Abaratar el alto costo de la política y promover equidad y democracia

 
A1Los líderes políticos, sobre todos los gobernantes, siguen bailoteando las reformas electorales, cuyos objetivos fundamentales hace un cuarto de siglo  que fueron identificados, y hasta objeto de repetidos consensos e introducciones al Congreso    

Por Juan Bolívar Díaz

A pesar de múltiples esfuerzos una comisión bicameral, que parece bien empeñada, fracasó en su propósito de aprobar el proyecto de Ley de Partidos antes que concluyera la primera legislatura del 2017, lo que mantiene incertidumbres sobre el del Régimen Electoral, mucho más extenso y conflictivo.

Las cúpulas partidarias, especialmente la gobernante, siguen evadiendo las reformas del sistema político y electoral, aún con la presión de la indignación popular que demanda el fin de la corrupción y la impunidad, para lo cual será necesaria una profunda reforma política e institucional.

Se quedó la Ley de Partidos

De nuevo concluyó una legislatura sin que se aprobara el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y ya nadie sabe cuántas han pasado desde la primera vez que fue sometido al Congreso en el 2001, aunque esta vez contó con el apoyo diligente del presidente de la comisión bicameral que busca consensuarlo, el senador Arístides Victoria.

La comisión, integrada por representantes de los diversos bloques partidarios, se había propuesto aprobar el proyecto de Ley de Partidos en la legislatura que concluyó el 26 de julio. Después de haber logrado consenso en 74 de los 77 artículos del proyecto, quedaron empantanados en los referentes a las elecciones primarias, el tope de financiamiento y gastos y la participación de la mujer en las candidaturas y los cargos directivos de los partidos.

Para no dejar dudas sobre dónde radican los obstáculos, aún después de concluida la legislatura, los comisionados se han dedicado a visitar a los líderes de los partidos buscando que bajen instrucciones, diligencia que ya hicieron con el gobernante PLD, con el Reformista Social Cristiano y con el bloque de partidos emergentes Tienen pendiente ser recibidos por el presidente Danilo Medina, el PRM y al PRD.

Primarias simultáneas o no

Uno de los desacuerdos más pregonados durante años ha sido en torno a si las elecciones primarias, para escoger candidatos, se realizan simultáneamente y con el padrón nacional de la Junta Central Electoral (JCE) o con el padrón partidario y en la fecha que escoja  cada   partido. Hay quienes creen que ese  desacuerdo oculta la renuncia de las cúpulas a establecer un orden democrático que reduciría su poder casi omnímodo.

La diferencia podría haber sido salvada dejando a opción de cada partido el sistema a adoptar, con la condición de que si es con el padrón propio, éste tenga que ser depositado ante  la JCE siquiera con 3 meses de anticipación. Según adelantó Victoria, la mayoría de los partidos prefieren la elección primaria simultánea, con el padrón de la JCE y que esta cargue con la organización y procesamiento de las votaciones, lo que pudiera en devenir en fuente de conflictos, pues tendrían que escrutar al mismo tiempo los votos recibidos por miles de precandidatos a los cargos, que en la municipal serán unos 3,800 por partido.

Más  renuencia parece haber sobre el establecimiento de topes de gastos por candidaturas, como mecanismo para reducir el poder del dinero, a menudo de origen corrupto estatal o de lavado privado, en las posibilidades de elección.

La demanda de legisladoras porque se imponga la paridad de género en las candidaturas y la dirección de los partidos es la otra fuente de discordia. Parece exagerada si se tiene en cuenta que nunca se ha cumplido a cabalidad la cuota de candidaturas de la mujer, ni cuando era del 25 por ciento y menos al subirse al 33 por ciento. La transacción podría ser elevarla  al 40 por ciento, promoviendo la equidad sin imponer una igualdad que no existe en la actividad política,. y extendiéndola por primera vez a los cargos directivos.

Del Régimen Electoral     

            Más difícil será el abordaje del proyecto de ley del Régimen Electoral, más extenso y conflictivo, pues ya no se trataría de regular los procesos electorales de dirigentes y candidatos, y garantizar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos, sino la competencia por el poder del Estado.

El proyecto de la JCE para la Ley de Partidos recoge gran parte de las demandas que han sido objeto de numerosos consensos desde el patrocinado por la Fundación Siglo 21 en 1992-93, y aún así lleva unos 17 años dando vuelta en el Congreso. El del Régimen Electoral presentado por el mismo organismo, data del 2011 y es más limitado, por lo cual ha recibido múltiples adiciones de los partidos y de las instituciones de la sociedad civil interesadas en la materia, como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y otras.

Este segundo proyecto, que sería abordado por la comisión bicameral cuando alcance consenso sobre el primero, implicará una mayor voluntad del liderazgo político por privilegiar el interés nacional, sobre el partidario, siendo mayor el desafío para el PLD que ahora controla casi todo el poder estatal, como nunca antes en la todavía incipiente democracia nacional. El PRD tuvo mayoría relativa en la Cámara de Diputados y absoluta en el Senado en el período 1998-06, pero no hizo esfuerzos suficientes por la ley de Partidos y menos para las reformas político-electorales integrales.

Con la presión adicional de la Marcha Verde todo el sistema político está desafiado a reformas que contribuyan a cerrar el camino de la corrupción y la impunidad, que comienza en las campañas electorales e incluye el rentismo empresarial y el clientelismo popular, los abusos de los poderes del Estado y la utilización de dinero proveniente del Estado y del lavado de activos, incluyendo el narcotráfico.

Bajar el costo a la política

            El primer objetivo de la ley del Régimen Electoral debería ser la rebaja del altísimo costo de la política en el país, que debe comenzar con la estricta reducción de las campañas internas y generales a no más de tres meses, con sanciones al que se adelante a realizar actividades de propaganda o abierta promoción de candidaturas, topes de gastos para los partidos, precandidatos o candidatos, con límites y transparencia de los aportes privados y estricta rendición de cuentas, especialmente del financiamiento estatal. Incluye también restringir las campañas a la jurisdicción de la candidatura, nacional, provincial o municipal.

Otro renglón fundamental es la restricción al abuso de los poderes del Estado, comenzando por prohibir absolutamente los desbordamientos del gasto público y el incremento del gasto social en los años de elecciones, así como de la nómina estatal, incluyendo las contrataciones temporales, y de la publicidad estatal, que siempre debe limitarse a lo institucional, educativo y legal. Se agrega la prohibición de inauguraciones y anuncios de nuevas obras en el período de campaña electoral, y la licencia automática de todo funcionario del Estado que se convierta en candidato o responsable de campañas electorales.

Al bajar el costo de la política se promueve la equidad entre los partidos con grandes recursos y los emergentes, y se facilita que  personas honorables, sin patrocinios de la corrupción estatal, del rentismo empresarial o el lavado de activos, puedan competir por los cargos electivos, saneando la actividad política y la gestión pública.

