La oposición no logra capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El principal partido de oposición está muy ocupado en una prematura lucha interna por la candidatura presidencial para dentro de casi 3 años, reproduciendo el pasado perredeísta y mostrando incapacidad para sintonizar con las demandas ciudadanas

A falta de encuestas, la percepción más generalizada es que la oposición no ha podido capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno, con su principal agrupamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfrascado ya en una lucha interna por la candidatura presidencial tres años antes de la próxima elección.

El Gobierno de Danilo Medina parece haber recuperado la iniciativa tras 8 meses a la deriva, con una ofensiva que lanzó a los medios de comunicación a los altos funcionarios al concluir el primer año del período constitucional mientras los líderes de la oposición brillaban por su ausencia.

Una tremenda maquinaria

Llamó la atención que la maquinaria propagandística del gobierno copara en gran proporción los espacios de televisión y radio y hasta de los periódicos, con reproducción en las redes sociales, durante las últimas tres semanas al concluir el primer cuarto del segundo período constitucional del presidente Danilo Medina, que según la Constitución habrá de dar paso a otro dentro de tres años.

De esa forma, los medios fueron inundados de las realizaciones gubernamentales, hasta la exageración de que las “visitas sorpresas” del presidente crearon medio millón de empleos en cinco años, lo que de haber sido cierto habría invertido la migración campo y pequeñas comunidades hacia las concentraciones urbanas. De ahí la afirmación del secretario general del Partido de la Libración Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, de que son “mezquinos, miopes y mediocres” quienes no aprecian que el país tiene otro nuevo redentor.

La táctica gubernamental prefirió hablar del primer año del período y privilegió los cinco acumulados, como forma de evadir el desgaste y el rechazo que acumuló el gobierno de Medina en los últimos meses, virtualmente cercado por las protestas populares que se han expandido en la MarchaVerde.

Con una coordinación centralizada desde el Palacio Nacional, los voceros gubernamentales acapararon los espacios de entrevistas, mientras los opositores guardaron una asombrosa discreción. Medios que quisieron guardar proporción, no encontraron disponibles a los principales personeros opositores como Luis Abinader, Hipólito Mejía, Federico Antún o Guillermo Moreno.

Una oposición entretenida

            De acuerdo con los resultadlos de las pasadas elecciones, el Partido Revolucionario Moderno, (PRM), el Revolucionario Social Cristiano, (PRSC) y Alianza País fueron los que más votos obtuvieron, para sus candidaturas presidenciales, al margen de las alianzas,  tras el triunfante PLD, con proporciones de 27 por ciento, casi 6 y casi 2 por ciento, respectivamente.

De ellos el PRSC ha enfrentado un proceso de división con impugnaciones contenciosas y fallos adversos a su actual dirección, quedando virtualmente fuera del debate, aunque su vicepresidente Guillermo Caram es uno de los más contundentes críticos de la política gubernamental, especialmente en el ámbito económico, que en la primera mitad del año ha acusado indicadores de contracción.

Guillermo Moreno sigue siendo uno de los mejores expositores de la política nacional, tanto en sus presentaciones televisivas como en sus artículos semanales en el periódico Diario libre, pero sufre de períodos de invisibilidad, hasta para los medios que aprecian sus capacidades. Al líder de Alianza país le sobran capacidades y honestidad, pero le faltan ingredientes para convertirte en alternativa, de ahí que con tres candidaturas presidenciales no haya llegado al 2 por ciento de los votos.

            Minou Tavárez Mirabal y Eduardo Estrella son dos líderes también de buen discurso y prestigio por su pulcritud, pero no han podido levantar estructuras  partidarias consistentes.

El PRM reproduce al PRD

            El colmo de la ineficiencia parece ser el PRM que está reproduciendo las prácticas políticas que dividieron y casi desaparecieron al Partido Revolucionario Dominicano, del cual son el último desgajamiento. En mayo cuando faltaban tres años para la próxima elección presidencial ya los dos principales líderes del PRM habían comenzado el activismo grupal tratando de asegurarse la candidatura presidencial. El primero en lanzarse al activismo grupal fue Hipólito Mejía, en mayo, convencido de que perdió de Luis Abinader para los comicios del 2016, “porque no hizo campaña”. O compelido por el desastroso resultado de la elección primaria en abril del 2015, donde el joven y emergente Abinader le venció con votación de 70 a 29 por ciento.

Hace más de un mes que el candidato del 2016 sucumbió también al activismo grupal y en las últimas semanas ambos se mueven por el país como si faltaran meses para la elección primaria. Su prioridad no es terminar de organizar un partido que se constituyó a la carrera entre el 2014 y el 16 para sustituir al PRD en la competencia por el poder, sino posicionar sus seguidores.

El resultado es en primer lugar la distracción, pues el primer objetivo es vencer al compañero de partido, no al contrincante externo, y como la lucha interna es larga, la misma consumirá gran parte de sus recursos económicos y humanos, generando rivalidades que luego resultan insuperables cuando tienen que enfrentarse a la elección nacional.

Violan su propio pacto

            Consciente de que los intereses del partido debían prevalecer sobre los grupales o individuales, Mejía y Abinader firmaron un pacto el 16 de enero pasado, en un comunicado dirigido a “simpatizantes, militantes y dirigentes del PRM” en el que se comprometían “a dedicarse, única y exclusivamente, a ejecutar los trabajos institucionales, absteniéndose de promover candidaturas hasta que lleguemos al momento que para tal efect0o se establece en los propios estatutos, tal como lo reiteró la Resolución de la Dirección Ejecutiva de fecha 21 de junio del 2016”.

El documento, firmado también por Andrés Bautista y Jesús Vásquez, como presidente y secretario general del partido, expresaba la voluntad de dedicarse todos a “trabajar con el mayor espíritu unitario, con esmero y dedicación, para salir airosos de nuestra responsabilidad estatutaria” de celebrar en septiembre la convención nacional que sellaría la organización del PRM en todo el país.

Según los informes recabados, ya el objetivo de septiembre está perdido y hay dudas que lo logren para antes de Navidad, a menos que se produzca un alto en la desenfrenada competencia interna, que los perredeístas consideraban buena “para dinamizar la organización”. En aquel caso podría explicarse siendo un partido con años de consolidado a nivel nacional y aún así generó divisiones insalvables, entre Guzmán y Jorge Blanco, entre este y Majluta, entre Majluta y Peña Gómez y finalmente entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas.

Ls primera etapa de la consolidación del PRM estaba cifrada en la reorganización de todos los municipios, y habría alcanzado a 138, faltando 20. La segunda sería un nuevo registro de militantes, abriendo inscripciones y reinscripciones, etapa que aún no comienza. Para culminar en una convención que elegiría todos los cargos a nivel nacional, provincial, municipal y local, así como los llamados frentes de masas.

Ignoran el clamor nacional

            Aunque gran parte de la dirección y la militancia del PRM ha participado en el movimiento de la Marcha Verde, excepto Hipólito Mejía quien dijo que “no soy hombre de marchas ni de tirar piedras”, parece que no han podido descifrar las razones de la indignación  nacional que se expresa masivamente en las calles.

Cuando inmensas multitudes ponen contra la pared al Gobierno y su partido exigiendo castigo de la corrupción y fin de la impunidad, los perremeistas están preocupados por la candidatura presidencial del 2020. Cuando gran parte de la sociedad lucha por una ley de partidos y otra del régimen electoral que acorte campañas como forma de reducir el costo de la política, del clientelismo y el rentismo, y el abuso de los recursos públicos y del poder, los del PRM adelantan en años su precampaña.

Esas cegueras políticas no fueran tan dañinas ni repugnantes si no estuvieran enfrentados a una maquinaria política que controla y abusa de todos los poderes del Estado, con una experiencia política única y capacidad para comprarlo y dividirlo todo, incluso los partidos de oposición. Y desde las instancias propagandísticas del gobierno no han faltado incentivos para lograr el éxito de que Mejía y Abinader destrocen la mayor opción de poder de la oposición. Entre los opositores no han faltado quienes crean que pudieran ser beneficiarios del apoyo del presidente Medina para contener la posibilidad de un regreso del “Leonel vengativo”, que alude a la forma con que los danilistas le cerraron el paso al expresidente, Quirino incluido, en el 2015-16.

