 millones, pues la constructora reclama otros US$708 millones.

Los ejecutivos de Odebrecht dieron testimonio judicial de que para obtener contratos mediante sobornos y financiamientos de campañas electorales, tenían un patrón de incremento de costos de alrededor del 22 por ciento, lo que en las contrataciones dominicanas implicarían unos US$ mil 119 millones.

Por más vueltas que se le dé al escándalo Odebrecht, lo que asoma es una burlesca impunidad sustentada en el control político de la justicia, en el paso del tiempo y el olvido, y sobre todo en que baje la marea de la Marcha Verde que obligó a las primeras 14 imputaciones, ya luego revocadas en su mayoría.              

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Omisiones y contrastes en la justicia de RD

  • La empresa Odebrecht siguió construyendo
  • La PGR no ha exigido el cumplimiento de su acuerdo con la constructora
  • No se han realizado las auditorías para determinar sobrevaluaciones denunciadas
  • No investigan los admitidos financiamientos de campañas electorales
  • Ignoran testimonios de que Odebrecht operó aquí su departamento de sobornos
  • No se investigan los pagos a los asesores del presidente Medina Joao y Mónica
  • En RD no hay un solo preso, aunque RD lideró el escándalo después de Brasil
  • Hay 3 procesados por el 5% del total contratado, y sólo 2 del 95%
  • Los 2 presidentes del Senado que aprobó el 5% están procesados, ninguno del 95%
  • De 14 originalmente imputados, liberaron 8, tres altos dirigentes del PLD
  • Todas las transferencias a Rondón fueron en los gobiernos del PLD, 2007-15
  • Un solo legislador responsabilizado de los sobornos del 95% contratado
  • Un expediente judicial, cargado de vaguedades y a paso de hicotea

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López Obrador sin derecho a fallar: rechaza gobierno rico con pueblo pobre

15_12_2018 HOY_SABADO_151218_ El País11 A

El nuevo presidente de México proclama la cuarta transformación del país a partir del fin de la corrupción y la impunidad, con austeridad desde arriba, para rescatar a 50 millones de la pobreza y la extrema desigualdad y generar un nuevo Estado que supere la inseguridad 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) México se mueve entre la esperanza y el escepticismo, aquejado por extrema desigualdad con más de 50 millones de pobres lo que genera alta migración grave delincuencia, inseguridad y violencia, con un costo superior a las 150 mil vidas en el último sexenio de gobierno.

López Obrador inicia su gestión gubernamental convencido de que combatiendo la inmensa corrupción y la impunidad y bajo un programa de austeridad logrará generar una dinámica que reduzca la delincuencia, el narcotráfico y la violencia y permita al país aprovechar sus riquezas y crear un nuevo modelo de desarrollo más justo y equitativo.

Esperanza y escepticismo

“Por fin, el poder: Entre la esperanza y el escepticismo”, titulaba la reconocida revista Proceso el 2 de diciembre, al día siguiente de la juramentación de Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), investido presidente de México con una histórica votación del 53 por ciento compitiendo contra los poderes fácticos y tres partidos de 90, 80 y 40 años, en su tercer intento después de haber perdido en el 2006 por el 0.5 por ciento con flagrantes abusos del Estado.

Aunque pretende redimir los sectores sociales más pobres y excluidos, su impulso electoral  fundamental no fue de estos, victimas tradicionales de la manipulación política y la ignorancia, sino de las clases medias, activistas sociales y la intelectualidad, hastiados de la descomposición social y económica que hundió a México al compás de las políticas neoliberales y la gestión de la tecnocracia que predominó en los últimos seis sexenios de gobierno, a partir de Miguel de la Madrid en 1988, fruto de cuestionados comicios donde cerraron el paso a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del histórico Lázaro Cárdenas que gobernó en pleno período post revolución, 1934-40.

Contrario a lo que sus contradictores pregonan, López Obrador no es un izquierdista radical ni un improvisado en la política, pues acumula casi cuatro décadas de militancia en el Partido Revolucionario Independiente (PRI), luego en el Partido de la Revolución Democrática (PRD y hace 6 años en su propia organización, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Fue el éxito de su gestión al frente de la capital (2000-05) que ya implicaba a 20 millones de mexicanos y con presupuesto superior al de República Dominicana, lo que le catapultó al liderazgo nacional que le ha permitido finalmente alcanzar la presidencia de México, con 123 millones de habitantes en un inmenso territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados,41 veces el dominicano, la segunda economía latinoamericana y la décimo quinta del mundo.

No tengo derecho a fallar

En su discurso de juramentación, AMLO contó que un ciclista que se apareó a su automóvil cuando se dirigía al Congreso, lo que se vio por televisión, le señaló con el dedo y le advirtió “tu no tienes derecho a fallarnos”. Consciente de la esperanza que representa, dijo a continuación que efectivamente “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México”, donde la pobreza alcanza tasa de 43 por ciento, afectando a más de 50 millones, con una de las mayores corrupciones del mundo y a la vez enorme desigualdad y estancamiento económico, acosado por el narcotráfico y la violencia que en el 2017 cobró entre 26 y 30 mil vidas, y que a mitad de este año llevaba un ritmo de 93 por día, con decenas de tumbas colectivas clandestinas y hasta furgones de cadáveres arrojados en carreteras.

La magnitud de los problemas mexicanos es lo que mantiene escepticismo sobre las posibilidades de ver materializadas las promesas de AMLO, pero al mismo tiempo obliga a gran proporción a aferrarse a esa tabla de salvación, convencidos de que “ya el país tocó fondo y no tenemos más alternativa que reflotar a cualquier precio”, como aprecia un veterano analista que no esconde algunos cuestionamientos al proyecto.

López Obrador alcanzó el poder enfrentando la hostilidad de los grandes intereses económicos, y gran parte de sus medios de comunicación, pero con habilidad suficiente para reducirla designando jefe de su gabinete a Alfonso Romo Garza, figura importante de familias del gran capital norteño y creando un consejo asesor empresarial, aunque proclama la separación de los poderes políticos y económicos. Poco después de su elección dirigió una carta al presidente Donald Trump, agradeciendo su congratulación, donde ratificó sus facultades políticas. En la segunda semana de gobierno ya ha logrado una promesa del gobierno de Trump de inversión conjunta para reducir las migraciones mexicanas y centroamericanas hacia Estados Unidos.

La guerra a la corrupción

            El carismático AMLO dijo en su discurso inaugural que “si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad”, convencido de que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado en el influyentismo”. Que “el neoliberalismo, la corrupción y la deshonestidad fueron causantes de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y la violencia que padece México, impulsando la economía informal, la migración y la delincuencia”.

López Obrador rechaza “un gobierno rico con pueblo pobre”, y está convencido de que dando ejemplo de austeridad y honestidad, como hizo en el gobierno capitalino, del que salió con lo mismo que entró y sin ningún familiar que se hiciera próspero empresario, tendrá moral para combatir la corrupción desde arriba hacia abajo, proscribiendo la impunidad, así como para crear una dinámica que reduzca la delincuencia, el narcotráfico y la criminalidad que se han expandido al ritmo de la descomposición social.

Postula un programa que le permitiría ahorros de hasta 26 mil millones de dólares anuales, suficientes para asistir a los más desposeídos, cortando privilegios y reduciendo altos salarios arriba, de hasta 600 mil pesos (30 mil dólares) para mejorar los salarios y las pensiones abajo, entre los más precarios de la región. Comenzó reduciéndose al 40 por ciento su propio salario, vendiendo tres aviones presidenciales, 58 jets y 112 helicópteros al servicio de funcionarios, suprimiendo una guardia presidencial de 8 mil 500 miembros, convirtiendo en museo y centro cultural la inmensa residencia del presidente y suprimiendo enormes pensiones de los expresidentes y de más de un centenar de servidores públicos al servicio de cada uno de ellos..

Metas muy ambiciosas

Son muchos los que dudan que su programa de reducción de gastos alcance las metas, y ya el poder judicial le congeló una ley que reduciría los sueldos del Poder Judicial, pero creen que tendría un gran efecto si lo logra siquiera en cincuenta por ciento. Sobre todo en la gran  corrupción en las contrataciones de obras y servicios, en el tráfico de influencia y en el soborno, o la mordida, que en México tiene tradición y traspasa todos los niveles del servicio público.

Pero AMLO proclama que controlar la corrupción es fundamental para recuperar la seguridad y regenerar el conjunto de la sociedad, y por demás entiende que le permitiría impulsar el desarrollo sin tener que elevar los impuestos ni continuar la carrera de endeudamiento de sus antecesores. En el discurso inaugural planteó que Vicente Fox dejó la deuda estatal en 1.7 billones de pesos en el 2006, que al 2012 Felipe calderón la triplicó a 5.2 billones, y que la recibe ahora de Peña Nieto en 10 billones de pesos.

Con el agravante de que el crecimiento, que en las décadas de los 50 a los 80 se situaba entre 5 y 6 por ciento del producto bruto, se ha reducido a menos de la mitad, y el aparato productivo estatal fue vendido o traspasado al sector privado, bajo promesas de inversión que no se materializaron.

Enfrenta a los neoliberales

El programa que enarbola AMLO es cuestionado por los mayores devotos del libre mercado, que lo consideran restaurador del estatismo y populista, pero él responde que “no es lícito ni jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras, y considerar una carga el bienestar de los más necesitados”.

