Los nuevos desafíos de la Marcha Verde tras su indiscutible éxito

Marcha Verde, Santo Domingo. 16-07-17. // Fuente Externa.

Los mayores desafíos de la marea verde son mantener las características y objetivos que le han permitido impactar en la conciencia social, sin sobreestimarse ni caer en el aventurerismo, ampliar su base popular y exigir reformas políticas e institucionales

 Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque el Gobierno ha pretendido ignorarla, la Marcha Verde lo ha sumido, con todo y partido, en una crisis de credibilidad, que lo ha dejado a la defensiva, apostando a que el tiempo diluya el mayor movimiento sociopolítico de la historia nacional o a que su plural liderazgo cometa errores que le resten potencialidad.

Después de la masiva marcha del día 16, el movimiento social necesitará mayores  niveles de formalidad sin afectar características como la diversidad, con mayores esfuerzos para ampliar su base popular sin caer en el aventurerismo, reafirmando sus objetivos fundamentales  y avanzando en el reclamo de transformaciones políticas e institucionales.

Una sorpresa consolidada

Después de la marcha de hace dos semanas, con participación de decenas de miles de personas, nadie discute el extraordinario y consolidado éxito de la Marcha Verde (MV) que ha impactado la conciencia social dominicana, sacudiendo años de adormecimiento frente a la abrumadora corrupción política e impunidad diagnosticada en los últimos años en los mayores niveles mundiales por instituciones como el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional y en las encuestas e investigaciones nacionales.

El hartazgo de la sociedad con la malversación de los fondos públicos, y niveles inaceptables de clientelismo y rentismo que han consumido los mecanismos democráticos del sistema político, es la explicación del éxito de un movimiento sin un liderazgo centralizado, de tan diverso espectro socio político, que se consolida aún dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.

Entre analistas hay consenso de que la MV es la mayor expresión de ciudadanía en la historia nacional, sin banderas partidistas, sin tirar una piedra o quemar una goma, sin dádivas ni promesas de cargos y repartos, con una movilización espontánea  que ha dado nuevo protagonismo a las clases medias. Con apoyo significativo en los medios de comunicación y uso intensivo de las nuevas tecnologías comunicativas, incorporando y reanimando a una enorme masa de jóvenes, adultos y hasta ancianos.

Sacudimiento político

            Al potenciarse en las dimensiones sin precedentes del escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht y en las denuncias internacionales, la MV ha producido un sacudimiento político, dejando a la defensiva al gobierno del presidente Danilo Medina cuando apenas comenzaba segundo período gubernamental. También ha desestabilizado a su Partido de la Liberación Dominicana, cuyos máximos organismos no han podido liberarse del estigma de la corrupción ni formular efectivos planteamientos de defensa, socavados por intensas luchas en aras del predominio grupal.

La incredulidad general afecta las gestiones de un Ministerio Público que ha evadido la investigación local de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de Odebrecht, y elaboró una instancia de imputaciones saturada de inconsistencias que ha tenido fuertes repercusiones al interior del partido gobernante por la selectividad de los imputados. Con el extremo de no reclamar a la empresa que entregue toda la información que comprometió en el pacto de impunidad con la Procuraduría General hace tres meses.

El presidente Medina respondió el miércoles durante media hora los reclamos de un sacerdote de Santiago sobre su política de gastos, pero ha persistido en guardar silencio ante los cientos de miles que durante 6 meses han marchado en todas las regiones del país exigiéndole acciones concretas contra la corrupción y para poner fin a la impunidad. Su estrategia sigue siendo dejar que el tiempo diluya la indignación social, con una táctica de ataques verbales de su enorme, pero ahora ineficiente  aparato propagandístico.

Lucha de largo aliento

En el muy diverso liderazgo de la MV se expresa conciencia de que para alcanzar los objetivos de sanciones de la corrupción y poner fin a la impunidad se requerirá mantener la presión por mucho tiempo más. Están discutiendo las acciones que pondrán en práctica tras las movilizaciones masivas, entre ellas una consulta nacional, además de una asamblea de más del centenar de organizaciones y grupos sociales que la conforman.

En lo inmediato proseguirán las marchas a nivel provincial y barrial y contemplan pequeñas acciones para mantener la mística y ampliar la participación popular que viene en crecimiento desde las marchas de Azua, San Pedro de Macorís y en la nacional de Santo Domingo. Las primeras fueron una expresión dominante de las clases medias.

También existe la preocupación de dar una estructura mínima más definida al movimiento, tanto a nivel nacional como local, pero sin afectar su amplia horizontalidad y diversidad. La administración de esa pluralidad y el consenso han descansado en la experiencia de los activistas y entidades que llevaron luchas exitosas como la del 4 por ciento del PIB para la educación  y la preservación de Los Haitíses y Loma Miranda.

La MV ha comenzado por exigir al Procurador General que reclame a Odebrecht el cumplimiento del acuerdo de impunidad o le ponga fin. Insistiría en su planteamiento inicial de una investigación independiente de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales. Incluirían el reclamo a la Procuraduría de que investigue la denuncia sobre las transferencias de 4.4 millones de dólares de Odebrecht a la empresa CineArt 2013 creada en Santo Domingo por los hijos de Joao Santana y Mónica Moura.

Mantener la ponderación

Una clave fundamental de supervivencia para la MV es mantener la ponderación en cada acción, evadiendo proponer metas inalcanzables que dejan frustraciones, sin sobreestimar sus fuerzas ni subestimar las del gobierno, evadiendo el aventurerismo que caracterizó en el pasado a grupos de izquierda y el sobre entusiasmo de nuevos actores sin experiencia en las luchas políticas y sociales.

No faltan quienes se inclinan al maniqueísmo puritano y al rechazo de los partidos y grupos políticos, varios de los cuales han contribuido al éxito del movimiento, incluyendo al principal de la oposición, el Revolucionario Moderno, a Alianza País, Opción Democrática, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y persistentes agrupamientos de la vieja izquierda. Además de  segmentos del Partido Reformista Social Cristiano y hasta de la Fuerza Nacional Progresista.

Esa enorme diversidad conforma un abanico ideológico difícil de sostener sin metas generales unificadoras como la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso mismo la mayoría de sus líderes rechazan la posibilidad de transformar  el movimiento en una opción partidaria, que por ahora disolvería la MV, y que sólo pudiera tener alguna viabilidad al acercarse la próxima contienda electoral, a más de dos años y medio, si para entonces los actuales partidos han sido incapaces de asumir los retos ciudadanos, incluyendo conformar  una coalición con metas específicas contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con relevante participación social.

Con poder constituyente

Si la estrategia del gobierno es dejar que el tiempo y la diversidad reduzcan la Marcha Verde, la de esta podría ser evitar a toda costa su desgarramiento y seguir acumulando poder prosiguiendo la importante gestación de nuevos líderes sociales por todo el país, relevantemente en las clases medias y sectores empresariales, con capacidad para presionar cambios en el liderazgo político.

Si el PLD y su Gobierno no responden las demandas, y parece difícil que puedan hacerlo, aunque no faltan en su seno quienes crean que deben plantearse algunas transformaciones, la MV tendría que mantener la presión y obligar respuestas de la oposición política, incluso cosechando un poder constituyente que transforme la acción partidista y rescate valores democráticos, institucionales y socioeconómicos.

La esencia y consistencia de la marcha no le permite competir con los partidos sin reducirse, y por su diversidad tampoco podría adoptar un programa de amplios objetivos, pero sí ampliar su discurso a todo lo que se relaciones con la corrupción y la impunidad, relevantemente las reformas del sistema político, desde la ley de partidos hasta la del régimen electoral, bajo la convicción de que hay que abaratar el costo de la política para reducir la corrupción y rescatar mecanismos institucionales que proscriban la impunidad.

Tanto los líderes sociales como los políticos que marchan tienen que reconocerse mutuamente si quieren traducir el movimiento en poder constituyente, sin pretender una revolución, pero espantando todos los repartos clientelares y rentistas, los barrilitos y cofrecitos, la malversación, el derroche y la improvisación oportunista. Como concluyó esta semana el artículo “Marcha Verde y Liderazgo”, del excelente activista social Domingo Matías, “un movimiento social se crea para ganar poder social, transformarlo en poder político y no en un partido político”.  Los partidos sobran en el país, en todo el espectro.-

Una ayudita al Procurador General

Por Juan Bolívar Díaz
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Ahora que la jueza Miriam Germán ha dejado en la nada el endeble expediente de impunidad con que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas por los confesados sobornos de Odebrecht. Después que la marcha del Movimiento Verde el domingo 16 evidenció el fracaso de todas las maniobras de mareo para distraer la atención sobre el mayúsculo escándalo de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento electoral. Y ahora que vino al país una misión del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el interés de coordinar acciones con el Ministerio Público para el rastreo y localización del dinero generado por la corrupción y el narcotráfico, los dominicanos hartos de la impunidad estamos en el deber de ofrecer la más amplia colaboración.

