La ruptura Odebrecht obliga a sanciones y reformas políticas

Por Juan Bolívar Díaz

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Las implicaciones en el país del escándalo continental de sobornos y financiamiento de campañas electorales por la empresa brasileña Odebrecht no podrán quedarse en el rosario de la impunidad nacional y tendrán que saldarse no sólo con sanciones, sino también con una profunda reforma política-electoral, hace tiempo demandada.

El presidente Danilo Medina no debería ampararse en que le demuestren culpabilidad, sino rendir cuentas como se le adelantó el expresidente Hipólito Mejía, y reconociendo la creciente indignación general, convocar al liderazgo nacional político para pactar una profunda reforma política, electoral e institucional.

Un clamor que no cesa, Fue significativo que millares de personas desfilaran el domingo en Puerto Plata contra la corrupción y la impunidad y que la marcha verde hiciera presencia en el Mundial de Beisbol en Miami. Se generaliza la percepción de que las dimensiones del escándalo Odebrecht han provocado una ruptura en la sociedad dominicana, hastiada de la corrupción y de la impunidad que la alimenta.

El 27 de febrero ya el presidente Medina reconoció la legitimidad de la protesta generalizada y luego varios defensores del Gobierno se han quejado del amplio respaldo que tiene la marcha verde contra la impunidad en los medios de comunicación, algunos denunciando conspiraciones y esbozando amenazas, como si de repente se hubiese apagado el enorme aparato propagandístico del partido gobernante pagado por el Estado.
Se cuenta que los firmantes del libro verde contra la impunidad han sobrepasado el medio millón, mientras una llama sale de los puntos cardinales para confluir el domingo en la capital, mientras los cibaeños juran que estremecerán a Santiago el día 26, plantando a los estrategas gubernamentales que han apostado a la dilución.

Las imputaciones judiciales en otros países y las expectativas de que los fiscales brasileños destaparán por completo los implicados latinoamericanos en el corrupto entramado de la Odebrecht en un período de tres a cinco meses, se han constituido en una llama de largo aliento. Y que aquí no haya un solo imputado mantiene muy pendientes la impunidad que ha predominado en múltiples escándalos de los últimos años, incluyendo los sobornos y sobrevaluación de los aviones Tucano, los grandes expedientes contra Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, y los casos de la OISOE, CORDE y CEA. Mientras, se ignora si devolvieron los US$30 millones que, según el Procurador Jean Rodríguez, había adelantado Odebrecht como parte del “acuerdo confidencial” que el juez Vargas rechazó.

Presión de Hipólito Mejía. El discurso del expresidente Hipólito Mejía el lunes 6 se constituyó en un nuevo elemento de presión sobre el procurador general, el Gobierno y su partido, al rendir cuenta pormenorizada de los dos contratos con la Odebrecht durante su gestión del 2000-04, el acueducto de la Línea Noroeste y la presa de Pinalito, ambos concluidos por su sucesor Leonel Fernández.

El primer contrato había sido negociado en 1999 durante el primer gobierno de Fernández, por la suma de US$129 millones, Mejía ofreció detalles de adiciones que lo elevaron en 10%, a US$141 millones. Lo concluyó Fernández a partir del 2004. No dijo el costo final, estimado en US$251, un 78 por ciento más. Precisó que su sucesor ejecutó la presa de Pinalito, contratada en el 2004, por US$131.7 millones. Se ha publicado que concluyó en más del doble, unos US$300 millones.

Mejía se desligó de los sobornos de Odebrecht, manifestando que si se demuestra que él, esposa o hijos incurrieron en algún acto de corrupción, se retiraría de la vida política y entregaría su patrimonio al Estado. Proclamó que “en los gobiernos del PLD una parte importante del patrimonio público fue dilapidada”, que quienes hayan ocupado cargos como la presidencia, están obligados a rendir cuentas, y justificó la indignación por los “altos niveles de impunidad” prevalecientes, por lo que “doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país”.

Un testimonio terremoto. Si Hipólito Mejía lanzó un misil provocativo, lo que llegó desde Brasil al día siguiente fue un terremoto. El diario O Estado de Sao Paulo y el portal digital de la reconocida revista Veija informaron que el prisionero Hilberto Mascarenhas Silva, quien fuera director del departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, (o “Departamento de Coimas”), había testimoniado ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil que entre 2006 y 2014 gastaron US$3 mil 390 millones en financiamiento de campañas en ese país, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Panamá y Angola.

El impacto local fue mayor porque señaló a Joao Santana y su esposa Mónica Moura como los ejecutivos y beneficiarios del financiamiento que Macarenhas detalló por año, desde US$60 millones en el 2006 hasta alcanzar US$750 millones en el 2013, cayendo en el 2014 a US$450 millones.

Santana no sólo dirigió las exitosas campañas electorales de Lula da Silva y Dilma Rouseff, sino también las dos de Medina y el despliegue del testimonio y el escándalo en los periódicos dominicanos provocó que el mandatario nacional respondiera, por primera vez, una pregunta sobre el escándalo. Afirmó que él pagó los servicios de Santana, que la verdad va a salir de las investigaciones en Brasil y aquí, que hay mucha gente que “quisiera verme nadar en el lodo” y emplazó a quien le pueda probar que recibió dinero.

No aceptan la gravedad. El prolongado silencio del Presidente y de su partido sobre el escándalo choca con lo ocurrido en los otros países afectados. El presidente peruano Pedro P. Kuczynski, quien en un mes pronunció dos enérgicos discursos y anunció medidas concretas contra la corrupción, se sometió esta semana a un interrogatorio de periodistas internacionales y proclamó que “en Perú no hemos escondido esto debajo de la alfombra”, aunque allí los sobornos confesados sólo sumaron US$29 millones.

Tal como dijo el presidente Medina, habría que demostrarle si recibió dinero. Pero mientras, la esposa de Santana, Mónica Moura, ya aceptó en interrogatorio el año pasado, que tramitaron financiamiento a su campaña, aunque adujo no recordar el monto. Una decena de factores lo salpican y avergüenzan el país y son suficientes para que él haya detallado cómo y por cuánto se contrató a Santana y mostrara contratos y constancias de pagos. Aún se espera un pronunciamiento formal del PLD que tan activo fue contra la corrupción cuando perseguía el poder. Su secretario general Reinaldo Pared aceptó implícitamente la posibilidad del financiamiento de Odebrecht, se mostró sorprendido “de tanto escándalo”, y erró al plantear que “la ley no prohíbe recibir donativos de empresas privadas”. Desconoció los artículos 47 y 55 de la Ley Electoral 275-97, que las prohíben a las extranjeras.