Reafirmar la democracia

            La reforma que se ha reclamado durante un cuarto de siglo es para reafirmar la institucionalidad democrática, que comienza por la elección de las autoridades y los representantes, garantizando que se pueda votar separados por diputados y senador y por regidores y alcalde. Implica más equitativa distribución del financiamiento estatal, y sanción de los delitos electorales, como la compra de votos, el despojo o alquiler de cédulas, y la coerción a los empleados estatales y a los ciudadanos más vulnerables.

Conlleva también la profesionalización de los órganos de gerencia y arbitraje electoral, creando mecanismos para control del financiamiento y persecución de los delitos electorales, con sanciones suficientemente disuasorias como cancelación de candidaturas o congelación del financiamiento público.

La JCE debe ser convertida en un real organismo colegiado, que no sea exclusivo de los abogados, puesto que ya no es un tribunal, y de concertación con los partidos que compiten. Y el Tribunal Superior Electoral debería ser un órgano adscrito a la carrera judicial, sin reparto ni apropiación partidista.-

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Principales objetivos de las reformas electorales

*Abaratar el costo de la política dominicana

* Reducir los altos niveles de rentismo y clientelismo

* Transparentar el financiamiento y obligar a rendir cuentas

* Rescatar el sistema político de la descomposición

* Controlar los abusos del poder y los recursos estatales

* Garantizar la democracia interna en los partidos

* Sistematizar la equidad entre los partidos y candidatos

* Promover equidad de género en la dirección y las candidaturas

* Ampliar el derecho ciudadano a elegir diputados y regidores sin arrastre

* Garantizar independencia de la gerencia y el arbitraje electoral

* Prevenir los delitos electorales y sancionarlos con fuerza disuasoria

* Ampliar la representación de las minorías en los comicios

* Dotar a la JCE de instrumentos eficaces para fiscalizar los partidos

* Viabilizar la participación social en la fiscalización de los partidos

* Mayor equidad en la distribución del financiamiento estatal

Sigue pendiente un pacto político para restablecer la credibilidad

ELECCION JULa elección del Tribunal Electoral y 4 jueces de la Suprema Corte debería ser el primer paso del presidente Medina para un pacto político que incluya las reformas electorales y el combate a la corrupción para responder la indignación ciudadana

                                               Por Juan Bolívar Díaz     

Con absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de dar un paso trascendental para recuperar confianza y convocar a un pacto político que incluya las reformas electorales e institucionales para combatir la corrupción y la impunidad y satisfacer las demandas de la ciudadanía.

Ya ni el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escapa del desconcierto y la confrontación que marcan una crisis política y aumenta allí la consciencia de la necesidad de enmendar el desorden institucional para intentar restablecer la confianza en las instituciones y evadir el peligro de desestabilización económica y social.

Reconocer la realidad

Lo primero que se impone al liderazgo político nacional, especialmente a los gobernantes, es reconocer que hay una creciente indignación nacional por los niveles de corrupción e impunidad, que repercuten en la inseguridad ciudadana y la pérdida de confianza en las instituciones, manifestada en el Movimiento Verde que ha sacudido muchos años de indiferencia y permisividad.

Más allá de la prepotencia política se debe reconocer que la insatisfacción ya no es sólo privativa de las clases medias, y que los sectores populares se van incorporando a la movilización, que abarca al liderazgo religioso y amplios segmentos empresariales, muchos de ellos expresando preocupación de que la creciente insatisfacción derive en desestabilización económico-social. La potencialidad de la protesta ciudadana ha determinado que sectores conservadores expresen temores de que pueda descarrilarse.

No pueden ignorar los alcances del mensaje emitido el 7 de julio por la Conferencia del Episcopado Dominicano, al término de su 55 asamblea plenaria, donde se expresa satisfacción porque “cada vez más la ciudadanía se empodere y tome parte más activa en la lucha contra la corrupción”. Coincidieron con el movimiento popular en reclamar esfuerzos por institucionalizar la justicia para sancionar la corrupción y proscribir la impunidad.

Ya antes la mayoría de los obispos, incluyendo al metropolitano de Santo Domingo, se había manifestado en la misma dirección en los últimos seis meses cuando el Movimiento Verde ha tomado las calles por todo el país. Lo mismo ha hecho el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y otros agrupamientos religiosos y empresariales.

El descrédito de la PGR

Si el gobierno alentó esperanzas de que la instancia de imputación presentada contra 14 personas por la Procuraduría General de la República (PGR) aplacaría la indignación, debería reconocer que en la opinión pública ha tenido un nuevo tropiezo, y que por donde quiera se huele el tufo de impunidad que ha rodeado la investigación en el país del escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras públicas y financiamiento de campañas electorales por la constructora brasileña Odebrecht.

Esta semana, mientras en Perú caía preso un expresidente y en Brasil otro era condenado por corrupción, aquí hubieron de ser excarcelados casi todos los imputados, y los solos razonamientos de la jueza de mayor crédito en el país, Miriam Germán, dejó en el mayor descrédito la investigación de la PGR, desplazando de la atención pública el voto de los otros cuatro integrantes de la Cámara de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia.

En el descrédito quedó también el montaje mediático que acompañó los apresamientos bajo imputaciones que en su mayoría no resisten el análisis de ningún juez, con cuestionamientos a la negligente investigación nacional, dependiendo de generalidades registradas por la justicia brasileña. En la opinión pública independiente existe la convicción de que se ha vuelto al comienzo del escándalo que ya pasó de medio año y en la necesidad de reclamar a Odebrecht que entregue toda la información a que se comprometió en el “acuerdo de impunidad” que firmó con la PGR.

Repercusiones en el PLD

El escándalo de Odebrecht ha desestabilizado el PLD, cuyos organismos no han podido emitir un documento formalizando posición sobre la crisis, porque el encono se anida entre sus dirigentes, incluso más allá de la ya vieja confrontación entre sus líderes Danilo Medina y Leonel Fernández por el control de la poderosa maquinaria política. Tras las imputaciones el Comité Político no ha podido sesionar.

La crisis ha sido reconocida públicamente  por dirigentes de sectores vinculados al expresidente Fernández, y a los imputados que, como Temístocles Montás y Radhamés Segura han visto afectadas sus aspiraciones a la candidatura presidencial del 2020. Hasta funcionarios gubernamentales reconocen discretamente que la crisis ha impactado seriamente el partido morado.

Fernando Fernández, un miembro del Comité Central que hasta el año pasado fue director de Aduanas y cercano colaborador del presidente Medina, expresó en un twiter y lo reiteró ayer en Uno+Uno, que los intentos continuistas del mandatario “han convertido en desechables hasta a los miembros del Comité Político”, tres de ellos imputados en lo que otros señalan “como chivos expiatorios de un financiamiento político de Odebrecht del que ni el presidente escapó”. Por eso algunos convienen en que si no es posible imputar a todos los responsables, lo menos que puede esperarse es una catarsis colectiva del liderazgo del PLD y de los otros partidos, que se traduzca en un serio compromiso de reformas políticas e institucionales.

