Un acuerdo contra la impunidad

A1Por Juan Bolívar Díaz

El hecho de que el economista y empresario Luis Abinader sea un declarado aspirante a la Presidencia de la República no le quita mérito a su novedosa propuesta de un acuerdo nacional para combatir la corrupción y la impunidad, lo que hemos reclamado desde que a fines del año pasado estallara el enorme escándalo transnacional de sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos políticos de la constructora brasileña Odebrecht.

Hemos insistido en que, hasta como catarsis, correspondía al presidente Danilo Medina reconocer las graves implicaciones nacionales del escándalo y llamar al liderazgo político y social a buscar consenso para una reforma política e institucional que afronte la corrupción. Porque aunque el país aparecía en el tercer escalón de 12 en el nivel de los sobornos, proporcionalmente estaba en el primero, y porque Odebrecht confesó que cuando empezó su persecución en Brasil, mudó a República Dominicana su departamento de corrupción,
Pusimos como ejemplo al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien reaccionó de inmediato a las implicaciones de su país y se dirigió a la nación y a su Congreso para pedir urgentes medidas de prevención y sanción, creó una comisión de dirigentes sociales para formular recomendaciones a plazo perentorio y comenzó de inmediato a ponerlas en práctica.

Para los gobernantes dominicanos aquí no pasó nada, aunque múltiples indicios señalan lo contrario como, por ejemplo, que el arquetipo del financiamiento electoral de Odebrecht a las campañas electorales en múltiples países, Joao Santana, fue asesor de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina, y que al momento de su imputación por la justicia brasileña, despachaba en el Palacio Nacional.

Después de Odebrecht hemos tenido por lo menos otro escándalo de corrupción por mes: la venta del barrio Los Tres Brazos, las matanza por terrenos del CEA en San Pedro de Macorís y en Los Cerros de las Américas, el triste expediente de los aviones Tucano, el fiasco tecnológico de la Junta Central Electoral y la mafia del gas propano.
Lo del gas no ha sido suficientemente dilucidado, pero es escandaloso que ahora se nos diga que los importadores del combustible se quedaban con 2 mil 500 o 3 mil millones de pesos por año, por complacientes resoluciones oficiales.

Se trata de que en el 2011 el Ministerio de Industria y Comercio había fijado en 135.50 dólares por tonelada el componente flete de la fórmula de paridad de importación del GLP, que otra resolución 7 de enero del 2013 lo elevó a 185.50, estableciendo de inmediato que en julio de ese mismo año sería de 205.50 y en enero del 2014 se incrementaría a 215.50, para reducirse en enero del 2015 a 205.50 dólares por tonelada. Pero en diciembre de ese mismo año la resolución 315 BIS lo elevaba a 225.50 dólares.

Nadie ha explicado cómo fue posible tan vertiginoso escalamiento de precios en beneficio de los importadores del gas licuado. Basta con que ahora se diga que revertirán hasta 3 mil millones de pesos anuales, que otros cálculos duplican. Nadie sale responsable ni cómplice de ese inmenso enriquecimiento. Eso es la impunidad que inmensas multitudes vienen denunciando en las calles y plazas de todo el país.

Luis Abinader, como lo han hecho con menos difusión otros líderes de la oposición, relevantemente Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal, Max Puig, Eduardo Estrella y Guillermo Caram. Abinader ha tenido el mérito no sólo de diagnosticar la corrupción y la impunidad, sino también de proponer reformas administrativas, legales y hasta constitucionales para ponerles límites.

Hay pocas expectativas de que encontrará oídos receptivos. Pero ahí están las propuestas. Ojalá que los medios de comunicación promuevan su discusión, porque de seguro el gobierno seguirá en la política de sordo y mudo. Lo más probable es que las voces partidarias se limiten a descalificarlas tildándolas de propaganda política.

Gallup-HOY: perdida la batalla corrupción-Odebrecht-Catalina

                                                 Por Juan Bolívar Díaz

            La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana evidencia que el Gobierno del Presidente Danilo Medina tiene perdida la batalla frente a la corrupción y en particular en torno al escándalo Odebrecht y la contratación de las plantas de Punta Catalina con opiniones negativas de hasta más del 90 por ciento de la población.

En perspectivas de candidatura presidencial la situación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue incierta por la prohibición de la reelección, por lo que Leonel Fernández se mantiene como alternativa, pero el que aparece  mejor situado es Luis Abinader para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Rechazo a la corrupción

Si algo aparece absolutamente claro en la última encuesta Gallup-HOY publicada esta semana es que la ciudadanía dominicana está tomando consciencia sobre la corrupción hasta el punto que el 89% la considera en niveles alarmantes y aparece como segundo problema nacional para el 35%, después de la delincuencia que lidera para el 71%.

Así mismo el 72% desaprobó la gestión gubernamental en torno a la delincuencia y 68 sobre la corrupción administrativa, mientras el 53% cree que ahora hay más corrupción que en el primer período del presidente Medina y otro 26 la estima igual, lo que implica que 79% no advierte que la hayan combatido eficientemente, aunque un 43 opina que han hecho esfuerzos por disminiunirla, contra un 53% en sentido contrario. El 67% estima  negativa la actuación frente a la inmigración, en tanto un 58% desaprueba la Presidencia por la corrupción.

La sociedad está impactada por los grandes escándalos de corrupción que se han presentado en los últimos tiempos, especialmente el de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, señalado por el 74%, seguido de los expedientes de Félix Bautista, los aviones Tucano y las tragedias de la Oficina de Ingnieros Supervisores de Obras del Estado y la Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses.

Hasta hace poco, la preocupación por la corrupción fue asunto secundario, expresada por las élites sociales y clases medias, pero se  ha extendido en todos los niveles y hasta entre simpatizantes del partido gobernante. Fue causa y consecuencia de la aparición del Movimiento o Marcha Verde que se ha etendido este año por todo el país.

Odebrecht y plantas Catalina         

La investigación de Gallup evidencia que todo el aparato propagandístico del gobierno, especialmente para defender las plantas de carbón de Punta Catalina, no ha podido contener la convicción generalizada de que están salpicadas por la corrupción. El 68% estima que hubo irregularidades, 90%  en la licitación y 78 en la adjudicación, y peor  aún un elevado 91% consideró que están sobrevaluadas.

En torno a la investigación del escándalo de sobornos y sobrevaluaciones de la Odebrecht el 57% no se muestra satisfecho con la gestión del Ministerio Público mientras un elevadísimo 93% estima que faltan otros en el expediente de acusaciones que generaron medidas de coerción a fines de mayo pasado.

Con tan elevada proporción que cree que las plantas Catalina están sobrevaluadas, el gobierno tendrá mayores dificultades para salir del impasse que mantiene con la constructora Odebrecht, la cual ha reclamado otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no el año próximocomo se había programado, sino ya para el 2019. Aunque el reclamo trascendió a fines de agosto, dos meses después permanece en denso silencio, como ha sido la pauta desde el inicio de la mega obra que aprentemente perseguirá al presidente Medina hasta más allá de su mandato. Es significativo que el 78% considera que no se apega a la verdad el informe de la comisión presidencial que investigó la contratación de las plantas.

En cuanto a la elaboración del expediente a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht, el plazo de 8 meses para formalizar acusaciones vence a fines de enero próximo y hay pocas expectativas de que presenten pruebas suficientes más allá de las generalidades que indicó la jueza Miriam Germán, y mucho menos de que se amplíen las indagatorias a otros presuntos responsables. Hace dos semanas el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que por falta de dinero, no se había avanzado en las auditorías para determinaar si hubo sobrevaluaciones en las obras contratadas con Odebrecht, lo que causó estupor en la opinión pública.