Ineludible reforma política. Es amplio el consenso de que el escándalo Odebrecht, por sus dimensiones internacionales, no podrá quedar en el extenso archivo de la impunidad nacional, que tendrá que haber sanciones y que no basta tratar de generalizar las culpas de la corrupción. Pero mayor es la convicción de que para sofocarlo será ineludible una profunda reforma del sistema político electoral, y ni siquiera eso ha estado en las escasas respuestas peledeístas.

Si no contara con que se diluirá la indignación, el presidente Medina ya hubiese anunciado que convocará al liderazgo nacional para consensuar un paquete de reformas políticas, electorales e institucionales que prevengan, reduzcan y sancionen la corrupción y para evitar la prevalencia de la impunidad. Tendría que implicar sacar los agentes partidistas del sistema judicial, el ministerio público y los organismos electorales.

En las actuales circunstancias la nación tiene derecho a esperar acciones específicas de quien encarna su liderazgo, más allá de emplazar a que le demuestren que recibió dinero. Pero ni siquiera se escuchan enérgicas condenas del escándalo. Todavía hay tiempo.-

Danilo perdió la oportunidad de aclarar lo de Odebrecht

P1Por Juan Bolívar Díaz

El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero aportó pocas novedades, no fue un informe sobre su gestión del 2016, sino de todo su periodo, ni solo de sus proyectos para el 2017, sino para todo el cuatrienio, repitiendo en gran proporción los logros y proyectos que enunció al rejuramentarse el 16 de agosto, hace solo seis meses.

Centró sus argumentos en justificar la utilidad de las plantas de Punta Catalina, que no es lo que está en discusión, y trató de convencer sobre la independencia de una Procuraduría General sin rigor investigativo y que recibió esta semana un grave revés con el rechazo judicial a un acuerdo con la Odebrecht ampliamente cuestionado.

Discurso para marear. Dos horas y diez minutos es mucho tiempo de discurso por casi todos los medios de comunicación nacionales, para marear, lo consideraron las redes sociales, repetitivo y detallista, que rebasó la rendición de cuentas del año pasado y volvió sobre sus primeros cuatro años de Gobierno y se proyectó no solo al año ya en curso, sino para todo el nuevo período, demasiado parecido al de su juramentación del 16 de agosto último.

La perorata tuvo pocas novedades aún en los mayores logros de su gestión que, además de la mayor inversión en educación, ha sido el mantenimiento del crecimiento económico, con tasa de 6.6% el año pasado, baja inflación y estabilidad cambiaria, ya que hacía apenas tres semanas que los había informado el Banco Central y el Gobierno los publicitó en exceso hasta horas antes del discurso presidencial.

Tiene poco sustento que salieran de la pobreza un millón 72 mil personas en 4 años, con 480 mil nuevos empleos, la mitad en actividades tan precarias como el motoconcho, o con otras 200 mil con tarjeta Solidaridad de 800 pesos por mes. Parece optimista que el año pasado Infotep “preparó 667 mil nuevos técnicos profesionales, con índice de empleabilidad de 83%”, con solo 148 mil nuevos empleos, el 28%, un déficit de 519 mil.

El 2016 fue el “Año de la vivienda”, pero el mandatario solo informó de 256 apartamentos entregados por el INVI, y otros 864 mil casi listos, más los 1,600 de su excelente proyecto “La Nueva Barquita”, quedando bien lejos de la meta de 25 mil viviendas anuales. Pero repitió los proyectos de la Ciudad Juan Bosch en la capital y Santiago, basados en inversión privada, y el rescate de La Ciénega y Los Guandules anunciado desde finales de la década de 1980.

Abundancia de promesas. El Presidente respondió las demandas de mejoramiento de los salarios de los policías, y en julio de los ya más de 60 mil militares, aunque su entusiasmo lo cifró hasta en 131% y “una parte importante” más del 100%, pero lo recibido gira entre 20 y 50 por ciento, que es muy bueno con limitaciones financieras. Ponderó los aumentos ejecutados ya en los sectores básicos de educación y salud, aunque en este último menos generoso.

Donde fue más optimista fue en la “revolución del transporte urbano” que anunció, aunque días antes la OPREP se quejaba en público de que no recibe el financiamiento para concluir la segunda línea del Metro con 6 años en construcción y dijo que del mismo dependen los vagones y otros equipos que tomarían hasta año y medio. Repitió el sistema ideal de un solo boleto por recorrido, pasando de autobús, a Metro o Teleférico y autobús, que implica una alta inversión adicional y fuerte subsidio y desplazaría no solo a los 19 mil carros-concho que promete reubicar, sino también a decenas de miles de moto-conchos.

Las promesas de Danilo abundan en nuevas obras públicas, por ejemplo en siete grandes proyectos para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas de la región Sur, “que elevarían a sus moradores a la clase media”, aunque allí la presa de Monte Grande lleva 6 años paralizada por falta de financiamiento, tras una pequeña inversión. Y que este año concluirá la remodelación de 57 hospitales iniciada absurdamente al mismo tiempo hace 4-5 años, aunque solo informó la terminación de cuatro en el 2016.

¿Dónde están los cuartos? El tiempo no le alcanzó a Danilo Medina para explicar cómo financiará todos esos planes que abarcaron la mitad de su discurso. Mucho menos para abordar los desafíos de sostenibilidad fiscal que le plantean sistemáticamente los economistas independientes y sectores sociales que incluyen el empresariado, retomados en el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país en enero y dejó una veintena de recomendaciones que incluyen reformas institucionales y revisión del gasto público. El endeudamiento, a ritmo de 200 millones de dólares mensuales, tampoco fue tocado.

Siguió evadiendo el mandato del Pacto Fiscal establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, consciente de que la sociedad pondrá sobre la mesa las imprescindibles revisiones de la malversación, del clientelismo y el rentismo que mantiene organismos redundantes e inoperantes.

Del otro pacto pendiente, el eléctrico, dijo que “avanza ahora a buen ritmo”, aunque ya cumplió dos años en discusión, por la falta de transparencia en el sector. El Presidente escogió a los generadores privados de energía para una práctica de “demagogia nacionalista”, como escribió Bernardo Vega, pretendiendo levantar las tribunas como hace cuatro años por el contrato con la Barrick Gold sobre el oro de Cotuí.

