El Gobierno debe reconocer el creciente clamor social

Por Juan Bolívar Díaz
30_04_2017 HOY_DOMINGO_300417_ El País13 A

Transcurrida la tercera parte del año, el Gobierno dominicano sigue empeñado en desconocer el clamor y la indignación nacional contra la corrupción, tratando de descalificar la Marcha Verde y apelando a recursos como la intimidación y el espionaje, evadiendo claras señales políticas y judiciales de que se acabará la impunidad.

El creciente riesgo social, con potencialidad de traducirse en político, que comienza a afectar el interés de la nación, recomienda aprovechar la convocatoria para el 15 de mayo del Consejo Nacional de la Magistratura para empezar a despolitizar los órganos judiciales, y buscar real consenso sobre los proyectos de reformas electorales en el Congreso.

El cuarto mes perdido. Abril completa hoy el primer cuatrimestre del 2017, perdido en el desconcierto generado por la crisis política-institucional estallada en diciembre cuando la justicia de Estados Unidos develó el inmenso entramado de corrupción montado por la constructora Odebrecht y agentes políticos en una docena de naciones, con la mayor proporción relativa en la República Dominicana, tanto en monto de sobornos por 92 millones de dólares, como por las sumas implicadas en contratos, el tamaño de la economía, del territorio y la población. Agravado por haberse operado desde el país el financiamiento de campañas electorales en varias naciones a través del asesor político del presidente Danilo Medina, Joao Santana y su esposa, hasta sus encarcelamientos y posterior condena.

A diferencia de lo ocurrido en casi todos los demás países involucrados en los sobornos por 788 millones de dólares, en RD la justicia no ha producido la primera coerción, esperando que le caigan desde el nublado cielo brasileño, aunque desde el 12 de enero, cuando interrogó al agente de Odebrecht Angel Rondón, el procurador general Jean Alain Rodríguez lo identificó como el repartidor de los sobornos locales.

El presidente Danilo Medina, como el secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared, han dicho que no prevalecerá la impunidad, ha faltado una condena contundente al entramado de corrupción nacional y transnacional operado en el país. Los órganos superiores del PLD desaprovecharon sus recientes reuniones sin emitir un documento anticorrupción, como los que acostumbró al país antes de alcanzar el Gobierno, cuando llegaron a organizar grandes marchas contra la corrupción, que ahora estigmatizan.

Desconcierto generalizado. Tanto el Gobierno como su partido y su Ministerio Público han aparecido desconcertados a lo largo del cuatrimestre, buscando ganar tiempo, mientras la indignación social en vez de mermar da muestras de crecimiento. Han centrado la atención en los nombres de los sobornados que daría Odebrecht y la justicia brasileña, relegando el apoyo a las campañas electorales, sin el menor esfuerzo por esclarecer el financiamiento de Joao Santana y el uso del país como plataforma internacional de corrupción política.

Más allá de interrogatorios a una veintena de personas, sin la menor coerción ni imputación, el empeño del Gobierno y su justicia se ha centrado en un cuestionado acuerdo que garantiza impunidad a la Odebrecht y su ilegal mantenimiento como contratista del Estado, ejecutando aún cuatro obras, incluyendo las discutidas plantas de carbón.

Fue el domingo pasado cuando el procurador Rodríguez pidió a la Cámara de Cuentas que auditara las obras ejecutadas por Odebrecht para determinar si hubo sobrevaluación, diez días después de haber dicho que a su despacho no le correspondía investigarlo.

Para colmo, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció al día siguiente que ya había contactado para esa tarea al experto Augusto Nardes, del órgano federal de auditorías de Brasil, sin previa licitación. De inmediato la Marcha Verde denunció que este aparece entre los sobornados de la Petrolera brasileña que originó la operación Lava Jato, según publicó el acreditado diario Folha de Sao Paulo, lo que revocó la contratación.

Palos de invidentes. Tras la cuarta exitosa marcha del Movimiento Verde, el domingo 23 en San Francisco de Macorís, funcionarios y voceros del PLD aparecieron dando palos de invidentes. Primero acusaron a los propulsores de albergar propósitos de desestabilizar al Gobierno y luego el ministro de Interior y Policía dijo por televisión que escuchan las llamadas telefónicas y leen los whatsaps de los promotores de las marchas, dislate que trató de enmendar el mismo día, alegando que respetan las jurisdicciones privadas.

Al principio de las marchas los gobiernistas trataron de atribuir su patrocinio al Partido Revolucionario Moderno, luego a la oposición en general, después a los empresarios, particularmente a los generadores eléctricos, y esta semana a grupos de vocación subversiva que la habrían infiltrado. Ahora dicen que la desnaturalizaron.

La mejor respuesta se la dio el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, quien defendió la Marcha Verde, cuestionó la lentitud en la investigación del escándalo Odebrecht, y proclamó que “lo que puede poner en riesgo la estabilidad son los actos de corrupción”.
Aumenta el riesgo social. En los más diversos sectores sociales se incrementa la preocupación por los riesgos a que expone el país el alto nivel de corrupción y la percepción generalizada de que se evade esclarecer por completo y sancionar aún un caso transnacional y confesado como el de Odebrecht. Hay preocupación por la deslegitimación de las autoridades y hasta líderes empresariales, como Franklin Báez Brugal, apoyan públicamente la Marcha Verde.

Báez Brugal, expresidente del CONEP, escribió en HOY ayer sábado que “Pretender vender la idea de que las marchas tienen una agenda oculta y que quieren desestabilizar al Gobierno, es desconocer los hechos y tratar de tapar el sol con un dedo, los que apoyan públicamente el movimiento y los que desde sus casas se sienten complacidos con lo que ocurre, lo único que quieren es castigo para los corruptos, que terminen las componendas y que los políticos actúen de manera diferente, y dejen de creer que todos somos retardados mentales que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor”.

El obispo emérito de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa reiteró su condena de la corrupción como “basura moral que hace daño y contamina”. Y en rueda de prensa, la orden religiosa de los Capuchinos Franciscanos apoyó la Marcha Verde planteando que “la corrupción y la impunidad empobrecen la sociedad dominicana”.

Circula en las redes sociales un estudio de la institución internacional Enodo Global con el título de “República Dominicana: Corrupción, Riesgo Social y Seguridad”, que concluye en que las confesiones de Odebrecht “generaron riesgo social” en la nación. “Transformó las tensiones sociales y las quejas subyacentes contra el Gobierno en hostiles discusiones en línea y protestas. Movilizó a individuos, redes sociales, grupos de activistas y grandes segmentos de la población a la acción como nunca antes. Más aún logró que los ciudadanos cambiaran su percepción de la corrupción y la impunidad.

Sostiene que “El riesgo social representa una amenaza real para las estructuras sociales formales e informales, el Gobierno y las instituciones políticas, la seguridad y la economía”, por lo que recomienda desarrollar una comprensión profunda para diagnosticar los factores de riesgo social, diseñar estrategias para evitar que se transforme en agitación civil, y “fortalecer la agenda anti corrupción y el sistema de partidos políticos”.

La oportunidad de comenzar se la brinda la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para renovar el Tribunal Superior Electoral y cuatro (4) miembros de la Suprema Corte de Justicia, iniciando la despolitización de las altas cortes, y buscando consenso para aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.

Desafíos del bloque opositor frente al poder omnímodo

 

Por Juan Bolívar Díaz
27_11_2016 HOY_DOMINGO_271116_ El País13 A

El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE). Pocos ven posibilidades de que esa mezcla […]

El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE).

Pocos ven posibilidades de que esa mezcla política de derecha, centro e izquierda, pueda mantenerse por mucho tiempo, sobre todo contando con las capacidades de manipulación pública y privada del partido gobernante, pero solo unidos y apelando a la sociedad podrían enfrentar el control político y social que ejerce el PLD.

La experiencia de la JCE. Al evaluar los resultados de la lucha por una JCE independiente del poder peledeísta, los opositores políticos podrían reivindicar que lograron mediatizar los impulsos primarios que pretendían reproducir el dominio absoluto del PLD sobre el organismo, desplazar a Roberto Rosario de su presidencia, y forzar la escogencia de una mayoría de titulares independientes, incluyendo al doctor Julio César Castaños como presidente.

Es indudable que el PLD impuso su mayoría aplastante para escoger los suplentes, pero tuvo que transar en los titulares, lo que no hubiera ocurrido sin la presión desatada por el bloque opositor. Fue importante también la participación de las organizaciones sociales que constituyen la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. Pero esta no hubiese podido desatar muchas fuerzas sin que hubiese partidos políticos en posición más radical. En otras palabras: la sociedad civil no puede hacer el papel de los partidos.