La elección de jueces

El CNM ya está a días de escoger los nuevos titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y 4 de renovación en la Suprema Corte de Justicia, por lo que la circunstancia parece propicia para dar pasos a la concertación política. El presidente Medina, con la gran mayoría de los ocho votos del organismo, tiene la posibilidad de imponer una renovación o ratificar el secuestro político del Tribunal Electoral, ejecutado por su antecesor Leonel Fernández.

Las expectativas son de que, como ocurrió a fines del año pasado con la Junta Central Electoral, Medina acatará las señales coyunturales y desechará la tentación de ratificar los actuales incondicionales, o de escoger otros también signados por la parcialidad y el compromiso partidista, dando paso a algún nivel de consenso.

En las actuales circunstancias no es posible desconocer el clamor nacional que propugna por jueces independientes y probos, del que es portador  no sólo el Movimiento Verde, sino también el bloque de partidos opositores, la misma Conferencia del Episcopado, el empresariado y los más diversos sectores sociales, así como los editoriales de los periódicos y los espacios de opinión no comprometidos con el gobierno.

Pero como eso solo no revocará el descontento nacional ni satisfará el clamor ciudadano, el presidente Medina debería marcar esa elección como un comienzo y hacerse protagonista de la necesidad de una ley de partidos y una ley del Régimen Electoral que abaraten el costo de la política, cierren la amplia avenida de la corrupción y el abuso de los poderes estatales, que renueve la democracia interna y garantice elecciones equitativas. Nada perdería él mandatario personalmente y podría ganar espacio para otros respiros y pactos que, como el fiscal, son imprescindibles ya a corto plazo para la estabilidad económico-social.

Avances en concertación

Aunque todavía tímidamente, en la Comisión Bicameral que ha abordado la concertación del proyecto de Ley de Partidos se han producido importantes avances, acordando  mecanismos para hacer prevalecer la democracia interna en los partidos, rendir cuentas del financiamiento público y hacer más transparente, con algunas limitaciones, las contribuciones privadas. También se ha logrado consenso en limitar el tiempo de las campañas internas por las candidaturas, restringiéndolas a actividades bajo techo y casa por casa, así como en la creación de un departamento en la Junta Central Electoral para fiscalizar las finanzas de los partidos.

Pero la comisión, con amplia participación partidaria y consultas a la sociedad civil, no podrá alcanzar el objetivo de aprobar la ley en la actual legislatura, a la que restan apenas ocho días laborables. Aún no logran consenso sobre asuntos nodales como los topes de gasto en las campañas internas, el padrón a utilizarse  para las elecciones de candidatos y y si serán simultáneas en todos los partidos. Ya acordaron que las organizaría la JCE, lo que podría ser muy difícil por el cómputo al mismo tiempo de los votos de precandidatos de los cuatro partidos  mayoritarios, que a razón de hasta 3 por cada uno de los 4 mil 66 cargos electivos, implicaría casi 50 mil. El cómputo de las elecciones del 2016 concluyó cuatro semanas después, con un solo candidato por partido.

El consenso tampoco se ha podido alcanzar sobre la equidad de género en las candidaturas, que se ha demandado elevar siquiera del 33 al 40 por ciento y extenderla a los cargos directivos de los partidos. Y mucho más esfuerzos de consensos  demandará la exigente y más compleja Ley del Régimen Electoral que pauta la competencia por el control del Estado.-

La Procuraduría General manipula su generoso acuerdo con Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
PROCURADURIA

Al entrar en el sexto mes del escándalo, nada se ha avanzado en los cuatro aspectos básicos: los sobornados, la cuantía de las sobrevaluaciones de obras, el financiamiento de campañas electorales y la confesión de que en 2014 la Odebrecht trasladó al país su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que gestionaba la corrupción transnacional.

El compromiso pactado. Aunque desconocía mandatos de la Ley de Compras y Contrataciones y de la Ley de Sobornos, tanto la PGR como sus abogados justificaron el generoso pacto que permite a la Odebrecht seguir operando en el país, sobre la base de que la empresa brasileña se comprometía a adelantar toda la información sobre sus prácticas corruptoras. Tras su homologación el 19 de abril por el juez Danilo Amador Ogando, el procurador Jean Alain Rodríguez afirmó que “a pesar de que contemplaba un plazo de 60 días para entregar esa información, la empresa se ha comprometido a entregarla en menos de 30 días, es decir que el día 19 de mayo tendremos los nombres de los sobornados para poder proceder como manda la ley, caiga quien caiga, y sin excepciones de colores de partidos y de Gobierno”.

No faltaron objeciones a tan generoso acuerdo, sobre todo tomándose en cuenta que las autoridades judiciales brasileñas ya se habían comprometido con varios procuradores reunidos al efecto a hacer públicas todas sus investigaciones al comenzar junio, es decir menos de dos semanas después del compromiso de Odebrecht.

Ya el 20 de abril el Ministerio Público de Brasil anunció que había enviado la documentación a la República Dominicana, aunque todavía cinco días después la PGR negaba que la hubiese recibido. Mientras los medios de comunicación descontaban los días que faltaban para que se cumpliera lo pactado con la empresa transnacional.

La sorpresa fue que al cumplirse el plazo, el 18 de mayo, la PGR anunció el recibimiento de la documentación brasileña, y la presentó como cumplimiento del pacto. Por escrito dijo “que tal y como se anunció hace un mes, ayer miércoles llegaron las informaciones de Brasil sobre el caso Odebrecht”, agregando que así “se está cumpliendo en tiempo y forma el acuerdo realizado con la empresa Odebrecht”.

Mentira y renuncia de PGR. Independientemente de lo que dijeron el procurador y sus abogados para justificar el acuerdo, lo pactado es que la Odebrecht entregaría toda la información local que posee, no lo que pudo reunir la justicia brasileña, donde no habría interés en los detalles de cómo operaron los sobornos en cada uno de los 12 países involucrados. Esos detalles fueron los contemplados en el artículo 1 del acuerdo, que se cita en recuadro anexo. Un ministro dominicano, que no firmó ni ejecutó contratos, aparece señalado en un testimonio judicial en Brasil como receptor de ayuda para campaña electoral, pero sin indicarse monto.

Si era por lo que la justicia brasileña haría público en junio, no se justificaba el trato generoso a la Odebrecht por dos semanas de antelación. Pero decir que eso fue lo que se pactó en el acuerdo es una ofensa a los que saben leer. La PGR parece renunciar a exigir a Odebrecht los detalles sus operaciones corruptas, como indica el acuerdo homologado por el juez Quevedo, derivando esa responsabilidad a lo que quiera o pueda testimoniar su intermediario ejecutivo Angel Rondón. Fuentes informadas adelantan un trato generoso con este, excluyendo del expediente a una hija con responsabilidad en una empresa implicada.