Se queja de que el poder político y el económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus vivendi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación, refiriéndose a la privatización del ejido, las playas, ferrocarriles, telecomunicaciones, minas, industria eléctrica y la petrolera.

“Hoy somos la nación que más importa maíz, grano originario de México, el salario se ha deteriorado en 60 por ciento, para ser de los más bajos del planeta, y durante el período neoliberal nos convirtió en el segundo país con mayor migración, 24 millones de mexicanos viven en Estados Unidos”, sostuvo López Obrador.

No hay la menor duda que el nuevo gobierno implica cambios trascendentes en México, hasta en el orden político, donde propone reformas para que los presidentes puedan ser procesados judicialmente y someterse a la posibilidad de revocación del mandato, con consulta a mitad de período. López Obrador proclama que México vivirá su cuarta gran transformación, después de la independencia, la reforma juarista y la revolución de la primera década del siglo pasado. Hay razones de sobra para desearle buena suerte, dado el nivel de sus dolencias de los últimos años.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predomina la irracionalidad frente al Pacto Mundial sobre Migración

Members of a U.S.-bound migrant caravan stand on a road after federal police briefly blocked their way outside the town of Arriaga, Mexico, on Oct. 27, 2018. (AP Photo/Rodrigo Abd)

La RD debuta en el Consejo de Seguridad de la ONU, rechazando un pacto ponderado y aprobado por el 93% de las naciones, sólo coincidiendo con Estados Unidos en toda América e ignorando que hay más de 2 millones de dominicanos emigrados, muchos en vulnerabilidad

                                                Por Juan Bolívar Díaz

           Sólo el creciente sentimiento anti haitiano, que en muchos llega a la irracionalidad, puede explicar que la República Dominicana rechace de plano el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ponderado durante dos años y aprobado por el 93 por ciento de los Estados que integran las Naciones Unidas, incluyendo a todos los de América Latina y el Caribe.

Los efectos serán contraproducentes, ya que el pacto busca la solidaridad internacional con un “enfoque integral del fenómeno de las migraciones” partiendo de que “ningún país puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solitario”, sobre todo porque RD es tres veces más una nación de emigrantes que de inmigrantes.

Declaración de Nueva York

Tal como reconoce el gobierno dominicano en el comunicado que rechaza el pacto y hasta asistir a la conferencia intergubernamental del 10 y 11 de diciembre en Marruecos, su origen está en la “Declaración de Nueva York” sobre refugiados y migrantes adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2016, “como respuesta a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se estaba produciendo en diferentes partes del mundo”.

Sólo en ese año llegaron a Europa millón y medio de personas buscando refugiarse de la inseguridad y el hambre, cientos de miles fueron rescatados de naufragios, y 4 mil murieron en la travesía, cifra que se aproxima a los 15 mil hasta el 2018, convirtiendo el Mar Mediterráneo en un inmenso cementerio. Más de dos millones se han convertido en una enorme carga para Turquía, un millón 200 mil para El Líbano, otro millón para Egipto y 700 mil para Jordania. Recientemente se ha producido la marcha de miles de centroamericanos que atraviesan México intentado a toda costa llegar a Estados Unidos, y más de 100 mil haitianos se han desplazado a lugares tan lejanos como Brasil y Chile, todo lo cual configura una calamidad humana deplorada por el Papa Francisco y otras personalidades y entidades humanitarias que piden misericordiosa solidaridad.

Con soberanía nacional  

El pacto fue elaborado y discutido dos años por numerosos foros y consultas regionales atendiendo al mandato de un abordaje integral de los movimientos humanos y de la necesidad de fortalecer la cooperación global con énfasis en mecanismos para proteger las poblaciones migrantes. Si bien el instrumento se centra en las personas, partiendo de la universalidad y antigüedad de las migraciones, proclama que “los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional”.

Especifica que “Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional”. En su preámbulo deja claro que es “un marco de cooperación no vinculante jurídicamente”, buscando la cooperación global para “mitigar los factores adversos y estructurales que impiden que las personas puedan labrarse y mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen”. Pretende reducir los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los migrantes.

Un resumen de sus 23 objetivos se encuentra en la página 7 del Pacto par la Migración Segura, Ordenada y Regular, detallados luego hasta la página 36 de las 39 que lo integran, sin que se encuentre ningún precepto que ate a los Estados, a no ser los tratados internacionales ya suscritos que garantizan los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a migrantes y refugiados.

Ambiente muy contaminado

Los desbordamientos migratorios, en muchos casos derivados de legados históricos de explotación y depredación colonialista, de guerras y catástrofes, han contaminado las relaciones internacionales y generado nacionalismos y xenofobia en múltiples países. La República Dominicana no ha escapado de la emergencia de grupos ultranacionalistas que exacerban el rechazo a las migraciones, con desprecio, racismo  y odios, que han sido rechazados no sólo por el Papa Francisco, sino también por estadistas de la Unión Europea y entidades universales.

En el país el sentimiento antihaitiano está alcanzando niveles preocupantes, y se manifiesta hasta en amenazas de muerte, o en irrupciones como la de la noche del miércoles cuando un grupo vociferante impidió la celebración en la Biblioteca Nacional de un panel que abordaría con múltiples voces los problemas de las migraciones.

Los ultranacionalistas son pequeños grupos, pero han logrado inocular el desprecio a los migrantes en amplios segmentos nacionales, incluyendo a gran proporción de los funcionarios, legisladores, políticos y comunicadores que rechazaron el Pacto Mundial sobre Migración sin siquiera conocerlo, algunos convirtiéndolo en una amenaza contra la soberanía nacional y un advenimiento de su temida “fusión de la nación dominicana con la haitiana”, y repitiendo la utilización histórica del anti haitianismo como recurso político.

Aunque la cancillería dominicana participó del proceso de discusión del pacto, la algarabía que produjo el anuncio de su inminente aprobación, llevó al gobierno a decidir que no lo ratificará ni asistirá a la conferencia de la ONU la próxima semana, tras fallar al no haber informado con anticipación de sus objetivos y de su condición no vinculante.

En el ridículo internacional

            Serán contraproducentes los efectos de Adherir el país a los Estados Unidos de Donald Trump, como los únicos de todo el continente americano en rechazar el Pacto Mundial, junto a otras doce naciones no emisoras de emigrantes: Austria, Australia, Italia, Israel, Suiza,  República Checa,  Eslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia y Eslovenia.

En muchos lugares del mundo se reirán de la RD que ha enviado al exterior más de dos millones de nacionales en el último medio siglo, gran parte de ellos inmigrantes irregulares y cientos de miles en condición de vulnerabilidad por políticas anti-inmigrantes, como las promovidas por el presidente Trump, que de alcanzar sus metas, implicaría la deportación de decenas de miles de dominicanos. Es por demás injusto que no se piense en esa diáspora dominicana que envía al país más de 6 mil millones de dólares anuales, que se distribuyen en las capas pobres y medias bajas, y son sustento de la estabilidad y el crecimiento económico del país.

El Dominican Center for Social Justice, con sede en Nueva York, acaba de publicar un informe basado en datos censales de Estados Unidos, de la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, de España, Chile y Argentina, así como de estimados del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU que cuantifican sobre 2 millones y medio los emigrantes dominicanos y sus descendientes, en decenas de países.

Con un crecimiento anual de 8.8 por ciento en los últimos años, los emigrantes dominicanos y sus descendientes serían hoy 2 millones 503 mil 851, el 84 por ciento, 2 millones 93 mil en América del Norte, 11 por ciento, 267 mil en Europa, 91 mil en el Caribe, con países como Curazao y Dominica, donde los dominicanos han llegado al 20 por ciento de sus habitantes.

Como la Encuesta Nacional de Inmigrantes del Estado Dominicano del 2017 estableció en 750 mil los extranjeros y sus descendientes radicados en el país, 497, mil 825 inmigrantes haitianos, hay que convenir que República Dominicana es por lo menos tres veces más emisor que receptor de migrantes. No le corresponde ubicarse en el 7 por ciento de los 194 Estados de la ONU que han rechazado el pacto a proclamarse la próxima semana.

 

Objetivos para la migración segura, ordenada y regular

 

1.   Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica

2.   Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen

3.   Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración

4.   Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada

5.   Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular

6.   Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente

7.   Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración

8.   Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos

9.   Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes

10.  Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional

11.  Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada

12.  Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación

13.  Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas

14.  Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio

15.  Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos

16.  Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social

17.  Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración

18.  Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias

19.  Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países

20.  Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes

21.  Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible

22.  Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas

23.  Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular

Página 7 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular

                    

 

 

 

 

Deben limitar la corrupción e impunidad para recuperar la confianza en la política

24_11_2018 HOY_SABADO_241118_ El País11 A

El Latinobarómetro 2018 acaba de ratificar la progresiva caída de la confianza de los dominicanos en los partidos, el Estado y la democracia, así como en su futuro inmediato, ya que más de la mitad confiesan que quieren irse del país, empatados con los venezolanos

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Los expertos en ciencias sociales deberán centrar su atención en la vertiginosa caída que registra la confianza de los dominicanos en las instituciones políticas y estatales, mayor que en la región, y en el futuro del país, pues ya pasan de la mitad los que confiesan que quisieran emigrar, con el agravante de que las fronteras de la migración se están cerrando progresivamente.