Esa ayuda es urgente porque sabemos que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez,  además del caso Odebrecht, tiene múltiples investigaciones pendientes, como la de los aviones Tucano, los 52 expedientes que le presentó el CODIA de extorsión en la Oisoe, la sobrevaluación de casi 100% en la remodelación del hospital Darío Contreras, venta a precio vil del barrio Los Tres Brazos, la trágica muerte de los comentaristas radiofónicos de San P. de Macorís, víctimas del mafioso tráfico de terrenos estatales y el  traspaso a la empresa Lujan de los terrenos estatales donde opera el vertedero de Duquesa.

Hay que ayudar a Jean Alain, aunque se crea que él teme encontrarse con las pruebas de la  corrupción de Odebrecht en este país que fue considerado  seguro para establecer su Departamento de Operaciones Estructuradas, tras el acoso judicial en Brasil, y aunque no hayan investigado las denuncias de sobrevaluaciones.

Y aunque él no ha hecho el menor caso a la denuncia presentada el 2 de mayo pasado por el Centro Social Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos para que investigue el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, precisando transferencia de 4 millones 396 mil 796 dólares de Odebrecht, entre 2013-14, a la empresa CINE&ART2013, constituida en esta capital, he aquí algunos detalles adicionales que podrían ayudarle:

CINE&ART2013, SRL fue constituida el 18 de junio del 2013, con capital de 100 mil pesos dominicanos, a partes iguales por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayle Axe de Souza Santana. Pero 5 meses después, el primero traspasa sus acciones, por sus mismos 50 mil pesos, al también brasileño Daniel Moura Marques Requiáo. Este a su vez las traspasaría el 29 de septiembre de 2015, siempre por la misma suma, a su hermana Alice Moura Requiáo. El  Registro Mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el No.100084SD, para “producción de cine, realización y producción de cine publicitario y todo tipo de actividades audiovisuales para cine, televisión y medios electrónicos”.

Si los apellidos Santana y Moura no le dicen nada al Procurador, puede tomar nota de que el domicilio social declarado originalmente por  CINE&ART fue Helios 102, Bella Vista, “coincidente”  con el de la empresa Polis Caribe de Joao Santana y Mónica Moura. Después la trasladaron al domicilio de sus propietarios Ayle Santana y Alice Moura, en la calle Itzamana No.3, Los Cacicazgos.

En la denuncia de las 4 entidades sociales se especifican 16 transferencias por los 4.3 millones de dólares de 4 empresas constituidas por Odebrech en Perú  a una quinta Isagón SAC, la cual a través del Credicorp Bank de Panamá las remitió a la cuenta de CINE& ART en un reputado banco de Santo Domingo.

Como a Jean Alain no le gustan los allanamientos en busca de documentos, que ya no encontrará en el domicilio de los Santana-Moura, seguro que con la Superintendencia de Bancos, podría determinar el destino de esa suma, que a la tasa actual sobrepasaría 208 millones de pesos. También puede rastrear los pagos del Estado a CINE&ART, uno de ellos del Ministerio de Educación por 16 millones 198 mil pesos en noviembre del 2014.

Por si lo ignora Jean Alain conviene precisarle que los Santana Moura fueron los  asesores electorales del licenciado Danilo Medina para los comicios del 2012 y para su reelección en el 2016, hasta su arresto por la justicia de Brasil en febrero de ese año.-

Tendrán que salvar otra vez el Plan de Regularización de Extranjeros

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque se escamotea la información y persisten las manipulaciones, informes indican que apenas 7,834, el 3 por ciento de los que recibieron el estatus provisional, han podido completar la exigente planilla de requisitos, por lo que desconocer esa realidad implicaría dar por fracasado un esfuerzo que ha tenido aplauso nacional e internacional.

La implacable realidad. Aunque se ha pretendido ocultarla, la realidad es que apenas 7,834 inmigrantes de múltiples nacionalidades han podido completar la exigente planilla de requisitos para acogerse a la regularización, equivalentes al 3 por ciento de los 230 mil 065 que hace dos años fueron autorizados provisionalmente a permanecer y trabajar en el país. Otros 20 mil 176 no se han presentado a recibir la constancia correspondiente, que probablemente fueron de las decenas de miles que regresaron a Haití tras cumplirse el plazo en julio del 2015.

Contrario a lo que todavía muchos pregonan, no ha sido la falta de documento de identidad el problema fundamental, pues sólo 20 mil 365, de los 288 mil 467 que originalmente solicitaron regularizarse, no presentaron pasaporte, cédula de identidad o acta de nacimiento, como estableció el decreto que dispuso el plan. Fueron el 53 por ciento de los 38 mil 226 que fueron descartados desde el comienzo, muchos por no haber podido acreditar la fecha de ingreso al país.

Del total de los solicitantes, provenientes de 116 países, el 97.7 por ciento son de nacionalidad haitiana, el 36 por ciento lo hizo con acta de nacimiento, 33 por ciento con pasaporte, el 24 por ciento con carné o cédula nacional de identidad, y el restante 7 por ciento no pudo presentar un documento de identidad personal.

Demasiados requisitos. Desde el principio se advirtió que el PNRE era excesivamente exigente para una población de inmigrantes muy pobres, que incluía aspectos socio-económicos como cuentas bancarias, propiedad de muebles e inmuebles y de automóviles, contratos de alquileres, además de los básicos como documento de identidad, arraigo en el país, certificado de buena conducta, contrato de trabajo y constancia de residencia. Y hasta las compras de electrodomésticos o contratos de teléfono deben ser autenticados por notarios públicos, todo lo cual eleva los costos a niveles impagables por la mayoría de los haitianos.

Abogados que participaron en los procesos por cuenta de grandes empresas que procuraron regularizar sus trabajadores agrícolas, testimoniaron que cada caso salía por entre 15 y 20 mil pesos, sin contar las extorsiones a que eran sometidos los más indefensos. Con el agravante de que las gestiones implicaban entre 10 y 15 visitas a los centros de registro, con los consiguientes costos de transporte y de ausencia laboral.

Así como ha habido empresas interesadas en regularizar sus empleados extranjeros, la mayoría de los empleadores agrícolas, de la construcción y domésticos, evaden darle certificaciones de empleo, muchos por temor a que luego les exijan prestaciones laborales o pago de la seguridad social. A eso contribuye la condición inestable de esos trabajadores y su empleo temporal por estaciones de cultivo y cosechas agrícolas.

Pequeños y medianos productores agrícolas aducen que ellos no pueden dar un certificado sin garantía de que el jornalero no se vaya a otro lugar o labor. La renuncia afecta a haitianos en el trabajo doméstico, guardianes, jardineros, porteros de edificios, fincas y residencias. Alta proporción tampoco ha conseguido que dominicanos les firmen constancia de arraigo.

Sin real alternativa. Las autoridades no tienen alternativa realista a una nueva prórroga de la provisionalidad, a menos que quieran proclamar el fracaso de un programa de regularización en el que dicen haber invertido más de dos mil millones de pesos, con aportes internacionales, para un objetivo planteado desde 1990 en el decreto 417 del presidente Balaguer, que lo dispuso por primera vez. La segunda quedó patente en la Ley 215 de Migración, promulgada por el presidente Mejía en el 2004. El objetivo fue rescatado por la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en septiembre del 2013.

Fue en vísperas de concluir el plazo para solicitar la regularización que las autoridades concibieron las autorizaciones provisionales, al comprobar que apenas 2 por ciento cumplía todos los requisitos. Se anunció que se darían permisos por dos años a los que se acreditaron con pasaporte y por un año a los de actas de nacimiento o cédula.

Como no se emitieron todas las autorizaciones al mismo tiempo, tampoco vencen juntas, los primeros 140 mil entre este julio y diciembre, y el resto en el 2018. Pero de hecho, los 230 mil autorizados provisionalmente serían apenas la mitad de los 458 mil haitianos que, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012 habían llegado al país, que para el 2015 podrían haber superado los 550 mil, por el incremento de esos años.

Los esfuerzos por regularizar esos 230 mil, deberían permitir la repatriación de unos 300 mil, y de hecho las autoridades han dado cuenta de que entre 40 y 50 mil se fueron por propia voluntad al finalizar la regularización, y otros tantos fueron deportados progresivamente.

Tendría un costo muy alto. Debe asumirse que de no renovarse las autorizaciones provisionales, casi todos los inmigrantes haitianos estarían condenados a la deportación, con un costo inmenso para las relaciones bilaterales en la isla, y a nivel internacional para un país que a su vez tiene más de millón y medio de sus nativos en el exterior. Marchitaría aún más la imagen de la República Dominicana en el mundo, afectada severamente desde la sentencia 168-13, que dispuso la desnacionalización de los descendientes de haitianos nacidos en el país.