Un golpe al Procurador. El discurso presidencial dio pleno respaldo a la gestión del procurador general en el escándalo Odebrech, bajo términos que con asombrosa exactitud adelantó el jueves 23 la columna Fogaraté de Ramón Colombo: “caiga quien caiga”, “hasta las últimas consecuencias”, “Hemos impartido instrucciones”, y “Aquí no hay vacas sagradas”. Aunque las redes dijeron que sí hay toros y gatos sagrados y revivieron al genial Cantinflas en su película Patrullero 777, donde proclamó: “Mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga, y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quienes cae de todo, nunca caen”. Muchos recordaron los pactos reeleccionistas que implicaron “no ha lugar” a los expedientes de grave corrupción de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Medina avaló una gestión de su procurador general Jean Rodríguez que identificó a Angel Rondón como el distribuidor de los 92 millones de dólares de los sobornos que confesó Odebrecht, pero ni siquiera allanó sus oficinas en busca de documentos, ni le impuso la menor coerción.

Que interrogó a los opositores exdirigentes de las cámaras legislativas que aprobaron el 9 por ciento del monto de los contratos bajo sospecha, pero no ha hecho igual con los oficialistas que aprobaron el 91 por ciento, como advirtió esta semana el Partido Revolucionario Moderno.

El Presidente apoyó el “acuerdo confidencial” de la Procuraduría General con Odebrech, que solo establece multa por los sobornos, e ignora la Ley de Compras y Contrataciones, los 163 millones de dólares que la empresa delincuente confesó haber derivado como beneficios, y las denuncias de sobrevaluaciones. Pero dos días después el juez José Alejandro Vargas, basado en principios de justicia, sentó precedente al rechazar una conciliación inaceptable por la gravedad del delito.

Se ha reafirmado la convicción de que solo la sostenida presión de la sociedad obligará a alguna sanción del escándalo Odebrecht.

Grandes retos para Danilo en su informe a la nación

Por Juan Bolívar Díaz

 

El presidente Danilo Medina tendrá que emplear mañana todos sus recursos para responder el clamor nacional contra la corrupción y la impunidad, con gran descreimiento en las instituciones, compelido a fijar posición sobre los sobornos de Odebrecht, que le tocan de cerca por su asesor político Joao Santana y las plantas de Punta Catalina.

Le resultará difícil dilucidar a fondo los retos provenientes de Brasil y Estados Unidos, como los aviones Tucanos y Odebrecht, pendiente de conocerse información sobre la corrupción dominicana, pero deberá anunciar acciones contundentes como destituciones y sometimientos judiciales en escándalos como OISOE, CORDE y CEA.

El informe más difícil. En sus anteriores informes anuales ante la Asamblea Nacional el presidente Medina navegó con vientos favorables, con alta aprobación, ya denunciando los déficits fiscales como herencia, enfrentando el leonino contrato que tenía la Barrick Gold sobre el oro de Cotuí, o reivindicando la revocación de la estafa con los terrenos de Bahía de las Águilas.

Por primera vez en cinco ocasiones, Medina afronta el informe de gestión con su popularidad en caída de doble dígito, y un movimiento social que ha removido la conciencia ciudadana frente a la corrupción y la impunidad, que esta semana documentó con más de 312 mil firmas el respaldo a una investigación con fiscales independientes que permita sancionar los confesados sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y las evidentes sobrevaluaciones de obras, que afectan su gobierno y partido.

La consternación nacional es tan grande que ha superado la capacidad de manipulación de la inmensa red de comunicadores que en los medios formales y en las redes sociales paga el Gobierno y su enorme gasto en publicidad política. La convicción general es que la corrupción y su correlato de impunidad llegaron a niveles de saturación en los más diversos sectores sociales, empresariales, religiosos y en forjadores de opinión.

La coyuntura es también difícil en el ámbito económico-social, pese al alto crecimiento del año pasado, porque el Gobierno no dispone de recursos para concluir importantes obras, como el Metro y la remodelación de 50 hospitales, para cubrir las precariedades de la universidad estatal, ni para atender un creciente clamor salarial en el Estado o para alentar un significativo incremento de sueldos en el sector privado que “derrame” el pregonado crecimiento. En agosto 2014 Medina dijo que nadie podía vivir con sueldo de 10 mil pesos, pero el 20% de los empleados públicos y el 90% de los pensionados gana 5 mil 117 pesos, y el salario mínimo nacional promedia 9 mil pesos.

El escándalo Odebrecht. El mayor desafío de Medina lo constituye el escándalo internacional de los sobornos confesados por Odebrecht en una docena de países, que en términos proporcionales lidera la República Dominicana: 92 millones de dólares de soborno por contratos que arrojaron beneficios por 163 millones de dólares, y con sobrecostos de hasta cien por ciento, pendientes de evaluar.

De las 17 obras contratadas con la Odebrecht en sólo dos intervino el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, el acueducto de la línea noroeste, y la presa de Pinalito. Las otras 15 corresponden a los gobiernos peledeístas de Leonel Fernández y Danilo Medina, incluyendo la de mayor costo, las plantas de carbón de Punta Catalina, en cuya negociación se involucró el propio mandatario.

El Presidente aspiraba a que la comisión que conformó para evaluar la contratación de las plantas eléctricas le emitiera un certificado de no objeción en que ampararse para su informe de mañana, pero no fue posible por las opacidades y conflictos generados desde que el mandatario anuló una licitación que había iniciado su antecesor para abrir otra que a juicio de muchos fue hecha a la medida de la Odebrecht, tras dos viajes de Medina al Brasil.

El otro conflicto del Presidente es la asesoría de Joao Santana en sus dos exitosas campañas electorales, preso y condenado en Brasil por la trama de financiamiento ilegal a campañas electorales tanto de Petrobras como de Odebretch, quien tuvo que dejar la asesoría a Medina hace un año, el 22 de febrero, requerido y apresado por la justicia brasileña que ya lo condenó, junto a su esposa, a 8 años de prisión.

Caerán algunas cabezas. En círculos vinculados al Gobierno y su partido se baraja la decisión de procesar a varios de los ya públicamente vinculados a los últimos escándalos de corrupción, no sólo de Odebrecht, sino también de los aviones Tucano, de las sobrevaluaciones y la extorsión en la OISOE, de la Corporación de Empresas Estatales y del Consejo Estatal del Azúcar, como ofrenda a las tribunas nacionales que exigen “el fin de la impunidad”. El presidente podría adelantar algunos decretos como el que disolvió la CORDE.