Hay quienes apuntan a la alta tasa de percepción de la corrupción, de la impunidad y la inseguridad, así como a la desigualdad, como causas eficientes de la cada vez menor credibilidad en las instituciones estatales y la actividad política, demasiado concentrada en agrias disputas que corroen los partidos y relegan las soluciones de los problemas fundamentales.

El último Latinobarómetro

La opinión pública nacional parece haber preferido ignorar los resultados del último estudio de opinión pública Latinobarómetro, publicado hace dos semanas, que muestra una caída alarmante de la confianza de los dominicanos en las instituciones estatales y especialmente en los partidos políticos y la democracia, así como también la acentuada tendencia a tratar de huir de la realidad del país.

La acreditada encuesta, basada en 20 mil entrevistas en 18 países latinoamericanos, viene evidenciando la crisis de credibilidad en la política en toda la región, en los últimos años, pero en el caso dominicano se ha acentuado alarmantemente, para registrar la peor puntuación con apenas 14 por ciento de confianza, con caída de 7 puntos en relación al año anterior. La última Gallup-HOY, publicada en octubre ya había marcado un muy bajo 23 por ciento.

El apoyo de los dominicanos a su democracia cayó de 60 a 44 por ciento entre el Latinobarómetro del 2016 y el del 2018, y diez puntos en el último año, siendo la primera vez que se sitúa por debajo del 50 por ciento, cuando en el 2004 estaba en 65 por ciento. Aunque todavía el 62 por ciento cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno, con un 18 por ciento que prefiere la autocracia, un preocupante 29 por ciento dice que le da lo mismo cualquier modelo.

La Gallup-HOY de octubre ya había mostrado una alta incertidumbre en relación a las preferencias para las elecciones del 2020. En el Latinobarómetro el 35 por ciento de los dominicanos no identifica por qué partido votaría si lo pusieran a escoger ahora mismo. Más de la mitad, 55 por ciento, estima que la democracia dominicana tiene “grandes problemas”, con otro 20 por ciento que le atribuye “pequeños problemas”.

Poca confianza al futuro

Un resultado que debería disparar la preocupación del liderazgo nacional es que en este Latinobarómetro los dominicanos empatan con los venezolanos en proporción de los que se quieren marchar del país, con un 53 por ciento de la población total, 11 puntos más que en el 2017, liderando los 18 países del estudio. Otra investigación regional del año pasado, el Barómetro de las Américas, arrojó 42 por ciento, y cuatro años atrás, en el 2014, sólo 29 por ciento, 23 puntos menos que ahora. Y lo peor es que en la franja juvenil los que no confían en el país para vivir alcanzan tasas de hasta 60 por ciento. Esa baja expectativa es coherente con la cada vez más diagnosticada ausencia de los jóvenes de las actividades políticas.

Es más relevante el creciente incremento de los que quisieran huir por dos razones fundamentales, la primera es la persistente información de que  RD es de los países de mayor crecimiento económico del mundo, y porque la preferencia por la migración se produce en medio de un clima universal de rechazo a los inmigrantes, incluyendo la abrumadora denuncia sobre ingreso de los haitianos, y las crecientes barreras en Estados Unidos y Europa, destino de la mayor parte de cerca de dos millones de dominicanos que emigraron en las últimas seis décadas.

La situación se complica cuando se advierte que la escasa confianza no es sólo en los partidos, sino también en las principales instituciones del Estado, con 20 por ciento en el poder legislativo, 21 en el judicial y 22 por ciento en el gobierno. Y con un abrumador 84 por ciento que manifiesta su convicción de que se gobierna para beneficio de pocos, 9 puntos por encima del promedio regional. Son peores resultados que en la Gallup-HOY donde la confianza en el gobierno alcanzaba el 38 por ciento, en la justicia el 31 y el 28 por ciento en el Congreso.

Inseguridad e impunidad

            No es tan difícil encontrar explicaciones en la desconfianza manifiesta en las instituciones del Estado y en el futuro del país, pues sólo hay que verificar en las encuestas las preocupaciones que expresa la población dominicana, dominando el empleo, con 32 por ciento de los jóvenes desempleados, además del costo de la vida,  inseguridad ciudadana, corrupción y la impunidad.

Para recuperar la confianza en los órganos del Estado y los partidos será fundamental desmontar el andamiaje de malversación, corrupción, clientelismo y rentismo en que se fundamenta el accionar partidista y especialmente de los que alcanzan el gobierno para prolongarse en el mismo. Lo advierten todas las investigaciones, los estudios y pronunciamientos de los organismos internacionales y hasta los diplomáticos de las naciones desarrolladas.

Esta misma semana la recién llegada embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, siguió los pasos de sus antecesores planteando en un discurso escrito que “el imperio de la ley y tolerancia cero hacia la corrupción son esenciales para seguir atrayendo la inversión norteamericana”. Llegó a decir que su gobierno trabaja con el dominicano para desarrollar procedimientos de compras y contrataciones.

En el Latinobarómetro el 77 por ciento de los dominicanos consideró que la corrupción está en aumento, en encuestas nacionales pasa del 80, mientras se generaliza la percepción de que es incentivada por todo un andamiaje de impunidad, montado sobre el control partidista de la justicia y del ministerio público. Con el agravante de que la generalización de la impunidad arriba incentiva la corrupción abajo que se expresa en asaltos, robos e inseguridad ciudadana.

Nada tiene solución

Con registros tan altos de malversación, como los que contiene el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, entre los 10 mayores de 140 países, el país desaprovecha la oportunidad de traducir su crecimiento económico nominal en desarrollo humano, como han diagnosticado persistentemente los organismos internacionales, y las limitadas contribuciones de la minoría más afortunada para las que se gobierna, según la percepción del 84 por ciento, no permiten solucionar las graves carencias nacionales.

Los niveles de desigualdad son señalados entre los más altos de la región, con baja calidad del empleo, un 59 por ciento informal, RD se aproxima a la tercera década del segundo  milenio con la mitad de las viviendas sin agua potable dentro, con apagones todavía de hasta 8 horas diarias en la mitad del territorio, con elevadísimas tasas de mortalidad materno-infantil y de accidentes, y deplorable calidad de la educación y la salubridad general. Y el sistema de seguridad social en creciente incertidumbre.

El sistema político y los gobernantes se burlan persistentemente de las normativas constitucionales y legales e invierten más energías en discutir cómo lograr modificar una y otra vez la Constitución que en centrar su atención sobre los problemas que más preocupan a la población. Durante dos décadas se cifró esperanza de que una ley de partidos reduciría el tiempo y el costo de las campañas electorales, pero los límites establecidos en la Ley 33-18 de agosto pasado, ya están siendo violados sistemáticamente. Y pocos políticos reaccionan a las advertencias de las investigaciones sociales.

Oxfam: las democracias capturadas

La reconocida institución mundial Oxfam publicó la semana pasada su estudio “Democracias Capturadas”, donde se resalta que el 75 por ciento de la población latinoamericana tiene la convicción de que se gobierna para unos pocos grupos de privilegiados que han capturado el Estado y subordinado la democracia, y que el 65 por ciento muestra insatisfacción con el sistema democrático de la región más desigual del universo. Proclama que “sólo reduciendo la desigualdad tendremos más democracia”.

El estudio sostiene que el 1 por ciento de los latinoamericanos y caribeños concentra el 37 por ciento de la riqueza, cuatro puntos de incremento sobre el año 2000, y que el 20 por ciento más rico concentra el 45 por ciento de los ingresos, mientras el 20 por ciento más pobre apenas recibe el 6 por ciento de los ingresos.

Plantea también que las políticas fiscales en vez de reducir las desigualdades a menudo las incrementan, citando los casos de los países más pobres de la región, como RD, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Bolivia. Y que los grupos privilegiados dominantes han desarrollado una decena de mecanismos de control que les permiten “socializar los costos y privatizar las ganancias”.

La Coalición Democrática reta la sociedad y los partidos a desplazar al PLD del poder

17_11_2018 HOY_SABADO_171118_ El País11 ADiversas agrupaciones de ciudadanos presentan sus “Lineamientos Básicos para un gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo”, procurando desplazar al PLD del poder o por lo menos reducir su total dominio del Estado  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Una amplia asamblea ciudadana formuló esta semana un reto a la sociedad y los partidos políticos de oposición para constituir una “Coalición Democrática” que para el 2020 desplace del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o por lo menos reduzca su absoluto dominio de las instituciones del Estado.

Proclamaron la urgencia de una gran concertación para la “Regeneración Nacional” con una guerra total a la corrupción y la impunidad, rescatando la independencia de los poderes del Estado, planteando un nuevo modelo de desarrollo que garantice la sostenibilidad financiera y enfrente los graves problemas nacionales.

Coalición político-social

            La proclama realizada el domingo 11 en una asamblea constituida por unos 500 ciudadanos plantea la necesidad de sumar fuerzas políticas y sociales convencidos de que la nación “está sumida en una profunda crisis institucional y ética y que avanza hacia la insostenibilidad fiscal y el deterioro de nuestros débiles cimientos nacionales”.