Pero sobre todo, habría que contemplar si la producción agropecuaria y la construcción, pública y privada, y las labores domésticas pueden mantenerse sin la barata mano de obra haitiana. A no ser que de golpe la población dominicana decida asumir las tareas más duras dejadas por décadas a los vecinos. En cualquier caso, elevaría los costos de producción y reduciría la ya pobre capacidad competitiva de los productores nacionales.

Solo el entusiasmo de los grupos que explotan el ultra nacionalismo promoviendo la confrontación en la isla, puede creer que el país puede prescindir de la inmigración haitiana después de un siglo. Incentivaría el tráfico de ida y vuelta por la frontera, con el que personeros de ambos lados han hecho fortuna durante décadas. Aunque debe quedar consignado que, con evidente hipocresía, muchos de los explotadores de la mano de obra haitiana guardan silencio y hasta se suman a los prejuicios históricos, sociales y hasta raciales.-

Sigue pendiente un pacto político para restablecer la credibilidad

ELECCION JULa elección del Tribunal Electoral y 4 jueces de la Suprema Corte debería ser el primer paso del presidente Medina para un pacto político que incluya las reformas electorales y el combate a la corrupción para responder la indignación ciudadana

                                               Por Juan Bolívar Díaz     

Con absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de dar un paso trascendental para recuperar confianza y convocar a un pacto político que incluya las reformas electorales e institucionales para combatir la corrupción y la impunidad y satisfacer las demandas de la ciudadanía.

Ya ni el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escapa del desconcierto y la confrontación que marcan una crisis política y aumenta allí la consciencia de la necesidad de enmendar el desorden institucional para intentar restablecer la confianza en las instituciones y evadir el peligro de desestabilización económica y social.

Reconocer la realidad

Lo primero que se impone al liderazgo político nacional, especialmente a los gobernantes, es reconocer que hay una creciente indignación nacional por los niveles de corrupción e impunidad, que repercuten en la inseguridad ciudadana y la pérdida de confianza en las instituciones, manifestada en el Movimiento Verde que ha sacudido muchos años de indiferencia y permisividad.

Más allá de la prepotencia política se debe reconocer que la insatisfacción ya no es sólo privativa de las clases medias, y que los sectores populares se van incorporando a la movilización, que abarca al liderazgo religioso y amplios segmentos empresariales, muchos de ellos expresando preocupación de que la creciente insatisfacción derive en desestabilización económico-social. La potencialidad de la protesta ciudadana ha determinado que sectores conservadores expresen temores de que pueda descarrilarse.

No pueden ignorar los alcances del mensaje emitido el 7 de julio por la Conferencia del Episcopado Dominicano, al término de su 55 asamblea plenaria, donde se expresa satisfacción porque “cada vez más la ciudadanía se empodere y tome parte más activa en la lucha contra la corrupción”. Coincidieron con el movimiento popular en reclamar esfuerzos por institucionalizar la justicia para sancionar la corrupción y proscribir la impunidad.

Ya antes la mayoría de los obispos, incluyendo al metropolitano de Santo Domingo, se había manifestado en la misma dirección en los últimos seis meses cuando el Movimiento Verde ha tomado las calles por todo el país. Lo mismo ha hecho el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y otros agrupamientos religiosos y empresariales.

El descrédito de la PGR

Si el gobierno alentó esperanzas de que la instancia de imputación presentada contra 14 personas por la Procuraduría General de la República (PGR) aplacaría la indignación, debería reconocer que en la opinión pública ha tenido un nuevo tropiezo, y que por donde quiera se huele el tufo de impunidad que ha rodeado la investigación en el país del escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras públicas y financiamiento de campañas electorales por la constructora brasileña Odebrecht.

Esta semana, mientras en Perú caía preso un expresidente y en Brasil otro era condenado por corrupción, aquí hubieron de ser excarcelados casi todos los imputados, y los solos razonamientos de la jueza de mayor crédito en el país, Miriam Germán, dejó en el mayor descrédito la investigación de la PGR, desplazando de la atención pública el voto de los otros cuatro integrantes de la Cámara de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia.

En el descrédito quedó también el montaje mediático que acompañó los apresamientos bajo imputaciones que en su mayoría no resisten el análisis de ningún juez, con cuestionamientos a la negligente investigación nacional, dependiendo de generalidades registradas por la justicia brasileña. En la opinión pública independiente existe la convicción de que se ha vuelto al comienzo del escándalo que ya pasó de medio año y en la necesidad de reclamar a Odebrecht que entregue toda la información a que se comprometió en el “acuerdo de impunidad” que firmó con la PGR.

Repercusiones en el PLD

El escándalo de Odebrecht ha desestabilizado el PLD, cuyos organismos no han podido emitir un documento formalizando posición sobre la crisis, porque el encono se anida entre sus dirigentes, incluso más allá de la ya vieja confrontación entre sus líderes Danilo Medina y Leonel Fernández por el control de la poderosa maquinaria política. Tras las imputaciones el Comité Político no ha podido sesionar.

La crisis ha sido reconocida públicamente  por dirigentes de sectores vinculados al expresidente Fernández, y a los imputados que, como Temístocles Montás y Radhamés Segura han visto afectadas sus aspiraciones a la candidatura presidencial del 2020. Hasta funcionarios gubernamentales reconocen discretamente que la crisis ha impactado seriamente el partido morado.

Fernando Fernández, un miembro del Comité Central que hasta el año pasado fue director de Aduanas y cercano colaborador del presidente Medina, expresó en un twiter y lo reiteró ayer en Uno+Uno, que los intentos continuistas del mandatario “han convertido en desechables hasta a los miembros del Comité Político”, tres de ellos imputados en lo que otros señalan “como chivos expiatorios de un financiamiento político de Odebrecht del que ni el presidente escapó”. Por eso algunos convienen en que si no es posible imputar a todos los responsables, lo menos que puede esperarse es una catarsis colectiva del liderazgo del PLD y de los otros partidos, que se traduzca en un serio compromiso de reformas políticas e institucionales.

La elección de jueces

El CNM ya está a días de escoger los nuevos titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y 4 de renovación en la Suprema Corte de Justicia, por lo que la circunstancia parece propicia para dar pasos a la concertación política. El presidente Medina, con la gran mayoría de los ocho votos del organismo, tiene la posibilidad de imponer una renovación o ratificar el secuestro político del Tribunal Electoral, ejecutado por su antecesor Leonel Fernández.

Las expectativas son de que, como ocurrió a fines del año pasado con la Junta Central Electoral, Medina acatará las señales coyunturales y desechará la tentación de ratificar los actuales incondicionales, o de escoger otros también signados por la parcialidad y el compromiso partidista, dando paso a algún nivel de consenso.

En las actuales circunstancias no es posible desconocer el clamor nacional que propugna por jueces independientes y probos, del que es portador  no sólo el Movimiento Verde, sino también el bloque de partidos opositores, la misma Conferencia del Episcopado, el empresariado y los más diversos sectores sociales, así como los editoriales de los periódicos y los espacios de opinión no comprometidos con el gobierno.

Pero como eso solo no revocará el descontento nacional ni satisfará el clamor ciudadano, el presidente Medina debería marcar esa elección como un comienzo y hacerse protagonista de la necesidad de una ley de partidos y una ley del Régimen Electoral que abaraten el costo de la política, cierren la amplia avenida de la corrupción y el abuso de los poderes estatales, que renueve la democracia interna y garantice elecciones equitativas. Nada perdería él mandatario personalmente y podría ganar espacio para otros respiros y pactos que, como el fiscal, son imprescindibles ya a corto plazo para la estabilidad económico-social.

Avances en concertación

Aunque todavía tímidamente, en la Comisión Bicameral que ha abordado la concertación del proyecto de Ley de Partidos se han producido importantes avances, acordando  mecanismos para hacer prevalecer la democracia interna en los partidos, rendir cuentas del financiamiento público y hacer más transparente, con algunas limitaciones, las contribuciones privadas. También se ha logrado consenso en limitar el tiempo de las campañas internas por las candidaturas, restringiéndolas a actividades bajo techo y casa por casa, así como en la creación de un departamento en la Junta Central Electoral para fiscalizar las finanzas de los partidos.

Pero la comisión, con amplia participación partidaria y consultas a la sociedad civil, no podrá alcanzar el objetivo de aprobar la ley en la actual legislatura, a la que restan apenas ocho días laborables. Aún no logran consenso sobre asuntos nodales como los topes de gasto en las campañas internas, el padrón a utilizarse  para las elecciones de candidatos y y si serán simultáneas en todos los partidos. Ya acordaron que las organizaría la JCE, lo que podría ser muy difícil por el cómputo al mismo tiempo de los votos de precandidatos de los cuatro partidos  mayoritarios, que a razón de hasta 3 por cada uno de los 4 mil 66 cargos electivos, implicaría casi 50 mil. El cómputo de las elecciones del 2016 concluyó cuatro semanas después, con un solo candidato por partido.