El aparato mediático peledeísta se ha empeñado en presentar a la oposición como vencida y desacertada, porque ha quedado ahora sin un Eddy Olivares entre los titulares, como si los valiosos aportes de este bajo el dominio de Roberto Rosario hubiesen podido impedir la manipulación política del órgano electoral. La oposición fue coherente en rechazar un reparto que la experiencia ha demostrado dañino, y dejó mal parados a los que pregonaban que por debajo los líderes de su mayor partido buscaban ventajas, alegato que pretendía dispersar el bloque opositor o dificultar su desempeño.

Cámara de Cuentas y TSE. En marcha el proceso para elegir los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas (CC), por parte de los órganos legislativos, pareciera que el bloque opositor ha perdido vigor, como si hubiese salido derrotado en la JCE, como han pregonado los voceros y bocinas gubernamentales. Bastante lograron para su limitada representación política y dificultades para movilizar a una población anestesiada.

Claro que la CC no despierta el mismo interés partidista que la JCE, pero debería preocuparle desde la perspectiva institucional y de cara a la sociedad civil, que valora mucho el papel del organismo fiscalizador de las finanzas públicas, afectadas por alto nivel de dispendio, malversación y corrupción que ha colocado el país en los últimos escalones en las evaluaciones del Fondo Económico Mundial y de Transparencia Internacional.

La Cámara de Diputados inició esta semana la evaluación de los 259 inscritos como aspirantes a integrar la CC, al igual que el Senado con la JCE, sin especificar una metodología que permita abrigar expectativas de que la capacidad e integridad predominarán sobre el interés político de mantener subordinado o mediatizado ese importante organismo del Estado. Aunque esta vez, al menos, las entrevistas son públicas.
Si los partidos opositores no mantienen la presión también para la elección de la CC habrán perdido el impulso cuando se convoque próximamente al Consejo Nacional de la Magistratura para la renovación del importante Tribunal Superior Electoral, contribuyendo al reflujo de la sociedad civil, que a menudo desconfía de la capacidad del sistema político para auto regenerarse.

La diversidad del bloque. Son muchos los sorprendidos por la concertación opositora tras el resultado electoral de mayo, a la que concurrieron divididos como mansos corderos con siete candidaturas para enfrentar a un partido que utilizaba su fuerza acumulada más todas las ventajas del Estado. Se creía que la unidad sería muy efímera y no llegaría al inicio del nuevo período gubernamental en agosto.

Hace poco sumaron al Partido Revolucionario Social Demócrata, el único opositor que aparecía separado. Para muchos observadores, la diversidad de posiciones políticas determina un corto periodo de vigencia de la coalición. En la derecha podrían situarse los partidos Fuerza Nacional Progresista, Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Socialista Cristiano de Soraya Aquino. En el centro estaría la mayor fuerza, el Partido Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Dominicanos por el Cambio, el Humanista Dominicano y el Revolucionario Social Demócrata. El ala izquierda la conformarían el Frente Amplio, Alianza País, Opción Democrática y Alianza por la Democracia.

Esa diversidad implica dificultades para determinar tácticas y hasta para formular sus pronunciamientos. Hace poco pasaron el día y llegaron a la medianoche concertando un comunicado en la recta final de la elección de la JCE. De ahí podría haberse derivado su principal error táctico al no reintegrarse oportunamente a la mesa de diálogo de monseñor Agripino Núñez. El empeño en evitar desgajamientos determina un paso de elefantes frente a una mezcla de tigres y leones que defienden cada pulgada de poder. La circunstancia de que el bloque opositor no tenga un claro líder que lo unifique, y que tampoco lo presente su mayor integrante, el PRM, es un factor limitante en una adolescente cultura democrática.

El PLD: divide y vencerás. Un objetivo de mediano plazo para el PLD es la desarticulación del bloque opositor, intrigando para dividirlo, tarea en que la que ya hay comentaristas empeñados, o mediante repartos estatales que tanto han contribuido a la concentración del poder.

Sea que se configure el continuismo reeleccionista que ya hasta el dirigente del PLD y excolaborador cercano de Danilo Medina, Fernando Fernández denunciara esta semana, o que los vientos de Leonel Fernández vuelvan a soplar, dado que no emerge hasta ahora una tercera opción interna, para el PLD será fundamental desarticular el frente opositor. Más importante si buscan abrir paso a otra reforma constitucional para posibilitar la continuidad del presidente Medina, más difícil de justificar, tras la reforma del 2015 que devolvió el “dos períodos consecutivos y nunca más” y consignó un dispositivo transitorio que la prohíbe expresamente. Leonel de candidato podría atraer a partidos que se entendieron mejor con él que con Danilo, y fueron aliados, la FNP, el PRSC y el PQD.

El funcionamiento colegiado del bloque opositor, con voceros rotativos ha dificultado las tácticas para dividirlos, separando al PRM del resto, mientras se incentiva la lucha interna en este. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared, llegó hasta declarar la preferencia del expresidente Hipólito Mejía como interlocutor, a quien hasta sus peores críticos lo presentan como relevo de Luis Abinader para la candidatura del 2020.

El estímulo de la confrontación por el liderazgo del PRM, sería un objetivo táctico fundamental del peledeísmo para reducir la incidencia del mayor partido del bloque opositor. Confían en que tarde o temprano los perremeístas reproducirán las feroces luchas internas que debilitaron “el buey blanco” del PRD, de donde provienen. No lo lograron antes ni después de la convención del PRM que eligió candidato presidencial a Abinader, superando ampliamente a Mejía, porque ambos fueron conscientes de que se necesitaban mutuamente la supervivencia política.

Una precipitada lucha por el liderazgo del PRM, le impediría consolidarse, reforzando su organización y democracia interna, y acreditarse como alternativa al dominio del PLD, y en lo inmediato incidiría en la dispersión del bloque opositor.

El PLD y su gobierno evaden la concertación político-social

  Por Juan Bolívar Díaz

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Desperdiciaron la oportunidad de iniciar una concertación político-social que mejoraría las perspectivas de los pendientes pactos fiscal y eléctrico, y de las reformas político-electorales aunque tuvieron que mediatizar su absoluto control de la JCE

           

Como para no dejar dudas, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió la integración de la Junta Central Electoral (JCE), evadiendo el diálogo político social reclamado intensamente durante cuatro meses por los doce partidos de oposición y un amplio movimiento de la sociedad civil.

            Los que lucharon por ejecutivos con perfil ético y sin ataduras partidarias lograron mediatizar el control peledeísta sobre el organismo rector de elecciones y del registro civil,  pendientes ahora de la renovación de la Cámara de Cuentas (CC), por el Congreso Nacional, y del Tribunal Superior Electoral por el Consejo Nacional de la Magistratura.

La transacción Castaños

            Tal como se advirtió en esta página el 6 de noviembre, el doctor Julio César Castaños Guzmán terminó electo presidente de la JCE como fórmula de transacción, que habría partido del gobierno del presidente Danilo Medina y terminó acogiendo el Comité Político del PLD, por los intensos reclamos del bloque de partidos de la oposición y de los sectores más activos de la sociedad civil organizada.

            Si bien tres de los cinco titulares del organismo no tienen vínculos con el partido de gobierno, la totalidad de sus suplentes son peledeístas, dos de ellos miembros del Comité Central del partido gobernante. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, que agrupa más de treinta organizaciones de la sociedad civil, acogió la designación de Castaños, además de Roberto Saladín y Carmen Imbert, por considerar que llenan el perfil adecuado de reputación profesional, ética e independencia. El bloque de 12 partidos de oposición sólo acogió a los dos primeros, y aunque a la doctora Imbert le reconoció integridad y profesionalidad, la descartaba por haber apoyado públicamente la reelección del presidente Danilo Medina.

            Castaños llegó con aval general por sus ocho años en la JCE, cuatro como presidente, y por su reconocido ejercicio profesional, público y privado, Roberto Saladín, quien demostró independencia siendo gobernador del Banco Central bajo el último gobierno de Joaquín Balaguer, y embajador de los gobiernos del PLD, también fue considerado apto, aunque algunos mantuvieron reservas por pasar de 80 años, ya que los jueces de las altas cortes se retiran a los 75. Carmen Imbert, se ha distinguido en cargos judiciales, como escritora, articulista y comentarista de radio y televisión.

Los vinculados políticos

            Rosario Graciano y Henry Mejía, quienes completan la dirección de la JCE, recibieron objeciones políticas y sociales por sus vínculos partidarios y él, además, por  haber sido de los integrantes de la Cámara de Cuentas que tuvieron que renunciar en el 2008 en vísperas de un juicio en el Senado, tras ser acusados por la Cámara de Diputados de violación de la Constitución y varias leyes, de nepotismo y otros cargos, y por su vinculación al Partido Revolucionario Dominicano, aliado al gobierno.

            Las mismas objeciones que a Mejía, se hacían a Freddy Bolívar Almonte, un promotor político del presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, quien apareció en la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD la semana anterior, y en esta fue sustituido por Rosario Graciano, única de los anteriores titulares del organismo que permanecerá en el cargo, al que llegó tras desempeñarse como subsecretaria de prensa del PLD y luego como vicecanciller.