La Coalición pretende crear una esperanza de regeneración nacional enfrentando “la excesiva concentración del poder en una corporación político-empresarial que ha generado un nivel de corrupción y descomposición sin precedente. “Nuestro objetivo es rescatar la institucionalidad democrática, fumigar el cuerpo social dominicano de la corrupción que lo carcome y proscribir la impunidad, así como ejecutar reformas que constituyan las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico-social”, precisa el documento.

“Proclamamos la firme decisión de promover la conformación de una coalición para las elecciones del 2020, mediante una movilización social y política capaz de generar la sinergia suficiente para instaurar un gobierno de regeneración nacional y sembrar las bases de un nuevo modelo de desarrollo que garantice mayor equidad, participación, justicia e integridad”.

Tras recoger un amplio diagnóstico de la situación económico-social que coloca al país en los últimos escalones en todas las evaluaciones internacionales, con un crecimiento económico a base de endeudamiento, expresan la convicción de que “ningún partido político, por sí solo, puede producir los cambios que demanda la sociedad, ni vencer la inmensa maquinaria de dominio y manipulación del Estado que se nos ha impuesto, y que el cambio democrático sólo será posible con la confluencia y articulación de  amplios sectores políticos y sociales como los que se han expresado en el movimiento de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad”.

Los Lineamientos Básicos

Los proponentes, que incluyen a decenas de ciudadanos, dirigentes y activistas de entidades sociales, y a tres grupos cívicos, el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, el Congreso Cívico y Concertación por el Bien Común, consultaron durante seis meses en múltiples escenarios y ciudades del país con cientos de personas de todos los sectores sociales, hasta acordar  lo que denominan “Lineamientos Básicos por un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo”.

Los lineamientos, resumidos en un cuadro anexo, contienen dos capítulos de 12 prioridades políticas e institucionales y 7 económicas y sociales, que seguirán abiertos a la discusión y al consenso con los más diversos sectores sociales y los partidos que han expresado interés en una concertación electoral. Advierten que “no se trata de un programa de gobierno, sino de lineamientos básicos concebidos con la mayor amplitud, para que puedan ser compartidos y canalicen una amplia y exitosa coalición política y social. No caben ahí más que los grandes propósitos, no las reivindicaciones grupales y puramente sectoriales”.

Al señalar una ruta de trabajo, indican que entre noviembre y enero tratarán de entregarlos a todas las instituciones de la sociedad civil y a ciudadanos relevantes, para llegar a los partidos políticos en febrero, cuando faltará un año para las elecciones municipales del 2020, que antecederán las congresuales y presidenciales.

No constituirán partido.

La proclama de la Coalición Democrática especifica que no son un movimiento antipartidos ni pretenden constituirse en uno más de los tantos registrados. “Con los bueyes existentes es que debemos tirar de la carreta nacional, con visión crítica para incentivarlos a fortalecer las prácticas democráticas y a recuperar la primacía de los fundamentos de la ciencia política”.

Dejan sentado que la Coalición no llega con partido ni precandidatos preferidos, pero tampoco excluye a ninguno que exprese voluntad de compartir sus planteamientos y demandas. “Renegamos del puritanismo, del sectarismo, de las exclusiones y de las ambiciones individuales, conscientes de que en todos los sectores políticos y sociales hay personas honorables y preocupadas por el devenir de la nación”, y todos quedan convocados a unir esfuerzos.

Especifican que no son portadores de un método predeterminado para elegir candidaturas para los comicios del 2020, conscientes de que ese puede ser uno de los escollos del proceso, por lo que se requerirá un gran despliegue de generosidad e integridad para alcanzar consensos o establecer mecanismos democráticos, con la selección de los mejores militantes partidarios, reforzados por cuadros de la sociedad civil y comunitaria.

Plantean que “Las candidaturas de dirigentes sociales y personalidades independientes serán necesarias para generar la sinergia que eleve infinitamente la Coalición Democrática y proyecten la convicción de que no está motorizada sólo por los intereses partidarios, sino de toda la sociedad, así como para amplificar la posibilidad de inserción y participación de segmentos sociales que desconfían de la política partidista”. Recuerdan que los estudios indican que una alta proporción de la población desconfía de los partidos y de la representación congresual, y a ellos tiene que dirigirse la convocatoria para poder vencer la corporación gobernante.

Reto al liderazgo político  

            Los lineamientos y la proclama, aprobados con entusiasmo por una selecta concurrencia de cientos de reconocidos dirigentes sociales, profesionales, empresarios, religiosos y comunitarios, constituyen un reto a los dirigentes de una oposición que se expresa en una docena de partidos reconocidos y otros tantos agrupamientos políticos, que en general reconocen la necesidad de candidaturas comunes para tratar de desplazar a los que han gobernado cinco de los últimos seis períodos, o por lo menos para reducir drásticamente su férreo control de todos los poderes del Estado, comenzando por el municipal y el congresual.

Relevan que el cambio que precisa la nación comienza por los gobiernos locales, y que la coyuntura del 2020 será propicia porque los funcionarios municipales serán electos primero. Tratarán de convencer al liderazgo político de que es mejor optar por un cargo municipal para establecer gestiones modelo que los impulsen, al igual ocupar una tribuna congresual para promover los cambios que requiere la nación y abrir posibilidades reales en los siguientes procesos electorales, y no seguir compitiendo con enormes desventajas contra partidos que abusan del poder estatal en las campañas electorales.

La Asamblea de proclama de la Coalición Democrática eligió una Coordinación Nacional, que a su vez se dará un Equipo Ejecutivo, la cual podrá ser ampliada en la medida en que se sumen otros sectores sociales. Entre ellos profesionales reconocidos como Fernando Henríquez, Luis Scheker Apolinar Veloz, José Rijo, María Fernanda López, Pedro Pablo Yermenos, Alba Reyes,  Rafael Toribio, César Pérez, Milly Pérez, Luis Eduardo Tonos, Natalia Mármol, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Radhamés García, Jhonatan Liriano, Altagracia Salazar, Alejandro Pichardo, Ramón Colombo, Víctor Castro y José Dunker. También Mario Fernández, Rafael Chaljub, Vielka Polanco, Yeicy Donastorg, Paula Disla, Franiel Genao, Francisco Torres, Brinella Fernández, Homero Figueroa, Henry Veras, Olaya Dotel, Pedro Figueroa, Gerardo Peralta, Tanca Valois, Aulio Collado, María Guzmán, Tonny Tavárez, Jimmy García Saviñón, Cuqui Torres, Fermín Alvarez y Juan Bolívar Díaz.

___________________________________________________________________________’   Lineamientos Básicos para un gobierno de Regeneración Nacional *

1.- Políticos e institucionales

1.1.- Reformas políticas e institucionales para restablecer la democracia y la independencia de los poderes del Estado, de los órganos de control, defensoría del pueblo y las superintendencias

1.2.- Declarar la guerra total a la corrupción y la impunidad, con revisión de las medidas preventivas y buscando crear una comisión internacional para combatirlas, como en Centroamérica

1.3.- Programa efectivo contra la delincuencia, la criminalidad y la violencia de género para garantizar la seguridad ciudadana, con participación de toda la sociedad

1.4.- Políticas efectivas de control de la inmigración, con estricto cumplimiento de las leyes, comenzando por sancionar y eliminar el tráfico humano en la frontera

1.5.- Fortalecer la descentralización y el carácter subsidiario de los ayuntamientos, cumpliendo la Ley de Municipios, con controles para eliminar el clientelismo y la hipertrofia administrativa

1.6.- Dar seguimiento a la reglamentación de Ley de Partidos, apoyando sus aportes y buscando modificar los aspectos que violen derechos constitucionales y democráticos

1.7.- Inmediata adecuación de la Ley Electoral al marco constitucional para garantizar los derechos a elegir y ser elegido libremente, con transparencia y competencia equitativa

1.8.- Aprobar la Ley de Participación Social para promover la organización de la ciudadanía en todos los sectores

1.9.- Garantizar la honorabilidad de la función pública, cumpliendo las leyes que la norman, reduciendo la hipertrofia administrativa, eliminando organismos inoperantes y redundantes

1.10.- Dar renovado impulso a la protección del medio ambiente con amplia participación social, aprobando la Ley de Ordenamiento Territorial y reduciendo las vulnerabilidades

1.11.- Eliminar todo tipo de discriminación, con especial promoción de todos los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores y discapacitadas

1.12.- Proclamar el imperio de las leyes y poner en plena vigencia la de Estrategia Nacional de Desarrollo

2.- Prioridades Económicas y Sociales

2.1.- Concertar los pactos fiscal y eléctrico y la Ley de Responsabilidad Fiscal, aplicar las leyes de administración financiera por la calidad del gasto público y promover un sistema tributario justo

2.2.- Rescatar la salubridad del colapso, con mayor inversión para garantizar servicios de calidad y realizar las reformas que demanda el Sistema de Seguridad Social

2.3.- Orientar la inversión en educación al mejoramiento de la calidad, a lo técnico-profesional, promoviendo la cultura nacional y las capacidades artísticas y deportivas

2.4.- Promover nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos y auspicie la libre competencia y la productividad y para incrementar la seguridad alimenticia y  exportaciones

2.5.- Afrontar el caos y el elevado costo del transporte urbano e interurbano, potenciando su colectivización

2.6.- Mejora masiva de las viviendas y construcción de nuevas de carácter social, incentivando la concertación público-privada y con la comunidad

2.7.- Fortalecer las políticas sociales para eliminar la indigencia y reducir efectivamente la pobreza en que subsiste alrededor del 40% de la población                    

* Resumidos por JBD

La prolongación de la lucha interna eleva la vulnerabilidad del PLD

10_11_2018 HOY_SABADO_101118_ El País11 A

La encarnizada lucha por el liderazgo y la candidatura presidencial del PLD y la acumulación de problemas nacionales y de grandes insatisfacciones abren perspectivas para un cambio político en el 2020 si la oposición logra sintonizar con la ciudadanía

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Todo parece indicar que la encarnizada lucha entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández por el liderazgo y la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para el 2020 se prolongará por tiempo aún indefinido incrementando la vulnerabilidad de su dominio político y poniendo en riesgo su unidad.

