La oposición no logra capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El principal partido de oposición está muy ocupado en una prematura lucha interna por la candidatura presidencial para dentro de casi 3 años, reproduciendo el pasado perredeísta y mostrando incapacidad para sintonizar con las demandas ciudadanas

A falta de encuestas, la percepción más generalizada es que la oposición no ha podido capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno, con su principal agrupamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfrascado ya en una lucha interna por la candidatura presidencial tres años antes de la próxima elección.

El Gobierno de Danilo Medina parece haber recuperado la iniciativa tras 8 meses a la deriva, con una ofensiva que lanzó a los medios de comunicación a los altos funcionarios al concluir el primer año del período constitucional mientras los líderes de la oposición brillaban por su ausencia.

Una tremenda maquinaria

Llamó la atención que la maquinaria propagandística del gobierno copara en gran proporción los espacios de televisión y radio y hasta de los periódicos, con reproducción en las redes sociales, durante las últimas tres semanas al concluir el primer cuarto del segundo período constitucional del presidente Danilo Medina, que según la Constitución habrá de dar paso a otro dentro de tres años.

De esa forma, los medios fueron inundados de las realizaciones gubernamentales, hasta la exageración de que las “visitas sorpresas” del presidente crearon medio millón de empleos en cinco años, lo que de haber sido cierto habría invertido la migración campo y pequeñas comunidades hacia las concentraciones urbanas. De ahí la afirmación del secretario general del Partido de la Libración Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, de que son “mezquinos, miopes y mediocres” quienes no aprecian que el país tiene otro nuevo redentor.

La táctica gubernamental prefirió hablar del primer año del período y privilegió los cinco acumulados, como forma de evadir el desgaste y el rechazo que acumuló el gobierno de Medina en los últimos meses, virtualmente cercado por las protestas populares que se han expandido en la MarchaVerde.

Con una coordinación centralizada desde el Palacio Nacional, los voceros gubernamentales acapararon los espacios de entrevistas, mientras los opositores guardaron una asombrosa discreción. Medios que quisieron guardar proporción, no encontraron disponibles a los principales personeros opositores como Luis Abinader, Hipólito Mejía, Federico Antún o Guillermo Moreno.

Una oposición entretenida

            De acuerdo con los resultadlos de las pasadas elecciones, el Partido Revolucionario Moderno, (PRM), el Revolucionario Social Cristiano, (PRSC) y Alianza País fueron los que más votos obtuvieron, para sus candidaturas presidenciales, al margen de las alianzas,  tras el triunfante PLD, con proporciones de 27 por ciento, casi 6 y casi 2 por ciento, respectivamente.

De ellos el PRSC ha enfrentado un proceso de división con impugnaciones contenciosas y fallos adversos a su actual dirección, quedando virtualmente fuera del debate, aunque su vicepresidente Guillermo Caram es uno de los más contundentes críticos de la política gubernamental, especialmente en el ámbito económico, que en la primera mitad del año ha acusado indicadores de contracción.

Guillermo Moreno sigue siendo uno de los mejores expositores de la política nacional, tanto en sus presentaciones televisivas como en sus artículos semanales en el periódico Diario libre, pero sufre de períodos de invisibilidad, hasta para los medios que aprecian sus capacidades. Al líder de Alianza país le sobran capacidades y honestidad, pero le faltan ingredientes para convertirte en alternativa, de ahí que con tres candidaturas presidenciales no haya llegado al 2 por ciento de los votos.

            Minou Tavárez Mirabal y Eduardo Estrella son dos líderes también de buen discurso y prestigio por su pulcritud, pero no han podido levantar estructuras  partidarias consistentes.

El PRM reproduce al PRD

            El colmo de la ineficiencia parece ser el PRM que está reproduciendo las prácticas políticas que dividieron y casi desaparecieron al Partido Revolucionario Dominicano, del cual son el último desgajamiento. En mayo cuando faltaban tres años para la próxima elección presidencial ya los dos principales líderes del PRM habían comenzado el activismo grupal tratando de asegurarse la candidatura presidencial. El primero en lanzarse al activismo grupal fue Hipólito Mejía, en mayo, convencido de que perdió de Luis Abinader para los comicios del 2016, “porque no hizo campaña”. O compelido por el desastroso resultado de la elección primaria en abril del 2015, donde el joven y emergente Abinader le venció con votación de 70 a 29 por ciento.

Hace más de un mes que el candidato del 2016 sucumbió también al activismo grupal y en las últimas semanas ambos se mueven por el país como si faltaran meses para la elección primaria. Su prioridad no es terminar de organizar un partido que se constituyó a la carrera entre el 2014 y el 16 para sustituir al PRD en la competencia por el poder, sino posicionar sus seguidores.

El resultado es en primer lugar la distracción, pues el primer objetivo es vencer al compañero de partido, no al contrincante externo, y como la lucha interna es larga, la misma consumirá gran parte de sus recursos económicos y humanos, generando rivalidades que luego resultan insuperables cuando tienen que enfrentarse a la elección nacional.

Violan su propio pacto

            Consciente de que los intereses del partido debían prevalecer sobre los grupales o individuales, Mejía y Abinader firmaron un pacto el 16 de enero pasado, en un comunicado dirigido a “simpatizantes, militantes y dirigentes del PRM” en el que se comprometían “a dedicarse, única y exclusivamente, a ejecutar los trabajos institucionales, absteniéndose de promover candidaturas hasta que lleguemos al momento que para tal efect0o se establece en los propios estatutos, tal como lo reiteró la Resolución de la Dirección Ejecutiva de fecha 21 de junio del 2016”.

El documento, firmado también por Andrés Bautista y Jesús Vásquez, como presidente y secretario general del partido, expresaba la voluntad de dedicarse todos a “trabajar con el mayor espíritu unitario, con esmero y dedicación, para salir airosos de nuestra responsabilidad estatutaria” de celebrar en septiembre la convención nacional que sellaría la organización del PRM en todo el país.

Según los informes recabados, ya el objetivo de septiembre está perdido y hay dudas que lo logren para antes de Navidad, a menos que se produzca un alto en la desenfrenada competencia interna, que los perredeístas consideraban buena “para dinamizar la organización”. En aquel caso podría explicarse siendo un partido con años de consolidado a nivel nacional y aún así generó divisiones insalvables, entre Guzmán y Jorge Blanco, entre este y Majluta, entre Majluta y Peña Gómez y finalmente entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas.

Ls primera etapa de la consolidación del PRM estaba cifrada en la reorganización de todos los municipios, y habría alcanzado a 138, faltando 20. La segunda sería un nuevo registro de militantes, abriendo inscripciones y reinscripciones, etapa que aún no comienza. Para culminar en una convención que elegiría todos los cargos a nivel nacional, provincial, municipal y local, así como los llamados frentes de masas.

Ignoran el clamor nacional

            Aunque gran parte de la dirección y la militancia del PRM ha participado en el movimiento de la Marcha Verde, excepto Hipólito Mejía quien dijo que “no soy hombre de marchas ni de tirar piedras”, parece que no han podido descifrar las razones de la indignación  nacional que se expresa masivamente en las calles.

Cuando inmensas multitudes ponen contra la pared al Gobierno y su partido exigiendo castigo de la corrupción y fin de la impunidad, los perremeistas están preocupados por la candidatura presidencial del 2020. Cuando gran parte de la sociedad lucha por una ley de partidos y otra del régimen electoral que acorte campañas como forma de reducir el costo de la política, del clientelismo y el rentismo, y el abuso de los recursos públicos y del poder, los del PRM adelantan en años su precampaña.

Esas cegueras políticas no fueran tan dañinas ni repugnantes si no estuvieran enfrentados a una maquinaria política que controla y abusa de todos los poderes del Estado, con una experiencia política única y capacidad para comprarlo y dividirlo todo, incluso los partidos de oposición. Y desde las instancias propagandísticas del gobierno no han faltado incentivos para lograr el éxito de que Mejía y Abinader destrocen la mayor opción de poder de la oposición. Entre los opositores no han faltado quienes crean que pudieran ser beneficiarios del apoyo del presidente Medina para contener la posibilidad de un regreso del “Leonel vengativo”, que alude a la forma con que los danilistas le cerraron el paso al expresidente, Quirino incluido, en el 2015-16.

Algo nuevo deberá surgir

La indignación de la Marcha Verde no ha cedido a pesar del empeño gubernamental y sus miles de propagandistas y existe el convencimiento de que en la medida en que persevere y se acerque al 2020, el gobierno y el PLD tendrán que atender siquiera parte de sus reclamos, Y que si no ocurre así, ni hay una estructura partidaria que se comprometa con el sentimiento nacional, para el 2020 podría emerger una alternativa sorpresa, como ha ocurrido en muchos países, últimamente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, y antes en América del Sur.

Para ganarse el espacio político abierto por las clases medias y sectores populares cada vez mayores, la oposición partidaria tendría que diferenciarse mucho más del partido gobernante. Por ejemplo, renunciando a barrilitos y cofrecitos  y presentando gestiones municipales y legislativas insospechadas de corrupción y reproducción del clientelismo, el rentismo y el patrimonialismo.

En el PRM hay otro problema serio, que los  intereses personales están por encima dee los colectivos. No se explica que acabaran de reelegir a Alfredo Pacheco como vocero en la camára de Diputados, donde hay excelentes emergentes, estando imputado por el escándalo Odebrecht. Tampoco se entiende que Andrés Bautista, también imputado, no haya puesto su cargo a disposición del partido. Como presidente se supone que no podrá hablar de Odebrecht hasta que no quede despejada la acusación que le afecta. Más aún si él ha sido tomado como rehén político, que es lo que parece, por la debilidad y hasta falsedades de lo que se le imputa.-

Un año a la defensiva política con creciente endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz
Presidente de la República, Danilo Medina.

Presidente de la República, Danilo Medina.

El presidente Danilo Medina agota el primer año de su segundo período de gobierno a la defensiva por el escándalo de Odebrecht que lo salpica,  y sin afrontar los problemas de fondo de la economía, sustentada en un vertiginoso endeudamiento .

