Denuncia a la Procuraduría contiene múltiples indicios

Por Juan Bolívar Díaz

A1La denuncia presentada esta semana ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cuatro organizaciones sociales para que se investiguen indicios de que la Odebrecht financió las campañas electorales del presidente Danilo Medina y su partido es un legítimo recurso constitucional que debe ser respondido.El documento se refiere a interrogatorios de las autoridades brasileñas a los ejecutivos de Odebrecht y los mecanismos operativos de financiamiento a campañas electorales en varios países, pero su mayor aporte es la documentación del ingreso enmarañado de 4.3 millones de dólares a una cuenta bancaria en Santo Domingo.

Denuncia y recusación. Al iniciarse el quinto mes desde el estallido del escándalo internacional de la corrupción de Odebrecht, cuatro entidades sociales, integrantes de la Marcha Verde, elevaron una instancia, amparadas en derechos constitucionales, para que la PGR investigue indicios de que la constructora brasileña habría financiado campañas electorales del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El Centro Social Juan XXIII, integrado por profesionales e intelectuales católicos, el movimiento cívico Participación Ciudadana, la Fundación Masada, presidida por el destacado jurista y escritor José Luis Taveras, y Santiago Somos Todos, estos últimos dos de Santiago, se amparan en los artículos 22, 246 y 262 de la Constitución de la República que establecen el derecho a “Denunciar las faltas cometidas por funcionarios públicos en el desempeño de su cargo” y en “la facultad de toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública para denunciarla ante la Procuraduría General”.

Citan presumibles violaciones a la Constitución, al Código Penal y a la Ley Electoral, para fundamentar su petición de que “se proceda con la comprobación de los hechos”, que consideran atentatorios contra la soberanía nacional por injerencia de una empresa extranjera en los asuntos políticos dominicanos, con financiamiento proveniente de actos delictuales que constituyen lavado de activos.

A la vez los demandantes apelan a la Ley del Ministerio Público para pedir la inhabilitación del Procurador Jean Alain Rodríguez en la investigación, por su condición de miembro del Comité Central del partido gobernante, y que la asuma su primer adjunto suplente o el de mayor edad.

El aporte más relevante. Entre los indicios más relevantes de la denuncia formal resalta la documentación de depósitos por 4 millones 396 mil 796 dólares (unos 208 millones de pesos), mediante una maraña triangular hasta llegar a una cuenta bancaria en Santo Domingo de una empresa creada aquí con el artístico nombre de Cine & Art 2013, atribuida al asesor electoral del presidente Danilo Medina, Joao Santana, entre octubre del 2013 y julio del 2014. Identifica cinco depósitos con fechas, tres por montos de 200 mil 174 dólares, otro por 380 mil 173 y el quinto por 400 mil 174 dólares.

Documenta cómo Odebrecht hace transferencias de fondos de entre 105 mil y 289 mil dólares a ocho empresas constituidas en Lima, Perú, por su socio Eduardo Monteverde, y estas los pasan a una novena, Isagon SAC, que los envía finalmente a Cine & Art 2013 en Santo Domingo, a través de bancos reconocidos identificados en la instancia.

El origen de la documentación es un informe del congresista peruano Juan Pari Choquecota a la comisión investigadora de los sobornos en Perú de Odebrecht y otras dos empresas brasileñas, a su vez recogida en una investigación del consorcio IDL Reporteros que encabeza el destacado periodista Gustavo Gorriti, titulada “Los Sinuosos Caminos del Lava Jato en Perú, cuyo capítulo II se titula “Cine & Arte del Lava Jato en la República Dominicana”. Consigna 16 transferencias bancarias de Isagon SAC a Cine & Art 2013, cuyo registro mercantil la ubica en la calle Helio 102, donde estaba Polis Caribe, la empresa formal de Joao Santana. Un asociado de éste, Marcelo Macarenhas Kertész, figura como presidente y en la misma tendría acciones un hijo del asesor político.

Pagos del gobierno a Joao. La instancia investigativa se refiere ampliamente a la condición de Santana como asesor político del presidente Medina y dice que en las declaraciones de estados financieros presentados por el PLD a la Junta Central Electoral “no se evidencia ningún pago a Santana ni a sus empresas. Sin embargo refiere dos pagos del gobierno a las empresas de Joao, un cheque del 16 de diciembre del 2014 a Polis Caribe por 16 millones 720 mil 754 pesos por concepto de “saldo en el pago de servicios de realización y producción de comerciales Publicitarios”. Este había sido denunciado en la campaña electoral del año pasado por el Partido Revolucionario Moderno. La segunda erogación fue a Cine & Art 2013, por otros 16 millones 198 mil pesos, que aparece en una relación de pagos de noviembre del 2014 del Ministerio de Educación, sin concepto identificado.

Esos serían indicios de que Cine & Art 2013 tenía vínculos con el Gobierno, y de que las empresas de Santana recibían pagos del erario público, y de hecho se ha informado con anterioridad de que Polis Caribe tenía registro como suplidora del Estado, lo cual sugiere una confusión en los papeles del asesor electoral del presidente hasta su requerimiento en febrero del 2016, por la justicia brasileña, tres meses antes de las elecciones nacionales, para ser apresado a su llegada a Brasil, lo mismo que su esposa y administradora financiera Mónica Moura.

La denuncia se refiere también a la sentencia condenatoria de los Santana-Moura a 8 años de cárcel dictada por la Sala Criminal de Curitiba, Brasil ,atribuyéndola a su condición de haber sido parte de “una red mafiosa” constitutiva de una “asociación de malhechores”.

Una buena oportunidad. La denuncia demanda de investigación de las cuatro entidades sociales coincidió con el testimonio de Joao Santana ante la Corte Electoral de Brasil esta semana donde sostuvo que no había financiado las campañas del presidente Medina, lo que fue celebrado por este afirmando que su asesor político “dijo lo que tenía que decir y nadie puede decir lo que no ha sucedido”. De acuerdo con esto, por lo menos los jefes de Santana dijeron lo que no es cierto.

Dada la seguridad que tiene el mandatario de que no hubo dinero de Odebrecht en su campaña, debería ser el primero en auspiciar que se investiguen y aclaren los indicios en que se fundamenta la petición de las entidades sociales, que no parecen inventos y han sido publicadas por los diarios brasileños y de otros países.

Con los datos aportados no sería difícil establecer la veracidad o falsedad de las cuentas de Cine & Art 2013, aclarar los pagos del gobierno a Santana y referirse a las versiones de los ejecutivos del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht. Es que el Presidente no puede referirse sólo a los testimonios que le convienen, sino abordar el escándalo en todas sus dimensiones.

Al Presidente se le debería dar crédito y presumirlo inocente de esos cargos, como corresponde en justicia, pero su Gobierno y partido en vez de empeñarse en establecer la realidad del escándalo, han tratado de ignorarlo, estigmatizan a los que reclaman sanciones y su justicia no ha encontrado hasta ahora camino de sanciones. Alguien debería recordarles la histórica máxima de que “no basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo”.-

Falta mucho para saldar el escándalo Odebrecht

 

Por Juan Bolívar Díaz

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El Gobierno del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lograron un respiro con el testimonio de Mónica Moura, quien en su declaración ante el tribunal electoral brasileño negó que se utilizaran recursos de Odebrecht en las campañas electorales que ella y su esposo Joan Santana asesoraron en el país.

Ese primer éxito en el calvario de cuatro meses fue seguido por otro, el haber logrado que un juez validara el acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR) con la empresa constructora, pero con tan alto tufo de impunidad que parece otro soborno y reactiva la indignación nacional por el escándalo, faltando muchas explicaciones.

Un éxito preanunciado. El Gobierno estaba preparado para, tras la pausa de la Semana Santa, intentar salirse del cerco en que lo ha situado el escándalo de los confesados sobornos de Odebrecht para obtener contratos de obras en el país y las denuncias de que financiaron las campañas electorales del presidente Medina. El activo ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había anunciado que esperaran el testimonio que se presentaría esta semana, sólo que lo atribuía a Joao Santana y le tocó a su esposa Mónica.

Peralta demostró estar bien informado, porque sostuvo que ese testimonio demostraría que no hubo dinero de Odebrecht en la campaña de Medina, y así lo repitieron los voceros del PLD en los medios de comunicación, incentivando las versiones de que han mantenido contactos y posibles tratativas con los Santana-Moura. Se sostiene que uno de los hijos de Joao y gente de su equipo todavía trabajan para el gobierno dominicano.

Tan pronto se produjo, al inicio de la semana, la PGR logró que el juez Danilo Amador Quevedo validara el acuerdo que el 1 de marzo había rechazado el juez Juan Alejandro Vargas, sin pérdida de tiempo, al día siguiente de haberse informado la recurrencia. Se evade un juicio que prolongaría indefinidamente el escándalo y podría arrojar informaciones más comprometedoras.

La principal motivación de la PGR para justificar un acuerdo que ha sido calificado como “otro soborno de Odebrecht”, es que la empresa se compromete a entregar a más tardar el 19 de mayo, la lista de los sobornados, y que eso permitirá procesarlos. El costo de impunidad para Odebrecht es alto, sobre todo porque existe el compromiso de que esa lista sería aportada por las autoridades judiciales de Brasil a partir del 1 de junio, es decir que se conseguiría en dos semanas sin costo alguno.