El Procurador dijo esta semana que tiene “pruebas contundentes” sobre el soborno de Los Tucano por 3.5 millones de dólares denunciado en Estados Unidos en septiembre, y admitido por la empresa vendedora, la también brasileña Embraer. Pero no ha procesado a nadie. La comisión que investigó las ventas de terrenos del CEA que habría originado el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en Macorís, no tuvo tiempo para entregar su informe antes del discurso. Se asume que se referirá sólo al caso específico, no a todo el tráfico de las tierras y ganado del CEA, escandaloso desde hace años y que determinó un decreto de septiembre que creó una comisión evaluadora presidida por el dirigente peledeísta Bautista Rojas, la que seis meses después no ha concluido nada.

El Presidente pudiera dar alguna satisfacción al requerimiento avalado por 312 mil ciudadanos, proponiendo el fiscal especial o una comisión de notables que vigile las investigaciones del escándalo Odebrecht, renovar su inoperante Comisión de Ética y disponer alguna otra medida para tratar de frenar la ola ciudadana contra la impunidad.

Los problemas de fondo. El laborioso economista y dirigente político Guillermo Caram presentó una veintena de sugerencias sobre lo que debería abordar el presidente Medina en su informe anual, especialmente dirigidas a los problemas de fondo en materia económica, fiscal y financiera, con énfasis en las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país a mediados del mes. Se refiere a la necesidad del pacto fiscal por la sostenibilidad, a la disciplina fiscal para reducción de los déficits y el endeudamiento. También a la recomendación de fortalecer las instituciones y la gobernabilidad.

Descartado el pacto fiscal, lo que reiteraron esta semana dos altos funcionarios, el Gobierno estará en el dilema de cómo lograr los recursos necesarios para las grandes demandas económicas y sociales pendientes, y para reducir la dependencia del endeudamiento. El dirigente peledeísta Franklin Almeyda concretó la disyuntiva: cobrarle el costo a los pobres o a los ricos. ¿Por quién se decantará el presidente Medina, o podrá seguir endeudando aceleradamente el país? Los sondeos arrojan pocas expectativas.-

La encuesta Gallup-HOY marca deterioro del gobierno

 Por Juan Bolívar Díaz

Gran mayoría de la población cree que Odebrecht sobornó y no habrá sanciones, que la situación económica es mala, que el país va por mal camino, mientras cae en 13% la popularidad del presidente Medina, y el 91%  aprueba la lucha contra la impunidad

          El gobierno tendrá que poner atención a los claros indicadores de deterioro marcados por la encuesta Gallup para HOY publicada esta semana los cuales muestran una fuerte caída de la popularidad del presidente Danilo Medina, con alta preocupación sobre la situación económica y el endeudamiento nacional.

            Con un 88% que cree en los sobornos de Odebrecht, un 60% no espera que habrá justicia, un elevado 91% apoyó la reciente marcha  contra la corrupción y la impunidad, y 60% cree que la democracia dominicana es inoperante, mientras se cuestiona a fondo el acuerdo de la Procuraduría General de la República con la empresa brasileña.

PLD lidera la corrupción

            La amplia red de promotores y defensores del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los medios de comunicación ya no es suficiente para contener el deterioro de su imagen, sobre todo en materia de corrupción e impunidad, y tendrán que tomar en cuenta los resultados arrojados por la primera encuesta publicada este año, la Gallup para HOY.

            Resulta relevante que el 88% de los encuestados entre el 25 y el 30 de enero da por ciertos los sobornos a funcionarios gubernamentales por la constructora brasileña Odebrecht,  incluyendo al gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, aunque el señalamiento se concentra en los del PLD, especialmente la gestión de Leonel Fernández, en un 61.5%, y la del presidente Medina el 50.4 %. El 41.5% acusa al de Mejía.

            Esos resultados son congruentes con el hecho de que 15 de los 17 contratos de construcciones públicas fueron negociados por funcionarios peledeístas, incluyendo el mayor y más debatido, por 2 mil 40 millones de dólares para las plantas de carbón de Punta Catalina, en la actual gestión. El primero fue en el gobierno de Fernández (1996-00) para el acueducto de la línea noroeste, pero el congreso perredeísta no lo aprobó. En el período de Hipólito Mejía fue renegociado y aprobado por 220 millones de dólares para ser concluido  en el segundo de Fernández, por 251 millones de dólares.

            La otra contratación perredeísta fue para la presa de Pinalito en el 2002 por 131  millones de dólares, que también concluiría el régimen de Fernández a un costo de 300 millones. En los ocho años seguidos de Fernández (2004-12) se negociaron con Odebrecht  nueve obras, por 1,541 millones de dólares. En el cuatrienio de Medina se cuentan contratos  por 6 mil 240 millones, cuatro en ejecución, incluyendo las plantas, pero tres fueron renegociaciones de obras de Fernández,  estimadas muy sobrevaluadas.

Contra la impunidad

            Si algo no dejó dudas en esta encuesta es la altísima proporción, 91.5%  que manifestó su acuerdo con la marcha contra la corrupción y la impunidad efectuada el 22 de enero, aunque baja a 63 la proporción que espera que dará buenos resultados. Un relevante  60%  no cree que los responsables de los sobornos de Odebrecht serán sometidos a la acción judicial y sólo el 11% considera que todos los culpables serán sancionados.

            Fue muy baja la proporción de los encuestados, 25%, que considera que la democracia dominicana es funcional. En cambio, el 60 por ciento la estima inoperante, y otro 12 por ciento tiene una opinión neutra, ni bien ni mal.

            La encuesta Gallup vino a ratificar la percepción bastante generalizada, de que un importante segmento de la población muestra cada vez más disposición a la protesta por  insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones. Ello explicaría el notable éxito de la reciente marcha y las miles de personas que están firmando el “libro verde contra la impunidad”, promovido por un amplio y variado comité organizador salido de grupos sociales e integrado básicamente por jóvenes de clase media.