            Los cinco suplentes electos tienen vínculos con el PLD, y varios se han desempeñado en diversos cargos administrativos. Luis García y Juan Bautista Cuevas aparecen en la matrícula de su Comité Central. El primero, que suple a Carmen Imbert, es periodista y asesor de prensa del presidente Medina; y el segundo, suplente de Henry Mejía, es un cercano colaborador de Reinaldo Pared. Al suplente de Castaños, Luis Minier Almonte, abogado de Santiago, se le relaciona con el expresidente Leonel Fernández y Monchy Fadul.  José Lino Martínez, suplente de Saladín, es un colaborador del senador por Monseñor Nouel Félix Nova; a Rafael Evangelista, suplente de Graciano, se le asocia al senador por Samaná, Prim Pujols.

Tuvieron que conceder

            Es obvio que la JCE mantiene un fuerte sello partidista, total en los suplentes, aunque distante del absoluto que los senadores peledeistas pretendían. En los titulares se operó una renovación  de cuatro quintas partes, dejando fuera al polémico presidente Roberto Rosario, quien había convertido el organismo en un feudo personal y lo arrastró al  sectarismo y al “tollo tecnológico”  del escrutinio en el proceso electoral de mayo pasado.

            La unidad de la oposición y el activismo de la sociedad civil, que movilizó a las jerarquías religiosas y empresariales, forzaron la transacción en la composición de la JCE, y mostraron que se requiere sumar muchas energías para contener los ímpetus absolutistas de un partido que controla todos los poderes públicos, y gran parte del aparato comunicativo y de las ausentes academias universitarias y organizaciones sindicales y profesionales.

            El proceso evidenció la manipulación partidista y el desprecio a las metodologías y búsqueda de consenso. Más de 200 candidatos a integrar la JCE resultaron conejillos de indias pues, más allá de formulárseles algunas preguntas en entrevistas de 15-20 minutos, no fueron objeto de una evaluación, previa metodología científica, que incluye capacidades, actitudes sicológicas y currículo, como ocurre en el mundo contemporáneo para cualquier cargo de mediana jerarquía y que demandaran las entidades sociales.

            En siete de los diez elegidos prevaleció el vínculo partidista y con los propios senadores electores. Aunque proclamaron muchas veces que la elección era patrimonio exclusivo del Senado, al final intervino el Comité Político peledeísta, que creó una comisión para cerrar acuerdos y se decidió sustituir a uno de los objetados por el escándalo de la CC en el 2008, otra concesión a la oposición y la sociedad civil.

Una oportunidad perdida

            Aunque transaron parcialmente frente a los reclamos políticos y sociales, el gobierno y el PLD desperdiciaron la oportunidad de mostrar interés en la búsqueda de los  consensos demandados por la sociedad para aprobar los grandes pactos pendientes, dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que en enero cumplirá cinco años, como el eléctrico y el fiscal, y para las leyes del sistema electoral y de partidos.

            El gobierno no ha logrado conseguir consenso para el pacto eléctrico, cuya concertación cumplirá dos años en enero. El pacto fiscal fue intentado al inicio del gobierno de Medina en el 2012, pero fue abandonado pocas semanas después, y no ha vuelto a estar en la agenda gubernamental, a pesar de las demandas públicas y las limitaciones  fiscales con que se maneja el Estado, con grandes deudas sociales en materia de pobreza, salubridad, agua potable, electricidad, salarios de servidores públicos,  transporte y otros.

            El problema radica en la escasa vocación concertadora que prevalece en el sistema político, acentuado entre los peledeístas. Después que la oposición política y la sociedad civil acogieron dos y tres de los cinco candidatos a la JCE que propuso el PLD, bien pudo escogerse los otros entre personalidades de consenso, y ser menos sectarios en la elección de los suplentes, Pudieron crear un mejor ambiente para las concertaciones necesarias.

La Cámara de Cuentas

            La atención pública se desplaza ahora hacia la CC, el máximo organismo de control y auditoría de los recursos públicos, cuyos cinco titulares también concluyeron su período constitucional el 16 de agosto pasado. De acuerdo al artículo 248 de la Constitución son elegidos por el Senado de ternas que presenta la Cámara de Diputados.

            Tanto la oposición política como la sociedad civil a través de su Iniciativa  por la Institucionalidad Democrática, y líderes de diversos ámbitos han extendido a la CC su demanda  de profesionales independientes de todos los poderes. La preocupación es generalizada por los altos niveles de corrupción y la impunidad prevalecientes en el país.

            Entre los actuales titulares de la CC también prevalecen los vinculados al partido de gobierno, aunque en general han guardado un perfil profesional y su presidenta Liselotte Marte de Barrios, proveniente del Partido Reformista Social Cristiano, es una profesional con perfil de independencia y de ejercicio público decoroso.

            El martes 15 la Cámara de Diputados publicó un listado de 259 aspirantes a integrar la CC, 5 más que la vez anterior,  y llamó a vistas públicas a partir de mañana lunes y hasta el 5 de diciembre, donde participarán los candidatos y cualquier ciudadano podrá presentar observaciones. Empero no se ha precisado la metodología de evaluación y elección.

            Otros con período vencido en agosto son los jueces del Tribunal Superior Electoral,  por  igual objetos de conflictos  políticos, pero aún no se convoca a su órgano elector, el Consejo Nacional de la Magistratura, también con mayoría del PLD.-     

Aunque con dificultades, avanza el diálogo político

Por Juan Bolívar Díaz

INFORME ESPECIAL

Tras la voluntad expresada por el Gobierno, es obvio que se ha abierto un espacio de concertación para elegir la nueva Junta Central Electoral (JCE), lo que el bloque opositor debería responder retornando a la mesa de diálogo para formalizar la excelente reserva de candidatos inobjetables, sin reparto partidista, que ha señalado.

Tal como dijo la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) de la sociedad civil, que aprobó a tres y objetó dos de los candidatos de la planilla para titulares presentada por el partido de Gobierno, se ha avanzado en la concertación y todavía hay tiempo para crear un nuevo espacio de diálogo que se extienda a los pactos pendientes.

Un diálogo de altibajos. Aunque con altibajos, recriminaciones y dificultades, es obvio que ha habido diálogo entre la oposición y el Gobierno en el conflicto por la elección de la JCE, y como celebró la IDEM el viernes, se ha comenzado a producir consenso, ya por lo menos en dos de los cinco titulares a partir de los propuestos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre los cuales hay dos con serias dificultades.

Es claro que las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del ministro administrativo, José Ramón Peralta, al comenzar el mes, marcaron la voluntad del Gobierno de dialogar en búsqueda de consenso y frenaron los ímpetus de la comisión senatorial, primero, y luego esta semana del Senado en pleno que volvió a aplazar la elección, dando tiempo a las negociaciones.

Una declaración escrita de monseñor Agripino Núñez confirma el diálogo indirecto en marcha. Aunque niega la versión del bloque opositor de que la planilla de cinco para titulares de la JCE que encabeza Julio César Castaños Guzmán fuera entregada por el presidente Danilo Medina, reconoce que el mandatario le pidió a él y al secretario general del PLD “que trataran de elaborar una propuesta consensuada para la integración de la nueva JCE”.

Y luego les dijo que prefería no involucrarse, por la separación de poderes, pero que intentaran “identificar eventuales candidatos que tuvieran aceptación ante el país”.
Núñez Collado precisó que la planilla de cinco le fue entregada por el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente de la comisión senatorial evaluadora de candidatos, Dionis Sánchez.

Castaños Guzmán no estaba en los planes de la comisión senatorial, pues ni siquiera fue evaluado, y hay confidencias de que, por lo menos él, fue aporte del presidente Medina al consenso, por tratarse de alguien inobjetable.

Dos parecen inaceptables. De la planilla de cinco del PLD (Reinaldo-Dionis), el bloque opositor aceptó al candidato a presidente Castaños Guzmán y al abogado y economista Roberto Saladín, exgobernador del Banco Central y exembajador. Pero objetó a Henry Mejía, Freddy Bolívar Almonte y Carmen Imbert Brugal, los dos primeros por sus vinculaciones políticas y por haber estado envueltos en un escándalo en el 2008 en la Cámara de Cuentas y a ella por haber promovido la candidatura de Medina en los pasados comicios.

Mejía, suplente del titular de la JCE Eddy Olivares, está vinculado políticamente al Partido Revolucionario Dominicano y a su presidente Miguel Vargas Maldonado, y se dice que su postulación es parte de “un compromiso político”.

Bolívar Almonte, peledeísta proveniente del Partido Reformista, fue de los ejecutivos de Reinaldo Pared en su persecución de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

Además de sus vínculos políticos, Mejía y Almonte tienen en común haber sido de los renunciantes a la Cámara de Cuentas en el año 2008, después que la Cámara de Diputados aprobara a unanimidad someter a juicio político ante el Senado a todos los integrantes de ese organismo estatal, en medio de un escándalo nacional, bajo cargos de violar la Constitución y las leyes de la Cámara de Cuentas, de Función Pública, y de Contrataciones Públicas, de ineficiencia, nepotismo y sobornos. Solo Alcides Decena Lugo evadió renunciar y fue destituido por el Senado.