Faltan los US$163 millones. La PGR ha justificado el acuerdo en que Odebrecht se compromete a pagar en los próximos 8 años, hasta el 2025, la multa por el duplo (US$184 millones) de los US$92 millones que confesó haber pagado en sobornos para obtener contratos en el país, dejando en el olvido los US$163 millones que obtuvo de los mismos actos de corrupción admitidos.

El experto Enmanuel Cedeño Brea, en Acento.com, calcula el valor neto que recibirá el país por el acuerdo. Con una tasa de descuento por los intereses a 8 años, concluye en que serían sólo US$137, 865,764, que el “valor del dinero en el tiempo” le aporta a la empresa un descuento de US$46, 134,236, equivalente al 25 por ciento.

Así como RD es, de los 9 países involucrados en el escándalo, el que no ha adoptado ninguna coerción, pese a liderar proporcionalmente el volumen de sobornos tanto en lo pagado como en relación a lo contratado, es el primero que cierra un acuerdo con la sobornadora, garantizándole que no habrá procesamiento de sus ejecutivos y que podrá seguir realizando obras en el país, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y la propia ley sobre sobornos. En lo inmediato se ayuda a Odebrecht a iniciar un camino que pudiera estabilizarla en los mercados, evitando su posible quiebra, en cuyo caso el país no recibiría el grueso de los US$184 millones.

Lo de que el acuerdo es “oportunidad” para otro soborno parte del generoso trasto dado a la empresa, sin imputación previa. La mejor prueba es que, con el anuncio del acuerdo en febrero, sin que hubiese sido validado u homologado por un juez, la PGR dijo que ya había recibido los primeros 30 millones de dólares, que por cierto nunca se ha dicho por dónde ingresaron al Estado, pero que según versiones fueron destinados a cubrir necesidades del Ministerio Público, completando el soborno.

Otros graves testimonios. La indignación generada por el acuerdo de la PGR con Odebrecht superó con mucho el respiro de la declaración de Mónica Moura, que tiene algún valor, pero no supera otras declaraciones de ella misma, de Joao Santana y sobre todo de sus jefes del Departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, Fernando Migliaccio e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quienes identifican tanto a Moura como a Joao Santana como los ejecutivos internacionales de una trama de financiamiento electoral, identificando a República Dominicana, junto a Panamá, Venezuela, El Salvador y Angola.

El reconocido diario O Globo dio cuenta de los testimonios de los esposos Moura-Santana en su “delación privilegiada” ya validada por el Tribunal Supremo de Brasil, donde admitieron que se involucraron en financiamientos irregulares en campañas electorales de Medina, Chávez, Maduro, y Funes, que “ninguna de las campañas en que participaron fue dejada fuera de las denuncias”. En su primera declaración, se quedaron en cuestiones banales, por lo que tuvieron que hacer una segunda arrojando mayor información, sin que nadie pueda garantizar que lo han dicho todo.

Se ha publicado preguntas y respuestas de Fernando Migliaccio ante el Tribunal Electoral, y cuando le preguntaron si sabía para qué se destinaba el dinero que enviaba a !Feira” (seudónimo de Moura, respondió: “Sabía, porque había momentos en los que había cruce de programas. Así, por ejemplo, tenía elecciones en Brasil, pero además tenía en la República Dominicana y en El Salvador, por ejemplo. No tengo de si son esos todos los países”,,, “Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones, muy bien hecho por cierto, su trabajo en El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá”.

No es para celebraciones. Son tantos los testimonios que presentan a Joao Santana y Mónico Moura como ejecutivos de una red mafiosa de delincuentes internacionales, comenzando en Brasil, que la negativa de ella esta semana queda en lo relativo. Incluso admitiendo que pudiera ser este el único país donde ellos no aplicaron dinero de Odebrecht en las campañas, de cualquier forma eran delincuentes que operaban hasta en el palacio de gobierno hasta ser apresados.

Existe el testimonio de empresarios dominicanos de que contrataron a Santana para la campaña del 2012, pero eso no demuestra que paralela y posteriormente no hubiese dinero de Odebrecht en sus diversas tareas políticas, que no sólo incluyeron asesoría, sino también elaboración y pago de saturante publicidad y documentales. El Gobierno y el PLD han celebrado pero sin informar nada. Por ejemplo, cuánto costó la contratación de los Santana. Ni han respondido quién desde Santo Domingo hizo diez depósitos de 500 mil dólares en una cuenta en Suiza de Joao que sumaron 5 millones de dólares.

También merece explicación la revelación de que en una triangulación originada en fondos de Odebrecht, la Shellbil Finance SA, depositaba dinero en la cuenta de la empresa de Joao Polis Caribe, en Santo Domingo, y que bajo el mismo esquema la Isagón SAC, de Perú hizo 8 depósitos, entre 2011 y 2014, en la cuenta de la empresa Cine y Art 2013, creada en Santo Domingo por un asociado de Santana, por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares. En todos esos casos se citan bancos locales a través de los cuales ingresaron y salieron depósitos, lo que es de fácil comprobación.

Ah! y deben esperarse explicaciones al testimonio de los jefes de las Operaciones Estructuradas de Odebrecht, de que cuando la investigación Lava Jato les complicó el panorama, trasladaron sus actividades al paraíso denominado República Dominicana.-

Desafíos del Movimiento Verde tras su indiscutible impacto

   Por Juan Bolívar Díaz

02_04_2017 HOY_DOMINGO_020417_ El País11 A

          La marcha del domingo 26 en Santiago contra la corrupción y la impunidad superó todos los vaticinios y ya no dejó la menor duda de la fortaleza de la mayor movilización social de la historia del país al margen de los partidos políticos y los sindicatos, sin quemar una goma ni tirar una sola piedra y con incorporación masiva de las clases medias.

El Movimiento Verde, que ha cifrado su éxito en su carácter policlasista, multisectorial y de dirección muy colectiva, que ha dejado al gobierno y su partido desconcertados y sin respuesta, afronta ahora el desafío de manejar su diversidad y evitar el aventurerismo, para lograr una consolidación que le garantice alcanzar sus objetivos.

Santiago es Santiago

Volvió a cobrar vigencia el acertijo de que “Santiago es Santiago”. Prometieron que superarían el tremendo éxito de la manifestación del 22 de enero cuando decenas de miles de capitalinos marcharon despertando sectores sociales adormecidos, y lo lograron. Entre observadores sociales hay consenso en que la marcha del 26 en “la ciudad corazón” alcanzó las dimensiones de la capitalina y la superó por lo menos en entusiasmo y creatividad, incluyendo una comparsa carnavalesca con máscaras que proclamaban el fin de la impunidad.

Tras esta manifestación las centenares de bocinas gubernamentales en los medios de comunicación y las redes sociales, tuvieron que admitir que están frente a un fenómeno social y fueron reprogramadas, enfilando ahora sus cañones a la difusión de intrigas que procuran incentivar competencias y división en el múltiple liderazgo del movimiento.

Ya el 5 de marzo en Puerto Plata tuvo lugar otra marcha multitudinaria y constituyó un éxito el libro verde que en febrero logró reunir 312 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas demandando el fin de la impunidad para contener la expandida corrupción gubernamental y política. Entre el 13 y el 19 de marzo, una llama verde recorrió el país expandiendo y generalizando el sentimiento de indignación que se agiganta en la medida en que pasan meses sin la menor coerción judicial por el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht que alcanzó aquí el mayor nivel en términos proporcionales. El verde fue enarbolado hasta en los estadios de beisbol del país y Miami.

Una gran diversidad

            La principal característica del movimiento verde es su heterogeneidad y el papel protagónico de las clases medias, a través de grupos emergentes que no conocían el fragor de las protestas callejeras. Pero su dirección no es tan improvisada, pues incluye entidades  sociales con experiencia en las movilizaciones que lograron la inversión del 4 por ciento en educación, que levantaron campamentos para defender de una cementera el parque nacional de Los Haitíses y de una explotación minera la loma Miranda. Más recientemente esos movimientos sociales lograron la recuperación de la Bahía de las Aguilas y del barrio Los Tres Brazos y paliar la desnacionalización de los domínico-haitianos con la ley 169-14.

El Foro Ciudadano, que agrupa a más de cien entidades sociales y comunitarias, el Centro Bonó, el movimiento Participación Ciudadana, Copadeba, Acopro, Poder Cudadano y el Centro Juan XXIII ya habían sido protagonistas en las coaliciones por la Educación Digna y Justicia Fiscal. Están también agrupaciones sociales, barriales y campesinas vinculadas a las viejas luchas populares, como el Frente Amplio de Lucha Popular, Feflas, Articulación Nacional Campesina y  Conamuca. Y resaltan nuevos agrupamientos, en especial cibaeños, como la Fundación Masada, Santiago Somos Todos  y Somos Pueblo.

El movimiento ha tenido decenas de voceros  en sus actividades y presentaciones mediáticas, muchos de ellos jóvenes debutantes  en las luchas sociales, pero ha contado con la experiencia de incansables activistas como María Teresa Cabrera, Manuel Robles, Mario Bergés, Mario Serrano, Fernando Peña, Domingo de la Cruz, fortalecidos con profesionales como de José Luis Taveras, Lucienne Carlo, Giovanny D´Alesandro, Ricardo Ripol, Mario Fernández y otros. Han contado con un amplio apoyo en los medios de comunicación, expertos en publicidad y en el manejo de las redes sociales y de periodistas de la categoría de Altagracia Salazar, Ricardo Nieves, Jhonatan Liriano, Natalia Mármol y Franiel Genao.