Algo nuevo deberá surgir

La indignación de la Marcha Verde no ha cedido a pesar del empeño gubernamental y sus miles de propagandistas y existe el convencimiento de que en la medida en que persevere y se acerque al 2020, el gobierno y el PLD tendrán que atender siquiera parte de sus reclamos, Y que si no ocurre así, ni hay una estructura partidaria que se comprometa con el sentimiento nacional, para el 2020 podría emerger una alternativa sorpresa, como ha ocurrido en muchos países, últimamente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, y antes en América del Sur.

Para ganarse el espacio político abierto por las clases medias y sectores populares cada vez mayores, la oposición partidaria tendría que diferenciarse mucho más del partido gobernante. Por ejemplo, renunciando a barrilitos y cofrecitos  y presentando gestiones municipales y legislativas insospechadas de corrupción y reproducción del clientelismo, el rentismo y el patrimonialismo.

En el PRM hay otro problema serio, que los  intereses personales están por encima dee los colectivos. No se explica que acabaran de reelegir a Alfredo Pacheco como vocero en la camára de Diputados, donde hay excelentes emergentes, estando imputado por el escándalo Odebrecht. Tampoco se entiende que Andrés Bautista, también imputado, no haya puesto su cargo a disposición del partido. Como presidente se supone que no podrá hablar de Odebrecht hasta que no quede despejada la acusación que le afecta. Más aún si él ha sido tomado como rehén político, que es lo que parece, por la debilidad y hasta falsedades de lo que se le imputa.-

La mejor opción para Venezuela

Por Juan Bolívar Díaz
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En las actuales perspectivas nacionales e internacionales, la mejor opción que aparece a la vista es una transacción política que implique un reconocimiento del mandato presidencial hasta comienzos del 2019, la restauración de los poderes de la Asamblea Nacional y un calendario electoral con un claro compromiso de respeto a la voluntad democráticamente expresada por el pueblo de Venezuela.

Es evidente que el nivel de confrontación interna dificulta los acuerdos, con un gobierno que persiste en el camino de la imposición dictatorial y sectores de oposición que sólo contemplan el final del régimen. Pero es a las autoridades a quienes corresponde la iniciativa de transacción, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Maduro y sus partidarios podrán extender la crisis y con suerte llegar hasta el final del actual período constitucional, pero no podrán prolongarse más allá sin hacer pagar a Venezuela un costo incalculable, no sólo en inestabilidad, represión política y ruptura institucional, sino también con un agravamiento de la crisis económica y social que hace tiempo alcanza proporciones insostenibles.

El aislamiento internacional del gobierno venezolano rebasa con mucho los exabruptos de un Donald Trump que acaba de tirarle un balón de oxígeno con su amenaza de invasión militar. Se trata de una fanfarronada absolutamente insostenible en el actual concierto internacional, independientemente de las repercusiones que podría tener en un territorio tan grande y diverso como el venezolano. La América Latina de hoy dista muchísimo de la de 1965, cuando Estados Unidos logró un precario apoyo para convertir su invasión a la República Dominicana en una “Fuerza Interamericana de Paz”.

Pero es obvio que Maduro tiene un cerco político internacional que abarca a casi las dos terceras partes de las naciones del continente, especialmente de las de mayor peso económico, político y poblacional. Al que se suma la Unión Europea, convencidas de que el autoritarismo del chavismo ha derivado en un régimen dictatorial.

De nada sirve no reconocer la realidad venezolana. Maduro carece del liderazgo y el carisma de Chávez, pero sobre todo de los petrodólares que durante más de una década permitieron políticas sociales que se traducían en el amplio respaldo popular que se manifestó repetidas veces en las urnas. En lo externo permitieron al régimen extender su influencia a múltiples países de la región. Pero ahora ya no hay Chávez ni petrodólares.
El resultado es que Nicolás Maduro apenas consiguió la mitad de los votos para ser electo presidente en el 2014, y que la oposición obtuvo dos tercios en los comicios para elegir la Asamblea Nacional al final del 2015.

Como todo parece indicar el deterioro del apoyo popular de Maduro está en ascenso en gran medida estrangulado por la crisis económica, y que el régimen parece empeñado en alejarse de los procedimientos democráticos, tratando de mantenerse a toda costa en el poder. El pueblo que eligió a Maduro fue también el que eligió, en mucho mayor proporción, la Asamblea Legislativa que el ejecutivo ha desconocido.

El mundo democrático tiene que seguir presionando una solución en Venezuela, un pacto de respeto a los procedimientos democráticos, con plenas garantías para todos, por parte del gobierno, que debe aceptar la mediación internacional, Decisiones como la unilateral convocatoria de una asamblea constituyente que sustituye a la Asamblea Legislativa, sólo conducirá a la tragedia. Los dominicanos estamos en el deber de ayudar a restaurar la convivencia democrática en Venezuela, con una posición más activa que la que ha sustentado el gobierno nacional.

Un año a la defensiva política con creciente endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz
Presidente de la República, Danilo Medina.

Presidente de la República, Danilo Medina.

El presidente Danilo Medina agota el primer año de su segundo período de gobierno a la defensiva por el escándalo de Odebrecht que lo salpica,  y sin afrontar los problemas de fondo de la economía, sustentada en un vertiginoso endeudamiento .

            Al agotar el primer cuarto de su segundo período constitucional, el gobierno del presidente Danilo .Medina aparece empeñado en salir de la defensiva en que lo dejaron los escándalos de corrupción, especialmente el devastador de Odebrecht que hizo estallar la indignación de la Marcha Verde.

Su mayor mérito sigue siendo el crecimiento económico, aunque fundado en un insostenible endeudamiento que en el primer semestre de este año alcanzó 12.31 millones de dólares (584.7 millones de pesos) por día, evadiendo el mandato legal y los reclamos de la sociedad por un pacto fiscal, ley de responsabilidad fiscal y reformas políticas.

Quinto año de gobierno

El presidente Danilo Medina llega el miércoles 16 a su quinto año de gobierno y primero del segundo cuatrienio tratando de salir de la trinchera defensiva en que quedó sumido desde el fin del 2016 por el escándalo de Odebrecht y otros que han sacudido la conciencia ciudadana durante mucho tiempo adormecida frente a ese fenómeno.

En los últimos días los altos funcionarios del gobierno fueron enviados a los programas de televisión y los periódicos a pregonar sus logros y el mismo mandatario ha roto su silencio para defenderse en discursos improvisados en Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana. Medina también ha incrementado sus viajes por el país, cada vez menos sorpresivos y más reiterativos en ofertas de pequeños financiamientos y en inauguración de escuelas, convertidas en su mayor realización gracias al acatamiento de la ley de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para educación.

Impactado por una intensa lucha por el predominio partidario con el expresidente de la nación y presidente del PLD, Leonel Fernández, Medina no ha podido concertar una acción eficaz con su partido para evadir el cerco de la marcha verde, en especial en el plano judicial, donde una instancia que imputa a 14 personas no parece sostenible ni siquiera en la propia familia gobernante, lesionada en algunos miembros relevantes.

El PLD: amagar y no dar

            Por más que se haya pretendido simular, el poderosos Comité Político del PLD, único de sus organismos que se mantiene vigente, no ha logrado concertar acciones para defenderse de la avalancha originada por las confesiones de sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de la constructora brasileña, y ni siquiera ha podido emitir un pronunciamiento formal a ocho meses del estallido en vísperas de la Navidad del 2016.

La imputación por supuestos sobornos de tres de los propios miembros del Comité Político, considerada selectiva hasta en los predios peledeístas, ha contribuido a la inacción, aunque voceros como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y el ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baret han amenazado con sacar los peledeístas a las calles a defender su gobierno, pero esa tarea ha quedado limitada a los altos funcionarios.

El hecho de haber imputado a dos de los que aspiraban a la candidatura presidencial del PLD para el 2020, Temístocles Montás y Radhamés Segura, amplió la disensión interna más allá del grupo del expresidente Fernández, donde hay quienes entienden que es a Medina a quien le toca defenderse de lo que pudiera ser tan dañino como fueron para Leonel Fernández las revelaciones del enorme déficit fiscal tras concluir su gobierno   en 2012, y peor aún las pagadas declamaciones del narcotraficante Quirino Paulino en 2015.