Por los mismos motivos la IDEM los descalificó a ambos para integrar la Junta Central Electoral, pero a Carmen Imbert le reconoció integridad y capacidad.

Las ternas de la comisión. Aunque evaluó a más de 200 aspirantes a integrar la JCE, la comisión senatorial presidida por Dionis Sánchez parece no haber encontrado muchos que pudieran ser objeto de consenso.

De los quince presentados esta semana para titulares y otros tantos para suplentes, una parte están vinculados al partido de Gobierno y diez son funcionarios de la JCE, encabezados por sus titulares Roberto Rosario y Rosario Graciano, ambos provenientes de la dirección del PLD.

El listado incluye al suplente de Rosario, Juan Isidro Gautreaux, al secretario general de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira, y su suplente Lourdes Teresa Salazar, al consultor jurídico Alexis Simeón Dicló, a los suplentes de titulares José Lino Martínez y Rafael Evangelista Alejo, así como a la directora del Registro Civil, Dolores Fernández Sánchez. Casi todos de la absoluta confianza de Roberto Rosario.

De la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD para titulares de la nueva JCE, cuatro figuran en las ternas de la comisión, siendo la excepción Castaños Guzmán, el postulado a la presidencia.

Sugeridos por la oposición. Monseñor Agripino Núñez Collado no dijo que el bloque de partidos opositores hubiese presentado candidaturas, pero Reinaldo Pared aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió una lista de 15 candidatos, a través del mediador, entre los que citó a Castaños Guzmán y Saladín. Además al expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero Isa, y su actual titular Miriam Germán, a los exmiembros de la JCE Luis Mora y Rafael Vallejo Santelises, a la jueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez, a la abogada y articulista Marisol Vicens, al comentarista radiofónico Ricardo Nieves y al pastor evangélico Braulio Portes.

El presidente del PRM, Andrés Bautista, reconoce que, no solo su partido, sino todo el bloque de oposición, respondió una petición de quiénes podrían ser miembros de consenso de la JCE y que ellos señalaron a esos diez, y otros cinco que no identificó Pared Pérez, como personas que “reúnen el perfil deseado, sin siquiera haber hablado con ellos”.

Los cinco adicionales fueron el exjuez de la Suprema Corte Julio Aníbal Suárez, el actual juez de corte de apelación Rafael Ciprián, la exprocuradora general Semíramis Olivo de Pichardo, y los abogados Juan Francisco Puello Herrera y Juan Manuel Rosario.

Bautista resaltó que ninguno de ellos tiene vinculación política, y que son abogados de largo ejercicio público, jueces y exjueces calificados por su independencia, que no se han visto envueltas en escándalos “y que son inobjetables”.

Escenario para negociación. El escenario parecería listo para lograr un consenso, para lo cual es necesario reducir los discursos de confrontación.

El bloque de oposición debería volver a la mesa del diálogo que media Núñez Collado y formalizar su excelente nómina.

Si aceptan a Carmen Imbert junto con Castaños y Saladín, de la planilla del PLD podrían demandar la escogencia de los dos restantes entre los quince que ellos señalaron, o por lo menos uno y que el PLD renuncie a sus vinculados políticos y señale otro que sea aceptable para todos. Lo mismo habría que hacer para escoger los cinco suplentes.

Aunque el presidente Medina insista en que no quiere interferir, la convicción general es que las declaraciones de Montalvo y Peralta reflejan su decisión de favorecer algún nivel de consenso.

La planilla presentada implica el reconocimiento de la necesidad de renovación de la JCE, como ha demandado el bloque opositor, la sociedad civil organizada, las iglesias, empresarios y medios de comunicación.

Tal como planteó la Iniciativa Democrática el viernes, todavía hay tiempo para materializar la demanda de “un diálogo político-social fructífero para renovar no solo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, escogiendo personas sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas”.

Sigue sin entenderse que el presidente Medina no sea el primero en disminuir la confrontación política promoviendo abiertamente la concertación para mejorar las perspectivas de los pendientes pactos eléctrico y fiscal, fundamentales para el éxito de este su segundo y último período de Gobierno, cuyo inicio está aletargado por inocultables estrecheces financieras.

Urge superar las confrontaciones y abrir nuevos surcos para que fructifiquen soluciones a los graves problemas nacionales, de equilibrio fiscal, de salubridad, agua potable, electricidad, de inseguridad, caos del transporte, medio ambientales y de corrupción y desprecio de la institucionalidad.

Avanza el aterrizaje suave en la elección de la JCE

El gobierno parece inclinado al reclamo cada día más amplio de árbitros electorales independientes de los poderes  y trasciende que podría darse un consenso por lo menos en la figura de Julio César Castaños Guzmán para presidir la JCE

Por Juan Bolívar Díaz

            Las declaraciones de los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta marcaron esta semana la opción del gobierno por el “aterrizaje suave” en la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), frenando los ímpetus de senadores y dirigentes partidistas que pregonan la  simple imposición del poder político.

            Al caer la semana se daba por hecho en múltiples ámbitos políticos que el gobierno impulsaría un consenso para llevar al doctor Julio César Castaños Guzmán a la presidencia del organismo, acogiendo el reclamo de árbitros electorales independientes enarbolado por toda la oposición política y cada vez más amplios segmentos de la sociedad civil.

Lanzamiento de Montalvo

            Para el miércoles 2 estaba anunciada la decisión sobre la elección de los cinco nuevos titulares de la JCE en la Comisión Especial del Senado que en los últimos tres meses recibió y procesó los expedientes de 222 aspirantes a esos cargos, los cuales ya habrían sido reducidos a 60, y predominaba el discurso de que sólo los senadores tienen facultad para deliberar al respecto.

            Pero el martes 1 HOY desplegó la opinión del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien expresó: “confío que la nueva JCE se conforme con personas idóneas, que tengan el perfil adecuado, que sean personas que no estén atadas a ningún compromiso de ninguna naturaleza, ni que respondan a partidos políticos o a grupos de presión”.

            La opinión cayó como bomba entre los más pugnaces del Senado y del partido de gobierno y en su inmensa legión de comunicadores, algunos con tantos ímpetus que dieron por hecho que la comisión propondría las ternas y se procedería de inmediato a la elección en la sesión previamente convocada para el miércoles, lo que no ocurrió, a lo que también contribuyó otra declaración, esta vez del ministro Administrativo de la Presidencia.

            José Ramón Peralta, quien hace semanas era parte de la línea dura de la imposición y llegó a descalificar hasta los reclamos de la sociedad civil, avaló de inmediato a Montalvo, indicando que “La ley dice que lo mejor es que sean jueces sin vinculación política, independientes, y que si no hubiese independientes, que sea una junta equilibrada. Es lo que dice la ley y yo me acojo a lo que diga la Constitución”.

Una decisión del gobierno

            Sólo los fanáticos intentaron desconocer las señales del gobierno. Gustavo Montalvo y  Peralta son los dos funcionarios principales del presidente Danilo Medina, y  el primero ha sido catalogado como un  primer ministro, quien por demás es el más renuente a dar opiniones a la prensa, pero que junto a su equipo técnico-jurídico y político ha asumido decisiones importantes en cuestiones conflictivas, como fue el caso de la ley para amortiguar la sentencia de la  desnacionalización, la observación al código penal en el asunto del aborto terapéutico o la rectificación sobre los terrenos de Bahía de las Aguilas.

            La realidad es que el presidente Medina no ha sido indiferente en ningún caso, sino que ha dejado que “el equipo de Montalvo” cargue el peso de las cuestiones más conflictivas, sobre todo cuando hay choque de intereses al interior de su partido. Por su parte, Peralta encabezó la pelea por reducir el poder del expresidente Leonel Fernández para lograr la reforma de la Constitución que permitió la reelección del actual mandatario.

            Sería un error creer que el presidente ha capitulado o asumido por completo los reclamos de la oposición política y de la sociedad civil organizada. Más bien estaría tratando de neutralizarlos, haciendo concesiones. Aunque desde el inicio del debate sobre la JCE tras el anárquico resultado en que devino el resultado de las elecciones de mayo, empañando su amplia victoria, Danilo Medina habría comenzado a buscar distancia de la línea que proclamaba la ratificación de los actuales titulares, y se le atribuyó apoyar personas con mayor legitimidad y menos conflictividad. Roberto Rosario estaba descalificado antes que Estados Unidos le quitara las visas.