Sin partidos ni sindicatos

En la memoria colectiva hay coincidencia en que las manifestaciones del Movimiento Verde son las mayores protagonizadas en el país sin el concurso directo de grandes partidos ni del movimiento sindical cada vez más distante de las luchas populares. Aunque el mayor partido de la oposición, el Revolucionario Moderno, las ha respaldado desde el principio, sus dirigentes no han tenido incidencia. Lo mismo los de Alianza País, Alianza por la Democracia, Opción Democrática, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y otros partidos. Han respetado el carácter apartidista del movimiento, aunque a título particular profesionales y cuadros vinculados a ellos han tenido participación en tareas organizativas.

Otra característica relevante del  movimiento contra la corrupción y la impunidad es que no ha levantado reivindicaciones sectoriales, como tampoco ha quemado una goma ni se ha ejercido presión para lograr participación o paralizaciones de actividades, a diferencia de las grandes jornadas de lucha popular y paros generales de las décadas de los ochenta y noventa. Su carácter absolutamente pacífico ha facilitado la incorporación de las clases medias en proporciones sin precedentes.

Al principio las bocinas gubernamentales pretendieron estigmatizar el movimiento atribuyéndolo al PRM, lo que abandonaron cuando la encuesta Gallup mostró que el 91 por ciento de la población lo respaldaba. Luego han querido afiliarlo a los intereses de los generadores eléctricos, pero cada vez es más evidente que tiene un carácter masivo, con costo mínimo, porque no reparte ni regala nada, como tampoco promete. Los paraguas, camisetas y gorras verdes se venden y la mayor parte cubre su transporte.

Los próximos pasos

            Con el mes de abril comienza un segundo trimestre clave para el movimiento contra la corrupción y la impunidad, para alcanzar junio-julio cuando se espera que la justicia brasileña haga públicas todas las implicaciones del escándalo Odebrecht que, según se adelanta, sacudirán el sistema político de los países implicados.

Después de las manifestaciones masivas, los activistas del movimiento discuten este fin de semana los próximos pasos para mantener encendida la llama que ha conmovido la nación. Tienen pendiente terminar de recoger los libros verdes esparcidos por todo el país y en el exterior y presentar un balance que, según habría duplicado las 312 mil firmas de febrero. También se contempla la posibilidad de algunas marchas regionales en el sur, este y nordeste y enfatizar la necesidad de profundas reformas políticas, electorales e institucionales fundamentales para combatir  la corrupción y la impunidad.

No han faltado propuestas de una paralización nacional, pero predomina la convicción de que ese es un recurso extremo, descartado en la actual etapa de espera del desenlace judicial y que podría implicar recogimiento de los importantes segmentos de las clases medias, fundamentales en la lucha contra la impunidad, por su mayor independencia económica y su influencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y  en la opinión pública. En todo caso buscan mantener el consenso, aunque implica mucho tiempo.

Afianzar la compactación

            En el liderazgo del Movimiento Verde hay conciencia de las dificultades de afianzar  la compactación de tan gran diversidad y pluralidad de grupos, segmentos y personalidades tan independientes y saben que ese es su principal desafío. También están alertas de los esfuerzos que podrían provenir de los poderes políticos y voceros beneficiarios de la corrupción y la impunidad, que buscarían sembrar cizañas en el liderazgo social.

Pero hay quienes advierten contra las tendencias a sobreestimar los éxitos, a atribuirse protagonismos y liderazgos, a manipular políticamente el movimiento o a asumir un discurso antipartidos que desconozca el rol de estos en la democracia y le vuelque en contra todo el sistema político. Han insistido en que se trata de un movimiento esencialmente cívico, de ciudadanía, por lo que rechazan las banderas partidistas en sus actos, pero no excluyen la participación de dirigentes y militantes políticos coincidentes en la necesidad de contener la corrupción y la impunidad.

Al liderazgo social le convendría una reflexión profunda sobre la suerte que han corrido las grandes movilizaciones nacionales del pasado y las internacionales de los últimos años, como los indignados de España, Grecia, Nueva York o de la primavera Arabe, que se han diluido por no haber hecho alianzas tácticas con los sectores políticos más sanos sin alcanzar los objetivos fundamentales. Más temprano que tarde las decisiones son siempre políticas, en el Congreso, la justicia y sobre todo en el gobierno central.-

Las sobrevaluaciones de obras en el reinado de la impunidad

Por Juan Bolívar Díaz
19_03_2017 HOY_DOMINGO_190317_ El País13 A
 El reconocimiento por el dirigente del partido gobernante Félix Jiménez de que en las construcciones de Odebrecht en el país hubo sobrevaluaciones se inscribe en la indignación generalizada y alienta la lucha porque esta vez se produzcan sanciones, aunque con limitadas expectativas por la prevalencia de una cultura de la corrupción.
Las sobrevaloraciones de las obras públicas vienen de lejos, pero han pasado de la clásica cuota del 10-15% hasta la duplicación del costo como ha quedado en evidencia en casos como el del hospital Darío Contreras, los parqueos del Palacio de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma y en contratos con la Odebrecht.

El sismo de Félix Jiménez. Ha resultado alentador que un miembro del poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como Felucho Jiménez, haya tenido el valor de reconocer que las obras ejecutadas en el país por la Odebrecht fueron sobrevaluadas y que eso es más importante que los 92 millones de dólares que la empresa ha reconocido como inversión en sobornos. También debe superar con mucho los 163 millones de dólares que derivó de beneficios, según su confesión ante autoridades judiciales de Estados Unidos.

No fue una frase suelta lo que dijo el dirigente político, economista y empresario, sino todo un concierto de consideraciones sobre la corrupción en el país, la impúdica exhibición de riquezas mal habidas y la impunidad, pero baste considerar el núcleo esencial: “Estoy seguro de que ha habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que ha habido sobrevaluaciones de obras, y soy de los que cree que los 92 milloncitos (de dólares) en sobornos es lo de menos. Yo digo que debería haber una auditoría técnica y financiera de todos estos elevados, la Autovía del Coral y de muchas más obras que se hicieron, que efectivamente tienen partidas que costaron, entre comillas, el doble o el triple de su verdadero costo”.

Los planteamientos de Jiménez se convirtieron en “la noticia de la semana”, provocando algarabía en todas las tribunas y generando el rechazo de legisladores y compañeros de partido, relevantemente del secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared, quien negó la afirmación de que eso se conocía en niveles dirigenciales y llegó al extremo de atribuirlo a un interés personal de que la Autovía del Coral “tuviera una ruta distinta”.

Un PLD sin iniciativas. Es significativo que Pared Pérez sostuviera que la ruta de esa importante inversión se trató en una reunión del Comité Político, aunque sostuvo que “fue la única vez” que allí se discutió una contratación de Odebrecht. Se comprende que el sismo de Felucho sacudiera los atribulados ánimos de los dirigentes de su partido, que han quedado sin iniciativas ni claras condenas al escándalo internacional, incluyendo a los líderes del Congreso Nacional que por su responsabilidad fiscalizadora deberían estar encabezando las demandas y las acciones investigativas. Todavía hay quienes echan de menos un pronunciamiento formal del PLD sobre las esencias del escándalo, responsabilidades y consecuencias.

Aunque por su rígido sentimiento de unidad los peledeístas no discuten en público sus diferencias, en privado, hasta miembros del mismo Comité Político expresan consternación por lo que el escándalo Odebrecht ha desnudado. Uno de ellos entiende que el PLD “está secuestrado” por los intereses de los grupos hegemónicos que encabezan el presidente de la nación Danilo Medina y el presidente del partido, Leonel Fernández.
Están equivocados quienes creen que lo de Felucho fue un arrebato de “gallo loco”. Él mismo tuvo el valor de enfrentar al expresidente Fernández en la reunión del Comité Político que el 9 de abril del 2011 conocía las precandidaturas presidenciales que “bajaría” al Comité Central para los comicios del 2012.

Como ya había fracasado el intento de repostularlo para un tercer período consecutivo, y se había lanzado a su esposa Margarita Cedeño con una apabullante campaña publicitaria, Felucho encaró al líder, señalándole que si se postula “a tu mujer”, perdería como quiera; si gana porque se vería como victoria pírrica, como una imposición del poder, y si pierde, sería una derrota política.

Fernández prometió allí que no la apoyaría, como ocurrió. Quedó consignado en “El Tema de Hoy” del 17 de abril del 2011.

Una grave implicación. Los planteamientos de Felucho Jiménez tienen otra grave implicación al conectar con el sentimiento generalizado de que es fundamental establecer los niveles de sobrevaluación de las obras contratadas con Odebrecht antes de cualquier acuerdo con la empresa delincuente y que debe aplicarse el rigor de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas que implica la suspensión automática de quien vulnera una licitación con soborno.

La Procuraduría General ha evadido ambos reclamos fundamentales y el Presidente ignora la demanda de la “marcha verde contra la Impunidad” que plantea una fiscalía independiente y pedir asistencia internacional para investigar todas las implicaciones del escándalo. La Procuraduría General tampoco ha tomado la mínima coerción contra el empresario Angel Rondón, a pesar de que hace más de dos meses lo identificó como el agente de la Odebrecht que recibió y distribuyó los 92 millones de dólares para el soborno.