Cae la valoración de Danilo

            La encuesta efectuada en la segunda mitad de Octubre registra una considerable caída de la valoración del presidente Danilo Medina, ahora con 51%, 12 puntos menos que los 63 que registraba en la anterior, de febrero pasado. Cuando se pregunta por sus cinco años de gobiero sube al 55%. En dos encuestas del 2015 su valoración estaba en 82%, y en el 2014 entre 87 y 91%.

Resulta significativo que se mantiene un acendrado pesimismo en la percepción sobre la economía nacional que registran las encuestas. El 79% considera que  el país va por mal camino, 5 puntos más que el 74 registrado en febrero, con un 74 %, las tres cuartas partes de la población, opinando que la situación económica es mala o muy mala, 2 puntos menos que en febrero, y el 52% califica de mala o muy mala su eonomía  personal.

El 37% de la población estima que el país se mantiene estancado, pero otro 24% dice que se está atrasando, y sólo el 36 por ciento lo aprecia en progreso, no obstante que el gobierno martillea por todos sus medios una optimista visión de progreso, de superación de la pobreza y auge del empleo y un alto crecimento económico en promedio de 6 por ciento, aunque reducido a menos del 5 este año.

Un factor que pudiera estar incidiendo es la percepción, para el 63% de que la ineguridad está en incremento, dado el hecho de que la delincuencia es señalada como el principal problema nacional.

Abinader bien situado

En términos políticos, Luis Abinader es quien aparece mejor situado en las preferencias electorales de cara al 2020, aunque para los comicios faltan años y medio.  En el universo de los encuestados es el que mayor porcentaje logra con 29, mientras Danilo Medina alcanza 21, afectado por la porohibición de la reelección  presidencial, y Leonel Fernández el 17%.

Abinader nás que duplica en prefrerencias generales a su contrincante para la candidatura presidencial del PRM Hipólito Mejía. Pero cuando se le preguntó a quienes se confesaron smiembros o simpatizantes de ese partido, la diferencia fue abismal, 69 a 14%, mucho mayor que el 70 a 29 con que se definió la primaria que en el 2015 eligió candidato al economista Abinader.

En el PLD se advierte una cierta recuperación del expresiente Leonel Fernández, quien en el univeso de la encuesta queda sólo 5 puntos por debajo de Medina, 22 a 17%, y entre los simpatizntes o miembros del PLD 35 a 25 %, pero con el mandatario sin poder postularse, Fernández aparece muy por encima del resto, y quien le sigue es su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, con registros de 6% en el universo y también entre los peledeistas. El resto de los mencionados como preferidos no pasa del 2 por ciento en ambos escenarios.

Ito Bisonó asciende en el universo de los encuestados superando en simpatías a Quique Antún apenas con 7 y 6%, pero entre los reformistas social cristianos Antún lo triplica 31 a 10%. –

 

 

 

 

La corrupción y el despilfarro atrapan al gobierno y al país

El informe de Oxfam que estima la malversación en 90 mil millones de pesos éste año debería disparar todas las alarmas y reivindicar el mandato legal del pacto fiscal para contener los déficits y el endeudamiento que ya alcanza 570 millones de pesos por día

                             Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el ministro de Hacienda lo estimara exagerado, el informe de Oxfam Internacional de que el gobierno malgasta este año más de 90 mil millones de pesos en corrupción, clientelismo y dispendio fue recibido con preocupación y renueva la necesidad de dar vigencia al pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

El informe reactiva la preocupación por la sostenibilidad económica del país, sobre todo a la luz del proyecto de presupuesto para el 2018 que replica un enorme déficit fiscal  cubierto con endeudamiento que en el último año crece a ritmo de 12 millones de dólares por día, equivalentes a 571 millones de pesos.

Contradictorio  crecimiento

            En la introducción del estudio “Se buscan recursos para garantizar derechos”, Raúl del Río de Blas, director para RD de Oxfam, una prestigiosa institución que opera en más de 90 países, comienza por resaltar que a pesar del sostenido crecimiento económico de los últimos 30 años, el país no ha podido reducir significativamente los nieles de pobreza y desigualdad que afectan a una amplia mayoría de la población.

De ahí que desarrollaran un amplio proceso de investigación y análisis del gasto público y de determinadas partidas del presupuesto nacional, determinando que “existe un amplio espacio de reorientación presupuestaria para garantizar derechos, si existiese la voluntad política de combatir males endémicos para la gobernabilidad democrática, como son la corrupción, el uso clientelar de la nómina pública o la duplicidad de funciones de entidades gubernamentales”.

Entre sus objetivos señala elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, ante el pendiente Pacto Fiscal dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012, llamando a restablecer la confianza de la población y su actitud para contribuir fiscalmente. RD ocupa el tercer lugar en la región en la escala de justificación de la evasión de impuestos, y el segundo que menos recauda, 13.1% del PIB en 2016.

La debilidad de las instituciones del Estado y la desconfianza en la clase política son señaladas como obstáculos para el pacto fiscal que debió estar en vigencia desde el 2016, y que sigue relegado por el gobierno, aunque  la conclusión esta semana del pacto eléctrico, arduamente negociado durante  casi tres años, concentrará la atención en el fiscal. El tercero, el pacto por la educación, está en vigencia hace dos años.

Costo de la malversación

El estudio analiza cinco renglones para establecer lo que se podría ahorrar el Estado dominicano con políticas de eficiencia, honradez y racionalidad: la nómina púbica, la corrupción, entidades que sobran, gasto clientelar y otros, donde se incluye el subsidio eléctrico. Para el año en curso el dispendio en esos renglones es cuantificado en 90 mil 920 millones de pesos, que subirían a 96 mil 872 en el 2018 y alcanzarían a 117 mil en el 2020.

El renglón de mayor malversación es el de las botellas, o uso político de la nómina pública, estimada para este año en 39 mil 250 millones de pesos, 1.1% del PIB. Resalta que RD es el sexto país de AL y el Caribe en mayor proporción de empleados públicos por habitante, con 58 mil 313 por cada millón, aunque el promedio regional de 48 mil 351, y que es 28% mayor en relación con los países centroamericanos.  Señala que la Presidencia de la República tiene más empleos que 9 ministerios juntos, con incremento del 62% del 2016 al 17, que el Despacho de la Primera Dama suma tantos empleos como los ministerios de la Mujer y de Administración Pública juntos, y que el Inespre, con casi 2 mil empleados, tiene más personal que los sumados por cuatro ministerios.

La corrupción es estimada sólo en 0.7 por ciento del PIB, montando 26 mil 292 millones de pesos. Ese estimado es conservador, ya que el mismo informe indica que el Fondo Monetario Internacional la estima a nivel mundial en promedio del 2% del PIB, y la RD figura entre los países de mayor corrupción en los índices del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional.

Por la duplicidad de funciones u organismos que sobran, la malversación alcanzaría este año 12  mil 821 millones de pesos. Se agregan otros 5 mil 123 millones de pesos en gasto “potencialmente clientelar”, y 7 mil 434 en otros, como el subsidio eléctrico. Señala una serie de entidades que sobran y concluye en que su eliminación podría ahorrar 31 mil millones de pesos por año.

Déficit y endeudamiento

El informe de Oxfam, elaborado por los economistas Rafael  Jóvine y Rosa Cañete, llegó en una coyuntura apropiada al estar pendiente la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos para el próximo año, bastante relegado en el debate público por los escándalos de corrupción y la distracción del proyecto de ley de partidos. Esta semana los dos mayores partidos de oposición, el Revolucionario Moderno y el Reformista Social Cristiano, insistieron por separado en denunciar la pieza como ratificadora del rumbo fiscal insostenible.