No han parado la marcha

            Las  capacidades políticas de los peledeistas no han sido suficientes para detener el ascenso de la Marcha Verde, que todavía se expande por todo el país, a la vista de la muestra del pasado fin de semana en Nagua. Fracasaron en atribuir el movimiento cívico a los partidos de oposición, a grupos empresariales pretendidamente disgustados o al patrocinio extranjero, tanto como en las expectativas de que fuera efímera.

Cuando a finales de mayo la Procuraduría General presentó la instancia de impugnaciones, la maquinaria propagandística gubernamental pretendió dar por cerrado el escándalo, pero la insustancialidad del documento lo diluyó rápidamente, aumentando la indignación, sobre todo cuando quedó evidente que el 75 por ciento del financiamiento de Odebrecht llegó en el gobierno de Medina, dejando fuera del expediente a los danilistas.

            También resultaron contraproducentes el informe de la comisión presidencial sobre la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, manchada desde su origen por  conflictos de intereses y el acuerdo de la Procuraduría con la Odebrecht, en tanto han evadido exigir a la empresa que entregue la información detallada a que se comprometió a cambio de la impunidad. Haber ignorado las sobrevaluaciones de obras y el financiamiento electoral que salpica al gobierno de Medina, ha contribuido a mantener la indignación.

Es demasiada corrupción

            Si bien fueron las revelaciones de Odebrecht lo que detonó la crisis del gobierno de Medina apenas comenzaba su segundo período, una cadena de escándalos han contribuido  a erosionar su credibilidad y apoyo, incluso algunos heredados de su predecesor, como el de sobornos en la compra de los aviones Tucano por 92 millones de dólares.

Pero a ello se adicionó el de la OISOE, estallado con el suicidio allí de un contratista bajo extorsión mafiosa que develó medio centenar de expedientes presentados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Igual la venta a precio vil a una empresa del barrio Los Tres Brazos y el tráfico de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que generó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en San Pedro de Macorís y el “suicidio” de un desesperado comprador que se sintió estafado.

A pesar de algunos esfuerzos, el país no ha logrado mejorar su posicionamiento en las evaluaciones internacionales referente a las instituciones y la corrupción. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial 2016-17 lo mantiene en el escalón 123 en el pilar de institucionalidad, en el 133 en desvío de los fondos públicos y en confiabilidad de la policía, 132 en políticas antimonopolios, 128 en favoritismo de los funcionarios, y 111 en despilfarro del gasto gubernamental. Eso entre 139 países evaluados.

Algunos esfuerzos fallidos

Aunque el gobierno iniciado hace cinco años ha realizado esfuerzos por mejorar la administración pública y controlar el dispendio, parece que se esfumaron. Fracasaron la mayoría de las comisiones de veeduría auspiciadas y el dispendio ha reflotado en términos escandalosos, como las recientes revelaciones de que el expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez gastó en 6 años más de 7 mil millones 380 millones de pesos en ayudas sociales clientelares, donaciones y publicidad política.

Se acredita al ministro de educación Andrés Navarro la depuración de casi 4 mil personas que cobraban como maestros, lo que debería extender a la nómina de empleados administrativos, que creció 78 por ciento, con 33 mil 307 designaciones tras la aplicación del 4% del PIB para educación, lo que Educa denunció hace un año  como insostenible. El mismo Navarro había limpiado la nómina de Relaciones Exteriores cancelando más de 900 botellas, pero su sucesor Miguel Vargas Maldonado ha recién designado 45 asesores con sueldos promedio de 122 mil pesos, incluyendo a nueve que aspiraron a diputados.

Estabilidad por endeudamiento

El gobierno de Danilo Medina llega a su quinto año con el mérito de haber mantenido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, sobre 6 por ciento el año pasado, aunque en la primera mitad del 2017, se ha reducido al 4 por ciento, con indicadores preocupantes que obligaron a una reducción de tasas de intereses y del encaje legal para incentivar financiamiento productivo por 20 mil 423 millones de pesos.

En sus primeros meses, el régimen intentó acatar el mandato de  la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el pacto fiscal, pero lo desechó ante los reclamos sociales de ajuste del gasto, reducción del dispendio y de la malversación. Luego  ha persistido en desestimarlo, lo mismo que la reclamada ley de responsabilidad fiscal.

Pese a las advertencias ha seguido sustentando el crecimiento en el endeudamiento, que del 2013 al 15 creció en US$791.8 millones por año, pero en el 2016 se disparó a US$3,459.67 millones, equivalentes a US$9.61 millones por día, 456 millones de pesos, según el informe de Crédito Público de abril pasado. Pero ya en el primer semestre del 2017 la deuda del sector público no financiero creció en US$2, 215.5 millones, igual a 369.2 millones mensuales, US$12.31 millones diarios, equivalentes a 584 millones de pesos cada 24 horas. La deuda representa ya el 52 por ciento del PIB y 41 por ciento de las recaudaciones.

Sobran razones para cuestionar si eso es sostenible a mediano plazo en una economía que no aumenta sus exportaciones, duplicadas por las importaciones.

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Fuente: Dirección General de Crédito Público. Elaboración cortesía de José Rijo Presbot

Abaratar el alto costo de la política y promover equidad y democracia

 
A1Los líderes políticos, sobre todos los gobernantes, siguen bailoteando las reformas electorales, cuyos objetivos fundamentales hace un cuarto de siglo  que fueron identificados, y hasta objeto de repetidos consensos e introducciones al Congreso    

Por Juan Bolívar Díaz

A pesar de múltiples esfuerzos una comisión bicameral, que parece bien empeñada, fracasó en su propósito de aprobar el proyecto de Ley de Partidos antes que concluyera la primera legislatura del 2017, lo que mantiene incertidumbres sobre el del Régimen Electoral, mucho más extenso y conflictivo.

Las cúpulas partidarias, especialmente la gobernante, siguen evadiendo las reformas del sistema político y electoral, aún con la presión de la indignación popular que demanda el fin de la corrupción y la impunidad, para lo cual será necesaria una profunda reforma política e institucional.

Se quedó la Ley de Partidos

De nuevo concluyó una legislatura sin que se aprobara el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y ya nadie sabe cuántas han pasado desde la primera vez que fue sometido al Congreso en el 2001, aunque esta vez contó con el apoyo diligente del presidente de la comisión bicameral que busca consensuarlo, el senador Arístides Victoria.

La comisión, integrada por representantes de los diversos bloques partidarios, se había propuesto aprobar el proyecto de Ley de Partidos en la legislatura que concluyó el 26 de julio. Después de haber logrado consenso en 74 de los 77 artículos del proyecto, quedaron empantanados en los referentes a las elecciones primarias, el tope de financiamiento y gastos y la participación de la mujer en las candidaturas y los cargos directivos de los partidos.

Para no dejar dudas sobre dónde radican los obstáculos, aún después de concluida la legislatura, los comisionados se han dedicado a visitar a los líderes de los partidos buscando que bajen instrucciones, diligencia que ya hicieron con el gobernante PLD, con el Reformista Social Cristiano y con el bloque de partidos emergentes Tienen pendiente ser recibidos por el presidente Danilo Medina, el PRM y al PRD.

Primarias simultáneas o no

Uno de los desacuerdos más pregonados durante años ha sido en torno a si las elecciones primarias, para escoger candidatos, se realizan simultáneamente y con el padrón nacional de la Junta Central Electoral (JCE) o con el padrón partidario y en la fecha que escoja  cada   partido. Hay quienes creen que ese  desacuerdo oculta la renuncia de las cúpulas a establecer un orden democrático que reduciría su poder casi omnímodo.

La diferencia podría haber sido salvada dejando a opción de cada partido el sistema a adoptar, con la condición de que si es con el padrón propio, éste tenga que ser depositado ante  la JCE siquiera con 3 meses de anticipación. Según adelantó Victoria, la mayoría de los partidos prefieren la elección primaria simultánea, con el padrón de la JCE y que esta cargue con la organización y procesamiento de las votaciones, lo que pudiera en devenir en fuente de conflictos, pues tendrían que escrutar al mismo tiempo los votos recibidos por miles de precandidatos a los cargos, que en la municipal serán unos 3,800 por partido.

Más  renuencia parece haber sobre el establecimiento de topes de gastos por candidaturas, como mecanismo para reducir el poder del dinero, a menudo de origen corrupto estatal o de lavado privado, en las posibilidades de elección.