Tal era el compromiso, que un párrafo del artículo 3 del acuerdo establece que “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al MP a dar por terminado el presente acuerdo, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas, y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito”.

Nada de sobrevaluaciones. Aunque la misma confesión de Odebrecht indica que por sus sobornos derivó beneficios de 163 millones de dólares en RD, lo que implica sobrevaluaciones, el acuerdo se limita al cobro y en plazo de ocho años, de la multa por los sobornos, y entrado el sexto mes del escándalo, ahora es que se anuncia que en junio la Cámara de Cuentas podría iniciar auditorías a las obras realizadas por Odebrecht en el país, exceptuando las que aún están en ejecución, que incluyen las plantas de carbón por 2 mil millones de dólares. Hace apenas un mes que la PGR pidió esas auditorías.

Es criterio generalizado, como consignó el economista Pedro Silverio, vicerrector académico de la Universidad Católica Madre y Maestra, que soborno implica sobrevaluación. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, uno de los ejecutivos de las “Operaciones Estructuradas” de Odebrech, preso y encausado, testimonió ante los fiscales que para sobornar la empresa aplicaba una tasa de 22 por ciento sobre el valor de sus obras.

Si esa tasa se aplicó a todas las obras contratadas en el país entre el 2001| y 2014, con un monto alrededor de 6 mil millones de dólares, incluidas las plantas de carbón en 2013, la sobrevaluación pasaría de mil millones de dólares, más de once veces la sumatoria de sobornos confesados. En un cotejo de 8 de los 18 contratos otorgados en el país a la constructora brasileña, se estableció que las obras concluyeron con adendas sobre 34.5 por ciento de lo originalmente acordado.

Financiamiento de campañas. Las autoridades dominicanas solo se refieren a los sobornos, ignorando otros componentes graves del escándalo de Odebrecht, como el financiamiento de las campañas electorales. Y las manipulaciones se centran en la morbosidad de saber quiénes recibieron sobornos, hasta esto banalizado y convertido en chercha degradadora por diligentes voceros que esta semana pusieron en circulación cuatro listas de sobornados, hasta falsificando un documento oficial de la justicia brasileña, sustituyéndole una página para incluir 26 nombres de dominicanos, incluyendo reputados periodistas y un empresario.

Si la PGR da crédito a los sobornos en los testimonios ante la justicia brasileña, debería hacer lo mismo sobre el financiamiento de campañas electorales, y ahí están los de los directores del Departamento de Operaciones Estructuradas, Heriberto de Souza Silva, Fernando Miglaccio y Luiz Eduardo De Rocha Soares. Los tres han explicado cómo financiaban campañas electorales en Brasil, El Salvador, Venezuela, Panamá, Angola y República Dominicana, a través de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.

No han faltado detalles como el uso de la offshore Shellbil Finance” para transferir dinero de Odebrecht a las cuentas de Santana y Moura, apresados en abril de 2016, cuando asesoraban la campaña reelecionista del presidente Danilo Medina.

Cuatro entidades sociales pusieron en manos de la PGR una denuncia de la tortuosa ruta que siguieron 16 transferencias por 4 millones 396,796 dólares, entre 2013 y 2014, de la cuenta Heritage en Suiza, pasando por diferentes empresas peruanas ligadas a Odebrecht para terminar en la cuenta de Cine&Art 2013, registrada en Santo Domingo por asociados de Santana.

RD paraíso de corrupción. El cuarto elemento del escándalo es el testimonio de los ejecutivos de Odebrecht de que cuando las investigaciones brasileñas apretaron en el 2014, trasladaron sus “Operaciones Estructuradas” a la República Dominicana.

En su testimonio, ya publicado por la Fiscalía brasileña, Fernando Migliaccio detalla cómo en una reunión con él y Heriberto da Silva, en julio de 2014, el jefe supremo Marcelo Odebrecht instruyó para que los de las Operaciones Estructuradas salieran de Brasil, que “orientó para que eligieran el lugar a donde se mudarían, pero que fuera de inmediato”, y optaron por República Dominicana, aunque Migliaccio se mudó a Miami, de donde viajaba al país cada semana.

Eso podría explicar por qué una cuenta de Joao Santana en el Heritage Bank de Suiza, tenía acumulados 21.6 millones de dólares en 2015, incluso con 10 transferencias de 500 mil dólares cada una procedentes de República Dominicana, según reveló el 19 de marzo el reconocido diario brasileño O Globo, citando documentos.

Ninguna autoridad judicial, ni política o gubernamental, se ha referido a este aspecto cardinal del escándalo de corrupción transnacional más grande de la historia que llegó a utilizar el país como plataforma operativa. Tal vez por el poder que tenía aquí el asesor presidencial Joao Santana, hasta el día en que fue requerido por Brasil para ser recibido con esposas, encarcelado y ya condenado a 8 años de cárcel, lo que ni siquiera se ha deplorado aquí, en el paraíso de la corrupción y la impunidad.

Identificadas las reformas electorales fundamentales

Por Juan Bolívar Díaz
reforma

Una vez más los actores políticos dominicanos discuten las reformas fundamentales para garantizar la democracia interna de los partidos y en los procesos electorales que fortalezcan la institucionalidad y hagan prevalecer los derechos ciudadanos por encima de los poderes y recursos del Estado y de la concentración económica.

Casi siempre los partidos que controlan el Gobierno son los más renuentes al establecimiento de normativas por ser los más beneficiarios de uno de los regímenes electorales menos regulados, a pesar de numerosos consensos y acuerdos pactados, lo que ha contribuido a la degeneración y desguañangue del sistema partidista.

Muchos intentos fallidos. Se cuentan muchos intentos fallidos de actualizar la legislación electoral dominicana, considerada entre las de menos regulaciones en América Latina, desde que en 1993 se produjo un consenso entre los partidos y organizaciones sociales, auspiciado por la Fundación Siglo 21 y el Proyecto Iniciativas Democráticas, parcialmente rescatado por la reforma político-constitucional a que obligó la crisis derivada del fraude electoral de 1994.

El Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández dispuso la elaboración de una Ley de Partidos, que materializó en 1999 su Comisión para Reforma y Modernización del Estado, siendo ratificada en el 2001 por el Consejo para la Reforma del Estado del presidente Hipólito Mejía. Con variantes, el proyecto ha sido introducido al Congreso por legisladores en unas cinco ocasiones y otras tres por la Junta Central Electoral (JCE). Fue objeto de un acuerdo PLD-PRD en el llamado pacto de las corbatas azules del 2009 y de un pacto firmado por los candidatos presidenciales en el 2012.