El consenso tampoco se ha podido alcanzar sobre la equidad de género en las candidaturas, que se ha demandado elevar siquiera del 33 al 40 por ciento y extenderla a los cargos directivos de los partidos. Y mucho más esfuerzos de consensos  demandará la exigente y más compleja Ley del Régimen Electoral que pauta la competencia por el control del Estado.-

¿Dónde fueron a parar los US$62 millones de Odebrecht del 2012-15?

 

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El informe de la Comisión Presidencial sobre las plantas de carbón de Catalina deja constancias de irregularidades, pero sin sobrevaluación ni sobornos, remitiendo entonces al financiamiento de campañas electorales o a pedir perdón por calumnias  

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el informe de la Comisión Presidencial (CP) sobre la licitación y contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina deja constancia de múltiples irregularidades y formula importantes recomendaciones, le tira la toalla que esperaba el gobierno para librarse de las denuncias de sobornos y sobrevaluaciones.

Ya con las plantas incontaminadas, hay que remitirse al tercer renglón de las  operaciones encubiertas de Odebrecht, el financiamiento de campañas electorales, a no ser que la misma empresa se auto calumniara e incriminara con su confesión de que transfirió  al país 62.2 millones de dólares entre el 2012 y enero del 2015, pagando enorme multa.

¿Y los cuartos dónde están?

La recordación del popularizado eslogan bancario de los años 70 ¿y los cuartos dónde están? cobra vigencia y congela las sonrisas de celebración de funcionarios y voceros gubernamentales por el informe de la CP que concluye en que no hubo  sobrevaluación ni sobornos en la licitación y contratación de las plantas eléctricas.

Esas conclusiones remiten al tercer renglón de las operaciones encubiertas confesadas por Odebrech en 12 países, relevantemente en República Dominicana, el financiamiento de campañas electorales como mecanismo para conseguir contrataciones por miles de millones de dólares, aquí unos 6 mil.

Una de las pocas cosas que documenta con detalles la instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) que imputa a 14 personas por los sobornos de Odebrecht, son las transferencias de cinco cuentas bancarias offshore de la constructora a dos de su agente Angel Rondón, por 83,2 millones de dólares entre el 2007 y 2015, pero 62.2 millones de dólares (75 %),  entre enero del 2012 y enero del 2015, justo el período en que se optó por esas plantas, se licitaron y contrataron, según la PGR por 2010 millones de dólares, además de dos carreteras por 286,6 millones de dólares,

Se justifica preguntar dónde se fueron tantos millones, y especialmente los 33.8 millones de dólares transferidos en el 2014,a no ser que Odebrecht se auto incriminara y aceptara una multa por 2 mil 600 millones de dólares por sus prácticas mafiosas, y que toda la trama que se le atribuye sea una fantasía, al menos en este país de las maravillas,

Catalina no tiene imputado

La CP relata (puntos 58-59) que pidió a la PGR confirmar la inclusión de las plantas entre las obras que según su instancia de imputación “fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos”. La respuesta fue que de ninguno de los documentos suministrados por Brasil se infiere que se pagaran sobornos para su  adjudicación ni contratación. Pero refiere la nota la nota de prensa con que intentó subsanar la inclusión, según la cual “un empleado de la Odebrecht” habría dicho que un senador y un diputado fueron sobornados “para la aprobación del financiamiento por el Congreso Nacional”.

Pero resulta que la instancia oficial de la PGR no cita ese testimonio específico, ni imputa a ningún legislador por ese delito. Los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Ruddy González son, de los imputados, los que estaban en el Congreso en el tiempo de Catalina (2010-16). Los otros dos, los dirigentes del opositor PRM Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, no estaban en ese período legislativo pero, en cambio, sí aparecen imputados por proyectos específicos anteriores, la aprobación del Acueducto Línea Noroeste, y las presas de Pinalito y Palomino.

Por eso llama la atención que a los peledeístas Valentín y Galán y al aliado perredeista González, no se les especifique implicación en el financiamiento de Catalina, que involucraba 2 mil millones de dólares. Vale recordar  que en el 2015 cuando el bloque de los diputados perredeístas y la mayoría leonelista en ambas cámaras decidieron apoyar la reforma constitucional para la reelección del presidente  Danilo Medina, Ruddy González y Tommy Galán fueron señalados por varios colegas como los gestores del generoso apoyo.

Los dos magos del ritmo

            Como en el 2014, cuando se aprobó el financiamiento de las plantas, con el Banco de Desarrollo del Brasil y un pool de bancos europeos por unos 1,400 millones de dólares, las transferencias de Odebrecht fueron por 33.8 millones de dólares, el senador y el diputado no identificados por la PGR debieron haber recibido una buena parte para poder “convencer” a 32 senadores del partido gobernante y a dos tercios de los 190 diputados de financiar una obra que era la “joya de la corona” de su mismo gobierno. Se les reputaría como los nuevos magos del ritmo, que habrían creado el lodazal sobre el cual dijo haber saltado el secretario general del PLD y presidente del Senado Reinaldo Pared.

Una nueva mirada más profunda a la instancia de la PGR no avala su tardía afirmación de que en las plantas el soborno fue sólo para el financiamiento, y es que a Galán sólo le documentan un incremento patrimonial de12.3 millones, pero de pesos, entre 2006-16. A Valentín le señalan 34.5 millones de pesos, incluyendo los 29 millones que aportó su segunda esposa, y a González apenas un apartamento de 5 millones de pesos.

En esos tres casos, como en la gran mayoría de los 14 imputados, ls PGR no ha aportado hasta ahora una sola prueba contundente que los condene ante un tribunal de verdad. Y no es porque no hubiera dinero, corrieron 62 millones 290 mil 800 dólares, entre el 2012 y enero del 2015, cuando fue la última transferencia de Odebrecht a Rondón, “el hombre del maletín”, según la misma instancia de la PGR. A 47.50 por dólar, eso totaliza 2,958 millones 813 mil pesos. Demasiado dinero para los dos legisladores anónimos.

Condecoren a Odebrecht        

Al paso que va el proceso, nadie deberá sorprenderse que dentro de un año todo haya quedado en la impunidad, especialmente si baja la presión social por sanciones de la corrupción. Y el país hasta le deberá una condecoración a Odebrecht, porque aquí no hubo complicidad con su entramado de sobrevaluaciones, (que aún no ha investigado la Contraloría General ni la Cámara de Cuentas) ni de los sobornos confesados por 92 millones de dólares, y menos de financiamiento electoral, aunque sus expertos asesores Joao Santana y Mónica Moura despachaban directamente con el presidente Medina.

Por de pronto, Medina consiguió que su Comisión dijera que no encontró sobrevaluación ni indicios de sobornos en su obra cumbre, saturada de irregularidades y sospechas desde que él deshizo la licitación que había iniciado su antecesor, tan pronto ascendió al poder en el 2012, un mes después de haber viajado a Brasil, donde se reunió con ejecutivos de Odebrecht y la presidenta Dilma Rousseff, quien dijo públicamente que lo ayudarían a resolver el problema energético del país.

La misma CP quedó con escaso crédito desde que el mandatario puso a presidirla a monseñor Agripino Núñez, hasta entonces miembro del consejo directivo de la empresa nacional asociada a Odebrecht en la contratación que investigaría, así como a César Sánchez, exadminsitrador de la CDEEE, que terminaría imputado por soborno, y al economista consultor del gobierno Jaime Aristy.

Constan irregularidades

Los más independientes de la CP habrían hecho esfuerzos al menos por dejar constancias de irregularidades, incluyendo recomendaciones como mejorar la ley de contrataciones, y advirtiendo que el Estado no debe aceptar costos adicionales a lo contratado, que se debe establecer la responsabilidad en el retraso de la construcción,  lo que implica pérdidas mensuales de US$25 millones (que ya sumarían 300 millones) que deberían reclamar en compensación. También que ya han estado pagando sobre un exceso de US$245 millones, porque los hitos se establecen en base al precio original de 2,040.7 millones, en vez de los US$1,945 millones finalmente contratados, a los que debe descontarse 150 millones avanzados en el 2014.

El informe de la CP se empeña en consignar irregularidades en todo el proceso de licitación, desde haber construido sobre terrenos privados, dos decretos de declaración de emergencia, injustificados, al extenderse por tres años, la violación de la ley de contrataciones en la integración de un comité de licitaciones dependiente de la gerencia contratante, y haber auspiciado que la consultora Stanley virtualmente sustituyera al Comité de Licitación, con un papel excesivamente protagónico, misma que luego pasaría a ser contratada para dar seguimiento técnico a la obra.