Rondón, el afortunado beneficiario de más de una docena de contrataciones de cuatro gobiernos, sobre todo de los del PLD, mantiene varias en ejecución con entidades del Gobierno central y municipales, las que también deberían estar suspendidas y bajo auditorías si se aplicara la Ley 340-06. El procurador dijo al país que fue la Odebrecht que lo señaló, pero no se le ocurrió siquiera allanar sus oficinas en búsqueda de documentos.

Esta semana la Procuraduría General trató de retomar acciones al interrogar a Reinaldo Pared, quien ha presidido el Senado en la aprobación de la mayoría de las 17 obras contratadas con Odebrecht, aunque dos meses después que lo hicieran con los de oposición que interviniveron en dos contratos, por el 9 por ciento del monto total. Pero siguió sin decidir qué hace con el acuerdo que no homologó el juez Juan Vargas.

Sobrevaluaciones de obras. Desde que estalló el escándalo en diciembre, analistas y articulistas han sostenido el criterio, reivindicado por Felucho Jiménez, de que las sobrevaluaciones de Odebrecht son mayúsculas. Los primeros el sociólogo Cándido Mercedes, el historiador Bernardo Vega, y el economista Pedro Silverio.

Hasta ahora nadie ha logrado establecer el balance total de las obras ejecutadas, al menos cuatro todavía inconclusas, a partir de su primer contrato, el del acueducto para la Línea Noroeste, de 1998, ampliado y aprobado en el 2001, ya que en algunos casos no están visibles los costos finales. Una tarea que debieron cumplir los órganos oficiales si estuvieran interesados en esclarecer los alcances del escándalo y aplicar sanciones.
Pero el sociólogo Mercedes enlistó 8 contratos (sin las plantas Catalina) por 1,240 millones de dólares que concluyeron en 1,838 millones, un exceso de 634 millones de dólares, equivalentes al 34.5 por ciento.

El mínimo fue el primero, el acueducto del Noroeste, con 14 por ciento. Pero la presa de Pinalito pasó de 131 a 300 millones de dólares, para un 129 por ciento de alza, y la carretera Constanza-Casabito-El Abanico, contratada por 41 millones de dólares, concluyó en 112 millones de dólares, es decir 71 millones más, un 173 por ciento de incremento.

La ruptura Odebrecht obliga a sanciones y reformas políticas

Por Juan Bolívar Díaz

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Las implicaciones en el país del escándalo continental de sobornos y financiamiento de campañas electorales por la empresa brasileña Odebrecht no podrán quedarse en el rosario de la impunidad nacional y tendrán que saldarse no sólo con sanciones, sino también con una profunda reforma política-electoral, hace tiempo demandada.

El presidente Danilo Medina no debería ampararse en que le demuestren culpabilidad, sino rendir cuentas como se le adelantó el expresidente Hipólito Mejía, y reconociendo la creciente indignación general, convocar al liderazgo nacional político para pactar una profunda reforma política, electoral e institucional.

Un clamor que no cesa, Fue significativo que millares de personas desfilaran el domingo en Puerto Plata contra la corrupción y la impunidad y que la marcha verde hiciera presencia en el Mundial de Beisbol en Miami. Se generaliza la percepción de que las dimensiones del escándalo Odebrecht han provocado una ruptura en la sociedad dominicana, hastiada de la corrupción y de la impunidad que la alimenta.

El 27 de febrero ya el presidente Medina reconoció la legitimidad de la protesta generalizada y luego varios defensores del Gobierno se han quejado del amplio respaldo que tiene la marcha verde contra la impunidad en los medios de comunicación, algunos denunciando conspiraciones y esbozando amenazas, como si de repente se hubiese apagado el enorme aparato propagandístico del partido gobernante pagado por el Estado.
Se cuenta que los firmantes del libro verde contra la impunidad han sobrepasado el medio millón, mientras una llama sale de los puntos cardinales para confluir el domingo en la capital, mientras los cibaeños juran que estremecerán a Santiago el día 26, plantando a los estrategas gubernamentales que han apostado a la dilución.

Las imputaciones judiciales en otros países y las expectativas de que los fiscales brasileños destaparán por completo los implicados latinoamericanos en el corrupto entramado de la Odebrecht en un período de tres a cinco meses, se han constituido en una llama de largo aliento. Y que aquí no haya un solo imputado mantiene muy pendientes la impunidad que ha predominado en múltiples escándalos de los últimos años, incluyendo los sobornos y sobrevaluación de los aviones Tucano, los grandes expedientes contra Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, y los casos de la OISOE, CORDE y CEA. Mientras, se ignora si devolvieron los US$30 millones que, según el Procurador Jean Rodríguez, había adelantado Odebrecht como parte del “acuerdo confidencial” que el juez Vargas rechazó.

Presión de Hipólito Mejía. El discurso del expresidente Hipólito Mejía el lunes 6 se constituyó en un nuevo elemento de presión sobre el procurador general, el Gobierno y su partido, al rendir cuenta pormenorizada de los dos contratos con la Odebrecht durante su gestión del 2000-04, el acueducto de la Línea Noroeste y la presa de Pinalito, ambos concluidos por su sucesor Leonel Fernández.

El primer contrato había sido negociado en 1999 durante el primer gobierno de Fernández, por la suma de US$129 millones, Mejía ofreció detalles de adiciones que lo elevaron en 10%, a US$141 millones. Lo concluyó Fernández a partir del 2004. No dijo el costo final, estimado en US$251, un 78 por ciento más. Precisó que su sucesor ejecutó la presa de Pinalito, contratada en el 2004, por US$131.7 millones. Se ha publicado que concluyó en más del doble, unos US$300 millones.

Mejía se desligó de los sobornos de Odebrecht, manifestando que si se demuestra que él, esposa o hijos incurrieron en algún acto de corrupción, se retiraría de la vida política y entregaría su patrimonio al Estado. Proclamó que “en los gobiernos del PLD una parte importante del patrimonio público fue dilapidada”, que quienes hayan ocupado cargos como la presidencia, están obligados a rendir cuentas, y justificó la indignación por los “altos niveles de impunidad” prevalecientes, por lo que “doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país”.

Un testimonio terremoto. Si Hipólito Mejía lanzó un misil provocativo, lo que llegó desde Brasil al día siguiente fue un terremoto. El diario O Estado de Sao Paulo y el portal digital de la reconocida revista Veija informaron que el prisionero Hilberto Mascarenhas Silva, quien fuera director del departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, (o “Departamento de Coimas”), había testimoniado ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil que entre 2006 y 2014 gastaron US$3 mil 390 millones en financiamiento de campañas en ese país, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Panamá y Angola.

El impacto local fue mayor porque señaló a Joao Santana y su esposa Mónica Moura como los ejecutivos y beneficiarios del financiamiento que Macarenhas detalló por año, desde US$60 millones en el 2006 hasta alcanzar US$750 millones en el 2013, cayendo en el 2014 a US$450 millones.

Santana no sólo dirigió las exitosas campañas electorales de Lula da Silva y Dilma Rouseff, sino también las dos de Medina y el despliegue del testimonio y el escándalo en los periódicos dominicanos provocó que el mandatario nacional respondiera, por primera vez, una pregunta sobre el escándalo. Afirmó que él pagó los servicios de Santana, que la verdad va a salir de las investigaciones en Brasil y aquí, que hay mucha gente que “quisiera verme nadar en el lodo” y emplazó a quien le pueda probar que recibió dinero.

No aceptan la gravedad. El prolongado silencio del Presidente y de su partido sobre el escándalo choca con lo ocurrido en los otros países afectados. El presidente peruano Pedro P. Kuczynski, quien en un mes pronunció dos enérgicos discursos y anunció medidas concretas contra la corrupción, se sometió esta semana a un interrogatorio de periodistas internacionales y proclamó que “en Perú no hemos escondido esto debajo de la alfombra”, aunque allí los sobornos confesados sólo sumaron US$29 millones.

Tal como dijo el presidente Medina, habría que demostrarle si recibió dinero. Pero mientras, la esposa de Santana, Mónica Moura, ya aceptó en interrogatorio el año pasado, que tramitaron financiamiento a su campaña, aunque adujo no recordar el monto. Una decena de factores lo salpican y avergüenzan el país y son suficientes para que él haya detallado cómo y por cuánto se contrató a Santana y mostrara contratos y constancias de pagos. Aún se espera un pronunciamiento formal del PLD que tan activo fue contra la corrupción cuando perseguía el poder. Su secretario general Reinaldo Pared aceptó implícitamente la posibilidad del financiamiento de Odebrecht, se mostró sorprendido “de tanto escándalo”, y erró al plantear que “la ley no prohíbe recibir donativos de empresas privadas”. Desconoció los artículos 47 y 55 de la Ley Electoral 275-97, que las prohíben a las extranjeras.

Ineludible reforma política. Es amplio el consenso de que el escándalo Odebrecht, por sus dimensiones internacionales, no podrá quedar en el extenso archivo de la impunidad nacional, que tendrá que haber sanciones y que no basta tratar de generalizar las culpas de la corrupción. Pero mayor es la convicción de que para sofocarlo será ineludible una profunda reforma del sistema político electoral, y ni siquiera eso ha estado en las escasas respuestas peledeístas.