            Al agotar el primer cuarto de su segundo período constitucional, el gobierno del presidente Danilo .Medina aparece empeñado en salir de la defensiva en que lo dejaron los escándalos de corrupción, especialmente el devastador de Odebrecht que hizo estallar la indignación de la Marcha Verde.

Su mayor mérito sigue siendo el crecimiento económico, aunque fundado en un insostenible endeudamiento que en el primer semestre de este año alcanzó 12.31 millones de dólares (584.7 millones de pesos) por día, evadiendo el mandato legal y los reclamos de la sociedad por un pacto fiscal, ley de responsabilidad fiscal y reformas políticas.

Quinto año de gobierno

El presidente Danilo Medina llega el miércoles 16 a su quinto año de gobierno y primero del segundo cuatrienio tratando de salir de la trinchera defensiva en que quedó sumido desde el fin del 2016 por el escándalo de Odebrecht y otros que han sacudido la conciencia ciudadana durante mucho tiempo adormecida frente a ese fenómeno.

En los últimos días los altos funcionarios del gobierno fueron enviados a los programas de televisión y los periódicos a pregonar sus logros y el mismo mandatario ha roto su silencio para defenderse en discursos improvisados en Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana. Medina también ha incrementado sus viajes por el país, cada vez menos sorpresivos y más reiterativos en ofertas de pequeños financiamientos y en inauguración de escuelas, convertidas en su mayor realización gracias al acatamiento de la ley de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para educación.

Impactado por una intensa lucha por el predominio partidario con el expresidente de la nación y presidente del PLD, Leonel Fernández, Medina no ha podido concertar una acción eficaz con su partido para evadir el cerco de la marcha verde, en especial en el plano judicial, donde una instancia que imputa a 14 personas no parece sostenible ni siquiera en la propia familia gobernante, lesionada en algunos miembros relevantes.

El PLD: amagar y no dar

            Por más que se haya pretendido simular, el poderosos Comité Político del PLD, único de sus organismos que se mantiene vigente, no ha logrado concertar acciones para defenderse de la avalancha originada por las confesiones de sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de la constructora brasileña, y ni siquiera ha podido emitir un pronunciamiento formal a ocho meses del estallido en vísperas de la Navidad del 2016.

La imputación por supuestos sobornos de tres de los propios miembros del Comité Político, considerada selectiva hasta en los predios peledeístas, ha contribuido a la inacción, aunque voceros como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y el ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baret han amenazado con sacar los peledeístas a las calles a defender su gobierno, pero esa tarea ha quedado limitada a los altos funcionarios.

El hecho de haber imputado a dos de los que aspiraban a la candidatura presidencial del PLD para el 2020, Temístocles Montás y Radhamés Segura, amplió la disensión interna más allá del grupo del expresidente Fernández, donde hay quienes entienden que es a Medina a quien le toca defenderse de lo que pudiera ser tan dañino como fueron para Leonel Fernández las revelaciones del enorme déficit fiscal tras concluir su gobierno   en 2012, y peor aún las pagadas declamaciones del narcotraficante Quirino Paulino en 2015.

No han parado la marcha

            Las  capacidades políticas de los peledeistas no han sido suficientes para detener el ascenso de la Marcha Verde, que todavía se expande por todo el país, a la vista de la muestra del pasado fin de semana en Nagua. Fracasaron en atribuir el movimiento cívico a los partidos de oposición, a grupos empresariales pretendidamente disgustados o al patrocinio extranjero, tanto como en las expectativas de que fuera efímera.

Cuando a finales de mayo la Procuraduría General presentó la instancia de impugnaciones, la maquinaria propagandística gubernamental pretendió dar por cerrado el escándalo, pero la insustancialidad del documento lo diluyó rápidamente, aumentando la indignación, sobre todo cuando quedó evidente que el 75 por ciento del financiamiento de Odebrecht llegó en el gobierno de Medina, dejando fuera del expediente a los danilistas.

            También resultaron contraproducentes el informe de la comisión presidencial sobre la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, manchada desde su origen por  conflictos de intereses y el acuerdo de la Procuraduría con la Odebrecht, en tanto han evadido exigir a la empresa que entregue la información detallada a que se comprometió a cambio de la impunidad. Haber ignorado las sobrevaluaciones de obras y el financiamiento electoral que salpica al gobierno de Medina, ha contribuido a mantener la indignación.

Es demasiada corrupción

            Si bien fueron las revelaciones de Odebrecht lo que detonó la crisis del gobierno de Medina apenas comenzaba su segundo período, una cadena de escándalos han contribuido  a erosionar su credibilidad y apoyo, incluso algunos heredados de su predecesor, como el de sobornos en la compra de los aviones Tucano por 92 millones de dólares.

Pero a ello se adicionó el de la OISOE, estallado con el suicidio allí de un contratista bajo extorsión mafiosa que develó medio centenar de expedientes presentados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Igual la venta a precio vil a una empresa del barrio Los Tres Brazos y el tráfico de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que generó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en San Pedro de Macorís y el “suicidio” de un desesperado comprador que se sintió estafado.

A pesar de algunos esfuerzos, el país no ha logrado mejorar su posicionamiento en las evaluaciones internacionales referente a las instituciones y la corrupción. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial 2016-17 lo mantiene en el escalón 123 en el pilar de institucionalidad, en el 133 en desvío de los fondos públicos y en confiabilidad de la policía, 132 en políticas antimonopolios, 128 en favoritismo de los funcionarios, y 111 en despilfarro del gasto gubernamental. Eso entre 139 países evaluados.

Algunos esfuerzos fallidos

Aunque el gobierno iniciado hace cinco años ha realizado esfuerzos por mejorar la administración pública y controlar el dispendio, parece que se esfumaron. Fracasaron la mayoría de las comisiones de veeduría auspiciadas y el dispendio ha reflotado en términos escandalosos, como las recientes revelaciones de que el expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez gastó en 6 años más de 7 mil millones 380 millones de pesos en ayudas sociales clientelares, donaciones y publicidad política.

Se acredita al ministro de educación Andrés Navarro la depuración de casi 4 mil personas que cobraban como maestros, lo que debería extender a la nómina de empleados administrativos, que creció 78 por ciento, con 33 mil 307 designaciones tras la aplicación del 4% del PIB para educación, lo que Educa denunció hace un año  como insostenible. El mismo Navarro había limpiado la nómina de Relaciones Exteriores cancelando más de 900 botellas, pero su sucesor Miguel Vargas Maldonado ha recién designado 45 asesores con sueldos promedio de 122 mil pesos, incluyendo a nueve que aspiraron a diputados.

Estabilidad por endeudamiento

El gobierno de Danilo Medina llega a su quinto año con el mérito de haber mantenido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, sobre 6 por ciento el año pasado, aunque en la primera mitad del 2017, se ha reducido al 4 por ciento, con indicadores preocupantes que obligaron a una reducción de tasas de intereses y del encaje legal para incentivar financiamiento productivo por 20 mil 423 millones de pesos.

En sus primeros meses, el régimen intentó acatar el mandato de  la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el pacto fiscal, pero lo desechó ante los reclamos sociales de ajuste del gasto, reducción del dispendio y de la malversación. Luego  ha persistido en desestimarlo, lo mismo que la reclamada ley de responsabilidad fiscal.

Pese a las advertencias ha seguido sustentando el crecimiento en el endeudamiento, que del 2013 al 15 creció en US$791.8 millones por año, pero en el 2016 se disparó a US$3,459.67 millones, equivalentes a US$9.61 millones por día, 456 millones de pesos, según el informe de Crédito Público de abril pasado. Pero ya en el primer semestre del 2017 la deuda del sector público no financiero creció en US$2, 215.5 millones, igual a 369.2 millones mensuales, US$12.31 millones diarios, equivalentes a 584 millones de pesos cada 24 horas. La deuda representa ya el 52 por ciento del PIB y 41 por ciento de las recaudaciones.

Sobran razones para cuestionar si eso es sostenible a mediano plazo en una economía que no aumenta sus exportaciones, duplicadas por las importaciones.

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Fuente: Dirección General de Crédito Público. Elaboración cortesía de José Rijo Presbot

Los nuevos desafíos de la Marcha Verde tras su indiscutible éxito

Marcha Verde, Santo Domingo. 16-07-17. // Fuente Externa.

Los mayores desafíos de la marea verde son mantener las características y objetivos que le han permitido impactar en la conciencia social, sin sobreestimarse ni caer en el aventurerismo, ampliar su base popular y exigir reformas políticas e institucionales

 Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque el Gobierno ha pretendido ignorarla, la Marcha Verde lo ha sumido, con todo y partido, en una crisis de credibilidad, que lo ha dejado a la defensiva, apostando a que el tiempo diluya el mayor movimiento sociopolítico de la historia nacional o a que su plural liderazgo cometa errores que le resten potencialidad.

Después de la masiva marcha del día 16, el movimiento social necesitará mayores  niveles de formalidad sin afectar características como la diversidad, con mayores esfuerzos para ampliar su base popular sin caer en el aventurerismo, reafirmando sus objetivos fundamentales  y avanzando en el reclamo de transformaciones políticas e institucionales.

Una sorpresa consolidada

Después de la marcha de hace dos semanas, con participación de decenas de miles de personas, nadie discute el extraordinario y consolidado éxito de la Marcha Verde (MV) que ha impactado la conciencia social dominicana, sacudiendo años de adormecimiento frente a la abrumadora corrupción política e impunidad diagnosticada en los últimos años en los mayores niveles mundiales por instituciones como el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional y en las encuestas e investigaciones nacionales.

El hartazgo de la sociedad con la malversación de los fondos públicos, y niveles inaceptables de clientelismo y rentismo que han consumido los mecanismos democráticos del sistema político, es la explicación del éxito de un movimiento sin un liderazgo centralizado, de tan diverso espectro socio político, que se consolida aún dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.