Consigna los esfuerzos de en aras del interés público de los economistas Isidoro Santana y Ramón Flores, quienes aunque eran asesores de la Presidencia de la República, renuncian al Comité de Licitación cuando les niegan acceso a la evaluación técnica que otorga la obra a Odebrecht, y señalaron su sospecha de que se buscaba favorecerla, y que todo lo que les dieron por evaluación técnica cupo en una sola hoja de power point.

Señalan que se negó dar oportunidad a más de un ofertante, tras la evaluación técnica, cuando lucía legítimo al interés nacional, aduciendo que no estaba en las bases de convocatoria, pero fabricaron un “competidor virtual” tampoco previsto, resultando una planta en Estados Unidos a precio similar a las Catalina. Pero esta era encarecida por el valor del terreno, de los salarios, del transporte, e impuestos aquí exonerados.-

La corrupción se lleva por año entre $30 mil y 51 mil millones

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El Gobierno se esfuerza en contener la marcha contra la impunidad

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Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno desplegó esta semana lo que pareció una ofensiva para distanciarse de la corrupción que se le endilga y responder el clamor nacional contra la impunidad, al reanudar las investigaciones sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano por 93.7 millones de dólares y sobre las irregularidades en la venta del barrio Los Tres Brazos.

La Procuraduría General también presentó querella contra algunos de los involucrados en la mafia extorsionadora que provocó el suicidio de un contratista en plena Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), mientras la Dirección General de Contrataciones Públicas anunciaba la anulación de licitaciones en dos organismos estatales.

Abandona la pasividad. El Gobierno no se ha detenido tras las imputaciones a 14 personas por el escándalo de sobornos de la Odebrecht y esta semana lanzó una ofensiva procurando distanciarse de la pasividad y la impunidad con que había visto pasar numerosos actos de corrupción que han rebosado la paciencia ciudadana.

El éxito de la última marcha verde, efectuada hace dos semanas en San Pedro de Macorís, demostró que hace falta mucho más para contener la indignación ciudadana, por lo que se ha pasado a dilucidar varios de los casos acumulados en el rosario de corrupción nacional.
Ninguno más parecido al de Odebrecht que los sobornos por la compra de los 8 aviones Súper Tucano, también en Brasil, a un costo de 93.7 millones de dólares, por igual confesados ante la justicia estadounidense por la empresa Embraer, que habría pagado coimas de 205 millones de dólares, 3.5 millones en la República Dominicana, y el resto en Arabia Saudita y Mozambique.

Otros dos escándalos, enrostrados sistemáticamente al Gobierno del presidente Danilo Medina, fueron reactivados por la Justicia en esta semana: el de la mafia extorsionadora que operaba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el de la venta de los terrenos del barrio Los tres Brazos, en Santo Domingo Este, pertenecientes a la otrora poderosa Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

Ningún caso completado. Ninguno de los tres casos abordados esta semana por la Procuraduría General de la República ha podido culminar en imputaciones satisfactorias y más bien ha parecido que se juega al olvido.

El revuelo de las denuncias de sobrevaluaciones y sobornos para la compra y aprobación del contrato de los Tucano comenzó desde que se planteó la adquisición cerrada en el 2008.

En mayo de 2016 el diario Wall Street Journal ofreció los detalles del soborno a militares y legisladores por los 3.5 millones de dólares. Desde febrero de 2016 la Procuraduría General asumió la investigación robustecida con la confesión de la Embraer en octubre.

Hasta el momento el Ministerio Público solo ha imputado al exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio y al coronel Carlos Piccini Núñez, así como al empresario Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández.

Ningún legislador ni político ha sido imputado, aunque desde el principio se vocean nombres y apellidos, en una compra por 94 millones de dólares, cuyo financiamiento fue denunciado en el Congreso Nacional antes de su aprobación.

Como en el caso Odebrecht, la percepción generalizada es que en los Tucano no solo hubo sobornos, sino también sobrevaluación, comparando los precios a que otros países, como Colombia, habían pagado el mismo tipo de aeronave.

Otra similitud es que en este también ha habido selectividad en las imputaciones, pues han resultado ilesos los ejecutivos de otras dos empresas identificadas como las mayores correas de las transferencias al país del dinero, teniendo en común apellidos tan sonoros como Balaguer y Rojas Tabar. Con nuevos interrogatorios, la Procuraduría General de la República procuraría completar un expediente creíble. Hasta ahora solo el coronel Piccini Núñez está preso y es señalado como un “chivito expiatorio”.

Expedientes en OISOE. Tres de los escándalos de corrupción del actual Gobierno han sido los que afectaron a la OISOE, la CORDE y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Los dos primeros fueron de los abordados esta semana. El de la OISOE es el más avanzado, ya que el lunes la Procuraduría Especializada para Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó acusación formal ante juez contra cuatro involucrados.
Aquí también se denuncia selectividad, pues se atribuye a cuatro funcionarios medios la operación de una red de extorsiones para contrataciones y pagos de obras, que hizo explosión en septiembre de 2015 con el suicidio en plenas oficinas de la OISOE del contratista David Rodríguez, quien dejó una nota acusatoria.

Luego el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) presentó otros 52 expedientes sujetos a la misma extorsión. Muy pocos han aceptado que no hubiese al menos complicidad en los mandos superiores de la institución.

La PGR tiene otro expediente pendiente de la OISOE, bajo la misma administración, por haber casi duplicado el costo de la remodelación del hospital Darío Contreras, originalmente contratada por 886 millones de pesos y que concluyó en 2014 en 1,700 millones de pesos.

La enorme sobrevaluación fue certificada en una auditoría de la Cámara de Cuentas, revalorada por la Dirección General de Contrataciones Públicas que remitió el expediente a la PGR hace año y medio.

Las sobrevaluaciones de hasta 100 por ciento han sido sistemáticas en la OISOE, señalándose los casos de los parqueos del Palacio de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la administración del ahora senador Félix Bautista.

Los casos más difíciles. Para responder los cuestionamientos que han generado la indignación de la Marcha Verde, la PGR tiene todavía mucho terreno por cubrir, especialmente en las investigaciones de las denuncias de sobrevaluaciones. Comenzando mayo el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, presentaron una denuncia para que se investigue el financiamiento de campañas electorales por Odebrecht.

El documento se basó en las revelaciones de los interrogatorios en Brasil y recogió la ruta de la operación Lava Jato hasta la República Dominicana, documentando transferencias por 4 millones 396 mil dólares de empresas offshore de Odebrecht a la firma Cine&Art 2013 establecida en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, el asesor de las campañas electorales de Danilo Medina. Hasta el momento no ha habido respuesta.

Pero a la PGR no le ha interesado investigar las denuncias de financiamientos de campañas. En mayo del 2015 un grupo de 17 diputados del Partido Revolucionario Moderno depositó una instancia para que los interrogaran sobre la voceada compra de votos para la reforma constitucional que permitiría la reelección de Medina.

Luego en marzo de 2016 el mismo partido sometió otra denuncia para que investigaran las relaciones de la empresa de Joao Santana Polis Caribe con el Estado. Silencio en ambos casos.

Errores y omisiones de la Procuraduría en el manejo del escándalo Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
PAISES EN SOBRECARGO

La dependencia de los papeles de Brasil ha sido casi total en el rol de la Procuraduría General de la República (PGR) para sancionar los sobornos, sobrevaluaciones de obras, estimadas sobre US$1,200 millones, financiamientos electorales y abuso del territorio nacional por Odebrecht para la mayor operación de corrupción transnacional.

Desaprovechó el generoso pacto con la empresa transgresora sin reclamar el interrogatorio de sus ejecutivos que operaron en el país para documentar las implicaciones, quedando a expensas de generalidades fácilmente destructibles por la defensa y con una instancia de poco peso documental y errores garrafales.
Datos generales en Brasil. Los más optimistas se aferran a la esperanza de que en los 8 meses que tiene de plazo, la PGR encuentre suficientes pruebas documentales o testimonios concretos para que jueces de la Suprema Corte de Justicia puedan condenar a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht en el país, muy escasos en la instancia con que solicitó su privación de libertad.

Los pesimistas y desconfiados, que parecen mayoría, creen que la instancia es lo más que pudieron lograr las autoridades judiciales y políticas para tratar de contener el clamor nacional e internacional por el fin de la impunidad sin mayores complicaciones políticas, aún al interior del Gobierno. Se quedaron en generalidades y acusaciones indirectas, sin afirmaciones categóricas ni montos, y apenas sobre los sobornos que habrían mediado para la contratación de 17 obras por casi 6 mil millones de dólares en el período 2001-14.
El Ministerio Público dominicano no ha reclamado interrogar en Brasil a los ejecutivos de la Odebrecht que operaron en el país, como lo hizo el de Perú, que el 16 de mayo pasado interrogó en Curitiba al presidente del consorcio Marcelo Odebrecht buscando detalles sobre financiamientos políticos que involucran a tres expresidentes.