Las grandes insatisfacciones nacionales estallan cada vez más en las calles, pero la dispersión de la oposición dificulta romper la percepción de que no es posible desplazar al peledeísmo del poder por los niveles de controles políticos, institucionales y sociales que le han permitido gobernar por cuatro períodos consecutivos.

Todos dependen de Danilo

            Es cada vez más visible que en el PLD todos dependen de la decisión que tome el presidente Danilo Medina sobre si acatará el límite constitucional que él mismo se autoimpuso en un pacto interno y juramento ante la nación para justificar una reforma constitucional que le permitió reelegirse en el 2016.

Como el mismo Medina dijo a mediados de agosto, sería en marzo cuando comunicará su decisión, que adelantó ya tiene adoptada, de si optará por otro período gubernamental, aunque en un segundo momento habló también de julio, lo que podría prolongar aún más la incertidumbre en su partido, mientras su contrincante sigue repasando la geografía nacional en su empeño por retornar al poder.

La prolongación de la indefinición de Medina sería letal para los precandidatos alternativos que esperan ganar su apoyo para intentar competir con el presidente del partido, que aparece líder en las encuestas tanto en el universo de los electores como entre los que confiesan su preferencia por el PLD, apenas con Francisco Domínguez Brito superando el 2 por ciento de las preferencias en encuestas como la de Gallup para HOY.

Es relevante que después de los dos mayores líderes peledeistas, que han gobernado cinco de los últimos seis períodos, quien aparece con mayores preferencias en todas las encuestas es la vicepresidenta Margarita Cedeño, generalmente ignorada en un partido donde el machismo parece lejos de haberse batido en retirada. Si pensaran en una candidatura alternativa de transacción ella debería ser la primera a ser tomada en cuenta, aunque muchos creen que no le beneficia su condición de esposa de Leonel Fernández, aunque podría sobrarle personalidad para actuar con suficiente independencia.

Tremendo círculo vicioso

            La lucha grupal en el PLD, que ya se expande por todos sus niveles y alcanza límites de altos riesgos, ha caído en un tremendo círculo vicioso por el rechazo mutuo entre danilistas y leonelistas. Los primeros acarician la ilusión de encontrar una brecha que permita otra reforma constitucional para anular el impedimento del actual presidente para volver a postularse. Pero para eso lo primero sería convencer a unos 42 legisladores peledeístas firmemente comprometidos con Leonel, como quedó demostrado en más de un año de lucha de los danilistas por imponer el padrón abierto para elegir los candidatos. Si lo lograran todavía les faltaría buscarse una veintena de votos en la oposición política.

Hay quienes están convencidos de que el poder presidencial lo puede todo, pero lo del padrón abierto demostró, en la Cámara de Diputados, que tiene límites en las actuales circunstancias. Si Danilo no es rehabilitado para la candidatura, los peledeístas seguirán prefiriendo a Fernández, como mejor garantía de prolongarse en el disfrute del poder.

Los empeños por rehabilitar a Medina chocan con un rechazo tan grande que se ha extendido hasta el 71 por ciento de la población en la encuesta Gallup-HOY publicada en octubre, en incremento, ya que en febrero era 67 por ciento. Incluyó al 57 por ciento de los que se confesaron peledeístas. Aún cuando el 80 por ciento dijo creer que el presidente persigue continuar. Es cierto que en el 2015 pudo reformar la Constitución, pero la Gallup-HOY de septiembre del 2014 arrojaba un 66 por ciento que la favorecía. En la encuesta ASISA de septiembre los opuestos a otra reforma constitucional reeleccionista alcanzaron el 75 por ciento.

Aferrados a la ilusión

La cultura continuista nacional y las 39 reformas de la Constitución, las últimas 4 a partir de 1994 relacionadas con la reelección presidencial, más el arraigo de la creencia de que el presidencialismo lo puede todo, podría mantener la ilusión de que tarde o temprano se impondrá el continuismo y prolongar el tiempo en que Danilo anuncie su decisión final, si para marzo no ha cambiado la correlación de las fuerzas internas.

Los entusiastas promotores del continuismo de Danilo se ilusionan tanto, que a falta de ingredientes nacionales que los alienten, se han entusiasmado con “el extraordinario éxito de la histórica visita” del mandatario a China. La enorme propaganda desarrollada al respecto no será suficiente para cambiar las perspectivas en términos objetivos y tendrán que buscarse un palo que derribe a Leonel y le quite el apoyo del 40 por ciento de los legisladores del partido morado.

La alta tensión alcanzada por la rivalidad peledeísta es un factor que dificulta la imposición, pues ambos sectores son conscientes de que, aún con las debilidades de la oposición política, se necesitan mutuamente para seguir predominando cualquiera que sea el candidato. Pero además crece el número de los que entienden que será necesario un nuevo pacto interno para mantener la unidad y evitar los riesgos de perder tanto poder acumulado.

Las perspectivas no indican una pronta superación de la contienda, en tanto no emerja una alternativa opositora fuerte que los sacuda y permita ganar terreno a los partidarios de las negociaciones, algunos conscientes de que los grandes partidos se dividen generalmente en las luchas por las candidaturas presidenciales y que las divisiones no dan preaviso de fecha ni circunstancias. Los ejemplos sobren a nivel internacional y aquí los perredeístas se pelearon durante tres décadas, en el poder y en la oposición y lograban ponerse de acuerdo, hasta que se les agotó la pista y el más antiguo partido nacional cayó de una elección a otra del 47 al 5 por ciento del sufragio.

Retos para la oposición

La prolongación y posible profundización de la lucha intra PLD abre perspectivas para la oposición política, sobre todo cuando crecen las manifestaciones de insatisfacción y hastío por  la gestión gubernamental, que ya no solo se expresa en la Marcha Verde, sino que paralizó recientemente casi todas las 14 provincias del Cibao.

El acuerdo con que los aspirantes a la candidatura presidencial del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno (PRM), llegan a la reunión de su Comité Nacional de mañana domingo, para la ratificación del voto interno para elegir sus candidatos, constituye un aliento y sería un segundo éxito después de haber renovado su dirigencia en todo el país en base a un nuevo padrón que no ha sido objeto de la menor impugnación.

Pero tanto el PRM como los demás partidos de oposición tendrán que convencerse de que ninguno por sí solo, y tal vez ni todos juntos, podrán vencer la inmensa maquinaria de poder montada por el PLD, a menos que consigan desatar fuerzas sociales latentes. Tienen a su favor un creciente movimiento desde la sociedad civil que trata de convertir en fuerza política-electoral las energías manifestadas en la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Una convergencia de grupos y ciudadanos relevantes en las luchas democráticas tiene una prueba en la asamblea que han convocado para mañana domingo para proclamar la necesidad de una “Coalición por la Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico Social”.

El primer gran reto que tendría por delante esa movilización social es conseguir restaurar y profundizar la unidad de acción que mantuvieron durante dos años una decena de partidos, cuyo primer objetivo era presionar por cambios en el régimen electoral que pongan límites al abuso del Estado, en lo que los peledeístas tienen máster y doctorado.

El PLD no es invencible

La oposición tiene que romper el mito de que el PLD es invencible, por más fuerzas y dominación que haya acumulado, recordando que así era el reformismo balaguerista en 1978, con toda su manipulación política de las Fuerzas Armadas y la Policía que ahora ya no es posible,  y terminó desplazado por una conjunción político-social alentada por el hastío, la corrupción y los abusos antidemocráticos.

Tendrían que apelar al liderazgo social para vencer la inercia y la escasa credibilidad de la ciudadanía dominicana en los partidos, sólo 23 por ciento en la última Gallup-HOY, 20 por ciento en el Barómetro de las Américas y 15 por ciento en el Latino-barómetro. Mientras la última encuesta MarkPenn-SIN indicaba en agosto que el 59 por ciento de los dominicanos se confesaba sin vínculos partidarios.

La oposición tendría que aprovechar los meses que quedan de desconcierto en el PLD, sin contar con que pueda terminar en división, elevando al máximo su oposición a otra reforma constitucional reeleccionista y su exigencia de reformas electorales, y prepararse para explotar el hecho de que la más posible alternativa peledeísta, Leonel Fernández, tiene la más alta tasa de rechazo entre los presidenciables del país y que llegaría a la candidatura impulsado y lastrado por varios de los mayores corruptos del partido dominante.