Entre analistas hay consenso de que la MV es la mayor expresión de ciudadanía en la historia nacional, sin banderas partidistas, sin tirar una piedra o quemar una goma, sin dádivas ni promesas de cargos y repartos, con una movilización espontánea  que ha dado nuevo protagonismo a las clases medias. Con apoyo significativo en los medios de comunicación y uso intensivo de las nuevas tecnologías comunicativas, incorporando y reanimando a una enorme masa de jóvenes, adultos y hasta ancianos.

Sacudimiento político

            Al potenciarse en las dimensiones sin precedentes del escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht y en las denuncias internacionales, la MV ha producido un sacudimiento político, dejando a la defensiva al gobierno del presidente Danilo Medina cuando apenas comenzaba segundo período gubernamental. También ha desestabilizado a su Partido de la Liberación Dominicana, cuyos máximos organismos no han podido liberarse del estigma de la corrupción ni formular efectivos planteamientos de defensa, socavados por intensas luchas en aras del predominio grupal.

La incredulidad general afecta las gestiones de un Ministerio Público que ha evadido la investigación local de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de Odebrecht, y elaboró una instancia de imputaciones saturada de inconsistencias que ha tenido fuertes repercusiones al interior del partido gobernante por la selectividad de los imputados. Con el extremo de no reclamar a la empresa que entregue toda la información que comprometió en el pacto de impunidad con la Procuraduría General hace tres meses.

El presidente Medina respondió el miércoles durante media hora los reclamos de un sacerdote de Santiago sobre su política de gastos, pero ha persistido en guardar silencio ante los cientos de miles que durante 6 meses han marchado en todas las regiones del país exigiéndole acciones concretas contra la corrupción y para poner fin a la impunidad. Su estrategia sigue siendo dejar que el tiempo diluya la indignación social, con una táctica de ataques verbales de su enorme, pero ahora ineficiente  aparato propagandístico.

Lucha de largo aliento

En el muy diverso liderazgo de la MV se expresa conciencia de que para alcanzar los objetivos de sanciones de la corrupción y poner fin a la impunidad se requerirá mantener la presión por mucho tiempo más. Están discutiendo las acciones que pondrán en práctica tras las movilizaciones masivas, entre ellas una consulta nacional, además de una asamblea de más del centenar de organizaciones y grupos sociales que la conforman.

En lo inmediato proseguirán las marchas a nivel provincial y barrial y contemplan pequeñas acciones para mantener la mística y ampliar la participación popular que viene en crecimiento desde las marchas de Azua, San Pedro de Macorís y en la nacional de Santo Domingo. Las primeras fueron una expresión dominante de las clases medias.

También existe la preocupación de dar una estructura mínima más definida al movimiento, tanto a nivel nacional como local, pero sin afectar su amplia horizontalidad y diversidad. La administración de esa pluralidad y el consenso han descansado en la experiencia de los activistas y entidades que llevaron luchas exitosas como la del 4 por ciento del PIB para la educación  y la preservación de Los Haitíses y Loma Miranda.

La MV ha comenzado por exigir al Procurador General que reclame a Odebrecht el cumplimiento del acuerdo de impunidad o le ponga fin. Insistiría en su planteamiento inicial de una investigación independiente de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales. Incluirían el reclamo a la Procuraduría de que investigue la denuncia sobre las transferencias de 4.4 millones de dólares de Odebrecht a la empresa CineArt 2013 creada en Santo Domingo por los hijos de Joao Santana y Mónica Moura.

Mantener la ponderación

Una clave fundamental de supervivencia para la MV es mantener la ponderación en cada acción, evadiendo proponer metas inalcanzables que dejan frustraciones, sin sobreestimar sus fuerzas ni subestimar las del gobierno, evadiendo el aventurerismo que caracterizó en el pasado a grupos de izquierda y el sobre entusiasmo de nuevos actores sin experiencia en las luchas políticas y sociales.

No faltan quienes se inclinan al maniqueísmo puritano y al rechazo de los partidos y grupos políticos, varios de los cuales han contribuido al éxito del movimiento, incluyendo al principal de la oposición, el Revolucionario Moderno, a Alianza País, Opción Democrática, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y persistentes agrupamientos de la vieja izquierda. Además de  segmentos del Partido Reformista Social Cristiano y hasta de la Fuerza Nacional Progresista.

Esa enorme diversidad conforma un abanico ideológico difícil de sostener sin metas generales unificadoras como la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso mismo la mayoría de sus líderes rechazan la posibilidad de transformar  el movimiento en una opción partidaria, que por ahora disolvería la MV, y que sólo pudiera tener alguna viabilidad al acercarse la próxima contienda electoral, a más de dos años y medio, si para entonces los actuales partidos han sido incapaces de asumir los retos ciudadanos, incluyendo conformar  una coalición con metas específicas contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con relevante participación social.

Con poder constituyente

Si la estrategia del gobierno es dejar que el tiempo y la diversidad reduzcan la Marcha Verde, la de esta podría ser evitar a toda costa su desgarramiento y seguir acumulando poder prosiguiendo la importante gestación de nuevos líderes sociales por todo el país, relevantemente en las clases medias y sectores empresariales, con capacidad para presionar cambios en el liderazgo político.

Si el PLD y su Gobierno no responden las demandas, y parece difícil que puedan hacerlo, aunque no faltan en su seno quienes crean que deben plantearse algunas transformaciones, la MV tendría que mantener la presión y obligar respuestas de la oposición política, incluso cosechando un poder constituyente que transforme la acción partidista y rescate valores democráticos, institucionales y socioeconómicos.

La esencia y consistencia de la marcha no le permite competir con los partidos sin reducirse, y por su diversidad tampoco podría adoptar un programa de amplios objetivos, pero sí ampliar su discurso a todo lo que se relaciones con la corrupción y la impunidad, relevantemente las reformas del sistema político, desde la ley de partidos hasta la del régimen electoral, bajo la convicción de que hay que abaratar el costo de la política para reducir la corrupción y rescatar mecanismos institucionales que proscriban la impunidad.

Tanto los líderes sociales como los políticos que marchan tienen que reconocerse mutuamente si quieren traducir el movimiento en poder constituyente, sin pretender una revolución, pero espantando todos los repartos clientelares y rentistas, los barrilitos y cofrecitos, la malversación, el derroche y la improvisación oportunista. Como concluyó esta semana el artículo “Marcha Verde y Liderazgo”, del excelente activista social Domingo Matías, “un movimiento social se crea para ganar poder social, transformarlo en poder político y no en un partido político”.  Los partidos sobran en el país, en todo el espectro.-

Tendrán que salvar otra vez el Plan de Regularización de Extranjeros

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque se escamotea la información y persisten las manipulaciones, informes indican que apenas 7,834, el 3 por ciento de los que recibieron el estatus provisional, han podido completar la exigente planilla de requisitos, por lo que desconocer esa realidad implicaría dar por fracasado un esfuerzo que ha tenido aplauso nacional e internacional.

La implacable realidad. Aunque se ha pretendido ocultarla, la realidad es que apenas 7,834 inmigrantes de múltiples nacionalidades han podido completar la exigente planilla de requisitos para acogerse a la regularización, equivalentes al 3 por ciento de los 230 mil 065 que hace dos años fueron autorizados provisionalmente a permanecer y trabajar en el país. Otros 20 mil 176 no se han presentado a recibir la constancia correspondiente, que probablemente fueron de las decenas de miles que regresaron a Haití tras cumplirse el plazo en julio del 2015.

Contrario a lo que todavía muchos pregonan, no ha sido la falta de documento de identidad el problema fundamental, pues sólo 20 mil 365, de los 288 mil 467 que originalmente solicitaron regularizarse, no presentaron pasaporte, cédula de identidad o acta de nacimiento, como estableció el decreto que dispuso el plan. Fueron el 53 por ciento de los 38 mil 226 que fueron descartados desde el comienzo, muchos por no haber podido acreditar la fecha de ingreso al país.

Del total de los solicitantes, provenientes de 116 países, el 97.7 por ciento son de nacionalidad haitiana, el 36 por ciento lo hizo con acta de nacimiento, 33 por ciento con pasaporte, el 24 por ciento con carné o cédula nacional de identidad, y el restante 7 por ciento no pudo presentar un documento de identidad personal.

Demasiados requisitos. Desde el principio se advirtió que el PNRE era excesivamente exigente para una población de inmigrantes muy pobres, que incluía aspectos socio-económicos como cuentas bancarias, propiedad de muebles e inmuebles y de automóviles, contratos de alquileres, además de los básicos como documento de identidad, arraigo en el país, certificado de buena conducta, contrato de trabajo y constancia de residencia. Y hasta las compras de electrodomésticos o contratos de teléfono deben ser autenticados por notarios públicos, todo lo cual eleva los costos a niveles impagables por la mayoría de los haitianos.

Abogados que participaron en los procesos por cuenta de grandes empresas que procuraron regularizar sus trabajadores agrícolas, testimoniaron que cada caso salía por entre 15 y 20 mil pesos, sin contar las extorsiones a que eran sometidos los más indefensos. Con el agravante de que las gestiones implicaban entre 10 y 15 visitas a los centros de registro, con los consiguientes costos de transporte y de ausencia laboral.

Así como ha habido empresas interesadas en regularizar sus empleados extranjeros, la mayoría de los empleadores agrícolas, de la construcción y domésticos, evaden darle certificaciones de empleo, muchos por temor a que luego les exijan prestaciones laborales o pago de la seguridad social. A eso contribuye la condición inestable de esos trabajadores y su empleo temporal por estaciones de cultivo y cosechas agrícolas.

Pequeños y medianos productores agrícolas aducen que ellos no pueden dar un certificado sin garantía de que el jornalero no se vaya a otro lugar o labor. La renuncia afecta a haitianos en el trabajo doméstico, guardianes, jardineros, porteros de edificios, fincas y residencias. Alta proporción tampoco ha conseguido que dominicanos les firmen constancia de arraigo.

Sin real alternativa. Las autoridades no tienen alternativa realista a una nueva prórroga de la provisionalidad, a menos que quieran proclamar el fracaso de un programa de regularización en el que dicen haber invertido más de dos mil millones de pesos, con aportes internacionales, para un objetivo planteado desde 1990 en el decreto 417 del presidente Balaguer, que lo dispuso por primera vez. La segunda quedó patente en la Ley 215 de Migración, promulgada por el presidente Mejía en el 2004. El objetivo fue rescatado por la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en septiembre del 2013.