Reclamo que gana terreno

            El gobierno no puede ignorar el terreno que ha ganado la demanda de una JCE consensuada, con profesionales de experiencia, eficiencia, integridad e independencia de cualquier otro poder, logrando el apoyo de la Conferencia del Episcopado, (incluyendo el escepticismo expresado por el arzobispo Ozoria), de altos empresarios y medios de comunicación, y del mediador Agripino Núñez.  A ello ha contribuido la integración en un bloque de toda la oposición política y la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) que agrupa a unas 40 instituciones sociales y consorcios de organizaciones, desde las empresariales, y religiosas hasta las sociales y comunitarias.

            Ha ayudado también la coherencia con que los demandantes han sostenido su planteamiento de árbitros imparciales, y tanto los 12 partidos de oposición como las organizaciones sociales han sostenido un firme rechazo al reparto de puestos en la JCE, fomentando la institucionalidad democrática, libre de conflictos de  intereses. La declinación del doctor Eddy Olivares a ser reelecto en la JCE, por estar vinculado al principal partido de oposición, el PRM,  y la decisión de éste partido de someter a juicio  disciplinario a dos dirigentes que presentaron candidaturas, fueron elementos impactantes.

            Varios documentos de esos partidos, incluyendo una carta esta semana al mediador Agripino Núñez Collado, constituyeron planteamientos de firme oposición y advertencias de dificultades de gobernabilidad en caso de que el PLD ratifique su control de los órganos arbitrales. Aunque desperdiciaron el escenario de mediación de Núñez Collado y no atendieron el llamado de la sociedad civil para mantenerlo.

La fórmula Castaños Guzmán   

            Desde  mediados de la semana en diversos ámbitos políticos se barajaba la transacción gubernamental que promueve para la presidencia de la JCE al doctor Julio César Castaños Guzmán, portador de honorabilidad familiar, de espíritu conciliador y casi imposible de ser objetado por ningún sector político o social significativo. Actualmente primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y presidente de su Sala Civil y Comercial, fue miembro de la JCE del  2002 al 2010, y la presidió en el período 2006-10, sin generar antagonismos con ningún sector.

            Castaños no pasó por la evaluación de la comisión senatorial, pero con su récord  no la necesita y el pleno del Senado tiene facultad para escogerlo. Esta semana disertó sobre los desafíos de la democracia Ha sonado también para presidente, con auspicios del sector que lidera Leonel Fernández, el exfiscal y actual juez José M. Hernández Peguero, considerado parcial por haber sido precandidato del PLD. Se mencionó también a Jorge Subero, quien presidió brevemente la JCE, antes de ser electo presidente de la Suprema Corte, pero habría sido objetado por el sector leonelista.

            El “aterrizaje suave” del gobierno incluiría al doctor Santiago Sosa, quien fuera dirigente de Participación Ciudadana, y en los últimos años preside la Junta Electoral del Distrito Nacional. Suenan también Henry Mejía, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, el actual director del departamento de partidos políticos de la JCE, Guarino Cruz, la abogada y comunicadora Carmen Imbert Brugal, y los exmiembros de la JCE Luis Mora, Salvador Ramos y Rafaelina Peralta.

            De los actuales miembros, descartado Rosario y autoexcluido Eddy Olivares, se baraja a Rosario Graciano, quien llegó como dirigente del PLD, y al politólogo y abogado José Angel Aquino, el mejor técnico para dar continuidad, pero objetado por Roberto Rosario, quien lo llevó a la JCE pero no pudo doblegarlo. Rosario estaría promoviendo ante sus amigos del Senado a Mejía y a Ramos. Objeta a Graciano, quien en la evaluación lo habría acusado de personalizar la JCE, la que deja con déficit de mil millones de pesos.    

Urge concertación política

            Aunque no haya repartición en la JCE como plantea la oposición política y la sociedad civil, tendrá que mediar algún nivel de concertación, no sólo para la presidencia, sino también para los otros 4 titulares del organismo. La oposición señala el caso del Tribunal Superior Electoral donde llevaron de presidente a un honorable académico de la Universidad Madre y Maestra, Mariano Rodríguez, pero lo rodearon de jueces comprometidos políticamente que lo dejaron sin poder de decisión.

            La concertación político-social, planteada por la IDEM, tendría el beneficio adicional de abrir acuerdos para integrar el Tribunal Electoral y la Cámara de Cuentas, lo que también es inminente, y crearía un nuevo escenario donde podrían replantearse los pendientes pactos eléctrico y fiscal.

            Las perspectivas fiscales del gobierno, con un presupuesto altamente deficitario para el próximo año, y acabándosele la pista del endeudamiento, recomiendan transar en busca de gobernabilidad. Se cree que por lo menos un sector del gobierno lo entiende así, pero no  en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana.-

 

Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
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El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.

Informe crítico de la OEA incentiva reformas electorales

Fue oportuna la presentación ante el Consejo Permanente de la OEA de un informe crítico de las elecciones nacionales de mayo, que urge una “reforma estructural profunda” del marco electoral para promover la equidad y la transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

            El crítico informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) sobre las últimas elecciones nacionales, presentado esta semana a su Consejo Permanente, llegó en un momento oportuno para incentivar las reclamadas  reformas electorales y políticas que apuntalen la institucionalidad democrática.

            El contenido del informe documenta las serias deficiencias del arbitraje de la Junta Central Electoral (JCE), el autoritarismo con que actuó frente a los partidos de oposición, el fracaso por la atropellada imposición de nuevas tecnologías y “altos niveles” de inequidad en el financiamiento y en el acceso a los medios de comunicación.

Fuertes críticas a la JCE

            El informe final de la MOE/OEA mantiene la línea crítica que ya adelantó en un balance preliminar dos días después de la votación del 15 de mayo, pero la novedad es que fue conocido y comentado por varios embajadores ante el Consejo Permanente de esa institución en Washington. Para observadores calificados es fuertemente crítico dentro del lenguaje diplomático que se estila cuando se trata de un Estado miembro.

            La misión que encabezó el expresidente colombiano Andrés Pastrana fue particularmente crítica de la gestión de la JCE, que “asumió atribuciones que son tradicionalmente legislativas”, que impuso un proceso de escrutinio “no estipulado” en el artículo 127 de la ley electoral, que la llevó a “desacuerdos graves con los partidos de oposición”. Lamenta que en ningún momento la JCE se reunió a dialogar con los partidos, aunque “la comunicación fluida, permanente y formal entre autoridad, partidos y ciudadanía es fundamental para el desarrollo exitoso de todo proceso eleccionario”.

            Sostuvo que cuatro resoluciones e instructivos diferentes en los días previos a la votación derivaron “en una clara falta de certeza en una etapa clave del proceso” y que la principal fragilidad estuvo en el uso de una nueva tecnología, al punto que “la modalidad manual, contemplada en la ley, pero interpretada inicialmente como contingente por la JCE. terminó siendo indispensable” para el escrutinio. “La consecuencia más visible” fue el retraso en la emisión de los resultados, hasta 13 días después de la votación.

            El informe señala el fracaso en el uso de la automatización que debe ser paulatina y “tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”, y quejas por la pérdida de confianza en las autoridades electorales.

Diseño para la inequidad

            La MOE/OEA fue también crítica de un sistema “que genera muchos vacíos legales y falta de claridad para la nueva realidad Dominicana”, que el modelo de financiamiento público de partidos y campañas “no está diseñado para generar condiciones de equidad”, que pudo observar “altos niveles de inequidad en el acceso a los medios de comunicación”.

            Coincide con las críticas nacionales a un régimen que “no regula el acceso a los medios de comunicación privados ni establece límites de contratación en las campañas partidistas. Y plantea que “es deseable una coordinación interinstitucional entre las dependencias gubernamentales involucradas en el manejo y fiscalización de los recursos, incluyendo la Cámara de Cuentas, JCE, los bancos y el Ministerio de Hacienda.

            El informe consigna vicios del sistema político dominicano como la realización de proselitismo hasta en el interior de los colegios de votación, aglomeraciones en los recintos y denuncias de compras de votos y cédulas, y deploró la muerte de seis personas en los incidentes que siguieron al cierre de la votación y durante el lento cómputo.

            En lo que la MOE/OEA se queda corta es en la  consignación de los abusos de los recursos estatales, de la publicidad gubernamental, de la participación de casi todos los altos funcionarios en la  campaña electoral, que no pudo verificar porque llegó al final, lo mismo que se fue sin que concluyera el cómputo, por los pocos recursos financieros con que contó, por donaciones de Estados Unidos, Bolivia, Perú, España, Israel y Luxemburgo.

Las recomendaciones

            Las recomendaciones con que concluye el informe se pueden resumir en “la importancia de que se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral. Que se defina con mayor claridad el proceso de escrutinio, que las nuevas tecnologías se implementen paulatinamente. También “que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público y un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas, como de la ciudadanía a estar bien informada.

            Propugna porque se establezcan límites al financiamiento político proveniente del sector privado, y se fortalezca la  capacidad de fiscalización, control y sanciones para las violaciones de las normativas vigentes, mediante la coordinación interinstitucional de los organismos estatales relacionados con la rendición de cuentas.