Para el PRM el gobierno prosigue el modelo aplicado desde el 2008, de presupuesto deficitario, altamente clientelar, mala distribución, centrado en el gasto corriente en detrimento del capital, sin variación proporcional en lo institucional, bajo nivel en los servicios sociales, sobreestimación de los ingresos y aumento en el financiamiento bruto,

El PRSC puso acento en el carácter altamente deficitario del proyecto de presupuesto, el cual conllevaría un déficit de 4 mil 265 millones de dólares, sosteniendo que requerirá un financiamiento real de 9 mil 419 millones de dólares en el 2018.

Por su parte el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, rescató la preocupación del sector por los déficits  y el galopante  endeudamiento, señalando que este “se está tornando en algo que debemos ponerle atención”.

La deuda pública se incrementó en el 2016 en 3,459.7 millones de dólares, según el registro oficial, lo que implicaba 288.3 millones por mes y 9.61 millones de dólares diarios. Pero de abril del 2016 a igual mes del 2017 el crecimiento se elevó a 4 mil 326 millones de dólares. Eso significa 12 millones de dólares cada día, equivalentes a 571 millones de pesos. La deuda consolidada del Estado alcanza ya el 50% del PIB, lo que ha generado reiteradas advertencias, incluyendo las del FMI.

El difícil proyecto de Faride

          La joven diputada del PRM Faride Raful se montó sobre la ola de preocupaciones por el dispendio y la sostenibilidad fiscal cuando esta semana sometió al Congreso un proyecto de ley “de reorganización de la administración pública” que pretende disolver 57 instituciones, comisiones u organismos públicos considerados inoperantes o redundantes, lo que ahorraría unos 15 mil 700 millones de pesos anuales. Aunque ella misma adujo que han sido identificados más de un centenar que deberían ser disueltos.

Los más significativos de esos organismos, aparecen señalados también en el informe de Oxfam y han sido objeto de cuestionamientos durante años. Son expresiones concretas del reparto clientelar y rentista en que se ha fundado el partidarismo político. El proyecto de la abogada Raful es más que nada un llamado de atención, pues ella misma debe ser consciente de que la mayoría oficialista del Congreso no aprobaría ni la décima parte de su  propuesta.

El aferramiento a ese reparto es lo que determina que el gobierno no haya querido convocar al pacto fiscal, consciente de que sectores políticos y la mayoría de las instituciones sociales, llamadas a ser parte de la concertación, comenzarían por reclamar la disolución de las agencias de repartición, como paso preliminar para hablar de las mayores cargas fiscales que requiere el desarrollo nacional. Fue lo que ocurrió en el 2012 al comienzo del gobierno de Danilo Medina, que rápidamente revocó el propósito.

La evasión del mandato legal del pacto fiscal se ha convertido en una trampa para el gobierno, necesitado de mayores recursos, que los intenta mejorando la gestión recaudatoria, obviamente insuficiente. La salida ha sido el incremento del déficit fiscal financiado con endeudamiento progresivo que atrapa también al país y cuestiona la sostenibilidad fiscal. El informe de Oxfam es otra campanada, pero pocos creen que será tomado en cuenta.-

     

Tabla 12

 

Estimación de ahorro fiscal si se elimina malgasto, 2017-2010

En millones de RD$ y porcentaje del PIB
2017 2018 2019 2020 Promedio 2018-2020 Peso ponderado
               
Botellas/uso político nómina pública Absoluto 39,250 47,041 55,597 64,981   55,873   52.52%
% del PIB 1.1% 1.2% 1.3% 1.4%    
                   
CORRUPCIÓN Absoluto 26,292 27,344 28,437 29,575   28,452   26.74%
 % del PIB 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%    
                   
ENTIDADES QUE SOBRAN Absoluto 12,821 13,334 13.868 14,422   13,875   13.04%
 % del PIB 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%    
                   
GASTOS POTENCIALMENTE CLIENTELARES: PUBLICIDAD + VIÁTICOS + «5% USO DISCRECIONAL PRESIDENTE» Absoluto 5,123 5,328 5,541 5,763   5,544   5.21%
   % del PIB 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%    
                   
TRANSFERENCIAS AL SECTOR ELÉCTRICO Absoluto 7,434 3,826 1,771 2,331   2,643   2.48%
 % del PIB 0.2% 0.10% 0.04% 0.05%    
                   
Totales por año Absoluto 90,920 96.872.5 105,214 117,072   106,386   100%
 % del PIB 2.5% 2.5% 2.4% 2.5%    
Fuente: elaborado con base en las estadísticas presupuestarias y supuestos considerados. 2017-2020
 PIB nominal (proyección oficial) 3,620,231 3,953,292 4,316,995 4,714,158

          

 

RD sub líder mundial en corrupción y en desconfianza en los políticos

A1

La evaluación de la República Dominicana sufrió un fuerte retroceso de 12 escalones, revocando tres años de avances, en el Indice de Competitividad Global 2017-18 del Foro Económico Mundial, colocándose en la posición 104 entre 137 países   

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana perdió los avances logrados en los tres años anteriores en el Indice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial publicado esta semana, sufriendo un retroceso sin precedente de 12 escalones, pasando del 92 al 104 entre 137 países evaluados.

Las peores puntuaciones las registró el país en corrupción (favoritismo en las decisiones de los funcionarios y desvío de fondos públicos), y en confianza en los políticos, en los escalones 136, 135 y 136, respectivamente, quedando en estos como sublíder  mundial, y los mayores retrocesos en entorno macroecnómico y mercados financieros.

Impactante retroceso

Resultó impactante el fuerte retroceso sufrido por la RD en la evaluación anual comprendida en el ICG correspondiente al 2017-18, publicado esta semana por el Foro Económico Mundial radicado en Suiza, perdiendo 12 de los 13 escalones que había ascendido en los tres años anteriores, pasando de la posición 92  a la 104 en el ranking mundial y la quinta peor de América Latina.

El país casi ha vuelto a la posición 105 que ocupaba en el índice de 2012-13 y 2013-14, tras lo cual mejoró 4, 3 y 6 escalones en los 3 siguientes, hasta el publicado en septiembre del 2016. Hay que tomar en cuenta que hace cuatro años la evaluación llegó a un máximo de 148 países, que el año pasado fue 138 y ahora se redujo a 137.

De 20 naciones de América Latina incluidas en la evaluación de este año, Dominicana sólo ha quedado mejor situada que El Salvador, Paraguay, Venezuela y Haití, que aparecen en los escalones 109, 117, 127 y 128 respectivamente. En la cima regional está Chile, posición 33, seguido de Costa Rica, en la 47, Panamá en la 50 y México en la 51. Luego siguen Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, Guatemala y Argentina. Es relevante que RD queda peor que cak todos sus socios regionales centroamericanos, Además de Costa Rica, Panamá y Guatemala, también Nicaragua y Honduras.

El ICG es un acreditado certificado de competitividad, definido  como “el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad en un país y que fomentan el nivel de prosperidad al que puede aspirar una población”. Contiene 12 pilares y 116 renglones y se elabora en base a encuestas, que este año abarcaron a 14 mil ejecutivos de 137 países, y con “datos duros” de al menos 8 organismos internacionales.

Causales del retroceso

            RD registró el mayor retroceso en América Latina, con su descenso de 12 escalones, seguida de Panamá y Honduras, con caída de 8, ambas mejor posicionadas. En la región los mayores ascensos de este año fueron alcanzados por Argentina, Trinidad-Tobago  y Nicaragua, con 12,11 y 10 escalones respectivamente. Costa Rica y Jamaica sumaron 7 y 5.