Si no contara con que se diluirá la indignación, el presidente Medina ya hubiese anunciado que convocará al liderazgo nacional para consensuar un paquete de reformas políticas, electorales e institucionales que prevengan, reduzcan y sancionen la corrupción y para evitar la prevalencia de la impunidad. Tendría que implicar sacar los agentes partidistas del sistema judicial, el ministerio público y los organismos electorales.

En las actuales circunstancias la nación tiene derecho a esperar acciones específicas de quien encarna su liderazgo, más allá de emplazar a que le demuestren que recibió dinero. Pero ni siquiera se escuchan enérgicas condenas del escándalo. Todavía hay tiempo.-

Danilo perdió la oportunidad de aclarar lo de Odebrecht

P1Por Juan Bolívar Díaz

El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero aportó pocas novedades, no fue un informe sobre su gestión del 2016, sino de todo su periodo, ni solo de sus proyectos para el 2017, sino para todo el cuatrienio, repitiendo en gran proporción los logros y proyectos que enunció al rejuramentarse el 16 de agosto, hace solo seis meses.

Centró sus argumentos en justificar la utilidad de las plantas de Punta Catalina, que no es lo que está en discusión, y trató de convencer sobre la independencia de una Procuraduría General sin rigor investigativo y que recibió esta semana un grave revés con el rechazo judicial a un acuerdo con la Odebrecht ampliamente cuestionado.

Discurso para marear. Dos horas y diez minutos es mucho tiempo de discurso por casi todos los medios de comunicación nacionales, para marear, lo consideraron las redes sociales, repetitivo y detallista, que rebasó la rendición de cuentas del año pasado y volvió sobre sus primeros cuatro años de Gobierno y se proyectó no solo al año ya en curso, sino para todo el nuevo período, demasiado parecido al de su juramentación del 16 de agosto último.

La perorata tuvo pocas novedades aún en los mayores logros de su gestión que, además de la mayor inversión en educación, ha sido el mantenimiento del crecimiento económico, con tasa de 6.6% el año pasado, baja inflación y estabilidad cambiaria, ya que hacía apenas tres semanas que los había informado el Banco Central y el Gobierno los publicitó en exceso hasta horas antes del discurso presidencial.

Tiene poco sustento que salieran de la pobreza un millón 72 mil personas en 4 años, con 480 mil nuevos empleos, la mitad en actividades tan precarias como el motoconcho, o con otras 200 mil con tarjeta Solidaridad de 800 pesos por mes. Parece optimista que el año pasado Infotep “preparó 667 mil nuevos técnicos profesionales, con índice de empleabilidad de 83%”, con solo 148 mil nuevos empleos, el 28%, un déficit de 519 mil.

El 2016 fue el “Año de la vivienda”, pero el mandatario solo informó de 256 apartamentos entregados por el INVI, y otros 864 mil casi listos, más los 1,600 de su excelente proyecto “La Nueva Barquita”, quedando bien lejos de la meta de 25 mil viviendas anuales. Pero repitió los proyectos de la Ciudad Juan Bosch en la capital y Santiago, basados en inversión privada, y el rescate de La Ciénega y Los Guandules anunciado desde finales de la década de 1980.

Abundancia de promesas. El Presidente respondió las demandas de mejoramiento de los salarios de los policías, y en julio de los ya más de 60 mil militares, aunque su entusiasmo lo cifró hasta en 131% y “una parte importante” más del 100%, pero lo recibido gira entre 20 y 50 por ciento, que es muy bueno con limitaciones financieras. Ponderó los aumentos ejecutados ya en los sectores básicos de educación y salud, aunque en este último menos generoso.

Donde fue más optimista fue en la “revolución del transporte urbano” que anunció, aunque días antes la OPREP se quejaba en público de que no recibe el financiamiento para concluir la segunda línea del Metro con 6 años en construcción y dijo que del mismo dependen los vagones y otros equipos que tomarían hasta año y medio. Repitió el sistema ideal de un solo boleto por recorrido, pasando de autobús, a Metro o Teleférico y autobús, que implica una alta inversión adicional y fuerte subsidio y desplazaría no solo a los 19 mil carros-concho que promete reubicar, sino también a decenas de miles de moto-conchos.

Las promesas de Danilo abundan en nuevas obras públicas, por ejemplo en siete grandes proyectos para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas de la región Sur, “que elevarían a sus moradores a la clase media”, aunque allí la presa de Monte Grande lleva 6 años paralizada por falta de financiamiento, tras una pequeña inversión. Y que este año concluirá la remodelación de 57 hospitales iniciada absurdamente al mismo tiempo hace 4-5 años, aunque solo informó la terminación de cuatro en el 2016.

¿Dónde están los cuartos? El tiempo no le alcanzó a Danilo Medina para explicar cómo financiará todos esos planes que abarcaron la mitad de su discurso. Mucho menos para abordar los desafíos de sostenibilidad fiscal que le plantean sistemáticamente los economistas independientes y sectores sociales que incluyen el empresariado, retomados en el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país en enero y dejó una veintena de recomendaciones que incluyen reformas institucionales y revisión del gasto público. El endeudamiento, a ritmo de 200 millones de dólares mensuales, tampoco fue tocado.

Siguió evadiendo el mandato del Pacto Fiscal establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, consciente de que la sociedad pondrá sobre la mesa las imprescindibles revisiones de la malversación, del clientelismo y el rentismo que mantiene organismos redundantes e inoperantes.

Del otro pacto pendiente, el eléctrico, dijo que “avanza ahora a buen ritmo”, aunque ya cumplió dos años en discusión, por la falta de transparencia en el sector. El Presidente escogió a los generadores privados de energía para una práctica de “demagogia nacionalista”, como escribió Bernardo Vega, pretendiendo levantar las tribunas como hace cuatro años por el contrato con la Barrick Gold sobre el oro de Cotuí.

Un golpe al Procurador. El discurso presidencial dio pleno respaldo a la gestión del procurador general en el escándalo Odebrech, bajo términos que con asombrosa exactitud adelantó el jueves 23 la columna Fogaraté de Ramón Colombo: “caiga quien caiga”, “hasta las últimas consecuencias”, “Hemos impartido instrucciones”, y “Aquí no hay vacas sagradas”. Aunque las redes dijeron que sí hay toros y gatos sagrados y revivieron al genial Cantinflas en su película Patrullero 777, donde proclamó: “Mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga, y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quienes cae de todo, nunca caen”. Muchos recordaron los pactos reeleccionistas que implicaron “no ha lugar” a los expedientes de grave corrupción de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Medina avaló una gestión de su procurador general Jean Rodríguez que identificó a Angel Rondón como el distribuidor de los 92 millones de dólares de los sobornos que confesó Odebrecht, pero ni siquiera allanó sus oficinas en busca de documentos, ni le impuso la menor coerción.

Que interrogó a los opositores exdirigentes de las cámaras legislativas que aprobaron el 9 por ciento del monto de los contratos bajo sospecha, pero no ha hecho igual con los oficialistas que aprobaron el 91 por ciento, como advirtió esta semana el Partido Revolucionario Moderno.

El Presidente apoyó el “acuerdo confidencial” de la Procuraduría General con Odebrech, que solo establece multa por los sobornos, e ignora la Ley de Compras y Contrataciones, los 163 millones de dólares que la empresa delincuente confesó haber derivado como beneficios, y las denuncias de sobrevaluaciones. Pero dos días después el juez José Alejandro Vargas, basado en principios de justicia, sentó precedente al rechazar una conciliación inaceptable por la gravedad del delito.

Se ha reafirmado la convicción de que solo la sostenida presión de la sociedad obligará a alguna sanción del escándalo Odebrecht.

Grandes retos para Danilo en su informe a la nación

Por Juan Bolívar Díaz

 

El presidente Danilo Medina tendrá que emplear mañana todos sus recursos para responder el clamor nacional contra la corrupción y la impunidad, con gran descreimiento en las instituciones, compelido a fijar posición sobre los sobornos de Odebrecht, que le tocan de cerca por su asesor político Joao Santana y las plantas de Punta Catalina.

Le resultará difícil dilucidar a fondo los retos provenientes de Brasil y Estados Unidos, como los aviones Tucanos y Odebrecht, pendiente de conocerse información sobre la corrupción dominicana, pero deberá anunciar acciones contundentes como destituciones y sometimientos judiciales en escándalos como OISOE, CORDE y CEA.

El informe más difícil. En sus anteriores informes anuales ante la Asamblea Nacional el presidente Medina navegó con vientos favorables, con alta aprobación, ya denunciando los déficits fiscales como herencia, enfrentando el leonino contrato que tenía la Barrick Gold sobre el oro de Cotuí, o reivindicando la revocación de la estafa con los terrenos de Bahía de las Águilas.

Por primera vez en cinco ocasiones, Medina afronta el informe de gestión con su popularidad en caída de doble dígito, y un movimiento social que ha removido la conciencia ciudadana frente a la corrupción y la impunidad, que esta semana documentó con más de 312 mil firmas el respaldo a una investigación con fiscales independientes que permita sancionar los confesados sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y las evidentes sobrevaluaciones de obras, que afectan su gobierno y partido.