Fue en vísperas de concluir el plazo para solicitar la regularización que las autoridades concibieron las autorizaciones provisionales, al comprobar que apenas 2 por ciento cumplía todos los requisitos. Se anunció que se darían permisos por dos años a los que se acreditaron con pasaporte y por un año a los de actas de nacimiento o cédula.

Como no se emitieron todas las autorizaciones al mismo tiempo, tampoco vencen juntas, los primeros 140 mil entre este julio y diciembre, y el resto en el 2018. Pero de hecho, los 230 mil autorizados provisionalmente serían apenas la mitad de los 458 mil haitianos que, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012 habían llegado al país, que para el 2015 podrían haber superado los 550 mil, por el incremento de esos años.

Los esfuerzos por regularizar esos 230 mil, deberían permitir la repatriación de unos 300 mil, y de hecho las autoridades han dado cuenta de que entre 40 y 50 mil se fueron por propia voluntad al finalizar la regularización, y otros tantos fueron deportados progresivamente.

Tendría un costo muy alto. Debe asumirse que de no renovarse las autorizaciones provisionales, casi todos los inmigrantes haitianos estarían condenados a la deportación, con un costo inmenso para las relaciones bilaterales en la isla, y a nivel internacional para un país que a su vez tiene más de millón y medio de sus nativos en el exterior. Marchitaría aún más la imagen de la República Dominicana en el mundo, afectada severamente desde la sentencia 168-13, que dispuso la desnacionalización de los descendientes de haitianos nacidos en el país.

Pero sobre todo, habría que contemplar si la producción agropecuaria y la construcción, pública y privada, y las labores domésticas pueden mantenerse sin la barata mano de obra haitiana. A no ser que de golpe la población dominicana decida asumir las tareas más duras dejadas por décadas a los vecinos. En cualquier caso, elevaría los costos de producción y reduciría la ya pobre capacidad competitiva de los productores nacionales.

Solo el entusiasmo de los grupos que explotan el ultra nacionalismo promoviendo la confrontación en la isla, puede creer que el país puede prescindir de la inmigración haitiana después de un siglo. Incentivaría el tráfico de ida y vuelta por la frontera, con el que personeros de ambos lados han hecho fortuna durante décadas. Aunque debe quedar consignado que, con evidente hipocresía, muchos de los explotadores de la mano de obra haitiana guardan silencio y hasta se suman a los prejuicios históricos, sociales y hasta raciales.-

Rumbo a la insostenibilidad fiscal Con US10 millones de deuda por díaRumbo a la insostenibilidad fiscal Con US10 millones de deuda por día

Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno Sigue celebrando el alto crecimiento fundado en un endeudamiento que supera el 50% del producto interno bruto y demanda casi un cuarto de los ingresos fiscales sólo para pagar los intereses de una deuda sobre 36 mil millones de dólares                                                                         

            Atrapado por la creciente crispación social derivada de los escándalos de corrupción y su correlativa  impunidad,  el gobierno se refugia en la persistencia de un alto crecimiento económico, fundamentado en un endeudamiento que ya supera el 50 por ciento del PIB y preocupa a los organismos internacionales, economistas y empresarios dominicanos.

En las estadísticas oficiales la deuda nacional creció el año pasado 288 millones de dólares por mes, casi 10 millones por día, lo que implica que cada dominicano,  hasta los indigentes,  se  endeudó en un dólar diario, hasta deber por lo menos 3 mil 400 dólares ó 161 mil pesos, mientras el gobierno ignora las advertencias y elude enfrentar el derrotero.

Preocupación en incremento

            Crece la preocupación entre los economistas, sectores empresariales y hasta en los organismos internacionales por el persistente rumbo a la insostenibilidad fiscal que registra la economía nacional sin que las autoridades  acepten la necesidad de buscar un pacto fiscal, que ante la galopante crispación por la corrupción y la impunidad ya algunos amplían a un nuevo contrato social para restablecer la confianza en las instituciones.

Ya en marzo el directorio del Fondo Monetario Internacional cuantificó la deuda nacional al 2016 en 49.7 por ciento del PIB, con múltiples recomendaciones reiterativas de la necesidad de un reajuste o pacto fiscal, precedido de un pacto eléctrico, para contener el deterioro de las finanzas, ampliar la base tributaria, elevar la eficiencia del gasto público, con responsabilidad y disciplina fiscal y “con graduación de la asistencia social”.

La publicación del Banco Central dando cuenta de un persistente alto crecimiento, del 5.2 por ciento, en el primer trimestre del año, con bajísima inflación, tasa de desocupación de 5.9 por ciento  y crecimiento del empleo superior al mundo desarrollado, alienta la ilusión de que la nación va viento en popa y se pueden seguir aplazando los correctivos, que implicarían necesariamente contención del dispendio, la corrupción, y el clientelismo en que el partido gobernante ha fundado una amplia dominación.

Esta semana la representante en RD del Banco Interamericano de Desarrollo, Flora  Montealegre, al responder cuestionamientos sobre las advertencias del FMI, expresó que el país no debe seguirse endeudando para pagar intereses y debería “asegurarse de que la deuda que se coja a partir de ahora sea para aportar a los niveles de inversión enfocada en el desarrollo”.

Coinciden 5 economistas

Las preocupaciones por el rumbo de  la economía nacional son tan generalizadas que cinco economistas de posiciones diversas, que ellos mismos reconocieron,  coincidieron la semana pasada en advertir la necesidad de cambios económicos fundamentales, al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde  advirtieron los riegos de  los persistentes déficits fiscales, financiados con endeudamiento, de una economía cuyo crecimiento se centra en pocos sectores, donde se promueve más el consumo que la producción y la exportación, con problemas de competitividad. Un cuadro anexo indica que los créditos a la producción cayeron del 26.7% en el 2000, al 11.5 por ciento en el 2016, mientras los destinados al consumo, en el mismo período, se triplicaron  de 13 a 40 por ciento.

Jacqueline Mora, Pedro Silverio, Miguel Ceara Hatton, José Luis de Ramón y Ernesto Selman coincidieron con las recomendaciones del FMI y en la necesidad de poner límites a la carrera de endeudamiento, concluyendo el pacto eléctrico en discusión desde hace más de dos años, para abordar  un pacto fiscal que provea los recursos que el Estado requiere para atender las necesidades del desarrollo nacional.

Advirtieron que hasta el ministro de Economía, Isidoro Santana, coincidía con ellos, ya que dos días antes había planteado que el endeudamiento amenaza la sostenibilidad fiscal, y obliga a un pacto fiscal. Ya lo había reconocido meses atrás, como su antecesor  y ahora ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, quien en el mismo escenario del Grupo Corripio, sostuvo el 6 de noviembre del 2013 que “el gobierno se dio cuenta que el endeudamiento público está muy alto y comenzará a sembrar las bases para reducirlo a partir del 2015”, aunque desde entonces aumentó su velocidad. Otros, como el ministro de Hacienda Donald Guerrero, estiman que el nivel de la deuda es manejable por el gobierno.

Los cinco economistas coincidieron también en advertir  pérdida de confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema político para responder las demandas, por lo que Silverio llegó a reclamar “un nuevo contrato social fundado en la ética y la transparencia”.

Deuda sobre 50% del PIB

            En abril pasado el Ministerio de Hacienda y el Banco Central publicaron la deuda consolidada del Estado 2000-16, cuantificándola en 34 mil 102.7 millones de dólares. Resalta que se multiplicó casi 8 veces en el período, 2.5 veces entre 2000-04, bajó a 1.4 veces en el cuatrienio 2004-08 y subió  1.6 veces entre 2008 y 12.

Según el informe oficial, durante los tres primeros años de gobierno del presidente Danilo Medina, (2013-15) la deuda creció en 2 mil 375.4 millones de dólares, promediando 791.8 millones por año, pero en el cuarto, del 2015 al 16, se aceleró en 3 mil 459.7 millones de dólares, lo que implica que el promedio anual se incrementó casi cuatro veces en relación a los tres primeros. El último año el endeudamiento tomó un ritmo de 288.3 millones por mes y casi 10 millones de dólares por día.

Para el gobierno, la deuda consolidada del Estado representa el 47.6 por ciento del PIB, con una subestimación de 2.1 con relación al último informe del FMI que la estimó en 49.7 por ciento. El incremento del endeudamiento guarda proporción con los déficits fiscales sostenidos de los últimos 9 años, ascendentes a 665 mil 765 millones de pesos, con promedio anual de 73 mil 973 millones. En el período 2000-07, los déficits sólo sumaron 32 mil 315 millones de pesos, con promedio anual de 4 mil 39 pesos. El mayor fue  8 mil 86 millones en el 2004, consecuencia de la crisis bancaria. En cuadros anexos, elaborados en base a informaciones del Ministerio de Hacienda,  se puede observar la evolución histórica de los ingresos fiscales, del gasto y del déficit,

Cálculos peores de la deuda

Los datos oficiales indican que cada dominicano, aun los más desposeídos, tiene una deuda aproximada de 3 mil 400 dólares, que a la tasa de 47.4 pesos implicaría más de 161 mil pesos. La cuenta sería mayor atendiendo al cálculo de economistas, que elevan la deuda consolidada hasta más de 38 mil millones de dólares.

Existe una deuda flotante, no registrada, que incluye normalmente varios cientos de millones de dólares a los generadores de electricidad y otros tantos adelantados a contratistas mediante garantías de préstamos, y la mayoría de los organismos del Estado acumulan deudas con suplidores, contratistas, seguridad social y otros renglones. Esta semana el director nacional de Salud reveló que los hospitales tienen deudas acumuladas  de casi 3 mil 900 millones de pesos. Cientos de contratistas asociados en un “Comité Codiano”  reclaman pagos atrasados  por 3 mil 500 millones de pesos. El director del Instituto de la Vivienda estimó en 760 millones de pesos su deuda a febrero pasado.