Cae la valoración de Danilo

            Uno de los hallazgos más significativos de la Gallup-HOY de esta semana ha sido la caída de la valoración positiva de la gestión del presidente Medina, que apenas sobrepasa la mitad de la población (51.3%), la más baja desde que empezó su primer período de gobierno en el 2012, una reducción de 13.5 puntos en relación al 64.8% que registró en abril del 2016, poco antes de su reelección con el 62 % en mayo. Empero, hay un resultado incongruente, ya que por otro lado, 62.7% dice que aprueba “la forma en que Medina conduce el gobierno, independientemente de su posición política”.  En la Gallup-HOY de enero del 2013, la valoración de Danilo era positiva en 64.4% y llegó a sobrepasar el 83% en agosto del 2014 y enero del 2015.

            Otros resultados explicarían la caída en la valoración positiva del gobierno de Medina: más de tres cuartas partes, el 76% de los encuestados, dice que la situación económica está mal, con sólo 7% considerándola buena y 16% regular. El 74% aprecia que el país va por mal camino, y el 40% estima que está estancado, mientras el 22% lo considera en retroceso. Poco más de la tercera parte, 36%, cree que el país progresa.

            Al parecer la población está asumiendo las constantes advertencias y denuncias de que los gobiernos del PLD en especial el de Medina, se sostienen de un acelerado endeudamiento, pues el 72.5% de los encuestados por Gallup lo considera muy grave y una proporción mayor, 79%, cree que debe reducirse la nómina pública para destinar más dinero a las obligaciones del Estado.

Espeso silencio de Danilo

            Se estima que el escándalo Odebrecht marca el momento más difícil que ha afrontado el presidente Medina, por su dimensión e implicaciones internacionales y por las reiteradas informaciones de que todos los implicados en los sobornos serán develados por la justicia de Brasil. El diario Folha de Sao Paulo, publicó el viernes los nombres y fotografías de decenas de políticos brasileños implicados, con los montos que habrían recibido, incluyendo al expresidente Lula da Silva y al actual presidente Michel Temer.

            El escándalo Odebrecht  implica cada día a más personajes políticos. Esta semana fue relevante la acusación judicial, con orden de captura internacional, contra el expresidente del Perú Alejandro Toledo, a quien la fiscalía acusa de haber recibido 20 millones de dólares para favorecer un contrato de 7 mil millones de dólares para una carretera que uniría las  costas del Pacífico y atlántica, atravesando la cordillera de Los Andes y amplios ríos. El viernes se ofreció 30 mil dólares a quien ayude a capturarlo.

            Hasta el presidente José Manuel Santos, ha sido salpicado por el testimonio de uno de los dos funcionarios identificados como receptores del soborno en Colombia por 11 millones de dólares,  quien habría dicho que un millón fue para su campaña electoral.

            Medina no ha sido personalmente vinculado, aunque el asesor de sus dos exitosas campañas electorales, Joao Santana, fue requerido por la justicia  brasileña, cuando trabajaba aquí por su reelección. El 23 de febrero del año pasado fue apresado al llegar a Brasil, y ya fue condenado a 8 años de cárcel, Se le acusa de recibir financiamiento de Odebrecht para asesorías de campañas en Brasil y otros países.

            Los partidos de oposición, como el Revolucionario Moderno, Alianza País, Alianza por la Democracia y Opción Democrática, así como columnistas y comentaristas de los medios de comunicación han demandado, en vano, que el presidente Medina rompa su silencio y exprese alguna condena y requerimiento de sanción por los sobornos confesados por Odebrecht que aquí fueron por 92 millones de dólares, los mayores relativamente.Es el único presidente de los países involucrados que ha evadido hablar del escándalo.

El acuerdo del Procurador      

            En medio del clamor nacional de identificación y sanciones a los receptores de los sobornos, la constitución de la comisión para investigar la contratación de las plantas de Punbta Catalina con la Odebrecht, incluyendo por lo menos a tres con conflictos de intereses en el caso, y la forma en que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, ha conducido la investigación tampoco ayudan  al gobierno.

            Lo peor ha sido el acuerdo “confidencial”  con Odebrecht que anunció el Procurador al comenzar febrero, el cual se limita a cobrarle la multa por el duplo del monto de sus sobornos, sin reclamarle 163 millones de dólares que la misma empresa confesó haber obtenido de ellos, ni la indemnización que debería salir de una auditoría que determinara el monto de las sobrevaluaciones en las obras contratadas y el costo financiero.

            La influyente Fundación Institucionalidad y Justicia rechazó tajantemente los términos del acuerdo, que se basa en recuperar dinero, sin exigirle la entrega de la lista de los sobornos, y sin suspenderle definitivamente sus operaciones, como mandan las leyes y se ha hecho en los demás países. Destacados juristas como Laura Acosta Lora y Francisco Alvarez Valdez, han planteado que procede la designación de una administración secuestraria que asuma la terminación de las obras que aún ejecuta Odebrecht.-

Estafa de los Tres Brazos es peor de lo que se creía

Por Juan Bolívar Díaz05_02_2017 HOY_DOMINGO_050217_ El País13 A

Tras el informe de la comisión investigadora designada por el presidente Danilo Medina, el Gobierno desconoció la venta del barrio Los Tres Brazos a una empresa privada por haberse realizado en violación de la Constitución, dos leyes y un decreto, en lo que se configura como una estafa en perjuicio del Estado y unas 13 mil familias residentes.

La operación fue más escandalosa de lo que se había denunciado y que determinó la designación de una comisión investigadora, cuyo informe revela que a casi 7 años de la venta, la Corporación de Empresas Estatales solo ha tenido beneficio neto por 3 millones 365 mil pesos, faltando por determinarse si quedará en el reinado de la impunidad.

Otra escandalosa estafa. El informe de la comisión gubernamental que investigó la venta del barrio Los Tres Brazos en Santo Domingo Este a la empresa INFEPA, luego asociada a la TITULATEC revela que fue una operación fraudulenta mucho peor de lo que se había denunciado, ya que de los 80 millones de pesos que se contrató originalmente a precio de bagatela, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) apenas ha recibido efectivamente, casi siete años después, 15 millones 200 mil pesos. Pero pagó RD$11 millones 834,200 a dos agrimensores para que hicieran el deslinde de los terrenos, a lo que se había comprometido la compradora, lo que redujo su ingreso neto a 3 millones 365,800 pesos.