El interrogatorio a los ejecutivos Marcos Vasconcelos, Ernesto Sa Viera y Luis da Rocha, que aparecen refiriendo que Angel Rondón habría sobornado a varios funcionarios y legisladores dominicanos, sería fundamental para obtener precisiones. Por igual a los ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Migliaccio, Hilberto Alves da Silva y Eduardo Soares, que han testimoniado financiamiento de campañas electorales dominicanas a través de Joao Santana.

A expensas del exterior. La realidad es que durante meses la PGR pareció depender del “listado de sobornados” que le entregaría la Justicia brasileña, y eso no ha ocurrido, porque era imposible que allá pidieran los detalles de montos, sistemas de pagos, fechas o intermediarios de las implicaciones en los 12 países que incluyó el escándalo de sobrevaluaciones de obras públicas, mediante el soborno y el financiamiento electoral.
El pacto firmado con Odebrecht establecía la obligación de sus ejecutivos de entregar toda la información y documentación de sus delitos, en un plazo de 60 días luego reducido a 30, pero eso no ha ocurrido ni parece que se le esté exigiendo, ya que la PGR aduce ahora que lo comprometido era lo confesado ante la Justicia brasileña.

A presiones internacionales se atribuye el que las autoridades hayan procedido a imputar a 14 personas, repartiendo responsabilidades políticas y a que lo hicieran aparatosamente, filtrando implicados y avisando fechas y horas para dar “una demostración de firmeza” y de paso distraer la atención de quienes reclaman el fin de la impunidad. Espectáculo fue también el traslado de la mayoría de los imputados en un autobús turístico de amplios ventanales, y en horario avisado que permitió concentración de testigos.

Lo peor fue el aparataje que acompañó los arrestos, tratándose de personas con responsabilidades públicas que habían accedido a responder ante las autoridades investigativas y manifestaban disposición a los procedimientos judiciales, varios encausados con indicios tan débiles que no resistirían un habeas corpus.

Estiman sobrevaluaciones. Fue un grupo periodístico peruano de investigaciones que develó hace meses la ruta del Lava Jato en República Dominicana, identificando un entramado de empresas, que mediante 16 transferencias aportaron 4 millones 396 mil dólares a la firma CineArt 2013, creada en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, que se cree estaban destinados a financiamiento político, entre octubre de 2013 y julio de 2014.

Esta semana el consorcio internacional de investigación periodística Convoca Investiga Lava Jato, publicó una evaluación de más de 50 obras construidas por Odebrecht en siete países, estimando que tuvieron costos adicionales a lo originalmente contratado por más de 6 mil millones de dólares, en muchos casos investigados como sobrevaluaciones. El mayor volumen ocurrió en Perú con 1,932 millones de dólares, seguido por Panamá con 1,778 millones y República Dominicana 1,217 millones de dólares.
Convoca, entre cuyos socios está el importante diario Folha, de Sao Paulo, identifica a

Leonel Fernández como el presidente que más contratos otorgó a Odebrecht, con 12, seguido del difunto mandatario venezolano Hugo Chávez y el panameño Ricardo Martinelli ambos con 11. Este último fue detenido esta semana en Miami requerido por las autoridades judiciales de Panamá.

Justo en Venezuela, República Dominicana y Panamá fue donde Odebrecht confesó los mayores montos pagados en sobornos, por 98 millones de dólares, 92 y 59 millones respectivamente. Ejecutivos de la constructora han dicho que el patrón de sobrevaluaciones era el 22 por ciento. Los 1,217 millones que Convoca atribuye a las sobrevaluaciones de las 17 obras en el país equivalen al 20.4 por ciento. Los estimados son fruto del análisis de una base de datos compartida por 20 periodistas de siete países. Sus resultados se pueden comprobar en la dirección electrónica “investigalavajato.convoca.pe”

Errores inconcebibles. Hay que leer detenidamente las 326 páginas de la instancia acusatoria de la PGR para detectar múltiples errores de diversa magnitud, algunos tan sonados como el haber convertido en 100 millones de pesos dos depósitos por 500 mil pesos cada uno en una cuenta del imputado Roberto Rodríguez. La “aclaración” después, ridiculizada por la defensa fue que se trató de un “error mecanográfico”, aunque figura en dos cuadros, en números y letras, y se argumenta sobre su magnitud.

Los redactores llegan al extremo de confundir revaluaciones de propiedades inmobiliarias de una declaración jurada a otra con intento de ocultar su patrimonio, cuando en esos casos fue de actualizar su valor siempre elevándolos, con lo que les suben el “enriquecimiento ilícito”. Le atribuyen a dos legisladores 7 y 8 automóviles de lujo, registrados en la DGII, como no declarados, ignorando la práctica generalizada de vender exoneraciones, que durante años permanecen a nombre del beneficiario.

Es significativo que la hija de Angel Rondón, Angelina Rondón Marte, 37 años, no esté imputada, aunque se le identifica como accionista de sus empresas receptoras de dinero de Odebrecht y se especifica que recibió depósitos bancarios por 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares, totalizando más de 1,170 millones de pesos. Esta suma supera el patrimonio que la misma instancia atribuye a 12 de los imputados, exceptuando a Rondón y Díaz Rúa. Tampoco fue imputado el primo, Kelly Rondón, gerente administrativo de Conamsa, que recibió 23 millones de dólares de Odebrecht. Se le atribuye haber colocado más de 50 millones de pesos en cuentas bancarias, entre 2007 y 2017.

Mientras a César Sánchez le imputan haber elevado su patrimonio en 7 millones de pesos en cuatro años, a Tommy Galán por 12 millones en seis años como senador, a Temístocles Montás en 35 millones de pesos, tras 17 años de ministro. A Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos parece que no les encontraron patrimonio. Y abundan los datos falsos en muchas imputaciones, incluyendo las de Andrés Bautista, cuyo abogado, Carlos Salcedo, destrozó en la audiencia, como la de atribuirle aprobaciones congresuales cuando ya no estaba en el Senado. Y muchos dislates más que no caben en este espacio.

Sin efectos los sobornos 2012-15 y el financiamiento de campañas

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque evadiendo explicar los sobornos de Odebrecht en el período 2012-15 y los  testimonios sobre financiamiento de campañas electorales, el gobierno de Medina intenta matar tres pájaros de un tiro: la Marcha Verde, el leonelismo y, el PRM

           La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido selectiva en dar crédito a los expedientes de la justicia brasileña sobre los sobornos de Odebrecht en el país en el período 2002-12,  para dictar 14 órdenes de prisión, pero ignora los del 2012-15, aunque en este se realizaron las dos terceras partes de las transferencias en dólares.

Se trataría de una gran manipulación política para matar tres pájaros de un solo tiro, lo primero sería contener la ola de indignación nacional manifiesta en la Marcha Verde, y las presiones internacionales, liquidar la competencia interna del leonelismo, y desacreditar y dejar a la defensiva  al principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM)

Una tremenda dicotomía

            Ha llamado la atención el aparataje con que el gobierno procedió al encarcelamiento de diez de los 14 imputados por la recepción de los sobornos confesados por la Odebrecht para obtener contratos de obras en la República Dominicana por 92 millones de dólares y la radicalidad de mantenerlos en prisión en su mayoría sin pruebas sostenibles, y casi todos por contrataciones en los períodos gubernamentales de Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

Para imputar a seis exfuncionarios y legisladores del período de Mejía (2000-04) y a otros tantos del doble de Fernández (2004-12), la PGR se fundamentó en interrogatorios a ejecutivos de la constructora realizados por la justicia de Brasil, aunque en la generalidad de los casos sólo hay referencias y presunciones de que recibieron sobornos a través del representante de Odebrecht Angel Rondón. En ningún caso se indica suma específica.

La PGR sostiene que hubo sobornos en la contratación de 17 obras, identificadas con sus respectivos montos, desde la primera, el  Acueducto de la Línea Noroeste por 161.7 millones de dólares, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, por 2010. 7 millones de dólares, la mayor inversión del  gobierno del presidente Danilo Medina.

Tras el impacto generado por la inclusión de las plantas de carbón de Medina, la PGR emitió un comunicado indicando que en esta obra los sobornos no se produjeron en su licitación y contratación, sino en la aprobación de su financiamiento por el Congreso Nacional, apelando al testimonio atribuido a “un empleado de Odebrecht”, según el cual un senador y un diputado habrían recibido las coimas, pero ahorrándose identificarlos.

2/3 en período de Danilo

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que desde que comenzaron a ser señalados los presuntos sobornados, es la ausencia de los funcionarios y dirigentes del Congreso involucrados en las obras realizadas en el período de gobierno del actual jefe del Ministerio Público, lo que se agravó al conocerse el texto de la misma instancia de la PGR.