El  mayor endeudamiento lo calcula el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), dirigido por Ernesto Selman, a quien no se puede acusar de opositor interesado, puesto que confiesa su membrecía en el Comité Central del partido gobernante, lo que no le ha mellado la profesionalidad. Según cuadro anexo, la deuda consolidada sería de 38.6 mil millones de dólares, 54 por ciento del PIB.

El experto fiscal José Rijo, quien sigue rigurosamente la fiscalidad nacional también está convencido de que la deuda total es superior a la reconocida oficialmente, si se le adicionan las “cuentas por pagar” de los organismos estatales, y que podría alcanzar el 53 por ciento del PIB. Mientras el economista Eduardo Tejera la cuantifica a marzo pasado en 36 mil 994 millones de dólares y 52 por ciento del PIB.

En cualquier caso sólo el pago de los intereses obliga al Estado a destinar entre 23 y 25 por ciento de los ingresos fiscales, que si bien se multiplicaron más de diez veces desde el 2000, se han quedado muy por debajo del crecimiento del gasto que creció más de 13 veces, y de la empleomanía estatal, que pasó de 361 mil a 603 mil con crecimiento del 67 por ciento.

Nuevos factores externos en el juego, como el alza de las tasas de intereses y las incertidumbres internacionales explican el incremento de la preocupación por la sostenibilidad en el corto y mediano plazo de una economía demasiado dependiente del exterior.-

Denuncia a la Procuraduría contiene múltiples indicios

Por Juan Bolívar Díaz

A1La denuncia presentada esta semana ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cuatro organizaciones sociales para que se investiguen indicios de que la Odebrecht financió las campañas electorales del presidente Danilo Medina y su partido es un legítimo recurso constitucional que debe ser respondido.El documento se refiere a interrogatorios de las autoridades brasileñas a los ejecutivos de Odebrecht y los mecanismos operativos de financiamiento a campañas electorales en varios países, pero su mayor aporte es la documentación del ingreso enmarañado de 4.3 millones de dólares a una cuenta bancaria en Santo Domingo.

Denuncia y recusación. Al iniciarse el quinto mes desde el estallido del escándalo internacional de la corrupción de Odebrecht, cuatro entidades sociales, integrantes de la Marcha Verde, elevaron una instancia, amparadas en derechos constitucionales, para que la PGR investigue indicios de que la constructora brasileña habría financiado campañas electorales del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El Centro Social Juan XXIII, integrado por profesionales e intelectuales católicos, el movimiento cívico Participación Ciudadana, la Fundación Masada, presidida por el destacado jurista y escritor José Luis Taveras, y Santiago Somos Todos, estos últimos dos de Santiago, se amparan en los artículos 22, 246 y 262 de la Constitución de la República que establecen el derecho a “Denunciar las faltas cometidas por funcionarios públicos en el desempeño de su cargo” y en “la facultad de toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública para denunciarla ante la Procuraduría General”.

Citan presumibles violaciones a la Constitución, al Código Penal y a la Ley Electoral, para fundamentar su petición de que “se proceda con la comprobación de los hechos”, que consideran atentatorios contra la soberanía nacional por injerencia de una empresa extranjera en los asuntos políticos dominicanos, con financiamiento proveniente de actos delictuales que constituyen lavado de activos.

A la vez los demandantes apelan a la Ley del Ministerio Público para pedir la inhabilitación del Procurador Jean Alain Rodríguez en la investigación, por su condición de miembro del Comité Central del partido gobernante, y que la asuma su primer adjunto suplente o el de mayor edad.

El aporte más relevante. Entre los indicios más relevantes de la denuncia formal resalta la documentación de depósitos por 4 millones 396 mil 796 dólares (unos 208 millones de pesos), mediante una maraña triangular hasta llegar a una cuenta bancaria en Santo Domingo de una empresa creada aquí con el artístico nombre de Cine & Art 2013, atribuida al asesor electoral del presidente Danilo Medina, Joao Santana, entre octubre del 2013 y julio del 2014. Identifica cinco depósitos con fechas, tres por montos de 200 mil 174 dólares, otro por 380 mil 173 y el quinto por 400 mil 174 dólares.

Documenta cómo Odebrecht hace transferencias de fondos de entre 105 mil y 289 mil dólares a ocho empresas constituidas en Lima, Perú, por su socio Eduardo Monteverde, y estas los pasan a una novena, Isagon SAC, que los envía finalmente a Cine & Art 2013 en Santo Domingo, a través de bancos reconocidos identificados en la instancia.

El origen de la documentación es un informe del congresista peruano Juan Pari Choquecota a la comisión investigadora de los sobornos en Perú de Odebrecht y otras dos empresas brasileñas, a su vez recogida en una investigación del consorcio IDL Reporteros que encabeza el destacado periodista Gustavo Gorriti, titulada “Los Sinuosos Caminos del Lava Jato en Perú, cuyo capítulo II se titula “Cine & Arte del Lava Jato en la República Dominicana”. Consigna 16 transferencias bancarias de Isagon SAC a Cine & Art 2013, cuyo registro mercantil la ubica en la calle Helio 102, donde estaba Polis Caribe, la empresa formal de Joao Santana. Un asociado de éste, Marcelo Macarenhas Kertész, figura como presidente y en la misma tendría acciones un hijo del asesor político.

Pagos del gobierno a Joao. La instancia investigativa se refiere ampliamente a la condición de Santana como asesor político del presidente Medina y dice que en las declaraciones de estados financieros presentados por el PLD a la Junta Central Electoral “no se evidencia ningún pago a Santana ni a sus empresas. Sin embargo refiere dos pagos del gobierno a las empresas de Joao, un cheque del 16 de diciembre del 2014 a Polis Caribe por 16 millones 720 mil 754 pesos por concepto de “saldo en el pago de servicios de realización y producción de comerciales Publicitarios”. Este había sido denunciado en la campaña electoral del año pasado por el Partido Revolucionario Moderno. La segunda erogación fue a Cine & Art 2013, por otros 16 millones 198 mil pesos, que aparece en una relación de pagos de noviembre del 2014 del Ministerio de Educación, sin concepto identificado.

Esos serían indicios de que Cine & Art 2013 tenía vínculos con el Gobierno, y de que las empresas de Santana recibían pagos del erario público, y de hecho se ha informado con anterioridad de que Polis Caribe tenía registro como suplidora del Estado, lo cual sugiere una confusión en los papeles del asesor electoral del presidente hasta su requerimiento en febrero del 2016, por la justicia brasileña, tres meses antes de las elecciones nacionales, para ser apresado a su llegada a Brasil, lo mismo que su esposa y administradora financiera Mónica Moura.

La denuncia se refiere también a la sentencia condenatoria de los Santana-Moura a 8 años de cárcel dictada por la Sala Criminal de Curitiba, Brasil ,atribuyéndola a su condición de haber sido parte de “una red mafiosa” constitutiva de una “asociación de malhechores”.

Una buena oportunidad. La denuncia demanda de investigación de las cuatro entidades sociales coincidió con el testimonio de Joao Santana ante la Corte Electoral de Brasil esta semana donde sostuvo que no había financiado las campañas del presidente Medina, lo que fue celebrado por este afirmando que su asesor político “dijo lo que tenía que decir y nadie puede decir lo que no ha sucedido”. De acuerdo con esto, por lo menos los jefes de Santana dijeron lo que no es cierto.

Dada la seguridad que tiene el mandatario de que no hubo dinero de Odebrecht en su campaña, debería ser el primero en auspiciar que se investiguen y aclaren los indicios en que se fundamenta la petición de las entidades sociales, que no parecen inventos y han sido publicadas por los diarios brasileños y de otros países.

Con los datos aportados no sería difícil establecer la veracidad o falsedad de las cuentas de Cine & Art 2013, aclarar los pagos del gobierno a Santana y referirse a las versiones de los ejecutivos del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht. Es que el Presidente no puede referirse sólo a los testimonios que le convienen, sino abordar el escándalo en todas sus dimensiones.

Al Presidente se le debería dar crédito y presumirlo inocente de esos cargos, como corresponde en justicia, pero su Gobierno y partido en vez de empeñarse en establecer la realidad del escándalo, han tratado de ignorarlo, estigmatizan a los que reclaman sanciones y su justicia no ha encontrado hasta ahora camino de sanciones. Alguien debería recordarles la histórica máxima de que “no basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo”.-

La RD atrasada también en Indice del Estado de Derecho

Por Juan Bolívar Díaz
A1

 

Al igual que en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el país se quema en el Indice del Estado de Derecho, ocupando la posición 85 entre 113 países, descendiendo 7 puestos en relación al 2015, y con nota de 47%, uno menos   

                 La República Dominicana volvió a quemarse en el Indice del Estado de Derecho del 2016 (IED-16), publicado esta semana por el Proyecto Justicia Mundial que auspicia el Colegio de Abogados de Estados Unidos junto a 21 socios estratégicos, ocupando la posición 85 entre 113 países, y la 30 entre 37 de América Latina y el Caribe.

En una escala de 0 a 1, el país obtiene una puntuación de 0.47 (equivalente a 47%), casi igual al 0.48 del 2015, cuando entre 102 naciones ocupó el escalón 67, lo que implica un descenso de 7 posiciones, ratificando otras evaluaciones como las del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y la de Transparencia Internacional.

Entre peores de la región

            Una vez más la Dominicana queda entre las últimas naciones de América Latina y el Caribe en evaluaciones internacionales, esta vez ocupando la posición 23 de 30,  sólo mejor que México, Ecuador Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, sin moverse de escalón en relación a la evaluación del 2015, que fue el 12 de 19.

Llama la atención que los demás países del Caribe quedan en mejor posición que  Dominicana en el IED-16, todos ubicados entre los escalones 5 y 14 de la región latinoamericana y caribeña, encabezados por Barbados y seguidos por Antigua-Barbuda, San Cristóbal-Nieves, Granada, Santa Lucía, San Vicente-Las Granadinas, Bahamas, Dominica, Jamaica y Trinidad-Tobago. Haití no aparece en este índice.