Ciertamente el contrato original firmado el 25 de febrero de 2010, mediante el cual CORDE vendió a la empresa INFEPA tres parcelas con un total de un millón 213,861 metros cuadrados, donde está asentado el barrio, establecía un precio de 80 millones de pesos. Pero mediante dos adendas en junio de 2010 y agosto del 2014, las partes le deducen 11 millones 800 mil pesos, quedando en 68 millones 200 mil pesos, para descontar calles y aceras “no útiles para la venta”. Luego dedujeron 1 millón 500 mil pesos más para crear un “fondo de compensación para tentativas demandas”, por lo que el precio final se contrajo a 66 millones 700 mil pesos.

Más absurdo es que CORDE, que vendió inmuebles, recibió como “dación de pagos”, dos parcelas en Guavaberry, S.P. de Macorís, valoradas en 29.14 millones de pesos, con tasación de la misma INFEPA, y que no ha podido asumirlas porque estaban hipotecadas. También recibió como dación de pago dos apartamentos en Las Palmas, Los Alcarrizos, por millón y medio de pesos, pero que habían sido traspasados a una representante de INFEPA-TITULATEC, por concepto de comisión de venta. En total 30 millones 300 mil pesos en inmuebles que CORDE no ha podido asumir. Los restantes 21 millones 200 mil pesos, para completar los 66.7 de la venta, quedaron en un pagaré que tampoco han honrado, pero sin consecuencias. Tras el estallido del escándalo, el 28 de diciembre último, CORDE le dio un plazo de un día, sin que la comisión viera resultado.

No evaluaron inversiones. La comisión gubernamental no evaluó el total de lo invertido por el Estado y los particulares en Los Tres Brazos, reconoció Flavio Darío Espinal. Pero se ha estimado que sobrepasan los mil millones de pesos en las casi cuatro décadas de que se iniciara la población del sector con damnificados del huracán David en 1979. Más difícil es valorar lo que han invertido en urbanización las 14 mil familias que lo habitan, incluyendo edificaciones para negocios, talleres y de recreo.

En las cuatro escuelas del sector se han invertido cientos de millones de pesos. Una básica inaugurada por el presidente Medina costó 63 millones, y una estancia infantil 36 millones. Allí se construyó una planta de tratamiento de aguas, para cuya remodelación concluida en febrero de 2012, el Estado gastó 76 millones de pesos.

Ya en 2013 cuando la compradora del barrio INFEPA se asocia con TITULATEC, lo hacen tasando sus activos en 200 millones de pesos. El informe establece que al 31 de diciembre pasado habían vendido 614 solares, de un total de 3,692, por 93 millones 300 mil pesos, lo que proyecta sus ventas totales a 952 millones 67 mil pesos.

Recomendaciones aceptadas. El informe de la comisión oficial, sus conclusiones y recomendaciones no dejan dudas de que se trata de una operación lesiva al interés público, “que nunca debió realizarse”, “cuestionable en su esencia misma”, “ignorando disposiciones constitucionales y legales aplicables”, citando las últimas dos constituciones, la Ley de Capitalización de la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.

La califica también como “altamente perjudicial para el Estado y la propia comunidad de Los Tres Brazos”, “contraria al interés público y al bienestar social”, como quedó patente en nuestro artículo de HOY del domingo 15 de diciembre “El regalo de los Tres Brazos”.

Vale reconocer que el Gobierno anunció de inmediato que acoge las recomendaciones de que el Estado no reconozca la contratación por viciada, inconstitucional e ilegal, que proteja las inversiones de los residentes que pagaron solares y los créditos recibidos, que cierre definitivamente a CORDE y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública que hace años quedaron sin objeto, y que entregue el informe al Ministerio Público “para que determine si en esta operación quedó comprometida la responsabilidad penal de los actores públicos y privados que intervinieron en la misma”.

Queda pendiente que establezca los mecanismos para “la transferencia titulada de los inmuebles a sus ocupantes, ya sea a título gratuito u oneroso según la condición socio-económica de estos”. Y que reciban todo el apoyo estatal.

La movilización popular. Del escándalo Los Tres Brazos quedan en evidencia dos cosas: primero la inmensa capacidad de los funcionarios públicos para las maniobras chanchulleras, la imaginación sin límite para la apropiación y la malversación de lo público y la complicidad general que predomina en las instituciones que permiten hasta la venta por bagatela de un barrio con escuelas, plantas, calles, avenidas, sistemas eléctrico y de acueducto, guardería, iglesia, parque, dispensario médico y hasta cuartel policial pagado por el erario.

La otra es el valor de la movilización popular, como se demostró antes en Bahía de las Aguilas, Loma Miranda, la cementera en Los Haitises, la inversión del 4 % del PIB en educación y otras. En todos esos casos, por encima de un sistema político e institucional profundamente corrompido, resalta el papel del periodismo crítico y responsable. En Los tres Brazos se hizo historia cuando los telediarios matutinos de tres canales y de una radioemisora y la red nacional de 8 emisoras católicas montaron allí una transmisión simultánea de una hora la mañana del 29 de diciembre, rechazando la ignominia.

Se ha contenido la ignominia, quedando sin determinarse la red de complicidades políticas que la auspiciaron y permitieron. Solo la movilización popular y de la opinión pública lograrán que este escándalo no engrose el reinado de la impunidad en que han convertido este país, para que sirva de lección.

La movilización ciudadana empieza a arrojar beneficios

Por Juan Bolívar Díaz
22_01_2017 HOY_DOMINGO_220117_ El País13 A

Antes de materializarse, la marcha contra la corrupción y la impunidad convocada para hoy domingo por decenas de organizaciones y comunicadores sociales ha comenzado a arrojar frutos, compeliendo a las autoridades judiciales a reclamar indemnización por los sobornos de 92 millones de dólares que la constructora Odebrecht reconoció en el país.

La convocatoria ya catalizó el debate nacional en las últimas dos semanas, generalizando la indignación y los reclamos de sanciones, que esta semana incluyeron a las asociaciones empresariales, a intelectuales y religiosos, creciendo la convicción de que solo la presión sostenida de la ciudadanía logrará sanciones que limiten la alta corrupción.

Indignación generalizada. La marcha convocada contra la corrupción y la impunidad ha catalizado el debate y la movilización ciudadana, incentivando la indignación nacional frente al escándalo generado por la confesión de los ejecutivos de la Odebrecht ante la justicia estadounidense de que habían pagado sobornos en 12 países por 788 milllones de dólares, 92 de ellos aquí.