Los proyectos de Ley de Partidos y Ley del Régimen Electoral que ahora se discuten en el Congreso fueron elaborados por una misión técnica contratada por la JCE con la Organización de Estados Americanos, en el 2011, en interés de adaptar la legislación electoral al nuevo marco dispuesto por la Constitución proclamada en enero del 2010. Partieron de los múltiples consensos previos y nuevas consultas a partidos y organizaciones sociales. Pero pasaron las elecciones del 2012 y 2016 sin ser aprobados. Fueron reintroducidos en el 2013 y en febrero pasado.

Con mayores expectativas. Los proyectos están ahora en manos de una comisión bicameral, creada en abril con participación de todos los partidos representados en el Congreso, que expresan mayores expectativas de que esta vez salgan adelante. Han escuchado a la JCE, a los partidos políticos y las organizaciones sociales más interesadas en las reformas políticas y en vistas públicas abiertas.

Los tres partidos que dominaron el escenario político del último medio siglo han sido renuentes a actualizar las normativas electorales cuando han estado en el Gobierno, porque les reducirían las ventajas y abusos del poder derivadas de las limitadas regulaciones. Se complicó a partir del poder concentrado por el PLD desde su retorno al Gobierno en 2004 y las elecciones congresuales y municipales del 2006, y más aún con la reforma constitucional que generó la elección de nuevos integrantes de los órganos judiciales y electorales desde el 2010.

En abril del 2015 la Cámara de Diputados, bajo control del PLD, aprobó de urgencia un proyecto de Ley de Partidos que evadía las reformas que habían sido objeto de consenso en medio de un rechazo social y político generalizado, y con irregularidades procesales que le ganaron una declaración de inconstitucional.

Las expectativas son mayores ahora por la crisis política generada por los escándalos de corrupción, especialmente el de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, con su consecuencia de la Marcha Verde que ha sacudido al Gobierno y la sociedad. Muchos actores políticos, aún de los gobernantes, parecen aceptar que las reformas políticas son fundamentales para reducir la corrupción y la impunidad y contener la calentada temperatura social.

Capítulos fundamentales. Con frecuencia se buscan pretextos para no actualizar la legislación electoral, como las diferencias sobre las elecciones primarias, el voto preferencial y la equidad de género, ahora se agrega si votar debe ser obligatorio o voluntario, tratando de evadir los capítulos fundamentales que son:
-Garantizar la democracia interna en los partidos, en su dirección y en la elección de candidatos y en la participación femenina.
-Transparentar y limitar las fuentes de financiamiento y las contribuciones, prohibiendo las de empresas públicas y privadas, gobiernos e instituciones internacionales.
-Restringir el gasto, las jurisdicciones de propaganda y los períodos de las campañas, electorales tanto internas como nacionales.
-Prohibir efectivamente todo abuso de los recursos y poderes del Estado, incluyendo los repartos clientelistas, barrilitos, cofrecitos, el incremento del gasto social, del déficit fiscal y los empleos públicos en los períodos de campaña, con licencia para los altos funcionarios que dirijan campañas o sean candidatos, así como suspensión de inauguraciones, las compras y alquiler de cédulas.
-Establecer un régimen de sanciones efectivas a las violaciones, que tendría que implicar suspensiones del financiamiento público y de candidaturas en los casos de graves, violaciones a las normativas, con un procurador especial para delitos electorales.
-Absoluta independencia partidaria de los integrantes de la JCE, las juntas electorales municipales, el procurador especial y el Tribunal Superior Electoral.

Síntesis Participación Ciudadana. Los principales partidos, tanto el de Gobierno como de la oposición, han presentado propuestas de actualización de la legislación electoral, lo mismo que las instituciones sociales que por su naturaleza y objetivos más se interesan en la temática como la Fundación Institucionalidad y Justicia y el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC). Este último presentó ante la comisión bicameral un análisis resumen de los dos proyectos, y sus propuestas adicionales, la mayoría concordantes con las de la Finjus.

El documento de PC, ya editado en un folleto y en su página de Internet, considera bien avanzado el proyecto de la JCE sobre Ley de Partidos, pero considera que el del Régimen Electoral se queda corto, con un extenso articulado sobre mecanismos operativos tradicionales, que no se discute, y al que propone múltiples adiciones, como se puede apreciar en los resúmenes anexos.

Para dirimir las diferencias sobre las elecciones primarias, PC plantea que puedan hacerse el mismo día o en fechas diferentes, pero dentro de un plazo y con campañas controladas limitadas a 90 días, con padrón propio, previamente registrado, o el universal de la JCE, pero siempre bajo supervisión. Defiende el principio de la igualdad de género y el voto preferencial no solo para diputados, sino también para regidores, y el derecho ciudadano a elegir por separado los diputados del senador y los regidores del alcalde. Es decir ampliar el derecho a preferir, a elegir de los ciudadanos, no restringirlo, como plantean algunos, como el Foro que agrupa a los partidos pequeños y emergentes, a quienes el voto preferencial les impide que les garanticen curules en las alianzas, contando con las cúpulas partidarias y no con los electores.

La RD atrasada también en Indice del Estado de Derecho

Por Juan Bolívar Díaz
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Al igual que en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el país se quema en el Indice del Estado de Derecho, ocupando la posición 85 entre 113 países, descendiendo 7 puestos en relación al 2015, y con nota de 47%, uno menos   

                 La República Dominicana volvió a quemarse en el Indice del Estado de Derecho del 2016 (IED-16), publicado esta semana por el Proyecto Justicia Mundial que auspicia el Colegio de Abogados de Estados Unidos junto a 21 socios estratégicos, ocupando la posición 85 entre 113 países, y la 30 entre 37 de América Latina y el Caribe.

En una escala de 0 a 1, el país obtiene una puntuación de 0.47 (equivalente a 47%), casi igual al 0.48 del 2015, cuando entre 102 naciones ocupó el escalón 67, lo que implica un descenso de 7 posiciones, ratificando otras evaluaciones como las del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y la de Transparencia Internacional.

Entre peores de la región

            Una vez más la Dominicana queda entre las últimas naciones de América Latina y el Caribe en evaluaciones internacionales, esta vez ocupando la posición 23 de 30,  sólo mejor que México, Ecuador Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, sin moverse de escalón en relación a la evaluación del 2015, que fue el 12 de 19.

Llama la atención que los demás países del Caribe quedan en mejor posición que  Dominicana en el IED-16, todos ubicados entre los escalones 5 y 14 de la región latinoamericana y caribeña, encabezados por Barbados y seguidos por Antigua-Barbuda, San Cristóbal-Nieves, Granada, Santa Lucía, San Vicente-Las Granadinas, Bahamas, Dominica, Jamaica y Trinidad-Tobago. Haití no aparece en este índice.

En todo el índice del 2016, la República Dominicana fue el país que más descendió, en 7 escalones, quedando por debajo de muchos de Africa, el continente más pobre y de menos desarrollo institucional en todas las evaluaciones internacionales. Sólo en dos renglones RD avanza, y en los otros seis, retrocede, en relación al índice del 2015.