La demanda de legisladoras porque se imponga la paridad de género en las candidaturas y la dirección de los partidos es la otra fuente de discordia. Parece exagerada si se tiene en cuenta que nunca se ha cumplido a cabalidad la cuota de candidaturas de la mujer, ni cuando era del 25 por ciento y menos al subirse al 33 por ciento. La transacción podría ser elevarla  al 40 por ciento, promoviendo la equidad sin imponer una igualdad que no existe en la actividad política,. y extendiéndola por primera vez a los cargos directivos.

Del Régimen Electoral     

            Más difícil será el abordaje del proyecto de ley del Régimen Electoral, más extenso y conflictivo, pues ya no se trataría de regular los procesos electorales de dirigentes y candidatos, y garantizar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos, sino la competencia por el poder del Estado.

El proyecto de la JCE para la Ley de Partidos recoge gran parte de las demandas que han sido objeto de numerosos consensos desde el patrocinado por la Fundación Siglo 21 en 1992-93, y aún así lleva unos 17 años dando vuelta en el Congreso. El del Régimen Electoral presentado por el mismo organismo, data del 2011 y es más limitado, por lo cual ha recibido múltiples adiciones de los partidos y de las instituciones de la sociedad civil interesadas en la materia, como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y otras.

Este segundo proyecto, que sería abordado por la comisión bicameral cuando alcance consenso sobre el primero, implicará una mayor voluntad del liderazgo político por privilegiar el interés nacional, sobre el partidario, siendo mayor el desafío para el PLD que ahora controla casi todo el poder estatal, como nunca antes en la todavía incipiente democracia nacional. El PRD tuvo mayoría relativa en la Cámara de Diputados y absoluta en el Senado en el período 1998-06, pero no hizo esfuerzos suficientes por la ley de Partidos y menos para las reformas político-electorales integrales.

Con la presión adicional de la Marcha Verde todo el sistema político está desafiado a reformas que contribuyan a cerrar el camino de la corrupción y la impunidad, que comienza en las campañas electorales e incluye el rentismo empresarial y el clientelismo popular, los abusos de los poderes del Estado y la utilización de dinero proveniente del Estado y del lavado de activos, incluyendo el narcotráfico.

Bajar el costo a la política

            El primer objetivo de la ley del Régimen Electoral debería ser la rebaja del altísimo costo de la política en el país, que debe comenzar con la estricta reducción de las campañas internas y generales a no más de tres meses, con sanciones al que se adelante a realizar actividades de propaganda o abierta promoción de candidaturas, topes de gastos para los partidos, precandidatos o candidatos, con límites y transparencia de los aportes privados y estricta rendición de cuentas, especialmente del financiamiento estatal. Incluye también restringir las campañas a la jurisdicción de la candidatura, nacional, provincial o municipal.

Otro renglón fundamental es la restricción al abuso de los poderes del Estado, comenzando por prohibir absolutamente los desbordamientos del gasto público y el incremento del gasto social en los años de elecciones, así como de la nómina estatal, incluyendo las contrataciones temporales, y de la publicidad estatal, que siempre debe limitarse a lo institucional, educativo y legal. Se agrega la prohibición de inauguraciones y anuncios de nuevas obras en el período de campaña electoral, y la licencia automática de todo funcionario del Estado que se convierta en candidato o responsable de campañas electorales.

Al bajar el costo de la política se promueve la equidad entre los partidos con grandes recursos y los emergentes, y se facilita que  personas honorables, sin patrocinios de la corrupción estatal, del rentismo empresarial o el lavado de activos, puedan competir por los cargos electivos, saneando la actividad política y la gestión pública.

Reafirmar la democracia

            La reforma que se ha reclamado durante un cuarto de siglo es para reafirmar la institucionalidad democrática, que comienza por la elección de las autoridades y los representantes, garantizando que se pueda votar separados por diputados y senador y por regidores y alcalde. Implica más equitativa distribución del financiamiento estatal, y sanción de los delitos electorales, como la compra de votos, el despojo o alquiler de cédulas, y la coerción a los empleados estatales y a los ciudadanos más vulnerables.

Conlleva también la profesionalización de los órganos de gerencia y arbitraje electoral, creando mecanismos para control del financiamiento y persecución de los delitos electorales, con sanciones suficientemente disuasorias como cancelación de candidaturas o congelación del financiamiento público.

La JCE debe ser convertida en un real organismo colegiado, que no sea exclusivo de los abogados, puesto que ya no es un tribunal, y de concertación con los partidos que compiten. Y el Tribunal Superior Electoral debería ser un órgano adscrito a la carrera judicial, sin reparto ni apropiación partidista.-

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Principales objetivos de las reformas electorales

*Abaratar el costo de la política dominicana

* Reducir los altos niveles de rentismo y clientelismo

* Transparentar el financiamiento y obligar a rendir cuentas

* Rescatar el sistema político de la descomposición

* Controlar los abusos del poder y los recursos estatales

* Garantizar la democracia interna en los partidos

* Sistematizar la equidad entre los partidos y candidatos

* Promover equidad de género en la dirección y las candidaturas

* Ampliar el derecho ciudadano a elegir diputados y regidores sin arrastre

* Garantizar independencia de la gerencia y el arbitraje electoral

* Prevenir los delitos electorales y sancionarlos con fuerza disuasoria

* Ampliar la representación de las minorías en los comicios

* Dotar a la JCE de instrumentos eficaces para fiscalizar los partidos

* Viabilizar la participación social en la fiscalización de los partidos

* Mayor equidad en la distribución del financiamiento estatal

Los nuevos desafíos de la Marcha Verde tras su indiscutible éxito

Marcha Verde, Santo Domingo. 16-07-17. // Fuente Externa.

Los mayores desafíos de la marea verde son mantener las características y objetivos que le han permitido impactar en la conciencia social, sin sobreestimarse ni caer en el aventurerismo, ampliar su base popular y exigir reformas políticas e institucionales

 Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque el Gobierno ha pretendido ignorarla, la Marcha Verde lo ha sumido, con todo y partido, en una crisis de credibilidad, que lo ha dejado a la defensiva, apostando a que el tiempo diluya el mayor movimiento sociopolítico de la historia nacional o a que su plural liderazgo cometa errores que le resten potencialidad.

Después de la masiva marcha del día 16, el movimiento social necesitará mayores  niveles de formalidad sin afectar características como la diversidad, con mayores esfuerzos para ampliar su base popular sin caer en el aventurerismo, reafirmando sus objetivos fundamentales  y avanzando en el reclamo de transformaciones políticas e institucionales.

Una sorpresa consolidada

Después de la marcha de hace dos semanas, con participación de decenas de miles de personas, nadie discute el extraordinario y consolidado éxito de la Marcha Verde (MV) que ha impactado la conciencia social dominicana, sacudiendo años de adormecimiento frente a la abrumadora corrupción política e impunidad diagnosticada en los últimos años en los mayores niveles mundiales por instituciones como el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional y en las encuestas e investigaciones nacionales.

El hartazgo de la sociedad con la malversación de los fondos públicos, y niveles inaceptables de clientelismo y rentismo que han consumido los mecanismos democráticos del sistema político, es la explicación del éxito de un movimiento sin un liderazgo centralizado, de tan diverso espectro socio político, que se consolida aún dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.

Entre analistas hay consenso de que la MV es la mayor expresión de ciudadanía en la historia nacional, sin banderas partidistas, sin tirar una piedra o quemar una goma, sin dádivas ni promesas de cargos y repartos, con una movilización espontánea  que ha dado nuevo protagonismo a las clases medias. Con apoyo significativo en los medios de comunicación y uso intensivo de las nuevas tecnologías comunicativas, incorporando y reanimando a una enorme masa de jóvenes, adultos y hasta ancianos.

Sacudimiento político

            Al potenciarse en las dimensiones sin precedentes del escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht y en las denuncias internacionales, la MV ha producido un sacudimiento político, dejando a la defensiva al gobierno del presidente Danilo Medina cuando apenas comenzaba segundo período gubernamental. También ha desestabilizado a su Partido de la Liberación Dominicana, cuyos máximos organismos no han podido liberarse del estigma de la corrupción ni formular efectivos planteamientos de defensa, socavados por intensas luchas en aras del predominio grupal.