En todo el índice del 2016, la República Dominicana fue el país que más descendió, en 7 escalones, quedando por debajo de muchos de Africa, el continente más pobre y de menos desarrollo institucional en todas las evaluaciones internacionales. Sólo en dos renglones RD avanza, y en los otros seis, retrocede, en relación al índice del 2015.

Como es habitual en las evaluaciones, los países nórdicos europeos lideran en esta: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, con puntuación de  0.89 a 0.87, seguidos por Suiza, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelandia, Singapur  y Reino Unido. Australia y Canadá ocupan la posición 11 con 0.81 y Estados Unidos la 18, con 0.74 puntos.

Peores renglones de RD

El IED-16 evalúa 8 factores, con un total de 44 renglones, que son: limitación al poder gubernamental, ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal.

Las peores  puntuaciones dominicanas corresponden a ausencia de corrupción y justicia penal, ambos con 0.34, seguidos por cumplimiento de la ley y limitación al poder gubernamental, que registran 0.41 y 0.44. Apertura gubernamental y justicia civil quedan en 0.54 y 0.46.

Cuando se verifican los 44 renglones, el peor en RD es el correspondiente a corrupción en el Poder Legislativo, con una aprobación de apenas 0.15, seguido de la efectividad del sistema correccional y control de la violencia, con 0.23. La sanción de las inconductas gubernamentales y el respeto al debido proceso legal sólo obtienen 0.25 y 0.26. La no influencia gubernamental en la justicia criminal  y dilación razonable de la justicia civil registran 0.28.

Los mejores resultados

            Sólo en 2 de los 8 factores de la evaluación el país alcanza la aprobación, 0.61 en orden y seguridad y 0.60 en derechos fundamentales. El primero está determinado porque sólo contiene tres renglones, y en el de ausencia de conflictos civiles alcanza la máxima puntuación 1, equivalente al 100%, único de RD en todo el IED-16. Aunque en ausencia de delitos tiene aprobación de 0.60.

En la mayoría de los 8 renglones del factor derechos fundamentales, el país consigue aprobación, la mayor en libertad de religión, con 0.71, mientras la libertad de asociación y los derechos laborales alcanzan ambos el 0.65, en libertad de expresión el 0.62. También logró aprobación el de los mecanismos de quejas, con 0.65.

Llama la atención que el derecho a la vida y la seguridad aparezca entre los diez renglones que alcanzaron aprobación, con 0.64, lo que contradice la percepción generalizada de que en el país prevalece la inseguridad ciudadana.        El 0.62 que registra la vigilancia del gobierno, es congruente con la fortaleza de las organizaciones sociales que velan por la transparencia y los derechos sociales e individuales.

En tendencia generalizada

            Los resultados que arroja para República Dominicana el IED-16 prosigue la tendencia generalizada de las evaluaciones internacionales, especialmente las del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y el de Transparencia Internacional, aunque esta vez mejora su promedio a 0.47, que es 4.7 sobre 10.  La de competitividad global del 2016 dejó al país en la posición 92 de 138 países, con puntuación de 3.9 sobre 10. En relación a los 21 países latinoamericanos le correspondió el escalón 14, con siete por debajo.

El índice de transparencia de la organización Transparencia Internacional del 2016 colocó al país en la posición 120 de 176 evaluados, y entre los diez peores de América Latina, con 31 puntos sobre 100, o 3.1 sobre 10.

Es relevante que en todos los casos la quemazón dominicana sea mayor en materia de corrupción, particularmente en el poder legislativo. y en la ausencia de sanciones a la corrupción gubernamental y de la justicia y en la escasa independencia en la auditoría de las gestiones públicas.

El  IED-16 viene a justificar la indignación nacional por la corrupción que sacude el país en  los últimos meses  y fundamenta la demanda del Movimiento Verde por el fin de la impunidad.

El Proyecto Justicia Mundial

            El World Justice Proyect, (proyecto Justicia Mundial, en español) fue creado en el 2006 por el Colegio de Abogados de Estados Unidos, en asociación con 21 socios estratégicos. Es una institución independiente y multidisciplinaria que procura promover el estado de derecho en el mundo.

Su trabajo de investigación y promoción de las mejores prácticas se fundamenta en dos premisas: 1. El estado de derecho es la zapata de la paz, las oportunidades y la equidad. Y 2. La manera más efectiva para promover el estado de derecho es a través de la colaboración multidisciplinaria.

Han desarrollado el Indice del Estado de Derecho para medir cuantitativamente cómo el ciudadano común experimenta la vigencia o precariedad de sus derechos. En el informe del 2015 incluyó a 102 países, en el del 2016, publicado esta semana, abarcó a 113.

El índice se obtiene a través de encuestas a ciudadanos y cuestionarios que responden especialistas de cada país. La mejor puntuación, o máxima, es el 1, equivalente al cien por ciento y la mínima es 0.

En América Latina esta vez el país mejor evaluado fue Uruguay, con 0.72 puntos, seguido por Costa Rica y Chile con 0.68, y Barbados y Antigua-Bermudas con 0.67. El peor fue Venezuela con 0.28, seguido por Bolivia 0,40, y Honduras y Nicaragua con 0.42.-

República Dominicana en el Indice del Estado de Derecho

Factores                                         2016           2015           Diferencia

Ranking global                                 85  de 113        67 de 102    -7.00

Ranking regional                              23 de 30         12 de 19        0.00

Puntuación general                                0.47            0.48            – 0.01

Limitación al poder gubernamental  0.44            0.49            – 0.05

Ausencia de corrupción                       0.34            0.36            – 0.02

Transparencia gubernamental           0.54            0.52            +0.02

Derechos fundamentales                     0.60            0.61            – 0.01

Orden y seguridad                                 0.61            0.59            +0.02

Cumplimiento de la ley                        0.41            0.42            – 0.01

Justicia civil                                           0.46            0.51            – 0.05

Justicia penal                                         0.34            0.37            -0.03

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Elaboración de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016-2015

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RD en el Indice del Estado de Derecho 2016

                  Mejores puntuaciones     

Renglones                                                Puntuación

Ausencia de conflictos civiles                                     1.00

Libertad de religión                                                      0.71

Libertad de asociación                                                 0.65

Derechos laborales                                                        0.65

Mecanismos de quejas                                                  0.65

Imparcial y efectivo ADRs en justicia civil               0.65

Derecho a la vida y la seguridad                                 0.64

Libertad de expresión                                                    0.62

Vigilancia del gobierno                                                  0.62

Ausencia de delito                                                           0.60

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Elaboración de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016

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RD en el Indice del Estado de Derecho 2016

                  Peores puntuaciones

Renglones                                                Puntuación

No corrupción en el Poder Legislativo                                         0.15

Sistema correccional efectivo                                                        0.23

Control de la violencia                                                                    0.23

Sanción de las inconductas  gubernamentales                          0.25

Respeto al debido proceso legal                                                    0.26

No influencia gubernamental en justicia criminal                    0.28

Dilación razonable en la justicia civil                                           0.28

No discriminación en la justicia criminal                                    0.31

Efectiva investigación criminal                                                     0.32

Independencia de auditoría del gobierno                                   0.34

No influencia gubernamental en justicia civil                            0.35

Transparencia de leyes e información gubernamental             0.37

No corrupción en la justicia criminal                                           0.37

No corrupción gubernamental                                                      0.38

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Elaboración  de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016

Desafíos del Movimiento Verde tras su indiscutible impacto

   Por Juan Bolívar Díaz

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          La marcha del domingo 26 en Santiago contra la corrupción y la impunidad superó todos los vaticinios y ya no dejó la menor duda de la fortaleza de la mayor movilización social de la historia del país al margen de los partidos políticos y los sindicatos, sin quemar una goma ni tirar una sola piedra y con incorporación masiva de las clases medias.

El Movimiento Verde, que ha cifrado su éxito en su carácter policlasista, multisectorial y de dirección muy colectiva, que ha dejado al gobierno y su partido desconcertados y sin respuesta, afronta ahora el desafío de manejar su diversidad y evitar el aventurerismo, para lograr una consolidación que le garantice alcanzar sus objetivos.

Santiago es Santiago

Volvió a cobrar vigencia el acertijo de que “Santiago es Santiago”. Prometieron que superarían el tremendo éxito de la manifestación del 22 de enero cuando decenas de miles de capitalinos marcharon despertando sectores sociales adormecidos, y lo lograron. Entre observadores sociales hay consenso en que la marcha del 26 en “la ciudad corazón” alcanzó las dimensiones de la capitalina y la superó por lo menos en entusiasmo y creatividad, incluyendo una comparsa carnavalesca con máscaras que proclamaban el fin de la impunidad.

Tras esta manifestación las centenares de bocinas gubernamentales en los medios de comunicación y las redes sociales, tuvieron que admitir que están frente a un fenómeno social y fueron reprogramadas, enfilando ahora sus cañones a la difusión de intrigas que procuran incentivar competencias y división en el múltiple liderazgo del movimiento.

Ya el 5 de marzo en Puerto Plata tuvo lugar otra marcha multitudinaria y constituyó un éxito el libro verde que en febrero logró reunir 312 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas demandando el fin de la impunidad para contener la expandida corrupción gubernamental y política. Entre el 13 y el 19 de marzo, una llama verde recorrió el país expandiendo y generalizando el sentimiento de indignación que se agiganta en la medida en que pasan meses sin la menor coerción judicial por el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht que alcanzó aquí el mayor nivel en términos proporcionales. El verde fue enarbolado hasta en los estadios de beisbol del país y Miami.

Una gran diversidad

            La principal característica del movimiento verde es su heterogeneidad y el papel protagónico de las clases medias, a través de grupos emergentes que no conocían el fragor de las protestas callejeras. Pero su dirección no es tan improvisada, pues incluye entidades  sociales con experiencia en las movilizaciones que lograron la inversión del 4 por ciento en educación, que levantaron campamentos para defender de una cementera el parque nacional de Los Haitíses y de una explotación minera la loma Miranda. Más recientemente esos movimientos sociales lograron la recuperación de la Bahía de las Aguilas y del barrio Los Tres Brazos y paliar la desnacionalización de los domínico-haitianos con la ley 169-14.