Falta mucho para que el PLD logre salir de su agobiante Torre de Babel

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Leonel Fernández salió reducido de la reunión del Comité Central del PLD y Danilo Medina ganó una vuelta, pero le falta mucho para vencer la resistencia de su antagonista, lo que sólo sería posible con otra reforma constitucional reeleccionista

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Si algo quedó claro para quienes se disputan el control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con miras a la candidatura presidencial del 2020, es que los dos sectores enfrentados reconocen que se necesitan mutuamente, cualquiera que predomine, para no arriesgar la unidad y su férreo control del poder estatal, político y social.

Tal como se preveía, el expresidente salió reducido de la reunión del Comité Central del PLD, evadiendo la confrontación para mantenerse en la contienda, dejando evidente que su afán por la candidatura presidencial sólo podrá ser liquidado por un golpe demoledor que abra paso a una reforma constitucional para que el presidente pueda buscar otra reelección.

Leonel: casi un auto gol

El resultado favorece al presidente Medina, pero no define el torneo, luciendo más bien un tente en pies para ganar tiempo, porque Leonel evadió a último momento la confrontación, confiriéndose un auto gol, que pudo haber sido menos significativo si no hubiera publicado su artículo de la víspera, donde planteaba que en la reunión estaría en juego la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho.

Las partes negociaron porque admiten sus respectivas fuerzas y no quieren arriesgar una confrontación final que los distancie definitivamente, lo que implica un reconocimiento de que cualquiera que prevalezca, sobre todo Fernández, necesitará del otro para mantener el extremo de dominación política y social que han impuesto desde el poder y que estará sometido a prueba de hastío y cansancio en los próximos comicios.

Los peledeístas siguen demostrando su profundo amor al poder y disposición de evadir peleas internas definitivas, y aunque menosprecian las posibilidades de la oposición, parecen conscientes del desgaste generado por cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis, con crecientes dificultades para mantener la estabilidad fiscal y ante una profunda insatisfacción mostrada por la Marcha Verde y la paralización esta misma semana de las 14 provincias del Cibao, sin un contundente brazo convocante.

Era obvio que el danilismo controla el Comité Central, al igual que el Comité Político, en proporciones tan altas que pudieron economizarse el año y medio que llevan batallando por imponer la votación universal. Al mantenerse todo el tiempo en movimiento, al frente del partido, Leonel Fernández ha encarecido el golpe contundente, sobre todo cuando todas las encuestas siguen mostrándolo como fuerte contendiente entre los peledeístas y en el universo.

Un conato de reunión

La sesión del sábado 27 fue tan breve que más bien pareció un conato, pues arreglos de último minuto permitieron al presidente del partido presentar su capitulación al rígido rechazo que había mantenido hasta horas antes a la aprobación del método de padrón abierto, o universal para la elección de sus candidaturas. Se sometió a votación una fórmula sin que ningún sector, ni los escasos dispuestos a presentar alternativa, tuviera ni tiempo para pedir que se les escuchara, como deploró Paíno Abréu Collado quien, junto a Melanio Paredes, encabeza un núcleo que se define como “Corriente Institucional” del PLD.

Horas antes, los sectores enfrentados decidieron pactar una tregua, con Leonel cediendo terreno al aceptar el padrón abierto. El mismo leería el acuerdo de tres puntos: el CC aprueba el padrón de la JCE para elegir los candidatos; que una comisión del Comité Político redacte la “adecuación de los estatutos del PLD a la Ley 33.18”; y “que los nuevos estatutos, luego de su adecuación a la ley 33-18, sean RATIFICADOS por la Asamblea de Delegados del partido…”

Melanio Paredes lo calificaría como “una obra de teatro, o una farsa débil y pasajera”, que en realidad no honra la institucionalidad partidista. Primero porque los estatutos no están en contradicción con la ley, puesto que ya establecían uno de los métodos de elección que ésta instituye, y segundo porque los mismos instituyen que es al Congreso del partido a quien corresponde su aprobación. Para optar por otro método de elección, de los previstos en la ley, se imponía abrir los estatutos, es decir modificarlos.

Torre de Babel peledeísta

Lo de “farsa débil y pasajera” quedó evidente pocas horas después del acuerdo, cuando las partes enfrentadas comenzaron a interpretarlos, con suficientes subjetividades para evidenciar que los peledeístas están atrapados en una confusión de lenguas como la derivada de la bíblica Torre de Babel, y que el acuerdo en realidad fue una tregua cada sector buscando ganar tiempo para abrirse senderos más seguros. Leonel buscaba restarle impacto a su tropiezo, aduciendo que el PLD salió más fortalecido porque la fórmula aprobada “salva la Constitucionalidad”.

Para el expresidente, según declaró el día siguiente, lo acordado implica que en la elección de los candidatos votarían todos los peledeístas más los ciudadanos que no estén inscritos en otros partidos, que es el padrón semiabierto, pero lo que el leyó es “primarias abiertas y simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral”, como indica la ley 33-18. Es toda la ciudadanía, sin discriminar sobre inscripción partidaria.

Por otro lado, el secretario general Reinaldo Pared Pérez, quien fuera de los negociadores de último momento para la fórmula transaccional, la ignoraba parcialmente al planear que las primarias abiertas están al margen de los otros dos puntos, por lo que no necesitan ratificación alguna, en lo que se abanderaron otros dirigentes partidistas y legisladores, pero motivo una reacción adversa del notable leonelista, y miembro del Comité Político, Franklin Almeyda.

La opción de las primarias abiertas fue formalmente llevada a la JCE sin aplacar la diversidad de lenguas entre los dirigentes del partido gobernante, indicando que las contradicciones superan los niveles de la racionalidad.

Aliento al reeleccionismo

El danilismo no pudo aplastar a Leonel, como algunos interpretan, pero le redujo los bonos políticos que traía en incremento. Y al igual que ocurrió a mediados de agosto con la promulgación de la Ley de Partidos 33-18, que remitió a los órganos directivos la posibilidad de instituir el padrón abierto en la elección de candidatos, hubo aliento entre los que apuestan a la imposición de otra reforma constitucional para una nueva reelección presidencial y aumentó el pesimismo entre quienes no la favorecen pero temen la imposición de la voluntad presidencial.

De inmediato la diputada Miriam Cabral, una fuerte dirigente estrechamente vinculada al presidente Medina, dijo que todavía no le había llegado un proyecto para convocar la asamblea revisora de la Constitución, pero la aprobaría tan pronto ocurriera. Mientras su colega Elpidio Báez fue más específico, indicando que se barajan tres opciones: convocar la asamblea para volver a unir en una sola jornada las elecciones municipales con las presidenciales y congresualesy por ahí colar la reelección; una simple reforma para  que Medina pueda repostularse a partir del 2024; y simplemente eliminar desde ya la restricción constitucional, manifestando su preferencia por esta última por su efecto inmediato.

Aunque Leonel evadió la confrontación total, el danilismo ganó puntos también al reafirmarlo como alguien “que canta como gallo, pero pone como gallina”, frase con la que ya se le estigmatizó en el 2015, cuando dos días después de un discurso de fuerte confrontación, en el que llegó a definir a Danilo como el Trujillo del siglo 21, firmó su capitulación para que el mandatario pudiera reformar la Constitución y optar por la reelección.

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Falta mucho juego para el desenlace

La transacción en la reunión de los 607 del Comité Central y la continuación de las confrontaciones grupales, indican que lo del sábado 27 fue un partido ganado por el danilismo, pero que falta mucho juego para determinar el campeón entre los dos equipos contendientes del torneo. Los demás fueron ignorados en la transacción, y ni siquiera le dieron un turno de emergentes para empezar a romper el virtual empate.

Obviamente que el danilismo presidencialista mostró sus ventajas, pero también se reafirmó que “sólo Danilo frena a Leonel”, lo que no ocurrirá por completo sin una previa reforma constitucional que habilite al presidente para buscar la candidatura y otra reelección, lo que genera fuertes resistencias por ya haberse dado y en forma muy cuestionada hace solo tres años, con un pacto en el Comité Político y un juramento público de que sería el último período.  Esta semana la Fundación Institucionalidad lo recordó volviendo a advertir sobre el costo político que implicaría un nuevo intento.

Hasta las encuestas del danilismo indican la fuerza que mantiene Leonel en un partido que llevó al poder por tres períodos y que fue clave para el relevo de Medina desde el 2012. Es la razón por la que han invertido tanto para declinar la elección de las candidaturas al universo ciudadano, y por la que volvieron a transar cuando una gran mayoría del comité central podía simplemente derrotarlo.

Sin un golpe contundente Leonel seguirá manteniendo la lealtad de la mayoría de los 42 legisladores de su partido que lo siguen, haciendo muy difícil lograr los dos tercios para la reforma constitucional. Y aún con todos los legisladores del PLD, todavía habría que buscar o comprar casi una veintena en la oposición. Aquí nada es imposible para el exacerbado presidencialismo y la cultura continuista, pero esta vez no luce nada fácil y el desgaste del presidente Medina y del PLD podría continuar, como han marcado las encuestas.