Llama la atención que la mayor caída dominicana se registrara en el pilar “Entorno Macroeconómico”, vinculado al crecimiento y la estabilidad económica, justo en el que mejor se sitúa el país, donde el año pasado ocupaba el escalón 26 y ahora perdió casi lo mismo, quedando en el 49, que sigue siendo el mejor, seguido de “Tamaño del Mercado”, en el 68, “Sofisticación en Negocios” 85, y “Aprestamiento Tecnológico” en el 87.

En otro de sus mejores pilares, el “Desarrollo de Mercados Financieros”, cayó 12 escalones, para quedar en el 99, y en “Eficiencia en Mercados de Bienes” perdió 9. En “Eficiencia del Mercado Laboral”, en “Aprestamiento Tecnológico” y en “Sofisticación de Negocios”, se perdieron 8 escalones en cada uno.

Visto el informe por renglones, el país ocupa el mejor, número 1 en el mundo, por su baja inflación, y el 2 por el bajo impacto de la malaria en los negocios. También excelente en costo del terrorismo, ubicado en el escalón 15, incidencia de la malaria en el 26, y en deuda pública en el 36, pese al incremento sostenido de la misma en los últimos años.

En otros renglones del informe donde RD tiene buena valoración, entre los escalones 38 y 48, se cuentan la calidad de la infraestructura portuaria y aérea, intensidad de competencia local, en predominio de la inversión extranjera, y en impacto de la tuberculosis. Regulación de los intercambios y calidad de los servicios financieros se sitúan  bien, por debajo del escalón 70.

Corrupción y la política

El pilar que hunde el país, en la posición 129 de los 137 evaluados, es el referente a  “Instituciones”, en tres de cuyos renglones aparece como segundo líder mundial, posición 136, en “Confianza en Políticos”, sólo superado por Brasil en la 137, y en los referentes a corrupción que lidera Venezuela en el escalón 137. En favoritismo de los funcionarios  136, en desvío de fondos públicos 135, en efectividad de políticas antimonopolios la 133, y en la 131 en  eficiencia del gasto público.

Si los anteriores renglones justifican el clamor nacional contra la corrupción, hay otros dos que avalan la lucha contra la impunidad, la confiabilidad de la policía, en el escalón 132 y en el 130 la independencia judicial. Pero debe observarse que el sector privado no queda tampoco bien parado, ya que en comportamiento ético empresarial el país está en el escalón 132, lo que quiere decir que sólo 5 países están peor.

Es notable que la mayor inversión en educación, desde el año 2012, no se refleja aún en apreciación de la calidad de la educación, que cayó del escalón 124 al 128, la calidad de la educación primaria en el 124, y mucho peor en calidad en la enseñanza de ciencias y matemáticas, en el 133 de 137.

El lastre institucional

Tras conocerse el descenso dominicano en el Indice de Competitividad Global, el director ejecutivo del estatal Consejo Nacional de Competitividad, reaccionó positivamente aceptando los desafíos que implica, anunciando que el gobierno se ha trazado nuevas pautas, incluyendo iniciativas legales  para mejorar el funcionamiento del Estado. Rafael Paz refirió propósitos de mejorar el entorno competitivo para potenciar las capacidades de los sectores productivos, especialmente el aletargado industrial.

Sin embargo, los más graves problemas que lastran la competitividad y el desarrollo  y nacional son de orden institucional, como queda reflejado en el ICG y lo han diagnosticado desde hace años informes como el de Jacques Attalí y el Banco Mundial. Entre ellos resaltan la corrupción, las actividades monopólicas, el tráfico de influencia y la inoperancia de la justicia que garantiza impunidad.

Muchos de los problemas institucionales se derivan de la forma de hacer política y la constante histórica de que los que llegan al poder optan como prioridad su prolongación indefinida para lo cual abusan de los poderes del Estado y enriquecen a sus personeros. Así mismo, subordinan las medidas de fondo, generalmente conflictivas, que implican la resolución de los más graves atavismos para el desarrollo integral. La corrupción es no sólo gubernamental, sino social y relevantemente empresarial. Se corrompe abajo con el clientelismo, al medio con la distribución de puestos y privilegios y arriba con el rentismo.-

                       Indice de Competitividad Global (2017-18)

                           Posición de la República Dominicana                                                                                                                               (Entre 137 países)             (Entre 138 países)

Pilares                                                                2017-2018                         2016-2017

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Instituciones                                                              129                                   123

Infraestructura                                                           101                                   101

Entorno macroeconómico                                         49                                     26

Salud y educación primaria                                     105                                   108

Educación superior y capacitación                           93                                     95

Eficiencia mercado de bienes                                   115                                    106

Eficiencia mercado laboral                                        117                                    109

Desarrollo mercado financiero                                  99                                      87

Aprestamiento tecnológico                                        87                                       79

Tamaño del mercado                                                 68                                        67

Sofisticación en negocios                                           85                                       77

Innovación                                                                   120                                     114

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Elaborado por JBD con datos del Foro Económico Mundial

 

                                    Indice de Competitividad Global (2017-18)

                               Las 10 mejores puntuaciones  de RD

(Entre 137 países)             (Entre 138 países)

Renglones                                                                2017-2018                         2016-2017

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Inflación                                                                          1                                        1

Impacto de la malaria en los negocios                      2                                      27

Costo por terrorismo                                                  15                                      36

Incidencia de malaria                                                26                                        19

Deuda pública                                                             36                                        31

Calidad infraestructura portuaria                           38                                       46

Intensidad competencia local                                   42                                       21

Predominio de inversión extranjera                       45                                        41

Impacto tuberculosis en los negocios                     47                                        92

Calidad infraestructura transporte aéreo               48                                        50

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Elaborado por JBD con datos del Foro Económico Mundial

 

                                    Indice de Competitividad Global (2017-18)

                                            Las 10 peores puntuaciones de RD

(Entre 137 países)             (Entre 138 países)

Renglones                                                                2017-2018                         2016-2017

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Confianza en políticos                                                       136                                         130

Favoritismo en decisiones de funcionarios públicos   136                                         128

Desvío de fondos públicos                                                 135                                         133

Efectividad políticas anti monopólicas                           133                                         132

Calidad enseñanza ciencias y matemáticas                    133                                         131

Confiabilidad de la policía                                                  132                                         133

Comportamiento ético empresarial                                  132                                         130

Eficiencia gasto público                                                       131                                         111

Independencia judicial                                                        130                                         127

Calidad sistema educativo                                                   128                                        124

Calidad de instituciones de investigación científica      128                                         124

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Elaborado por JBD con datos del Foro Económico Mundial

 

Indice de Competitividad Global (2017-18)

Los mayores retrocesos de República Dominicana

Pilares                                                             2016-17           2017-18           Diferencia

Entorno macroeconómico                                26                    49                    23

Desarrollo de mercados financieros                87                    99                    12

Eficiencia en mercado de bienes                     106                   115                     9

Eficiencia del mercado laboral                        109                    117                    8

Aprestamiento tecnológico                                79                     87                     8

Sofisticación de negocios                                   77                     85                     8

Instituciones                                                       123                   129                    6

Innovación                                                           114                   120                    6

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Elaborado por JBD con datos del Foro Económico Mundial

 

 

 

 

Las plantas Catalina se convierten en calvario del presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
A1

Abaratar el alto costo de la política y promover equidad y democracia

 
A1Los líderes políticos, sobre todos los gobernantes, siguen bailoteando las reformas electorales, cuyos objetivos fundamentales hace un cuarto de siglo  que fueron identificados, y hasta objeto de repetidos consensos e introducciones al Congreso    

Por Juan Bolívar Díaz

A pesar de múltiples esfuerzos una comisión bicameral, que parece bien empeñada, fracasó en su propósito de aprobar el proyecto de Ley de Partidos antes que concluyera la primera legislatura del 2017, lo que mantiene incertidumbres sobre el del Régimen Electoral, mucho más extenso y conflictivo.