La incredulidad general afecta las gestiones de un Ministerio Público que ha evadido la investigación local de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de Odebrecht, y elaboró una instancia de imputaciones saturada de inconsistencias que ha tenido fuertes repercusiones al interior del partido gobernante por la selectividad de los imputados. Con el extremo de no reclamar a la empresa que entregue toda la información que comprometió en el pacto de impunidad con la Procuraduría General hace tres meses.

El presidente Medina respondió el miércoles durante media hora los reclamos de un sacerdote de Santiago sobre su política de gastos, pero ha persistido en guardar silencio ante los cientos de miles que durante 6 meses han marchado en todas las regiones del país exigiéndole acciones concretas contra la corrupción y para poner fin a la impunidad. Su estrategia sigue siendo dejar que el tiempo diluya la indignación social, con una táctica de ataques verbales de su enorme, pero ahora ineficiente  aparato propagandístico.

Lucha de largo aliento

En el muy diverso liderazgo de la MV se expresa conciencia de que para alcanzar los objetivos de sanciones de la corrupción y poner fin a la impunidad se requerirá mantener la presión por mucho tiempo más. Están discutiendo las acciones que pondrán en práctica tras las movilizaciones masivas, entre ellas una consulta nacional, además de una asamblea de más del centenar de organizaciones y grupos sociales que la conforman.

En lo inmediato proseguirán las marchas a nivel provincial y barrial y contemplan pequeñas acciones para mantener la mística y ampliar la participación popular que viene en crecimiento desde las marchas de Azua, San Pedro de Macorís y en la nacional de Santo Domingo. Las primeras fueron una expresión dominante de las clases medias.

También existe la preocupación de dar una estructura mínima más definida al movimiento, tanto a nivel nacional como local, pero sin afectar su amplia horizontalidad y diversidad. La administración de esa pluralidad y el consenso han descansado en la experiencia de los activistas y entidades que llevaron luchas exitosas como la del 4 por ciento del PIB para la educación  y la preservación de Los Haitíses y Loma Miranda.

La MV ha comenzado por exigir al Procurador General que reclame a Odebrecht el cumplimiento del acuerdo de impunidad o le ponga fin. Insistiría en su planteamiento inicial de una investigación independiente de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales. Incluirían el reclamo a la Procuraduría de que investigue la denuncia sobre las transferencias de 4.4 millones de dólares de Odebrecht a la empresa CineArt 2013 creada en Santo Domingo por los hijos de Joao Santana y Mónica Moura.

Mantener la ponderación

Una clave fundamental de supervivencia para la MV es mantener la ponderación en cada acción, evadiendo proponer metas inalcanzables que dejan frustraciones, sin sobreestimar sus fuerzas ni subestimar las del gobierno, evadiendo el aventurerismo que caracterizó en el pasado a grupos de izquierda y el sobre entusiasmo de nuevos actores sin experiencia en las luchas políticas y sociales.

No faltan quienes se inclinan al maniqueísmo puritano y al rechazo de los partidos y grupos políticos, varios de los cuales han contribuido al éxito del movimiento, incluyendo al principal de la oposición, el Revolucionario Moderno, a Alianza País, Opción Democrática, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y persistentes agrupamientos de la vieja izquierda. Además de  segmentos del Partido Reformista Social Cristiano y hasta de la Fuerza Nacional Progresista.

Esa enorme diversidad conforma un abanico ideológico difícil de sostener sin metas generales unificadoras como la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso mismo la mayoría de sus líderes rechazan la posibilidad de transformar  el movimiento en una opción partidaria, que por ahora disolvería la MV, y que sólo pudiera tener alguna viabilidad al acercarse la próxima contienda electoral, a más de dos años y medio, si para entonces los actuales partidos han sido incapaces de asumir los retos ciudadanos, incluyendo conformar  una coalición con metas específicas contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con relevante participación social.

Con poder constituyente

Si la estrategia del gobierno es dejar que el tiempo y la diversidad reduzcan la Marcha Verde, la de esta podría ser evitar a toda costa su desgarramiento y seguir acumulando poder prosiguiendo la importante gestación de nuevos líderes sociales por todo el país, relevantemente en las clases medias y sectores empresariales, con capacidad para presionar cambios en el liderazgo político.

Si el PLD y su Gobierno no responden las demandas, y parece difícil que puedan hacerlo, aunque no faltan en su seno quienes crean que deben plantearse algunas transformaciones, la MV tendría que mantener la presión y obligar respuestas de la oposición política, incluso cosechando un poder constituyente que transforme la acción partidista y rescate valores democráticos, institucionales y socioeconómicos.

La esencia y consistencia de la marcha no le permite competir con los partidos sin reducirse, y por su diversidad tampoco podría adoptar un programa de amplios objetivos, pero sí ampliar su discurso a todo lo que se relaciones con la corrupción y la impunidad, relevantemente las reformas del sistema político, desde la ley de partidos hasta la del régimen electoral, bajo la convicción de que hay que abaratar el costo de la política para reducir la corrupción y rescatar mecanismos institucionales que proscriban la impunidad.

Tanto los líderes sociales como los políticos que marchan tienen que reconocerse mutuamente si quieren traducir el movimiento en poder constituyente, sin pretender una revolución, pero espantando todos los repartos clientelares y rentistas, los barrilitos y cofrecitos, la malversación, el derroche y la improvisación oportunista. Como concluyó esta semana el artículo “Marcha Verde y Liderazgo”, del excelente activista social Domingo Matías, “un movimiento social se crea para ganar poder social, transformarlo en poder político y no en un partido político”.  Los partidos sobran en el país, en todo el espectro.-

Una ayudita al Procurador General

Por Juan Bolívar Díaz
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Ahora que la jueza Miriam Germán ha dejado en la nada el endeble expediente de impunidad con que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas por los confesados sobornos de Odebrecht. Después que la marcha del Movimiento Verde el domingo 16 evidenció el fracaso de todas las maniobras de mareo para distraer la atención sobre el mayúsculo escándalo de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento electoral. Y ahora que vino al país una misión del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el interés de coordinar acciones con el Ministerio Público para el rastreo y localización del dinero generado por la corrupción y el narcotráfico, los dominicanos hartos de la impunidad estamos en el deber de ofrecer la más amplia colaboración.

Esa ayuda es urgente porque sabemos que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez,  además del caso Odebrecht, tiene múltiples investigaciones pendientes, como la de los aviones Tucano, los 52 expedientes que le presentó el CODIA de extorsión en la Oisoe, la sobrevaluación de casi 100% en la remodelación del hospital Darío Contreras, venta a precio vil del barrio Los Tres Brazos, la trágica muerte de los comentaristas radiofónicos de San P. de Macorís, víctimas del mafioso tráfico de terrenos estatales y el  traspaso a la empresa Lujan de los terrenos estatales donde opera el vertedero de Duquesa.

Hay que ayudar a Jean Alain, aunque se crea que él teme encontrarse con las pruebas de la  corrupción de Odebrecht en este país que fue considerado  seguro para establecer su Departamento de Operaciones Estructuradas, tras el acoso judicial en Brasil, y aunque no hayan investigado las denuncias de sobrevaluaciones.

Y aunque él no ha hecho el menor caso a la denuncia presentada el 2 de mayo pasado por el Centro Social Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos para que investigue el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, precisando transferencia de 4 millones 396 mil 796 dólares de Odebrecht, entre 2013-14, a la empresa CINE&ART2013, constituida en esta capital, he aquí algunos detalles adicionales que podrían ayudarle:

CINE&ART2013, SRL fue constituida el 18 de junio del 2013, con capital de 100 mil pesos dominicanos, a partes iguales por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayle Axe de Souza Santana. Pero 5 meses después, el primero traspasa sus acciones, por sus mismos 50 mil pesos, al también brasileño Daniel Moura Marques Requiáo. Este a su vez las traspasaría el 29 de septiembre de 2015, siempre por la misma suma, a su hermana Alice Moura Requiáo. El  Registro Mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el No.100084SD, para “producción de cine, realización y producción de cine publicitario y todo tipo de actividades audiovisuales para cine, televisión y medios electrónicos”.

Si los apellidos Santana y Moura no le dicen nada al Procurador, puede tomar nota de que el domicilio social declarado originalmente por  CINE&ART fue Helios 102, Bella Vista, “coincidente”  con el de la empresa Polis Caribe de Joao Santana y Mónica Moura. Después la trasladaron al domicilio de sus propietarios Ayle Santana y Alice Moura, en la calle Itzamana No.3, Los Cacicazgos.