            Así  mismo, sugiere un sistema de medios de impugnación integral que contemple mecanismos de justicia electoral que oportunos para garantizar los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, “para avanzar en el respeto al estado de derecho que debe primar en el proceso electoral”, desvincular la elección del senador y los diputados y efectivas  garantías para la participación electoral y política de las mujeres. Reformas fundamentales            

            Las recomendaciones de la misión de la OEA hace tiempo que aparecen en los múltiples consensos alcanzados por los partidos y organizaciones sociales, a partir de los promovidos en 1993-94 por la Fundación Siglo 21, luego por el Diálogo Nacional, la Comisión para Reforma del Estado y en el Consejo Nacional de Reforma del Estado y otros que consigna una cronología de la Iniciativa por la institucionalidad Democrática.

            Diversos proyectos de ley de partidos han sido introducidos al Congreso en unas ocho legislaturas, uno de ellos elaborado por una misión técnica de la OEA, que también consensuó otro para adaptar el régimen electoral a la Constitución del 2010, ambos  sometidos a las cámaras legislativas por la JCE en tres ocasiones. Pero ha faltado voluntad política para adecuar la legislación electoral a los avances de la democracia contemporánea. Estudios internacionales indican que la República Dominicana  Haití y Honduras son los más atrasados en regulaciones para garantizar elecciones democráticas.

            Dirigentes del PLD, como el expresidente Leonel Fernández, privilegian la ley de partidos, centrando las diferencias que han impedido su aprobación en si las elecciones primarias serían por voto universal abierto o de los miembros, si simultáneas en  todos los partidos, o si por convenciones. Cualquiera de esas modalidades podría ser válida si se adoptan garantías de que operen los principios democráticos.

            Las trabas reales son las regulaciones para transparentar el financiamiento privado, la equidad y rendición de cuentas sobre la contribución pública, los límites del gasto y la extensión de las campañas primarias y nacionales, la equidad en los medios de comunicación, el control de los abusos del Estado, del presidencialismo, el clientelismo, el rentismo y el transfuguismo, y las sanciones eficientes de los delitos electorales.

La nueva concertación

            Se debería esperar que el informe de la MOE/OEA tenga repercusión en el nuevo intento de concertación que modera monseñor Agripino Núñez Collado, por encargo del presidente Danilo Medina, que esta semana abrió las puertas a la participación de la sociedad civil interesada, la cual ha planteado la necesidad de un amplio pacto político, que implique no sólo las leyes de partido y del régimen electoral, sino también otra de responsabilidad fiscal. Y también la elección por consenso de profesionales sin militancia partidista para integrar los organismos electorales, las altas cortes y la Cámara de Cuentas.

            La oposición política, con una decena de partidos, mantiene posición coincidente con la de la sociedad civil, y específicamente el Partido Reformista Social Cristiano propuso una “ruta crítica” para la búsqueda de consenso sobre esas leyes y la elección de los integrantes de los organismos de control, incluyendo el perfil que deben tener. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática también entregó un perfil de competencias.

            Aunque el partido de gobierno, que al principio se oponía a la participación de la sociedad civil en el concertó, se abrió a escucharla, habrá que definir en qué dimensión. La demanda es de participar en los consensos, como ocurrió en cuestiones tan diversas y trascendentes, como la Constitución, la ley de seguridad social, la Estrategia Nacional de Desarrollo, o los pactos educativo, eléctrico y fiscal. Y en  las reformas políticas y electorales y elección de la Suprema Corte y de la JCE en los años noventa.-

En la oposición, el PLD buscaba la sociedad civil

Por Juan Bolívar Díaz

Las dos veces que el PLD alcanzó el poder se buscó el amparo de la sociedad civil que ahora rechaza y desprecia, con la que modificó, también dos veces, la composición de la Junta Central Electoral y creó comisiones de seguimiento a sus labores.                                                

            La oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que la sociedad civil participe en los consensos para las leyes de partido y electoral y la elección de los árbitros electorales, contradice su actuación cuando no controlaba el poder, al que accedió con amparo social, llegando a modificar la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).

            El liderazgo social ha sido coherente, participando desde los años 90 en múltiples consultas, reclamando reformas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática y específicamente  independencia de los árbitros electorales y de las cortes judiciales, sin haber pretendido controlarlas.

Doble rechazo del PLD

            Esta semana el PLD ratificó su rechazo a la participación de cualquier estamento de la sociedad civil en la búsqueda de consenso para las pendientes leyes de partido y del régimen electoral y para la conformación de los órganos electorales, en contradicción con lo que fue su accionar cuando no controlaba el poder del Estado.

            Dionis Sánchez, el presidente de la Comisión Especial del Senado que inició el procedimiento para la elección de los integrantes de la JCE, dejó claro su rechazo a la intervención de las organizaciones sociales que han pedido un pacto político-social para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

            En la reunión el martes de la comisión de mediación para discutir una vez más las leyes de partido y electoral, que como tantas veces desde los años noventa encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, los delegados del PLD también rechazaron la participación allí de representantes sociales, como han solicitado instituciones como Participación Ciudadana (PC) y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.

            En todos los escenarios, el presidente del Senado y secretario general peledeista, Reinaldo Pared, y sus voceros en las cámaras legislativas, han rechazado cualquier participación social, invocando que es a ellos a quienes la Constitución faculta para legislar y conformar la JCE y la Cámara de Cuentas.

            Las organizaciones sociales no pretenden sustituir a los legisladores, pero reclaman el derecho a promover consensos sobre el perfil que deben reunir los árbitros, especialmente “que no sean representantes de los partidos”, como se estableció en el Pacto por la Democracia que el PLD propuso en 1994, junto a organizaciones sociales, antes de llegar al poder. Entonces apoyó la observación electoral y el conteo rápido de PC.

Proponen foro tripartito

            El rechazo del PLD a la participación de la sociedad civil ha sido tan tenaz que a ningún líder social se le ha ocurrido ahora reclamar derecho a señalar candidaturas como en 1997 cuando ese partido y el presidente Leonel Fernández lo acogieron y auspiciaron para elegir la Suprema Corte de Justicia en 1997, cuando el PLD era minoría en el Congreso, o para elegir la JCE que encabezó el doctor César Estrella Sahdalá en 1994.

            El martes  el Partido Revolucionario Moderno (PRM) representado por su presidente y su secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, solicitó la conformación de un foro tripartito, con delegados de los partidos en el gobierno, de la oposición y de la sociedad civil. Sólo lograron la conformación de dos bloques de 8 miembros, gobierno y oposición. El PLD estuvo representado por Reinaldo Pared y el exvicepresidente de la nación Rafael Alburquerque.

            Andrés Bautista adelantó que van a insistir en la participación de la sociedad civil, en un diálogo tripartito “como se hizo en los años noventa”, comenzando mañana lunes con una rueda de prensa. Aseguró que establecerán un mecanismo rotativo para que todos los partidos de oposición que concurrieron a las últimas elecciones, y actúan en coordinación desde entonces, puedan participar en la búsqueda de un consenso político-social.

            El PRM ha coincidido con la sociedad civil en que se deben elegir personalidades con independencia de los partidos para integrar tanto la JCE como la Cámara de Cuentas y posteriormente los titulares de las altas cortes, comenzando por los del Tribunal Superior Electoral cuyo período venció el 16 de agosto pasado. Y ha sostenido, junto al PRSC y el resto de la oposición, que no aceptará cuota partidaria en esos organismos.

 Leonel acorraló la JCE

            En septiembre de1998, cuando el Senado controlado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) eligió una JCE sin consenso con los demás partidos, tanto el PLD como el Partido Reformista procuraron la mediación de Agripino Núñez, de empresarios y directores de medios de comunicación, con respaldo de PC, la Finjus y otras entidades sociales para revocar la entonces también “soberana decisión” de los facultados por la Constitución para elegir.

            La crisis política, que ya había comenzado cuando el gobierno del PLD se impuso, hasta con vuelos rasantes de helicópteros militares, en la elección del secretario general de la Liga Municipal, donde los perredeístas eran mayoría, llegó al grado de que los reformistas y Vincho Castillo elevaron una petición de embargo a las cuentas de la JCE.

            Aunque esa instancia carecía de valor jurídico ya que la Ley Electoral definía a la JCE como “una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable”, el presidente Leonel Fernández dispuso la retención de los fondos presupuestarios del organismo, hasta que un tribunal dictaminara sobre la instancia.

            La confrontación duró hasta mayo de 1999. La sociedad civil apoyó el reclamo de consenso del PLD y el PRSC, aunque ninguno de los cinco jueces elegidos, encabezados por Manuel Ramón Morel Cerda, eran dirigentes del PRD, y la crisis se saldó con la mediación social, ampliando a siete los integrantes de la JCE para incorporar a Roberto Rodríguez Estrella y Julio César Castaños Guzmán, propuestos por el PLD y el PRSC. Los otros cuatro eran Ana Teresa Pérez, Luis Ramón Cordero, Luis Arias y Salvador Ramos.