Las cúpulas partidarias, especialmente la gobernante, siguen evadiendo las reformas del sistema político y electoral, aún con la presión de la indignación popular que demanda el fin de la corrupción y la impunidad, para lo cual será necesaria una profunda reforma política e institucional.

Se quedó la Ley de Partidos

De nuevo concluyó una legislatura sin que se aprobara el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y ya nadie sabe cuántas han pasado desde la primera vez que fue sometido al Congreso en el 2001, aunque esta vez contó con el apoyo diligente del presidente de la comisión bicameral que busca consensuarlo, el senador Arístides Victoria.

La comisión, integrada por representantes de los diversos bloques partidarios, se había propuesto aprobar el proyecto de Ley de Partidos en la legislatura que concluyó el 26 de julio. Después de haber logrado consenso en 74 de los 77 artículos del proyecto, quedaron empantanados en los referentes a las elecciones primarias, el tope de financiamiento y gastos y la participación de la mujer en las candidaturas y los cargos directivos de los partidos.

Para no dejar dudas sobre dónde radican los obstáculos, aún después de concluida la legislatura, los comisionados se han dedicado a visitar a los líderes de los partidos buscando que bajen instrucciones, diligencia que ya hicieron con el gobernante PLD, con el Reformista Social Cristiano y con el bloque de partidos emergentes Tienen pendiente ser recibidos por el presidente Danilo Medina, el PRM y al PRD.

Primarias simultáneas o no

Uno de los desacuerdos más pregonados durante años ha sido en torno a si las elecciones primarias, para escoger candidatos, se realizan simultáneamente y con el padrón nacional de la Junta Central Electoral (JCE) o con el padrón partidario y en la fecha que escoja  cada   partido. Hay quienes creen que ese  desacuerdo oculta la renuncia de las cúpulas a establecer un orden democrático que reduciría su poder casi omnímodo.

La diferencia podría haber sido salvada dejando a opción de cada partido el sistema a adoptar, con la condición de que si es con el padrón propio, éste tenga que ser depositado ante  la JCE siquiera con 3 meses de anticipación. Según adelantó Victoria, la mayoría de los partidos prefieren la elección primaria simultánea, con el padrón de la JCE y que esta cargue con la organización y procesamiento de las votaciones, lo que pudiera en devenir en fuente de conflictos, pues tendrían que escrutar al mismo tiempo los votos recibidos por miles de precandidatos a los cargos, que en la municipal serán unos 3,800 por partido.

Más  renuencia parece haber sobre el establecimiento de topes de gastos por candidaturas, como mecanismo para reducir el poder del dinero, a menudo de origen corrupto estatal o de lavado privado, en las posibilidades de elección.

La demanda de legisladoras porque se imponga la paridad de género en las candidaturas y la dirección de los partidos es la otra fuente de discordia. Parece exagerada si se tiene en cuenta que nunca se ha cumplido a cabalidad la cuota de candidaturas de la mujer, ni cuando era del 25 por ciento y menos al subirse al 33 por ciento. La transacción podría ser elevarla  al 40 por ciento, promoviendo la equidad sin imponer una igualdad que no existe en la actividad política,. y extendiéndola por primera vez a los cargos directivos.

Del Régimen Electoral     

            Más difícil será el abordaje del proyecto de ley del Régimen Electoral, más extenso y conflictivo, pues ya no se trataría de regular los procesos electorales de dirigentes y candidatos, y garantizar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos, sino la competencia por el poder del Estado.

El proyecto de la JCE para la Ley de Partidos recoge gran parte de las demandas que han sido objeto de numerosos consensos desde el patrocinado por la Fundación Siglo 21 en 1992-93, y aún así lleva unos 17 años dando vuelta en el Congreso. El del Régimen Electoral presentado por el mismo organismo, data del 2011 y es más limitado, por lo cual ha recibido múltiples adiciones de los partidos y de las instituciones de la sociedad civil interesadas en la materia, como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y otras.

Este segundo proyecto, que sería abordado por la comisión bicameral cuando alcance consenso sobre el primero, implicará una mayor voluntad del liderazgo político por privilegiar el interés nacional, sobre el partidario, siendo mayor el desafío para el PLD que ahora controla casi todo el poder estatal, como nunca antes en la todavía incipiente democracia nacional. El PRD tuvo mayoría relativa en la Cámara de Diputados y absoluta en el Senado en el período 1998-06, pero no hizo esfuerzos suficientes por la ley de Partidos y menos para las reformas político-electorales integrales.

Con la presión adicional de la Marcha Verde todo el sistema político está desafiado a reformas que contribuyan a cerrar el camino de la corrupción y la impunidad, que comienza en las campañas electorales e incluye el rentismo empresarial y el clientelismo popular, los abusos de los poderes del Estado y la utilización de dinero proveniente del Estado y del lavado de activos, incluyendo el narcotráfico.

Bajar el costo a la política

            El primer objetivo de la ley del Régimen Electoral debería ser la rebaja del altísimo costo de la política en el país, que debe comenzar con la estricta reducción de las campañas internas y generales a no más de tres meses, con sanciones al que se adelante a realizar actividades de propaganda o abierta promoción de candidaturas, topes de gastos para los partidos, precandidatos o candidatos, con límites y transparencia de los aportes privados y estricta rendición de cuentas, especialmente del financiamiento estatal. Incluye también restringir las campañas a la jurisdicción de la candidatura, nacional, provincial o municipal.

Otro renglón fundamental es la restricción al abuso de los poderes del Estado, comenzando por prohibir absolutamente los desbordamientos del gasto público y el incremento del gasto social en los años de elecciones, así como de la nómina estatal, incluyendo las contrataciones temporales, y de la publicidad estatal, que siempre debe limitarse a lo institucional, educativo y legal. Se agrega la prohibición de inauguraciones y anuncios de nuevas obras en el período de campaña electoral, y la licencia automática de todo funcionario del Estado que se convierta en candidato o responsable de campañas electorales.

Al bajar el costo de la política se promueve la equidad entre los partidos con grandes recursos y los emergentes, y se facilita que  personas honorables, sin patrocinios de la corrupción estatal, del rentismo empresarial o el lavado de activos, puedan competir por los cargos electivos, saneando la actividad política y la gestión pública.

Reafirmar la democracia

            La reforma que se ha reclamado durante un cuarto de siglo es para reafirmar la institucionalidad democrática, que comienza por la elección de las autoridades y los representantes, garantizando que se pueda votar separados por diputados y senador y por regidores y alcalde. Implica más equitativa distribución del financiamiento estatal, y sanción de los delitos electorales, como la compra de votos, el despojo o alquiler de cédulas, y la coerción a los empleados estatales y a los ciudadanos más vulnerables.

Conlleva también la profesionalización de los órganos de gerencia y arbitraje electoral, creando mecanismos para control del financiamiento y persecución de los delitos electorales, con sanciones suficientemente disuasorias como cancelación de candidaturas o congelación del financiamiento público.