El documento da cuenta de 101 transferencias de 5 empresas offshore de Odebrecht, a 2 empresas, todas identificadas, de Angel Rondón, imputado como el sobornador, por un monto de 81 millones 279 mil dólares, entre el 2007 y 2015, de los cuales 53 millones 859 mil, las dos terceras partes, ingresaron entre el 16 de agosto del 2012 y el 13 de enero de, 2015, es decir en los primeros 29 meses del gobierno de Medina y los otros 27.4 millones de dólares fueron transferidos en los 8 años seguidos de gobierno de Leonel Fernández,  a un promedio de 285 mil dólares mensuales, mientras en el meses de Medina el promedio alcanzó a 1 millón 859 mil dólares, es decir 6.5 veces mayor.

Visto por años, la bolsa de sobornos creció enorme y ascendentemente en el período 2011-14. En 2011 fue de 10.2 millones de dólares, 11.4 en el 12,  para elevarse a 15.8 en el 13, y duplicarse a 31.8 millones de dólares en el 2014. La última transferencia fue de 1.1 millón, en enero del 2015, cuando ya la caían presos en Brasil los jefes de Odebrecht.

Catalina o el lodazal

Si las millonarias transferencias a Rondón, es la base que sustenta las acusaciones de sobornos en el país, resulta difícil entender que salgan limpias las obras y los ejecutivos del actual gobierno que. según la PGR, totalizan 2 mil 297.3 millones de dólares, el 38.5% de la inversión en los 17 contratos. Sobre todo cuando uno solo de ellos, el de las plantas de Punta Catalina, está valorado en 2040 millones de dólares. En el período hay otros dos contratos para obras viales por 287 millones de dólares. Hay curiosidad por saber el destino de los 31.8 millones de dólares transferidos por Odebrech en el 2014 de las Catalina.

Después de conocida su instancia, donde consta que en todos los contratos hubo sobornos, la PGR precisó en un comunicado que en Catalina no se hizo en la licitación y ejecución -sujetas a la investigación de una comisión ahora herida por la imputación de uno de sus miembros-, sino en la aprobación congresual del financiamiento, basándose en que “un empleado de Odebrecht” atribuyó soborno a un senador y un diputado. Como el financiamiento entró por el Senado, como casi todos los proyectos de Odebrecht, habría que concluir que uno solo de los 32 senadores, entonces 30 del partido gobernante y dos aliados, logró convencerlos a todos, y lo mismo habría hecho el diputado, pero éste fue un mago mayor, porque hubo de convencer a más de un centenar de diputados.

Es resaltante que la PGR no identificara a esos dos magos del ritmo, que serían los responsables del lodazal al que aludió el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, afirmando que él no se enlodó, aunque ha conducido la inmensa mayoría de las aprobaciones senatoriales de las contrataciones de Odebrecht, “bajando línea” a sus copartidarios. Si todo es cierto, habría que convenir en que el gobierno y los líderes del PLD viven no sobre un lodazal, sino sobre un inmenso pantano, porque con 30 de 32 senadores no podían  aprobar su más importante obra sin los sobornos extranjeros.

Contraste con el PRM

Tampoco se enlodaron otros que, como Cristina Lizardo y Abel Martínez, . presidieron aprobaciones en ambas cámaras legislativas, casi siempre declaradas de urgencia, sin estudios de comisión y sin dar tiempo a que los legisladores leyeran legajos de hasta 2 mil páginas como el de Catalina, puesto que ninguno de ellos están imputados.

Los del antiguo PRD, del período de Hipólito Mejía, 2000-04 no tuvieron igual suerte, ya que el entonces presidente del senado, Andrés Bautista, resultó imputado hasta por contratos que se aprobaron después que salió del cargo, entre las múltiples incoherencias y dislates de la instancia de la PGR, como la de mostrar enriquecimiento ilícito del imputado Roberto Rodríguez, por dos depósitos bancarios de 500 mil pesos, presentados como de 50 millones de pesos cada uno, lo que no fue un error mecanográfico, como se ha dicho luego, ya que se argumentó y hasta se consignó una fecha falsa.

También fue imputado el presidente de la Cámara de Diputados de ese período, Alfredo Pacheco, que como Bautista es ahora dirigente del principal partido de oposición el PRM.  Es significativo que en ese cuatrienio, donde se aprobaron sólo dos proyectos de Odebrecht por el 5 por ciento del total de las contrataciones y sólo ejecutaron el primero, encontraron 6 funcionarios y legisladores sobornados, la misma cantidad que en los períodos del PLD que contrataron el 95 por ciento. Y aunque las transferencias de Odebretch sacadas por la PGR de las confesiones en Brasil comenzaron en el 2007.

Danilo a la ofensiva

            Es obvio que con las imputaciones y las coerciones dispuestas por el juez de instrucción Francisco Ortega, no ha ganado sólo la PGR, sino especialmente el gobierno a quien se debe administrativa y políticamente el procurador Jean Alain Rodríguez. El presidente Danilo Medina pasó a la ofensiva, tras casi seis meses a la defensiva.

Todo el aparataje de los apresamientos, la repartición de culpas con imputaciones pobremente fundamentadas, como desnudaron los abogados defensores, sacrificando hasta al ministro Temístocles Montás, uno de los mayores arquitectos del PLD, tiene como objetivos contener la Marcha Verde, distraer las crecientes presiones internacionales por la evasión, atribuir las responsabilidades a la oposición interna del leonelismo, y a la externa del PRM, como advirtió el exsubsecretario de Estado de EU Roger Noriega en el Miami Herald, para tratar de  revocar el deterioro de la legitimidad y popularidad y abrir espacio al continuismo. De paso quedan fuera de balance dos de los precandidatos del PLD en el 2012, Montás y Radhamés Segura.

Ls crónicas cuentan que el presidente Medina siguió por televisión el espectáculo de los apresamientos y que en los días de las audiencias judiciales las ctividades del Palacio Nacional lucían detenidas. Mientras tanto, para nada se exige que la ODEBRECHT entregue la cacareada lista de sobornados que justificó el acuerdo que libera de cargos a sus ejecutivos y le permite seguir construyendo en el país, por encima de la ley, lo que constituye otro fraude y un pacto de mutuas consideraciones. Entre enero y mayo la Constructora recibió más de 12 mil millones de pesos por las obras que ejecuta. Aunque se admitió que las plantas de Catalina siguen con problemas del financiamiento internacional.

Por demás el espectáculo desvía la atención de otros tres aspectos fundamentales del escándalo Odebrecht, sobre los cuales hay abundantes y válidos testimonio, como las sobrevaluaciones de las obras, el financiamiento de campañas electorales y el uso del país como plataforma final del más grande entramado de corrupción internacional.-

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TRANSFERENCIAS DE 5 EMPRESAS DE ODEBRECHT A 2 DE ANGEL RONDÓN

              (EN DOLARES, 2007-2015)

Año———–monto———porcentaje    

2007 —– $1,213,900 —— 1.49%

2008—– $ 3,467,400——-4.26%

2009——$4,431,900——- 5.46%

2010——$1,653,300——- 2.03%

2011—- $10,222,500——12.58%

2012—- $11,460,900——14.10%

2013—- $15,845,400——19.50%

2014—-$ 31,839,400——39.17%

2015—-$   1,145,100——  1.41%

TOTAL$81,279,800—– 100.00%

Elaborado con informaciones de La Instancia de la Procuraduría General

               

Ni están todos los que son ni son todos los que están

Por Juan Bolívar Díaz

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FUENTE: Elaborado en base a los detalles de la instacia incriminatoria de la Procuraduría General de la República

Le falta mucho al expediente de la Procuraduría sobre el escándalo de Odebrecht para que pueda contener la impunidad,  con un tufo político cargado hacia la oposición mientras evade el financiamiento electoral y el lodazal reconocidos por Temístocles y Reinaldo Pared

El expediente con que la Procuraduría General de la República imputa a 14 personas es un intento por repartir responsabilidades y contener la indignación por el escándalo Odebrecht cargando el dado a la oposición política que aprobó sólo dos de los 17 contratos, apenas el 5% de la inversión, aunque reconoce que hubo sobornos en todos los casos.

En la mayoría de las imputaciones se presume enriquecimiento ilícito de poca monta derivado de las declaraciones juradas de bienes, pero sin aportar testimonios ni pruebas de que recibieron sobornos, resaltando la documentación incriminatoria de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa, y sin el menor esfuerzo por dilucidar el financiamiento de campañas electorales.

Muy pocas sorpresas

El expediente, que  pudo haber sido hecho en enero cuando ya la mayoría de los imputados eran se;alados en los ámbitos gubernamentales, donde argumentaban que sería caótico procesar a todos los sobornados por Odebrecht, no presenta la prometida lista con nombres y montos. Las mayores sorpresas fueron las inclusiones del ministro Temístocles Montás y del experto en energía Bernardo Castellanos. Todos los demás estaban destinados al sacrificio, antes de que se conociera ningún documento de las investigaciones en Brasil. Mencionaban también al secretario general del PRM, Jesús Vásquez, pero parece suficiente que incluyeran a su presidente Andrés Bautista y al secretario general del DN Alfredo Pacheco, y a otros cuatro vinculados. Como también se voceó, dejaron sin imputar a una hija de Rondón y al yerno de Díaz Rúa, aunque ambos aparecen con cargos específicos en el extenso documento de 336 páginas.