El Foro Ciudadano, que agrupa a más de cien entidades sociales y comunitarias, el Centro Bonó, el movimiento Participación Ciudadana, Copadeba, Acopro, Poder Cudadano y el Centro Juan XXIII ya habían sido protagonistas en las coaliciones por la Educación Digna y Justicia Fiscal. Están también agrupaciones sociales, barriales y campesinas vinculadas a las viejas luchas populares, como el Frente Amplio de Lucha Popular, Feflas, Articulación Nacional Campesina y  Conamuca. Y resaltan nuevos agrupamientos, en especial cibaeños, como la Fundación Masada, Santiago Somos Todos  y Somos Pueblo.

El movimiento ha tenido decenas de voceros  en sus actividades y presentaciones mediáticas, muchos de ellos jóvenes debutantes  en las luchas sociales, pero ha contado con la experiencia de incansables activistas como María Teresa Cabrera, Manuel Robles, Mario Bergés, Mario Serrano, Fernando Peña, Domingo de la Cruz, fortalecidos con profesionales como de José Luis Taveras, Lucienne Carlo, Giovanny D´Alesandro, Ricardo Ripol, Mario Fernández y otros. Han contado con un amplio apoyo en los medios de comunicación, expertos en publicidad y en el manejo de las redes sociales y de periodistas de la categoría de Altagracia Salazar, Ricardo Nieves, Jhonatan Liriano, Natalia Mármol y Franiel Genao.

Sin partidos ni sindicatos

En la memoria colectiva hay coincidencia en que las manifestaciones del Movimiento Verde son las mayores protagonizadas en el país sin el concurso directo de grandes partidos ni del movimiento sindical cada vez más distante de las luchas populares. Aunque el mayor partido de la oposición, el Revolucionario Moderno, las ha respaldado desde el principio, sus dirigentes no han tenido incidencia. Lo mismo los de Alianza País, Alianza por la Democracia, Opción Democrática, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y otros partidos. Han respetado el carácter apartidista del movimiento, aunque a título particular profesionales y cuadros vinculados a ellos han tenido participación en tareas organizativas.

Otra característica relevante del  movimiento contra la corrupción y la impunidad es que no ha levantado reivindicaciones sectoriales, como tampoco ha quemado una goma ni se ha ejercido presión para lograr participación o paralizaciones de actividades, a diferencia de las grandes jornadas de lucha popular y paros generales de las décadas de los ochenta y noventa. Su carácter absolutamente pacífico ha facilitado la incorporación de las clases medias en proporciones sin precedentes.

Al principio las bocinas gubernamentales pretendieron estigmatizar el movimiento atribuyéndolo al PRM, lo que abandonaron cuando la encuesta Gallup mostró que el 91 por ciento de la población lo respaldaba. Luego han querido afiliarlo a los intereses de los generadores eléctricos, pero cada vez es más evidente que tiene un carácter masivo, con costo mínimo, porque no reparte ni regala nada, como tampoco promete. Los paraguas, camisetas y gorras verdes se venden y la mayor parte cubre su transporte.

Los próximos pasos

            Con el mes de abril comienza un segundo trimestre clave para el movimiento contra la corrupción y la impunidad, para alcanzar junio-julio cuando se espera que la justicia brasileña haga públicas todas las implicaciones del escándalo Odebrecht que, según se adelanta, sacudirán el sistema político de los países implicados.

Después de las manifestaciones masivas, los activistas del movimiento discuten este fin de semana los próximos pasos para mantener encendida la llama que ha conmovido la nación. Tienen pendiente terminar de recoger los libros verdes esparcidos por todo el país y en el exterior y presentar un balance que, según habría duplicado las 312 mil firmas de febrero. También se contempla la posibilidad de algunas marchas regionales en el sur, este y nordeste y enfatizar la necesidad de profundas reformas políticas, electorales e institucionales fundamentales para combatir  la corrupción y la impunidad.

No han faltado propuestas de una paralización nacional, pero predomina la convicción de que ese es un recurso extremo, descartado en la actual etapa de espera del desenlace judicial y que podría implicar recogimiento de los importantes segmentos de las clases medias, fundamentales en la lucha contra la impunidad, por su mayor independencia económica y su influencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y  en la opinión pública. En todo caso buscan mantener el consenso, aunque implica mucho tiempo.

Afianzar la compactación

            En el liderazgo del Movimiento Verde hay conciencia de las dificultades de afianzar  la compactación de tan gran diversidad y pluralidad de grupos, segmentos y personalidades tan independientes y saben que ese es su principal desafío. También están alertas de los esfuerzos que podrían provenir de los poderes políticos y voceros beneficiarios de la corrupción y la impunidad, que buscarían sembrar cizañas en el liderazgo social.

Pero hay quienes advierten contra las tendencias a sobreestimar los éxitos, a atribuirse protagonismos y liderazgos, a manipular políticamente el movimiento o a asumir un discurso antipartidos que desconozca el rol de estos en la democracia y le vuelque en contra todo el sistema político. Han insistido en que se trata de un movimiento esencialmente cívico, de ciudadanía, por lo que rechazan las banderas partidistas en sus actos, pero no excluyen la participación de dirigentes y militantes políticos coincidentes en la necesidad de contener la corrupción y la impunidad.

Al liderazgo social le convendría una reflexión profunda sobre la suerte que han corrido las grandes movilizaciones nacionales del pasado y las internacionales de los últimos años, como los indignados de España, Grecia, Nueva York o de la primavera Arabe, que se han diluido por no haber hecho alianzas tácticas con los sectores políticos más sanos sin alcanzar los objetivos fundamentales. Más temprano que tarde las decisiones son siempre políticas, en el Congreso, la justicia y sobre todo en el gobierno central.-

La ruptura Odebrecht obliga a sanciones y reformas políticas

Por Juan Bolívar Díaz

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Las implicaciones en el país del escándalo continental de sobornos y financiamiento de campañas electorales por la empresa brasileña Odebrecht no podrán quedarse en el rosario de la impunidad nacional y tendrán que saldarse no sólo con sanciones, sino también con una profunda reforma política-electoral, hace tiempo demandada.

El presidente Danilo Medina no debería ampararse en que le demuestren culpabilidad, sino rendir cuentas como se le adelantó el expresidente Hipólito Mejía, y reconociendo la creciente indignación general, convocar al liderazgo nacional político para pactar una profunda reforma política, electoral e institucional.

Un clamor que no cesa, Fue significativo que millares de personas desfilaran el domingo en Puerto Plata contra la corrupción y la impunidad y que la marcha verde hiciera presencia en el Mundial de Beisbol en Miami. Se generaliza la percepción de que las dimensiones del escándalo Odebrecht han provocado una ruptura en la sociedad dominicana, hastiada de la corrupción y de la impunidad que la alimenta.

El 27 de febrero ya el presidente Medina reconoció la legitimidad de la protesta generalizada y luego varios defensores del Gobierno se han quejado del amplio respaldo que tiene la marcha verde contra la impunidad en los medios de comunicación, algunos denunciando conspiraciones y esbozando amenazas, como si de repente se hubiese apagado el enorme aparato propagandístico del partido gobernante pagado por el Estado.
Se cuenta que los firmantes del libro verde contra la impunidad han sobrepasado el medio millón, mientras una llama sale de los puntos cardinales para confluir el domingo en la capital, mientras los cibaeños juran que estremecerán a Santiago el día 26, plantando a los estrategas gubernamentales que han apostado a la dilución.

Las imputaciones judiciales en otros países y las expectativas de que los fiscales brasileños destaparán por completo los implicados latinoamericanos en el corrupto entramado de la Odebrecht en un período de tres a cinco meses, se han constituido en una llama de largo aliento. Y que aquí no haya un solo imputado mantiene muy pendientes la impunidad que ha predominado en múltiples escándalos de los últimos años, incluyendo los sobornos y sobrevaluación de los aviones Tucano, los grandes expedientes contra Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, y los casos de la OISOE, CORDE y CEA. Mientras, se ignora si devolvieron los US$30 millones que, según el Procurador Jean Rodríguez, había adelantado Odebrecht como parte del “acuerdo confidencial” que el juez Vargas rechazó.

Presión de Hipólito Mejía. El discurso del expresidente Hipólito Mejía el lunes 6 se constituyó en un nuevo elemento de presión sobre el procurador general, el Gobierno y su partido, al rendir cuenta pormenorizada de los dos contratos con la Odebrecht durante su gestión del 2000-04, el acueducto de la Línea Noroeste y la presa de Pinalito, ambos concluidos por su sucesor Leonel Fernández.

El primer contrato había sido negociado en 1999 durante el primer gobierno de Fernández, por la suma de US$129 millones, Mejía ofreció detalles de adiciones que lo elevaron en 10%, a US$141 millones. Lo concluyó Fernández a partir del 2004. No dijo el costo final, estimado en US$251, un 78 por ciento más. Precisó que su sucesor ejecutó la presa de Pinalito, contratada en el 2004, por US$131.7 millones. Se ha publicado que concluyó en más del doble, unos US$300 millones.

Mejía se desligó de los sobornos de Odebrecht, manifestando que si se demuestra que él, esposa o hijos incurrieron en algún acto de corrupción, se retiraría de la vida política y entregaría su patrimonio al Estado. Proclamó que “en los gobiernos del PLD una parte importante del patrimonio público fue dilapidada”, que quienes hayan ocupado cargos como la presidencia, están obligados a rendir cuentas, y justificó la indignación por los “altos niveles de impunidad” prevalecientes, por lo que “doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país”.

Un testimonio terremoto. Si Hipólito Mejía lanzó un misil provocativo, lo que llegó desde Brasil al día siguiente fue un terremoto. El diario O Estado de Sao Paulo y el portal digital de la reconocida revista Veija informaron que el prisionero Hilberto Mascarenhas Silva, quien fuera director del departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, (o “Departamento de Coimas”), había testimoniado ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil que entre 2006 y 2014 gastaron US$3 mil 390 millones en financiamiento de campañas en ese país, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Panamá y Angola.