En la denuncia de las 4 entidades sociales se especifican 16 transferencias por los 4.3 millones de dólares de 4 empresas constituidas por Odebrech en Perú  a una quinta Isagón SAC, la cual a través del Credicorp Bank de Panamá las remitió a la cuenta de CINE& ART en un reputado banco de Santo Domingo.

Como a Jean Alain no le gustan los allanamientos en busca de documentos, que ya no encontrará en el domicilio de los Santana-Moura, seguro que con la Superintendencia de Bancos, podría determinar el destino de esa suma, que a la tasa actual sobrepasaría 208 millones de pesos. También puede rastrear los pagos del Estado a CINE&ART, uno de ellos del Ministerio de Educación por 16 millones 198 mil pesos en noviembre del 2014.

Por si lo ignora Jean Alain conviene precisarle que los Santana Moura fueron los  asesores electorales del licenciado Danilo Medina para los comicios del 2012 y para su reelección en el 2016, hasta su arresto por la justicia de Brasil en febrero de ese año.-

Tendrán que salvar otra vez el Plan de Regularización de Extranjeros

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque se escamotea la información y persisten las manipulaciones, informes indican que apenas 7,834, el 3 por ciento de los que recibieron el estatus provisional, han podido completar la exigente planilla de requisitos, por lo que desconocer esa realidad implicaría dar por fracasado un esfuerzo que ha tenido aplauso nacional e internacional.

La implacable realidad. Aunque se ha pretendido ocultarla, la realidad es que apenas 7,834 inmigrantes de múltiples nacionalidades han podido completar la exigente planilla de requisitos para acogerse a la regularización, equivalentes al 3 por ciento de los 230 mil 065 que hace dos años fueron autorizados provisionalmente a permanecer y trabajar en el país. Otros 20 mil 176 no se han presentado a recibir la constancia correspondiente, que probablemente fueron de las decenas de miles que regresaron a Haití tras cumplirse el plazo en julio del 2015.

Contrario a lo que todavía muchos pregonan, no ha sido la falta de documento de identidad el problema fundamental, pues sólo 20 mil 365, de los 288 mil 467 que originalmente solicitaron regularizarse, no presentaron pasaporte, cédula de identidad o acta de nacimiento, como estableció el decreto que dispuso el plan. Fueron el 53 por ciento de los 38 mil 226 que fueron descartados desde el comienzo, muchos por no haber podido acreditar la fecha de ingreso al país.

Del total de los solicitantes, provenientes de 116 países, el 97.7 por ciento son de nacionalidad haitiana, el 36 por ciento lo hizo con acta de nacimiento, 33 por ciento con pasaporte, el 24 por ciento con carné o cédula nacional de identidad, y el restante 7 por ciento no pudo presentar un documento de identidad personal.

Demasiados requisitos. Desde el principio se advirtió que el PNRE era excesivamente exigente para una población de inmigrantes muy pobres, que incluía aspectos socio-económicos como cuentas bancarias, propiedad de muebles e inmuebles y de automóviles, contratos de alquileres, además de los básicos como documento de identidad, arraigo en el país, certificado de buena conducta, contrato de trabajo y constancia de residencia. Y hasta las compras de electrodomésticos o contratos de teléfono deben ser autenticados por notarios públicos, todo lo cual eleva los costos a niveles impagables por la mayoría de los haitianos.

Abogados que participaron en los procesos por cuenta de grandes empresas que procuraron regularizar sus trabajadores agrícolas, testimoniaron que cada caso salía por entre 15 y 20 mil pesos, sin contar las extorsiones a que eran sometidos los más indefensos. Con el agravante de que las gestiones implicaban entre 10 y 15 visitas a los centros de registro, con los consiguientes costos de transporte y de ausencia laboral.

Así como ha habido empresas interesadas en regularizar sus empleados extranjeros, la mayoría de los empleadores agrícolas, de la construcción y domésticos, evaden darle certificaciones de empleo, muchos por temor a que luego les exijan prestaciones laborales o pago de la seguridad social. A eso contribuye la condición inestable de esos trabajadores y su empleo temporal por estaciones de cultivo y cosechas agrícolas.

Pequeños y medianos productores agrícolas aducen que ellos no pueden dar un certificado sin garantía de que el jornalero no se vaya a otro lugar o labor. La renuncia afecta a haitianos en el trabajo doméstico, guardianes, jardineros, porteros de edificios, fincas y residencias. Alta proporción tampoco ha conseguido que dominicanos les firmen constancia de arraigo.

Sin real alternativa. Las autoridades no tienen alternativa realista a una nueva prórroga de la provisionalidad, a menos que quieran proclamar el fracaso de un programa de regularización en el que dicen haber invertido más de dos mil millones de pesos, con aportes internacionales, para un objetivo planteado desde 1990 en el decreto 417 del presidente Balaguer, que lo dispuso por primera vez. La segunda quedó patente en la Ley 215 de Migración, promulgada por el presidente Mejía en el 2004. El objetivo fue rescatado por la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en septiembre del 2013.

Fue en vísperas de concluir el plazo para solicitar la regularización que las autoridades concibieron las autorizaciones provisionales, al comprobar que apenas 2 por ciento cumplía todos los requisitos. Se anunció que se darían permisos por dos años a los que se acreditaron con pasaporte y por un año a los de actas de nacimiento o cédula.

Como no se emitieron todas las autorizaciones al mismo tiempo, tampoco vencen juntas, los primeros 140 mil entre este julio y diciembre, y el resto en el 2018. Pero de hecho, los 230 mil autorizados provisionalmente serían apenas la mitad de los 458 mil haitianos que, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012 habían llegado al país, que para el 2015 podrían haber superado los 550 mil, por el incremento de esos años.

Los esfuerzos por regularizar esos 230 mil, deberían permitir la repatriación de unos 300 mil, y de hecho las autoridades han dado cuenta de que entre 40 y 50 mil se fueron por propia voluntad al finalizar la regularización, y otros tantos fueron deportados progresivamente.

Tendría un costo muy alto. Debe asumirse que de no renovarse las autorizaciones provisionales, casi todos los inmigrantes haitianos estarían condenados a la deportación, con un costo inmenso para las relaciones bilaterales en la isla, y a nivel internacional para un país que a su vez tiene más de millón y medio de sus nativos en el exterior. Marchitaría aún más la imagen de la República Dominicana en el mundo, afectada severamente desde la sentencia 168-13, que dispuso la desnacionalización de los descendientes de haitianos nacidos en el país.

Pero sobre todo, habría que contemplar si la producción agropecuaria y la construcción, pública y privada, y las labores domésticas pueden mantenerse sin la barata mano de obra haitiana. A no ser que de golpe la población dominicana decida asumir las tareas más duras dejadas por décadas a los vecinos. En cualquier caso, elevaría los costos de producción y reduciría la ya pobre capacidad competitiva de los productores nacionales.

Solo el entusiasmo de los grupos que explotan el ultra nacionalismo promoviendo la confrontación en la isla, puede creer que el país puede prescindir de la inmigración haitiana después de un siglo. Incentivaría el tráfico de ida y vuelta por la frontera, con el que personeros de ambos lados han hecho fortuna durante décadas. Aunque debe quedar consignado que, con evidente hipocresía, muchos de los explotadores de la mano de obra haitiana guardan silencio y hasta se suman a los prejuicios históricos, sociales y hasta raciales.-

Sigue pendiente un pacto político para restablecer la credibilidad

ELECCION JULa elección del Tribunal Electoral y 4 jueces de la Suprema Corte debería ser el primer paso del presidente Medina para un pacto político que incluya las reformas electorales y el combate a la corrupción para responder la indignación ciudadana

                                               Por Juan Bolívar Díaz     

Con absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de dar un paso trascendental para recuperar confianza y convocar a un pacto político que incluya las reformas electorales e institucionales para combatir la corrupción y la impunidad y satisfacer las demandas de la ciudadanía.

Ya ni el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escapa del desconcierto y la confrontación que marcan una crisis política y aumenta allí la consciencia de la necesidad de enmendar el desorden institucional para intentar restablecer la confianza en las instituciones y evadir el peligro de desestabilización económica y social.