El presidencialismo danilista buscará hoy la reducción de Leonel en el PLD

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Se da por hecho que la fuerza del presidente Danilo Medina hará aprobar hoy la votación universal para elegir el candidato presidencial abriendo brecha al continuismo a riesgo de división interna, y como expresión de la miseria institucional del sistema político                                                                  

Por Juan Bolívar Díaz

La fuerza del presidencialismo juega hoy la integridad del Partido de la Liberación Dominicana con la decisión de su Comité Central (CC) de imponer el voto universal ciudadano en la elección por lo menos del candidato presidencial en base a la recién promulgada Ley de Partidos impugnada de inconstitucionalidad.

Se persigue un fuerte golpe para iniciar la liquidación del liderazgo del expresidente Leonel Fernández y su ambición de volver al poder, para de paso reducir la oposición interna y abrir brecha a otra reforma constitucional que permita una nueva postulación presidencial de Danilo Medina, contando con el poder del Estado.

El poder presidencial    

Tanto en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como en la opinión pública se daba por hecho hasta ayer tarde que en la reunión del CC de esa organización programada para hoy sábado se impondrá el poder presidencial ahora representado por Danilo Medina y aprobarán el padrón abierto, o voto universal de la ciudadanía, por lo menos para escoger su candidatura presidencial para los comicios del 2020.

Nadie duda que Danilo Medina con todo el poder del Estado mantiene el dominio de los 600 integrantes del CC de su partido, en gran mayoría altos funcionarios del Estado, legisladores y funcionarios municipales que dependen de la gracia de quien “reparte los sobrecitos”, aunque parece diferente en la totalidad de los militantes del partido, pues se busca el auxilio exterior en desmedro de los derechos de los miembros.

La decisión llevaría el mayor partido del sistema político nacional a las orillas de la división, dependiendo de la profundidad de la disposición de pelea que tenga Leonel Fernández, quien preside la organización y hasta ahora se aferra a la inconstitucionalidad de la imposición de las primarias abiertas declarada en el 2005 por la Suprema Corte de Justicia y recién ratificada indirectamente por el Tribunal Constitucional, y sobre la cual hay recursos de impugnación.

La brecha reeleccionista

            Muchos indicadores y algunas confidencias permiten advertir que el presidente Medina y sus más férreos seguidores siguen empeñados en abrir alguna brecha que les permita continuar en el poder, convencidos de que el primer paso es liquidar los empeños del expresidente Fernández por la candidatura presidencial para optar al menos por un cuarto mandato, en parte temerosos de que pueda vengar lo que consideran “bellaquerías políticas” con que fue anulado en el proceso electoral anterior.

Esos sectores y muchos otros dentro y fuera del PLD están convencidos de que “sólo Danilo puede ganarle a Leonel la candidatura presidencial” y se basan en la multiplicidad de las encuestas, públicas y privadas, que le otorgan a este una enorme ventaja sobre todos los que se han lanzado a procurar la nominación y varios que suenan, e incluso sobre el propio Medina en tanto entre el 60 y 70 por ciento de la población se expresa contra otra reforma constitucional.

Se trataría de liquidar a Fernández para abrir brecha a la reforma de la Constitución antes que en febrero el presidente Medina se defina al respecto, como adelantó el mes pasado. Tras ello se confía que el poder presidencial disuada a la mayoría de los seguidores del expresidente de que es preferible mantenerse en el poder que jugar una aventura divisionista. No se descarta que la resolución de padrón abierto sea sólo para la candidatura presidencial, con lo cual volverían a jugar la carta del 2015 de “reelección por reelección”, que disuadió a los leonelistas.

Unificar el partido en torno al presidente Medina es el primer escalón para buscar una nueva reforma de la Constitución, que tendría gran rechazo nacional y en la oposición política, pero que sumando los aliados del perredeísmo y el reformismo, reduciría a una veintena los votos necesarios para completar los dos tercios de la asamblea revisora. El pragmatismo y la tradición dan por hecho que el poder del Estado los lograría.

Casi todos contra Leonel   

Para la reunión de hoy del CC del PLD confluye una alianza táctica de casi “todos contra el león”, porque los demás aspirantes a la candidatura albergan la esperanza de que humillado y reducido Leonel, Medina desista de la aventura reeleccionista y se decante por uno de ellos. Hasta ahora aspiran formalmente el secretario general Reinaldo Pared, los exministros Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante, Temístocles Montás y Manuel Crespo, y la exdirectora de Pasaportes Maritza Hernández. Aún sin lanzarse oficialmente se señala como aspirantes a los ministros de Educación, Andrés Navarro, al de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y al de Turismo, Francisco Javier García, además del dirigente Radhamés Segura y de la vicepresidenta y esposa de Leonel Fernández, Margarita Cedeño.

Con la excepción lógica de la doctora Fernández, todos los aspirantes confluyen en el proyecto de reducción de Leonel, a quien consideran desconsideradamente ambicioso, porque habiendo agotado tres períodos de gobierno, y pese a haber proclamado al PLD como “una fábrica de presidentes”, cierra el paso a las nuevas opciones.

Queda un segmento importante, llamado a jugar un papel de moderación y negociación, integrado por la vieja guardia peledeísta que, aunque también distanciada de Leonel, alberga temores de una fractura importante en el partido que les haga perder el poder, sobre todo si tras la imposición interna hay que “comprar otra reforma constitucional”, como en el 2015, para tener que utilizar todo el poder del Estado en un nuevo proceso reeleccionista.

En este sector están quienes se inscriben por no apretar el lazo en torno a la cabeza de Fernández y acarician otra transacción, como en el 2015, esta vez en beneficio de la candidatura de Leonel, bajo el compromiso de volver a la Constitución del 2010 que prohibía la reelección consecutiva, pero la permitía en períodos alternos, y de esa forma dejar habilitado a Danilo para el 2024, con un solo período de Leonel.

El león trata de resistir.

Tirado al medio de la calle, en abierta campaña desde agosto del 2017, Leonel Fernández llega a la crucial reunión de hoy con la decisión de resistir, en la que hasta ahora ha tenido cierto éxito, y todavía al medio día de ayer decía a relacionados que defenderá los principios constitucionales “por encima de todo”. En un artículo de página entera en la mañana de ayer en el Listín Diario concluyó pidiendo “Que Dios nos ilumine, para que la razón impere y sirva de fundamento a la unidad”.

En ese artículo Fernández reitera los planteamientos jurídicos que junto a sus seguidores ha enarbolado contra la imposición de las elecciones primarias abiertas por encima de los estatutos partidarios, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 286-04 del 2004 que las instituyó por primera vez. Y recuerda que el Tribunal Constitucional está apoderado de 8 recursos de inconstitucionalidad a la recién aprobada Ley de Partidos, que autoriza a determinados órganos directivos a optar por ese método de elección.

Reivindica la autonomía y libertad de los agrupamientos políticos y el estatuto del PLD, que en su artículo 10 señala que el máximo organismo del partido es su Congreso Nacional, que en el 12 es el facultado para aprobarlo, y que el 40 establece que la elección de sus candidaturas es “mediante primarias internas”.

En el cuarto párrafo de su extenso artículo, Fernández proclama que “Lo que está en juego es la prevalencia o no de la supremacía de la Constitución y la existencia de un Estado de Derecho como forma de organización de una sociedad democrática y moderna” Mientras tanto esta semana el presidente del PLD dedicó dos extensas jornadas a escuchar a miles de dirigentes medios y de base de todo el país, movilizados por sus parciales, y que desde luego se pronunciaron en consonancia con su posición, como una nueva demostración de que conserva fuerzas significativas.

Que el Estado vuelva a vencer

El empeño de los danilistas por imponer el padrón abierto en la elección de los candidatos en la Ley de Partidos, sostenido durante más de un año, es un reconocimiento implícito de la fuerza de Leonel Fernández en su membresía, porque de lo contrario no se hubiese gastado tanta energía y tiempo buscando que decidan todos los electores. Pero aún con el voto universal, las encuestas siguen dejando en gran ventaja al expresidente, sobre todo con Danilo inhabilitado constitucionalmente.

Reducir a Leonel imponiéndole las primarias abiertas no sería garantía de éxito. porque como él mismo ha dicho, no teme al voto universal y las encuestan indican que le ganaría con mucho a cualquiera de los demás aspirantes que no sea Danilo, razón por la que buscarían a todo costo rehabilitar la postulación del mandatario.

En cualquiera de los dos escenarios, con Danilo o con un precandidato alternativo, el padrón abierto permitiría mayor influjo del Estado en la campaña interna, porque habría 5-6 millones de personas a ser incentivadas para votar, entre ellas los 2.6 millones de beneficiarios de programas sociales identificados, y los que venden su voto. Con 500 millones de pesos, que no es nada para el poder estatal sin escrúpulos, a mil pesos por voto, se comprarían 500 mil.

Utilizar el poder del Estado es la explicación de los riesgos de división que implica imponer el padrón abierto. Se recuerda el grito de Danilo de “me venció el Estado”, cuando para el 2008 Leonel utilizó sus poderes para imponerse en la candidatura. Fue con el padrón interno del PLD, pero entonces no había prohibición de la reelección. Danilo podría cobrarle la afrenta.

 

Se registra una fatiga política por el gobierno y los partidos

06_10_2018 HOY_SABADO_061018_ El País12 B

Si algo queda claro en la última Gallup-HOY es la decadencia del partidismo político y el descreimiento en el gobierno y el liderazgo, y el único que muestra alguna recuperación es Leonel Fernández, lo que dificulta el reeleccionismo, aunque Abinader sigue compitiendo.

Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana registra una clara fatiga del cuerpo
social dominicano con una decadencia del partidismo y del liderazgo político nacional, sin
precedente en el proceso de institucionalización democrática, tanto como el descreimiento en la gestión gubernamental, sin que asome un relevo.

Las perspectivas para las elecciones del 2020 siguen inciertas y el único que avanza es el
expresidente Leonel Fernández, quien a su vez registra la mayor tasa de rechazo, mientras los intentos de abrir paso a otra reelección de Danilo Medina con nueva reforma constitucional tropiezan con un creciente rechazo, y Luis Abinader lidera la oposición, pero se estanca.

Indiscutible incertidumbre

No se recuerda un precedente en el país de que a 19 meses de unas elecciones
presidenciales ninguno de los líderes políticos alcance el 15 por ciento de las preferencias, que tres estén empatados y entre cuatro apenas pasen el umbral del 50 por ciento, con un 21 porciento que no sabe o no responde sobre a quién le gustaría de próximo presidente de  la nación.

Luis Abinader y Leonel Fernández sobre el 14 por ciento, el presidente Danilo Medina
con fracciones por debajo (13.8), y la vicepresidenta Margarita con el 10 por ciento, apenas
totalizan el 52 por ciento de las preferencias para las elecciones presidenciales de mayo del 2020, que por primera vez estarán precedidas tres meses por elecciones municipales en febrero. Ese resultado de la consulta realizada entre el 16 y el 21 de septiembre pasado conforma un panorama caracterizado por la incertidumbre, que se acentúa cuando se observa que todos los partidos políticos pierden terreno en las simpatías de la ciudadanía dominicana, incluyendo relevantemente al gobernante de la Liberación Dominicana (PLD), sin que se salve el principal opositor, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que había avanzado en marzo.

El PLD, que en la Gallup-HOY de abril del 2016, un mes antes de los últimos comicios,
registró 60 por ciento de las simpatías, cayó al 42, 40 y 39 por ciento en las tres siguientes. El PRM, que alcanzó 26%, se redujo al 14 en octubre del 2017, repuntó a 22 en marzo, pero bajó ahora al 15 por ciento. Los otros dos de los llamados mayoritarios por haber obtenido ambos poco más del 5 por ciento en las últimas presidenciales, han caído también significativamente. El Partido Revolucionario Dominicano subió al 7 por ciento hace un año, para caer ahora al 4 por ciento. Y el Partido Reformista Social Cristiano, afectado por el cáncer de la división, y que en marzo subió al 3 por ciento, volvió ahora al 2.

Afluentes de la fatiga

Las complicaciones de los problemas nacionales, sin soluciones a la vista, mientras los
partidos, líderes y congresistas se han mantenido en un infructífero enfrentamiento político, por ejemplo en la Ley de Partidos, aprobada y promulgada con numerosas contradicciones, vaguedades y evidentes vicios de inconstitucionalidad, después de 16 años dando tumbos en el Congreso Nacional, pueden haber contribuido a la fatiga nacional que registran las encuestas.

El partido dominante ha devenido en una corporación con dos grupos que disputan
rabiosamente la hegemonía, enfocados desde que comenzó el actual período gubernamental más en echar las bases del predominio para el 2020 que en resolver los problemas nacionales.

Al natural desgaste de cuatro períodos de gobierno consecutivos, con once años seguidos de déficits fiscales y gran endeudamiento, se suman los escándalos de corrupción que han llevado al 58 por ciento de los encuestados a considerarla ahora mayor, con 27 por ciento que la ve igual y sólo 13 por ciento menor. En abril del 2016 sólo 33 por ciento la estimaba mayor que antes.

Esta Gallup indica que la ciudadanía no certifica una oposición significativa al gobierno,
pues quien aparece como principal líder del PRM, Luis Abinader, apenas es calificado como opositor por el 21.4 por ciento y es relevante que señalen a Leonel Fernández, presidente del partido gobernante, como segundo opositor en proporción de 10.7 por ciento, por encima del 6 por ciento de Hipólito Mejía, también en el liderazgo del mayor partido de la oposición.

Con el PRD y el PRSC consumidos por las divisiones y su papel de comodines
electorales, y con la mayoría de los líderes políticos recibiendo ínfima valoración como
opositores, no debería sorprender la fatiga política nacional. Apenas se salva Guillermo Moreno, señalado por el 30 por ciento para candidato presidencial entre los partidos minoritarios.

Grandes insatisfacciones

La caída de la valoración del presidente Medina registrada en las anteriores Gallup-HOY,
desde 91 en el 2014, al 81 en 2015, 63 en febrero del 2017, hasta 47 en marzo pasado, se contuvo esa vez, con un registro de 48 por ciento de aprobación. Pero cuando se preguntó sobre sus seis años de gestión gubernamental sólo 43 por ciento le dio aprobación y sólo 39 por ciento cree que ha cumplido sus promesas, contra 57 que opina negativamente.

A pesar del crecimiento económico indicado por las estadísticas oficiales, la insatisfacción sobre la situación de la economía nacional sigue muy alta, con un 66 por ciento que la ve peor que hace seis años y 75 por ciento que la considera negativa para el país, mientras las expectativas para final del período gubernamental son de que será peor en un 56 por ciento de los encuestados, 11 puntos más que el 45 por ciento registrado en marzo pasado.

La delincuencia y la inseguridad siguen siendo percibidas como el principal problema
nacional, en 66 por ciento, con una desaprobación de 84 por ciento a las políticas
gubernamentales de combate a las mismas. Igual alta, 81 por ciento, al combate a las drogas y narcotráfico, y 81por ciento de desaprobación a los controles inmigratorios. Es relevante el 85 por ciento de los encuestados que aprueba el movimiento de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad, aunque casi la mitad cree que no logrará el objetivo.

La generalidad de las respuestas a esta encuesta indica la fatiga nacional por los
problemas insolutos y el desparpajo de la política, con un debate de bajos vuelos que se repite incesantemente.

Sólo Leonel avanzó

De todos los aspirantes declarados a las candidaturas presidenciales, sólo el expresidente
Leonel Fernández registró avance en esta última versión de la encuesta más acreditada del
mercado nacional, y lo logró tanto en el universo de los encuestados como entre quienes se
dijeron vinculados al PLD, y es relevante que en todos los escenarios superó en preferencias al presidente Medina, con quien se disputa hace años el liderazgo de su partido.

Favorecido por el impedimento constitucional a la reelección de Danilo, Leonel lo supera
por fracciones (empate técnico) en las preferencias generales para próximo presidente, y 22 a 19 por ciento para la candidatura del PLD, pero la diferencia crece, 39 a 22 por ciento entre los encuestados que se manifestaron simpatizantes de ese partido.

El exmandatario parece favorecido por llevar más de un año, desde agosto del 2017,
recorriendo el país promoviendo sus expectativas de volver al Palacio Nacional, mientras
Medina se desgasta en el poder y sin poder promoverse abiertamente, aunque sí lo hacen sus partidarios, que en los últimos tres meses han colocado en las redes por lo menos 6 spots reeleccionistas con similar línea gráfica y de contenido.

La cultura política nacional que inviste como presidentes de por vida a todos los que
logran más de un periodo gubernamental, favorece a Fernández, quien acumula tres y fue el arquitecto principal del dominio que su agrupación ha impuesto sobre todas las instituciones del Estado y gran parte de las entidades sociales, medios de comunicación y comunicadores.

Buena proporción de los peledeístas le agradecen su prosperidad y la de los suyos, y hasta el haber llevado al poder a Danilo Medina en el 2012, gracias al desbordamiento del gasto que en ese año electoral generó un déficit fiscal sin precedente que superó los 150 mil millones de pesos.

Entre Leonel y Abinader

Con las crecientes dificultades para eliminar la restricción constitucional para la repostulación de Danilo Medina, Leonel Fernández aparece con las mayores posibilidades de encarnar la candidatura del PLD para los comicios del 2020, sin que emerja un contendiente fuerte entre los demás aspirantes de su partido, más allá de su propia esposa, Margarita Cedeño, que esta vez se reduce al 4 por ciento. De los cuatro que adicionalmente se han lanzado de precandidatos, sólo Francisco Domínguez Brito supera el 2 por ciento de preferencias.

A Fernández le favorece que el porcentaje de quienes se manifiestan opuestos a la
reforma constitucional para posibilitar la reelección se incrementó en esta Gallup-HOY al 71 por ciento, del 67 en la anterior de marzo. Y es relevante que incluye al 57 por ciento de quienes se confesaron simpatizantes del PLD, lo que junto a las preferencias que registra entre los peledeístas para la candidatura presidencial, explica por qué los danilistas quieren a toda costa elegir sus candidatos con padrón abierto.

Aunque se ha frenado el avance que Luis Abinader registró en las dos Gallup anteriores,
en octubre del 2017 llevaba 11 puntos sobre Leonel y 8 sobre Danilo, y ahora empatados, el
economista sigue como el mejor situado para encabezar la oposición en el 2020, superando ampliamente a Hipólito Mejía, en el universo de los encuestados por 32 a 10 para la candidatura del PRM, y entre los que se manifiestan simpatizantes de este partido, por 70 a 16 por ciento, más de cuatro a uno.-