La consternación nacional es tan grande que ha superado la capacidad de manipulación de la inmensa red de comunicadores que en los medios formales y en las redes sociales paga el Gobierno y su enorme gasto en publicidad política. La convicción general es que la corrupción y su correlato de impunidad llegaron a niveles de saturación en los más diversos sectores sociales, empresariales, religiosos y en forjadores de opinión.

La coyuntura es también difícil en el ámbito económico-social, pese al alto crecimiento del año pasado, porque el Gobierno no dispone de recursos para concluir importantes obras, como el Metro y la remodelación de 50 hospitales, para cubrir las precariedades de la universidad estatal, ni para atender un creciente clamor salarial en el Estado o para alentar un significativo incremento de sueldos en el sector privado que “derrame” el pregonado crecimiento. En agosto 2014 Medina dijo que nadie podía vivir con sueldo de 10 mil pesos, pero el 20% de los empleados públicos y el 90% de los pensionados gana 5 mil 117 pesos, y el salario mínimo nacional promedia 9 mil pesos.

El escándalo Odebrecht. El mayor desafío de Medina lo constituye el escándalo internacional de los sobornos confesados por Odebrecht en una docena de países, que en términos proporcionales lidera la República Dominicana: 92 millones de dólares de soborno por contratos que arrojaron beneficios por 163 millones de dólares, y con sobrecostos de hasta cien por ciento, pendientes de evaluar.

De las 17 obras contratadas con la Odebrecht en sólo dos intervino el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, el acueducto de la línea noroeste, y la presa de Pinalito. Las otras 15 corresponden a los gobiernos peledeístas de Leonel Fernández y Danilo Medina, incluyendo la de mayor costo, las plantas de carbón de Punta Catalina, en cuya negociación se involucró el propio mandatario.

El Presidente aspiraba a que la comisión que conformó para evaluar la contratación de las plantas eléctricas le emitiera un certificado de no objeción en que ampararse para su informe de mañana, pero no fue posible por las opacidades y conflictos generados desde que el mandatario anuló una licitación que había iniciado su antecesor para abrir otra que a juicio de muchos fue hecha a la medida de la Odebrecht, tras dos viajes de Medina al Brasil.

El otro conflicto del Presidente es la asesoría de Joao Santana en sus dos exitosas campañas electorales, preso y condenado en Brasil por la trama de financiamiento ilegal a campañas electorales tanto de Petrobras como de Odebretch, quien tuvo que dejar la asesoría a Medina hace un año, el 22 de febrero, requerido y apresado por la justicia brasileña que ya lo condenó, junto a su esposa, a 8 años de prisión.

Caerán algunas cabezas. En círculos vinculados al Gobierno y su partido se baraja la decisión de procesar a varios de los ya públicamente vinculados a los últimos escándalos de corrupción, no sólo de Odebrecht, sino también de los aviones Tucano, de las sobrevaluaciones y la extorsión en la OISOE, de la Corporación de Empresas Estatales y del Consejo Estatal del Azúcar, como ofrenda a las tribunas nacionales que exigen “el fin de la impunidad”. El presidente podría adelantar algunos decretos como el que disolvió la CORDE.

El Procurador dijo esta semana que tiene “pruebas contundentes” sobre el soborno de Los Tucano por 3.5 millones de dólares denunciado en Estados Unidos en septiembre, y admitido por la empresa vendedora, la también brasileña Embraer. Pero no ha procesado a nadie. La comisión que investigó las ventas de terrenos del CEA que habría originado el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en Macorís, no tuvo tiempo para entregar su informe antes del discurso. Se asume que se referirá sólo al caso específico, no a todo el tráfico de las tierras y ganado del CEA, escandaloso desde hace años y que determinó un decreto de septiembre que creó una comisión evaluadora presidida por el dirigente peledeísta Bautista Rojas, la que seis meses después no ha concluido nada.

El Presidente pudiera dar alguna satisfacción al requerimiento avalado por 312 mil ciudadanos, proponiendo el fiscal especial o una comisión de notables que vigile las investigaciones del escándalo Odebrecht, renovar su inoperante Comisión de Ética y disponer alguna otra medida para tratar de frenar la ola ciudadana contra la impunidad.

Los problemas de fondo. El laborioso economista y dirigente político Guillermo Caram presentó una veintena de sugerencias sobre lo que debería abordar el presidente Medina en su informe anual, especialmente dirigidas a los problemas de fondo en materia económica, fiscal y financiera, con énfasis en las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país a mediados del mes. Se refiere a la necesidad del pacto fiscal por la sostenibilidad, a la disciplina fiscal para reducción de los déficits y el endeudamiento. También a la recomendación de fortalecer las instituciones y la gobernabilidad.

Descartado el pacto fiscal, lo que reiteraron esta semana dos altos funcionarios, el Gobierno estará en el dilema de cómo lograr los recursos necesarios para las grandes demandas económicas y sociales pendientes, y para reducir la dependencia del endeudamiento. El dirigente peledeísta Franklin Almeyda concretó la disyuntiva: cobrarle el costo a los pobres o a los ricos. ¿Por quién se decantará el presidente Medina, o podrá seguir endeudando aceleradamente el país? Los sondeos arrojan pocas expectativas.-

La encuesta Gallup-HOY marca deterioro del gobierno

 Por Juan Bolívar Díaz

Gran mayoría de la población cree que Odebrecht sobornó y no habrá sanciones, que la situación económica es mala, que el país va por mal camino, mientras cae en 13% la popularidad del presidente Medina, y el 91%  aprueba la lucha contra la impunidad

          El gobierno tendrá que poner atención a los claros indicadores de deterioro marcados por la encuesta Gallup para HOY publicada esta semana los cuales muestran una fuerte caída de la popularidad del presidente Danilo Medina, con alta preocupación sobre la situación económica y el endeudamiento nacional.

            Con un 88% que cree en los sobornos de Odebrecht, un 60% no espera que habrá justicia, un elevado 91% apoyó la reciente marcha  contra la corrupción y la impunidad, y 60% cree que la democracia dominicana es inoperante, mientras se cuestiona a fondo el acuerdo de la Procuraduría General de la República con la empresa brasileña.

PLD lidera la corrupción

            La amplia red de promotores y defensores del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los medios de comunicación ya no es suficiente para contener el deterioro de su imagen, sobre todo en materia de corrupción e impunidad, y tendrán que tomar en cuenta los resultados arrojados por la primera encuesta publicada este año, la Gallup para HOY.

            Resulta relevante que el 88% de los encuestados entre el 25 y el 30 de enero da por ciertos los sobornos a funcionarios gubernamentales por la constructora brasileña Odebrecht,  incluyendo al gobierno perredeísta de Hipólito Mejía, aunque el señalamiento se concentra en los del PLD, especialmente la gestión de Leonel Fernández, en un 61.5%, y la del presidente Medina el 50.4 %. El 41.5% acusa al de Mejía.

            Esos resultados son congruentes con el hecho de que 15 de los 17 contratos de construcciones públicas fueron negociados por funcionarios peledeístas, incluyendo el mayor y más debatido, por 2 mil 40 millones de dólares para las plantas de carbón de Punta Catalina, en la actual gestión. El primero fue en el gobierno de Fernández (1996-00) para el acueducto de la línea noroeste, pero el congreso perredeísta no lo aprobó. En el período de Hipólito Mejía fue renegociado y aprobado por 220 millones de dólares para ser concluido  en el segundo de Fernández, por 251 millones de dólares.

            La otra contratación perredeísta fue para la presa de Pinalito en el 2002 por 131  millones de dólares, que también concluiría el régimen de Fernández a un costo de 300 millones. En los ocho años seguidos de Fernández (2004-12) se negociaron con Odebrecht  nueve obras, por 1,541 millones de dólares. En el cuatrienio de Medina se cuentan contratos  por 6 mil 240 millones, cuatro en ejecución, incluyendo las plantas, pero tres fueron renegociaciones de obras de Fernández,  estimadas muy sobrevaluadas.

Contra la impunidad

            Si algo no dejó dudas en esta encuesta es la altísima proporción, 91.5%  que manifestó su acuerdo con la marcha contra la corrupción y la impunidad efectuada el 22 de enero, aunque baja a 63 la proporción que espera que dará buenos resultados. Un relevante  60%  no cree que los responsables de los sobornos de Odebrecht serán sometidos a la acción judicial y sólo el 11% considera que todos los culpables serán sancionados.

            Fue muy baja la proporción de los encuestados, 25%, que considera que la democracia dominicana es funcional. En cambio, el 60 por ciento la estima inoperante, y otro 12 por ciento tiene una opinión neutra, ni bien ni mal.

            La encuesta Gallup vino a ratificar la percepción bastante generalizada, de que un importante segmento de la población muestra cada vez más disposición a la protesta por  insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones. Ello explicaría el notable éxito de la reciente marcha y las miles de personas que están firmando el “libro verde contra la impunidad”, promovido por un amplio y variado comité organizador salido de grupos sociales e integrado básicamente por jóvenes de clase media.

Cae la valoración de Danilo

            Uno de los hallazgos más significativos de la Gallup-HOY de esta semana ha sido la caída de la valoración positiva de la gestión del presidente Medina, que apenas sobrepasa la mitad de la población (51.3%), la más baja desde que empezó su primer período de gobierno en el 2012, una reducción de 13.5 puntos en relación al 64.8% que registró en abril del 2016, poco antes de su reelección con el 62 % en mayo. Empero, hay un resultado incongruente, ya que por otro lado, 62.7% dice que aprueba “la forma en que Medina conduce el gobierno, independientemente de su posición política”.  En la Gallup-HOY de enero del 2013, la valoración de Danilo era positiva en 64.4% y llegó a sobrepasar el 83% en agosto del 2014 y enero del 2015.