La protesta, que comenzó entre comentaristas radiofónicos y de televisión, se expandió progresivamente en las redes sociales y el flujo de informaciones sobre las enérgicas acciones emprendidas en los otros países latinoamericanos generalizó el escándalo en los medios de comunicación, aún en los más conservadores frente a la corrupción gubernamental y política.

La constitución de un amplio comité organizador de la movilización contribuyó a detonar pronunciamientos como los de las asociaciones empresariales y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM), que agrupa a más de 30 organizaciones sociales que incluye a muchas de empresarios, religiosos y de acción ciudadana.

Hasta el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles, exhortó a apoyar la marcha sosteniendo que “la corrupción es un flagelo silente que corre por las venas del país”.
Los comunicados publicados el jueves por la IDEM y el de las asociaciones empresariales agrupadas en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, marcaron firmes reclamos de sanciones, planteando que el escándalo es una oportunidad para que las autoridades nacionales comiencen a poner límites a la corrupción y la impunidad.

Como una bola de nieve. La indignación que generó el escándalo, detonado el 21 de diciembre, provocó que el abogado y comentarista radiofónico independiente Ricardo Nieves planteara la necesidad de una gran protesta ciudadana para demandar sanciones.
Fue respaldado por su colega Domingo Páez, reconocido militante del partido de Gobierno, y luego por el viejo militante político Fafa Taveras y el intelectual Andrés L. Mateo.

La idea fue acogida de inmediato por dirigentes de organizaciones sociales como Poder Ciudadano, y Foro Ciudadano, esta última un consorcio de más de 150 asociaciones sociales de sectores medios y de base. Tras varias reuniones, el 2 de enero se fijó la convocatoria para este domingo 22.

Aunque la legión de cientos de comentaristas y articulistas defensores del Gobierno quisieron estigmatizar la iniciativa, atribuyéndola al principal partido de oposición, la realidad es que se trata de un movimiento de raíces y esencias sociales, que supera la pasividad y complicidad partidista frente a la corrupción generalizada y posiciones conservadoras que descartan la movilización popular más allá del interés electoral.

Los más diversos partidos de oposición han respaldado la iniciativa, acogiéndose a la petición de los organizadores de no capitalizar la marcha con símbolos partidarios.
El comité organizador quedó constituido, además de las entidades señaladas, por entidades de origen religioso como el Centro Juan XXIII y el Centro Bonó, cívicas como Ciudad Alternativa, Participación Ciudadana y Somos Pueblo; estudiantiles como el Feflas, Felabel y Juventud Caribe. También el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, el Frente Amplio de Lucha Popular y otras. El Consejo de la Unidad Evangélica, que agrupa cientos de iglesias protestantes, también ha participado de la organización.

El frente gubernamental. El espeso silencio del partido de Gobierno, que cuando era opositor organizó masivas marchas contra la corrupción, y del presidente Danilo Medina, cuya única iniciativa ha sido la creación de una comisión solo para investigar el contrato de las plantas de carbón, con la objetada inclusión de vinculados a la Odebrecht, así como los esfuerzos por poner sello partidario a la convocatoria, contribuyeron a generalizar la indignación y al apoyo manifiesto de amplios sectores de la comunicación social.

El Gobierno envió listados de funcionarios a los programa televisivos y radiofónicos para que fueran entrevistados, mientras su inmensa legión de comentaristas asalariados llegaron a extremos de considerar la marcha como un intento subversivo, sin que faltaran quienes llamaran a preservar la paz e insinuaran conflictos mayores.

Fue notable, sin embargo, que la Policía Nacional ofreció seguridades a los organizadores que cumplieron con los preceptos de comunicar su protesta y coordinar la ruta y el establecimiento de una tarima para el espectáculo artístico con que culminará en el parque Independencia, partiendo de la confluencia de la 27 de febrero con Máximo Gómez.
Las objeciones no prosperaron por los esfuerzos de los organizadores de mantener la manifestación como una acción cívica, sin pancartas partidarias, convocando a todo el núcleo familiar y advirtiendo que ni siquiera habrá discursos. La iniciativa prendió y se expandió principalmente en las clases medias y los cultores de las redes sociales, y desde múltiples ciudades del interior se anuncia concurrencia.

 La movilización ciudadana. En el plenario de la IDEM se planteó que solo una gran presión de la ciudadanía, en todos sus estratos y organizaciones, logrará contener la generalización de la corrupción que se registra en el sistema político y el Gobierno, y que ya no bastan comunicados que repiten las mismas demandas. El solo anuncio de la marcha movilizó a las autoridades.
No es cuestión de leyes ni normas, pues en las últimas dos décadas se aprobó todo un código llamado a prevenir la malversación, a controlar y pautar la administración presupuestaria, la función pública, a actualizar los organismos de control como laCámara de Cuentas y la Contraloría, la declaración jurada de bienes, los concursos y licitaciones y hasta para sancionar el robo de energía cuya tercera parte se sigue perdiendo.
La realidad es que predomina el encubrimiento y la impunidad y que un escándalo de corrupción sucede a otro.
Los graves expedientes de corrupción que involucraron a altos funcionarios y dirigentes políticos, como Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, quedaron en acuerdos políticos.
No se ha dado curso a múltiples expedientes de la Cámara de Cuentas ni al que sometió Guillermo Moreno contra la Fundación Global, ni se han establecido responsabilidades en escándalos como los sobornos y sobrevaluaciones de los aviones Súper Tucano, y de múltiples obras públicas, el escándalo de la Dican, el dramático suicidio-denuncia de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

Putrefacción política e impunidad en los sobornos de Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
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Por proporción poblacional, territorial y tamaño de la economía, la República Dominicana, junto con Panamá, lidera ampliamente el nivel de los sobornos internacionales por 788 millones de dólares, 92 millones en el país, admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en el mayor escándalo internacional de corrupción documentada.

Aunque la Procuraduría inició investigaciones esta semana, las implicaciones políticas de gobernantes hace temer que corran la misma suerte de los expedientes de corrupción instrumentados contra los funcionarios y dirigentes del partido oficial Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, o de los casos Sun Land y aviones Tucanos.

RD y Panamá son lideres. Ratificando evaluaciones como las del Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional que sitúan a la República Dominicana en los más altos niveles de corrupción, en los sobornos en 12 países por 788 millones de dólares reconocidos por la constructora brasileña Odebrecht, lídera el escándalo, junto con Panamá, atendiendo a la proporción poblacional y tamaño territorial y de la economía.