Como es habitual en las evaluaciones, los países nórdicos europeos lideran en esta: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, con puntuación de  0.89 a 0.87, seguidos por Suiza, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelandia, Singapur  y Reino Unido. Australia y Canadá ocupan la posición 11 con 0.81 y Estados Unidos la 18, con 0.74 puntos.

Peores renglones de RD

El IED-16 evalúa 8 factores, con un total de 44 renglones, que son: limitación al poder gubernamental, ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal.

Las peores  puntuaciones dominicanas corresponden a ausencia de corrupción y justicia penal, ambos con 0.34, seguidos por cumplimiento de la ley y limitación al poder gubernamental, que registran 0.41 y 0.44. Apertura gubernamental y justicia civil quedan en 0.54 y 0.46.

Cuando se verifican los 44 renglones, el peor en RD es el correspondiente a corrupción en el Poder Legislativo, con una aprobación de apenas 0.15, seguido de la efectividad del sistema correccional y control de la violencia, con 0.23. La sanción de las inconductas gubernamentales y el respeto al debido proceso legal sólo obtienen 0.25 y 0.26. La no influencia gubernamental en la justicia criminal  y dilación razonable de la justicia civil registran 0.28.

Los mejores resultados

            Sólo en 2 de los 8 factores de la evaluación el país alcanza la aprobación, 0.61 en orden y seguridad y 0.60 en derechos fundamentales. El primero está determinado porque sólo contiene tres renglones, y en el de ausencia de conflictos civiles alcanza la máxima puntuación 1, equivalente al 100%, único de RD en todo el IED-16. Aunque en ausencia de delitos tiene aprobación de 0.60.

En la mayoría de los 8 renglones del factor derechos fundamentales, el país consigue aprobación, la mayor en libertad de religión, con 0.71, mientras la libertad de asociación y los derechos laborales alcanzan ambos el 0.65, en libertad de expresión el 0.62. También logró aprobación el de los mecanismos de quejas, con 0.65.

Llama la atención que el derecho a la vida y la seguridad aparezca entre los diez renglones que alcanzaron aprobación, con 0.64, lo que contradice la percepción generalizada de que en el país prevalece la inseguridad ciudadana.        El 0.62 que registra la vigilancia del gobierno, es congruente con la fortaleza de las organizaciones sociales que velan por la transparencia y los derechos sociales e individuales.

En tendencia generalizada

            Los resultados que arroja para República Dominicana el IED-16 prosigue la tendencia generalizada de las evaluaciones internacionales, especialmente las del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y el de Transparencia Internacional, aunque esta vez mejora su promedio a 0.47, que es 4.7 sobre 10.  La de competitividad global del 2016 dejó al país en la posición 92 de 138 países, con puntuación de 3.9 sobre 10. En relación a los 21 países latinoamericanos le correspondió el escalón 14, con siete por debajo.

El índice de transparencia de la organización Transparencia Internacional del 2016 colocó al país en la posición 120 de 176 evaluados, y entre los diez peores de América Latina, con 31 puntos sobre 100, o 3.1 sobre 10.

Es relevante que en todos los casos la quemazón dominicana sea mayor en materia de corrupción, particularmente en el poder legislativo. y en la ausencia de sanciones a la corrupción gubernamental y de la justicia y en la escasa independencia en la auditoría de las gestiones públicas.

El  IED-16 viene a justificar la indignación nacional por la corrupción que sacude el país en  los últimos meses  y fundamenta la demanda del Movimiento Verde por el fin de la impunidad.

El Proyecto Justicia Mundial

            El World Justice Proyect, (proyecto Justicia Mundial, en español) fue creado en el 2006 por el Colegio de Abogados de Estados Unidos, en asociación con 21 socios estratégicos. Es una institución independiente y multidisciplinaria que procura promover el estado de derecho en el mundo.

Su trabajo de investigación y promoción de las mejores prácticas se fundamenta en dos premisas: 1. El estado de derecho es la zapata de la paz, las oportunidades y la equidad. Y 2. La manera más efectiva para promover el estado de derecho es a través de la colaboración multidisciplinaria.

Han desarrollado el Indice del Estado de Derecho para medir cuantitativamente cómo el ciudadano común experimenta la vigencia o precariedad de sus derechos. En el informe del 2015 incluyó a 102 países, en el del 2016, publicado esta semana, abarcó a 113.

El índice se obtiene a través de encuestas a ciudadanos y cuestionarios que responden especialistas de cada país. La mejor puntuación, o máxima, es el 1, equivalente al cien por ciento y la mínima es 0.

En América Latina esta vez el país mejor evaluado fue Uruguay, con 0.72 puntos, seguido por Costa Rica y Chile con 0.68, y Barbados y Antigua-Bermudas con 0.67. El peor fue Venezuela con 0.28, seguido por Bolivia 0,40, y Honduras y Nicaragua con 0.42.-

República Dominicana en el Indice del Estado de Derecho

Factores                                         2016           2015           Diferencia

Ranking global                                 85  de 113        67 de 102    -7.00

Ranking regional                              23 de 30         12 de 19        0.00

Puntuación general                                0.47            0.48            – 0.01

Limitación al poder gubernamental  0.44            0.49            – 0.05

Ausencia de corrupción                       0.34            0.36            – 0.02

Transparencia gubernamental           0.54            0.52            +0.02

Derechos fundamentales                     0.60            0.61            – 0.01

Orden y seguridad                                 0.61            0.59            +0.02

Cumplimiento de la ley                        0.41            0.42            – 0.01

Justicia civil                                           0.46            0.51            – 0.05

Justicia penal                                         0.34            0.37            -0.03

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Elaboración de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016-2015

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RD en el Indice del Estado de Derecho 2016

                  Mejores puntuaciones     

Renglones                                                Puntuación

Ausencia de conflictos civiles                                     1.00

Libertad de religión                                                      0.71

Libertad de asociación                                                 0.65

Derechos laborales                                                        0.65

Mecanismos de quejas                                                  0.65

Imparcial y efectivo ADRs en justicia civil               0.65

Derecho a la vida y la seguridad                                 0.64

Libertad de expresión                                                    0.62

Vigilancia del gobierno                                                  0.62

Ausencia de delito                                                           0.60

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Elaboración de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016

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RD en el Indice del Estado de Derecho 2016

                  Peores puntuaciones

Renglones                                                Puntuación

No corrupción en el Poder Legislativo                                         0.15

Sistema correccional efectivo                                                        0.23

Control de la violencia                                                                    0.23

Sanción de las inconductas  gubernamentales                          0.25

Respeto al debido proceso legal                                                    0.26

No influencia gubernamental en justicia criminal                    0.28

Dilación razonable en la justicia civil                                           0.28

No discriminación en la justicia criminal                                    0.31

Efectiva investigación criminal                                                     0.32

Independencia de auditoría del gobierno                                   0.34

No influencia gubernamental en justicia civil                            0.35

Transparencia de leyes e información gubernamental             0.37

No corrupción en la justicia criminal                                           0.37

No corrupción gubernamental                                                      0.38

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Elaboración  de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016

Grandes retos para Danilo en su informe a la nación

Por Juan Bolívar Díaz

 

El presidente Danilo Medina tendrá que emplear mañana todos sus recursos para responder el clamor nacional contra la corrupción y la impunidad, con gran descreimiento en las instituciones, compelido a fijar posición sobre los sobornos de Odebrecht, que le tocan de cerca por su asesor político Joao Santana y las plantas de Punta Catalina.