Más allá de Angel Rondón, a quien Odebrecht identificó desde enero como distribuidor de los 92 millones de dólares de sobornos en el país, y de Víctor Díaz Rúa, quien firmó la mayoría de los contratos, sólo Temístocles Montás es identificado como receptor de dinero de Odebrecht para financiamiento político, y facilitador de aprobaciones congresuales, lo que contradice su imagen de peledeista ortodoxos, frugal y de poca acumulación de bienes.

Montás reconoce que recibió contribuciones de Rondón, para campañas electorales del PLD, pero no como contrapartida, pues no negocio, ni firmó ni aprobó proyectos ni su financiamiento, señalando a los que sí lo hicieron. De sus declaraciones juradas de bienes se le resalta un incremento de 4.9 a 39.9 millones de pesos, entre el 2004  y 2016. La PGR sólo  le  atribuye el salario inicial de 75 mil pesos, ignorando que desde 2010 subió a 300 mil, y que recibía otros  262 mil mensuales como miembro del Consejo del INDOTEL.

Angel  Rondón y Díaz Rúa

Las imputaciones más documentadas son las de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Al primero se le documenta como el gran sobornador, que recibió 81.2 millones de dólares de cinco firmas de Odebrecht, a sus empresas Loshan y Conamsa entre el 2007-15, con la movilización bancaria de 844.2 millones de pesos y 80.6 millones de dólares, entre  2007-17. Ya en enero aceptó haber recibido 92 millones de dólares, pero aduce  que como pago de comisiones por representación de la constructora. Le atribuyen 40 empresas. A su hija Angelina Rondón, la señalan como accionista de sus empresas y receptora de 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares entre 2007-14. Pero ella no es imputada, como tampoco el primo Kelly M. Rondón, implicado como  gerente administrativo de Conamsa.

El expediente es abundante sobre Díaz Rúa, firmante de la mayoría de los contratos con Odebrecht, por 2 mil 370.8 millones de dólares, como director de INAPA y Ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Leonel Fernández. De sus declaraciones de bienes le resaltan un incremento de 63.5 millones de pesos en el 2004, a 153 en el 2006 y a 414 millones de pesos en el 2008. El exrepresentante de la empresa brasileña en el país, Marcos Vasconcelos, le imputa sobornos  de 6.6 y 3.2 millones de dólares, y de haber cobrado comisiones de 1.25% de valores contratados, en asociación con su abogado Conrado Pittaluga, imputado  por la PGR.  También le atribuyen haber logrado la aprobación irregular, de urgencia, de contratos y adendas de los mismos. Su  yerno, Leonardo Guzmán Font, aparece como asesor financiero de Pittaluga y comisario de cuentas y receptor de pagos por 400 mil dólares, pero no es imputado.

Sin sobornos específicos

            A la mayoría de los imputados no se les señalan sobornos específicos, pero sí les presumen enriquecimiento ilícito partiendo de sus declaraciones juradas de bienes, algunas incompletas y violatorias de la ley. Entre los más comprometidos aparecen Radhamés Segura, administrador de la CDEE (2004-09) en el gobierno de Fernández, y el director de Inapa en el  de Hipólito Mejía, y luego legislador  Roberto Rodríguez, firmante y ejecutor de la mayor parte del primer contrato con Odebrecht, el del Acueducto del Noroeste. Le documentan dos depósitos de 50 millones de pesos cada uno en una cuenta bancaria en días sucesivos de abril del 2006 y de haber elevado su patrimonio de 17 millones de pesos en 2006, a 65 millones en 2016.

A Segura se le responsabiliza de haber elevado en 187 millones de dólares el costo de la hidroeléctrica de Pinalito, que contratada por 131 millones, terminaría en 361 millones de dólares, tras múltiples adendas. También de irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica Palomino en el 2005, por 225 millones de dólares que concluiría en 592.8 millones de dólares. Con incremento patrimonial de 28.2 a 73 millones de pesos del 2004-08.

A Andrés Bautista, presidente del Senado 2001-06 le presume enriquecimiento ilícito por haber adquirido inmuebles por 43.6 millones de pesos entre el 1995 y 2008. Lo relacionan sin aportar pruebas con la aprobación de la presa de Pinalito en el gobierno de Mejía y los financiamientos de Palomino en el de Fernández. Le señalan participación accionaria en 12 empresas, sin especificar montos.

Al senador Tommy galán le atribuyen enriquecimiento ilícito, con incremento patrimonial de 10.8 millones a 49.9 millones de pesos entre 2006-16 y no haber declarado acciones en 5 empresas, en tres con menos del 5%.Al senador Julio César Valentín incremento de patrimonio de 10.8 millones a 49.9 (2006/16) Le documentan en la DGII 8 vehículos de lujo, aunque sólo incluye uno en su declaración jurada. Al diputado  Alfredo Pacheco, quien presidió la cámara por dos a;os le registran un incremento patrimonial de 5.1 a 30 millones de pesos entre 2006-16 y le imputan no haber declarados dos solares valorados en 43 millones de pesos.

La hediondez política

El tufo político del expediente de la PGR queda de manifiesto cuando se advierte que la mitad de los imputados son del antiguo PRD, 6 del ahora PRM, cuando ese partido gobernó del 2000-04, período en que se firmaron y aprobaron sólo 2 de los 17 proyectos, por un monto de 293.4 millones de dólares, apenas el 5% del total. En cuadro anexo, como otros dos elaborado en base al expediente de la PGR, Pinalito aparece con valor de 361.2 millones de dólares, aunque lo aprobado por los perredeistas fue 131.7. Tocó al gobierno de Fernández ejecutarla por completo.

Los imputados del gobierno de Mejía  eran 8, incluyendo al director de la empresa estatal de generación hidroeléctrica Rafael Suero Miliano, excluido después de aparecer en la  orden judicial de arresto del 26 de mayo. El experto energético Bernardo Castellanos, un persistente crítico de las plantas de Medina, aparece acusado de recibir soborno sin especificación, por su aval técnico a la presa de Pinalito, innecesario, porque esta tenía avales técnicos de estudios financiados por Japón y Estados Unidos.

La hediondez política aumenta al comprobarse en el mismo expediente que las transferencias de la Odebrecht a Rondón comenzaron en el 2007 con 1.2 millones de dólares, 3.4 en el 2008  y 4.4 en 2009. Los peledeistas controlan el gobierno desde el 2004 y por completo el Congreso desde el 2006, pero sólo tienen 5 imputados, gracias a lo que dijo su secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared de que “crucé por el lodazal y no me enlodé”. Pero en el lodazal fue que cogieron velocidad las transferencias de Odebrecht para sobornos, que en el 2011 subieron a 10.2 millones de dólares, a  11.4 en el 12, a 15.8 en el 13, y hasta 31.8 millones de dólares en el 2014, para apagarse en 1.1 en el 2015, cuando ya la justicia brasileña había desnudado el escándalo.

Se puede advertir que las transferencias alcanzaron casi tres años del gobierno del presidente Medina, y el período de contratación de sus plantas de carbón por 2 mil 40 millones de dólares. Aunque el expediente indica que todas las obras “fueron adjudicadas u otorgadas mediante sobornos”, luego la propia PGR ha precisado que en las plantas de carbón fue sólo en la aprobación. Tal vez crean que volvieron a ser los opositores o los leonelistas.

Camino a la impunidad

            Si en algo es acertado el expediente de la PGR es en haber documentado la corrupción de Odebrecht en sus transferencias a Rondón, pero tal como se advirtió, la justicia de Brasil no tenía la distribución detallada de los sobornos, lo que deberían aportar los ejecutivos de la constructora en el país, de acuerdo al pacto de impunidad que se les concedió y que les permite seguir operando aquí. Pero la PGR parece haber olvidado ese compromiso.

La mayoría de los 14 imputados podrían quedar libres si no se aportan indicios o pruebas mayores que el incremento de patrimonios que no llegan a un millón de dólares, en años, y que podrían ser justificados con ingresos no ponderados, como ya ha indicado Temístocles Montás, o de actividades como las agropecuarias de Andrés Bautista. Tal vez podrían ser condenados por falsedad en las declaraciones juradas, las que miles de funcionarios no han hecho.

La desconfianza en las instituciones determina que la opinión prevaleciente rechace la temeraria opinión del Procurador Jean Alain Rodríguez, de que los sobornados “están todos los que son y son todos los que están”. Pero el espectáculo ha sido montado con el objetivo de reducir la indignación nacional.-