Reconocer la realidad

Lo primero que se impone al liderazgo político nacional, especialmente a los gobernantes, es reconocer que hay una creciente indignación nacional por los niveles de corrupción e impunidad, que repercuten en la inseguridad ciudadana y la pérdida de confianza en las instituciones, manifestada en el Movimiento Verde que ha sacudido muchos años de indiferencia y permisividad.

Más allá de la prepotencia política se debe reconocer que la insatisfacción ya no es sólo privativa de las clases medias, y que los sectores populares se van incorporando a la movilización, que abarca al liderazgo religioso y amplios segmentos empresariales, muchos de ellos expresando preocupación de que la creciente insatisfacción derive en desestabilización económico-social. La potencialidad de la protesta ciudadana ha determinado que sectores conservadores expresen temores de que pueda descarrilarse.

No pueden ignorar los alcances del mensaje emitido el 7 de julio por la Conferencia del Episcopado Dominicano, al término de su 55 asamblea plenaria, donde se expresa satisfacción porque “cada vez más la ciudadanía se empodere y tome parte más activa en la lucha contra la corrupción”. Coincidieron con el movimiento popular en reclamar esfuerzos por institucionalizar la justicia para sancionar la corrupción y proscribir la impunidad.

Ya antes la mayoría de los obispos, incluyendo al metropolitano de Santo Domingo, se había manifestado en la misma dirección en los últimos seis meses cuando el Movimiento Verde ha tomado las calles por todo el país. Lo mismo ha hecho el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y otros agrupamientos religiosos y empresariales.

El descrédito de la PGR

Si el gobierno alentó esperanzas de que la instancia de imputación presentada contra 14 personas por la Procuraduría General de la República (PGR) aplacaría la indignación, debería reconocer que en la opinión pública ha tenido un nuevo tropiezo, y que por donde quiera se huele el tufo de impunidad que ha rodeado la investigación en el país del escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras públicas y financiamiento de campañas electorales por la constructora brasileña Odebrecht.

Esta semana, mientras en Perú caía preso un expresidente y en Brasil otro era condenado por corrupción, aquí hubieron de ser excarcelados casi todos los imputados, y los solos razonamientos de la jueza de mayor crédito en el país, Miriam Germán, dejó en el mayor descrédito la investigación de la PGR, desplazando de la atención pública el voto de los otros cuatro integrantes de la Cámara de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia.

En el descrédito quedó también el montaje mediático que acompañó los apresamientos bajo imputaciones que en su mayoría no resisten el análisis de ningún juez, con cuestionamientos a la negligente investigación nacional, dependiendo de generalidades registradas por la justicia brasileña. En la opinión pública independiente existe la convicción de que se ha vuelto al comienzo del escándalo que ya pasó de medio año y en la necesidad de reclamar a Odebrecht que entregue toda la información a que se comprometió en el “acuerdo de impunidad” que firmó con la PGR.

Repercusiones en el PLD

El escándalo de Odebrecht ha desestabilizado el PLD, cuyos organismos no han podido emitir un documento formalizando posición sobre la crisis, porque el encono se anida entre sus dirigentes, incluso más allá de la ya vieja confrontación entre sus líderes Danilo Medina y Leonel Fernández por el control de la poderosa maquinaria política. Tras las imputaciones el Comité Político no ha podido sesionar.

La crisis ha sido reconocida públicamente  por dirigentes de sectores vinculados al expresidente Fernández, y a los imputados que, como Temístocles Montás y Radhamés Segura han visto afectadas sus aspiraciones a la candidatura presidencial del 2020. Hasta funcionarios gubernamentales reconocen discretamente que la crisis ha impactado seriamente el partido morado.

Fernando Fernández, un miembro del Comité Central que hasta el año pasado fue director de Aduanas y cercano colaborador del presidente Medina, expresó en un twiter y lo reiteró ayer en Uno+Uno, que los intentos continuistas del mandatario “han convertido en desechables hasta a los miembros del Comité Político”, tres de ellos imputados en lo que otros señalan “como chivos expiatorios de un financiamiento político de Odebrecht del que ni el presidente escapó”. Por eso algunos convienen en que si no es posible imputar a todos los responsables, lo menos que puede esperarse es una catarsis colectiva del liderazgo del PLD y de los otros partidos, que se traduzca en un serio compromiso de reformas políticas e institucionales.

La elección de jueces

El CNM ya está a días de escoger los nuevos titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y 4 de renovación en la Suprema Corte de Justicia, por lo que la circunstancia parece propicia para dar pasos a la concertación política. El presidente Medina, con la gran mayoría de los ocho votos del organismo, tiene la posibilidad de imponer una renovación o ratificar el secuestro político del Tribunal Electoral, ejecutado por su antecesor Leonel Fernández.

Las expectativas son de que, como ocurrió a fines del año pasado con la Junta Central Electoral, Medina acatará las señales coyunturales y desechará la tentación de ratificar los actuales incondicionales, o de escoger otros también signados por la parcialidad y el compromiso partidista, dando paso a algún nivel de consenso.

En las actuales circunstancias no es posible desconocer el clamor nacional que propugna por jueces independientes y probos, del que es portador  no sólo el Movimiento Verde, sino también el bloque de partidos opositores, la misma Conferencia del Episcopado, el empresariado y los más diversos sectores sociales, así como los editoriales de los periódicos y los espacios de opinión no comprometidos con el gobierno.

Pero como eso solo no revocará el descontento nacional ni satisfará el clamor ciudadano, el presidente Medina debería marcar esa elección como un comienzo y hacerse protagonista de la necesidad de una ley de partidos y una ley del Régimen Electoral que abaraten el costo de la política, cierren la amplia avenida de la corrupción y el abuso de los poderes estatales, que renueve la democracia interna y garantice elecciones equitativas. Nada perdería él mandatario personalmente y podría ganar espacio para otros respiros y pactos que, como el fiscal, son imprescindibles ya a corto plazo para la estabilidad económico-social.

Avances en concertación

Aunque todavía tímidamente, en la Comisión Bicameral que ha abordado la concertación del proyecto de Ley de Partidos se han producido importantes avances, acordando  mecanismos para hacer prevalecer la democracia interna en los partidos, rendir cuentas del financiamiento público y hacer más transparente, con algunas limitaciones, las contribuciones privadas. También se ha logrado consenso en limitar el tiempo de las campañas internas por las candidaturas, restringiéndolas a actividades bajo techo y casa por casa, así como en la creación de un departamento en la Junta Central Electoral para fiscalizar las finanzas de los partidos.

Pero la comisión, con amplia participación partidaria y consultas a la sociedad civil, no podrá alcanzar el objetivo de aprobar la ley en la actual legislatura, a la que restan apenas ocho días laborables. Aún no logran consenso sobre asuntos nodales como los topes de gasto en las campañas internas, el padrón a utilizarse  para las elecciones de candidatos y y si serán simultáneas en todos los partidos. Ya acordaron que las organizaría la JCE, lo que podría ser muy difícil por el cómputo al mismo tiempo de los votos de precandidatos de los cuatro partidos  mayoritarios, que a razón de hasta 3 por cada uno de los 4 mil 66 cargos electivos, implicaría casi 50 mil. El cómputo de las elecciones del 2016 concluyó cuatro semanas después, con un solo candidato por partido.

El consenso tampoco se ha podido alcanzar sobre la equidad de género en las candidaturas, que se ha demandado elevar siquiera del 33 al 40 por ciento y extenderla a los cargos directivos de los partidos. Y mucho más esfuerzos de consensos  demandará la exigente y más compleja Ley del Régimen Electoral que pauta la competencia por el control del Estado.-

¿Dónde fueron a parar los US$62 millones de Odebrecht del 2012-15?

 

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El informe de la Comisión Presidencial sobre las plantas de carbón de Catalina deja constancias de irregularidades, pero sin sobrevaluación ni sobornos, remitiendo entonces al financiamiento de campañas electorales o a pedir perdón por calumnias  

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el informe de la Comisión Presidencial (CP) sobre la licitación y contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina deja constancia de múltiples irregularidades y formula importantes recomendaciones, le tira la toalla que esperaba el gobierno para librarse de las denuncias de sobornos y sobrevaluaciones.

Ya con las plantas incontaminadas, hay que remitirse al tercer renglón de las  operaciones encubiertas de Odebrecht, el financiamiento de campañas electorales, a no ser que la misma empresa se auto calumniara e incriminara con su confesión de que transfirió  al país 62.2 millones de dólares entre el 2012 y enero del 2015, pagando enorme multa.