            Otros resultados explicarían la caída en la valoración positiva del gobierno de Medina: más de tres cuartas partes, el 76% de los encuestados, dice que la situación económica está mal, con sólo 7% considerándola buena y 16% regular. El 74% aprecia que el país va por mal camino, y el 40% estima que está estancado, mientras el 22% lo considera en retroceso. Poco más de la tercera parte, 36%, cree que el país progresa.

            Al parecer la población está asumiendo las constantes advertencias y denuncias de que los gobiernos del PLD en especial el de Medina, se sostienen de un acelerado endeudamiento, pues el 72.5% de los encuestados por Gallup lo considera muy grave y una proporción mayor, 79%, cree que debe reducirse la nómina pública para destinar más dinero a las obligaciones del Estado.

Espeso silencio de Danilo

            Se estima que el escándalo Odebrecht marca el momento más difícil que ha afrontado el presidente Medina, por su dimensión e implicaciones internacionales y por las reiteradas informaciones de que todos los implicados en los sobornos serán develados por la justicia de Brasil. El diario Folha de Sao Paulo, publicó el viernes los nombres y fotografías de decenas de políticos brasileños implicados, con los montos que habrían recibido, incluyendo al expresidente Lula da Silva y al actual presidente Michel Temer.

            El escándalo Odebrecht  implica cada día a más personajes políticos. Esta semana fue relevante la acusación judicial, con orden de captura internacional, contra el expresidente del Perú Alejandro Toledo, a quien la fiscalía acusa de haber recibido 20 millones de dólares para favorecer un contrato de 7 mil millones de dólares para una carretera que uniría las  costas del Pacífico y atlántica, atravesando la cordillera de Los Andes y amplios ríos. El viernes se ofreció 30 mil dólares a quien ayude a capturarlo.

            Hasta el presidente José Manuel Santos, ha sido salpicado por el testimonio de uno de los dos funcionarios identificados como receptores del soborno en Colombia por 11 millones de dólares,  quien habría dicho que un millón fue para su campaña electoral.

            Medina no ha sido personalmente vinculado, aunque el asesor de sus dos exitosas campañas electorales, Joao Santana, fue requerido por la justicia  brasileña, cuando trabajaba aquí por su reelección. El 23 de febrero del año pasado fue apresado al llegar a Brasil, y ya fue condenado a 8 años de cárcel, Se le acusa de recibir financiamiento de Odebrecht para asesorías de campañas en Brasil y otros países.

            Los partidos de oposición, como el Revolucionario Moderno, Alianza País, Alianza por la Democracia y Opción Democrática, así como columnistas y comentaristas de los medios de comunicación han demandado, en vano, que el presidente Medina rompa su silencio y exprese alguna condena y requerimiento de sanción por los sobornos confesados por Odebrecht que aquí fueron por 92 millones de dólares, los mayores relativamente.Es el único presidente de los países involucrados que ha evadido hablar del escándalo.

El acuerdo del Procurador      

            En medio del clamor nacional de identificación y sanciones a los receptores de los sobornos, la constitución de la comisión para investigar la contratación de las plantas de Punbta Catalina con la Odebrecht, incluyendo por lo menos a tres con conflictos de intereses en el caso, y la forma en que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, ha conducido la investigación tampoco ayudan  al gobierno.

            Lo peor ha sido el acuerdo “confidencial”  con Odebrecht que anunció el Procurador al comenzar febrero, el cual se limita a cobrarle la multa por el duplo del monto de sus sobornos, sin reclamarle 163 millones de dólares que la misma empresa confesó haber obtenido de ellos, ni la indemnización que debería salir de una auditoría que determinara el monto de las sobrevaluaciones en las obras contratadas y el costo financiero.

            La influyente Fundación Institucionalidad y Justicia rechazó tajantemente los términos del acuerdo, que se basa en recuperar dinero, sin exigirle la entrega de la lista de los sobornos, y sin suspenderle definitivamente sus operaciones, como mandan las leyes y se ha hecho en los demás países. Destacados juristas como Laura Acosta Lora y Francisco Alvarez Valdez, han planteado que procede la designación de una administración secuestraria que asuma la terminación de las obras que aún ejecuta Odebrecht.-

Estafa de los Tres Brazos es peor de lo que se creía

Por Juan Bolívar Díaz05_02_2017 HOY_DOMINGO_050217_ El País13 A

Tras el informe de la comisión investigadora designada por el presidente Danilo Medina, el Gobierno desconoció la venta del barrio Los Tres Brazos a una empresa privada por haberse realizado en violación de la Constitución, dos leyes y un decreto, en lo que se configura como una estafa en perjuicio del Estado y unas 13 mil familias residentes.

La operación fue más escandalosa de lo que se había denunciado y que determinó la designación de una comisión investigadora, cuyo informe revela que a casi 7 años de la venta, la Corporación de Empresas Estatales solo ha tenido beneficio neto por 3 millones 365 mil pesos, faltando por determinarse si quedará en el reinado de la impunidad.

Otra escandalosa estafa. El informe de la comisión gubernamental que investigó la venta del barrio Los Tres Brazos en Santo Domingo Este a la empresa INFEPA, luego asociada a la TITULATEC revela que fue una operación fraudulenta mucho peor de lo que se había denunciado, ya que de los 80 millones de pesos que se contrató originalmente a precio de bagatela, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) apenas ha recibido efectivamente, casi siete años después, 15 millones 200 mil pesos. Pero pagó RD$11 millones 834,200 a dos agrimensores para que hicieran el deslinde de los terrenos, a lo que se había comprometido la compradora, lo que redujo su ingreso neto a 3 millones 365,800 pesos.

Ciertamente el contrato original firmado el 25 de febrero de 2010, mediante el cual CORDE vendió a la empresa INFEPA tres parcelas con un total de un millón 213,861 metros cuadrados, donde está asentado el barrio, establecía un precio de 80 millones de pesos. Pero mediante dos adendas en junio de 2010 y agosto del 2014, las partes le deducen 11 millones 800 mil pesos, quedando en 68 millones 200 mil pesos, para descontar calles y aceras “no útiles para la venta”. Luego dedujeron 1 millón 500 mil pesos más para crear un “fondo de compensación para tentativas demandas”, por lo que el precio final se contrajo a 66 millones 700 mil pesos.

Más absurdo es que CORDE, que vendió inmuebles, recibió como “dación de pagos”, dos parcelas en Guavaberry, S.P. de Macorís, valoradas en 29.14 millones de pesos, con tasación de la misma INFEPA, y que no ha podido asumirlas porque estaban hipotecadas. También recibió como dación de pago dos apartamentos en Las Palmas, Los Alcarrizos, por millón y medio de pesos, pero que habían sido traspasados a una representante de INFEPA-TITULATEC, por concepto de comisión de venta. En total 30 millones 300 mil pesos en inmuebles que CORDE no ha podido asumir. Los restantes 21 millones 200 mil pesos, para completar los 66.7 de la venta, quedaron en un pagaré que tampoco han honrado, pero sin consecuencias. Tras el estallido del escándalo, el 28 de diciembre último, CORDE le dio un plazo de un día, sin que la comisión viera resultado.

No evaluaron inversiones. La comisión gubernamental no evaluó el total de lo invertido por el Estado y los particulares en Los Tres Brazos, reconoció Flavio Darío Espinal. Pero se ha estimado que sobrepasan los mil millones de pesos en las casi cuatro décadas de que se iniciara la población del sector con damnificados del huracán David en 1979. Más difícil es valorar lo que han invertido en urbanización las 14 mil familias que lo habitan, incluyendo edificaciones para negocios, talleres y de recreo.

En las cuatro escuelas del sector se han invertido cientos de millones de pesos. Una básica inaugurada por el presidente Medina costó 63 millones, y una estancia infantil 36 millones. Allí se construyó una planta de tratamiento de aguas, para cuya remodelación concluida en febrero de 2012, el Estado gastó 76 millones de pesos.

Ya en 2013 cuando la compradora del barrio INFEPA se asocia con TITULATEC, lo hacen tasando sus activos en 200 millones de pesos. El informe establece que al 31 de diciembre pasado habían vendido 614 solares, de un total de 3,692, por 93 millones 300 mil pesos, lo que proyecta sus ventas totales a 952 millones 67 mil pesos.

Recomendaciones aceptadas. El informe de la comisión oficial, sus conclusiones y recomendaciones no dejan dudas de que se trata de una operación lesiva al interés público, “que nunca debió realizarse”, “cuestionable en su esencia misma”, “ignorando disposiciones constitucionales y legales aplicables”, citando las últimas dos constituciones, la Ley de Capitalización de la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.

La califica también como “altamente perjudicial para el Estado y la propia comunidad de Los Tres Brazos”, “contraria al interés público y al bienestar social”, como quedó patente en nuestro artículo de HOY del domingo 15 de diciembre “El regalo de los Tres Brazos”.