Le resultará difícil dilucidar a fondo los retos provenientes de Brasil y Estados Unidos, como los aviones Tucanos y Odebrecht, pendiente de conocerse información sobre la corrupción dominicana, pero deberá anunciar acciones contundentes como destituciones y sometimientos judiciales en escándalos como OISOE, CORDE y CEA.

El informe más difícil. En sus anteriores informes anuales ante la Asamblea Nacional el presidente Medina navegó con vientos favorables, con alta aprobación, ya denunciando los déficits fiscales como herencia, enfrentando el leonino contrato que tenía la Barrick Gold sobre el oro de Cotuí, o reivindicando la revocación de la estafa con los terrenos de Bahía de las Águilas.

Por primera vez en cinco ocasiones, Medina afronta el informe de gestión con su popularidad en caída de doble dígito, y un movimiento social que ha removido la conciencia ciudadana frente a la corrupción y la impunidad, que esta semana documentó con más de 312 mil firmas el respaldo a una investigación con fiscales independientes que permita sancionar los confesados sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y las evidentes sobrevaluaciones de obras, que afectan su gobierno y partido.

La consternación nacional es tan grande que ha superado la capacidad de manipulación de la inmensa red de comunicadores que en los medios formales y en las redes sociales paga el Gobierno y su enorme gasto en publicidad política. La convicción general es que la corrupción y su correlato de impunidad llegaron a niveles de saturación en los más diversos sectores sociales, empresariales, religiosos y en forjadores de opinión.

La coyuntura es también difícil en el ámbito económico-social, pese al alto crecimiento del año pasado, porque el Gobierno no dispone de recursos para concluir importantes obras, como el Metro y la remodelación de 50 hospitales, para cubrir las precariedades de la universidad estatal, ni para atender un creciente clamor salarial en el Estado o para alentar un significativo incremento de sueldos en el sector privado que “derrame” el pregonado crecimiento. En agosto 2014 Medina dijo que nadie podía vivir con sueldo de 10 mil pesos, pero el 20% de los empleados públicos y el 90% de los pensionados gana 5 mil 117 pesos, y el salario mínimo nacional promedia 9 mil pesos.

El escándalo Odebrecht. El mayor desafío de Medina lo constituye el escándalo internacional de los sobornos confesados por Odebrecht en una docena de países, que en términos proporcionales lidera la República Dominicana: 92 millones de dólares de soborno por contratos que arrojaron beneficios por 163 millones de dólares, y con sobrecostos de hasta cien por ciento, pendientes de evaluar.

De las 17 obras contratadas con la Odebrecht en sólo dos intervino el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, el acueducto de la línea noroeste, y la presa de Pinalito. Las otras 15 corresponden a los gobiernos peledeístas de Leonel Fernández y Danilo Medina, incluyendo la de mayor costo, las plantas de carbón de Punta Catalina, en cuya negociación se involucró el propio mandatario.

El Presidente aspiraba a que la comisión que conformó para evaluar la contratación de las plantas eléctricas le emitiera un certificado de no objeción en que ampararse para su informe de mañana, pero no fue posible por las opacidades y conflictos generados desde que el mandatario anuló una licitación que había iniciado su antecesor para abrir otra que a juicio de muchos fue hecha a la medida de la Odebrecht, tras dos viajes de Medina al Brasil.

El otro conflicto del Presidente es la asesoría de Joao Santana en sus dos exitosas campañas electorales, preso y condenado en Brasil por la trama de financiamiento ilegal a campañas electorales tanto de Petrobras como de Odebretch, quien tuvo que dejar la asesoría a Medina hace un año, el 22 de febrero, requerido y apresado por la justicia brasileña que ya lo condenó, junto a su esposa, a 8 años de prisión.

Caerán algunas cabezas. En círculos vinculados al Gobierno y su partido se baraja la decisión de procesar a varios de los ya públicamente vinculados a los últimos escándalos de corrupción, no sólo de Odebrecht, sino también de los aviones Tucano, de las sobrevaluaciones y la extorsión en la OISOE, de la Corporación de Empresas Estatales y del Consejo Estatal del Azúcar, como ofrenda a las tribunas nacionales que exigen “el fin de la impunidad”. El presidente podría adelantar algunos decretos como el que disolvió la CORDE.

El Procurador dijo esta semana que tiene “pruebas contundentes” sobre el soborno de Los Tucano por 3.5 millones de dólares denunciado en Estados Unidos en septiembre, y admitido por la empresa vendedora, la también brasileña Embraer. Pero no ha procesado a nadie. La comisión que investigó las ventas de terrenos del CEA que habría originado el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en Macorís, no tuvo tiempo para entregar su informe antes del discurso. Se asume que se referirá sólo al caso específico, no a todo el tráfico de las tierras y ganado del CEA, escandaloso desde hace años y que determinó un decreto de septiembre que creó una comisión evaluadora presidida por el dirigente peledeísta Bautista Rojas, la que seis meses después no ha concluido nada.

El Presidente pudiera dar alguna satisfacción al requerimiento avalado por 312 mil ciudadanos, proponiendo el fiscal especial o una comisión de notables que vigile las investigaciones del escándalo Odebrecht, renovar su inoperante Comisión de Ética y disponer alguna otra medida para tratar de frenar la ola ciudadana contra la impunidad.

Los problemas de fondo. El laborioso economista y dirigente político Guillermo Caram presentó una veintena de sugerencias sobre lo que debería abordar el presidente Medina en su informe anual, especialmente dirigidas a los problemas de fondo en materia económica, fiscal y financiera, con énfasis en las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país a mediados del mes. Se refiere a la necesidad del pacto fiscal por la sostenibilidad, a la disciplina fiscal para reducción de los déficits y el endeudamiento. También a la recomendación de fortalecer las instituciones y la gobernabilidad.