La JCE debe ser convertida en un real organismo colegiado, que no sea exclusivo de los abogados, puesto que ya no es un tribunal, y de concertación con los partidos que compiten. Y el Tribunal Superior Electoral debería ser un órgano adscrito a la carrera judicial, sin reparto ni apropiación partidista.-

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Principales objetivos de las reformas electorales

*Abaratar el costo de la política dominicana

* Reducir los altos niveles de rentismo y clientelismo

* Transparentar el financiamiento y obligar a rendir cuentas

* Rescatar el sistema político de la descomposición

* Controlar los abusos del poder y los recursos estatales

* Garantizar la democracia interna en los partidos

* Sistematizar la equidad entre los partidos y candidatos

* Promover equidad de género en la dirección y las candidaturas

* Ampliar el derecho ciudadano a elegir diputados y regidores sin arrastre

* Garantizar independencia de la gerencia y el arbitraje electoral

* Prevenir los delitos electorales y sancionarlos con fuerza disuasoria

* Ampliar la representación de las minorías en los comicios

* Dotar a la JCE de instrumentos eficaces para fiscalizar los partidos

* Viabilizar la participación social en la fiscalización de los partidos

* Mayor equidad en la distribución del financiamiento estatal

Una ayudita al Procurador General

Por Juan Bolívar Díaz
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Ahora que la jueza Miriam Germán ha dejado en la nada el endeble expediente de impunidad con que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas por los confesados sobornos de Odebrecht. Después que la marcha del Movimiento Verde el domingo 16 evidenció el fracaso de todas las maniobras de mareo para distraer la atención sobre el mayúsculo escándalo de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento electoral. Y ahora que vino al país una misión del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el interés de coordinar acciones con el Ministerio Público para el rastreo y localización del dinero generado por la corrupción y el narcotráfico, los dominicanos hartos de la impunidad estamos en el deber de ofrecer la más amplia colaboración.

Esa ayuda es urgente porque sabemos que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez,  además del caso Odebrecht, tiene múltiples investigaciones pendientes, como la de los aviones Tucano, los 52 expedientes que le presentó el CODIA de extorsión en la Oisoe, la sobrevaluación de casi 100% en la remodelación del hospital Darío Contreras, venta a precio vil del barrio Los Tres Brazos, la trágica muerte de los comentaristas radiofónicos de San P. de Macorís, víctimas del mafioso tráfico de terrenos estatales y el  traspaso a la empresa Lujan de los terrenos estatales donde opera el vertedero de Duquesa.

Hay que ayudar a Jean Alain, aunque se crea que él teme encontrarse con las pruebas de la  corrupción de Odebrecht en este país que fue considerado  seguro para establecer su Departamento de Operaciones Estructuradas, tras el acoso judicial en Brasil, y aunque no hayan investigado las denuncias de sobrevaluaciones.

Y aunque él no ha hecho el menor caso a la denuncia presentada el 2 de mayo pasado por el Centro Social Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos para que investigue el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, precisando transferencia de 4 millones 396 mil 796 dólares de Odebrecht, entre 2013-14, a la empresa CINE&ART2013, constituida en esta capital, he aquí algunos detalles adicionales que podrían ayudarle:

CINE&ART2013, SRL fue constituida el 18 de junio del 2013, con capital de 100 mil pesos dominicanos, a partes iguales por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayle Axe de Souza Santana. Pero 5 meses después, el primero traspasa sus acciones, por sus mismos 50 mil pesos, al también brasileño Daniel Moura Marques Requiáo. Este a su vez las traspasaría el 29 de septiembre de 2015, siempre por la misma suma, a su hermana Alice Moura Requiáo. El  Registro Mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el No.100084SD, para “producción de cine, realización y producción de cine publicitario y todo tipo de actividades audiovisuales para cine, televisión y medios electrónicos”.

Si los apellidos Santana y Moura no le dicen nada al Procurador, puede tomar nota de que el domicilio social declarado originalmente por  CINE&ART fue Helios 102, Bella Vista, “coincidente”  con el de la empresa Polis Caribe de Joao Santana y Mónica Moura. Después la trasladaron al domicilio de sus propietarios Ayle Santana y Alice Moura, en la calle Itzamana No.3, Los Cacicazgos.

En la denuncia de las 4 entidades sociales se especifican 16 transferencias por los 4.3 millones de dólares de 4 empresas constituidas por Odebrech en Perú  a una quinta Isagón SAC, la cual a través del Credicorp Bank de Panamá las remitió a la cuenta de CINE& ART en un reputado banco de Santo Domingo.

Como a Jean Alain no le gustan los allanamientos en busca de documentos, que ya no encontrará en el domicilio de los Santana-Moura, seguro que con la Superintendencia de Bancos, podría determinar el destino de esa suma, que a la tasa actual sobrepasaría 208 millones de pesos. También puede rastrear los pagos del Estado a CINE&ART, uno de ellos del Ministerio de Educación por 16 millones 198 mil pesos en noviembre del 2014.

Por si lo ignora Jean Alain conviene precisarle que los Santana Moura fueron los  asesores electorales del licenciado Danilo Medina para los comicios del 2012 y para su reelección en el 2016, hasta su arresto por la justicia de Brasil en febrero de ese año.-

Sigue pendiente un pacto político para restablecer la credibilidad

ELECCION JULa elección del Tribunal Electoral y 4 jueces de la Suprema Corte debería ser el primer paso del presidente Medina para un pacto político que incluya las reformas electorales y el combate a la corrupción para responder la indignación ciudadana

                                               Por Juan Bolívar Díaz     

Con absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de dar un paso trascendental para recuperar confianza y convocar a un pacto político que incluya las reformas electorales e institucionales para combatir la corrupción y la impunidad y satisfacer las demandas de la ciudadanía.

Ya ni el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escapa del desconcierto y la confrontación que marcan una crisis política y aumenta allí la consciencia de la necesidad de enmendar el desorden institucional para intentar restablecer la confianza en las instituciones y evadir el peligro de desestabilización económica y social.

Reconocer la realidad

Lo primero que se impone al liderazgo político nacional, especialmente a los gobernantes, es reconocer que hay una creciente indignación nacional por los niveles de corrupción e impunidad, que repercuten en la inseguridad ciudadana y la pérdida de confianza en las instituciones, manifestada en el Movimiento Verde que ha sacudido muchos años de indiferencia y permisividad.

Más allá de la prepotencia política se debe reconocer que la insatisfacción ya no es sólo privativa de las clases medias, y que los sectores populares se van incorporando a la movilización, que abarca al liderazgo religioso y amplios segmentos empresariales, muchos de ellos expresando preocupación de que la creciente insatisfacción derive en desestabilización económico-social. La potencialidad de la protesta ciudadana ha determinado que sectores conservadores expresen temores de que pueda descarrilarse.

No pueden ignorar los alcances del mensaje emitido el 7 de julio por la Conferencia del Episcopado Dominicano, al término de su 55 asamblea plenaria, donde se expresa satisfacción porque “cada vez más la ciudadanía se empodere y tome parte más activa en la lucha contra la corrupción”. Coincidieron con el movimiento popular en reclamar esfuerzos por institucionalizar la justicia para sancionar la corrupción y proscribir la impunidad.

Ya antes la mayoría de los obispos, incluyendo al metropolitano de Santo Domingo, se había manifestado en la misma dirección en los últimos seis meses cuando el Movimiento Verde ha tomado las calles por todo el país. Lo mismo ha hecho el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y otros agrupamientos religiosos y empresariales.