Vale reconocer que el Gobierno anunció de inmediato que acoge las recomendaciones de que el Estado no reconozca la contratación por viciada, inconstitucional e ilegal, que proteja las inversiones de los residentes que pagaron solares y los créditos recibidos, que cierre definitivamente a CORDE y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública que hace años quedaron sin objeto, y que entregue el informe al Ministerio Público “para que determine si en esta operación quedó comprometida la responsabilidad penal de los actores públicos y privados que intervinieron en la misma”.

Queda pendiente que establezca los mecanismos para “la transferencia titulada de los inmuebles a sus ocupantes, ya sea a título gratuito u oneroso según la condición socio-económica de estos”. Y que reciban todo el apoyo estatal.

La movilización popular. Del escándalo Los Tres Brazos quedan en evidencia dos cosas: primero la inmensa capacidad de los funcionarios públicos para las maniobras chanchulleras, la imaginación sin límite para la apropiación y la malversación de lo público y la complicidad general que predomina en las instituciones que permiten hasta la venta por bagatela de un barrio con escuelas, plantas, calles, avenidas, sistemas eléctrico y de acueducto, guardería, iglesia, parque, dispensario médico y hasta cuartel policial pagado por el erario.

La otra es el valor de la movilización popular, como se demostró antes en Bahía de las Aguilas, Loma Miranda, la cementera en Los Haitises, la inversión del 4 % del PIB en educación y otras. En todos esos casos, por encima de un sistema político e institucional profundamente corrompido, resalta el papel del periodismo crítico y responsable. En Los tres Brazos se hizo historia cuando los telediarios matutinos de tres canales y de una radioemisora y la red nacional de 8 emisoras católicas montaron allí una transmisión simultánea de una hora la mañana del 29 de diciembre, rechazando la ignominia.

Se ha contenido la ignominia, quedando sin determinarse la red de complicidades políticas que la auspiciaron y permitieron. Solo la movilización popular y de la opinión pública lograrán que este escándalo no engrose el reinado de la impunidad en que han convertido este país, para que sirva de lección.

La presión social desafía al Gobierno de Medina

Por Juan Bolívar Díaz

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La marcha contra la impunidad, que superó todas las expectativas constituyéndose en la mayor manifestación cívica de la historia nacional y que parece haber marcado un punto de inflexión frente a la corrupción, junto al reiterado compromiso internacional de develar toda la trama de corrupción de Odebrecht, podría obligar a las autoridades a responder.
La presión que tiene el Gobierno es mayor por la convicción general de que la constructora brasileña financió campañas electorales, por lo que buscarían un par de chivos expiatorios que pudieran contener la indignación nacional, agravada por el silencio del presidente Danilo Medina y de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Irrupción de la clase media. Si fue sorprendente la magnitud de la marcha contra la corrupción y la impunidad de decenas de miles de personas, fue más impactante su composición social, con una clara irrupción de las clases medias, incluyendo segmentos altos, empresarios y hasta monjas que desafiaron la desinformación pagada del Gobierno. Fue una demostración de civismo, por convicción e indignación, exigiendo límites a la putrefacción política, y alcanzó impacto internacional. Nadie acudió bajo promesas de empleo o para mantenerlo, ni por los repartos de dinero, vestuarios, comidas y bebidas, como en las actividades partidistas.

La participación en la marcha del domingo 22 multiplicó seis o siete veces los que acudieron a una convocatoria similar en el 2011 por la aplicación de la ley que dispone invertir en educación el 4 por ciento del PIB, a juicio de los organizadores, varios de los cuales han sido protagonistas en ambas y con capacidad para reproducir demandas.

Tras el éxito, el muy plural comité organizador anunció que proseguirá “reclamando por todas las vías pacíficas posibles la identificación y sometimiento judicial de los sobornados de Odebrecht y la conformación de una comisión independiente acompañada por Naciones Unidas” para investigar las contrataciones con esa empresa “hasta que se recuperen los miles de millones robados al pueblo dominicano”. De inmediato generaron demostraciones en los estadios de beisbol de Santiago y Santo Domingo, iniciaron captación de firmas y planifican un concierto en la festividad de la independencia nacional.

También la presión externa. Hay consenso en que la presión externa será un factor determinante para que haya sanción en el reino de la corrupción con impunidad que es el país, como indican las evaluaciones. Esta misma semana el índice de corrupción de Transparencia Internacional (TI) mostró un nuevo retroceso de RD, que cayó de la posición 103 a la 120 entre 176 naciones, en relación al año anterior, con una quemazón de 31 puntos sobre 100.

Los peores escándalos de corrupción han quedado en la impunidad, aún en el caso del secretario de organización del PLD, Félix Bautista, a quien el ministerio público de su mismo gobierno le documentó un expediente que envuelve 26 mil millones de pesos, que hoy equivalen a más de 550 millones de dólares, casi seis veces el monto de los sobornos de Odebrecht, independientemente de la sobrevaluación de las contrataciones.

Entrevistado por Uno+Uno de Teleantillas, el presidente de TI, José Ugaz, resaltó el compromiso de la autoridades brasileñas de develar las personas y organizaciones políticas comprometidas en la trama Odebrecht y la decisión de esa entidad de acompañar la investigación hasta el fondo, a la vez que elogió la marcha dominicana y proclamó que la presión social es fundamental para alcanzare sanciones. Ugaz es un reputado penalista peruano que fue fiscal adhoc de las investigaciones del escándalo de sobornos del presidente Fujimori-Montesinos que llevó a la cárcel con condenas judiciales a estos dos y a más de 200 funcionarios de los tres poderes del Estado, empresarios y dirigentes sociales.

El silencio gubernamental. El avance de las investigaciones en los otros países involucrados en el escándalo, presiona también en RD, que proporcionalmente lidera el escándalo con sobornos por 92 millones de dólares. En Panamá ya hay 17 imputados, en Perú, Colombia, Argentina varios funcionarios presos, y con suspensiones de contratos y otras sanciones a la Odebrecht. Guatemala, donde los sobornos confesados sólo suman 18 millones de dólares, suspendieron los pagos en obras por 399 millones de dólares.

Los presidentes de Perú, Colombia y Ecuador, se han puesto a la cabeza de las exigencias de sanciones. Pedro Pablo Kuczynski dirigió un discurso a los peruanos proponiendo mayores sanciones a la corrupción en un país que en un año pronunció más de 2 mil sanciones por corrupción, incluyendo altos funcionarios, pidió la acción conjunta de los tres poderes del Estado. El ecuatoriano Rafael Correa, dijo a Uno+Uno el jueves, que su gobierno está a la cabeza de las investigaciones, junto al poder judicial, y recordó que en el 2008 suspendió contratos a la Odebrecht y la obligó a pagar el costo de poner en servicio una planta de generación hidroeléctrica que construyó con graves deficiencias de arranque.

Aquí el presidente Danilo Medina, al igual que el PLD y la Comisión de Ética Gubernamental, ha ignorado el escándalo internacional y la indignación nacional, dejándolo en manos de un procurador general sin experiencia investigativa, y conformando una comisión para investigar solo la contratación de las plantas de Punta Catalina, la que sigue bajo objeciones por incluir a vinculados, como su presidente Agripino Núñez, que era directivo de la empresa co-constructora de las mismas, a un consultor del gobierno y a César Sánchez, que cuando fue administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales negoció y firmó el segundo de los 17 contratos nacionales con la Odebrecht, y actualmente es asesor de la misma con sueldo de 350 mil pesos mensuales.

Buscarían chivo expiatorio. La situación dominicana en el escándalo es compleja, sobre todo por la particularidad de que Joao Santana salió de la asesoría del presidente Medina en sus dos exitosas campañas electorales para la prisión en Brasil, imputado como brazo político de Odebrecht en financiamiento de campañas electorales en varios países.

El jurista Namphy Rodríguez escribió esta semana que se impone el relevo de Odebrecht en la construcción de las plantas de Punta Catalina, señalando que en las actuales circunstancias es inconcebible que el Gobierno ponga en manos de esa empresa los 600 millones de dólares que captará por bonos estatales. El mandatario ha estado preocupado y, según fuentes bien informadas, habría buscado transferir la terminación de las plantas, que pidió a la constructora Estrella, asociada para la obra física, que la asumiera, pero ésta habría declinado por falta de experticio en su tecnología. En medio del escándalo es difícil contratar otra firma que asuma la tarea y nadie la quiere paralizar.

Por otro lado, cobran fuerza las versiones de que se buscaría algún chivo expiatorio que calme la indignación nacional. Un empresario bien informado identificó a los grandes constructores de Leonel Fernández, especificando a Víctor Díaz Rúa, el ministro de Obras Públicas que negoció varios contratos con Odebrecht. Cuando se le objetó que luciría parte de la confrontación partidaria Medina-Fernández, aludió a una compensación: tramitar el expediente de la OISOE que implica al danilista Miguel Pimentel Kareh. Esta semana el dirigente del PLD Fernando Fernández, excercano colaborador político del presidente Medina, advirtió que se buscan chivos expiatorios y proclamó que sería un error que empeoraría la situación y que todos los responsables deben responder ante la justicia.

El presidente Medina parece atravesar por su mayor turbulencia en sus dos períodos de gobierno, y esta semana tiene otro desafío, cuando la comisión senatorial que estudia sus observaciones y propuestas sobre las excepciones a la penalización del aborto rinda su informe y tengan que decidir. Necesitan dos tercios para rechazar la propuesta presidencial como hace un año, pero ahora sería un grave tropiezo político.-