Descartado el pacto fiscal, lo que reiteraron esta semana dos altos funcionarios, el Gobierno estará en el dilema de cómo lograr los recursos necesarios para las grandes demandas económicas y sociales pendientes, y para reducir la dependencia del endeudamiento. El dirigente peledeísta Franklin Almeyda concretó la disyuntiva: cobrarle el costo a los pobres o a los ricos. ¿Por quién se decantará el presidente Medina, o podrá seguir endeudando aceleradamente el país? Los sondeos arrojan pocas expectativas.-

Estafa de los Tres Brazos es peor de lo que se creía

Por Juan Bolívar Díaz05_02_2017 HOY_DOMINGO_050217_ El País13 A

Tras el informe de la comisión investigadora designada por el presidente Danilo Medina, el Gobierno desconoció la venta del barrio Los Tres Brazos a una empresa privada por haberse realizado en violación de la Constitución, dos leyes y un decreto, en lo que se configura como una estafa en perjuicio del Estado y unas 13 mil familias residentes.

La operación fue más escandalosa de lo que se había denunciado y que determinó la designación de una comisión investigadora, cuyo informe revela que a casi 7 años de la venta, la Corporación de Empresas Estatales solo ha tenido beneficio neto por 3 millones 365 mil pesos, faltando por determinarse si quedará en el reinado de la impunidad.

Otra escandalosa estafa. El informe de la comisión gubernamental que investigó la venta del barrio Los Tres Brazos en Santo Domingo Este a la empresa INFEPA, luego asociada a la TITULATEC revela que fue una operación fraudulenta mucho peor de lo que se había denunciado, ya que de los 80 millones de pesos que se contrató originalmente a precio de bagatela, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) apenas ha recibido efectivamente, casi siete años después, 15 millones 200 mil pesos. Pero pagó RD$11 millones 834,200 a dos agrimensores para que hicieran el deslinde de los terrenos, a lo que se había comprometido la compradora, lo que redujo su ingreso neto a 3 millones 365,800 pesos.

Ciertamente el contrato original firmado el 25 de febrero de 2010, mediante el cual CORDE vendió a la empresa INFEPA tres parcelas con un total de un millón 213,861 metros cuadrados, donde está asentado el barrio, establecía un precio de 80 millones de pesos. Pero mediante dos adendas en junio de 2010 y agosto del 2014, las partes le deducen 11 millones 800 mil pesos, quedando en 68 millones 200 mil pesos, para descontar calles y aceras “no útiles para la venta”. Luego dedujeron 1 millón 500 mil pesos más para crear un “fondo de compensación para tentativas demandas”, por lo que el precio final se contrajo a 66 millones 700 mil pesos.

Más absurdo es que CORDE, que vendió inmuebles, recibió como “dación de pagos”, dos parcelas en Guavaberry, S.P. de Macorís, valoradas en 29.14 millones de pesos, con tasación de la misma INFEPA, y que no ha podido asumirlas porque estaban hipotecadas. También recibió como dación de pago dos apartamentos en Las Palmas, Los Alcarrizos, por millón y medio de pesos, pero que habían sido traspasados a una representante de INFEPA-TITULATEC, por concepto de comisión de venta. En total 30 millones 300 mil pesos en inmuebles que CORDE no ha podido asumir. Los restantes 21 millones 200 mil pesos, para completar los 66.7 de la venta, quedaron en un pagaré que tampoco han honrado, pero sin consecuencias. Tras el estallido del escándalo, el 28 de diciembre último, CORDE le dio un plazo de un día, sin que la comisión viera resultado.

No evaluaron inversiones. La comisión gubernamental no evaluó el total de lo invertido por el Estado y los particulares en Los Tres Brazos, reconoció Flavio Darío Espinal. Pero se ha estimado que sobrepasan los mil millones de pesos en las casi cuatro décadas de que se iniciara la población del sector con damnificados del huracán David en 1979. Más difícil es valorar lo que han invertido en urbanización las 14 mil familias que lo habitan, incluyendo edificaciones para negocios, talleres y de recreo.

En las cuatro escuelas del sector se han invertido cientos de millones de pesos. Una básica inaugurada por el presidente Medina costó 63 millones, y una estancia infantil 36 millones. Allí se construyó una planta de tratamiento de aguas, para cuya remodelación concluida en febrero de 2012, el Estado gastó 76 millones de pesos.

Ya en 2013 cuando la compradora del barrio INFEPA se asocia con TITULATEC, lo hacen tasando sus activos en 200 millones de pesos. El informe establece que al 31 de diciembre pasado habían vendido 614 solares, de un total de 3,692, por 93 millones 300 mil pesos, lo que proyecta sus ventas totales a 952 millones 67 mil pesos.

Recomendaciones aceptadas. El informe de la comisión oficial, sus conclusiones y recomendaciones no dejan dudas de que se trata de una operación lesiva al interés público, “que nunca debió realizarse”, “cuestionable en su esencia misma”, “ignorando disposiciones constitucionales y legales aplicables”, citando las últimas dos constituciones, la Ley de Capitalización de la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.

La califica también como “altamente perjudicial para el Estado y la propia comunidad de Los Tres Brazos”, “contraria al interés público y al bienestar social”, como quedó patente en nuestro artículo de HOY del domingo 15 de diciembre “El regalo de los Tres Brazos”.

Vale reconocer que el Gobierno anunció de inmediato que acoge las recomendaciones de que el Estado no reconozca la contratación por viciada, inconstitucional e ilegal, que proteja las inversiones de los residentes que pagaron solares y los créditos recibidos, que cierre definitivamente a CORDE y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública que hace años quedaron sin objeto, y que entregue el informe al Ministerio Público “para que determine si en esta operación quedó comprometida la responsabilidad penal de los actores públicos y privados que intervinieron en la misma”.

Queda pendiente que establezca los mecanismos para “la transferencia titulada de los inmuebles a sus ocupantes, ya sea a título gratuito u oneroso según la condición socio-económica de estos”. Y que reciban todo el apoyo estatal.

La movilización popular. Del escándalo Los Tres Brazos quedan en evidencia dos cosas: primero la inmensa capacidad de los funcionarios públicos para las maniobras chanchulleras, la imaginación sin límite para la apropiación y la malversación de lo público y la complicidad general que predomina en las instituciones que permiten hasta la venta por bagatela de un barrio con escuelas, plantas, calles, avenidas, sistemas eléctrico y de acueducto, guardería, iglesia, parque, dispensario médico y hasta cuartel policial pagado por el erario.

La otra es el valor de la movilización popular, como se demostró antes en Bahía de las Aguilas, Loma Miranda, la cementera en Los Haitises, la inversión del 4 % del PIB en educación y otras. En todos esos casos, por encima de un sistema político e institucional profundamente corrompido, resalta el papel del periodismo crítico y responsable. En Los tres Brazos se hizo historia cuando los telediarios matutinos de tres canales y de una radioemisora y la red nacional de 8 emisoras católicas montaron allí una transmisión simultánea de una hora la mañana del 29 de diciembre, rechazando la ignominia.

Se ha contenido la ignominia, quedando sin determinarse la red de complicidades políticas que la auspiciaron y permitieron. Solo la movilización popular y de la opinión pública lograrán que este escándalo no engrose el reinado de la impunidad en que han convertido este país, para que sirva de lección.