El descrédito de la PGR

Si el gobierno alentó esperanzas de que la instancia de imputación presentada contra 14 personas por la Procuraduría General de la República (PGR) aplacaría la indignación, debería reconocer que en la opinión pública ha tenido un nuevo tropiezo, y que por donde quiera se huele el tufo de impunidad que ha rodeado la investigación en el país del escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras públicas y financiamiento de campañas electorales por la constructora brasileña Odebrecht.

Esta semana, mientras en Perú caía preso un expresidente y en Brasil otro era condenado por corrupción, aquí hubieron de ser excarcelados casi todos los imputados, y los solos razonamientos de la jueza de mayor crédito en el país, Miriam Germán, dejó en el mayor descrédito la investigación de la PGR, desplazando de la atención pública el voto de los otros cuatro integrantes de la Cámara de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia.

En el descrédito quedó también el montaje mediático que acompañó los apresamientos bajo imputaciones que en su mayoría no resisten el análisis de ningún juez, con cuestionamientos a la negligente investigación nacional, dependiendo de generalidades registradas por la justicia brasileña. En la opinión pública independiente existe la convicción de que se ha vuelto al comienzo del escándalo que ya pasó de medio año y en la necesidad de reclamar a Odebrecht que entregue toda la información a que se comprometió en el “acuerdo de impunidad” que firmó con la PGR.

Repercusiones en el PLD

El escándalo de Odebrecht ha desestabilizado el PLD, cuyos organismos no han podido emitir un documento formalizando posición sobre la crisis, porque el encono se anida entre sus dirigentes, incluso más allá de la ya vieja confrontación entre sus líderes Danilo Medina y Leonel Fernández por el control de la poderosa maquinaria política. Tras las imputaciones el Comité Político no ha podido sesionar.

La crisis ha sido reconocida públicamente  por dirigentes de sectores vinculados al expresidente Fernández, y a los imputados que, como Temístocles Montás y Radhamés Segura han visto afectadas sus aspiraciones a la candidatura presidencial del 2020. Hasta funcionarios gubernamentales reconocen discretamente que la crisis ha impactado seriamente el partido morado.

Fernando Fernández, un miembro del Comité Central que hasta el año pasado fue director de Aduanas y cercano colaborador del presidente Medina, expresó en un twiter y lo reiteró ayer en Uno+Uno, que los intentos continuistas del mandatario “han convertido en desechables hasta a los miembros del Comité Político”, tres de ellos imputados en lo que otros señalan “como chivos expiatorios de un financiamiento político de Odebrecht del que ni el presidente escapó”. Por eso algunos convienen en que si no es posible imputar a todos los responsables, lo menos que puede esperarse es una catarsis colectiva del liderazgo del PLD y de los otros partidos, que se traduzca en un serio compromiso de reformas políticas e institucionales.

La elección de jueces

El CNM ya está a días de escoger los nuevos titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y 4 de renovación en la Suprema Corte de Justicia, por lo que la circunstancia parece propicia para dar pasos a la concertación política. El presidente Medina, con la gran mayoría de los ocho votos del organismo, tiene la posibilidad de imponer una renovación o ratificar el secuestro político del Tribunal Electoral, ejecutado por su antecesor Leonel Fernández.

Las expectativas son de que, como ocurrió a fines del año pasado con la Junta Central Electoral, Medina acatará las señales coyunturales y desechará la tentación de ratificar los actuales incondicionales, o de escoger otros también signados por la parcialidad y el compromiso partidista, dando paso a algún nivel de consenso.

En las actuales circunstancias no es posible desconocer el clamor nacional que propugna por jueces independientes y probos, del que es portador  no sólo el Movimiento Verde, sino también el bloque de partidos opositores, la misma Conferencia del Episcopado, el empresariado y los más diversos sectores sociales, así como los editoriales de los periódicos y los espacios de opinión no comprometidos con el gobierno.

Pero como eso solo no revocará el descontento nacional ni satisfará el clamor ciudadano, el presidente Medina debería marcar esa elección como un comienzo y hacerse protagonista de la necesidad de una ley de partidos y una ley del Régimen Electoral que abaraten el costo de la política, cierren la amplia avenida de la corrupción y el abuso de los poderes estatales, que renueve la democracia interna y garantice elecciones equitativas. Nada perdería él mandatario personalmente y podría ganar espacio para otros respiros y pactos que, como el fiscal, son imprescindibles ya a corto plazo para la estabilidad económico-social.

Avances en concertación

Aunque todavía tímidamente, en la Comisión Bicameral que ha abordado la concertación del proyecto de Ley de Partidos se han producido importantes avances, acordando  mecanismos para hacer prevalecer la democracia interna en los partidos, rendir cuentas del financiamiento público y hacer más transparente, con algunas limitaciones, las contribuciones privadas. También se ha logrado consenso en limitar el tiempo de las campañas internas por las candidaturas, restringiéndolas a actividades bajo techo y casa por casa, así como en la creación de un departamento en la Junta Central Electoral para fiscalizar las finanzas de los partidos.

Pero la comisión, con amplia participación partidaria y consultas a la sociedad civil, no podrá alcanzar el objetivo de aprobar la ley en la actual legislatura, a la que restan apenas ocho días laborables. Aún no logran consenso sobre asuntos nodales como los topes de gasto en las campañas internas, el padrón a utilizarse  para las elecciones de candidatos y y si serán simultáneas en todos los partidos. Ya acordaron que las organizaría la JCE, lo que podría ser muy difícil por el cómputo al mismo tiempo de los votos de precandidatos de los cuatro partidos  mayoritarios, que a razón de hasta 3 por cada uno de los 4 mil 66 cargos electivos, implicaría casi 50 mil. El cómputo de las elecciones del 2016 concluyó cuatro semanas después, con un solo candidato por partido.

El consenso tampoco se ha podido alcanzar sobre la equidad de género en las candidaturas, que se ha demandado elevar siquiera del 33 al 40 por ciento y extenderla a los cargos directivos de los partidos. Y mucho más esfuerzos de consensos  demandará la exigente y más compleja Ley del Régimen Electoral que pauta la competencia por el control del Estado.-

¿Dónde fueron a parar los US$62 millones de Odebrecht del 2012-15?

 

A1

El informe de la Comisión Presidencial sobre las plantas de carbón de Catalina deja constancias de irregularidades, pero sin sobrevaluación ni sobornos, remitiendo entonces al financiamiento de campañas electorales o a pedir perdón por calumnias  

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el informe de la Comisión Presidencial (CP) sobre la licitación y contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina deja constancia de múltiples irregularidades y formula importantes recomendaciones, le tira la toalla que esperaba el gobierno para librarse de las denuncias de sobornos y sobrevaluaciones.

Ya con las plantas incontaminadas, hay que remitirse al tercer renglón de las  operaciones encubiertas de Odebrecht, el financiamiento de campañas electorales, a no ser que la misma empresa se auto calumniara e incriminara con su confesión de que transfirió  al país 62.2 millones de dólares entre el 2012 y enero del 2015, pagando enorme multa.

¿Y los cuartos dónde están?

La recordación del popularizado eslogan bancario de los años 70 ¿y los cuartos dónde están? cobra vigencia y congela las sonrisas de celebración de funcionarios y voceros gubernamentales por el informe de la CP que concluye en que no hubo  sobrevaluación ni sobornos en la licitación y contratación de las plantas eléctricas.

Esas conclusiones remiten al tercer renglón de las operaciones encubiertas confesadas por Odebrech en 12 países, relevantemente en República Dominicana, el financiamiento de campañas electorales como mecanismo para conseguir contrataciones por miles de millones de dólares, aquí unos 6 mil.