¿Y los cuartos dónde están?

La recordación del popularizado eslogan bancario de los años 70 ¿y los cuartos dónde están? cobra vigencia y congela las sonrisas de celebración de funcionarios y voceros gubernamentales por el informe de la CP que concluye en que no hubo  sobrevaluación ni sobornos en la licitación y contratación de las plantas eléctricas.

Esas conclusiones remiten al tercer renglón de las operaciones encubiertas confesadas por Odebrech en 12 países, relevantemente en República Dominicana, el financiamiento de campañas electorales como mecanismo para conseguir contrataciones por miles de millones de dólares, aquí unos 6 mil.

Una de las pocas cosas que documenta con detalles la instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) que imputa a 14 personas por los sobornos de Odebrecht, son las transferencias de cinco cuentas bancarias offshore de la constructora a dos de su agente Angel Rondón, por 83,2 millones de dólares entre el 2007 y 2015, pero 62.2 millones de dólares (75 %),  entre enero del 2012 y enero del 2015, justo el período en que se optó por esas plantas, se licitaron y contrataron, según la PGR por 2010 millones de dólares, además de dos carreteras por 286,6 millones de dólares,

Se justifica preguntar dónde se fueron tantos millones, y especialmente los 33.8 millones de dólares transferidos en el 2014,a no ser que Odebrecht se auto incriminara y aceptara una multa por 2 mil 600 millones de dólares por sus prácticas mafiosas, y que toda la trama que se le atribuye sea una fantasía, al menos en este país de las maravillas,

Catalina no tiene imputado

La CP relata (puntos 58-59) que pidió a la PGR confirmar la inclusión de las plantas entre las obras que según su instancia de imputación “fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos”. La respuesta fue que de ninguno de los documentos suministrados por Brasil se infiere que se pagaran sobornos para su  adjudicación ni contratación. Pero refiere la nota la nota de prensa con que intentó subsanar la inclusión, según la cual “un empleado de la Odebrecht” habría dicho que un senador y un diputado fueron sobornados “para la aprobación del financiamiento por el Congreso Nacional”.

Pero resulta que la instancia oficial de la PGR no cita ese testimonio específico, ni imputa a ningún legislador por ese delito. Los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Ruddy González son, de los imputados, los que estaban en el Congreso en el tiempo de Catalina (2010-16). Los otros dos, los dirigentes del opositor PRM Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, no estaban en ese período legislativo pero, en cambio, sí aparecen imputados por proyectos específicos anteriores, la aprobación del Acueducto Línea Noroeste, y las presas de Pinalito y Palomino.

Por eso llama la atención que a los peledeístas Valentín y Galán y al aliado perredeista González, no se les especifique implicación en el financiamiento de Catalina, que involucraba 2 mil millones de dólares. Vale recordar  que en el 2015 cuando el bloque de los diputados perredeístas y la mayoría leonelista en ambas cámaras decidieron apoyar la reforma constitucional para la reelección del presidente  Danilo Medina, Ruddy González y Tommy Galán fueron señalados por varios colegas como los gestores del generoso apoyo.

Los dos magos del ritmo

            Como en el 2014, cuando se aprobó el financiamiento de las plantas, con el Banco de Desarrollo del Brasil y un pool de bancos europeos por unos 1,400 millones de dólares, las transferencias de Odebrecht fueron por 33.8 millones de dólares, el senador y el diputado no identificados por la PGR debieron haber recibido una buena parte para poder “convencer” a 32 senadores del partido gobernante y a dos tercios de los 190 diputados de financiar una obra que era la “joya de la corona” de su mismo gobierno. Se les reputaría como los nuevos magos del ritmo, que habrían creado el lodazal sobre el cual dijo haber saltado el secretario general del PLD y presidente del Senado Reinaldo Pared.

Una nueva mirada más profunda a la instancia de la PGR no avala su tardía afirmación de que en las plantas el soborno fue sólo para el financiamiento, y es que a Galán sólo le documentan un incremento patrimonial de12.3 millones, pero de pesos, entre 2006-16. A Valentín le señalan 34.5 millones de pesos, incluyendo los 29 millones que aportó su segunda esposa, y a González apenas un apartamento de 5 millones de pesos.

En esos tres casos, como en la gran mayoría de los 14 imputados, ls PGR no ha aportado hasta ahora una sola prueba contundente que los condene ante un tribunal de verdad. Y no es porque no hubiera dinero, corrieron 62 millones 290 mil 800 dólares, entre el 2012 y enero del 2015, cuando fue la última transferencia de Odebrecht a Rondón, “el hombre del maletín”, según la misma instancia de la PGR. A 47.50 por dólar, eso totaliza 2,958 millones 813 mil pesos. Demasiado dinero para los dos legisladores anónimos.

Condecoren a Odebrecht        

Al paso que va el proceso, nadie deberá sorprenderse que dentro de un año todo haya quedado en la impunidad, especialmente si baja la presión social por sanciones de la corrupción. Y el país hasta le deberá una condecoración a Odebrecht, porque aquí no hubo complicidad con su entramado de sobrevaluaciones, (que aún no ha investigado la Contraloría General ni la Cámara de Cuentas) ni de los sobornos confesados por 92 millones de dólares, y menos de financiamiento electoral, aunque sus expertos asesores Joao Santana y Mónica Moura despachaban directamente con el presidente Medina.

Por de pronto, Medina consiguió que su Comisión dijera que no encontró sobrevaluación ni indicios de sobornos en su obra cumbre, saturada de irregularidades y sospechas desde que él deshizo la licitación que había iniciado su antecesor, tan pronto ascendió al poder en el 2012, un mes después de haber viajado a Brasil, donde se reunió con ejecutivos de Odebrecht y la presidenta Dilma Rousseff, quien dijo públicamente que lo ayudarían a resolver el problema energético del país.

La misma CP quedó con escaso crédito desde que el mandatario puso a presidirla a monseñor Agripino Núñez, hasta entonces miembro del consejo directivo de la empresa nacional asociada a Odebrecht en la contratación que investigaría, así como a César Sánchez, exadminsitrador de la CDEEE, que terminaría imputado por soborno, y al economista consultor del gobierno Jaime Aristy.

Constan irregularidades

Los más independientes de la CP habrían hecho esfuerzos al menos por dejar constancias de irregularidades, incluyendo recomendaciones como mejorar la ley de contrataciones, y advirtiendo que el Estado no debe aceptar costos adicionales a lo contratado, que se debe establecer la responsabilidad en el retraso de la construcción,  lo que implica pérdidas mensuales de US$25 millones (que ya sumarían 300 millones) que deberían reclamar en compensación. También que ya han estado pagando sobre un exceso de US$245 millones, porque los hitos se establecen en base al precio original de 2,040.7 millones, en vez de los US$1,945 millones finalmente contratados, a los que debe descontarse 150 millones avanzados en el 2014.

El informe de la CP se empeña en consignar irregularidades en todo el proceso de licitación, desde haber construido sobre terrenos privados, dos decretos de declaración de emergencia, injustificados, al extenderse por tres años, la violación de la ley de contrataciones en la integración de un comité de licitaciones dependiente de la gerencia contratante, y haber auspiciado que la consultora Stanley virtualmente sustituyera al Comité de Licitación, con un papel excesivamente protagónico, misma que luego pasaría a ser contratada para dar seguimiento técnico a la obra.

Consigna los esfuerzos de en aras del interés público de los economistas Isidoro Santana y Ramón Flores, quienes aunque eran asesores de la Presidencia de la República, renuncian al Comité de Licitación cuando les niegan acceso a la evaluación técnica que otorga la obra a Odebrecht, y señalaron su sospecha de que se buscaba favorecerla, y que todo lo que les dieron por evaluación técnica cupo en una sola hoja de power point.

Señalan que se negó dar oportunidad a más de un ofertante, tras la evaluación técnica, cuando lucía legítimo al interés nacional, aduciendo que no estaba en las bases de convocatoria, pero fabricaron un “competidor virtual” tampoco previsto, resultando una planta en Estados Unidos a precio similar a las Catalina. Pero esta era encarecida por el valor del terreno, de los salarios, del transporte, e impuestos aquí exonerados.-

La corrupción se lleva por año entre $30 mil y 51 mil millones

01_07_2017 HOY_SABADO_010717_ El País13 B