Comisión de Seguimiento

            Con el PRD controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo, y más aún cuando el presidente Hipólito Mejía (2000-04) impuso una reforma constitucional para poder buscar la reelección, la mediación de la sociedad civil fue una constante en la JCE. Para los comicios del 2000, Participación Ciudadana, con apoyo de otras entidades, demandó una auditoría al nuevo padrón electoral que conformó el tribunal. El PLD y los demás de la oposición apoyaron, y la organización cívica, con respaldo técnico del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, realizó la auditoría en medio de tensiones, pero el padrón resultó inobjetable.

            Con el PRD en el poder,  a instancias del PLD y el PRSC se creó una Comisión de Seguimiento a las labores de la JCE, integrada, además de Agripino Núñez, por los dirigentes empresariales Elena Viyella de Paliza, entonces presidenta del CONEP, Celso Marranzini y Rafael Perelló, así como los profesionales Radhamés Mejía, José J. Puello y Marisol Vicens y el reverendo Reinaldo Franco Aquino.

            Con todos esos mediadores y el empuje del PLD-PRSC, se propició una reforma electoral, con la Ley 02-03 aprobada por el Congreso con mayoría perredeísta, y promulgada en enero del 2003, dividiendo las funciones de la JCE en dos cámaras, administrativa y contenciosa, y se elevó a 9 los integrantes del pleno. Morel Cerda, un abogado honorable de toda la vida, se cansó de las objeciones y renunció, por lo que se eligió a tres nuevos titulares: Ramón Hernández, José Luis Tavares, y Roberto Rosario. Este sería el primer titular de la JCE llegado desde el organismo ejecutivo de un partido, pues era miembro del Comité Central del PLD.

Extremos en la JCE

            A pesar de las ampliaciones de la JCE, la desconfianza por el proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía llegó a extremos, cuando la Comisión de Seguimiento impuso directores de Informática y del Registro Civil de la JCE, bajo amenaza de retirarse. Y para colmo en vísperas de las elecciones, adicionaron a la misma al embajador de Estados Unidos, Hans Hertel, y al de la Unión Europea Miguel Amado.

            Todos ellos fueron llevados precipitadamente a la JCE la noche de la elección, el 16 de mayo del 2004, bajo la falsa información difundida por los voceros del PLD de que el coronel Pepe Goico, de la seguridad del presidente Mejía, había comenzado a robarse las urnas electorales en Los Alcarrizos y que no dejaban salir  las de arroyo Hondo. Por el PLD eran miembros de la Comisión de Seguimiento Reinaldo Pared, Franklin Almeida y Radhamés Jiménez.  Todo el país vio por televisión el enérgico discurso de Monseñor Agripino Núñez, demandando un respeto a la voluntad popular que nunca estuvo en juego. A las 11 de la noche Hipólito Mejía admitió el triunfo de Leonel Fernández y se convirtió en el único presidente dominicano derrotado, hasta ahora, en un intento reeleccionista. Luis Arias,  quien presidió esa JCE y luego sería designado embajador por el presidente Leonel Fernández, fue un aliado eficiente  de PC en la observación electoral.

            El PLD agradeció la observación electoral de Participación Ciudadana y decenas de organizaciones aliadas, que por segunda vez habían registrado su ascenso al poder, en su conteo electoral rápido por muestreo, antes que la JCE llegara al tercio del escrutinio.-

 

 

 

El doble estándar del PLD frente a la Sociedad Civil

Son desproporcionadas, contradictorias y regresivas las reacciones que niegan el derecho a la participación de las organizaciones sociales que esta semana anunciaron una Iniciativa por la Institucionalidad Democrática  

Por Juan Bolívar Díaz

            Las reacciones de los voceros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática por parte de una docena de organizaciones sociales, son contradictorias con una extensa cadena de concertaciones con la sociedad propiciadas por los gobiernos de las últimas tres décadas.

            El liderazgo social se compromete a impulsar las reformas políticas contenidas en los proyectos de leyes de partido y del régimen electoral y de transparencia y responsabilidad fiscal, así como dar seguimiento a las próximas elecciones de nuevos titulares de las altas cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Un acuerdo político-social

            El martes 9 fue publicada la “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, suscrita por 5 de las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y otras 7 entidades sociales, comprometiéndose a “trabajar por un gran acuerdo político y social que tenga por meta alcanzar la institucionalidad democrática indispensable para lograr un verdadero Estado social y democrático de  derecho como lo manda nuestra Constitución”.

            La iniciativa nace “con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones que demanda la institucionalidad democrática” de la nación, especificando una ley de partidos que garantice que estos asuman sus mandatos constitucionales, de procesos democráticos, de transparencia en su financiamiento y de rendición de cuentas.

            Propugnan por una ley del régimen electoral que garantice elecciones con transparencia organizativa, equitativas e inclusivas, y con regulaciones de las campañas electorales que eviten el uso de los recursos del Estado. También por la aprobación de las leyes de Transparencia y Responsabilidad Fiscal y de Fiscalización y Control del Congreso Nacional “que establezcan un mayor rigor en el uso del presupuesto público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, de los déficits y de la deuda pública”.

            Se proponen dar seguimiento al proceso de selección de los nuevos titulares de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, ya que el período de los actuales  vence el 16 de agosto, y posteriormente, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, y apoyar otras iniciativas sociales, incluyendo los servicios que corresponden a la población.

Descalificaciones y chantaje

            Llamó la atención la virulencia con que voceros oficiales y oficiosos del PLD reaccionaron ante la propuesta. El vocero de los senadores oficialistas marcó la pauta cuando llegó al extremo de plantear que los propulsores pretenden un “golpe de estado constitucional”, intentando sustituir a los legisladores. El senador por Azua, Rafael Calderón, sociólogo que  antes promovía la concertación, recomendó a los empresarios ocuparse, como el gobierno, y el Congreso, de resolver “poco a poco los problemas existentes”, mientras el de Pedernales, Dionis Sánchez, los  instó a “contribuir con la paz y por ende con la democracia apoyando un incremento de salarios para los trabajadores”.

            El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, quien vuelve el martes a la presidencia del Senado, fue más moderado, diciendo que  están abiertos a escuchar, y hasta reconoció que la iniciativa está dirigida al fortalecimiento institucional. Pero al mismo tiempo advirtió que es al Congreso y el Consejo de la Magistratura que la Constitución faculta para elegir los titulares de la JCE y las altas Cortes, como si estuviera en discusión..

            De inmediato comentaristas peledeístas se dedicaron, por medios de comunicación a intrigar y chantajear a los líderes empresariales, especialmente al presidente del CONEP, atribuyéndole hasta animadversión política, olvidando los numerosos precedentes de participación del empresariado en las concertaciones político-sociales de las últimas décadas, incluyendo su  Grupo de Acción por la Democracia en los años 90.

Larga cadena de consensos

            Son innumerables los eslabones de la cadena de consensos para reformas políticas, económicas y sociales, en los que han participado el empresariado, las academias, las iglesias, los sindicalistas y otras organizaciones sociales, desde los años 90, por iniciativa propia, de los partidos y de los gobiernos. Han incluido consultas y pactos para las reformas constitucionales de 1994 y 2010, para el Código de Trabajo, el Sistema de Seguridad Social, Estrategia Nacional de Desarrollo, y planes decenales de educación y salud.

            Es extensa la nómina de legislaciones que han pasado por la concertación con las organizaciones sociales, y que incluyen su representación,  como la que crea los consejos nacional de desarrollo, y múltiples leyes,  de organizaciones sin fines de lucro, de participación social (regateada todavía), así como las de libre acceso a la información, de controles presupuestario, defensor del pueblo, de salarios públicos y la misma ley de partidos, con múltiples consensos durante 18 años.

            La Sociedad Civil organizada participó también activamente en varias concertaciones para elegir los integrantes de la Junta Central Electoral, y los de la Suprema Corte de Justicia en 1997, y los principales partidos, incluso el PLD, llegaron a solicitar que instituciones sociales como Participación Ciudadana observaran sus elecciones primarias y les formularan observaciones, para los comicios del 2002, 2004 y 2006. Con PC,  FINJUS, y Centro Bonó, que firman la iniciativa ahora objetada, han realizado múltiples seminarios y eventos de consultas.

Desprecio contradictorio

            El desprecio por la participación social en el curso institucional democrático es tan contradictorio que deja mal parada el actual intento de concertación para el Pacto Eléctrico y el pendiente para el pacto fiscal, así como el realizado pacto por la educación, los tres mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. También va contra el programa de gobierno del PLD 2016-20, que entre sus metas plantea la ley de partidos y  promete que “Promoveremos la aprobación de leyes que permitan mayor participación de la ciudadanía en la elección de funcionarios y que éstos sean cada vez más cercanos a la gente”.

            También contradicen los artículos 22,75 y 77 de la Constitución peleedeísta, que se refieren a los derechos de la ciudadanía, sus deberes y al mandato de los legisladores, lo mismo que al artículo 6 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planteó reformar el sistema político y electoral en tres años, vencidos en el 20015.