Una de las pocas cosas que documenta con detalles la instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) que imputa a 14 personas por los sobornos de Odebrecht, son las transferencias de cinco cuentas bancarias offshore de la constructora a dos de su agente Angel Rondón, por 83,2 millones de dólares entre el 2007 y 2015, pero 62.2 millones de dólares (75 %),  entre enero del 2012 y enero del 2015, justo el período en que se optó por esas plantas, se licitaron y contrataron, según la PGR por 2010 millones de dólares, además de dos carreteras por 286,6 millones de dólares,

Se justifica preguntar dónde se fueron tantos millones, y especialmente los 33.8 millones de dólares transferidos en el 2014,a no ser que Odebrecht se auto incriminara y aceptara una multa por 2 mil 600 millones de dólares por sus prácticas mafiosas, y que toda la trama que se le atribuye sea una fantasía, al menos en este país de las maravillas,

Catalina no tiene imputado

La CP relata (puntos 58-59) que pidió a la PGR confirmar la inclusión de las plantas entre las obras que según su instancia de imputación “fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos”. La respuesta fue que de ninguno de los documentos suministrados por Brasil se infiere que se pagaran sobornos para su  adjudicación ni contratación. Pero refiere la nota la nota de prensa con que intentó subsanar la inclusión, según la cual “un empleado de la Odebrecht” habría dicho que un senador y un diputado fueron sobornados “para la aprobación del financiamiento por el Congreso Nacional”.

Pero resulta que la instancia oficial de la PGR no cita ese testimonio específico, ni imputa a ningún legislador por ese delito. Los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Ruddy González son, de los imputados, los que estaban en el Congreso en el tiempo de Catalina (2010-16). Los otros dos, los dirigentes del opositor PRM Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, no estaban en ese período legislativo pero, en cambio, sí aparecen imputados por proyectos específicos anteriores, la aprobación del Acueducto Línea Noroeste, y las presas de Pinalito y Palomino.

Por eso llama la atención que a los peledeístas Valentín y Galán y al aliado perredeista González, no se les especifique implicación en el financiamiento de Catalina, que involucraba 2 mil millones de dólares. Vale recordar  que en el 2015 cuando el bloque de los diputados perredeístas y la mayoría leonelista en ambas cámaras decidieron apoyar la reforma constitucional para la reelección del presidente  Danilo Medina, Ruddy González y Tommy Galán fueron señalados por varios colegas como los gestores del generoso apoyo.

Los dos magos del ritmo

            Como en el 2014, cuando se aprobó el financiamiento de las plantas, con el Banco de Desarrollo del Brasil y un pool de bancos europeos por unos 1,400 millones de dólares, las transferencias de Odebrecht fueron por 33.8 millones de dólares, el senador y el diputado no identificados por la PGR debieron haber recibido una buena parte para poder “convencer” a 32 senadores del partido gobernante y a dos tercios de los 190 diputados de financiar una obra que era la “joya de la corona” de su mismo gobierno. Se les reputaría como los nuevos magos del ritmo, que habrían creado el lodazal sobre el cual dijo haber saltado el secretario general del PLD y presidente del Senado Reinaldo Pared.

Una nueva mirada más profunda a la instancia de la PGR no avala su tardía afirmación de que en las plantas el soborno fue sólo para el financiamiento, y es que a Galán sólo le documentan un incremento patrimonial de12.3 millones, pero de pesos, entre 2006-16. A Valentín le señalan 34.5 millones de pesos, incluyendo los 29 millones que aportó su segunda esposa, y a González apenas un apartamento de 5 millones de pesos.

En esos tres casos, como en la gran mayoría de los 14 imputados, ls PGR no ha aportado hasta ahora una sola prueba contundente que los condene ante un tribunal de verdad. Y no es porque no hubiera dinero, corrieron 62 millones 290 mil 800 dólares, entre el 2012 y enero del 2015, cuando fue la última transferencia de Odebrecht a Rondón, “el hombre del maletín”, según la misma instancia de la PGR. A 47.50 por dólar, eso totaliza 2,958 millones 813 mil pesos. Demasiado dinero para los dos legisladores anónimos.

Condecoren a Odebrecht        

Al paso que va el proceso, nadie deberá sorprenderse que dentro de un año todo haya quedado en la impunidad, especialmente si baja la presión social por sanciones de la corrupción. Y el país hasta le deberá una condecoración a Odebrecht, porque aquí no hubo complicidad con su entramado de sobrevaluaciones, (que aún no ha investigado la Contraloría General ni la Cámara de Cuentas) ni de los sobornos confesados por 92 millones de dólares, y menos de financiamiento electoral, aunque sus expertos asesores Joao Santana y Mónica Moura despachaban directamente con el presidente Medina.

Por de pronto, Medina consiguió que su Comisión dijera que no encontró sobrevaluación ni indicios de sobornos en su obra cumbre, saturada de irregularidades y sospechas desde que él deshizo la licitación que había iniciado su antecesor, tan pronto ascendió al poder en el 2012, un mes después de haber viajado a Brasil, donde se reunió con ejecutivos de Odebrecht y la presidenta Dilma Rousseff, quien dijo públicamente que lo ayudarían a resolver el problema energético del país.

La misma CP quedó con escaso crédito desde que el mandatario puso a presidirla a monseñor Agripino Núñez, hasta entonces miembro del consejo directivo de la empresa nacional asociada a Odebrecht en la contratación que investigaría, así como a César Sánchez, exadminsitrador de la CDEEE, que terminaría imputado por soborno, y al economista consultor del gobierno Jaime Aristy.

Constan irregularidades

Los más independientes de la CP habrían hecho esfuerzos al menos por dejar constancias de irregularidades, incluyendo recomendaciones como mejorar la ley de contrataciones, y advirtiendo que el Estado no debe aceptar costos adicionales a lo contratado, que se debe establecer la responsabilidad en el retraso de la construcción,  lo que implica pérdidas mensuales de US$25 millones (que ya sumarían 300 millones) que deberían reclamar en compensación. También que ya han estado pagando sobre un exceso de US$245 millones, porque los hitos se establecen en base al precio original de 2,040.7 millones, en vez de los US$1,945 millones finalmente contratados, a los que debe descontarse 150 millones avanzados en el 2014.

El informe de la CP se empeña en consignar irregularidades en todo el proceso de licitación, desde haber construido sobre terrenos privados, dos decretos de declaración de emergencia, injustificados, al extenderse por tres años, la violación de la ley de contrataciones en la integración de un comité de licitaciones dependiente de la gerencia contratante, y haber auspiciado que la consultora Stanley virtualmente sustituyera al Comité de Licitación, con un papel excesivamente protagónico, misma que luego pasaría a ser contratada para dar seguimiento técnico a la obra.

Consigna los esfuerzos de en aras del interés público de los economistas Isidoro Santana y Ramón Flores, quienes aunque eran asesores de la Presidencia de la República, renuncian al Comité de Licitación cuando les niegan acceso a la evaluación técnica que otorga la obra a Odebrecht, y señalaron su sospecha de que se buscaba favorecerla, y que todo lo que les dieron por evaluación técnica cupo en una sola hoja de power point.

Señalan que se negó dar oportunidad a más de un ofertante, tras la evaluación técnica, cuando lucía legítimo al interés nacional, aduciendo que no estaba en las bases de convocatoria, pero fabricaron un “competidor virtual” tampoco previsto, resultando una planta en Estados Unidos a precio similar a las Catalina. Pero esta era encarecida por el valor del terreno, de los salarios, del transporte, e impuestos aquí exonerados.-

La corrupción se lleva por año entre $30 mil y 51 mil millones

01_07_2017 HOY_SABADO_010717_ El País13 B