Según el acuerdo de Odebrecht con las autoridades judiciales norteamericanas, esa empresa pagó en sobornos en el país 92 millones de dólares del total de 788 millones en once naciones latinoamericanas y Angola, entre el 2002 y 2014 para cerrar más de un centenar de contratos de obras. El mayor monto fue en Brasil por 349 millones de dólares, y luego en Venezuela por 98 millones, dejando al país en tercer lugar, seguido por Panamá con 59 millones de dólares.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, con población veinte veces superior y un territorio 176 veces mayor que RD, sólo cuadruplicó su monto. Venezuela 7 por ciento más, aunque triplica en población y es 20 veces mayor en territorio. Fuera de Brasil los sobornos sumaron 439 millones de dólares, el 21 por ciento en Dominicana. Perú está sacudido por el escándalo aunque sólo recibió 29 millones de dólares, con triple población y 27 veces el territorio dominicano. Panamá es el líder del escándalo, con 59 millones de dólares, pero menos de la mitad poblacional, aunque 60% más de territorio.

El maletín de Angel Rondón. Aunque arrancó con tres semanas de retraso, compelido por la consternación nacional, el procurador general dominicano Jean Alain Rodríguez inició el martes las investigaciones, interrogando al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, tras lo cual aseguró que éste identificó al representante comercial de la firma, Ángel Rondón Rijo, como el receptor de los 92 millones de dólares para sobornos, lo que negó el abogado del brasileño, quien recibió un plazo de tres días para entregar toda la información.

Desde el principio era vox populi la implicación de Rondón, denominado como “el hombre del maletín”, con amplio récord de vinculación a escándalos de corrupción, de todos los cuales ha salido libre, incluyendo las quiebras del Banco Domínico-Hispano, y de Baninter, del tráfico del Plan Renove, y su nombre aparece en los “Panamá Papers”. Sus vínculos con políticos y gobernantes se iniciaron en el gobierno de Jorge Blanco y pasaron por los sucesivos gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Ha conseguido contratos de diversas especies con organismos estatales.

Rondón admitió haber recibido “más o menos esa suma”, pero adujo que por comisiones de contratos. El Procurador le dio plazo de tres días para presentar comprobantes de los pagos y las cuentas bancarias, cuyo récord deberá indicar cómo se distribuyó tan alta suma, equivalente a más de 4 mil 300 millones de pesos. No se especificó si le pidieron constancia de haber pagado impuestos por esos ingresos personales, que deberían superar los mil millones de pesos. Lo que parece una buena coartada, choca con la confesión de sobornos de la Odebrecht ante la justicia norteamericana y su compromiso de pagar por eso una multa de 2,500 millones de dólares.

Una tecla muy peligrosa. Pese a la reciente gestión del procurador Rodríguez, prevalece la desconfianza, por los precedentes de grandes casos de corrupción quedados en la impunidad, aún después de sólidos expedientes del ministerio público, como los de los dirigentes del PLD Félix Bautista (por 26 mil millones de pesos) y Víctor Díaz Rúa, o el escándalo de los pagarés por 130 millones de dólares, que el expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero admitió que se le dio una salida política y el de los aviones Tucanos.

El caso de Odebrecht es tan complejo que podría alcanzar altos niveles de los últimos gobiernos, cuyos presidentes sostuvieron relaciones directas con estamentos políticos y empresariales envueltos en la gran corrupción brasileña. Danilo Medina viajó a Brasil, como candidato en el 2011 y como presidente electo en julio del 2012. Se reunió con altos funcionarios de la Odebrecht y luego recibió al presidente Lula da Silva, bajo investigación por presunta responsabilidad en los escándalos.

Joao Santana, procesado por la corrupción de Petrobras y Odebrecht, fue asesor de las dos campañas electorales de Medina, y salió de aquí el 22 de febrero pasado reclamado por la justicia para ser apresado y procesado junto a su esposa Mónica Maura, bajo graves cargos. Las investigaciones de los periódicos brasileños revelan que recibió millones de dólares para campañas políticas que dirigió en varios países.

Esta semana el consorcio de investigación IDL Reporteros, que dirige el reputado periodista peruano Gustavo Gorriti, publicó un entramado de “Lava Jato en la República Dominicana”, mediante el cual la Odebrecht, entre 2013 y 14, realizó 16 transferencias de fondos por 3 millones 896 mil 450 dólares a la empresa Cine y Art 2013, registrada en Santo Domingo por el brasileño Marcelo Mascarenhas Kertész, vinculado al publicista Joao Santana, y con sede en el mismo local de la empresa de éste en Santo Domingo, la Polis Caribe, que ya antes había sido vinculada a otros financiamientos políticos millonarios.

La comisión Catalina. Las dimensiones del escándalo Odebrecht, con anuncios de reparaciones por los sobornos de 59 millones de dólares en Panamá, y por los 11 millones de dólares en Colombia y un adelanto de 8.9 millones de dólares en Perú, y la convocatoria de una protesta nacional pusieron presión, que en parte explicarían el decreto presidencial 6-17 que nombró a diez personalidades para investigar lo concerniente a la licitación y adjudicación del contrato a la Odebrecht para las plantas eléctricas de Punta Catalina, cuestionadas desde su ejecución en el 2013,por un comité de licitación integrado por el administrador de la CDEEE, Rubén Bichara y tres subalternos. De los otros tres integrantes, el entonces asesor económico de la presidencia Isidoro Santana y el experto energético Ramón Flores, no la avalaron.

Como presidente de la comisión apareció Monseñor Agripino Núñez Collado, miembro del consejo directivo de la constructora Estrella, socia nacional de Odebrecht en las obras físicas de las mismas plantas. Su renuncia a la empresa, no a la comisión, anunciada el viernes, no disipa el dislate ético. La comisión presidencial fue cuestionada también por haber incluido al ingeniero César Sánchez, ex administrador de la CDEEE y actual consultor de la misma, quien negoció y firmó el contrato con la Odebrecht para la presa de Pinalito en el 2004. Tampoco lució acertado incluir a Jaime Aristy, un reputado economista, pero consultor del Gobierno y a un pastor evangélico poco conocido.

Uno de los comisionados reconoció que la tarea no es cuestión de días, ni de semanas, que requiere especialistas y mucho trabajo, y que si se buscaba credibilidad, debió encargarse a una empresa de auditores internacionales.-