            El PLD se abrió paso al poder en 1994, valiéndose de la sociedad civil, a la que puso a firmar el “Pacto por la Democracia”, que pactó una reforma constitucional con la cual se impuso el 50 por ciento del voto para la elección presidencial, lo que cerraría el paso a Francisco Peña Gómez en la elección presidencial del 2006.

            El punto 2 de ese pacto establece “Conformar una nueva Junta Central Electoral cuyos miembros no sean representantes de los partidos políticos”, que fue lo que se hizo ese mismo año y por consenso político-social, con la presidencia de César Estrella Sadhalá, quien no era dirigente ni militante de partido, como sigue reclamando la Sociedad Civil. Tampoco eran dirigentes políticos sus sucesores presidentes Juan Sully Bonelly, Jorge Subero Isa, Manuel Morel Cerda y Luis Arias. Aunque en la elección de Morel el PRD rompió el consenso, en conflictos con el primer gobierno del PLD, compensado con otro acuerdo político-social, ampliando los integrantes de la JCE para que peledeístas y reformistas propusieran sendos titulares.

Propósitos muy difíciles

            Los propulsores de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática saben que sus metas son difíciles de alcanzar y que requerirán intensa y prolongada movilización social, por lo que trabajan por ampliar las organizaciones participantes. Tienen en la memoria concertaciones político-sociales tan importantes como la que produjeron la Suprema Corte de 1997 y la que obligó a cumplir la ley del 4 por ciento del PIB para la educación.

            Están conscientes del poder que ha logrado concentrar el PLD en base al control y manipulación de la justicia y los órganos electorales, de la promoción de la desintegración de los partidos y organizaciones sociales, corrompiendo o absorbiendo dirigentes y militantes con los recursos estatales, y sin regulaciones como las que se pretenden en la ley electoral y la ley de partidos. Los oficialistas entienden que toda inconformidad o propuesta de reformas conspira contra sus intereses partidistas.

            En la sociedad todavía se espera más receptividad de un partido que promovió jornadas participativas como la del Diálogo Nacional en 1997 y la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Económica Mundial en el 2009, ambos eventos con cientos de resoluciones y propuestas de reformas, por igual las consultas para la reforma constitucional del 2010.-

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Grandes conciertos del PLD con la Sociedad Civil

1994: Pacto por la Democracia

1997: Elección de la Suprema Corte de Justicia

1998: Diálogo Nacional

2004: Seguimiento a la JCE

2008: Consultas para la reforma constitucional

2009: Cumbre por la Unidad Nacional por la Crisis Mundial

2010: Consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Intento de pacto fiscal

2914: Concertación y firma del pacto Educativo

2016:  Concertación para el Pacto Eléctrico

Leyes de Partidos y Electoral en un solo y amplio consenso

Por Juan Bolívar Díaz
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Es improcedente que se pretenda priorizar la Ley de partidos, cuando ahora lo urgente es la Ley del Régimen Electoral que debe, entre otros aspectos, pautar la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), ya que el período de los actuales vence el próximo 16 de agosto.

Como ambos proyectos conformarían una reforma del sistema político, deben ser consensuados al unísono y con la más amplia participación de los partidos políticos y las instituciones sociales interesadas, como ocurrió con la mayoría de las reformas político-sociales de las últimas décadas.

Una sola reforma política. Debe llamar la atención que sectores políticos pongan todo su énfasis en un nuevo consenso sobre el largamente manoseado proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, cuando lo prioritario ahora mismo es el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, que debe anteceder la renovación de la Junta Central Electoral, cuyos actuales titulares terminan su período el próximo 16 de agosto.

Como los dos proyectos se complementan, y para evitar redundancias y confusiones deberían ser objeto de un solo y amplio consenso que se extienda al reclamado pacto político por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que debe implicar también la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, también a partir del 16 de agosto, y posteriormente el inicio de la renovación de la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional.

Sorprende que se esté tratando de limitar la participación en el consenso sólo a los partidos con representación congresual, dejando fuera los demás y las entidades sociales interesadas en el desarrollo democrático institucional. Se ha informado que la mediación que realiza monseñor Agripino Núñez Collado es a título personal, que no involucra al Consejo Económico y Social, que tiene representación empresarial, sindical y social.

Esta restricción es otra regresión del sistema político que se abrió a la sociedad a partir del Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández en 1997, que pasó por la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado y por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno de Hipólito Mejía, y más recientemente por el CES y otras instancias para los pactos por la Educación y Eléctrico, para un conjunto de leyes, y hasta para la Constitución de la República del 2010.

Sólo voluntad política. No es verdad que la amplia participación dificultará la reforma del sistema electoral y partidista, pues consensos ha habido en varias ocasiones desde 1998, lo que ha faltado siempre es la voluntad política de ejecutarla, por parte de los partidos dominantes, especialmente la ley que regularía el partidarismo político.

Existen dos documentos que son puntos de partidas ya sistematizados y que en su momento recogieron consensos políticos y sociales, que son los proyectos de partidos y del régimen electoral sometidos al Congreso Nacional en el 2011 y reintroducidos después dos veces por la JCE.

Esos proyectos fueron elaborados por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, contratada por la JCE, que partió de los consensos alcanzados previamente sobre la Ley de Partidos, que incluyeron nuevas consultas con el sistema político y las entidades sociales interesadas. Con la ventaja adicional de que recogieron las experiencias de reformas políticas de los países latinoamericanos, que en las últimas décadas avanzaron considerablemente en regulaciones, dejando atrás a la República Dominicana.

De esos dos proyectos, el que requiere más consulta es el del Régimen Electoral, que ha sido menos discutido. El de partidos ha sido presentado en unas ocho legislaturas con diversas variantes, y no fue aprobado cuando el Partido Revolucionario Dominicano tuvo mayoría, entre 1998 y 2006, ni el Partido de la Liberación Dominicana en la última década.

La Ley de Partidos. El objetivo de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es regular la democracia interna para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión como se enuncia en el artículo 216 de la Constitución, el cual especifica que “Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley”.

Ese artículo indica que “Sus fines esenciales son: “1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

La ley deberá disponer mecanismos específicos para que los partidos alcancen sus fines, para el respeto de la democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, para promover el relevo de dirigentes y la participación de las mujeres y los jóvenes, Igual para regular límites y transparencia del financiamiento de los partidos y los candidatos, a fin de reducir el encarecimiento de la política que cuesta a la sociedad y otorga ventajas a los adinerados sin importar el origen de las fortunas que se gastan en la política. Aquí también es fundamental un fuerte régimen de sanciones a los delitos electorales.

Una gran coalición social. Evidenciado hasta la saciedad que los partidos que controlan el poder evaden reformas que disminuyan sus ventajas, las posibilidades del rescate y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, dependen fundamentalmente de la capacidad de presión que desarrollen las instituciones de la sociedad civil, tal y como se advierte en los recientes planteamientos del empresariado, y de las entidades más comprometidas con las reformas político-sociales.

La participación de las iglesias, del movimiento sindical y social comunitario es también básica para forzar la voluntad política que requieren las reformas, que comenzando por la institucionalidad democrática y la justicia, se extiendan a los pactos eléctrico y fiscal.
Una gran coalición de todos los sectores sociales, que como en las dos décadas anteriores permitieron avances en el arbitraje electoral y en la fortaleza de la justicia y forzaron el cumplimiento de la ley del 4 por ciento del PIB para la educación, es imprescindible en las actuales circunstancias.

Ya está en marcha la constitución de un “Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad y se promueve una “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, esfuerzos que deben converger en una sola y gran coalición, ya que la justicia y la seguridad ciudadana son partes fundamentales de la institucionalidad democrática. Mientras más unidad, más capacidad de presión.-

Ley del Régimen Electoral
El objetivo fundamental de la Ley del Régimen Electoral, que por ser orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos de cada cámara legislativa, es dar vigencia al conjunto de principios del Estado Social y Democrático de Derecho, instituido en el artículo 7 de la Constitución del 2010, y especialmente su artículo 212, que se refiere a las facultades y responsabilidades de la JCE, como órgano regulador de las elecciones nacionales.

El párrafo IV de ese artículo es bien específico al plantear que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la ejecución del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Justamente esos fueron los principales reclamos que afectaron el reciente proceso electoral, que motivaron reacciones y objeciones de los partidos de oposición, y figuran en las recomendaciones de los informes de Observación Electoral de la OEA y Participación Ciudadana, y en las demandas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Finjus, Centro Bonó y otra muchas instituciones sociales.

La Ley Electoral deberá especificar las condiciones para garantizar la independencia de los titulares de la JCE, el derecho a elegir senadores y diputados, así como alcaldes y regidores distintos en boletas separadas, y limitar el uso del poder estatal en las campañas, con un régimen de sanciones que disuada los delitos electorales.