El impacto local fue mayor porque señaló a Joao Santana y su esposa Mónica Moura como los ejecutivos y beneficiarios del financiamiento que Macarenhas detalló por año, desde US$60 millones en el 2006 hasta alcanzar US$750 millones en el 2013, cayendo en el 2014 a US$450 millones.

Santana no sólo dirigió las exitosas campañas electorales de Lula da Silva y Dilma Rouseff, sino también las dos de Medina y el despliegue del testimonio y el escándalo en los periódicos dominicanos provocó que el mandatario nacional respondiera, por primera vez, una pregunta sobre el escándalo. Afirmó que él pagó los servicios de Santana, que la verdad va a salir de las investigaciones en Brasil y aquí, que hay mucha gente que “quisiera verme nadar en el lodo” y emplazó a quien le pueda probar que recibió dinero.

No aceptan la gravedad. El prolongado silencio del Presidente y de su partido sobre el escándalo choca con lo ocurrido en los otros países afectados. El presidente peruano Pedro P. Kuczynski, quien en un mes pronunció dos enérgicos discursos y anunció medidas concretas contra la corrupción, se sometió esta semana a un interrogatorio de periodistas internacionales y proclamó que “en Perú no hemos escondido esto debajo de la alfombra”, aunque allí los sobornos confesados sólo sumaron US$29 millones.

Tal como dijo el presidente Medina, habría que demostrarle si recibió dinero. Pero mientras, la esposa de Santana, Mónica Moura, ya aceptó en interrogatorio el año pasado, que tramitaron financiamiento a su campaña, aunque adujo no recordar el monto. Una decena de factores lo salpican y avergüenzan el país y son suficientes para que él haya detallado cómo y por cuánto se contrató a Santana y mostrara contratos y constancias de pagos. Aún se espera un pronunciamiento formal del PLD que tan activo fue contra la corrupción cuando perseguía el poder. Su secretario general Reinaldo Pared aceptó implícitamente la posibilidad del financiamiento de Odebrecht, se mostró sorprendido “de tanto escándalo”, y erró al plantear que “la ley no prohíbe recibir donativos de empresas privadas”. Desconoció los artículos 47 y 55 de la Ley Electoral 275-97, que las prohíben a las extranjeras.

Ineludible reforma política. Es amplio el consenso de que el escándalo Odebrecht, por sus dimensiones internacionales, no podrá quedar en el extenso archivo de la impunidad nacional, que tendrá que haber sanciones y que no basta tratar de generalizar las culpas de la corrupción. Pero mayor es la convicción de que para sofocarlo será ineludible una profunda reforma del sistema político electoral, y ni siquiera eso ha estado en las escasas respuestas peledeístas.

Si no contara con que se diluirá la indignación, el presidente Medina ya hubiese anunciado que convocará al liderazgo nacional para consensuar un paquete de reformas políticas, electorales e institucionales que prevengan, reduzcan y sancionen la corrupción y para evitar la prevalencia de la impunidad. Tendría que implicar sacar los agentes partidistas del sistema judicial, el ministerio público y los organismos electorales.

En las actuales circunstancias la nación tiene derecho a esperar acciones específicas de quien encarna su liderazgo, más allá de emplazar a que le demuestren que recibió dinero. Pero ni siquiera se escuchan enérgicas condenas del escándalo. Todavía hay tiempo.-

Grandes retos para Danilo en su informe a la nación

Por Juan Bolívar Díaz

 

El presidente Danilo Medina tendrá que emplear mañana todos sus recursos para responder el clamor nacional contra la corrupción y la impunidad, con gran descreimiento en las instituciones, compelido a fijar posición sobre los sobornos de Odebrecht, que le tocan de cerca por su asesor político Joao Santana y las plantas de Punta Catalina.

Le resultará difícil dilucidar a fondo los retos provenientes de Brasil y Estados Unidos, como los aviones Tucanos y Odebrecht, pendiente de conocerse información sobre la corrupción dominicana, pero deberá anunciar acciones contundentes como destituciones y sometimientos judiciales en escándalos como OISOE, CORDE y CEA.

El informe más difícil. En sus anteriores informes anuales ante la Asamblea Nacional el presidente Medina navegó con vientos favorables, con alta aprobación, ya denunciando los déficits fiscales como herencia, enfrentando el leonino contrato que tenía la Barrick Gold sobre el oro de Cotuí, o reivindicando la revocación de la estafa con los terrenos de Bahía de las Águilas.

Por primera vez en cinco ocasiones, Medina afronta el informe de gestión con su popularidad en caída de doble dígito, y un movimiento social que ha removido la conciencia ciudadana frente a la corrupción y la impunidad, que esta semana documentó con más de 312 mil firmas el respaldo a una investigación con fiscales independientes que permita sancionar los confesados sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y las evidentes sobrevaluaciones de obras, que afectan su gobierno y partido.

La consternación nacional es tan grande que ha superado la capacidad de manipulación de la inmensa red de comunicadores que en los medios formales y en las redes sociales paga el Gobierno y su enorme gasto en publicidad política. La convicción general es que la corrupción y su correlato de impunidad llegaron a niveles de saturación en los más diversos sectores sociales, empresariales, religiosos y en forjadores de opinión.

La coyuntura es también difícil en el ámbito económico-social, pese al alto crecimiento del año pasado, porque el Gobierno no dispone de recursos para concluir importantes obras, como el Metro y la remodelación de 50 hospitales, para cubrir las precariedades de la universidad estatal, ni para atender un creciente clamor salarial en el Estado o para alentar un significativo incremento de sueldos en el sector privado que “derrame” el pregonado crecimiento. En agosto 2014 Medina dijo que nadie podía vivir con sueldo de 10 mil pesos, pero el 20% de los empleados públicos y el 90% de los pensionados gana 5 mil 117 pesos, y el salario mínimo nacional promedia 9 mil pesos.

El escándalo Odebrecht. El mayor desafío de Medina lo constituye el escándalo internacional de los sobornos confesados por Odebrecht en una docena de países, que en términos proporcionales lidera la República Dominicana: 92 millones de dólares de soborno por contratos que arrojaron beneficios por 163 millones de dólares, y con sobrecostos de hasta cien por ciento, pendientes de evaluar.

De las 17 obras contratadas con la Odebrecht en sólo dos intervino el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, el acueducto de la línea noroeste, y la presa de Pinalito. Las otras 15 corresponden a los gobiernos peledeístas de Leonel Fernández y Danilo Medina, incluyendo la de mayor costo, las plantas de carbón de Punta Catalina, en cuya negociación se involucró el propio mandatario.

El Presidente aspiraba a que la comisión que conformó para evaluar la contratación de las plantas eléctricas le emitiera un certificado de no objeción en que ampararse para su informe de mañana, pero no fue posible por las opacidades y conflictos generados desde que el mandatario anuló una licitación que había iniciado su antecesor para abrir otra que a juicio de muchos fue hecha a la medida de la Odebrecht, tras dos viajes de Medina al Brasil.

El otro conflicto del Presidente es la asesoría de Joao Santana en sus dos exitosas campañas electorales, preso y condenado en Brasil por la trama de financiamiento ilegal a campañas electorales tanto de Petrobras como de Odebretch, quien tuvo que dejar la asesoría a Medina hace un año, el 22 de febrero, requerido y apresado por la justicia brasileña que ya lo condenó, junto a su esposa, a 8 años de prisión.

Caerán algunas cabezas. En círculos vinculados al Gobierno y su partido se baraja la decisión de procesar a varios de los ya públicamente vinculados a los últimos escándalos de corrupción, no sólo de Odebrecht, sino también de los aviones Tucano, de las sobrevaluaciones y la extorsión en la OISOE, de la Corporación de Empresas Estatales y del Consejo Estatal del Azúcar, como ofrenda a las tribunas nacionales que exigen “el fin de la impunidad”. El presidente podría adelantar algunos decretos como el que disolvió la CORDE.

El Procurador dijo esta semana que tiene “pruebas contundentes” sobre el soborno de Los Tucano por 3.5 millones de dólares denunciado en Estados Unidos en septiembre, y admitido por la empresa vendedora, la también brasileña Embraer. Pero no ha procesado a nadie. La comisión que investigó las ventas de terrenos del CEA que habría originado el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en Macorís, no tuvo tiempo para entregar su informe antes del discurso. Se asume que se referirá sólo al caso específico, no a todo el tráfico de las tierras y ganado del CEA, escandaloso desde hace años y que determinó un decreto de septiembre que creó una comisión evaluadora presidida por el dirigente peledeísta Bautista Rojas, la que seis meses después no ha concluido nada.

El Presidente pudiera dar alguna satisfacción al requerimiento avalado por 312 mil ciudadanos, proponiendo el fiscal especial o una comisión de notables que vigile las investigaciones del escándalo Odebrecht, renovar su inoperante Comisión de Ética y disponer alguna otra medida para tratar de frenar la ola ciudadana contra la impunidad.

Los problemas de fondo. El laborioso economista y dirigente político Guillermo Caram presentó una veintena de sugerencias sobre lo que debería abordar el presidente Medina en su informe anual, especialmente dirigidas a los problemas de fondo en materia económica, fiscal y financiera, con énfasis en las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país a mediados del mes. Se refiere a la necesidad del pacto fiscal por la sostenibilidad, a la disciplina fiscal para reducción de los déficits y el endeudamiento. También a la recomendación de fortalecer las instituciones y la gobernabilidad.

Descartado el pacto fiscal, lo que reiteraron esta semana dos altos funcionarios, el Gobierno estará en el dilema de cómo lograr los recursos necesarios para las grandes demandas económicas y sociales pendientes, y para reducir la dependencia del endeudamiento. El dirigente peledeísta Franklin Almeyda concretó la disyuntiva: cobrarle el costo a los pobres o a los ricos. ¿Por quién se decantará el presidente Medina, o podrá seguir endeudando aceleradamente el país? Los sondeos arrojan pocas expectativas.-